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Pronunciamiento internacional por justicia para niñas masacradas en el Hogar Seguro, en Guatemala.
Nos duelen 56: En vísperas de que empiece el juicio, organizaciones de América Latina y del Mundo piden justicia y la rendición de cuentas de altos cargos en caso Hogar Seguro
22 de octubre de 2019
Hoy, 22 de octubre de 2019, inician audiencias preparatorias del juicio para determinar la responsabilidad penal de tres altos funcionarios en el caso “Hogar Seguro”. Organizaciones de todo el continente y mundo entero, incluyendo las que integran el Grupo de Litigantes contra la Tortura de América Latina*, piden unánimemente justicia para uno de los casos más graves de violaciones a los derechos humanos cometidas contra niñas, niños y adolescentes en América Latina.
El 8 de marzo de 2017, 41 niñas y adolescentes perdieron la vida calcinadas y 15 sobrevivieron con graves lesiones, incluyendo amputaciones y cicatrices permanentes, en el Hogar Virgen de la Asunción, ubicado en municipio de San José Pinula, a las afueras de Ciudad de Guatemala, como consecuencia de un incendio en el aula donde habían sido encerradas bajo custodia de la Policía Nacional Civil (PNC) y las autoridades del hogar. El fuego se propagó rápidamente, sin embargo, la subinspectora de la PNC, que cargaba la llave y estaba al mando del grupo de policías, se negó a abrir la puerta durante un lapso de nueve minutos, es decir, liberándolas demasiado tarde para evitar daños irreparables.
Las niñas y adolescentes habían pasado toda la madrugada en dicha aula, con menos de un metro de espacio por persona, sin poder cambiarse ni bañarse, sin agua potable ni sábanas, como forma de castigo tras haber intentado escapar del hogar a causa de los malos tratos, abusos sexuales y otras violaciones a los derechos humanos documentadas, a los cuales eran sometidas de forma rutinaria. En el marco del intento de fuga, que culminó en la captura y detención de las niñas, los niños y adolescentes en las afueras del Hogar Seguro por parte de agentes de la PNC, varias de ellas, junto con los niños y adolescentes varones que residían en el hogar, recibieron golpes con batón, escudo policial y aparatos de descargas eléctricas, fueron rociadas con gas pimienta y fueron puestas en el suelo boca abajo, con grilletes.
Según las informaciones recibidas a través de las organizaciones guatemaltecas que forman parte del Grupo de Litigantes contra la Tortura de América Latina, el proceso penal para enjuiciar a los responsables ha estado plagado de retrasos y obstáculos. Entre los principales, destaca que se haya fragmentado la investigación y el enjuiciamiento en tres procesos, en el marco de los cuales se investigan delitos y personas distintas, todas ellas relacionadas con los mismos hechos. Asimismo, se han pospuesto diligencias y etapas del proceso en múltiples ocasiones, retrasando el proceso de forma indebida con el impacto consiguiente en las víctimas sobrevivientes y sus familias.
Un punto que genera especial preocupación es que las figuras delictivas de las que se está acusando a las personas que se someterán a juicio en los próximos meses (Carlos Antonio Rodas Mejia, el entonces Secretario de Bienestar Social (SBS) de la Presidencia de la República de Guatemala, Anahy Keller Zabala, la entonces Subsecretaria de Protección, Acogimiento a la Niñez y Adolescencia de la SBS de la Presidencia de la República y Santos Torres Ramirez, el entonces Director del Hogar Virgen de la Asunción) son delitos menores, que no reflejan la gravedad e intencionalidad de las acciones y omisiones que resultaron en los hechos mencionados. En este sentido, el Comité contra la Tortura (CAT) en diciembre de 2018 expresó preocupación “acerca de la calificación de los hechos como delitos menores, sin tener en cuenta la intimidación como posible finalidad, la falta de investigación acerca de las alegaciones de malos tratos, abuso sexual y trata en dicho centro” (CAT/C/GTM/7, párr. 24).
El CAT urgió a Guatemala a “investigar con prontitud, exhaustividad e imparcialidad todas las alegaciones de homicidios, torturas, malos tratos, abusos sexuales y trata de niños, niñas y adolescentes institucionalizados en el Hogar Virgen de la Asunción”, que incluyeran tanto antes como después de los hechos ocurridos el 8 de marzo de 2017 (CAT/C/GTM/7, párr. 25 (a)).
En este contexto, es altamente preocupante que las víctimas sobrevivientes y sus familias no han sido atendidas ni reparadas debidamente. Por el contrario, ha habido múltiples hechos que indican la estigmatización y criminalización de las víctimas por parte de las autoridades. Tal es el caso de una de las sobrevivientes, quien recientemente ha sido denunciada y se ha iniciado una investigación en el Ministerio Público de Guatemala por ser la supuesta responsable de los hechos del 7 y 8 de marzo de 2017, así como los argumentos constantes de los abogados defensores acusando a las niñas, adolescentes y sus familias de culpables. De la misma forma, el hecho que las víctimas sobrevivientes sean sometidas a las mismas preguntas una y otra vez por parte de jueces, fiscales y abogados que actúan en los tres procesos distintos relacionados con los mismos hechos es sumamente revictimizante y las expone, junto con sus familiares, testigos, abogados y peritos involucrados en el caso, a un mayor riesgo de sufrir amenazas, coacciones e incluso atentados contra su vida e integridad.
En Brasil se teje la resistencia y rebeldía indígena, negra y popular
Del 16 al 20 de octubre se reunieron más de 2 mil personas en la cabecera del río Utinga, interior del estado Bahía, Brasil, en territorio sagrado del pueblo Payayá, para una jornada agroecológica organizada por la Teia dos Povos. Teia dos Povos (Red de los Pueblos) es una organización que impulsa la articulación de luchas antisistémicas y anticapitalistas de los pueblos indígenas, negros y populares, enfocándose sobre todo en la soberanía alimentaria y en la educación, con una visión autonomista fundamentada en la tierra y el territorio.
El encuentro fue histórico por el contexto en el que se desarrolla y por las respuestas de los pueblos a dicho contexto. Por un lado, la guerra de exterminio contra los pueblos originarios, no muy diferente de la que se lleva a cabo en el resto del continente: destrucción y despojo de tierras y territorios por medio de los proyectos de muerte del capital; cooptación o asesinato de líderes y luchadores que se oponen a dichos proyectos. Por otro lado, la guerra de exterminio contra el pueblo negro por medio de la criminalización y la violencia policiaca, en un país con un promedio de 60 mil asesinados y 70 mil desaparecidos por año, la gran mayoría negros y pobres de las periferias y favelas del país, la gran mayoría a manos de la policía. Y finalmente, la guerra de exterminio contra los de abajo en general por medio de la precarización laboral, la criminalización de la pobreza y la violencia generalizada. Todo esto, ahora, con la venia abierta y descarada de un gobierno de ultraderecha y sus seguidores.
Ante este panorama, se reunieron en Utinga autoridades de muchos pueblos indígenas: Pataxó, Pataxó Hã-Hã-Hãe, Tupinambá, Payayá, Pankaruru, Fulni-ô, Kiriri-Xocó, entre otros; la mayoría de los movimientos de base de Bahía y de otros estados, como el MST (Movimiento de los trabajadores rurales sin tierra), MSTB (Movimiento de los sin techo de Bahía), MPA (Movimiento de pequeños agricultores), MPP (Movimiento de pescadoras), CETA (Movimiento de trabajadores asentados, acampados y quilombolas), URC (Unión de resistencia campesina), Reaja ou Será Morta, Reaja ou Será Morto (organización de base del movimiento negro), así como miembros de diversos quilombos (comunidades cimarronas en resistencia desde los tiempos de la esclavitud).
A lo largo de esos días se realizaron mesas de debate donde se analizaron diversos aspectos de la coyuntura actual con el propósito de impulsar los objetivos de esa articulación de luchas: caminar en la construcción de la unidad indígena, negra y popular; promover las luchas locales; entender los contextos particulares; unir las luchas, cada una según su modo; organizar la lucha en defensa de los bosques, la biodiversidad y las aguas; articularse con movimientos existentes que luchan contra las empresas extractivas; desarrollar mecanismos efectivos de comunicación; fundamentar la articulación de las luchas en la defensa de la tierra y el territorio; promover la celebración, la cultura, la ciencia, las tradiciones y la ancestralidad rumbo al buen vivir.
La historia de lucha y construcción de la autonomía zapatista estuvo también presente por medio del colectivo Urucum Artes Colaborativas, quien llevó una exposición de mantas y carteles creados por el Gran OM, generosamente donados por el Café Zapata de la Ciudad de México, y una plática sobre el caminar zapatista, la construcción de la autonomía radical y el camino del Congreso Nacional Indígena y el Concejo Indígena de Gobierno. La Jornada Global en defensa de la tierra y el territorio Samir Flores Vive “en el marco del Día de la Resistencia Indígena, Negra y Popular” resonó en las porpuestas por la unión de las luchas y la autonomía que confluyeron esos cinco días, como expresó Joelson Ferreira del MST, quien propuso seguir el ejemplo zapatista y abandonar la ilusión de que la democracia burguesa será capaz de transformar el escenario de muerte que se vive en el país.
Carta de la VI Jornada de Agroecología de Bahía 2019 en español.
Carta da VI Jornada de Agroecologia da Bahia 2019 em português.
Statement from the 6th Bahian Agroecology Meeting 2019 in English.































































