desaparición forzada
Ricardo Lagunes y Antonio Díaz: 10 meses de su desaparición
Comunicado conjunto:
Ricardo Lagunes y Antonio Díaz: a 10 meses de su desaparición continúan sin ser localizados
Ciudad de México a 15 de noviembre de 2023
Se cumplen diez meses de la desaparición de Ricardo Arturo Lagunes Gasca, abogado defensor de derechos humanos y Antonio Díaz Valencia, líder comunitario en el municipio nahua, de Aquila, Michoacán. Si bien, desde entonces, se ha detenido a dos personas vinculadas a sus desapariciones, hasta el momento ni la investigación penal ni las acciones realizadas por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), han logrado dar con su paradero.
Además, preocupa a las familias de Ricardo y Antonio los recientes movimientos al interior de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), lo cual, podría implicar una dilación en las acciones de búsqueda y la falta de continuidad a los compromisos adoptados, razón por la cual es fundamental que, Félix Arturo Medina Padilla, nuevo titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, así como Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), a la brevedad, retomen el contacto con las familias para dar seguimiento a los acuerdos tomados en las mesas de trabajo celebradas el 25 de mayo y octubre del año en curso.
Lamentamos profundamente la falta de coordinación que prevaleció por más de nueve meses entre las distintas autoridades del Estado Mexicano, situación que ha entorpecido y retrazado la búsqueda y localización de Ricardo y Antonio. Si bien, a la fecha, se ha dado una escueta coordinación entre la CNB y la FGR, hacemos un llamado a que las acciones de investigación y búsqueda continúen articulando de manera permanente y continua. En este sentido, señalamos que, después de casi diez meses, la CNB presentó su análisis de contexto y su plan de búsqueda, de lo observado, resulta fundamental para las familias que la CNB establezca en su Plan de Búsqueda un cronograma que señale de manera clara y específica fechas y/o periodos de tiempo estimados en los que se estarán llevando a cabo las acciones de búsqueda propuestas en el documento.
Igualmente, hacemos un llamado para que la Fiscalía General de la República (FGR) retome las recomendaciones que emitió la CNB en su análisis de contexto para fortalecer la investigación penal con el fin de lograr indicios claros del lugar en el que se pueden encontrar Ricardo y Antonio. Reiteramos la necesidad de que se investigue el actuar de servidores públicos de la Fiscalía del Estado de Colima, los cuales, pudieron haber obstruido información fundamental para localizar a Antonio y Ricardo durante los primeros días.
Ante todas estas dificultades y los pocos resultados, la semana pasada las y los familiares participaron en una audiencia celebrada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington DC, en la que participó una representación del estado mexicano, así como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, en México. En ella las familias propusieron la creación de un Mecanismo Internacional para la Recuperación Humanitaria de Antonio y Ricardo (MIRHAR), con el fin de contar con el apoyo de especialistas imparciales y tecnología avanzada que contribuyan con su búsqueda y pronta recuperación. Con la convicción que esto traiga beneficios a muchas más personas que afrontan la pesadilla de la desaparición de sus seres amados en México.
Finalmente, hacemos un llamado urgente para que las autoridades responsables continúen con las labores de investigación y búsqueda a pesar del evidente inicio del periodo electoral, sería muy lamentable que las autoridades prioricen las acciones electorales sobre la vida y seguridad de Ricardo y Antonio y sobre las obligaciones que tiene de proteger y garantizar sus derechos humanos.
Por lo anterior, a 10 meses de la desaparición, las familias reiteran lo siguiente:
- La prioridad de las familias es recuperarlos inmediatamente. Por lo que se solicita que el gobierno mexicano impulse el Mecanismo Internacional para la Recuperación Humanitaria de Antonio y Ricardo (MIRHAR).
- Se señale fecha de reunión urgente con Félix Arturo Medina Padilla, titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, así como con Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) a efectos de informar el proceso que han seguido el caso y establecer acuerdos de coordinación para la búsqueda efectiva y localización de Ricardo y Antonio.
- Que la CNB actualice y establezca en su Plan de Búsqueda un cronograma que señale de manera clara y específica lugares, fechas y/o periodos de tiempo estimados en los que se estarán llevando a cabo las acciones de búsqueda con presunción de vida propuestas en el documento.
- Reiteramos la importancia que tiene el trabajo conjunto entre las diferentes autoridades involucradas tanto en las estrategias de búsqueda como en los procesos de investigación.
- Que la FGR fortalezca el proceso de investigación y retome las recomendaciones emitidas por la CNB en su informe de contexto y en el plan de búsqueda.
- Se investigue y en su caso, se sancione a todos los responsables involucrados en los hechos, incluidas las autoridades de la Fiscalía de Colima que han obstaculizado la investigación.
Hasta Encontrarlos
Presentación con vida de Ricardo Arturo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia
Firman
Familia Lagunes Gasca
Familia Díaz Valencia
Asesoría y Defensa Legal del Sureste
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT)
Presente.org (EE.UU.)
Rita Marcela Robles Benitez, abogada defensora de derechos humanos
Sin presencia de principales responsables del caso, padres y madres de Ayotzinapa denuncian ante la CIDH obstaculización de la justicia
Washington DC, 9 de noviembre de 2023.- Frente a la ausencia de autoridades de alto nivel responsables en el esclarecimiento de los hechos del caso de desaparición de estudiantes normalistas de Ayotzinapa, padres y madres de las y los estudiantes presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la actualización de los últimos eventos del caso y presentaron solicitudes puntuales, esto durante la audiencia convocada por la CIDH como parte del seguimiento de la medida cautelar 409-14.
Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascensio Bautista, y Mario González padre de César Manuel González Hernández, acompañados por representantes de Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C., el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), enfatizaron que a más de 9 años de los hechos aún no han alcanzado verdad ni justicia, ni se conoce el paradero de los estudiantes; por el contrario, se mantiene la obstaculización por parte del Ejército para entregar información relevante para el esclarecimiento de lo ocurrido, no hay claridad en las líneas de investigación y han recibido evasivas de las autoridades. Lo anterior se vio reflejado en la falta de comparecencia en la audiencia de autoridades relevantes en el asunto, como el actual Subsecretario de Derechos Humanos y Presidente de la COVAJ y el actual titular de la Fiscalía Especial para el caso.
“Veo que el Estado no toma en serio el caso Ayotzinapa. El nuevo Fiscal, el nuevo Subsecretario no están presentes. Como padres y madres no nos rendiremos, por el amor de nuestros hijos nos mantenemos de pie”, expresó Cristina Bautista.
Mario González añadió: “Ahora vemos toda la descalificación hacia nosotros, la falta de respeto de no venir los principales [autoridades] para poder hablar con ellos. Un ejemplo de ello es la salida del GIEI, que buscaron tener acceso a una serie de documentos de los Centros Regionales de Fusión de Inteligencia, que podrían contribuir a saber qué pasó con nuestros hijos. Esos documentos tienen muchísima información, son reportes militares, son transcripciones de llamadas entre perpetradores, son pistas. Y no entendemos por qué el Ejército no quiere entregar esa información”.
Junto con sus representantes, los padres presentaron cuatro peticiones puntuales ante las y los comisionados de la CIDH:
1. Dado que se ha informado que el Presidente de la República supervisará directamente las investigaciones, se solicitó que continúe haciendo uso de todos los mecanismos extraordinarios de supervisión de la medida cautelar sobre el caso, incluyendo el acompañamiento a las familias a cada una de las reuniones que se convoquen desde Presidencia.
2. Se concrete un mecanismo técnico de revisión adicional de los archivos castrenses por parte de la CIDH, requiriendo al Estado que informe por escrito si acepta esta propuesta.
3. Que en cuanto se elija a la próxima Comisionada o Comisionado Relator para México se lleve a cabo una visita al país y en particular a la Normal Rural de Ayotzinapa, para que pueda conocer de primera mano el estatus del caso y encontrarse con las familias.
4. Que la CIDH continúe la supervisión de las medidas cautelares en el caso, sin dejar de estar alerta de posibles acciones legales que se puedan iniciar en contra de las víctimas, representantes y funcionarios públicos que han trabajado por esclarecer el caso en los últimos años.
Frente a estas peticiones, la representación del Estado mexicano se limitó a leer una comunicación enviada por el fiscal del caso, Rosendo Gómez Piedra, en donde se dedicó a denostar el trabajo del anterior titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa (UEILCA), así como de la propia CIDH, y no de presentar las líneas actuales de la investigación. La comunicación, además, contuvo afirmaciones preocupantes como la minimización de los efectos perniciosos de la tortura frente a los procesos penales, que derivaron en la libertad de posibles responsables.
Los padres y madres y organizaciones acompañantes lamentaron esta respuesta ya que se da un mensaje de irrespeto a las familias y de una clara intención de eludir la supervisión internacional sobre este caso, como en otros de desaparición en México.
Asimismo, sobre el desmantelamiento de varios mecanismos establecidos para esclarecer los hechos y responsables en el caso —lo que incluye la salida de GIEI del país por falta de condiciones, la posible criminalización del ex fiscal especializado y la incertidumbre sobre el futuro de la COVAJ—, se señalaron dos razones por esos retrocesos institucionales que efectivamente han devuelto el caso al 2018: la politización de las investigación y el empoderamiento del Ejército.
Las y los comisionados señalaron la ausencia de autoridades claves, lo cual limitó la posibilidad de hacer preguntas concretas sobre dónde está hoy el caso Ayotzinapa, en las responsabilidad de preparación, no sólo de líneas de investigación, sino de acciones dirigidas para completar esas líneas, cómo se ha llevado a cabo las investigaciones de los altos mandos, el proceso de órdenes de aprehensión, el otorgamiento de medidas sustitutivas a la prisión preventiva de figuras importantes, entre otros temas.
“Los familiares de personas desaparecidas también son víctimas y llevan 9 años. Y 9 años de sufrimiento y de espera. Yo tengo que decir con mucha franqueza: una justicia que tarda no es justicia. Es una verdad que se demora, por más que hay explicaciones y valoro que den explicaciones, pero me atrevo a decir que si le preguntan a los solicitantes ‘¿qué están esperando?’, es ‘dónde están sus hijos'”, dijo la comisionada Julissa Mantilla. Al tiempo que la Comisionada Esmeralda Troitiño lamentó estar por concluir su mandato sobre México sin que el caso haya sido esclarecido.
Ante los señalamientos de los padres y madres, las organizaciones acompañantes, y ante los cuestionamientos de la Comisión Interamericana, el Estado se comprometió a dar posteriormente respuestas puntuales; mientras que las y los comisionados se comprometieron a dar seguimiento, como lo han hecho durante estos 9 años, desde que sucedieron los hechos.
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