Por Renata Bessi y Aldo Santiago

ONGs conservacionistas, empresas y gobiernos impulsan en la Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático (COP26), que se realiza en Glasgow, Escocia, hasta el 12 de noviembre, las llamadas Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN) como una solución a la crisis climática mundial. Sin embargo, dichas soluciones fueron clasificadas como una “peligrosa estafa” por 257 organizaciones, redes y movimientos de 61 países. “Es un concepto que el gobierno del Reino Unido, las mayores empresas contaminadoras del mundo y la industria de la conservación intentan vender”, se pronunciaron en un comunicado.

Desde la perspectiva de las SBN la idea es que las empresas que contaminan paguen a la industria conservacionista para que cerquen bosques o planten árboles. En cambio, las empresas compensarían el daño climático provocado por sus emisiones de CO2 con el carbono absorbido en el área de bosque que mantienen con pagos. Para comercializar este reclamo de compensación de emisiones se utiliza un documento al que se denomina crédito de carbono.

Las organizaciones denuncian que dichas soluciones no atacan las causas reales del calentamiento global, es decir, la quema de combustibles fósiles, petróleo, carbón. La solución, para ellas, está en dejar el petróleo en el suelo y eso no está en discusión en la conferencia.

Además, las SBN generarán la expulsión de los pueblos y comunidades que viven en una relación integral con los bosques. “(…) Cercarán los espacios vitales de los pueblos indígenas, de las comunidades campesinas y de otras comunidades que dependen de los bosques, y reducirán la ‘naturaleza’ a un mero proveedor de servicios para compensar la contaminación de las empresas y para proteger las ganancias de las empresas que mayor responsabilidad tienen por el caos climático”, sostienen las organizaciones.

Para comprender de forma más detalla qué son las Soluciones Basadas en la Naturaleza, las consecuencias para la naturaleza y los pueblos, Avispa Midia entrevistó a Winnie Overbeek, miembro de la coordinación del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM, siglas en inglés), organización que, desde hace tres décadas, viene apoyando a las comunidades en los tres continentes con bosques tropicales, que luchan contra las amenazas a sus bosques. “Es nuestro trabajo alertar estas comunidades sobre las nuevas formas de despojo que muchas veces se presentan como soluciones”, dijo.

A continuación presentamos la edición de una larga entrevista realizada con el integrante del WRM.

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Por Paolina Albani y Francisco Simón Francisco

La presencia del Ejército y de la policía solo ha devuelto la calma a los mineros. Los camiones de la mina rusa, cargados de carbón, ferroníquel y otros materiales, transitan por las calles del municipio con libertad y son custodiados por la misma policía que acosa a los comunitarios y que, días antes, les lanzó bombas lacrimógenas y allanó sus casas con vehículos blindados. Para los defensores del territorio no hay paz, únicamente miedo y ese parece ser uno de los objetivos del Gobierno.

El 24 de octubre, el Gobierno de Alejandro Giammattei impuso sin muchos miramientos un estado de sitio en El Estor, Izabal, un municipio caribeño de habla Q’eqchi’ al nororiente del país, con la promesa de “devolver el orden y la paz” a la comunidad, luego de que los Cuatro Consejos de Autoridades Ancestrales Maya Q’eqchi´ realizaron una manifestación pacífica que duró 20 días para defender a las montañas y al Lago de Izabal de las consecuencias de la minería a manos de CGN-Pronico. Exigían su derecho a ser incluidos en el proceso preparatorio para la consulta libre, previa e informada, ordenada por la Corte de Constitucionalidad.

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El 6 de noviembre, periodistas de varios medios de comunicación arribaron al municipio para documentar la vida de El Estor bajo el estado de sitio como parte de la caravana “Caravana a El Estor”, en la que también viajaban artistas y activistas, quienes hicieron actividades lúdicas. Han pasado dos semanas desde que las fuerzas armadas y la policía se instalaron en el lugar. Dos retenes instalados en la entrada a El Estor son algunos de los puestos de control encontrados en el camino a las comunidades. No hay un desborde de presencia policial como lo hubo previamente, pero las patrullas mantienen la vigilancia.

Al entrar al municipio, en las calles hay calma, sobre todo para los camiones de la mina, conocidos como “góndolas” y custodiados por patrullas de la Policía Nacional Civil (PNC) en su salida con destino al Puerto Santo Tomás de Castilla. En un período de dos horas, 22 de ellos salieron del municipio y fue fácil detectarlos por los ruidos y el temblor que generaban a su paso.

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Durante este medio día en Concepción, se realizaron diversas concentraciones en repudio a la actual militarización en Wallmapu por parte del Estado chileno y exigiendo justicia para Camilo Catrillanca.

La convocatoria emanó desde los distintos hogares de estudiantes mapuche en Concepción, quienes también llamaron a una marcha para el próximo lunes, conmemorando los tres años del asesinato de Camilo Catrillanca  a manos de efectivos del Gope de Carabineros.

Las concentraciones tuvieron lugar en los tribunales penquistas, en la intersección de las calles Aníbal Pinto con Barro Arana y en la plaza Lautaro (ex plaza Independencia), desde donde se llamó a las y los transeúntes a solidarizar con las comunidades mapuche violentadas antes y durante el estado de excepción impuesto en primera instancia por el imputado Sebastián Piñera y ratificado por la cámara de Diputadas/os el pasado martes.

Cabe recordar que el estado de excepción se impuso el pasado 12 de octubre en las provincias de Arauco, Biobío, Malleco y Cautín. Posteriormente, el 2 de noviembre, el Gobierno ingresó un oficio para que se prorrogara la medida represiva por 15 días más, situación aprobada por 76 votos a favor y 59 en la cámara baja.

Durante las concentraciones realizadas hoy en Concepción se hizo hincapié en que el resultado del estado de excepción solo aumentó los niveles represivos en territorio mapuche, que dejaron como resultado el asesinado de Yordan Llempi a manos de infantes de Marina.

Desde las y los estudiantes mapuche convocados hoy, exigieron el cese inmediato de la militarización del Wallmapu, que hasta la fecha solo han dejado comunidades violentadas por agentes del Estado.

Comunicado de hogares de estudiantes mapuche de Concepción:

Comunicado Hogares Mapuche de Concepción, Noviembre de 2021.

Marri marri kom pu che, saludamos a todo el Pueblo Nación Mapuche y no mapuche conscientes. Como hogares de estudiantes mapuche de Concepción. (Pegun Dugun, Ruka Aliwen y Lib Rakiduam) comunicamos lo siguiente:

Que como jóvenes mapuche, estudiantes y pertenecientes a diversos lof de wallmapu, repudiamos el actuar avasallador del estado chileno, que mediante las fuerzas armadas reprimen y siguen derramando sangre en diversos territorios mapuche, donde habitan nuestros machi, lonko, reñma/familias, constituidas por ancianos, jóvenes y niños que ven enmarcada su cotidianidad por el hostigamiento constante de pacos y milicos amparados por el estado. Este estado capitalista responde a evidentes intereses económicos, pasando por alto las consecuencias que dejan en el territorio, no les importa acrecentar la pobreza que ellos mismos causaron, pasan a llevar toda forma de vida que con orgullo hemos mantenido y seguiremos manteniendo con la convicción de recuperar la anhelada autonomía de nuestro pueblo.

Es por ello, que hacemos un llamado a mantenernos fuertes como un coigüe, a resistir y no abandonar la lucha histórica que por tantos años han llevado nuestros antepasados. Porque si uno cae, diez se levantan pu peñi, pu lamngen, no olvidar. MARRICHIWEU!

Por último, extendemos la invitación para el próximo Lunes 15 de Noviembre a las 18:00 horas a una marcha en la Plaza Leftraru (Ex plaza independencia) para manifestar y visibilizar las demandas territoriales en la warria, y dar a conocer nuestro descontento por el asesinato de nuestros recientes hermanos caídos; Camilo Catrillanca, Jordan Llempi y tantos otros que llevamos en nuestro rakiduam.

Por Samantha Demby

Más de una docena de rostros blancos recorren sin esfuerzo las laderas escocesas en bicicletas eléctricas de alta gama. Sus uniformes, una paleta de tonos verdes, llevan el logotipo del gigante energético español Iberdrola, junto al emblema de la Conferencia de las Naciones Unidas, comúnmente conocida como la COP, que se celebra actualmente en Glasgow (Reino Unido) hasta el 12 de noviembre.

Cada año, Iberdrola organiza la rodada a la COP para “concienciar en la lucha contra el cambio climático”, según la propia ONU. Este mes la empresa multinacional anuncia en tuits decorados con corazones verdes y emojis de bicicletas: “Lideramos la lucha contra la #EmergenciaClimática con las #renovables, pero no es suficiente: ¡TODOS debemos acelerar la transición energética!”. Con el objetivo declarado de hacerlo, Iberdrola patrocina a sus empleados de alto nivel, junto con representantes de la ONU y otras instituciones ambientales influyentes, para que acudan a la COP 26 en bicicleta eléctrica para entregar un “manifiesto para la acción climática”.

Iberdrola proyecta una imagen de empresa líder en energías renovables. La asociación de la empresa con la ONU contribuye en gran medida a esta imagen.

La filial de Iberdrola, Scottish Power, es un “socio principal” de la COP 26. Durante la conferencia, el Grupo Iberdrola organiza eventos con actores clave en la toma de decisiones en torno a la crisis climática, como el gobierno británico, el país anfitrión de la conferencia este año. Además, el “Auditorio Scottish Power” es la sede de “sesiones interactivas” organizadas con instituciones como el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD). Finalmente, Iberdrola cuenta con una caseta en la “Zona Verde” de la COP 26, donde visibiliza su propio “liderazgo climático”.

Lejos de la pompa verde de Glasgow, en México, casi el 90% de la energía que produce Iberdrola no es renovable. De un total de 10.511 megavatios generados por la empresa en el país, 9.146 proceden de 12 centrales de ciclo combinado, mientras 4 plantas de cogeneración producen otros 202 MW. En cuanto a las energía renovables, Iberdrola – que ha jugado un papel destacado en el sector energético del país desde los 1990 – opera 7 parques eólicos con una capacidad total de 693 MW, además de 3 parques fotovoltaicos capaces de producir 470 MW, lo que supone una producción total de 1.163 MW en energías renovables.

Defensoras indígenas denuncian a Iberdrola

De los 7 parques eólicos de la empresa en México, 4 se encuentran en la región del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca, donde el aprovechamiento de las intensas ráfagas de viento por empresas como Iberdrola ha provocado intensos conflictos territoriales.

El 4 de noviembre, un par de días antes de que la rodada de Iberdrola partiera de Edimburgo hacia Glasgow, defensoras y defensores indígenas se concentraron frente a las oficinas de la empresa en la Ciudad de México para denunciar “el engaño, el despojo, la destrucción y la contaminación” ocasionados por Iberdrola.

En el marco del día de acción contra el lavado verde, convocado por el Encuentro de los Pueblos que se celebra paralelamente a la COP 26 en Glasgow, integrantes de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIDTT), la Coordinadora de Pueblos y Organizaciones del Oriente del Estado de México en Defensa de la Tierra, el Agua y su Cultura y del Congreso Nacional Indígena precisaron en un comunicado que las “Soluciones Basadas en la Naturaleza”, así como “las supuestas ‘energías limpias’ como los parques eólicos y fotovoltaicos también despojan, contaminan y matan la tierra fértil, lo mismo que explotan y desplazan a los pueblos.”

Usando un megáfono para tapar el sonido de los coches que pasaban por la autopista, una miembra de la APIDTT leyó una carta que se entregó a los directores de la empresa, en la que se expresa “nuestra indignación porque empresas trasnacionales como Iberdrola y su filial Scottish Power, responsables de tales delitos en contra de los pueblos en México…sean los socios principales de la Organización de las Naciones Unidas-ONU en la Cumbre Climática Mundial COP 26.”

En el Istmo, Iberdrola actualmente opera 4 parques eólicos: Bii Nee Stipa en el Espinal; Dos Arbolitos en Juchitán; PEM (Parques Ecológicos de México), antes conocido como La Ventosa, en Juchitán; y el Parque Eólico La Venta III en Santo Domingo Ingenio. Desde que Iberdrola comenzó a operar en la región, ha sido acusada de corrupción, falta de transparencia y graves impactos ambientales y sociales.

Como documenta el investigador Luis Miguel Uharte Pozas: “En los proyectos eólicos que Iberdrola tiene en Oaxaca…los testimonios recogidos en el marco de nuestra investigación indican que Iberdrola sobornó a las autoridades municipales para que convencieran a los ejidatarios de alquilar sus tierras para instalar los molinos de la empresa.”

Uharte Pozas agrega: “La Asamblea de los Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (2011) tiene registradas diversas denuncias contra ‘el representante en la región de Iberdrola’ por haber intimidado y amedrentado a los ejidatarios del parque La Venta III. En el parque de La Ventosa, también gestionado por Iberdrola, el proceso fue muy similar, según testimonios de habitantes del municipio.”

Los impactos ambientales de los parques eólicos están bien documentados. Un ejemplo que atañe a Iberdrola es la muerte de unas 3 mil 900 aves y 6 mil murciélagos al año como consecuencia de la colisión con las turbinas del parque eólico La Venta II, en el que Iberdrola participó. Al mismo tiempo, en la COP 26 la multinacional promueve actos con su socio Birdlife International, una mega-asociación de grandes organizaciones de conversación dedicada a la protección de las aves.

A estas acusaciones se suma la evidencia de las puertas giratorias que han existido entre Iberdrola y el gobierno mexicano durante décadas, como documenta el informe “La insolación mexicana de Iberdrola” (2020). Por ejemplo, hasta 2015, el presidente de la filial mexicana de Iberdrola fue Herminio Blanco Mendoza, jefe negociador del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN) y ex-Secretario de Comercio y Fomento Industrial de México en el gobierno de Ernesto Zedillo (1994 – 2000). Entre 2016 y 2019, el ex presidente mexicano Felipe Calderón (2006 – 2012) – cuyo sexenio dio lugar a la adjudicación de varios contratos para Iberdrola – se desempeñó como consejero independiente de Avangrid, la filial estadounidense de la empresa.

COP 26: Plataforma para el lavado verde

Mientras la COP 26 llega a su fin este viernes, los activistas indígenas y medioambientales siguen denunciando que la conferencia es una plataforma para las estrategias de lavado verde de empresas contaminantes como Iberdrola.

Como resume la destacada activista climática Greta Thunberg: “Los líderes no se están quedando de brazos cruzados, sino que están creando activamente lagunas y configurando marcos para beneficiarse a sí mismos y seguir sacando provecho de este sistema destructivo”.

Las y los defensores del territorio tampoco se quedan de brazos cruzados. Más allá de manifestarse en contra de Iberdrola y sus socios en la ONU y en la COP, buscan generar salidas alternativas a la crisis climática. Como dicen los propios pueblos en su carta a los directores de Iberdrola, “soluciones reales y verdaderas (…) apegadas a la Naturaleza y en defensa de la Vida.”

Por Sare Frabes

Por Vanessa Garcia Navarro

Para muchos trabajadores mexicanos Canadá parece un destino tentador para buscar mejores oportunidades laborales y de vida, en los campos de cultivo de moras, frutas, vegetales, flores y plantas ornamentales, incluso son estimulados por iniciativas como el Programa de Trabajadores Agrícola Temporales (PTAT), del gobierno mexicano.

No obstante, los testimonios de mexicanos que confiaron en estos programas no deberían ser ignorados, pues muestran al mundo una realidad diferente, totalmente contrastante a las promesas maquilladas de las páginas web de los gobiernos y las agencias de trabajo que les prometen ayudarlos a realizar sus trámites y conseguirles ofertas laborales con condiciones de calidad.

El jueves (4) se llevó a cabo el conversatorio testimonial Trabajadores Agrícolas Mexicanos en el Extranjero, ¿Se respetan sus derechos en Canadá?, en el cual se exhibieron las inhumanas vejaciones que viven los trabajadores agrícolas mexicanos cuando laboran en Canadá.

La lista de denuncias es larga. Jornadas de hasta 15 horas diarias (cuando sus contratos estipulan claramente que deberían ser de 8), omisión del día de descanso por semana (sin reposición del mismo posteriormente), que no se les paguen las horas extras ni días festivos con la tarifa correspondiente, negación de servicio médico, hacinamiento en las viviendas, agresiones físicas y psicológicas por parte de los jefes de las granjas, dificultades a la hora de comunicarse por no dominar los idiomas del país (inglés y francés), así como la escasez de material traducido al español o traductores que los apoyen al momento de anteponer denuncias, entre otras.

Byron Cruz, proveniente de Guatemala y miembro del Colectivo Santuario (una red de derechos migrantes de Canadá), en un ejercicio de solidaridad con los mexicanos, puntualizó como la pandemia por COVID-19 fue la ocasión perfecta para dejar en descubierto las injurias vividas por los trabajadores agrícolas migrantes en Canadá.

Por experiencia puede dar fe de que en muchas ocasiones los trabajadores son puestos por sus jefes en habitaciones pequeñas que tienen que compartir con un elevado número de compañeros, lo cual, por si mismo es incómodo, pero tomando en cuenta que seguimos atravesando una pandemia, estas condiciones pasan al ámbito de lo peligroso e insalubre: los dos metros de distancia entre camas son imposibles, de hecho, los habitantes duermen codo a codo.

Por si fuera poco, en caso de que los trabajadores experimenten un accidente o enfermedad la estrategia de varios dueños y administradores de granjas es no reportar el incidente, lo cual deja desamparado al trabajador, cuya siguiente opción de acudir a un servicio medico privado (incosteable por ellos).

Finalmente, en un punto de vulnerabilidad absoluta del trabajador, los contratantes aprovechan y les proponen regresarlos a México, prometiéndoles que ahí tendrán la mejor atención médica patrocinada por ellos. “Esta por supuesto es una mentira, una manera de desechar a los trabajadores cuando consideran que ya no son una fuerza de trabajo útil”, dijo Byron.

Elizabeth Muñoz, socióloga con especialización en desarrollo comunitario, coordinadora del Centro de Trabajadores Inmigrantes (CTI), con una trayectoria de 8 años trabajando directamente con los trabajadores agrícolas migrantes en Canadá, observa que los empleadores tienen una visión de los trabajadores “como si fueran de su propiedad”, no respetan los contratos y los amenazan con regresarlos a México si se niegan a las jornadas exhaustivas. Los jefes no se presentan a acompañar a los trabajadores (como es el derecho de estos últimos) en caso de que estos acudan al hospital de emergencia.

Otro fenómeno alarmante, según indica la socióloga, es que cuando un trabajador agrícola se lesiona es regresado a su país. “México está teniendo una acumulación de trabajadores enfermos y lesionados que no pueden trabajar ni en Canadá, ni en México”.

De la vista gorda

Muñoz comparte la voz de los trabajadores agrícolas con los que ha trabajado. Estos le dicen que se sienten desamparados, pues cuando llaman al consulado mexicano la respuesta que obtienen de los que se supone deberían protegerlos es “trabajen”, y posteriormente obtienen una segunda estocada de parte de los empleadores que se enfurecen con ellos por haber contactado al consulado.

Karla Meza, periodista independiente mexicana que se encuentra en Canadá, enfoca su investigación en los problemas que viven los trabajadores agrícolas. Indica que la secretaría del trabajo tiene quejas, sin embargo, estas no son atendidas. Una amenaza común de los empleadores a los trabajadores mexicanos es que si no desean perpetuar el ritmo de trabajo se les remplazará con “algún trabajador guatemalteco”. Al parecer este racismo sistémico se fundamenta en que Guatemala no tiene acuerdo bilateral con Canadá, como es el caso de México, lo cual vulnera aun mas a los trabajadores proveniente de Guatemala.

Además, Muñoz reporta que el tráfico de humanos se está volviendo una realidad en Canadá. Ante la desesperación, muchos trabajadores prefieren pagarle a un traficante (de los denominados coyotes o polleros) para que los lleven a Estados Unidos, donde prefieren vivir indocumentados que tolerar los maltratos en las granjas e invernaderos donde laboran en Canadá.

Covid-19

Otros trabajadores narraron las dificultades para ser inoculados contra el COVID-19 (por no contar con seguro), lo cual desencadena un circulo vicioso, dado que sin certificación de haber sido vacunados no son aceptados para laborar y ni siquiera pueden desarrollar actividades tan esenciales como entrar a comer establecimientos, ya que les solicita pruebas de haber recibido las dosis de vacunas.

Otro empleado agrícola, quien si obtuvo acceso a la vacuna contra COVID-19 narra que se lesionó el pie durante su jornada laboral, y su jefe tradujo incorrectamente la situación en el hospital, atribuyéndolo a una reacción de la vacuna, a fin de entorpecer el uso del seguro médico.

¿Las autoridades?

La diputada Rosa María González Azcárraga, presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados del Congreso Mexicano, refirió que desde el congreso se está trabajando en un punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que garantice los derechos humanos y laborales de los trabajadores agrícolas mexicanos que se encuentran en Canadá, por la falta de oportunidades laborales en México. El punto de acuerdo  ha sido presentado el 28 de octubre.

Por Ñanì Pinto

^{En portada: Indígenas Pataxó forman barricadas en carretera de la región Monte Pascoal, Bahía, lugar donde ONGs conservacionistas promueven proyectos de compensanción de carbono mediante la plataforma REDD+. Brasil, 2014. Foto Santiago Navarro F.}

En vísperas de la realización de la 26a Conferencia de las Partes (COP26), evento convocado por las Naciones Unidas para discutir estrategias contra el cambio climático, más de 80 organizaciones brasileñas alertaron sobre la falsa solución a la crisis ambiental mundial que representa el llamado mercado de créditos de carbono.

La consolidación de este mercado a escala mundial forma parte medular de las negociaciones que se realizan a partir de este domingo (31) en Glasgow, Escocia. Este mecanismo permite comercializar licencias de contaminación, es decir, con ello una empresa europea puede adquirir créditos de carbono en otro país, como Brasil, para que de esta manera dicha industria pueda registrar la transacción como sinónimo de reducción de sus emisiones contaminantes.

En contraste, organizaciones como El Grupo de la Carta de Belem y la Comisión Pastoral de la Tierra denuncian las consecuencias negativas de este mercado. “Entre los efectos de su aplicación se encuentra la expansión de las actividades destructivas en los ámbitos de la minería, el extractivismo a escala industrial y la quema de combustibles fósiles (que pueden compensarse/neutralizarse en otro lugar)”.

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Esta denuncia enfatiza que el mercado de carbono no toma en cuenta soluciones efectivas para la reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), tales como la demarcación y defensa de las tierras indígenas, quilombolas y colectivas, así como el fortalecimiento de las prácticas agroecológicas que contribuyen a la conservación de la sociobiodiversidad y a la soberanía alimentaria.

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^{En portada: En las tierras indígenas de Comexatibá, en Bahía, el pueblo Pataxó -al igual que muchos otros pueblos en todo el país- ha levantado sus propias barreras sanitarias para restringir la circulación de personas y del coronavirus en su territorio. Foto: Ingrid Ãgohó Pataxó}

En 2020, primer año de la pandemia de coronavirus, 182 indígenas fueron asesinados en Brasil, un aumento de 37% en comparación a 2019. Los conflictos registrados relacionados a derechos territoriales más que duplicaron, pasando de 35 casos en 2019 a 96 en 2020, un aumento de 174%. Los datos fueron revelados en el Informe Violencia Contra los Pueblos Indígenas de Brasil, publicado por el Conselho Indigenista Missionario (Cimi).

“La grave crisis sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus, al contrario de lo que se podría esperar, no impidió que grileiros [invasores de tierras], garimpeiros [minería ilegal], madereros y otros invasores intensificasen aun más sus ataques sobre las tierras indígenas”, aclara el relatorio.

En 2020, los casos de invasión de tierras, explotación ilegal de recursos y daños al patrimonio de los pueblos también se incrementaron, aún relación con el ya alarmante número que se había registrado en 2019, primer año de gobierno de Jair Bolsonaro. Fueron registrados 263 casos, un aumento de 141% en relación a 2018, afectando a por lo menos 201 tierras indígenas, de 145 pueblos, en 19 estados brasileños.

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Los agresores invaden las tierras indígenas para apropiarse ilegalmente de la madera, devastar ríos enteros en búsqueda de oro y otros minerales, además de deforestar y quemar anchas áreas para la apertura de pasto para ganado. En muchos casos, los invasores dividen la tierra para ser comercializada, inclusivo en territorios indígenas habitados por pueblos aislados.

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Luego de que El MOP y la empresa italiana Astaldi, concluyeran su contrato por la construcción del Embalse Punilla, dejaron en estado de abandono a lxs animalitxs que habían secuestrado durante los violentos desalojos realizados en 2018.

Vecinxs cercanxs de las dependecias de la mencionada empresa italiana Astaldi en la zona de La Punilla, comuna de San Fabián de Alico, denunciaron durante la semana anterior el evidente estado de abandono que presentaban lxs animales secuestradxs por el Ministerio de Obras Públicas y Astaldi, durante los violentos desalojos realizados en octubre de 2018 por la construcción del Embalse Punilla. Desde ese momento lxs animales requisados quedaron en responsabilidad de dicha empresa, siendo sometides desde un principio a constantes maltratos y abandonos, falta de agua, comida y de espacio, hasta hace pocos días, cuando luego de casi 3 años, las 40 vacas que aún se encontraban encerradas en sus dependencias, volvieron con las antiguas familias con las que vivían.
Indómita Fotografías, invierno 2018

Según los regístros del Equipo veterinario de la Clínica Integral de Chillán, que se han mantenido haciendo un seguimiento de estes animalites, murieron más de 200 gallinas y 6 ganzos a pocas semanas del desalojo por la falta de atención y cuidados, y durante todo este proceso han encontrado a les distintes animales en estado de desnutrición, con resfriós, diarrea, algunos con cataratas y demás afecciones, de lo que ni la empresa ni el MOP se hicieron responsables. Incluso en reiteradas ocasiones impidieron que las familias desalojadas, que criaban a dichos animalitxs, y los equipos veterinarios puedan visitarlos.
Indómita Fotografías, invierno 2018

Recordamos que el Embalse Punilla es un megaproyecto extractivista que prentende inundar y destuir más de 1.700 hectáreas, de las cuales más de 1.200 son de bosque nativo, territorio ancestral alimentado por el rio ñuble, el río los Sauces, y miles de vertientes y esteros en los que habitan y se nutren distintas especies nativas, incluso algunas en peligro de extinción, como el huemúl.
La Zarzamora. Octubre 2021

Es un territorio declarado como Reserva Mundial de la Biósfera por la UNESCO, por la diversidad de especies que existen en el denominado corredor Nevados de Chillán – Lagunas de Laja en la Provincia del Ñuble. Pese a esto, en el 2010, fue aprobada por el servicio de evaluación ambiental la construcción de dicho embalse, un proyecto multipropósito que según sus titulares “brindaría riego para más de 70.000 hectáreas de la región, generaría energía eléctrica y favorecería el turismo”.

Desde su aprobación hasta el día de hoy, el proceso de construcción de este proyecto han sido puras negligencias y daños hacia el territorio y las comunidades que lo habitan, según lo que denuncian vecinxs afectadxs y organizaciones afines, bajo el discurso de favorecer la agricultura de la región afectada por la sequía.

Desde el 2013 se iniciaron los procesos de expropiación de los territorios que comprenden el espacio donde se realizaría el embalse, y de las mas de 80 familias que residían en ellos, para les cuales el MOP debía implementar un Plan de Desarrollo Social que les garantizara a estas familias poder relocalizarze y continuar con su estilo de vida, de las cuales la mayoría se dedicaban a la crianza de animales. Dicho plan, según la Resolución de calificación ambiental, debía ser actualizado antes del comienzo de la obra, lo cual se incumplió, segun lo que alegaba Ricardo Frez, abogado de la ONG Defensa Ambiental, representante de las familias afectadas.
La Zarzamora. Octubre 2021

Mas de 10 familias no aceptaron el PDS ofrecido por faltas de garantías, y el MOP y Astaldi, que desde el 2016, se hizo cargo de la conseción del proyecto, autorizaron una violenta represión y desalojo con las fuerzas especiales de dichxs vecinxs en Octubre de 2018, dejandolxs en la calle y secuestrando lxs animalites que criaban, impidiendoles el paso a sus terrenos y demoliéndoles sus casas.

Lxs vecinxs que se movilizaron con distintas organizaciones afines y autoconvocadxs, presentaron una demanda ante el 3er Tribunal de Valdivia, en contra de la Sociedad concesionaria Aguas de Punilla (SCAP, Astaldi) y el MOP por los incumplimientos a la resolución de calificación ambiental y por el daño ambiental y psicosocial generado hacia el territorio y su comunidad por dichas partes. Sin embargo, en abril de 2020, el mencionado Tribunal rechaza esta petición, alegando que no habría pruebas para demostrar el daño generado, como así también fue ignorado, por parte de las autoridades, el recurso de reclamación que interpusieron lxs vecinxs de la zona en julio del año anterior, bucando la anulación del proyecto ” Líneas de alta tensión Punilla-San Fabián”, un tendido de alta tensión que recorrería de manera paralela el Rió Ñuble y la ruta N-31, que sería construido junto con el embalse, lo que significa un daño absoluto para el bosque nativo y las distintas especies que coexisten en el, lo cual tampoco fue contemplado por la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región del Bío-bío, que a pesar de las denuncias, en agosto del 2020 aprobó la evaluación ambiental de dicho proyecto.

Luego de que la empresa Astaldi sufriera un quiebre financiero, la advertencia de un error abismal del MOP en el cálculo de la capacidad de almacenamiento del embalse, que sería mucho menor a la acordada, sumado a la demanda por incumplimiento de contrato por parte de la empresa, en 2019 el MOP decide poner fin al contrato con dicha empresa ante la comisión arbitral, quedando a la espera este proceso por la situación sanitaria.
La Zarzamora. Octubre 2021

Finalmente, el 9 de octubre de este año, el gobiero confirma el fin de contrato con Astaldi, quien recibiría aproximadamente 18 millones de dólares por el término anticipado de la concesión, y se retirarían del territorio, dejando abandonadxs lxs animales que tenian bajo su responsabilidad, por casi una semana.

Pese a todas las controversias, irregularidades, ilegalidades y daños que ha causado la construcción del embalse, el Minesterio de Obras Públicas confirmó para el próximo mes de Diciembre la relicitación del proyecto.

NO AL EMBALSE PUNILLA.
BASTA DE EXTRACTIVISMO.
AGUAS LIBRES.