19 de septiembre de 2025.

LLAMADO urgente a nuestros hermanos y hermanas de México y del Mundo, a estar atentos frente al clima de violencia que se vive en el estado de Guerrero.

La mañana de hoy 19 de septiembre de 2025, hombres de Colotepec, municipio controlado por el grupo narco-paramilitar Los Ardillos, amenazan la vida de la compañera Alma Delia Hernández Morales y de otros compañeros del CIPOG-EZ, que se encuentran prácticamente sitiados por Lázaro Cocotzin Morales, brazo armado de Los Ardillos, en Chilapa de Álvarez, Guerrero.

Responsabilizamos al mal gobierno por lo que le pueda suceder a nuestros hermanos, pues ellos con su silencio son cómplices directos de la violencia que azota al estado y al país. Exigimos la presencia de la la Guardia Nacional y garantías de seguridad para nuestros hermanos y hermanas

CIPOG-EZ

Nuestra fuerza es el territorio: pronunciamiento de pueblos y comunidades del sur-sureste

San Cristóbal de Las Casas Chiapas, 13 y 14 de septiembre de 2025

Pueblos, comunidades, y organizaciones de los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Puebla nos reunimos para compartir nuestras luchas, dolores y para profundizar en las estrategias de defensa territorial de la región sur-sureste que fortalezcan acciones conjuntas frente a los mecanismos de despojo que provocan sufrimiento y muerte.

Este encuentro constituye para nuestras comunidades una fuente de esperanza y fortaleza frente a la imposición de megaproyectos. Por ello, decidimos compartir nuestra palabra los días 13 y 14 de septiembre de 2025 en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, marcado por un contexto de violencia criminal y la conflictividad en la región, afirmamos lo siguiente:

1. Los Pueblos originarios y campesinos, que históricamente hemos protegido y cuidado el territorio, nos sostenemos en nuestras formas propias de organización política herencia ancestral de nuestras abuelas y abuelos para el cuidado de la vida y la Madre Tierra.

2. Existe una continuidad histórica del despojo de los territorios de nuestros pueblos, desde la colonización hasta la imposición actual de los polos de desarrollo implementados por los gobiernos en complicidad con empresas y crimen organizado.

3. Pese a las agresiones, la violencia y el despojo que hemos sufrido durante décadas, los grandes capitales, el crimen organizado y los gobiernos no han logrado doblegar a nuestros pueblos. Gracias a la organización comunitaria hemos detenido megaproyectos, desalojos y actos de violencia.

4. La defensa de nuestros territorios ha tenido costos muy altos: compañeras y compañeros comprometidos con la justicia social han sufrido asesinatos, desapariciones, amenazas y agresiones. La maquinaria de la represión sigue operando en los gobiernos sean del color que sean.

Hoy denunciamos que gobiernos, empresas y crimen organizado han conformado una triada de poder para imponer megaproyectos y despojar los territorios, operando con total impunidad en la región sur-sureste. Ejemplos de ello son:

• En Oaxaca, los llamados polos de desarrollo y el proyecto interoceánico han traído criminalización contra personas defensoras, militarización y fortalecimiento del crimen organizado.
• En Chiapas, los proyectos mineros pretenden abarcar más de 85 mil hectáreas del territorio Zoque, con graves afectaciones ambientales y sociales; además de la imposición de la carretera de “las culturas mayas” San Cristóbal – Palenque, se le suma el polo de desarrollo Frontera Sur que busca administrar la movilidad internacional de personas y el impulso de industrias estratégicas (turismo y energéticas), a través del terror para el despojo.
• En Guerrero, la imposición de proyectos mineros y turísticos han roto el tejido social y acrecentando la violencia en contra de comunidades organizadas en defensa de la vida.
• Además, la turistificación, la construcción de autopistas y nuevas infraestructuras solo han servido para profundizar el extractivismo y garantizar ganancias a las empresas, a costa de la división y el desplazamiento de nuestras comunidades.
• El gobierno federal, a través de programas sociales y asistenciales, ha debilitado la organización comunitaria construida durante décadas, además ha tratado de cooptar a nuestras asambleas y líderes comunitarios. La 4ta transformación ha demostrado ser una continuidad para el saqueo de los territorios: no se cancelaron concesiones mineras ni megaproyectos extractivos; al contrario, se han profundizado para favorecer a los grandes capitales.

El modelo de “desarrollo” impuesto solo ha generado dependencia, erosión cultural e identitaria, desigualdad y devastación ambiental. Este modelo, además, está atravesado por el patriarcado y el colonialismo: reproduce violencias contra las mujeres, niños, niñas, y adolescentes, además refuerza desigualdades históricas.

Frente a ello, levantamos la voz con claridad:

• Alto al despojo territorial en contra del compañero Miguel Sánchez Hernández en playa Salchi.
• Alto a los polos de desarrollo del Itsmo oaxaqueño.
• Alto al despojo en contra de compañeros de Loma San Jacinto, Oaxaca.
• Exigimos justicia ante la desaparición de Sergio Rivera Hernández en la Sierra Negra de Puebla.
• Exigimos justicia para Vicente Suástegui desaparecido el 05 de agosto de 2021 y Marco Antonio Suástegui, quien sufrió un ataque mortal el 18 de abril de 2025 y falleció 7 días después, líderes del Consejo de Eejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota que sembraron lucha y organización comunitaria.
• Exigimos justicia para el jTatic Marcelo Pérez Pérez ejecutado el 20 de octubre de 2024.
• Exigimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el informe de fondo por el Caso Acteal.
• Exigimos Paz en nuestros territorios.
• Decimos NO a la presa Margarita Maza de Juárez en los Valles Centrales de Oaxaca.
• Decimos NO al megaproyecto de muerte de la Hidroeléctrica Coyolopa Azula, Sierra Negra de Puebla.
• Decimos NO a los proyectos mineros en la Mixteca de Puebla y Oaxaca, así como en los Valles Centrales de Oaxaca, donde pretenden imponer la extracción de litio, tierras raras, plata y oro para beneficio empresarial.
• Decimos NO a los monocultivos de palma y extracción minera en Chiapas.
• Decimos NO al proyecto de fracking de la Ronda 2.2 en la región Zoque que nuevamente amenaza el territorio con su reactivación.
• Decimos NO a la gentrificación.
• Denunciamos la imposición de consultas simuladas para legitimar megaproyectos.

Ratificamos que los dos pilares que sostienen nuestra vida comunitaria, autonomía  y resistencias son el territorio y la organización colectiva. Desde ellos seguiremos caminando, al lado de los pueblos, de donde tomamos dirección y fuerza.

¡Denunciamos, la imposición de megaproyectos de muerte y nos organizamos para defender la vida! ¡Todos los pueblos y comunidades tenemos el derecho a alzar la voz y no ser reprimidos! ¡juntos y juntas somos más fuertes!

Personas defensoras del territorio firmantes provenientes de municipios, comunidades, y organizaciones:

San Cristóbal de Las Casas, Ocosingo Chiapas, San Francisco, Ejido Adolfo Ruiz Cortínez, Ejido Arroyo encanto municipio de Salto de Agua, Campamento 4 de agosto de Agua Clara, Tecpatán, Oaxaca de Juárez, La Cumbre Puebla, Zapotilán Salinas,  Santiago Xanica, , Nahilte,  Cerro de las Huertas, San Matías Chilazoa, Monte del Toro, Tlapa de Comonfort, Colectivo de Defensores del territorio, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, OIDHO, Xinich, Parroquia San Antonio de Padua, EDUCA A.C., Movimiento en defensa de a vida y el territorio, Sinal, Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, Movimiento Agrario Indígena Zapatista, Centro de Derechos Humanos Tepeyac, del Itsmo de Tehuantepec, A.C., Gobierno Comunitario de Chilón, CODEDI, Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos, Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

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CONVOCATORIA

Considerando que los pueblos indígenas somos guardianes de la naturaleza y de la historia, que durante más de 534 años hemos resistido la guerra colonial, el despojo y el saqueo que siguen presentes en nuestros territorios.

Que la voracidad del sistema capitalista ha condenado al mundo a la devastación ambiental, a la miseria de millones de seres humanos y a una crisis sin salida, en la que el modelo minero, energético y de infraestructura extractiva es eje central.

Que los gobiernos —desde los neoliberales hasta la llamada Cuarta Transformación— han otorgado concesiones mineras y aprobado megaproyectos como el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el Tren Interoceánico de carga, los parques eólicos en el Istmo de Oaxaca, las mineras en la Mixteca poblano-oaxaqueña y la Sierra Norte de Puebla, así como gasoductos e hidroeléctricas en diferentes regiones, sin consulta ni consentimiento de los pueblos, violando nuestro derecho a la libre determinación y a la autonomía.

Que el extractivismo, en complicidad con empresas transnacionales y capitales globales, está destruyendo y saqueando nuestros cerros, manantiales, ríos, bosques, tierras, lugares sagrados y la vida misma.

Que la violencia empresarial, organizada junto con el crimen y los grupos paramilitares que son parte del mismo estado criminal, busca imponer el despojo, fragmentar el tejido comunitario y criminalizar a quienes defendemos la vida y el territorio.

Desde los pueblos originarios del Valle de Tehuacán y la Mixteca poblano-oaxaqueña, donde el neoextractivismo y los megaproyectos avanzan con despojo, violencia y muerte, levantamos la voz y convocamos a los pueblos, comunidades, colectivos, organizaciones, movimientos sociales, medios libres y personas solidarias a participar en el:

Tercer Foro Regional por la Defensa de la Vida y los Territorios
11 y 12 de octubre – Reyes Metzontla, Puebla, Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán

Este foro da continuidad a los procesos colectivos iniciados en Zapotitlán Salinas, donde pueblos y organizaciones nos hemos encontrado para hacer frente a la guerra contra la vida. Hoy queremos seguir ampliando los puentes de lucha, desde lo local a lo regional, en el corazón de Oaxaca y Puebla.

Convocamos a:

Los pueblos y comunidades a debatir los desafíos comunes y fortalecer nuestras asambleas, la autonomía y las formas de organización comunitaria.

Se extiende la invitación a medios de comunicación, organizaciones y colectivos a la conferencia de prensa rumbo a la 6a Asamblea Nacional por el agua la Vida y el Territorio que se llevará a cabo el día lunes, 22 de septiembre a las 5:00 PM en la Casa de los pueblos y comunidades indígenas “Samir Flores Soberanes”, ubicada en Av. México – Coyoacán, # 343, Colonia Xoco, Benito Juárez, CDMX.

Participan:

-Representantes de la Nación de la tribu Yaqui del Heroico pueblo de Loma de Bacum, Sonora.

-Congreso Nacional Indígena CNI – CIG

-Representantes de las sedes anteriores de la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida

#asambleanacionalporelaguaylavida
#CNI
#NuestraLuchaEsPorLaVida
#NoEsSequíaEsSaqueo

Condenamos el asesinato de la presidenta interina de la Asociación de Usuarios del Río Cuautla (ASURCO) Carolina Plascencia Carvajal, quien fue asesinada en emboscada en la carretera Cuautla–El Hospital a la altura del crucero de Puxtla, cuando manejaba un vehículo color blanco, segun versiones periodísticas, sucedido el pasado viernes 12 de septiembre alrededor de las 15 horas.

Carolina Plascencia asumió el cargo de presidenta interina después que el presidente de ASURCO Antonio Domínguez Aragón dejara el cargo de manera abrupta luego de sufrir un ataque armado en su domicilio en el año de 2024. La ingeniero estaría contendiendo para las elecciones de ASURCO este próximo 28 de septiembre, donde ejidatarios señalan que existía molestia de Rogelio Plascencia al no quererlo incluir Carolina en su planilla.

Rogelio Plascencia fue presidente de ASURCO en el periodo que de manera ilegal se entregara a la CFE el agua para el uso de la termoeléctrica en Huexca mediante un convenio firmado en 2020, cuándo López Obrador ordenó el desalojo del plantón de Apatlaco con cientos de elementos de la Guardia Nacional en tiempos de contingencia del covid, despues de tener una reunión con Rogelio Plascencia, Manuel Bartlett y Cuauhtémoc Blanco.

Rogelio Plasencia fue señalado por Francisco Vazquez de haberlo amenazado de muerte, un día antes de su asesinato el viernes 11 de febrero de 2022, pues se hablaba que Francisco Vazquez quería destituir a Rogelio Plascencia por mal manejo de recursos en la administración de ASURCO, principalmente por los ingresos que implicó la entrega del agua ilegal a la CFE. Francisco Vazquez era presidente del Consejo de Vigilancia de ASURCO en tiempos de Rogelio.

Desde la llegada del Proyecto Integral Morelos al estado de Morelos el crimen organizado fue avanzando a la par en las zonas de conflicto y oposición al PIM en Ayala, Huexca y Amilcingo. Consolidandose en la zona un narcoestado que, en los hechos, ha servido como instrumento del terror que permite la imposición de la termoelectrica, el gasoducto y el acueducto.

En este contexto, el asesinato de Carolina Plascencia se observa es motivado por el control y la disputa del agua que administra ASURCO y cuyo principal beneficiario es la CFE , pues desde la llegada del PIM, han asesinado a dos dirigentes de ASURCO, agudizado la CFE la disputa y comercialización del agua de los ejidatarios dotada en los años veinte del siglo pasado a los ejidos, fruto de la revolución zapatista.

Disputa del agua para la termoelectrica por los ejidos que no se ha resuelto aún en los tribunales federales, pero que el Juez Sexto de Distrito ha sobreseido de manera indebida dos de los amparos desestimando todas las pruebas periciales en hidrología desahogadas, incluso del perito oficial, con el objetivo de negar la razón que tienen los ejidos de Ayala de reclamar su agua indebidamente otorgada por ASURCO y el Sistema de Agua Potable de Cuautla.

Exigimos se esclarezcan los motivos del asesinato de Carolina Plascencia y sean castigados los autores materiales e intelectuales de su asesinato, así como la desarticulacion de los grupos criminales que pretenden apoderarse del agua de los ejidos y del control territorial en Huexca, Amilcingo y otros lugares de la región.

JUSTICIA PARA SAMIR FLORES 

JUSTICIA PARA FRANCISCO VAZQUEZ Y CAROLINA PLASCENCIA 

DESMANTELAMIENTO DEL NARCOESTADO

CANCELACION DEL PROYECTO INTEGRAL MORELOS 

Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala

Fuente: Avispa Midia
Por Aldo Santiago
^{Fotos por Elizabeth Díaz/Sueña Dignidad}

El pasado 5 de septiembre se cumplió un año de los hechos de violencia y represión policial contra más de 40 personas – entre ellas defensores del territorio, periodistas y estudiantes– ocurridos en las alcaldías de Xochimilco y Tlalpan, en el contexto de movilizaciones pacíficas que exigían la cancelación de una carpeta de investigación contra Hortensia Telésforo, defensora de la Casa de los Pueblos de Atlapulco, al sur de la Ciudad de México.

Aquel día, en lugar de diálogo, la protesta enfrentó la violenta irrupción de miembros de grupos de choque, quienes armados con palos agredieron y detuvieron de manera arbitraria a cinco personas, todo mientras elementos policiales presentes se abstuvieron de defender a los manifestantes. Las y los detenidos fueron trasladados al Ministerio Público de Tlalpan, donde más tarde, las protestas por su liberación fueron respondidas por los elementos policiacos con actos de represión que incluyeron robo, tortura, violencia sexual y psicológica.

A un año de la jornada de violencia institucional, conocida ya como el “halconazo morenista” – por la similitud en que funcionarios utilizaron grupos de choque para reprimir la protesta social, tal como sucedió durante la década de los 70s con grupos paramilitares denominados como ‘halcones’- las víctimas denuncian que no hay justicia ni reparación: mientras funcionarios y policías responsables siguen impunes, persisten las carpetas judiciales abiertas contra quienes fueron criminalizados. Peor aún, lejos de cesar, la persecución y amenazas se mantienen como mensaje de advertencia contra activistas y defensores del territorio en la Ciudad de México (CDMX).

El día de hoy, 12 de Septiembre de 2025, el Movimiento en Defensa del Territorio y el Río Atenco, el Observatorio de Conflictos Mineros en Zacatecas y la REMA hemos salido a las calles de Jiménez del Teúl, Zacatecas, a manifestarnos de manera pacífica con el firme objetivo de ratificar nuestro total rechazo al proyecto de la presa Milpillas, que desde hace 10 años los gobiernos municipales, estatales y ahora el federal intentan imponer en nuestro territorio.

Este proyecto, hoy incluido en el Plan Hídrico Nacional, carece de sustento técnico y científico. Lo único que lo respalda es un estudio de factibilidad de 2018, plagado de afirmaciones falsas, omisiones y contradicciones. Sabemos por datos de la propia Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), que los 5 acuíferos de la región centro están agotados, con un déficit de 262.5 millones de metros cúbicos anuales, mientras que la presa Milpillas sólo cubriría 41 millones de metros cúbicos, por lo que se necesitarían 7 presas para mínimamente cubrir las necesidades de abasto de agua.

Este proyecto pretende desviar 92% del caudal del Río Atenco, lo que definitivamente es una sentencia de muerte para éste, nuestro río, y con él una sentencia de muerte para nosotras, las comunidades que desde tiempos ancestrales hemos vivido de sus aguas, en su ribera. La continuidad de la permanencia del río y sus ecosistemas son de vital importancia para nuestra propia supervivencia.

Los tres niveles de gobierno nos quieren engañar diciendo que habrá “desarrollo y progreso”, pero nada más basta voltear a ver a las comunidades en el país que ya han tenido la experiencia con imposición de presas en sus territorios, para reconocer estas mentiras. Aquí algunos ejemplos:

• La comunidad Puente de Arcediano, en Jalisco, donde en 2003 se presentó el proyecto de la presa de Arcediano en las barrancas de Huentitán, después de haber demolido las casas y el pueblo entero, en 2009 se suspendió la obra por fallas técnicas. El gobierno federal se negó a reconocer y pagar los daños, y el pueblo dejó de existir. 
• La comunidad indígena Cantiles de El Ciruelo, donde se construyó la presa El Cajón en 2006 en Nayarit y Jalisco:  además de los 4 municipios afectados, 7 asentamientos fueron inundados. La reubicación y pago de las tierras estuvo plagado de irregularidades, y  las autoridades responsables nunca realizaron las obras prometidas  como parte de la indemnización por la afectación de sus tierras.
• Comunidades chinantecas donde hace más de 50 años se construyó en el río Papaloapan en Oaxaca la presa Cerro de Oro, en donde 26,000 campesinas y campesinos de 37 ejidos fueron afectados, y 36,000 hectáreas de tierra fértil fue inundada. Las comunidades ribereñas indígenas  fueron desplazadas de manera forzada sin indemnización alguna.
• Las comunidades de la Yesca en Nayarit, así como Hostotipaquillo, Magdalena y Tequila en Jalisco: afectadas por la presa La Yesca, la cuál comenzó a construirse en 2007. 10,000 habitantes perdieron sus medios de subsistencia. Las autoridades encargadas nunca pagaron el monto por la utilización de los terrenos, no se indemnizó ni se cumplió con las obras prometidas.
• Proyecto hidrológico Veracruz ubicado en la región Zongolica: esta obra impactó a 20 comunidades indígenas, quienes vendieron los terrenos fueron engañadas y presionadas para que vendieran. Ellas también por oponerse vivieron una una campaña de deslegitimación, intimidación y criminalización.

Fuente: Avispa Midia
Por Rocío Heredia
_{En portada: Habitantes opositores a la presa Milpillas. Foto: GRIETA}

Desde la Red de Afectados por la Minería (REMA) convocan a una manifestación pacífica a realizarse mañana, 12 de septiembre, en el municipio Jiménez del Teúl, Zacatecas, contra la imposición de la presa Milpillas y a favor de la defensa del río Atenco. Mediante convocatoria, integrantes de la Red detallaron que este llamado se encuentra especialmente dirigido “a organizaciones sociales, colectivos, comunidades aliadas, académicos, artistas, periodistas y medios de comunicación”, esperando que respalden la acción. 

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En abril de este año, David Monreal, -Gobernador actual de Zacatecas-, junto a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y con el respaldo de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), anunciaron oficialmente la reactivación del proyecto Presa Milpillas, pausado durante todo el sexenio anterior.

El motivo de retomar este proyecto responde a que fue integrado en el Plan México -la estrategia económica nacional impulsada por la mandataria morenista-, donde forma parte de los 17 proyectos estratégicos que buscan “asegurar” el abastecimiento del agua en el país. 

En marzo del 2017, el entonces gobernador priísta en Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna, anunció el inicio del proyecto que desde entonces ha tenido el objetivo de abastecer de agua a la región central de la ciudad. Oficialmente el plan se trata de llevar agua del río Milpillas (o Atenco, conocido así por los habitantes) durante los próximos 50 años, al corredor Fresnillo-Zacatecas para proveer a 514 mil habitantes.

Pobladores de las comunidades ubicadas en los municipios Jiménez del Teúl, Sombrerete, Fresnillo y Zacatecas capital, se oponen al discurso oficial pues -como han expresado a través de sus comunicados-, tan sólo la construcción de la presa destruirá los ecosistemas que hay en la cuenca. Con apoyo de ambientalistas, han evaluado que la presa desaparecería el 92% de las aguas de manantial que alimentan al Río Atenco, centro de existencia de las comunidades y ejidos. En total habría 19 comunidades afectadas. 

¡URGE DIFUSIÓN!

Compañeros y compañeras:

Denunciamos que aproximadamente a las 8 de la noche, del día de hoy 8 de septiembre de 2025, a nuestro compañero Promotor del CONCEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO EMILIANO ZAPATA (CIPOG-EZ), así como integrante DEL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA (CNI) se le retiró el Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas en pleno traslado en un camino de Guerrero. Esto ocurrió cuando sufrió una descompostura en el automóvil que manejaba, en ese momento las patrullas de la Policía Estatal que le brindaban el acompañamiento como parte de las medidas cautelares de nuestro compañero, lo dejaron solo y sin protección, a pesar de que saben que su vida e integridad física están en grave riesgo, ya que enfrenta amenazas directas de grupos armados que operan en la zona.

Exigimos que el Estado cumpla con el Mecanismo de Protección para nuestro compañero y lo responsabilizamos de cualquier ataque, agresión o daño contra su persona.

A nuestros hermanos y hermanas les llamamos a estar atentos y a denunciar la negligencia del Estado que pone en riesgo la vida de nuestros compañeros.

ATENTAMENTE:

MISIÓN CIVIL DE OBSERVACIÓN SEXTA

#EstadodeGuerrero
#CNI
#CIPOGEZ

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

^{Foto de portada: Rocío Flores/Oaxaca Media}

El Observatorio Ciudadano Comunitario del Agua y Medio Ambiente de los Valles Centrales de Oaxaca (OCCAMA) advirtió sobre los graves riesgos sociales, ambientales y técnicos del proyecto Presa Margarita Maza, previamente conocido como Paso Ancho. Esta iniciativa contempla la construcción de una presa, un acueducto de más de 100 kilómetros y una planta potabilizadora con un presupuesto actualizado de 7,840 millones de pesos, monto que casi duplica lo anunciado por Efraín Morales López, director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), durante marzo de este año.

De acuerdo con el OCCAMA, los diferentes montos del presupuesto y tiempos para el inicio de las obras, sumado a la falta de consulta y estudios correspondientes generan preocupación sobre la planeación y ejecución del proyecto, cuyo antecedente de implementación fracasó en el año 2014.

“El problema principal que tenemos ahora es un desfase en la información y en los tiempos. Estamos por saber el anteproyecto, pero ya hay, muy avanzado, los procesos financieros de aprobación y los compromisos políticos de que la presa se va a construir. Apenas vamos a tener esta información, hay una ruta hipotética de cuáles son las comunidades”, aseveró Juan José Consejo Dueñas, integrante del Observatorio, sobre las poblaciones que serán afectadas por las obras.

Fue en el marco del Plan Nacional Hídrico, cuando el director de Conagua refirió que la construcción iniciaría en agosto de este año con una inversión inicial de 700 millones de pesos para concluir en el año 2027. Sin embargo, los integrantes del Observatorio señalan que los documentos de licitación publicados en la plataforma gubernamental Compras MX señalan montos que casi duplican la cifra original lo que, sumado a las contradicciones en la información entre los gobiernos federal y estatal dan sustento a más dudas y suspicacias.

Opacidad y antecedentes de un fracaso

Uno de los señalamientos centrales del Observatorio es la falta de transparencia y opacidad con la que se ha manejado el proyecto. Además reclamaron los compromisos públicos, reiterados por la presidenta Claudia Sheinbaum, de garantizar procesos de consulta obligatorios en obras de este tipo, cuando hasta el momento no se ha difundido información clara ni se han realizado consultas previas con las comunidades directamente afectadas. 

Esto sobre todo en relación a los impactos ambientales que consideran podrían afectar la Cordillera Norte, una zona clave para la recarga de los acuíferos y el mantenimiento de la biodiversidad en la región de los Valles Centrales. Aunado a ello, en el ámbito social resaltaron los impactos negativos de las comunidades ubicadas a lo largo del acueducto, la planta potabilizadora y las poblaciones río abajo del proyecto.

Además, el Observatorio subraya que la Manifestación de Impacto Ambiental en modalidad Regional (MIA-R) , documento indispensable para conocer los impactos en el ecosistema, aún no ha sido puesto a disposición del público. “Los estudios de la MIA-R son un elemento clave que debe ser público para que no se pasen por alto la legislación en materia ambiental en la que el gobierno federal ha hecho mucho hincapié”, sostuvieron mediante posicionamiento.

El escepticismo de las comunidades no es en vano. En el año 2014, el proyecto Paso Ancho fue cancelado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) debido a fallas técnicas y omisiones graves.Para el OCCAMA, la actual presa Margarita Maza “parece emular el desastroso proyecto de Paso Ancho y el Acueducto del Bicentenario”, dos iniciativas que nunca se concretaron y que dejaron un historial de desconfianza entre la población de Valles Centrales.

En 2024, el gobernador de Oaxaca anunció la reactivación de Paso Ancho, ahora rebautizado como Margarita Maza, y lo presentó ante la presidenta Sheinbaum sin compartir información a la sociedad. Ante ello, comunidades han solicitado reuniones que no se han concretado con los gobiernos federal y estatal para discutir el nuevo proyecto. “Desde agosto del 2024, manifestamos nuestra preocupación por la falta de información sobre el asunto, con el grave antecedente de las fallas y omisiones que hicieron de Paso Ancho una obra inviable técnica social y jurídicamente”, denunciaron. 

En mayo de 2025, el director del Organismo Cuenca Pacífico Sur de Conagua informó que el proyecto pasó a llamarse Presa Margarita Maza y se ubicaría en Rancho Viejo, Sola de Vega. Aunque se habló de dimensiones menores, reconoció que aún no existían los estudios completos, pese a que la obra “podría iniciar en agosto”.

Ese mismo mes, la Comisión Estatal del Agua para el Bienestar adjudicó a FRO Ingenieros el contrato para los estudios de ingeniería básica y anteproyecto por más de 64 millones de pesos, tras descalificar a la única empresa competidora. Para el OCCAMA, este proceso fue poco competitivo y la falta de acceso a los estudios presentados confirman la opacidad. 

El 8 de agosto, una nota de prensa difundió que iniciaban las licitaciones. En Compras MX apareció la ficha “Presa Margarita Maza (Paso Ancho)”, que promete abastecer de forma continua a 641 mil habitantes. Días después, el gobierno estatal aseguró en un comunicado que la primera etapa de coordinación, licitación y supervisión se cumplió “en tiempo y forma” y que la obra beneficiará directamente a la población de Valles Centrales.

Las comunidades y organizaciones cuestionan la inversión millonaria para el proyecto Margarita Maza, puesto que, analízan, los recursos deberían ser encauzados al mejoramiento y reparación de las redes urbanas de suministro y distribución de agua en la zona metropolitana de la capital oaxaqueña. “Resultaría ocioso invertir en una obra pública mayor, si actualmente se pierde en fugas, cerca del 50% del agua disponible”, aseveraron mediante pronunciamiento.

Alternativas

Las organizaciones del OCCAMA plantean alternativas comunitarias, frente a la imposición del megaproyecto, centradas en la gestión del agua desde abajo mediante técnicas y estrategias de cosecha de lluvia, riego eficiente, saneamiento ecológico y reciclaje de aguas. Además, promueven la protección de la Cordillera Norte, fundamental para la recarga de acuíferos y la biodiversidad que albergan los ecosistemas en la región de Valles Centrales.

El Observatorio remarca que estas prácticas no son nuevas, sino son retomadas del conocimiento de pueblos originarios y comunidades para la planeación comunitaria del agua, la producción orgánica, el saneamiento seco y las pequeñas presas filtrantes. 

“Hay que hacer el riego eficiente, hay que cosechar la lluvia, hay que limpiar el agua con sistemas de rehuso y de limitación. Hay un conjunto de medidas que no solo ya conocemos, sino que se ponen en práctica en pequeña escala en muchos lugares en los Valles centrales.

No hay que ver qué podríamos hacer, sino hay que ver lo que ya se está haciendo y apoyar eso”, sostuvo Consejo Dueñas del Observatorio.