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Avispa Midia

Existe un patrón de criminalización contra defensores indígenas en Chiapas: organizaciones internacionales

Fuente: Avispa Midia

En Chiapas, existe un patrón de criminalización contra personas defensoras indígenas involucradas en procesos de defensa de sus territorios, del ambiente, la autonomía y la libre determinación de sus comunidades.

Así lo identifican organizaciones internacionales de derechos humanos, quienes durante los últimos días de marzo visitaron el estado, al sur de México, para documentar la situación de riesgo y violencia que viven defensores, organizaciones y comunidades indígenas.

“Este patrón se evidencia en el creciente número de casos en la fabricación de crímenes y en violaciones al debido proceso con un fuerte impacto en la organización comunitaria y en la lucha por los derechos colectivos”, sostienen las organizaciones Indigenous Peoples Rights International (IPRI) y Front Line Defenders (FLD).

Las organizaciones resaltan el uso del sistema penal en contra de las personas defensoras y comunidades que se han opuesto a la militarización de sus territorios. Es el caso de Manuel Santiz Cruz de la comunidad de San Juan Cancuc; de César Hernández y José Luis Gutiérrez del ejido de San Sebastián Bachajón en Chilón (quienes están a la espera de la próxima audiencia el 24 de abril), de Cristóbal Santiz de Aldama y en el caso de las recientes investigaciones en contra de personas defensoras en la comunidad de Taniperla en Ocosingo.

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También señalan el alto riesgo que representa, para las y los defensores, los conflictos agrarios y territoriales no atendidos por las autoridades que continúan perpetuando la descomposición del tejido social de las comunidades. “Esto se ha visto agravado con la situación actual de despojo de tierras en el contexto de militarización de la región y por la disputa por el control territorial y la imposición de las actividades económicas por parte de grupos del crimen organizado”, señalan mediante comunicado conjunto.

Además, enfatizan que, a pesar de que las personas defensoras han denunciado graves amenazas y ataques debido a su labor, la omisión de los diferentes niveles de gobierno ha propiciado la escalada de agresiones y el aumento en la violencia. Este es el caso del asesinato del defensor Simón Pedro Pérez, expresidente de la mesa directiva de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal; así como la violencia que derivó en el desplazamiento de 25 personas de la comunidad de Nueva Palestina en Ocosingo.

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De acuerdo a las organizaciones, lo anterior sucede en un contexto de proliferación y diversificación de grupos armados, lo que ha empeorado una compleja situación heredada del contexto del paramilitarismo de los años 90 y la continua impunidad conectada a dicho fenómeno.

Las organizaciones recopilaron testimonios que evidencian la vinculación entre autoridades estatales y municipales con el crimen organizado, lo que genera condiciones favorables para que prevalezca la impunidad.

“A esta crisis se suma lo que identificamos como un patrón en el retraso y postergación de las audiencias de casos vinculados a personas defensoras de derechos humanos, tanto de procesos de búsqueda de justicia, como es el caso del asesinato del defensor Simón Pedro Pérez López, o en el proceso de criminalización de personas defensoras, como es el caso de Manuel Santiz Cruz de la comunidad de San Juan Cancuc”.

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Por último, señalan su preocupación ante el contexto de estigmatización y campañas de desprestigio contra la labor de defensa de derechos humanos de las personas defensoras indígenas, situación que aumenta el riesgo de violencia dado que las instituciones del gobierno estatal no reconocen su trabajo. “Esto es particularmente evidente en la sentencia dictada el 31 de marzo sobre el asesinato del defensor de derechos humanos Simón Pedro, en donde nunca fue incorporada a la investigación ni en la resolución su labor de defensa de derechos humanos como parte del móvil del homicidio”, indican las organizaciones.

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Avispa Midia

Tres décadas de opacidad en gestión ambiental de minería en México

Fuente: Avispa Midia

Por Ñaní Pinto

En México no existen datos precisos sobre las operaciones de la minería en el territorio nacional. Por ello, una iniciativa que conjuntó a investigadores, organizaciones sociales y ambientales se dio a la tarea de compilar más de 100 mil registros geográficos para conocer la manera en que se realiza la gestión ambiental de la industria extractiva.

Los resultados de la investigación revelan un panorama crítico respecto al cumplimiento administrativo de las regulaciones ambientales y la disponibilidad de información pública sobre la gestión ambiental.

De las 249 operaciones mineras metálicas en México, el 72% opera sin permisos de descarga residuales; 62% no cuenta con concesiones de agua; 55% no ha presentado, en los últimos 17 años, datos ante el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes
(RETC); 51% opera en acuíferos sin disponibilidad de agua; 38% no tiene información de evaluaciones de impacto ambiental autorizadas y 23% carece de información sobre sus depósitos de jales.

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El trabajo se concentra en la denominada Cartografía de las Operaciones Mineras en México, una base de datos espacial única en México que permite identificar con precisión cartográfica la superficie de la operación de cada mina en el país, distinguiendo la actividad minera.

Tipo Número de operaciones identificadas Superficie (ha)
Carbón 62 18,073.2
Metálica 249 79,606.1
No metálica 182 8,256.8
Salina 38 56,022.0
Metálica (exploración) 343 26,362.4
Total 874 188,320

Fuente: CartoCrítica, con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll, Natural Resource Governance Institute, y PLANEAS-PRONACE Energía y Cambio Climático

La investigación enfatiza la operación de 97 minas metálicas a cielo abierto y otras 152 minas subterráneas, “sin estar registradas en una base de datos oficial, en datos abiertos, capaz de distinguirlas, caracterizarlas espacialmente y, sobre todo, hacerles rendir cuentas públicamente de su producción o de su gestión ambiental”, indica un comunicado de los autores.

Opacidad

Cabe destacar que la única fuente de información oficial sobre la operación de grandes minas y las concesiones en México está a cargo de la Secretaría de Economía. “Sin embargo, esta información no identifica, ni permite conocer la producción, extensión, minerales, técnicas ni ninguna otra información sobre la magnitud de las actividades mineras que ocurren en el país. No distingue si están operando o si simplemente utilizan las concesiones como elemento para la especulación financiera, actividad alentada por la vigencia de cada concesión minera, que dura 50 años prorrogables por 50 más”, resaltan los autores de la investigación.

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Esto se suma al hecho de que la propia industria minera no comparte datos de manera pública ni desagregada, sobre la cantidad de minerales que extrae por cada mina, planta de beneficio o empresa. “Las empresas mineras tampoco reportan cuántas hectáreas forestales fueron convertidas a tajos a cielo abierto y presas de lixiviados; y mucho menos, la cantidad de agua que utilizó, cuánta fue contaminada en sus procesos, ni cuánto pagó por ella”, acusan las organizaciones.

Para los autores, el trabajo de identificar los proyectos mineros en operación es apenas el punto de inicio para conocer la gestión ambiental. “Si no sabemos cuántas grandes minas operan en el país, ¿podremos efectivamente conocer cuántas cumplen con sus obligaciones de gestión ambiental?”, cuestionan en comunicado en el que enfatizan los resultados a 31 años de vigencia de la ley minera en México.

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Coordinadora Nacional de Derechos Humanos Perú

Perú | Pronunciamiento sobre el asesinato del líder Asháninka Santiago Contoricón

PRONUNCIMIENTO

Los Grupos de Trabajo sobre Pueblos Indígenas y de Protección a Personas Defensoras de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos se unen a las condolencias por el asesinato del lider indígena Santiago Contoricón , quien en vida fue un acérrimo defensor de su territorio y ambiente, tomando una posición activa a través de su paso como dirigente del Comité de Defensa del Río Tambo, alcalde de Río Tambo y años más tarde, consejero regional por la provincia de Satipo.

Al respecto, advertimos que pese a las alertas realizadas por la sociedad civil hacia diversas entidades del Estado (Interior, Justicia y Cultura) sobre el crecimiento de actividades ilegales en Puerto Ocopa, estas escalaron a un nivel incontrolable estructuralmente, posibilitando el atentado contra integridad física y vida del dirigente asháninka. Además, actualmente sigue existiendo una latente vulnerabilidad de líderes y lideresas indígenas, los cuales, luchan por salvaguardar sus territorios ancestrales ante el narcotráfico, terrorismo, presiones territoriales y cultivo ilícito de hoja de coca.

En ese sentido, invocamos al Estado a escuchar lo indicado por la Central Asháninka del Río Tambo – CART, que, mediante su pronunciamiento del domingo 9 de abril y respaldando la labor social de Santiago Contoricón, ha informado a la opinión pública que esperan: (i) contar con explicaciones del gobierno nacional sobre la total desidia hacia el Puerto Ocopa; (ii) retiro inmediato de los oficiales de la base de la Marina de Guerra, ya que no ha podido brindar seguridad y tranquilidad; (iii) limitación al tránsito por el río Tambo hasta que las autoridades puedan atrapar a los asesinos; y, (iv) conocer el avance de la Fiscalía de la Nación sobre la investigación preliminar del caso.

Frente a lo expuesto, nos sumamos al llamado del movimiento indígena por que se dé inmediatamente un proceso de investigación transparente, se capture a los culpables, se desmilitarice la zona y que el Estado, invierta en el crecimiento económico de las comunidades de la zona.

Lamentablemente, el asesinato de Santiago Contoricón se suma a una larga lista de defensores y defensoras asesinados en los últimos años, que han significado que Perú se convierta en unos de los diez países más peligrosos en el mundo para la defensa del ambiente y el territorio. Por ello, exigimos una efectiva implementación del Mecanismo Intersectorial de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos, con la debida dotación de recursos para garantizar los derechos de defensores y defensoras, y con participación real de todos los sectores que lo incluyen. Demandamos la aprobación de los «Lineamientos de Actuación para la implementación de medidas de protección» a cargo del Ministerio del Interior y tomar medidas desde el más alto nivel para asegurar la protección de defensores indígenas en nuestro país.

En señal de adhesión, firmamos las siguientes organizaciones:

  1. Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS)
  2. Fundación Ecumenica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ)
  3. IDLADS Perú
  4. OXFAM
  5. Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)
  6. Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático – MOCICC
  7. Red Muqui
  8. Paz y Esperanza
  9. Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP)
  10. GRUFIDES
  11. Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)
  12. Asociación Servicios Educativos Rurales, SER,)
  13. Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF)
  14. Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH)
  15. PROÉTICA
  16. Kené Instituto de Estudios Forestales y Ambientales
  17. Instituto del Bien Común (IBC)
  18. Instituto de Defensa Legal (IDL)
  19. Grupo Impulsor de Mujeres y Cambio Climático (GIMCC)
  20. Cooperacción- Campaña Nacional Permanente Defensores y Defensoras

 

 

 

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Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOGEZ)

CIPOG-EZ denuncia falsas acusaciones

Comunidad De Alcozacan, Municipio de
Chilapa de Álvarez a 13 de abril 2023
ASUNTO: falsas acusaciones del obispo
emérito, amigo del narco.

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional

A la Comisión Sexta del EZLN

Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno

A los Pueblos del Mundo que resisten la hidra capitalista

A los Pueblos, Tribus, Naciones, Comunidades y Barrios

Originarios que nunca fueron conquistados

A la Sexta Nacional e Internacional

A las Redes de Resistencia y Rebeldía

A la Europa Insumisa, Digna y Rebelde

A quienes firmaron la Declaración por la Vida

A los medios libres, independientes, alternativos o como se
llamen…

A los medios de Comunicación y

Al pueblo en general

El Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) es objeto nuevamente de ataques y calumnias, nosotros como promotores y Defensores de Derechos Humanos y en coordinación de autoridades comunitarias, comisarios, policías comunitarios de las CRAF-PC-PF y pobladores de las comunidades negamos categóricamente las acusaciones realizadas por el OBISPO EMERITO SALVADOR RANGEL, personaje de escasa calidad moral, que cuenta con una entrañable cercanía a los grupos criminales de Guerrero, y que existen infinidad de declaraciones de su propia voz que así lo demuestran, realiza señalamientos nuevamente contra nuestra organización, por ser quienes hemos puesto alto al grupo criminal de los Ardillos en nuestro territorio, territorio liberado de grupos criminales, nuevamente abre la boca para injuriar en contra de nosotros, acusándonos de los supuestos asesinatos de un ex director y un oficial
municipal de tránsito.

Es de dominio publico la forma en que se conduce este personaje quien pacta con el mejor postor y se exalta de ser amigo de lideres y jefes de plazas en la entidad, todo esto con la seguridad de no ser investigado por las autoridades que debieran de fincarle responsabilidades por todas y cada una de sus declaraciones de propia voz a los medios de comunicación, que en cada una señala actos constitutivos de delitos, con la seguridad de sentirse intocable por ser un representante, un mal representante, de la iglesia católica en la entidad, que actúa de manera contraria a los principios de a quien dice venerar.

Por lo cual exigimos alas autoridades competentes que finquen responsabilidades sobre esta persona que descaradamente manifiesta pactar con los grupos de la delincuencia organizada, que negocia las plazas para no perder ingresos.

En cuanto a las acusaciones realizadas le exigimos al OBISPO EMERITO SALVADOR RANGEL, que, si tiene pruebas para acreditar sus dichos, las presente en la instancia correspondiente, demostrado que, al no tener pruebas acredita que solo hace señalamientos sin tener la certeza y difamando, o dos, si las tiene y no la hace publicas es cómplice de asesinato de personas.

Nosotros nos deslindamos de los asesinatos que ha señalado, en primer término, nosotros no tenemos control ni podemos entrar a la Ciudad de Chilapa de Álvarez, cabecera del municipio del mismo nombre, que es un bastión del grupo paramilitar “los Ardillos” quienes tienen controles de acceso en la ciudad, cuyos lideres son amigos del mismo obispo emérito, lugar donde ocurrieron dichos asesinatos, y que dichos crímenes, tratan de achacarnos debido a las denuncias públicas que realizamos, mismos crímenes que obedece a la finalidad de no dejar cabos sueltos, sobre la función de Halcones que realiza la policía municipal de Chilapa para “los Ardillos”, desconocemos si este supuesto asesinato de policías de tránsito corresponde al mismo policía de tránsito que fungió como “halcón” y quien diera aviso al sicario que asesino a nuestros compañeros los promotores de Derechos Humanos, cabe aclarar que no fungían como policías comunitarios, eran promotores de Derechos Humanos, GUILLERMO HILARIO MORALES quien contaba con medidas por acciones urgentes del COMITÉ CONTRA LA DESAPARICIÓN FORZADA (CED, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU), ADAN LINARES SILVERIO (Beneficiario del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas a cargo de la Secretaria de Gobernación, en la cual sus Medidas de protección fueron modificadas y disminuidas por el Mecanismo; nunca se les notifico de dicha revisión de medidas y omitieron generar la evaluación de riesgo y MOISES CUAPIPISTENCO este último compañero que capto la imágenes que lograron evidenciar el actuar de la policía municipal de transito al servicio de los “Ardillos».

Cabe aclarar que nosotros nos regimos por los siete principios del zapatismo, para construir un mundo donde quepan todos los mundos, en ese tenor de ideas nosotros buscamos justicia, no venganza.

¡NO NOS RENDIMOS!

¡NO NOS VENDEMOS!

¡NO CLAUDICAMOS!

¡VIVAN LAS COMUNIDADES QUE SE ORGANIZAN!

¡NUNCA MÁS UN MEXICO SIN NOSOTROS!

ATENTAMENTE
Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOGEZ)

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Latino Rebels

La lucha de los mayas contra el Tren Maya en México

Por Diego Estebanez García

MADRID – A menudo se hace referencia como un “proyecto faraónico” y, en efecto, el Tren Maya que se está tendiendo a través de la península mexicana de Yucatán puede compararse con las obras de los faraones del antiguo Egipto.

El Tren Maya es un plan de infraestructuras que abarca 1500 kilómetros, atraviesa cinco Estados mexicanos y 41 municipios, y tiene siete tramos. Se calcula que costará unos 230.000 millones de pesos mexicanos, unos 12.700 millones de dólares.

El Tren Maya es la gran apuesta en infraestructuras del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Su gobierno asegura que el proyecto ha traído ya más de 100.000 empleos y que impulsará el desarrollo de una región históricamente olvidada de México a través de la atracción de turismo.

AMLO tiene como prioridad que el tren esté terminado para finales de 2023, tanto que este año aumentó su presupuesto en casi 116 por ciento. Ahora costará 146 mil millones de pesos (8 mil millones de dólares) terminar las obras que, en este momento, llevan casi 44 por ciento de avance según la Secretaría de Turismo.

No obstante, el proyecto que inició en 2018 ha desatado polémica y enojo de diversos grupos, como ambientalistas, biólogos y académicos, e incluso de la sociedad civil. Pero uno de los grupos más ignorados en esta lucha contra el megaproyecto, que es sólo una parte del más grandioso Plan Nacional de Desarrollo de AMLO, es el pueblo maya que llamó a Yucatán su hogar por más de mil años.

“No es un tren, ni es maya”, afirma Ángel Sulub, activista maya y miembro del Congreso Nacional Indígena, un movimiento nacional de pueblos indígenas de todo México. El grupo se fundó en 1996 tras el levantamiento zapatista en el sureño estado de Chiapas dos años antes.

Sulub se encuentra en Madrid una tarde de mediados de marzo dando una conferencia sobre el riesgo y los peligros que supone el proyecto del tren no sólo para el medio ambiente o los yacimientos arqueológicos locales, sino para el propio pueblo maya y su forma de vida.

“Es un megaproyecto que articula muchos otros proyectos extractivos que ya están en la península”, explica.

Ángel Sulub, activista maya y miembro del Congreso Nacional Indígena, durante una reciente conferencia sobre las numerosas preocupaciones, tanto medioambientales como humanas, que rodean al proyecto mexicano del Tren Maya, Madrid, España, jueves 16 de marzo de 2023 (Diego Estebanez García/Latino Rebels)

Mientras muestra una presentación que detalla la historia de la lucha del pueblo maya a lo largo de las décadas, Sulub también recita cómo se han puesto en marcha las iniciativas de desarrollo desde los años 70, cuando Cancún y Playa del Carmen pasaron de ser pequeños pueblos pesqueros a los grandes reclamos turísticos al dia de hoy.

“En este contexto de 53 años de políticas que apuntan hacia el hiperturismo, se han desmantelado las prácticas tradicionales de pueblos como la Milpa Maya”, afirma.

Y no sólo se han visto afectadas las prácticas tradicionales. El turismo masivo ha provocado una destrucción a gran escala del mundo maya durante décadas.

“Está la agroindustria, que ha devastado gran parte de la selva y ha contaminado terriblemente el agua y el suelo, con el uso de agroquímicos que están presentes en el agua, incluso en la leche materna y en la orina de los niños, según los últimos estudios que se han realizado. Especialmente con el glifosato de Monsanto”, explica Sulub.

El movimiento popular maya teme que esto no haga más que agravar la situación. Los daños al medio ambiente en la zona de la Riviera Maya han sido ampliamente documentados, especialmente debido a la reciente construcción del Tren Maya. Oficialmente, el gobierno afirma que se han talado 3,4 millones de árboles para construir las vías del tren, aunque los grupos conservacionistas afirman que la estimación real podría rondar los 10 millones, todo ello a pesar de las promesas del presidente de que ningún árbol se vería afectado.

“Hay una producción increíble de madera, sobre todo la que se está serrando para la construcción. Vemos restos de árboles gigantes de caoba, y no sabemos qué se está haciendo con ellos. Vemos árboles de caoba, de zapote, de ceiba y de granadillo, que son muy valiosos y caros en el mercado y, la verdad, nadie sabe qué está pasando”, dice Sulub.

Funcionarios del gobierno han explicado en el pasado que en realidad no se han talado todos los árboles. Algunos se han trasladado a otros lugares, y dicen también que por cada árbol talado se plantará uno. También afirman que la madera se está utilizando como fertilizante orgánico.

Un referéndum en duda

En diciembre de 2019 se realizó un referéndum por parte del gobierno mexicano para consultar a los pueblos indígenas sobre la construcción y desarrollo del proyecto. Se dice que participaron unas 10.000 personas, de unas mil comunidades indígenas.

El resultado fue una aprobación abrumadora de más del 90 por ciento, aunque la votación fue criticada por grupos de la oposición e incluso denunciada por el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Sulub afirma que no hubo una verdadera campaña de información sobre las repercusiones negativas que tendría el proyecto, y se denunció la falta de participación de los grupos indígenas.

Sulub afirma que, en realidad, aunque el Tren Maya goza de un fuerte apoyo entre los mexicanos que viven dentro de los cinco estados implicados, una gran parte del pueblo maya está en contra o expresa su preocupación por las consecuencias negativas a largo plazo que tendrá el tren.

“No podemos decir con certeza cuánta gente está en contra de este proyecto. La mayoría de la población dentro de la Península de Yucatán está a favor, pero esa aprobación hay que analizarla con su complejidad. Esa gente que en su mayoría está a favor, lo único que sabe es que necesita trabajo. El argumento de los empleos ha sido muy poderoso porque hay mucho empobrecimiento en la zona”, explica Sulub.

Uno de los principales argumentos del movimiento indígena contra el modelo de desarrollo “neoliberal”, que se ha implantado en toda la región, es que los únicos empleos que se ofrecen a los mayas son los de servidumbre.

Para los propios mayas significa convertirse, una vez más, en lacayos de una poderosa industria turística que se aprovecha y explota laboralmente a través de salarios indignos, falta de seguridad social y condiciones de vivienda deprimentes marcadas muchas veces por el hacinamiento infrahumano. Emigran de sus comunidades a las ciudades y se enfrentan a una realidad para la que no estamos preparados: inseguridad, delincuencia, trata de seres humanos”, afirma Sulub.

Añade que los impactos negativos inmediatos de las obras, así como los problemas relacionados con las drogas y la violencia que rodean a las grandes ciudades de Quintana Roo, son una gran preocupación para los mayas que viven en el sur de la península, quienes temen que esas miserias se extiendan a sus zonas.

“Existe el temor de un debate frontal en torno a estos temas, como los impactos ambientales o la violencia. Porque cuando vamos a las comunidades, hablamos con los ancianos sobre la devastación de la selva, y nos dicen: ‘No queremos eso’. Y hablamos con las madres de familia y nos dicen: ‘No quiero que mis hijas vivan lo que se vive en Cancún’, refiriéndose a la ola de narcoviolencia y feminicidios. Pero no hay protestas ni críticas directas”, se queja Sulub.

Militarización e intimidación

Este temor generalizado entre la población maya puede deberse a un cambio en la estrategia de seguridad que AMLO ha implementado en todo el país. La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) se ha visto reforzada en los últimos años, abarcando desde la administración y construcción del aeropuerto más nuevo de Ciudad de México, el Internacional Felipe Ángeles, hasta la recién creada Guardia Nacional y la estrategia general del país para combatir a los cárteles de la droga.

Aunque al principio el ejército mexicano sólo se encargaba de la seguridad del proyecto, con el tiempo los militares han ido adquiriendo un control cada vez mayor sobre el mismo, llegando incluso a convertirse en los constructores de los próximos sexto y séptimo tramos de la vía férrea y de parte del quinto, después de que la empresa Grupo México abandonara el proyecto el año pasado debido al apretado calendario del gobierno. Ahora el ejército se convertirá en el administrador y operador general del Tren Maya una vez que comience a funcionar. El Secretario de Turismo anunció que los ingresos del tren se destinarán directamente al fondo de pensiones de los soldados.

“Es una continuación de la militarización que reprime la disidencia de las comunidades indígenas, que comenzó con el Movimiento Zapatista en 1994 y que llega hoy en forma de este tren”, dice Sulub, quien también sostiene que la intimidación contra los compañeros activistas se ha intensificado durante la actual administración.

Él y otros mayas también se sienten defraudados por el sistema judicial en su lucha contra este proyecto. Aunque se han presentado más de 30 recursos judiciales contra la continuación y el desarrollo de las obras por parte de grupos ecologistas como Selvame del Tren, debido a la falta de estudios ambientales o de permisos para el cambio de uso del suelo, entre otras cosas, el gobierno ha encontrado la manera de continuar con el proyecto.

La última decisión judicial fue la suspensión total de la construcción del quinto sector del ferrocarril por falta de un permiso. Sin embargo, para los activistas mayas, el daño ya estaba hecho.

Una de las estrategias del gobierno es promover el trabajo comunitario que se realiza junto al proyecto del Tren Maya.

Una plataforma internacional

Aunque Sulub ve la lucha como la de David contra Goliat, no tiene intención de rendirse. Vino a Madrid en marzo para explicar a los españoles la implicación de la principal compañía ferroviaria española, Renfe, que ha asesorado el proyecto. Subraya lo que puede ayudar a la causa hablar de la implicación de empresas extranjeras.

“Las empresas intentan mantener su reputación y su estatus en la comunidad europea, y están participando en un proyecto que está violando los derechos humanos, que está cometiendo un ecocidio”, afirma. “Debemos trabajar colectivamente. Hay empresas de Portugal, China, Francia, España que participan en un megaproyecto que viola los derechos humanos.”

Las presiones han llegado desde dentro y fuera de México. Incluso el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha hablado continuamente de los problemas medioambientales.

En las últimas semanas, un tribunal civil reunido en la ciudad de Valladolid, en el estado de Yucatán, llamado Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza -formado por expertos, activistas y conservacionistas de varias partes del mundo- señaló las diversas violaciones cometidas contra las comunidades mayas por el Tren Maya.

En su veredicto, el tribunal, cuyo propósito es investigar las luchas climáticas en todo el mundo, afirmó que el megaproyecto pone a los ecosistemas y a las comunidades mayas en grave peligro de destrucción, y acusó al gobierno mexicano de violar los derechos de la naturaleza, los derechos humanos individuales y colectivos, y los derechos bioculturales del pueblo maya, configurando así delitos de “ecocidio y etnocidio”.

“Tenemos que articular nuestro movimiento no sólo dentro de nuestras comunidades y territorios, sino también a nivel internacional, para que la demanda venga de todas partes, para poder sacudir el sistema económico y político que realmente está detrás de este proyecto”, dice Sulub.

***

Diego Estebanez García es un periodista mexicano afincado actualmente en Madrid. Su trabajo ha aparecido en El País y El Periódico. Twitter: @DEstebanezG

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Campaña internacional "Semillas que florecen. Justicia para Bety y Jyri"

A Bety Cariño, quien cumpliría 50 años este 8 de abril de 2023

El 8 de abril de 2023, Alberta “Bety” Cariño Trujillo cumpliría 50 años. Fue asesinada el 27 de abril de 2010, cuando paramilitares emboscaron a una caravana en su camino a la comunidad indígena de San Juan Copala, Oaxaca, México. En el ataque murió también Jyri Jaakkola, un activista finlandés, y varias personas resultaron heridas.
Recordamos a Bety con esta video-entrevista y seguimos exigiendo justicia:
Sembrando sueños, cosechando esperanzas: Bety Cariño

Campaña internacional “Semillas que florecen. Justicia para Bety y Jyri”

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Noticias de Abajo ML

Noticias de Abajo – 1 de abril 2023

(Descarga aquí)  

Internacionales

  • FRANCIA: Francia en llamas. Macron intenta aplastar el movimiento contra la reforma de las pensiones con violencia letal. Crónica de la última semana de movilizaciones y revueltas. Crimethinc
  • ESTADO ESPAÑOL: Rapero Pablo Hasel es imputado con nuevos cargos para mantenerlo en prisión, carta desde el encierro. Fuente: Menos Lobos
  • PANAMÁ: Acciones populares contra la minería metálica del movimiento Panamá Vale Más Sin Minería. Realizan foro y movilizaciones. Fuente: Radio Temblor
  • ECUADOR: Gobierno Ecuatoriano interviene en favor de la empresa Chevron para detener las reparaciones en favor de comunidades amazónicas. Fuente RadioMundoReal

Locales

  • PUEBLA: Frenan intento de encarcelar a Miguel López, defensor del agua y comunicador comunitario amenazado por funcionarios de la administración del agua en Puebla. Fuente: Desinformemonos
  • CHIHUAHUA: CRIMEN DE ESTADO: 41 migrantes mueren calcinados en centro de detención del Instituto Nacional de Migración, Gobierno de la república culpabiliza las víctimas.
  • OAXACA: La justicia no llega a dos años del asesinato del defensor Jaime Jiménez en Oaxaca, defensor del territorio de Paso de la Reina e integrante del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del río verde. Fuente: Educa

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Avispa Midia

Gobernadores de México se comprometen con la transición energética promovida por EEUU

Fuente: Avispa Midia

Por Renata Bessi

En la conferencia de prensa semanal del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, que se realizó lunes (27), en la Ciudad de México, el mandatario informó que serán construidos cuatro parques eólicos adicionales en el Istmo de Tehuantepec, sin mencionar las localidades. Hoy existen 28 parques en la región.

La construccción fue uno de los compromisos establecidos, durante la reunión de la sexta Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) realizada semana pasada en Oaxaca, con la presencia de los representantes de Estados Unidos (EEUU), el enviado especial presidencial para el clima de EEUU, John Kerry, y el embajador del país en México, Ken Salazar. Es la primera vez que funcionarios de Estados Unidos participan de la Conago.

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El tema principal de la reunión fue la “transición energética” y la colaboración con los Estados Unidos. “Expresamos nuestro compromiso en el combate al calientamiento global y ratificamos nuestra voluntad, de los 25 gobernadores, de consolidar y profundizar la colaboración con los Estados Unidos en este tema”, dijo Jara Cruz quien funge como presidente de la Conferencia.

Particularmente, Oaxaca “quiere sumar su potencial y su posición geoestratégica para coadyuvar a cumplir los objetivos de la Cumbre de Líderes de América del Norte y colocar a la región a la vanguardia en materia de desarrollo económico sostenible”.

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Jara Cruz señaló que el Istmo de Tehuantepec, con el proyecto del Corredor Interoceánico, es el lugar donde se “comenzará una nueva etapa de la construcción de nuestro (EEUU y México) futuro compartido”.

Durante la reunión acordaron “continuar el diálogo y trabajar conjuntamente para promover inversiones verdes y desarrollar el sector de las energias limpias”.

Esta es la séptima vez, en un poco más de un año, que el enviado especial para el clima aterriza en México. Eso muestra la “importancia que tiene la relación” entre EEUU y México, dijo el embajador Ken Salazar.

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La gira de Kerry a México – que incluyó visita a Guelatao, en razón del natalicio de Benito Juárez, y al Istmo para revisar las obras del Corredor Transístmico – acarreó protestas de colectivos, pueblos y movimientos en diversas partes de Oaxaca y en Ciudad de México, en rechazo al proyecto del Corredor Transístmico.

Deseo de liderar

Antes que hablara Kerry a los gobernadores de México, el embajador tomó la palabra y presentó al funcionario estadunidense como “líder” mundial en el tema climático. “El presidente (Joe) Biden, cuando escogió Kerry para que fuera el líder de nosotros, en todo el mundo, en materia de cambio climático, sabía lo que estaba haciendo porque Kerry ya lleva muchísimos años de su vida trabajando en este asunto”.

En un comunicado emitido por la embajada de los Estados Unidos, Salazar reafimó los esfuerzos del país en la búsqueda de liderar mundialmente la “transición energética”. “El presidente Biden está comprometido con esta agenda climática para consolidar el liderazgo de los Estados Unidos en la lucha contra el cambio climático y hacia las energías renovables”.

Dictando línea

Antes de la Conago, Salazar y Kerry se reunieron con López Obrador y con el director de la mexicana Comisión Federal de Electricidad (CFE) de México, Manuel Bartlett.

Bartlett expresó, en una conferencia de prensa ofrecida en conjunto con Salazar, que “vamos a hacer un análisis más amplio, debemos dar la información sobre qué estamos haciendo, cuánto estamos produciendo, cuánto estamos generando y con esos datos adicionales tendremos una reunión en un par de meses, dos o tres meses”.

Ya Salazar fue más enfático. “Ojalá que estas reuniones que se están proponiendo, con todo respeto, Manuel, lo debemos hacer más pronto que en dos o tres meses. Ojalá que tengamos esta reunión, donde tú vengas a Washington y ponernos en plan de más acción”, expresó Salazar.

El embajador dijo que, desde la primera visita del enviado especial Kerry a México, han “tenido avances”, pero “el trabajo no se puede quedar en la mesa, sino que tenemos que profundizarlo y llevarlo a la realidad”.

Entre los temas tratados, según informó López Obrador en su conferencia de prensa matutina, está la construcción de por lo menos tres plantas adicionales de energía solar en Sonora, con una inversión de 5 mil millones de dólares. También abordaron el programa de rehabilitación de las hidroeléctrica en todo el país. México asumió el compromiso de producir el 35% de la energía con renovables para el 2024.

La visita de Kerry a México ocurrió durante las consultas que inició el gobierno de Estados Unidos, el año pasado, dentro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) para cuestionar la política energética del gobierno de López Obrador.

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Avispa Midia

2022: año más violento para la prensa en México desde 2007

Fuente: Avispa Midia

En el informe anual Voces contra la Indiferencia de Artículo 19, la organización registró 696 ataques contra la prensa en México en el año 2022, convirtiéndos en el año más violento para la labor periodística desde que la organización inició el registro de agresiones, en 2007.

Fueron registrados 12 periodistas asesinatos lo que también sella el año más letal para la prensa junto con 2017. “México se posiciona como el país más letal para ejercer el periodismo en el continente, incluso con cifras similares a las de países en guerra”, sostuvo la organización.

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Artículo 19 expuso, durante presentación del informe en el Museo de Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México, que las agresiones contra periodistas alcanzan una frecuencia de una cada 13 horas, donde la mayoría son cometidas por autoridades. De los casos documentados, 296 (42.53%) fueron perpetrados directamente por actores del Estado, es decir, cuatro de cada diez.

En el panorama nacional, las cinco entidades federativas con más casos de ataques contra la prensa en 2022 fueron la Ciudad de México, Yucatán, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz, en ese orden.

El informe revela que, a lo largo del gobierno de López Obrador, los ataques contra la prensa han constado, mayoritariamente, de amenazas, intimidación y acoso. En 2022, al igual que en los últimos tres años, las agresiones más comunes contra periodistas y medios de comunicación fueron: intimidaciones y hostigamientos, con 181 casos.

Registró que, en 2022, en al menos 176 ocasiones el Ejecutivo vertió comentarios estigmatizantes a medios de comunicación, periodistas e, incluso, organizaciones de la sociedad civil. De estos 176 hechos, 44 se configuraron como ataques contra la prensa, de los cuales 33 fueron cometidos directamente por el titular del Ejecutivo federal.

De forma paralela a la estrategia de ataque verbal por parte del gobierno federal, el reporte también insiste en que la concentración de recursos y la discrecionalidad en los criterios de asignación de publicidad oficial da pie a la manipulación de las líneas editoriales de los medios en México.

Datos del informe refieren que el año pasado tan solo diez empresas de comunicación recibieron el 54.8% del total del gasto en publicidad oficial, donde cerca del 30.6% se entregó a La Jornada, Televisa y TV Azteca.

En 2022, el Congreso desacató la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de atender las deficiencias de la Ley General de Comunicación Social y optó por reglamentar de manera deficiente la publicidad oficial y dar continuidad a la hiperconcentración del gasto en comunicación social.

Militarización y espionaje

El informe también da cuenta de las preocupaciones sobre la militarización del país y la opacidad que ronda a las fuerzas armadas, particularmente en torno a acciones de espionaje como herramienta de intimidación y amenaza en contra de periodistas y defensores de derechos humanos que han sido reveladas en meses pasados por grupos ‘hacktivistas’.

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También se señala que el hackeo a SEDENA ha sido utilizado como pretexto para reactivar discusiones al interior del Legislativo e impulsar leyes de ciberseguridad restrictivas de los derechos humanos e inhibitorias de la libertad de expresión.

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Asimismo, refiere que las instituciones civiles de seguridad y justicia tuvieron un presupuesto 271% menor al del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, militarizada en 2023.

Sin respuesta

Conforme a los datos proporcionados por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), desde 2010, año de su creación, hasta diciembre de 2022, de un total de 1,592 indagatorias por crímenes contra periodistas, se han obtenido únicamente 32 sentencias, contando las cuatro logradas el año pasado.

Durante 2022, la mayor parte de las designaciones de titulares de diversos organismos públicos quedó pendiente. El año cerró con 23 procesos inconclusos. De cara a este año existe un acumulado de 16 procesos pendientes, incluidos los del Instituto Nacional Electoral (INE) o los del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

En este mismo sentido, Artículo 19 señala la utilización facciosa de organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). La CNDH ha demostrado, según Artículo 19, una preocupante parcialidad y falta de autonomía durante el sexenio actual.

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Incompleta, libertad de Miguel López Vega; llaman a no bajar la guardia

Por Renata Bessi | Avispa Midia

En portada: Miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Puebla, Morelos y Tlaxcala, se movilizaron a las afueras de la Casa de Justicia, en Cholula, para exigir un alto a la criminalización contra el defensor del río Metlapanapa.

La Comisión Estatal del Agua de Puebla (CEA) concedió, en audiencia realizada ayer miércoles (29) en la Casa de Justicia de San Andrés Cholula, el “perdón” por dos de los tres cargos que levantó en 2020 contra el indígena náhuatl Miguel López Vega, defensor del río Metlapanapa. El río es amenazado por la contaminación de descarga de aguas residuales del parque industrial de la Ciudad Textil Huejotzingo.

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Los cargos son consecuencia de manifestaciones de la comunidad de Santa María Zacatepec, en 2019, contrarias a los trabajos de drenaje industrial y pluvial del parque industrial, obra que está siendo investigada por la Fiscalía Anticorrupción por desvío de recursos.

Los dos cargos “perdonados” fueron: oposición a ejecución de una obra pública y ataques a la seguridad en los medios de transporte. “Dicen ellos que me perdonan, como si yo fuera un delincuente (…). No es que esta dependencia (la casa de justicia), un monumento a la corrupción, esté apoyándonos como pueblos originarios (…), mas bien fue la forma que encontraron de desistir, porque no encontraron pruebas de que somos criminales”, declaró López Vega, que es concejal del Congreso Nacional Indígena (CNI) e integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Puebla, Morelos y Tlaxcala (FPDTA-PMT).

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