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Avispa Midia

Arrecian ataques contra comunidades zapatistas y AMLO lo niega

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

En portada: Bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional marchan en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, para protestar contra la guerra en Ucrania y todas las guerras en el mundo. Foto: Jeny Pascacio.

Son 17 meses que restan de gobierno a Andrés Manuel López Obrador, actual presidente de México. Desde su arribo a la silla presidencial, los vientos de cambio soplaron con fuerza, y no es para menos, los megaproyectos del gran capital que no pudieron empujar los anteriores gobiernos, los está concretando él a una velocidad impresionante. Pero, en este juego, hay ganadores y perdedores, entre ellos, los pueblos que resisten al avasallamiento de la nueva oleada capitalista pintada de sustentable, como las comunidades autónomas zapatistas donde se han agudizado los ataques paramilitares.

Apenas algunos días atrás, mientras se entonaba en 72 rincones del planeta en una misma voz la exigencia de un ¡Alto a la guerra en comunidades zapatistas!, el indígena base de apoyo zapatista, Jorge López Sántiz, sufría las secuelas de un impacto de bala que le dejo heridas en el intestino. Organizaciones de México y del mundo denunciaron que los ataques provenían del grupo paramilitar Organización Regional de Caficultores de Ocosingo (ORCAO), creado durante el gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

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Aunque las protestas resonaron en distintos espacios de noticias, más de 800 detonaciones de armas de fuego continuaron impactando a las casas, escuelas y clínicas autónomas, además de la quema de las parcelas en las que trabajan las familias bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

“Del 19 al 22 de junio, este grupo paramilitar continuó con el asedio a las bases de apoyo zapatistas. Con la anuencia o inacción de los tres niveles de gobierno, se ha buscado escalar la guerra atacando con armas de fuego de manera continua y coordinada en tres poblados zapatistas: Emiliano Zapata, San Isidro y Moisés y Gandhi, ubicados en el municipio de Ocosingo, Chiapas”, denunciaron cientos de organizaciones e individuos que conforman el Espacio de Coordinación Nacional Alto a la guerra contra los pueblos zapatistas, si tocan a un@, nos tocan a tod@s.

Esta Coordinación señala que las agresiones forman parte de una estrategia de guerra paramilitar contra el movimiento zapatista desde que surgió en el año 1994, cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, por sus siglas en inglés). “Ahora se enmarcan en un contexto de creciente violencia, fomentado por la crisis económica en la que los pueblos no zapatistas viven; sin más recursos, dependientes y subordinados a las prebendas de programas sociales como Sembrando Vida. Pueblos no zapatistas se ven en la necesidad de intercambiar dinero por hectáreas de tierra, lo que ha llevado a organizaciones paramilitares como la ORCAO a realizar más de 100 ataques de 2019 a la fecha con el fin de despojar territorios”, resalta este conjunto de colectividades mediante comunicado.

AMLO niega la violencia paramilitar

A pesar de las constantes denuncias durante el mandato de Obrador, en la conferencia de prensa que realizó en el estado de Chiapas el 23 de junio, aseguró tenazmente que, “hay dirigentes de la sociedad civil, incluso, de las organizaciones de defensa de derechos humanos que no nos ven con buenos ojos”, sin mencionar nada relevante de los ataques paramilitares contra las comunidades zapatistas.

AMLO aseguró no ser “Salinas” (en referencia a Carlos Salinas de Gortari, expresidente de México en 1994), y también dijo “no soy Zedillo, no soy Fox, no soy Calderón” refiriéndose a los exmandatarios que le presidieron.

Obrador reafirmó que es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, “entonces nunca voy a dar la orden de reprimir al pueblo, nunca voy a dar la orden de masacrar al pueblo, de torturar a la gente, de violar derechos humanos”.

Además, resaltó que sus políticas sociales han ayudado “porque en programas como Sembrando Vida hay reencuentros de quienes estaban confrontados, participan todos. Porque se produjo mucha división abajo. Entonces, poco a poco se ha ido logrado la unidad y lo vamos a seguir haciendo, respetando a todos, pero pues también informando y aclarando las cosas”.

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Las colectividades que han expresado su solidaridad con el movimiento zapatista mostraron su preocupación tras las declaraciones del mandatario mexicano, además, “esta actitud no sólo nos parece alarmante, nos preocupa que pueda tratarse del preámbulo de un ataque físico y/o mediático todavía mayor. Minimizar la violencia incentiva a los grupos paramilitares al cobijarlos con el manto de impunidad”.

Las Organizaciones de la Sociedad Civil también se pusieron en alerta, “manifestamos nuestra preocupación y lamentamos la difamación en contra de las organizaciones de la Sociedad Civil y de Derechos Humanos en Chiapas”, se expresó desde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDH Frayba), ya que consideran que se vulnera su trabajo en medio de este contexto de violencia paramilitar, utilizada según esta organización “para el control social, político, económico, y territorial, marcada por la continuidad de una violencia generalizada y de una estrategia contrainsurgente”.

Los ataques

Del 19 al 21 de junio el grupo armado nuevamente accionó contra las comunidades zapatistas, casi 800 detonaciones de armas de fuego de alto y bajo calibre en tres días, así como la quema de las parcelas en las que trabajan las familias Bases de Apoyo del EZLN.

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El Frayba ha registrado que desde que AMLO llegó al poder hasta la fecha se han perpetrado más 110 ataques armados contra comunidades autónomas zapatistas. “Estos ataques han incluido quema de escuelas y bodegas de café, agresiones armadas, tortura, secuestros y heridos de gravedad con armas de fuego, los cuales han sido denunciados por los pueblos zapatistas y documentados por el Frayba”, remarca esta organización de derechos humanos.

Esta organización, con sede en Chiapas, sostiene con firmeza que quienes han perpetrado estos ataques forman parte de la estructura gubernamental del municipio de Ocosingo gobernado por el Partido Verde Ecologista de México, que son quienes canalizan los recursos de los programas sociales del gobierno federal, como Sembrando Vida.

Contrario a lo que sostiene el presidente de la República mexicana, estos programas “en el territorio chiapaneco ha generado conflictos y tensiones, confrontando entre quienes pugnan por un control desde el derecho a la autonomía y autodeterminación y quienes buscan acceder al recurso de la tierra a partir del control estatal y la reconfiguración territorial, con un manejo de la tierra, ajeno a las necesidades de los pueblos originarios”.

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Espacio de Coordinación Nacional

Chiapas: La violencia que arriba pretenden ocultar

Apenas el pasado 8 de junio, organizaciones de México y del mundo nos movilizamos en 72 geografías distintas del planeta, para denunciar los ataques del grupo paramilitar ORCAO del 22 de mayo contra comunidades bases de apoyo zapatistas. En este ataque, que se prolongó durante cinco días, resultó herido de bala el compañero Jorge López Sántiz, quien presenta graves secuelas debido a que su intestino quedó muy afectado.

Las movilizaciones fueron la respuesta organizada de miles de personas que vemos con alarma cómo crece la violencia contra las comunidades zapatistas y contra los pueblos de Chiapas y de México. Nuestro llamado de alto a la guerra llegó a muchos oídos y corazones, pero no al Estado mexicano y su clase política.

Del 19 al 22 de junio, este grupo paramilitar continuó con el asedio a las bases de apoyo zapatistas. Con la anuencia o inacción de los tres niveles de gobierno, se ha buscado escalar la guerra atacando con armas de fuego de manera continua y coordinada en tres poblados zapatistas: Emiliano Zapata, San Isidro y Moisés y Gandhi, ubicados en el municipio de Ocosingo, Chiapas.

El saldo, más de 800 detonaciones de armas de fuego de alto y bajo calibre dirigidas a las casas, escuelas y clínicas autónomas, además de la quema de las parcelas en las que trabajan las familias bases de apoyo zapatistas.

Si bien estas agresiones forman parte de una estrategia de guerra paramilitar contra el movimiento zapatista que data de 1994, ahora se enmarcan en un contexto de creciente violencia, fomentado por la crisis económica en la que los pueblos no zapatistas viven; sin más recursos, dependientes y subordinados a las prebendas de programas sociales como Sembrando Vida. Pueblos no zapatistas se ven en la necesidad de intercambiar dinero por hectáreas de tierra, lo que ha llevado a organizaciones paramilitares como la ORCAO a realizar más de 100 ataques de 2019 a la fecha con el fin de despojar territorios.

En su conferencia matutina del 23 de junio, el titular del ejecutivo federal, acompañado de la secretaria de gobernación, del secretario de la defensa nacional y del gobernador de Chiapas, minimizó los ataques contra las comunidades zapatistas y la grave y ampliamente documentada situación que se vive en el estado de Chiapas. Además, lanzó descalificaciones contra organizaciones y personas defensoras del territorio, de los derechos humanos, y organizaciones que documentan y denuncian la violencia.

Esta actitud no sólo nos parece alarmante, nos preocupa que pueda tratarse del preámbulo de un ataque físico y/o mediático todavía mayor. Minimizar la violencia incentiva a los grupos paramilitares al cobijarlos con el manto de impunidad. En nuestra memoria quedaron bien grabadas las palabras que se dirigieron contra el compañero Samir Flores Soberanes previo a su asesinato, crimen que al día de hoy permanece impune.

Frente a esta situación, las organizaciones que firmamos llamamos a:

  1. Denunciar las violencias contra las comunidades zapatistas, contra los pueblos de Chiapas y de México, y hacer frente al negacionismo con que se brinda impunidad a los grupos paramilitares.
  2. Convocar a las personas de buen corazón de todas las geografías a presentar reclamos por escrito ante las representaciones diplomáticas mexicanas.
  3. Acompañar, en la medida de las posibilidades de cada colectivo y persona, las acciones que se irán anunciando en los próximos días, así como organizar las propias.

Responsabilizamos a los titulares del ejecutivo federal y estatal, por las agresiones que puedan sufrir las comunidades zapatistas, las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, periodistas y organizaciones solidarias acompañantes.


Atentamente

Espacio de Coordinación Nacional
Alto a la guerra contra los pueblos zapatistas.
Si tocan a un@, nos tocan a tod@s.

Firmas:

Colectivos y organizaciones:

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Frayba

El Presidente de la República miente y encubre la violencia en Chiapas

El Presidente de la República en su mañanera de hoy miente y encubre la violencia en Chiapas y es cómplice de las agresiones hacia las comunidades

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
23 de junio de 2024

  • El gobierno federal cómplice de la violencia en el estado y las agresiones hacia los pueblos y comunidades.

Desde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), manifestamos nuestra preocupación y lamentamos la difamación en contra de las organizaciones de la Sociedad Civil y de Derechos Humanos en Chiapas realizada el día de hoy en su conferencia mañanera por parte del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que vulnera nuestro trabajo en medio de una profunda violencia que se ha agudizado en los últimos años en el estado, y que sigue creciendo, consolidándose como un elemento estructural en los territorios de los pueblos de los Altos, Costa, la grave violencia en la Frontera Sur, Norte y Selva del estado, lo que ha impactado en los pueblos, varias de ellas son de comunidades originarias e históricas que se organizan por la vía pacífica y de forma antagónica a la política del Estado mexicano en medio de una  diversificación y opacidad de grupos armados, grupo de la delincuencia organizada, sucesores del paramilitarismo que utilizan la violencia para el control social, político, económico, y territorial, marcada por la continuidad de una violencia generalizada y de una estrategia contrainsurgente.[1]

El negacionismo de esta violencia por parte de AMLO profundiza la impunidad impulsada desde actores municipales, estatales y federales que abonan al despojo, explotación y marginación social, además de agudizar la crisis de derechos humanos en la que nos encontramos, y particularmente promueve los ataques sistemáticos contra el proyecto político de autonomía del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), encabezados por grupos armados corporativistas, que han perpetrado desde el 2019 a la fecha, más 110 ataques armados contra las comunidades que pertenecen a la región zapatista de Moisés y Gandhi, que pertenece a la Junta de Buen Gobierno Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad, del Caracol 10 Floreciendo la Semilla Rebelde, zona Patria Nueva, dentro del municipio oficial de Ocosingo, Chiapas, México.

Estos ataques han incluido quema de escuelas y bodegas de café, agresiones armadas, tortura, secuestros y heridos de gravedad con armas de fuego, los cuales han sido denunciados por los pueblos zapatistas y documentados por el Frayba, además de realizar intervenciones ante las autoridades de los gobiernos estatal y Federal, a quienes hemos hecho llamados enérgicos para que respeten y garanticen la vida e integridad física y psicológica de los pueblos y comunidades que pertenecen a la Región de Moisés y Gandhi. Los gobiernos han sido omisos, a la par que el grupo armado actúa con total impunidad siguiendo con las agresiones ante el ominoso silencio de las instituciones del gobierno mexicano.

Hay que sumar que los integrantes de estos grupos armados corporativistas son parte de la estructura gubernamental del municipio de Ocosingo por el Partido Verde Ecologista de México, obtienen recursos de programas sociales como Sembrando Vida; cuya implementación en el territorio chiapaneco ha generado conflictos y tensiones, confrontando entre quienes pugnan por un control desde el derecho a la autonomía y autodeterminación y quienes buscan acceder al recurso de la tierra a partir del control estatal y la reconfiguración territorial, con un manejo de la tierra, ajeno a las necesidades de los pueblos originarios.

Recordamos al gobierno mexicano que en Chiapas nos encontramos en medio de un conflicto político-militar irresuelto, y que tiene pendiente el respeto de las tierras y territorios de los pueblos, quienes siguen siendo invisibilizados, enmarcados tanto en los derechos consignados en los tratados y declaraciones internacionales, así como lo estipulado en los Acuerdos de San Andrés, por ello las causas que propiciaron el levantamiento del EZLN siguen siendo vigentes.

 

[1] Informe Frayba 2023. Chiapas un desastre. Entre la violencia criminal y la complicidad del Estado: https://frayba.org.mx/sites/default/files/Informes/Informe-Frayba-2023/Informe-Frayba-2023_Chiapas-un-desastre.pdf

 

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RedTDT

Nuevos ataques armados en 3 comunidades autónomas zapatistas de la Región Moisés y Gandhi

22 de junio de 2023
Acción Urgente 010

Firma la petición aquí.

Continúa en riesgo la salud de Jorge López Sántiz, Base de Apoyo Zapatista

Del 19 al 22 de junio de 2023, integrantes de la Organización de Cafeticultores de Ocosingo (Orcao), realizaron una serie de ataques que ponen en riesgo a tres comunidades zapatistas: Emiliano Zapata, San Isidro y Moisés y Gandhi, que forman parte de la Región Moisés y Gandhi y están ubicadas en el municipio de Ocosingo, Chiapas: los ataques van desde la quema de parcelas hasta ataques armados que al momento de la emisión de esta Acción Urgente, no han frenado.

Desde el 19 de junio aproximadamente a las 14:00 horas, el grupo armado disparó desde San Felipe y San Antonio Las Flores, contabilizando al menos 67 detonaciones de armas de fuego de alto calibre y 13 de bajo calibre, además de la quema de las parcelas en las que trabajan las familias Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)

El 21 de junio de 2023, los ataques de la ORCAO comenzaron a las 12:50 horas, para las 18:50 horas sumaban al menos 716 disparos de diferentes calibres, simultáneamente atacaron a las comunidades zapatistas de Emiliano Zapata, San Isidro y a Moisés y Gandhi; en esta última incendiaron la parcela adjunta a la Escuela Secundaria Autónoma, misma que se encuentra a escasos 50 metros de las casas de las familias zapatistas.

A la emisión de esta Acción Urgente -para el 22 de junio- se han contabilizado 25 disparos alto calibre y 20 bajo calibre, con información documentada por la Junta de Buen Gobierno Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad, Caracol 10, Floreciendo la Semilla Rebelde, con sede en Patria Nueva, (municipio oficial de Ocosingo), Chiapas.

Este día se cumple un mes del ataque en donde resultó herido el Base de Apoyo Jorge López Sántiz, que aún se encuentra en un estado de salud delicado con la necesidad de manejo especializado para dar continuidad a su proceso de recuperación.

Respecto al estado de salud del Base de Apoyo zapatista, Jorge López Sántiz, egresó del Hospital Gómez Maza el 5 de junio de 2023, después de 10 días de estar en terapia intensiva y 4 días de estar en hospitalización. A su egreso aún presenta una infección que no fue advertida por el personal médico, así como una herida abierta. Las secuelas son graves, pues el funcionamiento de su intestino quedó afectado. El proceso de recuperación es lento, pues las complicaciones derivadas de la cirugía necesitan cuidados especializados para una cicatrización adecuada, así como manejo con medicamentos antibióticos y analgésicos.

Desde la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” continuaremos documentando las agresiones a comunidades que ejercen sus derechos a la autonomía y libre determinación como pueblos originarios, y señalando la complicidad del Estado mexicano.

Ante estos hechos exigimos con urgencia:

  • Garantizar de manera emergente la vida, seguridad e integridad física y psicológica de las familias Bases de Apoyo de la Región de Moisés y Gandhí.
  • Se continúe la atención médica integral y de calidad de Jorge López Sántiz, a fin de salvaguardar su vida e integridad física y psicológica.
  • Investigar y deslindar responsabilidades por el hecho delictivo de intento de homicidio y ataques armados perpetrados en contra de los habitantes de las comunidades que integran la Región de Moisés y Gandhi.
  • Cese inmediato de los ataques armados contra las Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

Antecedentes:

El 23 de mayo de 2023 presentamos la Acción Urgente 009, en donde solicitamos a las autoridades su atención inmediata y un cese a la violencia dirigida en contra de las comunidades autónomas zapatistas.

En mayo de 2022 emitimos la Acción Urgente 002-2022  en donde se documentan diversos hechos de violencia en la comunidad, así como el aumento de ataques armados, robo de cosechas, destrucción de bienes y desplazamiento forzado, con base en los testimonios de las personas pobladoras de la región.

Solicitamos enviar sus llamamientos urgentes a:

Lic. Andrés Manuel López Obrador. 
Presidente Constitucional de México
Residencia Oficial de los Pinos. Casa Miguel Alemán. Col. San Miguel Chapultepec, C.P. 11850 Ciudad de México.
Fax: (+52) 55 5093 4901. Twitter: @lopezobrador_

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Avispa Midia

El despojo que se anuncia en Mercado Libre

Fuente: Avispa Midia

Por Ángel Huerta

En portada: Arcadio y su esposa en su parcela.

María de la Luz Noguerón Valdés observa los restos carbonizados de su cerca. En Tecolocuatitla, desde hace al menos dos décadas, esta escena se repite por lo menos una vez al  año: las cercas de los terrenos amanecen incendiadas, los animales muertos.

Restos de un animal en Tecolocuatilta.

Hace medio siglo el padre de María de la Luz comenzó a sembrar maíz y frijol en esta parcela de no más de una hectárea. Cuando la edad le impidió continuar, le dijo a su hija: “Toma las riendas del trabajo”. Ha pasado una década. Su padre murió hace cuatro años. Hoy María siembra aquí amaranto, flor de calabaza, frijol, maíz, avena, hortalizas.

Tecolocuatitla también es conocido como Xico: un paraje dentro del ejido de San Francisco Tlaltenco, en la alcaldía Tláhuac, oriente de la Ciudad de México. María es sólo una de los ejidatarios y poseedores históricos que denuncian que comisariados ejidales y especuladores inmobiliarios, por medio de un ordenamiento ilegal, intentan despojarlos de sus parcelas.

“Hemos sufrido hostigamientos, también presiones, eso es real”, explica María de la Luz. “Una mañana llegamos a la parcela y pues desafortunadamente machacaron a nuestros animalitos. A todos nos los mataron. De igual manera que a mi compañera: todas sus nopaleras las quemaron. Es como volver a empezar”.

Los campesinos han formado un frente unido para defender sus porciones de ejido. Hace poco, los campesinos encontraron buena parte de sus  tierras de Tecolocuatitla a la venta en el sitio de Mercado Libre.

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Otro Viento

Jujuy: crónica de una pueblada en defensa de la vida y la dignidad

Nota elaborada y publicada por Noelia Carrazana para Red Eco Alternativo y Mink’a Comunicación.

Foto: Imagen Cítrica

A 15 días de comenzadas las diferentes movilizaciones en la provincia de Jujuy, este lunes el gobernador Gerardo Morales manifestó en conferencia de prensa que va a retirar los artículos 36 y 60 de la reforma de la Constitución, textos que afectan directamente a la vida y a la posesión de los territorios de las comunidades indígenas.

El mandatario también expresó que van a mantener los artículos que limitan la protesta social, indicando que ya existe el derecho a circular (garantizado por la Constitución Nacional) y volvió a mencionar que cada persona que participó en la protesta pagará una multa de un millón y medio de pesos. Es decir, está “garantizado” el derecho a protestar, pero hay que ser millonario para hacerlo.

En respuesta a estas declaraciones, desde diferentes comunidades indígenas solicitaron que para este martes se intensifiquen los cortes de ruta. Desde Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Jujuy (SEOM), se invitó a todos los afiliados a continuar las medidas de fuerza con cortes en todas las rutas de la provincia, tal como lo vienen haciendo en los últimos días.

A través de comunicados emitidos luego de la conferencia de prensa, aclararon que «la lucha que llevamos adelante no es por uno o dos artículos, sino contra toda la reforma de la constitución provincial».

Pero… ¿Qué está pasando en Jujuy?

El día 5 de junio, el Congreso Provincial de Asociación de Educadores Provinciales (ADEP) convocó un paro en toda la provincia, para nivel inicial y primario en todas sus modalidades, en rechazo al aumento del 10% por el mes de mayo.

El 9 de junio se realizó una multitudinaria Marcha de Antorchas convocada por los gremios de la Asociación de Educadores Provinciales (Adep), el Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Cedems) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop). Las manifestaciones se replicaron en las localidades de El Carmen, Monterrico, Tilcara, Humahuaca, Perico, La Quiaca, Libertador San Martín y otras localidades de la provincia en un reclamo unánime de aumento salarial. A estas movilizaciones se unieron los empleados municipales, policía en retiro y trabajadores feriantes que vienen sufriendo violentos desalojos con quita de sus productos en pos de “un Jujuy ordenado y limpio”.

El mismo día a través del Decreto Acuerdo Nº 8464-G/2023, el gobernador Gerardo Morales modificó el artículo 113 del Código Contravencional de Jujuy para aumentar las sanciones a las personas y organizaciones que participen de alguna protesta o movilización social, con el argumento de «garantizar en forma efectiva los derechos de libre tránsito y circulación». Esto se vivió como una coacción ya que las cifras a pagar son altísimas, pero lejos de desistir en la lucha la ciudadanía siguió movilizada.

El 14 y 15 de junio, con el cántico “Abajo la reforma, arriba las wiphalas”, las comunidades indígenas de varias localidades comenzaron una caminata denominada “Tercer Malón de La Paz” hacia la capital provincial para mostrar su rechazo a la reforma inconsulta de la Constitución Provincial, que estaba gestando Gerardo Morales a puertas cerradas.

El jueves 15 a la noche se aprobó la reforma a la Constitución Provincial, siendo ésta la gota que hizo explotar la bronca del pueblo jujeño.

El viernes 16 llegó el Malón de La Paz a San Salvador y ahí, después de 8 años sin medidas de fuerza, miles de personas inundaron las calles. “Nunca estuvimos en un reclamo con las comunidades indígenas, ellos hace rato que denuncian los atropellos en sus territorios, pero no recuerdo haber estado en una movilización donde estemos tantos gremios junto a las comunidades”, explicó con emoción Elena, docente de nivel secundario de San Pedro de Jujuy.

El sábado 17 Jujuy se despertó con cortes de ruta en varios puntos de la ruta 9 que tiene como trayecto la ciudad capital hasta la Quiaca, ciudad fronteriza con Bolivia. Para desalojar y desmovilizar, la orden fue: represión feroz. Dejó varias personas pertenecientes a comunidades indígenas heridas de gravedad, un adolescente perdió un ojo y todavía existen denuncias de personas que se les desconoce el paradero, ya que no han sido encontradas por sus familias en los hospitales o salitas de emergencia cercanas.

“Lo que más me dolió fue ver como sacaron todas las pertenencias de los que estábamos movilizados, tiraron la comida que las mujeres estaban preparando en los cortes, no les importó las mujeres, niños, ni ancianos”, contó Gumersindo que estaba en un corte en una localidad cercana a Purmamarca.

Hace un mes fueron las elecciones en Jujuy y allí además de elegir un nuevo gobernador también se eligieron intendentes, diputados, concejales y convencionales constituyentes para la reforma parcial de la Constitución. Carlos Sadir, perteneciente al partido de Morales consiguió el 49% de los votos, mientras que el Frente Justicialista y el Frente de Izquierda (FIT) se disputan el segundo lugar. La participación electoral fue de un 60%, es decir que casi la mitad de los ciudadanos habilitados para votar decidieron no participar.

Estas elecciones estuvieron teñidas por varias denuncias de fraude, pero de todos los actores políticos de argentina solo el FIT y Juan Grabois denunciaron el fraude, el resto del espectro político e incluso los dirigentes de mayor peso del peronismo enviaron sus felicitaciones al nuevo ganador, legitimando así la elección.

juan grabois fraude jujuy

Luego de estas elecciones Morales siguió conservando su poder de mando, no solo en la provincia, sino que desde hace varios años ya es una figura de renombre nacional y desde 2021 – cuando fue elegido el presidente del Partido Radical – esa cuota de poder se amplió.  A principio de este año recibió el apoyo de su partido para ser uno de los candidatos a presidente en las próximas elecciones de octubre, por lo que desde hace tiempo, sus aspiraciones miran mucho más allá de su provincia.

Como todo patrón está acostumbrado a mandar y que se le obedezca, por lo que luego de la conferencia de prensa del día de este lunes circularon audios y capturas de pantallas por los grupos WatshAp de docentes jujeños donde se denunciaba “el ofrecimiento de 10.000 pesos a cada persona que asista el día martes 20 para la jura de la nueva Constitución Provincial”.

Reforma exprés de la Constitución

La propuesta de reforma era la modificación a 193 de los 212 artículos vigentes y los debates debían desarrollarse a lo largo de 90 días. Pero las reuniones de “debate” no fueron públicas, no hubo registro taquigráfico y no hubo audiencia a representantes sociales y/o ciudadanos.

El 1 de junio se conoció el proyecto que proponía recortar la libertad de expresión, eliminar las elecciones de medio término, dar mayoría automática en la Cámara de Diputados al Ejecutivo ganador y no reconocer los tratados internacionales a favor de las comunidades indígenas en las disputas territoriales.

En menos de tres semanas, sin debate, con reclamos de la oposición y manifestantes en las calles, se cerró la posibilidad de presentar dictámenes. El actual gobernador, Gerardo Morales – que también es convencional constituyente – ha contado con el apoyo del PJ local liderado por Rubén Rivarola para aprobar tanto la propuesta de reforma del pasado septiembre de 2022, como la actual.

Solo denunciaron estas maniobras la Izquierda, el ala disidente del justicialismo y la población que se ya se manifestaba en las calles.

Comunidades indígenas y el litio

La tierra jujeña tiene en sus entrañas abundantes minerales codiciados por las empresas multinacionales que por la legislación argentina pueden realizar minería a cielo abierto. Esto lleva a que sean tierras codiciadas por los gobernadores para venderlas al mejor postor. Particularmente lo que agudizó el avance violento y represivo del Estado hacia los territorios inhóspitos de Jujuy, donde están asentadas miles de personas de manera ancestral, es el nuevo oro moderno: el Litio.

Desde que llegó Gerardo Morales a la gobernación no tuvo empacho en tejer diferentes maniobras para conseguir financiamiento extranjero para explotar estos territorios. El año pasado incluso llegó a escribir un Twitter público al locuaz empresario Elon Musk: “Hola Elon, soy Gerardo Morales, Gobernador de Jujuy (Argentina). Los dos proyectos de producción de litio más importantes del país se ejecutan aquí con una capacidad total de 80k toneladas por año y 20 k hectáreas de reservas de litio disponibles para explotar. Somos “Jujuy Verde”, es decir que la explotación del litio es uno de sus proyectos más ambiciosos de gobierno.

gerardo morales reforma constitucion

Pero además del Litio las comunidades reclaman obtener la titularidad de sus tierras a través del cumplimiento de la ley nacional de emergencia territorial N° 26160, la cual realiza el relevamiento de las tierras donde habitan estas personas. Entonces además de este histórico pedido, los principales reclamos del Tercer Malón de la paz son:

-Rechazo a la exploración y explotación del litio en la cuenca de Salinas Grandes.

-Rechazo a la reforma “inconstitucional”.

-Reconocimiento de los territorios donde habitan las comunidades.

-Renuncia de Gerardo Morales.

 Salarios de hambre

En Argentina según datos de mayo del INDEC, la canasta básica fue de 203 mil pesos para que una familia no esté bajo la línea de pobreza. En esta provincia el sueldo promedio de un docente es de 54.831 por mes y según datos del Ministerio de Educación de la Nación, la provincia tiene uno de los cinco sueldos iniciales más bajos.

comparación salarial jujuy salta tucuman

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Comisión Libres Ya por la Libertad de Karla y Magda

Pronunciamiento en repudio al lamentable comunicado de la CNDH

A todas las organizaciones sociales, colectivas y colectivos,

A las organizaciones que defienden los derechos humanos,

Al pueblo en general,

A los medios nacionales e internacionales,

Compañeras, compañeros, compañerxs, desde el plantón que hemos instalado la Comisión por la Libertad de Karla y Magda; Lourdes Mejía, integrante de la Coordinación de Familiares de Estudiantes Víctimas de la Violencia y mamá de Carlos Sinuhé (activista víctima de ejecución extrajudicial impune desde hace casi 12 años); la Unión de Lucha Anticapitalista (ULA), Disidencias y Mujeres Organizadas de la Facultad de Filosofía y Letras UNAM y compañerxs de otros colectivos y organizaciones sociales como respuesta al hostigamiento judicial y la criminalización hacia nuestras compañeras por parte de la CNDH, damos respuesta al vergonzoso y visceral comunicado que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha publicado esta mañana, dejando en evidencia, nuevamente, su insistencia en criminalizar a Karla y a Magda.

Esperamos que puedan difundir nuestra respuesta por la liberación absoluta de nuestras compañeras.

No entendemos cómo la CNDH habla de respeto a la manifestación cuando están intentando castigar a dos compañeras que son defensoras de derechos humanos quienes simplemente han ejercido su derecho a la protesta. Su comunicado evidencia la criminalización que pretende polarizar la opinión pública deslegitimando las protestas feministas, también muestra su estigma por la lucha social y el uso a modo del derecho internacional con respecto a la protesta social.

La CNDH no ha cooperado con las autoridades que menciona ya que de ser así hubiera seguido las indicaciones del juez a cargo del proceso, el cual indicó y llamó a las dos partes a encontrar una solución fuera del ámbito penal. La representante legal de la CNDH, Luciana Montaño Pomposo, se ha negado a seguir esta instrucción y ha exigido la prisión hacia nuestras compañeras en vez de entablar un diálogo y buscar una solución pacífica. La CNDH es la que señala y exige el proceso a la Fiscalía pues esta no investiga sin un denunciante, es la misma CNDH la que ha denunciado y busca convertir la protesta social en un delito.

Si hablan sobre los daños al edificio y los supuestos delitos que se han cometido, no entendemos por qué sí entablan acuerdos y perdón con personas que sí estuvieron en la toma del edificio mientras que a Karla y Magda se les niega el mismo trato jurídico.

A la CNDH no le corresponde decidir si se cometieron o no delitos en la Casa de Refugio Okupa Cuba, a la CNDH le corresponde defender el derecho a la presunción de inocencia, al estricto cumplimiento del debido proceso, a defender a las compañeras que fueron torturadas. Que no lo haga así es una muestra clara de su línea política y de la manera en la que busca criminalizar al movimiento feminista en general y a Karla y Magda, en particular.

Cuando la CNDH habla de que Karla y Magda enfrentan el proceso en libertad no es gracias a esta institución, esto obedece a que ellas no han sido vinculadas al proceso ya que el juez en audiencias ha solicitado el aclaramiento de las acusaciones, es decir en la carpeta de investigación no obra ningún prueba de la participación de Karla y Magda en los daños al inmueble.

En el mismo sentido de represión y criminalización, la misma CNDH ha intentado incluir en la carpeta de investigación fotografías de actos de protesta pacíficos realizadas en estos meses aún cuando Karla y Magda ni siquiera han estado presente.

Hacemos un llamado a la CNDH a revisar la ley internacional, ya que la Corte Interamericana ya ha sido explícita en que los Estados no pueden justificar el supuesto “orden público” para reprimir y criminalizar protestas. La misma CIDH ha señalado que sólo cuando las protestas ponen en riesgo el funcionamiento de una sociedad se puede intervenir y siempre evitando el uso de aparatos jurídicos y de brutalidad policial. Cualquier protesta realizada en estos días y meses jamás han puesto en riesgo el funcionamiento de la sociedad y mucho menos se ha utilizado armas. Para la CNDH nuestras “armas” son la dignidad, la justicia, la memoria, el amor, brochas, latas de aerosol, lonas y nuestra palabra

Hacemos un llamado a las instituciones y organizaciones defensoras de derechos humanos, nacionales e internacionales a cuestionar e interpelar a la CNDH ante esta lamentable actuación de persecución judicial, criminalización y toma de parte en la deslegitimación de la protesta social, su falta de respeto ante los derechos humanos procesales y su silencio ante la tortura que consta en el Protocolo de Estambul que ha salido positivo para Karla y Magda.

Esperamos que la CNDH enfoque los recursos del Pueblo -al que dogmática y retóricamente apela en su comunicado- en atender a las miles de víctima de este país que tienen en el olvido, en lugar de utilizar estos recursos en contra de un grupo de mujeres jóvenes que incomodan a un Estado misógino y feminicida.

Seguimos exigiendo que se retiren las acusaciones en contra de Karla y Magda.

De la misma forma exigimos que cese el hostigamiento, persecución y represión en contra de las compañeras víctimas Flora Marcelo Rojas y Laura Kabata que están plantadas hace más de 5 mesas en las afueras de Fix Zamudio quienes han sido golpeadas físicamente por su personal y protección federal por el hecho de exigir justicia para sus hija e hijo y quienes además enfrentan acusaciones judiciales en su búsqueda de justicia por parte de la CNDH.

No cederemos ante sus amenazas y chantajes, nosotras no necesitamos mentir como las y los funcionarios de las instituciones públicas para justificar la indolencia e inacción ante cientos de denuncias.

Da vergüenza y causa preocupación cómo el organismo de derechos humanos más importante del país hace público un comunicado tan visceral y poco institucional, señalando directamente, sin pruebas ni sentencia a Karla y Magda y aparte dando lugar al escarnio público tanto ellas como a quienes acompañamos su caso.

Hacemos responsable a la CNDH ante cualquier acto violento que recibamos tanto por parte de la policía y las autoridades estatales como de la ciudadanía en general, ya que su discurso aviva el odio y el clima hostil que han sembrado contra el movimiento feminista.

Nosotras como mujeres combativas, seguiremos con el plantón hasta que cese la persecusión de la CNDH hacia Karla y Magda.

Comisión Libres Ya por la Libertad de Karla y Magda

#LaCNDHNomeCuida
#LibresYa

radio
Comisión de Coordinación y Seguimiento del Congreso Nacional Indígena

A 4 años, 4 meses del asesinato de nuestro hermano Samir Flores Soberanes. ¡Exijamos justicia!

A 4 años 4 meses del asesinato de nuestro hermano Samir Flores Soberanes, hacemos un llamado a los pueblos de México y del mundo a que este miércoles 28 de junio continuemos con la exigencia de justicia para nuestro compañero Samir Flores Soberanes.

La Fiscalía General del Estado de Morelos a cargo de Uriel Carmona Gándara, sobre el que pesan diversas investigaciones por parte de la FGR por presuntos nexos con el crimen organizado, ha hecho un uso faccioso y mediático de las supuestas investigaciones sobre quiénes y porque fue que asesinaron a nuestro hermano Samir Flores Soberanes.

Quien, además de ser asesinado en el contexto de una consulta amañada e ilegal de Andrés Manuel López Obrador para justificar la imposición del Proyecto Integral Morelos, era un gran sembrador de vida y autonomía en su comunidad de Amilcingo y la región Oriente de Morelos, Puebla y todo lugar al que iba.

La Fiscalía de Morelos pretende el próximo 4 de julio llevar a juicio, sin pruebas sólidas al denominado Temalaco, y sin ninguna línea de investigación desarrollada sobre cual fue el motivo del asesinato de Samir. La Fiscalía de Morelos ya ha demostrado sino es que, por lo menos, su incapacidad para resolver el caso, sino es que su complicidad silenciosa en él.

Como comunicador indígena que difundía la lucha por la defensa del territorio, Samir tiene derecho a que la Fiscalía especial para la atención de delitos contra la libre expresión atraiga su caso y, con una perspectiva del contexto real en que fue asesinado, continue con las investigaciones y encuentre a los culpables materiales e intelectuales de su asesinato.

Sabemos que la justicia de Samir está en la lucha de nuestros pueblos, barrios y comunidades, en la rebeldía, la libertad y la dignidad de nuestros corazones, pero también la justicia involucra el derecho a la verdad.

Honesto, alegre y comprometido como fue nuestro compañero, no le podemos ofrecer menos que nuestra lucha constante porque se sepa la verdad, de quien lo mandó a matar y por qué.

¡NUNCA MAS UN MEXICO, SIN NOSOTROS!

POR LA RECONSTITUCIÓN INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS

¡JUSTICIA PARA SAMIR!

Comisión de Coordinación y Seguimiento del Congreso Nacional Indígena

radio
Frayba

Caso Antonio González Méndez vs. México: un crimen de Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
20 de mayo de 2023
Boletín No. 14

  • Exigimos que el Estado mexicano reconozca su responsabilidad frente a los crímenes de lesa humanidad en el marco de la contrainsurgencia de los noventa.

El miércoles 21 de junio del presente año se celebra ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) la audiencia del Caso Antonio González Méndez vs. México, quien fuera desaparecido en 1999 por el grupo paramilitar Organización Desarrollo, Paz y Justicia (Paz y Justicia) en el norte del estado de Chiapas por pertenecer a las bases civiles del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). La audiencia es un momento histórico, pues se trata del primer caso que la Corte IDH conoce sobre las acciones de contrainsurgencia de los años 90-2000 en el Estado. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), quien acompaña y representa a la familia de Antonio González Méndez (Antonio), espera que el proceso resulte en una condena contra México bajo el reconocimiento de la verdad sobre este episodio de la historia, además de obligar a reparar a todas las víctimas de su política criminal; a la fecha no se ha realizado ninguna acción para buscar a Antonio González, ni se han considerado líneas de investigación conforme al contexto de contrainsurgencia reconocido internacionalmente.

Zonia López, esposa de Antonio, asumió desde su desaparición el papel de defensora, exigiendo su búsqueda ante instancias locales y nacionales. El proceso ha sido tortuoso, revictimizante y colmado de discriminación hacia la mujer del pueblo maya Ch’ol. Ante la falta de búsqueda y de investigación adecuada en México, ella y sus familiares decidieron acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos en el año 2000. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió su informe de fondo en 2019, decisión de gran alcance para el caso y la búsqueda de la verdad, reconociendo la participación del Estado mexicano en la conformación de grupos paramilitares, incluyendo Paz y Justicia, además de exigir investigar los hechos y buscar a Antonio bajo este contexto de terror y criminalidad.

El gobierno mexicano abanderado por el proyecto de Andrés Manuel López Obrador dio un cumplimiento mínimo a las recomendaciones del informe de la CIDH. La disculpa pública del Subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas en 2022 fue interpretada por familiares de Antonio como un simple acto protocolario, dada la falta de búsqueda e investigación. Ante la continuidad en las omisiones del Estado, el caso fue finalmente presentado ante la Corte IDH, en donde el gobierno de la “cuarta transformación” ha negado la política de Estado de contrainsurgencia donde sucedieron graves violaciones a los derechos humanos. Esta actitud lo convierte en un cómplice más de los gobiernos anteriores, y responsable de las afectaciones psicosociales que se siguen produciendo por la falta de justicia y verdad hacia las víctimas.

Las acciones de contrainsurgencia diseñadas por la Secretaría de la Defensa Nacional en su “Plan de Campaña Chiapas 94”[1] incluyeron la formación de grupos paramilitares tras el levantamiento zapatista de 1994. El Ejército mexicano y los paramilitares cometieron crímenes de lesa humanidad en contra de la población indígena como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, desplazamientos forzados, entre otros. Estas agresiones, dirigidas en gran medida contra civiles, tenían como objetivo ocasionar un estado de terror que impidiera el apoyo de las comunidades a la insurgencia. El Frayba documentó que Paz y Justicia, que fue solo uno de los múltiples grupos paramilitares que operaban en Chiapas, desapareció a 37 personas y ejecutó a 85 más en la región.

Exigimos que el gobierno de México, reconozca la responsabilidad y responda a esta demanda de trascendencia histórica que tiene que ver con graves violaciones a los derechos humanos, cometidos durante la década de los noventa, tal y como fue la Desaparición Forzada de Antonio González Méndez, por lo que debe cumplir con una investigación y búsqueda exhaustiva tomando en cuenta el contexto de violencia política y generalizada en el marco de un conflicto armado interno, así también cumpla en su totalidad con sus obligaciones en materia de reparación integral de los daños, para que la familia de Antonio tenga la posibilidad de un proyecto de vida el cual fue truncado. El caso Antonio González Vs. México puede ser un precedente importante que impulse la memoria, verdad y justicia en el país y para decenas de víctimas que han sido negadas y ocultadas por los gobiernos.

radio
Noticias de Abajo

Noticias de abajo 20 de junio 2023

(Descarga aquí)  

Rompiendo Fronteras:

  • HONDURAS: Asesinan al defensor del territorio Oqueli Domínguez en Guapinol, el activista antiminero es uno de al menos 3 asesinatos de opositores a los megaproyectos que invaden la zona.  Por Guapinol.
  • WALLMAPU CHILE: Un año de Estado de Excepción ES UNA DECLARACIÓN DE GUERRA AL PUEBLO MAPUCHE MOVILIZADO POR TERRITORIO Y AUTONOMÍA Comunicado de Héctor Llaitul Carrillanca Vocero Coordinadora Arauco Malleco-CAM.
  • GLOBAL: La “revolución de Gladis”: ¿por qué las orcas atacan a las embarcaciones? Por Radio Temblor
  • ITALIA FRANCIA: Declaración conjunta de la coordinación de los opositores al Tren de Alta Velocidad (TAV Lyon-Turín). Más de 5.000 personas en la movilización internacional a pesar de las prohibiciones y la violencia policiaca. De Notav.

Desde el Ombligo del Monstruo

  • OAXACA: Eloxochitlan bajo amenaza y en autodefensa. Jornada de lucha en la ciudad de Oaxaca, amenazas a familiares y la formación de un llamado grupo de autodefensa. Vamos a escuchar el podcast  de Kino Balu
  • OAXACA: Comunidad de Puente Madera logra suspensión del parque industrial en su territorio ante imposición del Corredor Interoceánico. Noticias de abajo.
  • MORELOS: Exigen justicia para el Samir Flores ante mal trabajo y montajes por parte de la fiscalía que lleva el caso.
  • CHIAPAS:  3 mil personas desplazadas de Frontera Comalapa, denuncian omisión de los gobiernos federal y estatal ante violencia de crimen organizado.