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Avispa Midia

(Español) Patrulla fronteriza de EEUU tiene luz verde para provocar la muerte de migrantes

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Por Ñaní Pinto

Dos organizaciones estadounidenses, No More Deaths y La Coalición de Derechos Humanos, han informado que las políticas y tácticas implementadas por la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos, en la frontera con México, han alimentado una crisis de muerte y desaparición de migrantes que cruzan por zonas dónde las condiciones para mantenerse con vida son casi nulas.

Estas organizaciones constituidas por voluntarios que auxilian con alimentos y agua a los migrantes, entre otros apoyos, han creado una serie de tres informes con los cuales pretenden “exponer y combatir las tácticas policiales del gobierno de Estados Unidos que causan la crisis de muerte y desaparición masiva (de migrantes indocumentados) en las zonas fronterizas”, según su sitio oficial.

En el primer documento, publicado en 2016, detallan que  la política sobre la cual se respalda la Patrulla Fronteriza para orillar a los migrantes a la muerte, viene desde el año 1994 y es denominada como Prevención mediante la disuasión.

Esta política justificó la militarización de las zonas fronterizas urbanas en la frontera con México. El objetivo era “alejar a los migrantes de los puestos de entrada y orillarlos a regiones geográficamente más duras, remotas y peligrosas, conduciéndolos a la muerte”, según el 1er informe llamado Métodos de aprehensión mortal & Las consecuencias de la persecución y la dispersión en los bosques.

Estos voluntarios asumen en sus investigaciones que los agentes de la Patrulla Fronteriza persiguen a los que cruzan la frontera en medio del desierto, de tal modo que las condiciones de este paisaje funcionan “como arma para reducir la velocidad, lesionarlos y detenerlos”, además, agregan que “las persecuciones provocan agotamiento por calor y deshidratación, ampollas y esguinces, lesiones por caídas y ahogamientos”.

Los activistas han tenido acercamiento directo con cientos de migrantes y han registrado las experiencias que han vivido mientras cruzan la frontera. En una encuesta que ellos han realizado documentaron que “la Patrulla Fronteriza empleó detenciones violentas, con golpizas, armas taser, ataques de perros y asaltos con vehículos contra los que cruzaban la frontera durante la persecución”.

Quitarle el agua al pez

En el segundo informe, publicado en 2018, estas organizaciones detallan la práctica usual de la Patrulla Fronteriza para reducir las posibilidades de subsistencia de los migrantes que no logran capturar. Una de ellas es la destrucción de la ayuda humanitaria que los voluntarios van sembrando en los caminos de los migrantes. En el desierto de la frontera entre Arizona y México, donde miles de personas mueren por deshidratación y enfermedades relacionadas con el calor, “los agentes de la Patrulla Fronteriza están destruyendo galones de agua destinados a los que cruzan la frontera. Los agentes de la Patrulla Fronteriza apuñalan, pisotean, patean, drenan y confiscan las botellas de agua que los voluntarios de ayuda humanitaria dejan a lo largo de rutas migratorias conocidas en el desierto de Arizona”, denuncia el informe número dos de la serie.

Estas acciones, según los activistas, son sistémicas en toda la corporación y no son aisladas. También cuestión que la Patrulla Fronteriza se asuma como un ente humanitario, porque los agentes intimidan, acosan y vigilan rutinariamente a los voluntarios que intentan ayudar a los indocumentados, impidiendo sus acciones. “Es una característica sistémica de las prácticas de aplicación de la ley en las zonas fronterizas y una extensión lógica de la estrategia más amplia de la política de prevención a través de la disuasión”, detalla el documento.

Según los lineamientos de esta política, “cualquier situación que haga que el viaje sea más peligroso o difícil para quienes cruzan la frontera podría considerarse una táctica razonable de aplicación, incluida la vandalización del agua potable”, denuncian estas organizaciones.

Estas organizaciones vienen distribuyendo, desde el año 2012, miles de galanes de agua en las rutas de los indocumentados, ya que, por la longitud y la dificultad del viaje, “es físicamente imposible que cualquiera que intente cruzar la frontera a pie lleve suficiente agua y alimentos para sobrevivir. Como resultado, miles de personas que cruzan la frontera han muerto de sed en el desierto abierto”, según No More Deaths y La Coalición de Derechos Humanos.

El 911 no sirve para los que cruzan la frontera

La tercera parte de la serie, publicada este mes de febrero del año 2021, llamada Abandonados para morir: Patrulla Fronteriza, Búsqueda y Rescate y la Crisis de Desaparición, detalla cómo los sistemas de respuesta del 911 reciben miles de llamadas por año de personas que cruzan a los Estados Unidos sin autorización, y estos avisos emergencia son remitidos al Patrulla Fronteriza.

Este organismo fronterizo es el responsable de responder a los llamados de emergencia hechas a través del 911. Pero, los activistas informan que la mayoría de los migrantes que logra hacer llamadas de auxilio no recibe apoyo alguno, porque se presume que son personas indocumentadas. “El 63% de todas las llamadas de socorro que las familias y los defensores refirieron a la Patrulla Fronteriza, la agencia no llevó a cabo ninguna movilización de búsqueda o rescate”, detalla el documento.

En este informe se señala que la Patrulla Fronteriza tiene todo el poder de decisión sobre los servicios de emergencia para personas indocumentadas, es decir, que tiene en sus manos la posibilidad de decidir si los indocumentados viven o mueren en su intento. “La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos no es una organización de búsqueda y rescate. Por el contrario, la agencia es una fuerza policial federal masiva y militarizada que dedica más del 99% de su presupuesto anual y más del 99% de su personal a apoyar las actividades de control fronterizo”.

Las organizaciones que han trabajado en estos tres informes incluyeron una larga serie de recomendaciones dirigidas hacia las agencias gubernamentales, sobre todo, en el tenor de una desmilitarización de la frontera y el fin inmediato del papel de la Patrulla Fronteriza como único agente en responder a emergencias reportadas. “Hacemos  un  llamado  a  las  agencias  gubernamentales  para  que  establezcan  sistemas  de  respuesta de emergencia en la frontera que estén completamente separados de la aplicación de la ley de inmigración.  Dichos  sistemas  de  respuesta  deben  ser  oportunos  y  estar  bien  financiados, con médicos y equipos capacitados de búsqueda y rescate para examinar el paisaje con un ojo empático en lugar de uno punitivo”, recomiendan en el tercer informe.

También exigen que, “el  gobierno  federal  debe  establecer  iniciativas para dar a conocer el seguimiento de los restos humanos recuperados relacionados con la migración en toda la frontera”.

En la documentación de estas organizaciones identificaron que la Patrulla Fronteriza había realizado un conteo oficial de 7.805 restos recuperados entre 1998 y 2019; sin embargo, dicen, “nuestro equipo estima que entre tres y diez veces más personas pueden haber muerto o desaparecido desde la implementación” de la  política llamada Prevención mediante la disuasión.

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Avispa Midia

21 mil estudiantes han sido asesinados en Honduras entre 2011 y 2018

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Por Jasmin Hristov y Karen Spring

⇓ÚLTIMA PARTE⇓

A continuación, se presenta un conjunto de cinco artículos que reflexionan sobre el paramilitarismo, la militarización y el papel que juegan ante los procesos de lucha y resistencia en Honduras, mientras los complejos de capital avanzan. Un análisis que será publicado en cinco partes.

Leer la 4ta Parte de esta serie ⇒ Honduras: El paramilitarismo en el sector energético y el turismo


Parte V

Paramilitarismo contra Estudiantes, Periodistas, Abogados y Defensores/as de Derechos Humanos

En Honduras, los periodistas y abogados de medios alternativos / independientes que exponen las violaciones de derechos humanos por parte del Estado y las luchas de los movimientos sociales, enfrentan un alto riesgo de sufrir violencia. Entre 2009 y 2013, 74 abogados y 25 periodistas fueron asesinados (Holanda, 2014). La mayoría de los casos permanecen impunes.

“Pues en el 1997 se pone la primera demanda en contra de la familia Facussé y la familia Morales, pero los abogados, siempre sobornados, iban abandonando los casos; o sea, según iban avanzando los terratenientes llamaban a los abogados y si no querían los remataban, entonces tenían que aceptar”, cuenta un miembro de la Plataforma Agraria

“Así se fue dando desde 1997. En el 2006 ya teníamos el abogado número siete, y en ese momento hicimos una toma de la finca. Igual el abogado sabía que tenía la legalidad, pero también fue sobornado… Ahí de Tocoa, se llama Rico. El último abogado que sí se demostró y ganó fue el abogado Antonio Trejo, en 2012, en el caso de la cooperativa San Isidro, en el caso de la cooperativa Trinidad y Despertar. Pero el 22 de septiembre lo asesinaron”, de acuerdo con los miembros del movimiento campesino Plataforma Agraria. Junto al asesinato de abogados, entre 2001 y 2018, fueron asesinados 84 periodistas en Honduras (García, 2019).

El movimiento estudiantil hondureño también se ha visto muy afectado por la represión estatal y la violencia no estatal desde el golpe de 2009. La acción colectiva de estudiantes secundarios y universitarios que protestan contra las políticas de austeridad y la privatización de la educación pública ha sido brutalmente reprimida por la policía estatal y el ejército; los estudiantes han sido golpeados, asesinados y encarcelados. Según el Observatorio de Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), 21.000 estudiantes han sido asesinados en Honduras entre 2011 y 2018 (C-Libre, 2018).

Aquí se pueden encontrar tres modalidades principales de violencia paramilitar. La primera es cuando los agentes estatales incurren en acciones que exceden las sancionadas por la ley. Estos incluyen allanamientos de hogares, recolección de información personal, fotografías y seguimiento sin una orden judicial, así como tortura y finalmente asesinato. Estos actores pueden estar uniformados o no, utilizar vehículos sin matrícula y con frecuencia tienen la cara enmascarada. Los siguientes son algunos ejemplos que ilustran esta modalidad.

En septiembre de 2018, durante una marcha de un amplio colectivo de movimientos sociales en el Día de la Independencia Nacional, un adolecente de quince años fue arrojado en la parte trasera de una camioneta patrulla policial, torturado y logró escapar de lo que describió como un intento de asesinato.

“Nos dijeron que nos iban a llevar a un callejón sin salida y nos iban a matar. Me golpearon un par de veces con la pistola en la cabeza, sentí salir sangre. Luego me metieron el arma en la boca y dijeron que si oían nuestras voces dispararían. Había gente en la calle mirando y tratando de grabar esto en video con sus teléfonos celulares, así que comenzaron a disparar balas reales a los pies de las personas para hacerlas escapar”, comparte Francisco (seudónimo), estudiante de secundaria, Honduras. El niño finalmente recibió tratamiento hospitalario por las graves lesiones que sufrió en la cabeza y continúa sufriendo impedimentos físicos y psicológicos.

En otro trágico caso, el 30 de agosto de 2018 tres hombres armados con armas de alto calibre, uniformados de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), secuestraron en una camioneta a dos estudiantes del Instituto Técnico de Honduras de una residencia en Tegucigalpa. Al día siguiente, Mario Enrique Suárez Gómez, de 19 años, y Gerson Daniel Meza Medina, de 18, fueron encontrados muertos en la carretera, con marcas de tortura y numerosos disparos (La Prensa, 2018).

A uno de ellos le rompieron las manos y las piernas, le quitaron los ojos y le cortaron la nariz (Meza, 2018). Los dos jóvenes habían participado en al menos 12 protestas en los últimos meses, exigiendo el subsidio de transporte público para estudiantes que el gobierno les había quitado en reformas anteriores (C-Libre, 2018). También estuvieron involucrados en una protesta contra el gobierno pocas horas antes de su secuestro (Meza, 2018).

ATIC negó la participación de su personal en el incidente, afirmando que los logotipos del uniforme que llevaban los perpetradores no coincidían con los del uniforme de ATIC (La Prensa, 2018). Sin embargo, un examen exhaustivo de una gran variedad de imágenes del personal de ATIC en las escenas del crimen revela una mayor variación en sus uniformes. Además, la forma en la que los hombres armados sacaron a los dos estudiantes y los acompañaron hasta la camioneta sugiere que el primero tenía entrenamiento militar.

Las autoridades estatales han atribuido los asesinatos a miembros de bandas criminales que se hacen pasar por agentes estatales, mientras que la cobertura de los principales medios de comunicación se ha centrado en la violencia de las pandillas en el vecindario de la víctima y en uno de los arrestos anteriores del estudiante por cargos de drogas.

En otro incidente en el contexto de semanas de protestas de estudiantes universitarios en Tegucigalpa, un civil armado disparó ocho tiros desde un vehículo privado contra estudiantes que protestaban en la vía frente a la universidad (El Tiempo, 2019). A pesar de que el incidente fue filmado por cámaras de seguridad cercanas, nadie ha sido acusado. El ataque ocurrió en un contexto de represión, detenciones y desalojos violentos de estudiantes que protestaban dentro y en la vía frente de la universidad.

La segunda modalidad de violencia paramilitar contra estudiantes es en forma de seguridad privada. Las amenazas de muerte por parte de guardias de seguridad privada contra estudiantes involucrados en algún tipo de acción colectiva son comunes en la UNAH. En un caso conocido de julio de 2017, estudiantes de la UNAH fueron brutalmente agredidos por una unidad de seguridad privada de la empresa Spartan, mientras ocupaban una parte de las instalaciones de la universidad, incluidos algunos que se encontraban en huelga de hambre.

Además de los guardias de seguridad privada empleados permanentemente por la universidad, Spartan fue contratado por separado por la administración de la universidad para desalojar violentamente a los estudiantes. Los agresores golpearon brutalmente a los estudiantes y utilizaron gases lacrimógenos (Rodríguez, 2017).

La última modalidad de violencia paramilitar es la empleada por individuos que pueden ser miembros de pandillas o simplemente sicarios. Un estudiante activista compartió la historia de cómo miembros de la Mara Salvatrucha, una de las pandillas más notorias de Centroamérica, fueron a su casa y lo amenazaron con matarlo si continuaba participando en las protestas estudiantiles.

Grupos Paramilitares Emergentes

Como hemos demostrado, gran parte de la violencia contra las comunidades rurales involucradas en disputas por la tierra y luchas ambientalistas, así como contra estudiantes, abogados y activistas de derechos humanos en general, es llevada a cabo por asociaciones de actores estatales y no estatales que no pertenecen a grupos específicos autoidentificados. Sin embargo, también está en marcha un proceso de formación de estructuras paramilitares más identificables. Podemos caracterizar esta formación de grupos paramilitares como en etapa embrionaria, en comparación con otros países como México y Colombia.

Los siguientes tres ejemplos son de la región del Bajo Aguán y las organizaciones mencionadas son / fueron parte de la Plataforma Agraria.

El primer caso, de la comunidad de Panamá, demuestra cómo la colaboración entre guardias de seguridad privada, batallones militares y civiles armados ha dado lugar a una unidad paramilitar. Este grupo armado está liderado por un individuo que fue guardia de seguridad de Dinant y luego formó parte, durante un tiempo, del movimiento campesino Gregorio Chávez. Una plantación de palma aceitera llamada Paso Aguán, oficialmente propiedad de Dinant, ha sido disputada por el movimiento campesino Gregorio Chávez.

Desde 2014 la plantación se utiliza como base para el Batallón Xatruch. Seis individuos de la cercana comunidad de Panamá, afiliados al movimiento campesino, han sido asesinados en la propiedad Paso Aguán, que ahora se conoce entre la comunidad como el ‘cementerio clandestino’. En abril de 2018, los militares y guardias de seguridad privada de Dinant se retiraron oficialmente de la propiedad. En su lugar, un grupo armado liderado por Santos Torres, que según testimonios de campesinos de la Plataforma era un ex-guardia de seguridad privada de Dinant, y que también fue miembro del movimiento campesino, estableció el control de una zona considerable de la plantación.

Desde septiembre de 2018, este grupo armado ilegal de aproximadamente 20-30 hombres portando armas como AK47 y R-15 y vistiendo chalecos antibalas, “ha llevado a cabo numerosos actos de violencia contra integrantes del movimiento, como el 16 de enero de 2019 cuando uno de los líderes del movimiento, Jorge Mejía, recibió disparos en un intento de asesinato”, según los voceros de la Plataforma Agraria, Honduras.

La comunidad ha denunciado todos los casos a la policía y a la Unidad de Muertes Violentas del Bajo Aguán (UMVIBA). “En varias ocasiones, Santos Torres fue detenido y poco después liberado. También ha sido visto tomando café con los policías que supuestamente fueron asignados a proteger a los miembros de la comunidad que son beneficiarios de medidas de protección otorgadas por el Mecanismo de Protección”, según líderes movimiento campesino Gregorio Chávez. Además, señala este movimiento que, “el grupo armado opera de acuerdo con los militares y Dinant, con el propósito de aterrorizar a la comunidad y así disuadirlos de emprender acciones de recuperación de tierras o dar la impresión de que la violencia fue causada por conflictos internos de la comunidad, es decir, campesinos contra campesinos”.

De manera similar, un grupo paramilitar conocido como La Confianza surgió en la comunidad de La Confianza en el Bajo Aguán, en 2016. Liderado por el ex-militar Celio Rodríguez, el grupo está compuesto por algunos ex-miembros de una cooperativa campesina que se escindió del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (Movimiento Unificado de Campesinos del Aguán, MUCA).

Rodríguez se ha encargado de entrenar y suministrar al grupo uniformes y armas. Los miembros de este grupo paramilitar han estado persistentemente amenazando, intimidando e intentando asesinar a líderes clave de la Plataforma Agraria. En este contexto, el grupo asiste a reuniones comunitarias para proponer la venta de la tierra de propiedad colectiva de los campesinos.

Según testimonios locales, miembros del grupo se han reunido en numerosas ocasiones con Oscar Nájera, diputado del Congreso Nacional por el Partido Nacional derechista. Nájera es un conocido socio comercial del cártel de la droga de Los Cachiros que anteriormente se encontraba en Tocoa, Colón. Uno de los integrantes del grupo, Osvin Nahum Caballero, quien tiene 11 cargos de homicidio, fue detenido en 2018. Es responsable, junto con Celio Rodríguez, del asesinato de José Ángel Flores, ex presidente del MUCA y Silmer George, miembro del MUCA en 2016.

En noviembre de 2019 surgió otro grupo paramilitar de manera similar. Varios miembros de la cooperativa San Esteban, parte de la organización campesina MARCA, a los que se unieron algunos sicarios formando un grupo paramilitar de 50 hombres fuertemente armados, se apoderaron de la finca de la cooperativa San Esteban y obligaron al resto de las familias que son miembros de la cooperativa a salir. Actualmente emplean esta estrategia para amenazar a familias de otras cooperativas cercanas como Despertar y La Trinidad (Criterio, 2019a).

Reflexiones sobre las tendencias de la violencia y las unidades paramilitares

Como se puede observar, en Honduras la violencia paramilitar es pro-capitalista y política y se lleva a cabo por actores estatales y no estatales, a menudo a través de la cooperación entre ambos. Las características organizativas de la violencia van desde la pequeña escala (individuos contratados para atacar a miembros de movimientos sociales) hasta grandes grupos que incluyen batallones militares y guardias de seguridad privada.

También varían entre asociaciones ambiguas y temporales, agentes de seguridad del Estado, actores no estatales, y grupos propiamente formados que se identifican como tales. Los factores que han facilitado la proliferación de la violencia paramilitar son: el aumento de la militarización, el uso generalizado de la seguridad privada y su cooperación con las fuerzas de seguridad del Estado, y la creación de grupos inter-institucionales (compuestos por policiales y militares). Esto último crea condiciones propicias para la participación de la policía y el ejército en violaciones de derechos humanos, así como la participación de actores no estatales.

Los siguientes patrones pueden observarse en todas las diferentes modalidades de violencia paramilitar. Primero, independientemente de la modalidad a través de la cual se lleve a cabo, la violencia paramilitar trabaja en coalición con la legislación para lograr los objetivos económicos de los capitalistas, así como los establecidos por instituciones internacionales como el Banco Mundial. Por lo tanto, la violencia paramilitar en este país sirve para sostener las estructuras de poder institucionalizadas, no solo los intereses privados de los capitalistas individuales.

En segundo lugar, en todos los casos de violencia paramilitar existe un proceso paralelo de criminalización de las víctimas. Esto último debe entenderse como parte integral de los requisitos previos o condiciones favorables para el surgimiento del paramilitarismo. En los casos rurales y urbanos observamos la misma tendencia en la que no solo se registran a las víctimas de la violencia política simplemente como producto del delito, sino que también se utilizan las acusaciones o cargos existentes en su contra para insinuar su participación previa en actividades ilegales que luego presumiblemente podrían utilizarse para explicar su muerte.

Así, el proceso de criminalización de miembros de los movimientos sociales que se oponen al régimen y su modelo económico allana el camino para eventualmente normalizar su “desaparición” y reforzar la impunidad. Por ejemplo, los estudiantes activistas son acusados falsamente y cuando son víctimas de ejecuciones extrajudiciales, como el caso del joven secuestrado por ATIC, su muerte se explica en relación a los cargos anteriores.

Más importante aún, cuando los campesinos, los garífunas y los estudiantes son elevados a la categoría de narcotraficantes mientras que los perpetradores de la violencia paramilitar se reducen a criminales, las dos fuerzas opuestas – los movimientos desde abajo y el instrumento violento utilizado por las élites para silenciarlos – se fusionan en la categoría de criminales, invisibilizando por completo las motivaciones pro-capitalistas y políticas de la violencia de un lado contra el otro.

La individualización de los problemas estructurales y el desvío de la responsabilidad de la violencia de los verdaderos perpetradores y hacia las propias víctimas, es una característica recurrente en las cuentas de los medios de comunicación hegemónicos, así como en los discursos de los oficiales gubernamentales y corporativos.

Esto es lo que dijo el Sr. Hugo Maldonado, Presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (CODEH), cuando se le pidió que comentara sobre el secuestro y posterior asesinato de los dos estudiantes por parte de ATIC: “No es ATIC. Cualquiera puede ponerse un uniforme. … Se sabe que uno de los chicos estaba en el proceso de decidir si se unía o no a la mara, así que eso puede que tenga algo que ver”, dijo en entrevista el Sr. Hugo Maldonado de CODEH.

De igual manera, el señor Roger Pineda, portavoz de Corporación Dinant, argumentó que “la violencia en el Bajo Aguán no es política sino que principalmente tiene que ver con conflictos internos entre campesinos, desbordes de dinero por ventas agrícolas o algunas actividades ilegales”.

Esto lleva al siguiente problema, que es la fragmentación de las comunidades rurales a través de la infiltración militar y empresarial. Hemos visto que en los tres casos de grupos paramilitares de aparición reciente en una región con intensos conflictos territoriales como el Bajo Aguán, los miembros de estos grupos armados han venido de las propias comunidades bajo la coordinación de militares en activo o ex-militares.

Estos grupos armados locales o actores no estatales a menudo son personas ya temidas por las comunidades locales debido a su participación en el tráfico de drogas y el sicariato. Además de reclutar individuos locales para los grupos paramilitares emergentes, esta estrategia tiene tres propósitos más:

1-crea un clima de miedo, sospecha y desconfianza entre las comunidades, que conduce a la ruptura de la unidad y posteriormente al debilitamiento del movimiento; 2– justifica una mayor militarización con el argumento de que algunos campesinos están armados; y 3– refuerza los discursos dominantes de que la violencia se debe al tipo de conflicto interno “campesinos contra campesinos”, eximiendo así al Estado y los capitalistas de cualquier responsabilidad.

En conclusión, en Honduras se está presentando el desarrollo y la sofisticación de la violencia paramilitar. Diferentes actores con poder político y económico emplean, cada vez más, el uso de la violencia para defender sus intereses. Este fenómeno no se puede reducir a un problema de corrupción (por la coalición entre actores estatales y criminales) o a un contexto dominado por ´señores de la guerra´ como producto de un Estado débil, si no que se debe a la estructura legal que rige y sostiene este tipo de violencia.

El Estado crea leyes acordes a las necesidades de los verdaderos criminales, que a base de fuerza establecen su dominación. Cuando la población pobre trata de recurrir a leyes que les pueden beneficiar, el sistema de justicia no les ampara y les pone obstáculos. Si queremos eliminar la violencia es necesario mirar más allá de los que llevan los fusiles y hacia los que diseñan las leyes y medidas económicas, que son los instrumentos del saqueo legalizado que siempre dependerá del uso de la violencia.

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Radio Kurruf

(Español) [Comunicado]Lof Pedro Currilem del territorio pewenche de Lonquimay, los hijos e hijas, nietos y nietas del lonco Romero

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Comunicado Público

La comunidad Pedro Currilem del territorio pewenche de Lonquimay comunica lo siguiente:

El jueves 28 de enero del presente año, sufrimos la partida de nuestro lonco, el peñi Jose Nivaldo Romero Cañumir. Destacado dirigente pewenche, con una gran trayectoria y militante de la libre determinación mapuche.

Durante su vida participo activamente de distintas instancias de lucha y también de ngutram, representando a su territorio como autoridad ancestral en, nguillatun, palin, ngutramkawun, marchas y diferentes acciones de lucha y resistencia. Como también asistió a diferentes instancias internacionales, para denunciar y exponer la situación mapuche y en especial la del territorio pewenche.

El Lonco nos deja un gran legado a seguir, se va un kimche, un norche y esa perdida no la sufrimos solo su familia, sino que la sufre el pueblo mapuche en su conjunto. Durante los 3 días de elüwun nos acompañó el mawun como señal del lif newen ka lif püllü, como también peñi y lamguen de diferentes territorios del wallmapu.

Se fue con un gran ayekan, con purrun, y en su honor se largaron 3 jineteadas, mientras weichafes cortaran con barricadas la ruta 181 para despedir a un Lonco que siempre estuvo presente en la defensa del pueblo mapuche y sus derechos.

Queremos como familia y como lof, agradecer a todos quienes a pesar de la pandemia y las dificultades llegaron a acompañarnos en la ultima despedida al Lonco Romero, la lucha continuara y esta tierra seguirá pariendo weichafe que se levanten a defender el mapuche moghen.

kume ruputuaimi, kume amuimi wenu mapu mu lonco Romero

Inchiñ mogheli taiñ mapuche rakizuam, mogheli taiñ kimun

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Red Eco Alternativo

(Español) Bolivia despide a Felipe Quispe, su Mallku creador e irreverente

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“Felipe Quispe murió”, dice el texto de un mensaje que llega casi al caer la noche el martes 19 de enero, en un grupo de WhatsApp, y llueven comentarios de lamentación por la pérdida de quien en vida fue admirado y odiado con la misma intensidad que irradiaba su verba cada vez que se le ponía un micrófono. Red Eco Alternativo.

(Noelia Carrazana – Red Eco) Bolivia – Si el mundo está convulsionado desde enero de 2020 por la pandemia del COVID-19, el país vecino de Bolivia está atravesando sacudones permanentes desde el 10 de noviembre de 2019, momento en que ocurre el golpe de Estado perpetrado por la derecha boliviana. Una de las figuras de la política boliviana, que usó su ingenio y sagacidad para denunciar y dejar en evidencia a la dictadura burda y sangrienta de Jeanine Añez fue Felipe Quispe Huanca, el Mallku. Quispe fue un actor clave para la organización y coacción del movimiento campesino e indígena durante los bloqueos del mes de agosto que lograron fijar fecha inamovible para las elecciones presidenciales. En consecuencia se logró la vuelta a la democracia, el 18 de octubre del 2020.

La muerte del líder indígena de 78 años causó congoja y dolor en una sociedad que aún teme reconocer y superar el racismo enquistado desde la colonia, las redes sociales se convirtieron en el espacio donde inmediatamente de ocurrido el deceso se puso su figura nuevamente en escena, fueron hashtag #FelipeQuispe y #Mallku, y si al día de hoy buscamos en Facebook su nombre encontramos innumerables notas producidas por personas particulares, así como también intelectuales bolivianos.

Mallku es una palabra aymara que significa jefe de los cóndores, en algunas comunidades además del nombre que figura en el documento de cada persona, existen ceremonias donde los abuelos sabios pueden darte un nuevo nombre de acuerdo a su percepción de la fuerza que habita en la persona. El cóndor es para los pueblos aborígenes del sur uno de los animales de poder más importantes, así como el águila lo es para américa del norte o el bello quetzal para los pueblos de centro américa. Desde que irrumpió en el mundo de la política boliviana, Felipe mostró esa fuerza poderosa a través de sus palabras y acciones, porque denunció de manera clara y descarnada el racismo hacia los indígenas y campesinos. “¿Por qué la lucha armada?”, le preguntó a Quispe la periodista Amalia Pando cuando pudo salir de prisión en 1997: “Para que mi hija no sea empleada (doméstica) de usted”, le respondió el Mallku.

“(Los indígenas y campesinos en este tiempo) ya hemos pasado por las aulas universitarias, ya los campesinos sabemos mejor que los ministros, no es tiempo poner bajo al indio”, decía Felipe Quispe a cuatro días del golpe de estado respecto de las palabras de Luis Fernando Camacho, el golpista que ingresó al palacio quemado con una biblia y gritando “Dios vuelve al palacio, nunca más volverá la Pachamama al Palacio de Gobierno”.
Y a solo dieciocho días de la llegada de Jeanine Añez a la presidencia, Felipe Quispe denunciaba los más de 1000 presos políticos y las Masacres de Senkata y Sacaba: “Toda la vida nos han matado, desde la llegada de los españoles, con la biblia en mano (…). Nunca apoyaría la candidatura de Marco Pumari y Luis Fernando Camacho porque considero que son parte de un gobierno que tiene las manos manchadas de sangre, deben ser procesados”.

Felipe tenía un espíritu crítico, pero a su vez creador, tanto para eclosionar a los q’aras (blancos), como a propios, así se refleja su pensamiento en una anécdota que cuenta el escritor aymara Carlos Macusaya: “En una de las últimas ocasiones que pude hablar con Felipe Quispe fue el año 2019, cuando ambos fuimos invitados a una actividad en una normal rural de La Paz. Lo que más recuerdo de su participación es una frase que dijo tras que un grupo de estudiantes realizó una danza tradicional, él cuestionó que cuando se baila tarqueda, moseñada, sikureada, los pasos de baile son monótonos; ‘acaso no podemos inventar otros pasos, los jóvenes tienen que inventar'”.

“Me gustó mucho ese cuestionamiento porque, además, invitaba a recrear nuestra cultura, a reinventarnos. El propio Felipe Quispe se estaba reinventando. En los años 2000, 2001 y 2003 Quispe tenía una perspectiva muy centrada en lo rural, mientras que el 2020 hizo ‘trabajo de hormiga’ en las movilizaciones que se dieron en la ciudad de El Alto. El propio Mallku estaba yendo más allá de sí mismo”, indica Macusaya.

Su muerte también tuvo repercusión en los medios argentinos, en el programa Fe de Radio, de FM Riachuelo, la periodista Gloria Beretervide entrevisto al sociólogo boliviano Antonio Abal Oña, quien señaló que “hablar de Felipe Quispe es interesante porque es un hombre que puso en tensión a la sociedad boliviana. Después del 1952, después de esa cooptación que tuvo el movimiento nacionalista revolucionario, a todos los pueblos originarios, con un manejo arbitrario de su organización, el que hace un quiebre es Felipe Quispe, porque desde la fundación de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) las negociaciones siempre se hicieron en términos de reconocimiento de autoridad o de sumisión a los gobierno a de turno. Felipe Quispe rompe con ese esquema, le dice a Gonzalo Sánchez de Losada ‘si quiere discutir venga conmigo al campo, a Achacachi, usted presidente de los bolivianos y yo presidente de los Aymaras’, en ese momento no se entendía la fuerza que tenía Felipe”.

Abal Oña explica que “para entender a Felipe hay que ir a sus documentos principales que es el documento que presenta a un congreso de la CSUTCB a nombre de su organización que en ese momento se llamaba Ofensiva roja de Ayllus Tupak kataristas”.

Plataforma de lucha:
Hagamos una resistencia armada en cada comunidad, en cada zona, en cada provincia y en cada departamento para defender nuestra coca sagrada de la tiranía del gobierno y del imperialismo.
Lucha a muerte contra la reforma tributaria, lucha por la defensa de nuestras comunidades, por las raíces ancestrales.
Prepararnos para combatir a sangre y fuego en toda la zona del Qollasuyo en una gigantesca comunidad de vida y trabajo, eso será la revolución y posteriormente será el socialismo.

“En estos dos puntos está el pensamiento que va a guiar todo su accionar, después de presentar este documento, en los años 1990 va a formar el ejército revolucionario Tupak Katari junto a los hermanos Álvaro y Raúl García Linera y con muchos otros jóvenes de formación marxista. Lamentablemente cae en prisión y queda detenido por cinco años, estando en la cárcel él se presenta para candidato a las elecciones en las alcaldías y nos tocó con un periodista aymara hacerle una entrevista en la cárcel, él señalaba que estaba preso por decisión política y de lo que se trataba era de que nuevamente los pueblos originarios fueran pongos políticos, entonces decía que no iban a pedir clemencia, que no iba a pedir perdón para salir en libertad.
Después de salir de la cárcel va a ser el máximo ejecutivo de la CSUTCB, y ahí es donde se va a enfrentar contra las políticas neoliberales contra el gobierno de Hugo Banzer Suaréz, pero más fuertemente en 2003 contra el gobierno de Gonzalo Sánchez de Losada y que va a terminar con la huida de este presidente y el gran artífice para que se vaya este presidente sin duda es Felipe”, explicó Abal Oña.

“Quispe tiene sus idas y venidas con Evo Morales, porque el foco de atención en ese momento era la guerra contra las drogas y claramente Felipe está hablando de la coca y de lo que representa, en varios momentos se separa de Evo Morales, pero nuevamente se pone como aliado, especialmente cuando se organiza lo que se llamó en 2003 ‘el estado mayor del pueblo’ donde estaban Felipe, Evo y Oscar Olivera que fue la persona que dirigió la guerra del agua, este estado mayor es el que va a organizar marchas y bloqueos hasta dar el fin del gobierno de Sánchez de Losada”, agregó el sociológo boliviano.

Compartimos parte de la entrevista realizada por Gloria Beretervide a Antonio Abal Oña:
Gloria Beretervide: ¿Cuándo se dio ese quiebre cuando Quispe comienza a conformar su propia teoría política y se separa del marxismo?
Antonio Abal Oña: Ese quiebre se da en los años 90, después de caer prisionero, porque él repite en varias entrevistas que el ala marxista de su organización no era consecuente, que no estaban compenetrados de lo que era el pueblo andino y se refiere a Álvaro García por ejemplo que “yo le insistía para que aprendiera aymara, pero él no me tomaba en serio”, y eso le habría permitido comunicarse mejor y ahí él veía una actitud colonialista de estos compañeros marxista, entonces él empieza a hablar de este colonialismo fuertemente y de la ruptura con los marxistas. A partir de eso comienza a adoptar para si la ideología indianista que tiene raíces en Fausto Reinaga, Felipe ya había fundado en los años 70 una organización que participó en la fundación de la organización política Movimiento Indio Tupak Katari (MITKA) inspirado en el pensamiento de Reinaga. Felipe retoma esta matriz de pensamiento alimentada por Constantino Lima, bajo el slogan “debemos gobernarnos nosotros mismos” en un debate con la izquierda.

GB: Para él siempre fue importante el aprendizaje de la lengua como forma de compenetrarse con una cultura, ¿por qué en 2005 ganó Evo Morales y por qué Felipe pierde y se pierde su figura hasta el último golpe de estado?
AAO: Primero vamos a ver lo que pasaba en la sociedad boliviana, con el fracaso de la UEDP la izquierda estaba alicaída en Bolivia, por lo tanto, surgen corrientes de otro tipo denominadas populistas: Carlos Palenque y Max Fernández y es ahí donde también surge el Movimiento al Socialismo y su gran secreto fue juntar a todas las organizaciones matrices del Movimiento Indígena Campesino y las corrientes de izquierda que estaban al interior de la CSUTCB, de las Bartolinas, de los que se denominaban colonizadores, de una organización fuerte que era el bloque oriente, ahí había mucha gente de la izquierda que siempre ha estado ligada a la clase media y si bien no había formado parte de la estructura del MAS al momento de su creación porque todos los cargos estuvieron ocupados por representantes de organizaciones sindicales, solo había dos que representaban a la clase media, eso es lo que le dio fuerza en la clase media a esta izquierda que entro sin dar declaraciones a formar parte del conglomerado que iba a votar al MAS.
En cambio Felipe cuando forma el MITKA se encierra en el mundo aymara, él no hace concesiones, tiene el discurso “anti-q´ara” y que todavía no está bien entendido y no puede irradiarse a nivel nacional, cosa que si lo pudo hacer rápidamente el MAS, también hay que tomar en cuenta que él no pudo ser elegido en la CSUTB, entonces lo que hizo fue organizar una sindical paralela a la de Román Loayza que era del MAS y ahí vio debilitada su presencia en varias regiones del país, le va a costar nuevamente cobrar liderazgo, en realidad Felipe vuelve a tomar relevancia con los bloqueos de agosto del 2020 por su capacidad organizativa y el mensaje claro que tenía.

GB: ¿Pensas que hay algún heredero actual, alguien que reúna dentro del mundo aymara toda esta intelectualidad y acción, y que pueda convocar tanto como Felipe estaba volviendo a convocar?
AAO: Honestamente creo que no, con la claridad y radicalidad que tenía el pensamiento de Felipe Quispe difícil encontrar a alguien, hoy hay muchos jóvenes aymaras nucleados en grupos de estudio, intelectuales que incluso tienen ya doctorados que están trabajando sobre el pensamiento de Quispe y Reinaga y tienen posicionamiento político, pero lo que no tienen es esa proximidad orgánica a los pueblos indígenas, ya que una vez que tu sales de tu comunidad y comienzas a estudiar te separas de esa vida orgánica que llevan las comunidades, Felipe nunca abandono eso, él era catedrático de la Universidad Pública del Alto (UPEA), pero él seguía yendo a su comunidad, seguía prestando los servicios que tenía que hacer en su central, subcentral, el problema de muchos compañeros que acceden a una carrera universitaria o a un trabajo más intelectual es la separación con sus bases orgánicas, por eso va a ser difícil encontrar a alguien que pueda reemplazar a Felipe, que por lo que sabemos estaba encaminado a conformar un nuevo instrumento político, estaba contando con Eva Copa y con los jóvenes pertenecientes a la UPEA.

Entrevista realizada el 01 de agosto, 2020 en el programa Todas las Voces, AM 530 Radio de las Madres, a Felipe Quispe, para escuchar parte de su pensamiento AQUI

Imágenes: @MuyWaso / Valeria Arias

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Radio Kurruf

(Español) Chile | Planta de desechos industriales pone en riesgo crítico a humedal Estero El Molino de Laraquete

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obladoras y pobladores de la localidad de Laraquete, denuncian el nuevo proyecto Planta de Innovación Circular Arauco, de la empresa Verdecorp Spa, que tiene como objetivo su construcción y operación destinada al tratamiento de residuos provenientes de la industria agrícola, forestal e industrial, urbanos, y residuos orgánicos domiciliarios, la cual pretende instalarse en las cercanías del Humedal Estero el Molino de Laraquete, afectando toda la biodiversidad del espacio.

Por Javiera Coñuenao

El pasado 23 de enero, los mismos pobladores visitaron el humedal y pese a que la Planta, no cuenta con los permisos de estudios de Impacto Ambiental, se pudo apreciar una gran cantidad de materia orgánica que ya está siendo acumulada en dicho lugar, provenientes de los desechos de las cosechas forestales.

En la denuncia señalan “se podían distinguir en la superficie de estas montañas de desechos, humaredas por la combustión de estos mismos elementos. Así también, pudimos observar que este vertedero se emplaza  justamente frente al humedal estero El Molino y que con los vientos se levanta de los desechos una enorme masa de polvo que ya está comenzando a cubrir de gris nuestro último pulmón verde nativo de la zona de entre Laraquete y Horcones”.

La importancia del pulmón verde

El humedal el Molino, ubicado a 2 kilómetros al Sur de Laraquete, es un habitad natural que conserva un cordón no menor de árboles nativos como arrayanes, temus, boldos, pitra, maitenes, entre otras especies, un sitio relevante para la nidificación de aves de la zona. Sirve como zona de amortiguación de las crecidas del estero El Molino ante posibles inundaciones debido a las precipitaciones y forma parte de la red de humedales costeros de Chile.

Registro del Humedal – Estero El Molino, hecho por el movimiento Arauco tiene mil penas en año 2017.

Este ecosistema natural ha sido popularizado como “la selva” debido al característico crecimiento de sus árboles y especies trepadoras, pero hoy los habitantes aledaños a este espacio, ven con preocupación el daño que ha provocado el continuo avance de la Celulosa Arauco, sobre este sitio, uno de los pocos donde aún prevalecen especies nativas en la provincia de Arauco.

El daño sobre el Estero

Recordemos entonces, que en el año 2017 nos enteramos que Celulosa Arauco adquirió gran parte del terreno de este sector, que va desde la población El Pinar, hasta el fundo María Las Cruces, el terreno consta de 700 hectáreas. Lo que ahora se ha dividido entre el Fundo Elvira Las Cruces, Sara Las Cruces y María Las Cruces. En la siguiente tabla se detallan la superficie utilizada y las especies plantadas entre el año 2015, 2016 y 2018.

Información obtenida del Decimosexto informe de seguimiento ambiental, MAPA.

En aquel periodo el movimiento socio ambiental Arauko tiene mil penas, y distintas organizaciones de las localidades afectadas, emplazaron a la empresa Arauco, que pretendía destinar las 700 hectáreas para el monocultivo forestal. Fue así, como a través de instancias de reuniones abiertas entre la empresa y la comunidad, denominadas por Arauco “Casas Abiertas”, las organizaciones se opusieron a tal idea y se logró frenar en parte el plan.

“Finalmente la empresa solo disminuyó la cantidad de plantación a 29 hectáreas de monocultivo entre pinos y eucaliptus y además intercaló las plantaciones con algunos árboles nativos, lo que según ellos sería un proyecto de reforestación”, señalan en la declaración, de esta manera la empresa continuó con la plantación de monocultivo en uno de los pocos espacios que  sobrevivía al avance forestal.

Ante esto, la comunidad denuncia que hoy se ven las graves consecuencias de esa desastrosa acción sobre el estero El Molino, “el estero ya está seco, no hay casi nada de agua en él y más parece un canal de agua estancada que un estero”.

La amenaza ambiental de los residuos industriales

Actualmente el riesgo está sobre el bosque nativo, ya que el nuevo proyecto de la Planta de Innovación Circular, se ubica a escasos 35 metros del cordón verde situado en el humedal y a 180 metros del estero El Molino. A continuación compartimos una imagen del lugar.

Recordemos que la esta empresa trabaja en conjunto con Arauco, quien es propietaria de 700 hectáreas de terreno. Así, la forestal dispone del espacio para dar acción a la planta procesadora de residuos de la industria celulosa, compuestos principalmente por cenizas, arenas, residuos sólidos, carbonato de cal, lodos de plantas de tratamiento de efluentes, cortezas sucias y entre otros.

Nuevos hechos

Recientemente hubo un hallazgo importante de piezas de cerámicas mapuche lafkenche que datarían del año 1400, en las cercanías del humedal, mientras se realizaban obras de excavación en un sitio perteneciente a un privado, Para los vecinos este hecho será un argumento fundamental para exigir un estudio de impacto ambiental participativo, Nicole una de las defensoras del humedal sostiene lo siguiente, “que se vea realmente el impacto hacia la salud de la gente, al medio ambiente, hacia la cultura mapuche lafkenche y se respete”.

Nicole, nos cuenta que ayer martes 02 de febrero, durante un puerta a puerta realizado por el Gerente de la empresa Verdecorp, junto a una persona encargada del Servicio de Evaluación Ambiental y un representante de la municipalidad, se enteran que la Planta de innovación circular Arauco, lleva 2 años de funcionamiento en el lugar, todo esto sin previa consulta ni aviso a la ciudadanía. Ante lo cual, la comunidad tuvo una reacción negativa al sentirse vulnerados por la  empresa, ya que en ningún momento hubo un acercamiento de parte de la compañía hacía la comunidad.

vídeo registro hecho hace algunos días por los vecinos, se puede ver el funcionamiento de una planta.

Frente al complejo escenario que se agrava aún más con el funcionamiento de la planta, durante el puerta a puerta  se exigió la realización de una consulta e instancia de participación ciudadana y a pesar de estos hechos negativos recién conocidos, desde las pobladoras y pobladores de Laraquete evalúan en generar un nuevo movimiento socio ambiental para la coordinación con las distintas organizaciones y continuar en la lucha por la protección del humedal y estero El Molino. Y finalizan su declaración con las siguientes palabras.

“Ante el nefasto panorama que amenaza con destruir un lugar de vital importancia, perder los grandes beneficios que nos entrega y  lo poco que nos queda de flora nativa dentro del territorio que habitamos,  hacemos un llamado a la toma de conciencia y acción que nos permitan evitar circunstancias que no nos hagan lamentarnos en un futuro próximo”.

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Radio Kurruf

(Español) Chile | Comunidad Huemal Curin reafirma su compromiso con la recuperación y defensa territorial

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En la comuna de Máfil, por medio de la realización de Nguillatun el pasado 28 y 29 de enero la comunidad Huemal Curin junto a pu lof provenientes de los cuatro puntos del Wallmapu /Meli witxan mapu, renueva su compromiso y fortaleza por la recuperación y defensa territorial Mapuche.

En esta rogativa de renovación del espíritu, se presentaron las nuevas generaciones de pu domo pu wentru weichafe para que como pueblo huilliche se extiendan y se levanten en sus espacios ceremoniales y recuperaciones territoriales para la defensa del territorio, en el desarrollo y la defensa del kimun mapu y del feyentun mapuche. También en estos dos días se honró a pu weichafes asesinados por el Estado chileno, para que su newen siga fortaleciendo cada proceso en cada lugar.

En palabras del werken Miguel Catrilaf se recalca el fortalecimiento desde la juventud williche, hace un llamado a la recuperación del kimün » poder entender qué significa ser mapuche, entender nuestra ñuke mapu, el sol, la luna, la noche…es una forma de lucha digna, sabia y que lleva miles de años».

La comunidad Huemal Curin extiende el llamado a los distintos territorios a unir fuerzas y seguir en el weichan.

Las imágenes utilizadas en esta nota han sido consensuadas y autorizadas por la comunidad.

 

 

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Prensa comunitaria

(Español) Nebaj: autoridades indígenas piden al Estado atender causas estructurales de migración

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Créditos: Feliciana Herrera

Por: Feliciana Herrera

Las Autoridades Indígenas del pueblo Ixil de Nebaj manifestaron este día que, aunque ven con buenos ojos cualquier tipo de apoyo que sirva para el beneficio de las comunidades, recalcaron que es importante que el Estado se enfoque en acciones estructurales que cambien las condiciones de fondo que hacen migrar a la población, entre ellas la corrupción. Las declaraciones fueron hechas a propósito de un programa impulsado por la agencia de cooperación de EE. UU y un grupo de empresas privadas.

Este martes fue inaugurado en Nebaj un proyecto educativo y técnico denominado Alianza por la Educación, del Proyecto Puentes de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID) y otras nueve organizaciones, entre ellas Fundación Tigo, que buscan capacitar a 150 jóvenes en el uso del programa de computación Excell, para evitar la migración o para lograr su reinserción laboral luego de una deportación.

El alcalde municipal de Nebaj, Virgilio Jerónimo Bernal, recibió a Mario López vicepresidente de la Fundación Tigo, el embajador de Estados Unidos en Guatemala, William Pop y a la ministra Claudia Ruiz del Ministerio de Educación.

Feliciana Herrera.

Miguel De León, autoridad comunal, manifestó que las autoridades indígenas ixiles se enteraron del evento a través de los medios de comunicación y desconocían mayores detalles del proyecto. “La migración no es porque las personas quieran, es porque no hay empleo ni políticas públicas que vayan dirigidas a resolver las problemáticas como la falta de educación”.

La autoridad añadió que las personas que han migrado a Estados Unidos, principalmente, no ven otra salida a la falta de atención de parte del gobierno. “Eso no se puede solucionar con programas pequeños, se necesitan soluciones grandes y estructurales desde el Estado, y claro que los países amigos puedan contribuir”, indicó.

Otra de las preocupaciones de las autoridades indígenas refiere a que la ministra de educación presente “como un gran proyecto la atención a 150 jóvenes, cuando somos unos 100 mil habitantes. No está malo apoyar a los beneficiarios, pero no es suficiente”, insistió De León.

Para las autoridades indígenas es impostergable que se erradique la corrupción para poder abordar el desarrollo del país. “En un país donde existan corruptos, donde exista la impunidad y donde la justicia no funciona, nada se va a solucionar y los más golpeados seguiremos siendo los que siempre quedamos excluidos”, puntualizó De León.

Capacitación técnica

A través del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (INTECAP) los jóvenes que han participado en este programa recibieron capacitación en elaboración de “antojitos guatemaltecos” y cursos de computación.

Para el caso de Nebaj recibirán capacitación en Excell y Fundación Tigo aportará internet móvil a la vivienda de los beneficiarios y computadoras.

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Avispa Midia

(Español) Honduras | El paramilitarismo en el sector energético y el turismo

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Por Jasmin Hristov y Karen Spring

A continuación, se presenta un conjunto de cinco artículos que reflexionan sobre el paramilitarismo, la militarización y el papel que juegan ante los procesos de lucha y resistencia en Honduras, mientras los complejos de capital avanzan. Un análisis que será publicado en cinco partes.

Lea aquí la 1ra parte de este Especial ⇒ Entre palma, plomo y policías: paramilitarismo el brazo armado del desarrollo


Parte IV

Paramilitar en el Sector Energético

La violencia paramilitar también se ha dirigido a los movimientos sociales que se oponen a los proyectos neoliberales en el sector energético, particularmente en torno a la construcción de represas hidroeléctricas. Uno de los casos emblemáticos es la resistencia indígena a la represa hidroeléctrica Agua Zarca por parte del Consejo Popular Indígena y Popular de Honduras (COPINH) en la región de Río Blanco, en el departamento de Intibucá.

El COPINH fue co-fundada por la activista feminista indígena asesinada y ganadora del Premio Ambiental Goldman, Berta Isabel Cáceres Flores. En 2011, el COPINH comenzó a apoyar a las comunidades Lenca de Río Blanco que se oponían a la construcción de la represa hidroeléctrica Agua Zarca en el río Gualcarque. La empresa hondureña Desarrollos Energéticos SA (DESA) había recibido financiación de varias instituciones financieras internacionales, incluido el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para construir la presa en un terreno para el cual los residentes locales tienen un título de propiedad comunitaria desde 1911 (Bird, 2013a).

El principal propietario de DESA es la poderosa familia hondureña Atala Zablah, que tiene familiares y fuertes lazos comerciales con dos grandes bancos hondureños, Ficohsa y BAC Honduras. Las comunidades se oponen a la represa porque el río Gualcarque es sagrado para el pueblo Lenca y su construcción cortaría el suministro de agua, alimentos y medicinas para estas comunidades pobres y relativamente aisladas (BBC, 2018).

En diciembre de 2015, agentes de investigación de la Policía Nacional Civil detuvieron a García Mejía quien confesó que DESA lo había contratado para silenciar a miembros del COPINH y afirmó que Berta Cáceres era la primera en la lista de personas a eliminar. Mejía fue liberado cuatro días después de que ejecutivos de DESA usaran su influencia sobre la fiscalía y pagaran a un representante legal para defenderlo (Criterio, 2019). Después de su liberación, García Mejía comenzó a trabajar como guardia de seguridad en DESA.

Cáceres fue asesinada el 2 de marzo de 2016 en su domicilio de La Esperanza a los 44 años de edad (GAIPE, 2017). Después de meses de protestas nacionales e internacionales, las personas vinculadas a DESA finalmente fueron arrestadas. En 2018, siete hombres fueron condenados por el asesinato de Cáceres, entre ellos dos oficiales de DESA, Sergio Rodríguez y Douglas Bustillo, y el mayor Mariano Díaz, oficial de inteligencia militar del 15° Batallón de las Fuerzas Armadas de Honduras. El tribunal determinó que los tres estaban involucrados en la planificación del asesinato y la contratación de los sicarios que también fueron declarados culpables de asesinato.

El sicario principal, Henrry Javier Hernández, era un ex-militar de las fuerzas especiales destinado en la región del Bajo Aguán y estudió con el mayor Mariano Díaz, también condenado por el asesinato de Cáceres. Antes de su arresto Hernández había trabajado para dos empresas de seguridad privada después de dejar el ejército, incluyendo una empresa que trabaja con empresas de Walmart en Honduras y otra con Corporación Dinant en el Valle del Aguán.

El 2 de mayo de 2018, Roberto David Castillo, presidente ejecutivo de DESA y oficial de inteligencia militar entrenado en Estados Unidos, fue arrestado por estar involucrado en el asesinato de Cáceres (BBC, 2018). Según uno de los miembros del Grupo Asesor Internacional de Expertos (GAIPE) que investiga el caso, existía una “estructura criminal compuesta por ejecutivos y empleados de la empresa, agentes estatales y bandas criminales que utilizaron violencia, amenazas e intimidación” para atacar al COPINH y a Cáceres (citado por Malkin, 2017).

A nivel comunitario, DESA colaboró ​​con familias y personas que se beneficiaron económicamente de la presencia de la empresa en Río Blanco y personas temidas por la población local por sus actividades delictivas y reputación de asesinos (COPINH, 2019a; Bird 2013a). Esto se demostró en extracciones telefónicas presentadas como prueba de caso contra los asesinos de Cáceres. En un mensaje, el ejecutivo de DESA, Castillo, hace referencia al sicario local de Río Blanco, García Mejía, llamándolo “la mejor seguridad en el sitio de la represa” (DPLF et al, 2019).

Desde el asesinato de Cáceres, los miembros del COPINH en Río Blanco han seguido enfrentándose a la violencia. El 10 de diciembre de 2017 desapareció Elvin Saúl Madrid, miembro del COPINH de dieciocho años. Al día siguiente, el cuerpo de Madrid fue encontrado cerca de las casas de los familiares del sicario Olvin García Mejía. En marzo de 2019 fue asesinado Olban Adonay Gómez, hijo del líder comunitario Mauro Gómez (COPINH, 2019). Poco después del asesinato de Berta, Nelson García, miembro del COPINH, recibió un disparo de camino a su casa después de haber acompañado a una comunidad en Río Chiquito en el departamento de Santa Bárbara, que enfrentaba un desalojo violento.

En julio de 2016, el cuerpo de la defensora de derechos humanos y lideresa comunitaria Lesbia Yaneth Urquia Urquia fue encontrada cerca del basurero municipal de Marcala, Departamento de La Paz. Lesbia había desaparecido un día antes alrededor de las cinco de la tarde. Fue miembro del COPINH y estuvo involucrada en la oposición a la construcción de la represa hidroeléctrica Aurora I en el municipio de San José, Departamento de La Paz.

Del mismo modo, en la comunidad de San Isidro del Volcán, Departamento de La Paz, integrantes del movimiento indígena MILPA que se opusieron a la construcción de una represa hidroeléctrica en el río Chinacla relatan cómo enfrentan los intentos constantes del Estado de imputar a los campesinos por delitos penales: “En el 2015, nos pusieron un operativo militar de 30 militares, 20 de la policía nacional y 20 del ejército del batallón de Marcal y 9 civiles de la comunidad, donde a nosotros nos pedían la droga, a un niño mío le hicieron tres disparos tipos de éstos en punto de las cuatro de la mañana”, Cuentan los miembros de MILPA.

Integrantes de organizaciones indígenas y negras de Honduras protestan frente al Congreso Nacional para repudiar la Ley Nájera.

Violencia Paramilitar en el Sector de Turismo

A lo largo de la costa caribeña del norte de Honduras hay aproximadamente 46 comunidades garífunas afro-indígenas. Muchos poseen títulos ancestrales colectivos sobre la tierra en la que viven y que cultivan. Desde el surgimiento del neoliberalismo, el Estado hondureño ha rechazado sistemáticamente los derechos territoriales indígenas y ha introducido nuevas legislaciones para despojar sistemáticamente a los garífunas de sus tierras.

El turismo residencial, como en el caso de `Indura Beach and Golf Development´ a lo largo de la costa norte, se ha presentado como una industria ecológica sostenible que puede beneficiar a las comunidades locales. En realidad, el desarrollo del turismo en la costa norte ha supuesto el desalojo forzoso de varias comunidades de sus tierras, entre ellas Barra Vieja, Armenia y Castilla. Las políticas y planes de desarrollo turístico han encontrado una fuerte resistencia por parte de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH). La organización trabaja con las comunidades garífunas para reclamar tierras ancestrales, desafiando judicialmente el robo de tierras y apoyando proyectos de recuperación de tierras (Gibler, 2017).

Miriam Miranda, Coordinadora General de OFRANEH, ha sido víctima de innumerables “amenazas de muerte, criminalización, persecución, acoso e intimidación” durante sus años de activismo (Spring & Russell, 2017). En diciembre de 2011, el gobierno indígena garífuna de Cristales y Río Negro (es decir, la Bahía de Trujillo) presentó una demanda contra el desarrollador de turismo canadiense, Randy Jorgensen, propietario de Life Vision Development (Schertow, 2012) por la adquisición ilegal de sus tierras y fue “acusado de incautación y posesión ilegal de territorios garífunas” (Soto García, 2016).

En 2015, un juez de un tribunal de Trujillo determinó que no había suficientes pruebas contra Jorgenson, pero le dio al fiscal especial para los pueblos indígenas y los garífunas cinco años para presentar más pruebas. Dos semanas después de la comparecencia de Jorgenson ante el tribunal, miembro de OFRANEH y presidente del Comité de Defensa de la Tierra de Cristales y Río Negro, Vidal Leiva fue disparado frente a su casa en Trujillo (Cuffe, 2015).

Después del ataque, Leiva informó que los tres hombres armados fueron contratados para matarlo, por su participación en la defensa de la tierra garífuna (Cuffe, 2015). En octubre de 2016, en la Bahía de Trujillo, la policía hondureña acompañada de un grupo de sicarios quemó las casas de varias familias garífunas en la comunidad de Guadalupe (OFRANEH, 2016). El terreno en el que vivían estaba destinado al desarrollo del mega-turismo y a proyectos de comunidades cerradas para turistas extranjeros, por Jorgenson y Patrick Forseth de CARIVIDA (OFRANEH, 2016; Spring & Russell, 2017).

La violencia llevada a cabo por actores estatales y no estatales ha ido acompañada de la criminalización de líderes comunitarios garífunas que se oponen a los proyectos turísticos. Dado que la costa norte y el mar Caribe son rutas estratégicas de tránsito para el tráfico mundial de drogas, una de las narrativas dominantes difundidas en los medios de comunicación es sobre los esfuerzos de seguridad nacional para combatir la guerra mundial contra las drogas. Los miembros de la comunidad garífuna son acusados con frecuencia de estar involucrados en el tráfico de drogas.

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Radio Kurruf

(Español) Crimen ambiental en Talcahuano: Empresa destruyó playas en península de Tumbes

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Las playas conocidas popularmente como Los Lirios y El Ensueño ubicadas en la Península de Tumbes fueron detonadas con explosivos y destruidas por la empresa de extracción de áridos Santa Fe Ltda. La acción eliminó toda la flora y fauna del sector, así como la arena blanca de las playas, en donde al día de hoy sólo hay desechos rocosos. Documentos oficiales del SEA, fotografías tomadas en terreno por RESUMEN y el testimonio de vecinos y vecinas del sector afectado confirmarían la responsabilidad de la empresa en la destrucción de los ecosistemas.

Imagen muestra la situación en que se encuentran lo que antiguamente eran playas de arenas blancas, destruidas por la empresa de extracción de áridos en la Península de Tumbes, comuna de Talcahuano | Resumen.cl

Las organizaciones socioambientales de la comuna de Talcahuano Tumbes Sustentable, Coordinadora Chorera y Asamblea Ambiental de Talcahuano hicieron llegar a RESUMEN fotografías, documentos oficiales y los testimonios de vecinos y vecinas del sector los cuales aseguran que se ha perpetrado un crimen ambiental que ha pasado desapercibido por las autoridades locales y medios de comunicación.

Imagen muestra la destrucción de la flora y fauna en el lugar, dejando altamente degradado los suelos y cerros del sector, antiguamente se encontraban las playas de arenas blancas Los Lirios y El Ensueño | Resumen.cl

Una pobladora nacida y criada en Caleta Tumbes, trabajadora, mariscadora y recolectora de Algas explicó que «El lugar era mágico. Eran dos playas maravillosas, yo recuerdo cuando era niña íbamos a las castañas, habían unos castaños gigantes. Después con el tiempo salía a caminar, a andar en bote, íbamos a mariscar con las chiquillas, con otras señoras de más edad, íbamos a las ciruelas, recuerdo».

La entrevistada explicó que incluso han sido amenazados con armas de fuego cuando han intentado acercarse al terreno donde antes existían las playas, por lo que prefirió mantener en reserva su identidad.

En el rectángulo la Península de Tumbes, y en el circulo el sector de las antiguas playas destruidas por la empresa de áridos | Google Earth

Además explicó que «siempre íbamos a ahí, había harta luga, harta alga, harto marisco, caracoles, lapas, chapes, locos, de todo lo que tú quieras buscar en el mar, lo encontrabas ahí en esas piedras, en esas playas que habían ahí. También había una vertiente que llegaba al mar. Y eso todo está intervenido ahora, no existe».

Imagen aérea muestra la magnitud de la cantera de la empresa de extracción de áridos en la península de Tumbes y cómo ha afectado al ecosistema del sector, en donde incluso se pueden divisar algunos parches de bosque nativo, entre el monocultivo forestal, los que también han sido afectados | Resumen.cl

La historia comenzó en 2006 cuando fue aprobado el proyecto «Extracción de áridos Fundo Lo Alfaro» en la península de Tumbes. Algunos años después comenzaron las faenas del proyecto presentado por la empresa Maquinarias Solar y Cía Ltda., representada por el Sr. Cristian Solar Price. Lo que nadie se esperaba es que con el transcurso de los años harían estallar con explosivos las playas y cerros circundantes, eliminando una zona recreativa y de sustento económico para muchas familias.

Imagen de las antiguas playas Los Lirios y El Ensueño destruidas por la empresa de áridos, en donde actualmente no hay arena sino que piedras y desechos de la planta de extracción de áridos | Resumen.cl

Según la Declaración de Impacto Ambiental que presentó la empresa de áridos «El proyecto consiste en la explotación de una cantera de rocas intrusivas, del tipo granodioritas y microdioritas, con el objeto de producir material pétreo o áridos para ser utilizados en obras de infraestructura y construcción. Tal actividad incluye el montaje de una Planta Chancadora, con los servicios asociados».

Imagen de Caleta Tumbes. Sus habitantes solían visitar las playas destruidas para recolectar mariscos y algas, sin embargo, afirman que ya no existen por culpa de la empresa de áridos, y que además denuncian que han sido amenazados con armas de fuego al acercarse a la zona | Resumen.cl

El documento afirma que «La operación del proyecto se efectuará de acuerdo a las siguientes actividades: perforación, tronadura, selección, chancado y acopios». Agregando que «La perforación permite introducir en la masa rocosa los explosivos, los que se disponen de acuerdo a un plan previamente trazado por personal experto».

Altamente degradado se encuentra el terreno por la acción de la empresa de áridos / Fuente: Resumen.cl

Un vecino de Tumbes muy conocedor del territorio ya que se desempeña como pescador artesanal, explicó que «Toda la vida fuimos para allá, antiguamente salía harta alga ahí, harto marisco y cuando se empezó a hacer eso… una contaminación de tierra que hubo mató todo eso y como tú te diste cuenta se perdió el terreno de playa igual»

En la imagen se pueden ver camiones, maquinaria y alguna instalaciones de empresa de áridos que destruyó las playas de la zona | Resumen.cl

Además agregó «Como se vio ahora, tú te das cuenta, cuántos árboles se echan abajo, cuánta contaminación, cuánto marisco muerto, cuántas algas muertas. Ahora ya no va gente, antes iba gente a trabajar para allá».

Península de Tumbes | Arauco.org

En 2017 el proyecto cambió de empresa titular por la Sociedad Extractora y Comercializadora de Áridos Santa Fe Ltda, que tiene como representante legal a Francisco Javier Cordero Sepúlveda, como expresan documentos del SEIA.

Imagen de Parque Tumbes que busca conservar parte del ecosistema ubicado en la Península afectada por el proyecto de extracción de Áridos

Cabe destacar que en los documentos del SEIA se establece una vida útil del proyecto de 10 años, sin embargo, ya han pasado 14 desde su aprobación, lo que genera incertidumbres respecto a posibles irregularidades en este sentido.

RESUMEN intentó comunicarse con la empresa Extractora y Comercializadora de Áridos Santa Fe Ltda pero no dieron declaraciones con respecto a la destrucción de estas playas.

Además debe recordarse que en las inmediaciones se encuentra el Parque Tumbes un lugar que pretende conservar parte del ecosistema de la península que ha sido fuertemente intervenido por instalaciones de la Armada y la plantación masiva de monocultivo forestal.

Imagen de Parque Tumbes ubicado en la Península

Las zonas costeras en todo el mundo sufren impactos directos e indirectos de la acción humana, los cuales incluyen la contaminación del agua con desechos industriales o urbanos, contaminación con plástico y basura de todo tipo, procesos de cambio de uso de suelo y erosión. Esto además de la mala gestión territorial, que incluye la privatización de terrenos junto a la costa. Y todo en un contexto general de aumento del nivel del mar derivado del cambio climático.

La destrucción de esta playa es un nuevo golpe para la comuna de Talcahuano, históricamente afectada por la gran cantidad de actividades industriales contaminantes provenientes de siderúrgicas, petroquímicas, pesqueras y metalmecánicas, entre otras.

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Radio Kurruf

«Por la defensa de los DDHH y la libertad», convocan a un marzo de Rebeldía Popular y Mapuche

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Las organizaciones abajo firmantes, con el desafío de generar las presiones populares necesarias y contundentes para que el Indulto General por la libertad de los(a) Prisioneros(a) Políticos(a) de la Revuelta se concrete a la brevedad, convocamos y llamamos al pueblo de Chile, al pueblo mapuche y a la solidaridad internacional a lo siguiente:

1.- El debate parlamentario respecto al indulto general se ha dilatado más de la cuenta, quedando trabado en las burocracias y tiempos del hemiciclo, lo cual puede continuar si es que no se genera un contrapeso efectivo desde lo popular. La exigencia de libertad es de carácter urgente, la creación de la Prisión Política es de responsabilidad directa de la democracia y la solución política de ello debe ser concretada a la brevedad, tres aspectos medulares que deben quedar con claridad y contundencia incrustadas en el escenario nacional.

2.- Es inaceptable éticamente que la democracia quiera proseguir con su tren de elecciones para buscar su anhelada normalidad, con la abierta y flagrante violación sistemática de los Derechos Humanos en nuestro país, lisa y llanamente dicha decisión, del todo errada, es construir un país con pilares efímeros y que sólo procuran asegurar la repartija de poderes e instalación de procesos del todo alejados de nuestro Pueblo. No puede haber elección alguna que pretenda validez ética si en el Chile democrático del hoy, cuenta con una de las prisiones políticas más cuantiosas del mundo.

3.- Es en este marco, es que llamamos a que se fije un horizonte de presión en ofensiva hasta el próximo 11 de abril (día de las elecciones), que permita colocar la celeridad correspondiente a la tramitación legislativa como en apurar los procesos de exigencia de la libertad y también la defensa de los DDHH de los Pueblos. En octubre se abrió un tramo para la libertad producto del bregar de todo un año y el cual culmina en abril próximo, es el momento propicio para hacer de marzo un mes de lucha que cualifique e intensifique nuestras propias prácticas para que el abrazo con la libertad sea lo antes posible.

4.- Por ello:

– Convocamos a que el 1 de marzo sea el “Súper lunes” por la libertad de los(a) Prisioneros(a) Políticos(a). Llamamos a nuestro pueblo a que haciendo uso de lo que se tenga y en donde se pueda, aquel día sea un día de protesta popular. Llamamos al estudiantado popular para que aquel día, donde el gobierno intenta de iniciar la locura de las clases presenciales, se movilicen por sus justas demandas como también por la libertad de los(a) Prisioneros(a) Políticos(a) de la Revuelta.

– Llamamos a las organizaciones de mujeres populares del país y del extranjero a que en las conmemoraciones del 8 de marzo se haga presente la realidad de la Prisión Política de nuestro país y la violación sistemática de los DDHH, resaltando la realidad que le ha tocado vivir a centeneras  de mujeres populares por hacer uso del legítimo derecho de luchar por un país totalmente distinto.

– Convocamos al Pueblo de Chile, al Pueblo Mapuche y a la solidaridad internacional, a darle vida a la jornada de Protesta Popular y Mapuche por la Defensa de los DDHH y libertad de los Pueblos para el próximo 18 de marzo. Que en un nuevo mes de Aniversario de la Revuelta, el mundo entero sepa – por la osada insolente de la Protesta extendida en todos los rincones del País y solidarizada en el extranjero – que en Chile existen Prisioneros(a) Políticos(a), se violan sistemáticamente los Derechos fundamentales de los Pueblos y que sus Pueblos se alzan por la dignidad y la justicia.

– Llamamos a que las protestas del 29 de marzo, día del joven combatiente, aparte de conmemorar los hechos nefastos ocurridos, este año también sea convocante para exigir la libertad de la juventud popular combatiente en Prisión de nuestro país.

5.- Llamamos a que los Prisioneros(a) Políticos(a) de la Revuelta a que tengan un mayor protagonismo. Hoy más que nunca se necesita de su actitud de lucha, demostrada con creces en las calles durante la Revuelta. Marzo debe estar impregnado de aquella fuerza.

6.- Llamamos a las Centrales de trabajadores, sindicatos, federaciones y voluntades del mundo del trabajo a que se manifiesten con contundencia en la jornada de movilización del 18 de marzo y que se hagan presente en las exigencias del Pueblo de Chile, que dejen de ser meros espectadores(a). Chile tiene que parar el 18 de marzo; Chile tiene que parar contra la impunidad exigiendo juicio y castigo para los responsables de las violaciones de DDHH; Chile tiene que parar exigiendo la libertad de los(a) Prisioneros(a) Políticos(a).

Enero 2021

·         Agrupación de Familiares de Prisioneros Políticos La Granja

·         Agrupación de Familiares de Prisioneros Políticos Santiago 1

·         Agrupación de Familiares y Amigos de Prisioneros Políticos Guacoldas

·         Familiares Caso UDEC, Concepción

·         Organización de Familiares y Amigxs de Prisionerxs Políticxs (OFAPP)

·         Coordinadora 18 de Octubre Austral

·         Red Austral anti carcelaria feminista

Imagen de portada @josemiguelaraya

 

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