El año 2016, el gobierno de Evo Morales, a través de ENDE adjudicó la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Rositas a la empresa China Asociación Accidental Rositas (AAR), sin contar con un diseño final ni seguir un proceso de licitación pública El proyecto tendrá grandes impactos ambientales y sociales debido al desplazamiento obligatorio de sus habitantes a quienes no se les está garantizando su derechos a la consulta. Producido por la Plataforma Boliviana frente al Cambio Climático, Este video recoge las voces de las comunidades que serán afectadas por el proyecto que hoy viven las presiones del gobierno.
De concretarse este proyecto, comunidades indígenas guaraní, comunidades campesinas y de productores, así como la famosa Ruta del Che, correrían el peligro de desaparecer bajo las aguas.
En diciembre de ese año, Chaski Clandestinx publicó un par de artículos sobre este proyecto. A continuación compartimos de nuevo parte de su investigación:
Fotos: Webert da Cruz
Texto: Unión Nacional Campesina – Brasil
En una acción histórica del movimiento brasileño de lucha por la reforma agraria, la Unión Nacional Campesina (UNC) y la Confederación Nacional de Agricultores Familiares y Emprendedores Familiares Rurales (CONAFER) reunieron a más de 3 mil campesinos y campesinas, indígenas, quilombolas y ribereñ@s en plantón en un acto de resistencia en la Explanada de los Ministerios en Brasilia.
La Jornada Nacional de Lucha, bautizada como Carnaval Rojo, empezó el lunes 19 de febrero con un ritual emocionante de los hermanos indígenas Pataxó Hã-Hã-Hãe del Sur y extremo Sur de Bahía, donde pidieron a Tupã y a los Encantados que bendijeran las luchas de los siguientes días.
El pasado 25 de febrero colectivxs feministas se manifestaron frente al Antiguo Palacio del Ayuntamiento para exigir a Miguel Ángel Mancera (Jefe de Gobierno de la Ciudad de México) que emita la Alerta de Violencia de Género (AVG) en la capital de pais.
Del 21 al 23 de marzo de 2018 por tercer año consecutivo las familias desplazadas de Banavil retornaron temporalmente para recordar la siembra de la niña Antonia, quien perdiera la vida en condiciones de desplazamiento forzado el pasado 21 de febrero de 2015 en medio de discriminación y una atención médica precaria en el hospital de Las Culturas en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas. Sus hermanas Lucia, Petrona y María, así como sus primos y primas Alonso, Lorenzo, Miguel y Petrona junto a sus tías, tíos y su abuela Antonia rezaron junto a acompañantes de la Sociedad Civil Nacional e internacional.
El pequeño Lorenzo se detiene un momento para regalarnos una fotografía.
El regreso a sus tierras para recordar a Antonia se da en medio de nuevos despojos de sus tierras, de nueva cuenta actores que les desplazaron hace 6 años están repartiendo ilegalmente 5 hectáreas y media de tierras en el ejido Santa Rosa, propiedad de Lorenzo López Girón y Alonso López Luna, éste último cabeza de las familias desaparecido desde el 4 de diciembre del 2011.
La experiencia de vida de las familias de Banavil está relacionada con la oposición política en los Altos de Chiapas por lo menos desde la década de los noventa, primero afiliados al Partido de la Revolución Democrática (PRD), para pasar en 1996 a incorporarse como Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN). Junto a indígenas sin tierras llevaron a cabo acciones de recuperación en medio del alzamiento, en donde recuperaron las 5 hectáreas y media en Santa Rosa, que después serían legalizadas y se convertirían en ejido en 1997 como apuesta gubernamental para calmar los ánimos en los pueblos.
Lorenzo López Girón visto a través de un vidrio quebrado durante las agresiones que les llevaron al desplazamiento.
Enseguida se inaugura un proceso de violencia que fue impulsado por las discordias que causó el reconocimiento oficial de sus tierras, y en medio de un intenso “bombardeo” de programas sociales que beneficiaron alrededor de 30 familias, pero sobre todo a un grupo de personas que posteriormente desembocaría en la constitución de un grupo de carácter clientelar con rasgos caciquiles que actúa por encomienda del gobierno municipal y estatal, hostigando y amenazando a las familias zapatistas y sus simpatizantes.
Apartir de la cooptación de las personas en la comunidad, en el año 2000 salieron las familias del Paraje adscritas al zapatismo. Una parte de éstas participaron en el proceso de violencia que desembocó en el desplazamiento forzado de las familias López Girón, López Méndez y López Guzmán en el 2011. En medio de este periodo se presentaron diversas tensiones y violencias con distintas características: aparentes conflictos al interior de la iglesia, continuas multas de autoridades comunitarias, montajes jurídicos avalados por la asamblea de la comunidad, amenazas, expulsiones a las niñas de la escuela primaria y finalmente el desplazamiento.
Dentro de quienes llevaron a cabo este largo proceso de violencias se encuentra Pedro Méndez López, actual comisariado del ejido Santa Rosa. Junto a Agustín Guzmán Méndez y Diego Méndez López, así como sus cuñados Miguel Guzmán Méndez, y Agustín Guzmán Méndez, a partir del 16 de septiembre de 2017 reactivaron los hostigamientos y despojos en contra de las familias desplazadas de Banavil. Talaron 4 árboles en las tierras de la familia López Girón, cuyos titulares son Alonso, padre de familia y Lorenzo, su hijo, denunciaron las familias desplazadas en un comunicado el pasado 23 de octubre de ese mismo año. Las tierras están siendo repartidas entre personas del ejido, iniciando un nuevo despojo de sus tierras de las familias desplazadas de Banavil.
A su llegada, la señora Antonia recolecta flores de mostaza para la comida que serán acompañadas con frijol.
No sé que es lo que pensaron, no sé dónde encontraron la idea, empezaron a partir nuestro terreno, nuestro terreno y su tierra de mi papá. Y lo partieron, hicieron un callejón pero no sé qué tanto de lo hicieron el callejón, lo limpiaron, no sé porque no podemos entrar en Santa Rosa y de ahí empezaron a cortar el árbol y enseguida empezaron a destruir nuestra casa ahí y ya no tenemos casa ahí y no podemos entrar, así empezó el mes de septiembre. Empezamos a denunciar, giramos oficio en delegado de gobierno, presidente municipal, juez de paz de Tenejapa, pero como que no lo quieren, está cómplices el juez. Lorenzo López Girón.
Pedro Méndez López ha sido parte del proceso de violencias que han vivido las familias de Banavil por mantenerse en resistencia sin recibir apoyos gubernamentales. Junto a Alonso López Ramírez, actualmente recluido en el CERESO No. 5 de San Cristóbal de Las Casas, en el año 2003 iniciaron los hostigamientos en contra de la familia López Girón, hasta la fecha siguen haciendo activos, cubiertos de la anuencia de las autoridades municipales y estatales, respondiendo con despojos y amenazas a la lucha por justicia, verdad y retorno que exigen las familias desplazadas desde hace 6 años de Banavil.
María, madre de la pequeña Antonia, frente a su tumba después del rezo.
Pedro Méndez López ha sido parte del proceso de violencias que han vivido las familias de Banavil por mantenerse en resistencia sin recibir apoyos gubernamentales. Junto a Alonso López Ramírez, actualmente recluido en el CERESO No. 5 de San Cristóbal de Las Casas. En el año 2003 iniciaron los hostigamientos en contra de la familia López Girón, hasta la fecha siguen activos, cubiertos de la anuencia de las autoridades municipales y estatales, respondiendo con despojos y amenazas a la lucha por justicia, verdad y retorno que exigen las familias desplazadas desde hace 6 años de Banavil.
A inicios de febrero, Minerva Bello, a quién Ixchel Cisneros describió “de apariencia frágil, la piel pegada a los huesos y las manos agrietadas por trabajar la tierra y lavar la ropa de siete hijos”*, no alcanzó a ver a su hijo Everardo de vuelta en Omeapa, Guerrero. A casi 41 meses de la desaparación forzada de los 43 de Ayotzinapa, sus madres y sus padres insisten en romper el silencio y el olvido. En su paso por Cuernavaca, Morelos y otros estados del país rumbo a la VI Convención Nacional Popular a celebrarse los días 17 y 18 de marzo, ellxs y la Caravana que encabezan han agradecido el apoyo brindado desde el 2014 pero han señalado que aún hace falta más para seguir exigiendole a la PGR y al gobierno federal que cumplan con las cuatro líneas de investigación propuestas por el GIEI expulsado del país. En su camino, los padres y madres de los 43 han dejado claro que clarificar estas líneas de investigación será vital para poder encontrar a sus hijos:
I. Investigar al Ejército por su participación documentada en la desaparición de los 43.
II. Investigar a los cuerpo policíaco de Huitzuco, pues fue este grupo quien llegó al puente del Chipote para llevarse a estudiantes normalistas deben ser castigados.
III. Investigar la telefonía celular que muestra la ubicación de los policías de Huitzuco, además de que se encontraban activos los celulares de los jóvenes días después de la agresión.
IV. Investigar el trasiego de droga de Iguala a Chicago como móvil principal de la agresión a los normalistas desaparecidos.
“Los padres de los 43 estamos muy unidos y esto no se va a acabar hasta encontrarlos”*, decía Doña Mine…
Testimonio de Don Celso, padre del normalista Emiliano Alen Gaspar de la Cruz (1 min.)
Testimonio de Cristina Bautista, madre del normalista Benjamín Ascencio Bautista (6 ”43 min.)
Testimonio de María Concepción Tlatempa, madre del normalista Jesús Jovany Rodríguez Tlatempa (3 ”35 min.)
Palabras de Vidulfo Rosales, abogado de los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa (5 ”30 min.)
Fueron casi 130 días observando la caravana del Concejo Indígena de Gobierno y Marichuy, su vocera. Esta banda ha viajado en una furgoneta con recursos mínimos y condiciones precarias por más de 120 lugares en todas las regiones de México, para cumplir una agenda que no era de comicio pero que pretendía atender una demanda de presencia en las comunidades, fomentar la organización y coser la unión de los pueblos (originarios o no) por la vida. El proceso mostró las incompatibilidades y desniveles entre los modelos de representación del sistema de los que están en el poder y los independientes de verdad. El logro de las firmas para constar en la cédula electoral era una buena estrategia para dar visibilidad a las causas y problemas de los pueblos indígenas, pero éste no era el único objetivo: las dificultades encontradas durante el recorrido también revelaron y aproximaron ideas y personas.
Banda sonora:
“Verte regresar” por Belafonte Sensacional y Paulina Lasa (devueltaacasa.org)
“Mujer con corazón” o “La cumbia de Marichuy” por Los Originales de San Andrés
En el contexto de la estrategia diseñada e implementada desde el Plan de Campaña Chiapas 94, el Ejército mexicano ocupó territorios de los pueblos originarios ocasionando violaciones a derechos humanos. Escuchemos dos historias de crímenes de lesa humanidad que permanecen en la impunidad: Las ejecución de Gilberto Jiménez Hernández y de José Tila López García.
El pasado 12 de febrero tuvo lugar el encuentro de Marichuy y el CIG con Universitarios . Este es el registro de audio , fotos y video que da cuenta del histórico encuentro del CIG y su vocera Marichuy con la comunidad de la UAM-Xochimilco.
El 19 de febrero finalizó el plazo de registro de los candidatos independientes a la Presidencia de la República. Sólo tres candidatos “independientes” lograron el registro, los tres con gastos diarios iguales o mayores a los que hicieron los candidatos partidistas. María de Jesús Patricio, vocera del Concejo Indígena de Gobierno (CIG), no logró conseguir uno por ciento de las firmas de padrón electoral de 17 estados como se requería para que fuera candidata independiente. Desde el principio supimos que se trataba de una contienda muy desigual en un terreno profundamente marcado por las desigualdades que caracterizan a nuestro país. Mientras Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, gastaba 58 mil pesos diarios y contaba con todo el aparato institucional del gobierno del estado de Nuevo León para juntar las firmas, María de Jesús Patricio gastaba 860 pesos que compartía con los concejales y concejalas que viajaban con ella. Las barreras tecnológicas se enfrentaron en todo el proceso: la necesidad de un dispositivo celular moderno que permitiera bajar la aplicación para juntar las firmas, la conectividad por Internet requerida, el dinero para la movilidad de los auxiliares; cada uno de los pasos representaba una lucha contra las desigualdades y exclusiones que Marichuy y el CIG están denunciando.
Tengo que reconocer que como integrante de la Asociación por el Florecimiento de los Pueblos AC, que apoya su registro, me siento frustrada por no haber logrado superar todas esas barreras y no haber podido hacer más por mover las conciencias de este país en torno a la urgencia de cambios profundos. Este sentimiento se agudiza porque el 19 de febrero estoy en Ahome, territorio yoreme, donde la violencia del crimen organizado coludido con las fuerzas de seguridad ha convertido al estado de Sinaloa en una gran fosa común. Los testimonios de las madres de los desaparecidos nos recuerdan una y otra vez que estamos en un momento de emergencia nacional, que no se soluciona con “capacitaciones” o “modernizaciones institucionales”. Requerimos un cambio profundo que ninguno de los candidatos que aparecerán en las boletas electorales está dispuesto a hacer.
El país está plagado de Ayotzinapas anónimas donde las fuerzas de seguridad coludidas con el crimen organizado están perpetrando un juvenicidio delante de nuestra mirada y con la complicidad de nuestro silencio. Los estudiantes de Conalep masacrados en Juan José Ríos por no acatar el toque de queda establecido por el crimen organizado que controla el ejido más grande de México; la joven yoreme estudiante de la Universidad Intercultural de Sinaloa, cuyo cuerpo apareció en una fosa clandestina en Capomos; los 117 cuerpos encontrados por Las Buscadoras, madres de desaparecidos que con picos y palas buscan a sus “tesoros”, no parecen propiciar ya marchas ni protestas. Nos hemos acostumbrado a esta política de muerte.