represión
Denuncia de hostigamiento por parte de la ministerial y fiscalía del Estado de Puebla al plantón contra el basurero
El día de hoy, 18 de abril de 2024, al punto de las 11:00 horas, agentes de la Ministerial y Fiscalía del estado de Puebla llegaron a amedrentar y hostigar a los compañeros del plantón contra el basurero de muerte en la región cholulteca.
Hacemos responsable de este acto al secretario de Gobernación, Javier Aquino Limón, al gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes por la serie de acciones que puedan desencadenar estos actos de hostigamiento contra los pueblos, pues los sujetos y el automóvil, que corresponde a las placas UJD – 195 – A, son los mismos que detuvieron arbitrariamente el día 30 de junio de 2023 al compañero comunicador, defensor del territorio e integrante del Congreso Nacional Indígena Alejandro Torres Chocolatl.
¡Los pueblos exigimos la cancelación total del basurero se muerte!
El día de mañana, 19 de abril, se realizará el encuentro de estudiantes, pueblos y otros conocimientos a partir de las 10:00 a.m.
Y el día lunes 22 de abril la marcha de los pueblos para exigir la cancelación total a la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial.
Unión De Pueblos Contra El Relleno Sanitario
Asamblea Nacional por el Agua y la Vida
Pronunciamiento conjunto: Libertad inmediata de los cinco defensores comunitarios de San Juan Cancuc; fin a la criminalización
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
18 de abril del 2024
PRONUNCIAMIENTO CONJUNTO
Libertad inmediata a los cinco defensores comunitarios de
San Juan Cancuc; fin a la criminalización
Habitantes del municipio de San Juan Cancuc históricamente se han opuesto a los megaproyectos de los tres niveles de gobierno tales como presa hidroeléctrica y súper carretera, además de oponerse a la militarización de su territorio.
En este contexto, Manuel Santiz Cruz presidente del Comité de promotores de derechos humanos de la Parroquia de San Juan Cancuc, así como Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Velasco, mayas tseltales originarios del mismo municipio llevan 22 meses y 18 días privados injustamente de su libertad. Su detención obedece a una política de criminalización de la defensa del territorio en donde el gobierno de Chiapas, y el Federal, buscan generar miedo, desmovilización y negar el derecho a la manifestación libre y pacífica de los pueblos.
La detención arbitraria de los tres primeros -Manuel Santiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez y Juan Velasco Aguilar, el 29 de mayo de 2022 en San Juan Cancuc, se llevó a través de un operativo conjunto de la Policía Municipal, Guardia Nacional (GN) y el Ejército mexicano. Fueron detenidos e incomunicados durante 24 horas de forma ilegal y sin registro oficial por parte de la Policía Especializada adscrita a la Fiscalía de Justicia Indígena, quien además durante este tiempo les montó un delito de posesión de marihuana, cambió el lugar de la detención a San Cristóbal de La Casas, y les inició una carpeta de investigación.
Tras un simulacro de libertad del primer delito, el 31 de mayo fueron reaprendidos los tres pobladores mayas tseltales a través de un nuevo delito fabricado: homicidio calificado, siendo trasladados al Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados Número 05 de San Cristóbal de Las Casas (CERSS 05). El Juez de Control otorgó la orden un minuto antes de que existiera formalmente la solicitud ministerial.
El 01 de junio, tras acudir a rendir su declaración como testigos y desmentir la versión oficial respecto a la situación de sus compañeros, fueron detenidos bajo el mismo delito, Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Velasco a las afueras del CERSS 05 por elementos de la Policía Especializada de la Fiscalía de Justicia Indígena y la Policía Estatal de manera ilegal arbitraria, a pesar de la presencia de observadoras nacionales e internacionales de Derechos Humanos. Tras la detención sufrieron incomunicación y fueron desaparecidos. Se castigó la solidaridad y se buscó generar miedo a los pueblos y comunidades de San Juan Cancuc.
Tras un primer juicio oral en donde se expusieron las inconsistencias de las pruebas fabricadas, los testigos a modo, así como las malas prácticas de la Fiscalía General del Estado, el 12 de mayo de 2023 fueron sentenciados a 25 años de prisión. Tras una apelación por faltas al debido proceso, a finales de febrero de 2024 se repuso el proceso.
En el marco de la audiencia de alegatos de clausura y dictado de sentencia en contra de los defensores, insistimos en que no existen pruebas que apunten a la responsabilidad de los defensores del territorio ante el delito que se les acusa, por lo que exigimos la liberación inmediata e incondicional de los cinco presos de San Juan Cancuc.
El día de hoy 18 de abril, en el marco de la reposición del Juicio Oral, esperamos que el Tribunal de Enjuiciamiento en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, cumpla con su deber de impartir justicia verdadera, objetiva y no condene a cinco personas inocentes. Sabemos que la criminalización y encarcelamiento de personas defensoras de los Derechos Humanos es una medida represiva que pretende anular a quienes ejercen legítimamente, el derecho a la autonomía y la libre determinación y a quienes enfrentan la militarización e imposición de megaproyectos en sus territorios.
Durante este largo proceso que ha durado 22 meses y 18 días de privación arbitraria de la libertad de los cinco defensores del territorio de Cancuc, hemos confirmado y demostrado su inocencia, además, observado que la fabricación de pruebas por parte de la Fiscalía es una constante.
La criminalización a personas defensoras de pueblos originarios en Chiapas y en México es una forma de castigo ejemplar por el ejercicio de la defensa de los derechos humanos, de la tierra y el territorio. Tiene su raíz en el racismo estructural, se lleva a cabo a través de privaciones arbitrarias de la libertad, tortura, fabricación de culpables; existe participación de efectivos del Ejército mexicano y la GN en las detenciones, además del incumplimiento en el juzgamiento con perspectiva intercultural, acompañado del uso exceso del límite de tiempo de la prisión preventiva oficiosa.
Los cinco defensores del territorio de San Juan Cancuc han sido víctimas del sistema de impartición de (in)justicia, al igual que el hablante de lengua Ch´ol Base de Apoyo Zapatista José Díaz Gómez encarcelado hace más de un año en el CERSS 17 de Catazajá.
Confiamos que dentro de las próximas 24 horas la Juez determine su fallo y sea favorable para los cinco defensores del territorio mayas tseltales presos y puedan recobrar sus garantías y ejercicio plenos de sus derechos humanos, dejando así de ser rehenes del Estado mexicano.
Por todo lo anteriormente señalado, exigimos:
1. Al gobierno del Estado de Chiapas, libertad inmediata e incondicional de los cinco defensores del territorio del municipio de San Juan Cancuc.
2. Libertad inmediata e incondicional a José Díaz Gómez Base de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN).
3. Que el Estado mexicano cese en su criminalización de las personas defensoras de los Derechos Humanos en Chiapas
¡ALTO A LA FÁBRICA DE CULPABLES!
Centro de Derechos Humanos de Fray Bartolomé de Las Casas AC (Frayba)
Comité de Derechos Humanos del Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite)
Pueblo Creyente de San Juan Cancuc
Grupo de Trabajo No Estamos Todxs
Jornadas contra la Criminalización y por la Libertad
Red de Resistencia y Rebeldía Ajmaq
Vicaría de Justicia y Paz, Diócesis de San Cristóbal de Las Casas
Con el acompañamiento internacional del
Movimiento Sueco por la Reconciliación (Swefor)