Fuente: Avispa Midia

Por Ñaní Pinto

Fuente: Avispa Midia

Por Renata Bessi

^{En portada: María Dolores y su esposo en su hogar, a pocos pasos del trazo del tramo 6 del Tren Maya. Foto: Santiago Navarro F}

Bacalar, en el estado de Quintana Roo, fundada por los mayas en el año 415 d.c., fue uno de los principales centros de resistencia del pueblo Maya contra la colonización española. Hoy, los vestigios monumentales de la antigua ciudad maya de Ichkabal, los más antiguos de esta civilización que se conocen hasta ahora, y su Laguna de Siete Colores atraen turistas de diversas partes del mundo, quienes ocupan los hoteles y restaurantes que forman una especie de muralla alrededor de la laguna, restringiendo su acceso a los que pueden consumir los diversos servicios.

A unos pocos kilómetros del alboroto turístico, el equipo de Avispa Mídia se internó por pequeñas brechas en el bosque tropical, que aún sobrevive en las orillas del municipio, para encontrarse con el trazado por donde pasará el Tren Maya, la megaobra estrella del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Este proyecto “fortalecerá la integración de cadenas productivas en la península de Yucatán”, según argumentan los documentos oficiales del gobierno, y atraerá aún más turistas para la región, a pesar de los cortes frecuentes de energía, la falta de agua y el drenaje colapsado.

Después de caminar alrededor de quince minutos, aparece una gran brecha de 60 metros de ancho con una largura que parece infinita. A las orillas yace parte de la vegetación moribunda, el resto fue retirado hacia un paradero desconocido. La brecha fue rellenada con una capa de arcilla arenosa conocida como sascab y compactada más de una vez. Todo está listo para la siguiente fase que es el tendido de las vías, los durmientes y el balasto que cargará los vagones del tren que cruzará por esta región.

De pronto, a lo largo de la brecha, aparece una humilde casa, como si hubiera bloqueado la línea recta del desmonte. Sobrevivió al ir y venir de la maquinaria pesada que devastó miles de árboles a su paso. La casa pertenece a una mujer maya llamada María Dolores Olvera Chi, de 38 años, donde vive con su familia, su esposo y dos hijos, desde hace12 años.

La resistencia de esta familia es lo que aún mantiene la casa en pie. “A nosotros nos quieren sacar de nuestro hogar bajo amenazas. Vienen personas y nos amenazan para que salgamos, nos dicen que van a reubicarnos, que agarremos lo más necesario de nuestras cosas y que nos van a llevar”, cuenta María para Avispa Mídia, sosteniendo que personas del propio Ejido de Bacalar y, otras veces, personas que no se identifican son quienes les amedrentan.

Un día después que el equipo de este reportaje estuvo con María y su esposo, personas vestidas de militares fueron a su casa amenazándoles nuevamente con que se retiraran. Pero ella afirma que va a defender hasta las últimas consecuencias estas tierras.

No obstante, este gran proyecto avanza a marchas forzadas. Esta región comprende el tramo 6, previsto para estar listo para operar a finales de 2023. Es uno de los tres tramos del Tren Maya que están bajo administración de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

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El tramo 6 del Tren Maya posee una longitud de 250.84 km y 4.66 km de gaza de conexión con el Tramo 7, dando un total de 255.50 km, entre las ciudades de Tulum y Chetumal, en Quintana Roo. La línea ferroviaria es de doble vía, considerada para tráfico mixto, de pasajeros y de carga. Las locomotoras viajarán a velocidades máximas de 160 km/h para trenes de viajeros y mínima de 85 km/h para los trenes de mercancías. Pasará por las poblaciones de Nuevo Progreso, Pedro Antonio Santos, Limones, Miguel Hidalgo y Costilla, San Isidro de la Laguna, Buenavista, Caan Lumil, Bacalar, Aarón Merino y Cuauhtémoc, mismas que integran la región prioritaria de influencia del proyecto ferroviario.

El proyecto suma una superficie de 1,582.13 has., de acuerdo con estudio de Greenpeace, sin considerar otras obras vinculadas, como pasos vehiculares, obras de drenaje, campamentos, centros de acopio y subestaciones. El Tren Maya, en sus siete tramos, tendrá un recorrido de mil 525 kilómetros, pasará por los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

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“A nosotros nadie nos avisó, nadie nos notificó sobre las obras del tren. Un día, hace cuatro meses, nos despertamos y vimos que personas estaban derrumbando los árboles. Nos acercamos para preguntar porque estaban derrumbando y fue cuando la gente que estaba trabajando nos dijo que iba a pasar el tren”, se acuerda María con gran tristeza.

Un día, sin pedir permiso, llegaron a mover la cerca que delimita la propiedad de María. “Salimos a hacer compras, cuando regresamos habían movido la cerca, disminuyendo nuestras tierras. Mi esposo la puso nuevamente”, cuenta esta mujer Maya. Mientras, sus vecinas fueron abandonando sus predios una a una. “Quién sabe para dónde fueron. No sabemos”, agrega María.

Trabajan día y noche en la construcción de la vía. Deforestaron toda el área. Tumbaron todo lo que había, rasparon la tierra negra, característica del bosque tropical, y trajeron una tierra de color amarillo claro, rellenaron y aplanaron la vía. Cerca de la casa de María, alrededor de un kilómetro, está la construcción de lo que está previsto para ser la estación de pasajeros de Bacalar.

Cuando María se dio cuenta de lo que significaba el proyecto que se desarrolla frente a su vivienda, inmediatamente se dirigió a la casa ejidal de Bacalar. “Nosotros compramos las tierras del ejido. Tenemos papeles firmados y sellados por ellos (los ejidatarios). Como compramos de ellos tenían la responsabilidad de notificarnos. Teníamos todo el derecho de saber lo que se avecinaba”, comparte María con cierta rabia.

Tampoco los intentos hechos por la familia directamente en la casa ejidal han resultado en la apertura de un canal de diálogo. “No hay ninguna comunicación. Ellos se cierran a nuestras preguntas. No se prestan para hablar con nosotros, se nos cierran las puertas. Nos dan vueltas. Dicen cosas, pero no hay una respuesta concreta. Nos tratan con la punta del pie”, agrega María.

María y su familia no piensan en salir de su casa. “Estamos firmes. No queremos dinero, tampoco queremos ir a otro lugar. Esta casa tiene un valor muy especial. Empezamos de cero. Primero con una casa de maderita y fuimos luchando poquito a poquito. Es muy triste ver todo esto que, de repente, vengan y te digan, no, pues tienen que salir de tu casa” y, además, “destruyen nuestros arbolitos, alejan a los animalitos que aquí vivían, como las guacamayas, los loritos, los venaditos, el jaguar”.

La mayor parte del bosque que se destruyó es conformada por “arbolitos como estos”, exclama María al señalar una Ceiba, que aún sobrevive en su patio. Es considerado por el pueblo Maya como el árbol divino, el de la vida. “Es el árbol que nos conecta con los dioses”, comparte con certeza.

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De los 1,582.13 has. que suma la superficie del proyecto, 92.22% es considerado como terreno forestal para cambio de uso de suelo. Alrededor de 1,388 hectáreas son de Selva Mediana Subperennifolia, 48.0989 hectáreas son consideradas como terrenos forestales que sostienen vegetación del tipo Selva Baja Subperennifolia, así mismo se consideran 15.3584 hectáreas de Tular y 6.6751 hectáreas de Manglar.

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¿Qué pasó con las tierras?

Las tierras para el proyecto fueron vendidas por el Ejido Bacalar al gobierno federal. Fueron consideradas de utilidad pública y expropiadas. El decreto fue publicado recientemente, el 26 de junio de 2023, en el Diario Oficial de la Federación, junto con otros cinco decretos de expropiación en favor de Fonatur Tren Maya SA de CV, que inciden en tierras de otros cinco ejidos del municipio de Bacalar y uno en el municipio de Othón P. Blanco.

De acuerdo con el decreto de expropiación, el 9 de julio de 2022, en asamblea general, los 167 ejidatarios del Ejido Bacalar aprobaron el convenio de ocupación previa con Fonatur, respecto de las tierras de uso común que comprenden la superficie de 56 hectáreas, 80 áreas y 44 centiáreas.

El 14 de septiembre de 2022, Fonatur solicitó a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), la expropiación, por causa de utilidad pública.

A los integrantes del comisariado del Ejido Bacalar se les notificó el 11 de febrero de 2023, la solicitud de expropiación y la superficie a expropiar. De acuerdo al documento, se les informó que contaban con 10 días hábiles para que “manifestaran lo que a sus intereses conviniera”. En dicho plazo no realizaron manifestaciones.

El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) emitió, el 21 de diciembre del 2022, una evaluación en la cual determinó que el monto total de indemnización, con base en el valor comercial, asciende a $150 millones y 276 mil pesos.

Va porque va

El ejidatario Luis Chimal Balam, autoridad agraria que estuvo al frente de las negociaciones con el gobierno federal, dijo para el equipo de Avispa Mídia que el pago por las tierras ya fue realizado. “Nos pagaron lo que pedimos”, comenta.

El ejidatario se acuerda que, en el inicio de las negociaciones, en 2020, el gobierno federal envió al ejido a varios representantes de diversas instancias gubernamentales. “Incluso un teniente fue enviado para negociar. Nos dijo que iban a depositar el dinero de la expropiación en el banco. Nos dijo: ´cuando ustedes quieran lo pueden cobrar, y si no lo quieren, no lo cobren. El tren va a pasar, porque va a pasar´”, se acuerda.

Entonces, “les dijimos que estaban equivocados, que no era así, que nos iban a dar lo que nosotros pidiéramos; no porque somos gente humilde nos van a venir a humillar, no se equivoquen, les dijimos”.

Así que se abrió un proceso de negociación de cuatro reuniones, “hasta llegar a un arreglo”.

El ejidatario admite que el Tren Maya “no nos va a beneficiar; nos dijeron que iba a dar trabajo a la gente del pueblo, no hubo nada”.

Sin acuerdo

Uno de los puntos que los ejidatarios quisieron negociar con el gobierno federal, sin lograrlo, como moneda de cambio para el avance del Tren Maya, fue que se resolviera el litigio en que se encuentran 368 hectáreas en torno a la Laguna de los Siete Colores.

En 1971, se decretaron 368 hectáreas de las tierras del ejido, que están alrededor de la Laguna, a favor del gobierno del Estado. Y el gobierno las vendió, “para puros políticos y funcionarios de gobierno”, lo que permitió la privatización de gran parte de las orillas de la Laguna. Los ejidatarios han metido demandas para recuperar las tierras, “pero han salido sentencias negativas”.

Los ejidatarios presentaron la demanda directamente al gobierno federal. “Con López Obrador he tratado personalmente, he llevado las carpetas, para que se haga justicia, que se devuelva las tierras. Y hasta a la fecha no hay ninguna solución a favor de nosotros”, reclama el ejidatario.

El ejido no representa el Pueblo Maya

El integrante de la Asamblea Múuch´Xíimbal del Pueblo Maya, Aldair T´uut´, considera que no se respetó el derecho a la autonomía y a la libre determinación del Pueblo Maya en las decisiones tomadas por los 167 ejidatarios.

“Ellos tienen su papel como ejidatarios, pero no representan al territorio maya. Dejaron en manos de un puñado de personas ese tipo de decisiones que al final corresponden a toda la comunidad Maya”, dijo para Avispa Mídia.

Sostuvo que “milenariamente hemos estado acá, antes de que existiera la Constitución, antes que existiera el presidente, antes que existiera el propio Estado de México; entonces, somos nosotros quienes debemos de decidir”.

Este tipo de situación ha pasado en toda la Península de Yucatán, advierte T´uut´. “El gobierno federal, a lo mucho, se acerca con los comisarios y ahí sabemos que el Estado ya tiene experiencia en ese tipo de cosas de corromper a las autoridades ejidales. Ya son muy buenos haciendo ese tipo de cosas. Entonces cuando llegan acá, pues ya tienen como que un plan bastante servido a donde confrontan y juegan con el propio ejido. Unos quieren vender las tierras, otros no lo quieren. También juegan con la necesidad y el empobrecimiento de las comunidades”.

Mientras tanto, María y su familia, gente que no figura en las negociaciones, terminaran por ser desplazados y posiblemente olvidados por las autoridades.

El CDH Frayba y la OMCT expusimos, ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, nuestra preocupación por la situación de desplazamiento forzado en México, y por la violencia particular que causa este fenómeno en los pueblos originarios de #Chiapas.

En voz de Dora Roblero, directora del CDH Frayba agradecimos el informe de la Relatora Especial en materia de Desplazamiento tras su visita al país, reconocimos la importancia de sus hallazgos, y urgimos al Estado mexicano cumplir con sus recomendaciones.

Acá su intervención ?

https://media.un.org/en/asset/k1s/k1spzpihu3?kalturaStartTime=10926

Diócesis de San Cristóbal de Las Casas Comunicado del Pueblo Creyente Peregrinación por la Paz

Al pueblo de México

A todas las confesiones religiosas

A las organizaciones defensoras de los derechos humanos A los medios de comunicación nacionales e internacionales A los tres niveles de gobierno

A los hombres y mujeres que construyen la paz.

“La obra de la justicia será paz, y el servicio de la justicia tranquilidad

y confianza para siempre” (Isaías 32,17).

“La paz es un grito que merece ser escuchado”.

(Papa Francisco, 25.10.22)

El día de hoy como Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas unimos nuestro clamor con la de nuestros obispos de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM). Queremos ser agentes constructores de paz, entendiendo, como afirma el Papa Francisco, que “una verdadera paz sólo puede lograrse cuando luchamos por la justicia a través del diálogo, persiguiendo la reconciliación y el desarrollo mutuo” (Fratelli Tutti 229).

Como humanidad muchas personas siguen construyendo un mundo individualista, egoísta donde se buscan los propios intereses sin importar el bien común, un mundo en donde reina la mentira, la avaricia, la envidia, las divisiones, los pleitos, las confrontaciones, las guerras a todos los niveles de la vida social y que poco a poco también van generando destrucción y muerte.

La misión profética del Pueblo Creyente nos pide estar de pie y de proclamar su palabra, por eso vemos esta realidad que vivimos:

• LA VIOLENCIA Y ENFRENTAMIENTO GENERADOS ENTRE GRUPOS ARMADOS Y DEL NARCOTRÁFICO: Que provocan secuestros, desapariciones, miedo, dolor, sufrimiento, heridos y asesinatos. La disputa de territorio por grupos criminales ha ocasionado el desplazamiento forzado de personas y familias enteras. El narcomenudeo ha penetrado en las escuelas en zonas urbanas y comunidades.

También aumenta el paso de personas migrantes, de otros países por nuestro territorio chiapaneco, la migración forzada de personas y familias de nuestras comunidades, sea por la pobreza o por la violencia generalizada.

• CONFLICTOS TERRITORIALES: Notamos también que hay comunidades y organizaciones que continúan en conflicto por la tierra, pero, que están buscando caminos de dialogo, reconciliación y toma de acuerdos para el bien común.
• EL AUMENTO DE CANTINAS: Vemos cada vez más el aumento de cantinas clandestinas en las cabeceras municipales y en las comunidades, donde también han sido centros de prostitución a menores y venta de drogas. Donde el gobierno ya no tiene control, e incluso algunas autoridades están coludidas.
• LA CRIMINALIZACIÓN DE DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS Y DE AGENTES DE PASTORAL DE DIFERENTES PARROQUIAS DE LA DIÓCESIS: Vemos la fabricación de culpables, por ello denunciamos la arbitraria privación de la libertad de nuestros hermanos de San Juan Cancuc: Manuel Santis Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Velasco y Martín Pérez Domínguez. Quienes, por defender su territorio, han sido condenados a 25 años de prisión mediante un proceso legal ineficaz, injusto, con violaciones a derechos humanos y, por lo tanto, carente de valor jurídico. Por ello, exigimos su libertad inmediata y absoluta, y de otros hermanos presos o sentenciados injustamente.
• EL ATAQUE Y DESPLAZAMIENTO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. Hemos notado que hay persecución y ataque a las comunidades autónomas de parte de organizaciones armadas, que quieren desalojarlos de las tierras que habitan para quedarse con ellas y explotar los recursos naturales para obtener ganancias. Todo esto genera miedo y desplazamiento forzado en estas comunidades.
• EL NEGACIONISMO DE LA VIOLENCIA:

Se deja escuchar un discurso de negación de la realidad de la violencia e integridad e inseguridad que vivimos por parte de las autoridades de los distintos niveles de gobierno. Pareciera que viven en un mundo paralelo y distinto al que vive el pueblo. Pero como Estado tiene responsabilidad de esta violencia que sufrimos a nivel estatal y nacional.

Cada día también se nota más la falta de fe en Dios, o a veces sí se cree en Dios pero buscamos un dios a nuestra medida, un dios que justifique nuestros egoísmos y no nos dejamos conducir por el verdadero Dios que nos llama a buscar la verdad, el bien, la justicia, la búsqueda organizada del bien común y de la solidaridad hacia las persona más vulnerables, pobres y marginadas de nuestra sociedad.

Como Pueblo Creyente:

• Estamos buscando los caminos de diálogo para la resolución de los conflictos que se presentan en nuestras comunidades.
• Procuramos no caer en este juego de violencia y venganza. No vamos a caer en la violencia que promueve el Estado. No vamos a creer en su mensaje, que “no pasa nada”. Y vamos a estaratentos a su estrategia de contra-insurgencia y militarización. Ya sabemos que la militarización es para hacer más posible el despojo y el saqueo de nuestros bienes. Ya sabemos que promueven la acción de los paramilitares, grupos armados y se alían con ellos.
• El Dios de la Vida nos llama siempre a ser personas dadoras de vida y para ello es necesario fortalecer nuestra espiritualidad. Por eso seguiremos fortaleciendo nuestra fe y nuestra voz profética para contribuir a la construcción de caminos alternativos de transformación y vida de nuestra sociedad tan golpeada por la violencia y la impunidad.
• Continuaremos realizando nuestros ayunos y oraciones, nuestras peregrinaciones que nos animan a la esperanza en la construcción de un mundo más justo, solidario y fraterno. Lo cual también incluye la denuncia de las injusticias y la impunidad que sufrimos como sociedad.
• Se empiezan a notar también las campañas electorales anticipadas y disfrazadas de muchas maneras en diferentes puntos de nuestro estado de Chiapas, por eso nosotros buscaremos no caer en las divisiones que provocan estas campañas políticas.
• Seguiremos acompañando los sufrimientos de hombres y mujeres que sufren, independientemente de su cultura, posición social o religión.
• Seguiremos caminando en sinodalidad, comunión y participación, de manera respetuosa, pacífica y dialogante, por la paz en nuestro territorio y en todo México.

Llamamos:

• A todos los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, a estar atentos y a solidarizarse activamente con estos casos de criminalización, los cuales se suman a la persecución de quienes buscan caminos de paz con justicia y dignidad para los pueblos.
• A todos los hombres y mujeres de buena voluntad a ser constructores y constructoras de la paz.

Pedimos a María, Reina de la Paz, que interceda ante el Dios de la Vida, en favor de su pueblo y de sus hijos e hijas que luchan por la paz.

¡Alto a la persecución y amenaza de los defensores de derechos humanos!

¡Libertad a los cinco presos de San Juan Cancuc!

¡Justicia para nuestros hermanos y hermanas asesinados!

Pueblo Creyente, Diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 5 de julio de 2023

Descarga el Comunicado del Pueblo Creyente en PDF (213.15 KB)

“Chiapas es México, y en Chiapas se concentran hoy muchas de las violencias que aquejan a todo el territorio mexicano. La guerra que se impuso a nuestro país desde Estados Unidos, y que Felipe Calderón se dio a la tarea de profundizar, hoy alcanza todo el territorio nacional. (…) Chiapas es México, y como en todo el país, Chiapas vive tiempos de extorsión, balaceras, desplazamientos forzados, trata de mujeres y migrantes, tráfico de drogas, secuestros, asesinatos de personas defensoras del territorio, de periodistas, de feminicidios…”

– Pronunciamiento “Chiapas es México”

En Chiapas se vive una violencia extrema que se puede caracterizar como una situación de guerra, y que es reflejo y termómetro de lo que sucede a nivel nacional y de la omisión irresponsable y/o complicidad de los gobiernos estatal y federal. Esto expresaron de diversas formas las y los presentes en la conferencia de prensa organizada por la campaña nacional e internacional “Alto a la guerra contra los pueblos zapatistas”, que se llevó a cabo en la Ciudad de México ayer, 5 de julio de 2023.

En la conferencia participaron: Víctor Hugo López Rodríguez, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (RedTDT); Dora Robledo, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba); Carlos González García, de la comisión coordinadora del Congreso Nacional Indígena – Consejo Indígena de Gobierno (CNI-CIG); la cineasta Natalia Beristáin Egurrola, quien leyó el Pronunciamiento de la campaña; Susana, de la Red de Solidaridad Internacional de Noruega; el investigador Gilberto López y Rivas, del Colectivo Llegó la Hora de los Pueblos.

Durante la conferencia, se anunció una Jornada de acción global que se llevará a cabo del 13 al 16 de julio con el objetivo de informar a la sociedad sobre la situación de guerra en Chiapas, y un foro nacional a ser realizado entre el 24 y 28 de julio, con tres ejes: violencia, justicia y paz.

Todas y todos los participantes hicieron hincapié en la situación de guerra que se vive en el estado: reactivación del paramilitarismo, fuerte presencia del crimen organizado, surgimiento de múltiples grupos armados, alarmante militarización que coincide con un aumento de la violencia y la delincuencia organizada, represión y criminalización de defensores de derechos humanos y periodistas, tortura sistemática, tráfico de personas y de drogas.

Al mismo tiempo, resaltaron la discrepancia entre la violencia desatada en el estado y la negación, inacción y complicidad criminal tanto del gobierno estatal como del federal. Víctor López destacó como ejemplo el hecho de que, la semana pasada, mientras 16 servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública permanecían secuestrados en manos del crimen organizado, el gobernador de Chiapas Rutilio Escandón, en conferencia matutina, omitió el hecho y se limitó a dar el pronóstico del tiempo. Y el presidente de la república, ante los repetidos ataques de la organización paramilitar ORCAO contra las comunidades zapatistas, miente, minimiza los hechos y difama a las organizaciones defensoras de derechos humanos que denuncian dicha violencia.

Como lo han denunciado el Frayba, la RedTDT y muchas otras organizaciones e individuos, esta inacción y ocultamiento por parte del Estado es producto de la continuidad de las estrategias de contrainsurgencia diseñadas por la Secretaría de la Defensa desde la década de 1990, ahora con diferentes nombres, nuevos actores y formas distintas. Y también refleja las tentativas por parte de la “Cuarta Transformación” de ocultar la grave situación que se vive en el país, con una militarización inédita en la historia, el dominio del crimen organizado en íntima relación con las diferentes instancias de gobierno y casi 154 mil asesinados, casi 43 mil desaparecidos, y 69 periodistas y 94 defensores de la tierra y el territorio asesinados.

También resaltaron que, al contrario del discurso oficial, en vez de disminuir la delincuencia, la militarización ha incrementado significativamente la violencia criminal. Como mencionó Carlos González, aunque esto se ve en todo el territorio nacional, está particularmente claro alrededor de los megaproyectos como el Tren Maya y el Corredor Transístmico, donde la creciente influencia de la Marina está acompañada de una también creciente presencia del crimen organizado.

Y mientras las acciones criminales no se combaten (los ataques de la ORCAO a las comunidades zapatistas; los enfrentamientos entre cárteles, el reclutamiento forzado y el desplazamiento forzado de miles de personas en Frontera Comalapa; el terror que vive la población de Pantelhó, etc.), los defensores de la tierra y el territorio son criminalizados y reprimidos con violencia ejemplar.

Gilberto López y Rivas, quien ha estudiado a profundidad el tema del paramilitarismo en México, hizo un llamado a los medios de comunicación independientes, a las ciencias sociales y académicos comprometidos, a romper el cerco informativo construido desde el gobierno y divulgar, con bases fundamentadas, la situación de guerra que se vive en Chiapas y en el país.

Escucha a seguir las palabras de la conferencia de prensa:

Chiapas es México.
Alto a la guerra contra los pueblos y las comunidades zapatistas

Chiapas es México, y en Chiapas se concentran hoy muchas de las violencias que aquejan a todo el territorio mexicano. La guerra que se impuso a nuestro país desde Estados Unidos, y que Felipe Calderón se dio a la tarea de profundizar, hoy alcanza todo el territorio nacional. La frontera se ha corrido hasta el sureste, y con ella la guerra, una guerra que la administración actual no ha frenado: 153 mil 941[1] homicidios dolosos, 42 mil 935[2] personas desaparecidas y no localizadas, 69[3] periodistas y 94[4] personas defensoras de tierra y territorio, pueblos indígenas y medio ambiente asesinadas en el continuado proceso de recolonización militarizado y delincuencial del actual sexenio.

Chiapas es México, y como en todo el país, Chiapas vive tiempos de extorsión, balaceras, desplazamientos forzados, trata de mujeres y migrantes, tráfico de drogas, secuestros, asesinatos de personas defensoras del territorio, de periodistas, de feminicidios…

Los hechos son inocultables: en Chicomuselo, paramilitares acechan a la población para que dejen de oponerse y autoricen reabrir una mina de barita, originando desplazamientos forzados. En Comalapa, las disputas territoriales entre grupos del crimen organizado provocan también el desplazamiento forzado de miles de personas. Muy cerca de Tuxtla Gutiérrez, un camión que traslada ilegalmente a personas migrantes vuelca y mueren, al menos, 56 personas, y otras 70 resultan heridas. En Pantelhó, personas armadas asesinan a Simón Pedro, defensor de los derechos de los pueblos indígenas y miembro de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal. En Santa Martha, municipio de Chenalhó, hombres armados atacan a familias víctimas de desplazamiento forzado y asesinan a siete personas tzotziles. En San Cristóbal de las Casas, grupos armados recorren la ciudad, exhibiendo su capacidad de movilización y poder de fuego… El recuento podría seguir, pues cada día nuevos hechos de violencia se viven en el estado de Chiapas.

Grupos del crimen organizado, narco-paramilitares y paramilitares operan con total impunidad en todo el territorio chiapaneco. Como respuesta, el gobierno federal envía militares y Guardia Nacional a una entidad que ya de por si tiene amplia presencia de fuerzas militares desde 1994. Esta remilitarización no se ha traducido en la reducción de las violencias y negocios ilegales, por el contrario, los grupos del crimen organizado han diversificado sus actividades económicas y han intensificados sus ataques contra pueblos y comunidades.

En este contexto, grupos paramilitares y de corte paramilitar que operan con total impunidad en Chiapas desde hace tres décadas, han aumentado sus acciones beligerantes contra los pueblos zapatistas. La Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO), que al menos desde el año 2000 ha operado al servicio de distintos gobiernos, partidos políticos y grupos de poder en la región, ha realizado entre 2019 y 2023, más de 100 ataques contra poblados zapatistas pertenecientes al Caracol 10, Floreciendo la Semilla Rebelde, con sede en Patria Nueva, Junta de Buen Gobierno Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad. Los ataques, agresiones y provocaciones son constantes y se han intensificado desde 2019. Las autoridades zapatistas, organizaciones de derechos humanos y al menos tres misiones civiles de observación, lo han documentado y dado a conocer en informes públicos y en conferencias de prensa. Compartimos como anexo a este pronunciamiento un recuento puntual de varios de estos ataques.

Desde el entorno nacional e internacional de apoyo al Ejército Zapatista de Liberación Nacional y al Congreso Nacional Indígena, el pasado 8 de junio de 2023, en México y el mundo realizamos 72 acciones (36 nacionales y 36 internacionales) para visibilizar estas denuncias y para exigir alto a la guerra contra los pueblos zapatistas y alto a la guerra en Chiapas. Estas acciones de solidaridad continuaron realizándose en diferentes estados y países. Las respuestas llegaron unas semanas después: del 19 al 22 de junio de 2023, integrantes de la ORCAO realizaron nuevos ataques coordinados en tres comunidades zapatistas: Emiliano Zapata, San Isidro y Moisés y Gandhi, que forman parte de la Región Moisés y Gandhi, y están ubicadas en el municipio oficial de Ocosingo, Chiapas. Los ataques van desde la quema de parcelas hasta embestidas armadas. Estas agresiones duraron, en esta ocasión, tres días y se contabilizaron al menos 800 disparos de diferentes calibres, así como el incendio de parcelas que se encuentra cercanas a las casas de las familias zapatistas.

El 23 de junio, en su conferencia matutina desde Chiapas, el titular del Ejecutivo Federal, acompañado de la secretaria de Gobernación, del secretario de la Defensa Nacional y del gobernador local, restó importancia el grave contexto de dicho estado y a los ampliamente documentados ataques contra las comunidades zapatistas. Además, continúo con las descalificaciones contra organizaciones y personas defensoras del territorio, de los derechos humanos, y organizaciones que documentan y denuncian estás y otras violencias.

Estas respuestas, tanto de la ORCAO como del presidente de México, nos preocupan y alarman: la ORCAO sigue e incrementa sus operativos armados, en tanto el presidente de México encubre, con su discurso, actos graves de violencia que a todas luces van en ascenso. La negación, minimización y tergiversación de esta comprobada realidad se convierten en un manto de impunidad que protege a los grupos paramilitares.

Peor aún, el presidente de México retomó el discurso de sus antecesores cuando señalaban que estos conflictos eran entre grupos locales o “entre comunidades”, evadiendo así toda la responsabilidad de Estado y emulando a Felipe Calderón y su ofensivo “se matan entre ellos”.

Este panorama nos lleva como personas, pueblos y comunidades organizadas, en México y en otras partes del mundo, a redoblar los esfuerzos por detener la guerra contra las comunidades zapatistas y en Chiapas. Hoy ratificamos que desde el actual gobierno no sólo no escuchan, sino que, además, siguen permitiendo y apoyando una estrategia de guerra contrainsurgente y delincuencial. Por lo anterior, llamamos a:

1. Denunciar la guerra contra los pueblos zapatistas y en Chiapas en general, y remarcar la responsabilidad del gobierno del estado y del gobierno federal.

2. Desplegar campañas de información y de acciones de solidaridad en todo el país y en otros países para informar sobre esta guerra contra los pueblos y las comunidades zapatistas y la guerra en Chiapas.

3. Desde este espacio de coordinación nacional, convocamos a la Jornada de Acción Global Alto a la guerra contra los pueblos zapatistas. Del horror de la guerra a la resistencia por la vida, el 13, 14, 15 y 16 de julio, que tiene por objetivo informar a la sociedad sobre la situación de guerra contra los pueblos zapatistas y en Chiapas. Esta jornada incluirá:

a. Volanteos y distribución de información
b. Mesas informativas
c. Eventos artísticos
d. Movilizaciones

Así mismo, entre el 24 y 28 de julio realizaremos un foro nacional con tres ejes, violencia, justicia y paz. De igual forma, compartimos que estamos en condiciones de realizar trabajo de observación y acompañamiento en territorio zapatista cuando las condiciones así lo permitan.

Llamamos a desplegar toda la solidaridad posible con los pueblos zapatistas, a no caer en la indiferencia y el escapismo individualista ante los ataques que viven cotidianamente los pueblos y las comunidades que aquel estado. Chiapas es México, y hoy México y el mundo debemos mirar y actuar contra la guerra y en favor de la paz, con justicia y dignidad.

Espacio de Coordinación Nacional
Alto a la guerra contra los pueblos zapatistas

[1] Datos del gobierno federal.
[2] Datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
[3] Datos del gobierno federal.
[4] Memorial de personas defensoras asesinadas (Memorial del HRD).

Fuente: Avispa Midia

Por Javier Bedía Prado

^{Foto de portada: Embajada de los EEUU en Perú}

La dictadura de Dina Boluarte autorizó el ingreso al Perú de más de mil militares de Estados Unidos, cuando se reactivan las manifestaciones nacionales contra el régimen que ha asesinado a 50 personas en protestas reprimidas con violencia letal -otras 19 fallecieron en incidentes relacionados- por parte de las fuerzas de seguridad.

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La disposición se interpreta como un mensaje amenazante y disuasivo para el pueblo organizado que retomará las marchas masivas en las calles a partir del 19 de julio, en vísperas de los días de fiestas patrias. Desde la región Puno, epicentro de la oposición, se anunció la movilización hacia la capital de 13.000 manifestantes en lo que llaman la tercera toma de Lima.

De acuerdo al decreto aprobado por el Congreso en mayo, las tropas estadounidenses arribarán entre junio y diciembre, con el fin de ofrecer “apoyo y asistencia en operaciones especiales al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía del Perú”. Se desplegarán en al menos 14 departamentos, entre ellos Lima y zonas del sur andino violentadas por el terrorismo de Estado (Ayacucho, Apurímac, Cusco).

El gobierno de facto se sostiene por las armas. La alianza entre Congreso y Ejecutivo, bajo el mando de la oligarquía, se niega al adelanto de elecciones para este año, a pesar de ser una demanda del 70% de la población. El 80% desaprueba a Boluarte y el 90% rechaza al Parlamento, según las encuestas de este mes. Consultada sobre las próximas protestas, la presidenta de facto, en tono interrogatorio, verbalizó la amenaza de muerte permanente del modelo que defiende sobre la protesta legítima: “¿Cuántas muertes más quieren?”.

En respuesta, el Comité Nacional Unificado de Lucha del Perú (Conulp) reafirma su posición no violenta, sin banderas de partidos ni sindicatos. “Los pueblos originarios de las 25 regiones ya tomaron su propia decisión: abolir de raíz este Estado. La conclusión es construir un nuevo Estado, plurinacional, de las regiones. Desde 1821 las 12 constituciones fueron para ellos, no para el pueblo. Los partidos de izquierda quieren nuevas elecciones, asamblea constituyente, nueva Constitución, pero todos hacen parte de esta clase política, de este Estado viejo. No los vamos a permitir en nuestra lucha, ni permitir la violencia. Responsabilizamos de la violencia a la cúpula policial y militar”.

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Las próximas protestas en Lima determinarán el futuro del régimen. Desde la misma cúpula del poder se escenifica un cuestionamiento a la continuidad de Boluarte, ya sea por pugnas internas inmediatas, captar apoyo o como advertencia de la posibilidad del Poder Legislativo de llamar a elecciones antes de 2026.

En las movilizaciones masivas en la capital también participarán, de acuerdo a la Central Nacional de Rondas Campesinas del Perú, 30 mil integrantes de la organización encargada de la seguridad comunitaria en áreas rurales.

Guerras imperiales por extractivismo

A la vez de la advertencia interna, la presencia de militares de Estados Unidos en el Perú es un movimiento estratégico en la región latinoamericana, concretamente en el área andino-amazónica, donde Washington se disputa la explotación de litio y materias primas, como parte de las guerras imperiales con China y Rusia por territorios para el extractivismo en el sur global.

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Estados Unidos respaldó, desde el principio, la investidura de Boluarte tras el golpe legislativo contra Pedro Castillo en diciembre pasado. En declaraciones recientes, la embajadora de EE.UU. en el país andino, Lisa Kenna, sostiene que trabaja con el Perú “fieles a los principios de la democracia”. Es la única nación suramericana en la que ejecutarán ejercicios militares este año y la tercera de Latinoamérica, con México y Belice.

Recientemente, el Estado peruano concedió a la canadiense Macusani Yellowcake el primero de tres permisos para la exploración de litio en Puno, el departamento peruano donde en enero la Policía y el Ejército asesinaron a 19 personas desarmadas, a las que dispararon con armamento de guerra en acciones calificadas como ejecuciones extrajudiciales por organismos internacionales de derechos humanos.

En los últimos meses, la jefa del Comando Sur de EE.UU., Laura Richardson, fue explícita sobre la misión que se asigna el capital de Washington: “Esta región está llena de recursos y me preocupa la actividad maligna de nuestros adversarios aprovechándose de eso. Pareciera que están invirtiendo cuando en realidad están extrayendo (…) La agresividad de China y su juego en el terreno con el litio es muy avanzado y muy agresivo”.

El litio es, actualmente, el mineral más codiciado por los capitales imperiales. Suramérica posee las mayores reservas mundiales: el 80% de todo el ‘oro blanco’ del planeta se encuentra en Argentina, Bolivia y Chile. Por estos días, la defensa de los territorios y el agua ante la explotación de litio es una de las consignas de las masivas protestas en Jujuy.

Para los pueblos afectados por la megaminería, el verdadero ‘triángulo del litio’ no lo conforman estos países, sino “el vínculo entre las fuerzas de seguridad, el Estado y las empresas multinacionales”, como observaba desde tiempo atrás la Asamblea Pucará de Argentina.

“Insistimos que es Estados Unidos que comandó las masacres en el Perú. Son esas empresas extranjeras que vienen por todo, en Argentina, donde hay litio, la provincia de Jujuy se ha levantado y está luchando porque para explotar el litio se apropian de tierras, el agua. Es una sola lucha, hay un mismo enemigo”, indicó, desde Lima, la delegada de gremios internacionales que respaldan al Conulp.

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La violencia de Estado y del gran capital en Jujuy, así como en el Perú, se ejecuta en defensa de la extracción de materias primas. No es casualidad que Puno, con altas reservas de litio y otros minerales, sea la región más represaliada. Contra el poder militar y la minería ecocida de las potencias aliadas a las élites nacionales, el pueblo organizado contesta con la defensa de sus territorios y su representación, ante un modelo en agonía global al que le declaran su fin.

Despues de estar observando y escuchando las pocas noticias y declaraciones de los malos gobiernos sobre el Naufragio con cientos de migrantes que se hundió el dia de 14 de Junio de 2023 en el Mar Mediterráneo, cerca de Grecia, situación que ha ocurrido cientos de veces y se ocultan a luz pública, este acontecimiento nos hace espejo ante la actual situación migratoria en el Sureste de México y sus similitudes con las fronteras de la Unión Europea. El fuego arde en nuestros corazones por la necesidad de exigir VERDAD y JUSTICIA.

Con mucha tristeza y rabia, repudiamos esté impune asesinato de al menos 650 migrantes y refugiados en el Mar Mediterráneo, que buscaba desesperadamente ayuda. Las autoridades portuarias con su indiferencia ante su rescate y por claras acciones homicidas, violaron el derecho internacional sobre rescate de personas y batcos en peligro, conduciendo a estas personas a la muerte. Los estremecedores testimonios de los supervivientes han llegado hasta aquí. Las voces de los muertos también. El silencio no es una opción.

Las fronteras matan…

Las fronteras matan a quienes intentan escapar de la pobreza, la guerra y la crisis climática derivada del despojo y saqueo de los bienes naturales y culturales, la imposición de guerras, la violencia y la destrucción de los ecosistemas en cientos de territorios alrededor del mundo. Los de arriba, los que ostentan el poder global, siguen con el discurso de ‘proteger el medio ambiente, mantener la paz y seguridad de su nación», bajo este discurso se implementan leyes y políticas de muerte, se fortifican a sí mismos, invirtiendo en la disuasión y la guerra contra quienes intentan huir de ellas. Las políticas migratorias actuales son facistas, racistas y genocidas.

Sabemos muy bien que la frontera que quieren construir en el Sur – Sureste de México con los megaproyectos del Corredor Interoceánico y el mal llamado Tren Maya, no vienen a traer desarrollo, ni bienestar a las poblaciones locales, por el contrario, se ha anunciado el despojo de la naturaleza y de las personas, indígenas y migrantes, del agua, la tierra y el aire. Esta frontera se planea como un gran Corredor militar, energético, industrial y comercial, que contenga las migraciones masivas para ser utilizada como mano de obra barata – neo esclavismo–, en un paraíso fiscal libre de impuestos y sin amonestaciones por violaciones a los Derechos Humanos, todo esto en respuesta al Plan de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que a través de la OTAN y sus aliados del Norte Global, impulsan la guerra y nuevas fronteras. Los flujos migratorios globales se reorganizan.

Mientras del otro lado del Atlántico, las políticas crueles, inhumanas y absurdas de la Unión Europea como una institución del Norte Global, ha truncado los esfuerzos desesperados de los refugiados de países de medio oriente, africanos y del sureste asiático, por encontrar un lugar seguro donde sobrevivir. Así como criminalizado el trabajo de las organizaciones que brindan auxilió y solidaridad. Los mares se están convirtiendo en un inmenso cementerio líquido. Las constantes medidas disuasorias y las violaciones de los derechos humanos en las fronteras de Europa están llevando a millones de personas desesperadas por rutas aún más peligrosas, ¿Donde podrán encontrar las familias a sus desaparecidxs en éste inmenso mar de criminalizacion, violencia y odio?

Los migrantes del sur global, proveniente de países de medio oriente, africanos y del sureste asiático, inician su travesía (muchas veces huyendo) desde sus territorios destruidos por megaproyectos y guerras, viajando a la costa Atlántica de África, para llegar al otro extremo en Sudamérica, con el objetivo de llegar a Estados Unidos: «el sueño americano ha regresado globalizado». Y es evidente, ya que los últimos años, encontramos en la región del Istmo de Tehuantepec, en calles y avenidas de Chiapas, Oaxaca, Veracruz, CDMX, etc… más y más gente de África, Asia y Medio Oriente. ¿Cuantos se han muerto en el camino?, no sabemos.

Compas del Sur Global, que quede claro, mientras los de arriba quieran dividirnos, nosotros tenemos que insistir con todo lo que tenemos y somos, para unirnos. La lucha contra el patriarcado, el capitalismo, contra la destrucción de la naturaleza y de las personas, es una lucha por la vida, por el futuro y por la dignidad.

¡JUSTICIA PARA LXS MUERTXS!

ABRAZAMOS A LAS FAMILIAS, EXTERNAMOS NUESTRAS CONDOLENCIAS.

SOLIDARIDAD CON TODXS QUIENES LUCHAN EN EL SUR DE EUROPA CONTRA EL RACISMO, POR LOS REFUGIADOS, MIGRANTES Y POR LA VIDA.

Desde el Istmo de Tehuantepec, México, ni una frontera más…

Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio – APIIDTT