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¡SAMIR VIVE, LA LUCHA SIGUE!

PRONUNCIAMIENTO DE LA TERCERA ASAMBLEA NACIONAL DEL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA, EL CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO Y EL EZLN.

A los pueblos del mundo

A las organizaciones y colectivos en resistencia y rebeldía

A las redes de resistencia y rebeldía

A la sexta nacional e internacional

A los medios de comunicación

A casi 100 años del asesinato del general Emiliano Zapata, estando reunidos los pueblos ayuuk, binizza, chinanteco, chol, chontal, guarijío, maya, mayo, mazahua, mazateco, mixteco, nahua, nayeri, otomí, popoluca, purépecha, raramuri, tepehuano, tlapaneco, tojolabal, totonaco, tzeltal, tsotsil, wixárika, yaqui, zoque y quichua (Ecuador) para celebrar la Tercera Asamblea Nacional del Congreso Nacional Indígena y el Concejo Indígena de Gobierno, nos encontramos en el dolor y la rabia ante la guerra en contra de nuestros pueblos, ante el asesinato del compañero Samir, muerto por defender a la tierra y a su pueblo.  Desde nuestra asamblea nacional enviamos un abrazo solidario y combativo a su familia y a la comunidad de Amilcingo, Morelos. Les enviamos un abrazo solidario del CNI-CIG y el EZLN, donde el compañero siempre será una vela encendida.

A Samir lo mató el régimen neoliberal; no sabemos si el gobierno, si los empresarios, si sus cárteles delincuenciales, o, si los tres juntos.  Los ofrecimientos hechos por AMLO, no a los de abajo, sino a los dueños del dinero y del poder, las veladas amenazas en contra de quienes defendemos la vida, sentaron las bases del artero asesinato. Es, en el caso del nuevo titular del ejecutivo federal, la promesa de entregar a los grandes empresarios y a las cúpulas militares lo que no han podido quitarnos el capitalismo neoliberal y sus malos gobiernos que entran y salen.  Ofrece a los empresarios poner a su disposición la tierra con la supuesta nueva Ley de Desarrollo Agrario, para terminar de desmantelar la propiedad y organización colectivas, llamando “desarrollo” al robo descarado y a la destrucción, amenazando militarmente a nuestros pueblos con su Guardia Nacional y reconfigurando nuestro país.

Lo que arriba llaman “transformaciones” para nuestros pueblos siempre han significado que nosotros ponemos los muertos en función de los intereses de las oligarquías y de los que tienen el poder, que son cada vez más poquitos y grandes, que no dejan de vivir de la opresión, explotación, y destrucción por los mismos de siempre.

La llamada “Cuarta Transformación” sigue el mismo camino de sus 3 predecesoras, aunque con más brutalidad y cinismo si posible fuera.

En la guerra de Independencia fueron los explotadores locales, hijos de los invasores europeos, quienes tomaron el poder y se repartieron nuestras tierras, tratando de invisibilizar la existencia de nuestros pueblos sobre la base del discurso liberal que hasta el día de hoy es el discurso del Poder.

En la Reforma nuestras tierras comunales, sagradas para nosotros, fueron proscritas para entregarlas a los mismos saqueadores, las leyes de Reforma y las posteriores leyes de baldíos y colonización propiciaron el crecimiento de las grandes haciendas bajo el régimen porfiriano.

Durante la Revolución Mexicana, mientras arriba se repartieron el poder político, abajo con nuestra sangre defendimos y regamos la tierra. Mientras Madero y Carranza traicionaban y asesinaban a Zapata, nuestros pueblos exigían una radical y profunda transformación social y agraria que nunca llegó.

Así, en cada “transformación” se acrecentaron y recrudecieronla explotación, el despojo, la discriminación y el desprecio contra nuestros pueblos.

No tenemos duda que esta nueva etapa de gobierno profundiza el neoliberalismo y la integración forzada de nuestro país a la órbita imperial de Estados Unidos, pues, se ha comprometido fielmente a dar continuidad a las políticas macroeconómicas de los anteriores gobiernos, estableciendo una austeridad y restricciones fiscales que no se veían desde el gobierno de Miguel de la Madrid; garantizando la autonomía del Banco de México, el respeto a las inversiones extranjeras y el impulso del libre comercio. Va contra nosotros y nuestros territorios, va por el exterminio de nuestros pueblos en cada rincón, y para ello tiende una guerra que sufrimos hoy con luto y coraje. Nos vemos en esta asamblea general y en el conjunto de nuestros dolores vemos que es una guerra hecha de muchas guerras funcionando de forma integral, como si fuera una sola.

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“Foro en Defensa de la Madre Tierra”. ENAH, 16 de febrero, 2019. Foto: RZ.

Texto y fotos: Colectivo RZ. Audios: Café Zapata Vive.
Ciudad de México, 16 de febrero, 2019.

Habrá que imaginar nuevos conceptos para describir el asistencialismo individualizante que, como una locomotora, se abre paso en México. Habrá que diseñar estrategias más sólidas de contrainformación acerca del despojo férreo que ya nos arrasó, del que nos atropella y del que se anticipa quemando vías. En este 23 aniversario de la firma de los Acuerdos de San Andrés Sakam Ch’en de los Pobres, traicionados por todos los partidos políticos el 28 de abril de 2001, en eso coinciden las siete participaciones del “Foro en Defensa de la Madre Tierra”. No al Tren Maya, no al Corredor Transístmico, no a la Guardia Nacional, realizado en el auditorio Román Piña Chan de la Escuela Nacional de Antropología e Historia.

23 años después, “la traición y la mentira se imponen” desde el nuevo gobierno, afirma un posicionamiento de la Coordinación Metropolitana Anticapitalista y Antipatriarcal con el Concejo Indígena de Gobierno y su Vocera Marichuy. Con la memoria intacta, la Coordinación nos recuerda el pacto entre Manuel Bartlett Díaz (entonces PRI, hoy MORENA), Jesús Ortega (PRD) y Diego Fernández de Cevallos (PAN), quienes optaron por defender los intereses de las grandes empresas trasnacionales y de sus capitales, con los ojos fijos en el entonces atractivo Plan Puebla Panamá. Pero los pueblos son quienes defienden la vida, y “porque defendemos la vida, por eso estamos con los compañeros del CIG-CNI y del EZLN”, afirma el posicionamiento. “No están solos… Su lucha es nuestra lucha”.

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(Ve también: Servilleta para un monero indolente, o por qué oponerse a un tren devastador.)

Texto y fotografías: Daliri Oropeza
Mapa: Geocomunes

El Congreso Nacional Indígena realizó un foro para analizar las afectaciones que los proyectos impulsados por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador generarían en los pueblos indígenas que habitan las zonas implicadas

A 23 años de los acuerdos de San Andrés Sacamch’en (o Larráinzar), el Congreso Nacional Indígena (CNI) convocó a un foro informativo con abogados, especialistas e integrantes del Concejo Indígena de Gobierno sobre el Tren maya, el Tren transístmico y la Guardia Nacional, tres proyectos que echó a andar desde el inicio de su sexenio el presidente Andrés Manuel López Obrador, los cuales han sido analizados por las comunidades de la región sureste del país.

Participaron Yamili Chan Dzul y José Koyoc, concejales de la Asamblea Regional de la Península de Yucatán; Adrián Flores, del colectivo Geocomunes; Carlos González, abogado e integrante del CNI; Magda Gómez, quien es investigadora de la UPN y articulista de La Jornada; y Betina Cruz, concejal de los pueblos del Istmo y Juchitán.

A continuación, las siete coincidencias que resultaron del encuentro:

1. Es un proyecto económico regional

No sólo es el Tren Maya, sino el proyecto de interconexión vía terrestre de toda la región sureste de México, del Istmo con la Península, que no se mira de manera integral, pero que da pie a la conexión de la región con el norte del país y con Centroamérica.

Adrián Flores, del colectivo Geocomunes, mostró en mapas cómo este proyecto conecta de manera estratégica las Zonas Económicas Especiales de la Península con las del Istmo, además, abre nuevas posibilidades de transporte por los corredores multimodales ya existentes y da paso a la conexión interoceánica.

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.
14 de febrero de 2019

Urgimos atención y protección a víctimas de desplazamiento forzado de Chalchihuitán 

• Exigimos al Estado mexicano implementar medidas cautelares de la CIDH y cumplir las recomendaciones de la CNDH

Las organizaciones civiles abajo firmantes exigimos la debida implementación de la recomendación 87/2018 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en favor de la totalidad de las víctimas de desplazamiento forzado interno, 5 266 personas, de 9 comunidades tsotsiles del municipio de Chalchihuitán y una comunidad de Chenalhó, Chiapas, México.[1]

Urgimos que el Estado mexicano cumpla también con la medida cautelar No. 882/17, emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con fecha del 24 de febrero de 2018: “Para garantizar los derechos de integrantes de pueblos originarios en situación de riesgo a la vida, seguridad e integridad personal, por agresiones, hostigamientos y amenazas por parte de personas armadas”.[2]

Las víctimas de desplazamiento forzado en Chalchihuitán se encuentran en constante vulnerabilidad por privación de derechos básicos, especialmente en alimentación y salud, por omisión del Estado al no propiciar atención integral adecuada acorde con la pertenencia cultural. La recomendación de la CNDH manifiesta que la atención humanitaria otorgada fue “insuficiente, inoportuna e inadecuada”.

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Este próximo 21 de febrero de 2019, el juicio de la weichafe Moira Ivana Millán se llevará a cabo en Argentina. Los cargos: “coacción agravada”, por organizar una manifestación pacífica en 2017 por las violaciones a los derechos de las comunidades mapuches cometidas por la gendarmería argentina en las redadas de septiembre de ese año. Dichas redadas, autorizadas por el juez federal Guido Otranto, fueron parte de la investigación por la desaparición forzada del luchador Santiago Maldonado en agosto de 2017, y cuyo cuerpo fue hallado en octubre de ese año. Durante las redadas, la gendarmería golpeó y humilló a la población mapuche.

Moira Millán fue absuelta de todos los cargos en septiembre de 2018 por el juez Gustavo Lleral, pero el fiscal apeló la sentencia. De ser declarada culpable este próximo 21 de febrero, Moira Millán podría enfrentar de dos a cuatro años de prisión.
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On February 21, 2019, weichafe Moira Ivana Millán will be tried in Argentina. She is charged with “aggravated coercion” for organizing a peaceful demonstration in 2017 in protest of the violations to the rights of Mapuche communities committed by the Argentinian gendarmerie during the raids in September of that year. The raids were authorized by the federal judge Guido Otranto, and were part of the investigations for the disappearance of the activist Santiago Maldonado in August 2017, and who was found ded in October that year. During the raids, the gendarmerie beat and humilliated the Mapuche people.

Moira Millán was acquitted of all charges in September 2018 by judge Gustavo Lleral, but the prosecution appealed the decision. If she is declared guilty this February 21, she could face from two to four years in prison.
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[:es]Por Ñaní Pinto | Avispa Mídia

Desde el 1er día de gobierno de Jair Bolsonaro, actual presidente de Brasil, los pueblos originarios de este país se mantiene en alerta máxima, ya que uno de los primeros actos oficiales fue la edición de la Medida Provisional (MP) 870/2019, a través de la cual se extinguen algunos ministerios y re-direcciona otras atribuciones. Tal es el caso de la responsabilidad que tenía en sus manos la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) quien se encargaba de la demarcación de tierras indígenas, ahora es un poder que pasó a manos del Ministerio de Agricultura, donde se encuentran representadas las empresas transnacionales de la agricultura industrial.

Diversos pueblos se preparan para resistir a las políticas económicas de desarrollo que despojaran a cientos de indígenas en este país sudamericano. Un caso especial es, en la Amazonia Brasileña, el pueblo Munduruku, desde el año 2014, viene resistiendo a la instalación de 23 mega-presas hidroeléctricas proyectadas en El Plan Decenal de Expansión de Energía 2014-2023 del gobierno. En el III Encuentro de Mujeres Munduruku, realizado en la aldea Sawre Muybu (Territorio Daje Kapap Eipi), durante el 30 de enero al 02 de febrero de este año 2019, las mujeres decidieron continuar resistiendo y defendiendo a sus hijos, enseñándoles el camino sin avaricia.

“No intercambiaremos la vida de nuestros hijos por las hidroeléctricas, minería, puertos, concesión forestal, ferrocarriles e hidrovías. El gobierno y las empresas siguen asesinando a nuestra madre tierra. Ya asesinaron a la madre de nuestros peces como Karobixexe y Dekoka’a. Ahora, el nuevo gobierno no es distinto, es el mismo pariwat (no indígena) enemigo de los pueblos indígenas”, expresan las mujeres en su resolución de este encuentro.

No solo repudian la medida MP 870, sino que declaran abiertamente que lo que el gobierno actual esta haciendo contra ellos es una guerra abierta y, por tanto, “no intercambiamos, ni negociamos la vida de nuestro pueblo”, afirman.

La Demarcación de Tierra Indígena es un recurso jurídico que les permite a los pueblos de Brasil ser usuarios de su territorio ancestral y esto, ha sido un obstáculo para la expansión de la frontera productiva de soja, caña, eucalipto, minería y para los complejos de generación de energía limpia. Pero los pueblos originarios han apelado a su historia y ha decidido auto-demarcar sus territorios ancestrales. “El Gobierno está rasgando el Convenio 169 de la OIT, nuestro Protocolo de Consulta y está declarando guerra en contra de los pueblos indígenas. Además de todo esto, los políticos y empresarios son sordos a los reclames de nuestra Awaydip (selva). Pero nosotras la escuchamos y sabemos que a cada represa construida un dedo de armadillo que sostiene el planeta es cortado. Es por esa razón todo este desequilibrio, estas muertes, estas tragedias. Son ocasionadas por el pariwat y todos y todas sufrimos. Nosotras nos solidarizamos con nuestros parientes Pataxó Hãe Hãe Hãe e Krenak, que han sufrido por la muerte de sus ríos y con todos aquellos que fueron victimas de estos crímenes cometidos por las mineras”, denuncian en el III encuentro.

“Nosotras también estamos amenazadas por empresas de minería como la Rio Vermelho, que ya está destruyendo nuestros lugares sagrados y por muchas otras que tienen solicitudes en la ANM (Agencia Nacional de Minería) para explotar nuestras tierras. Y sabemos que el Gobierno quiere permitir este tipo de proyectos de muerte adentro de las tierras indígenas .¡Pero nosotras NO LO VAMOS ACEPTAR! ¡Por esto, como nuestros ancestros, queremos la cabeza de estos gobernantes! Vamos continuar haciendo la auto-demarcación de nuestro territorio, nuestros encuentros de mujeres, fortaleciendo nuestra lucha y nuestra autonomía junto con los chamanes, guerreros y jefes de aldea. Vamos continuar defendiendo la casa de nuestro ancestros, de nuestro pueblo Munduruku para que las generaciones futuras, nuestros hijos y nietos, tengan garantizado su territorio, puedan continuar existiendo de nuestra forma propia y cultivando nuestro buen vivir”, expresan las mujeres en sus acuerdos del III encuentro de Mujeres Munduruku.

Ver los resolutivos completos emitidos por las mujeres durante el encuentro ⇒
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Foto: Comunidad zapatista en Aldama. @Luis Aguilar (Tragameluz)

Colectivo RZ, 9 de febrero, 2019.

Hoy, 9 de febrero, se cumplen 24 años del arranque de una persecución contra integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional planificada por el entonces presidente Ernesto Zedillo y su secretario de Gobernación, Esteban Moctezuma Barragán. Aunque el gobierno se encontraba en negociaciones con el EZLN, se giraron órdenes de aprehensión y se movilizó al ejército para aniquilar a las comunidades zapatistas y encarcelar a su dirigencia. La traición de febrero fracasó, pero decenas de comunidades vivieron semanas de desplazamiento forzado y dolor. A estas violaciones siguieron años de ataques por parte de grupos paramilitares que resultaron en masacres como la de Acteal o El Bosque (Unión Progreso y Chavajeval), así como en el encarcelamiento de habitantes de comunidades en lucha.

Las caravanas civiles de observación que se movilizaron en días posteriores a la traición recopilaron testimonios sobre graves violaciones a derechos humanos. Una imagen en particular vuelve a nuestra memoria. Una comunidad zapatista en mitad de las cañadas de Chiapas. Las casas destruidas y abandonadas. Algunas personas acercándose con cautela a rendir testimonio. Una escuela a la que acudían niñas y niños zapatistas hecha jirones. El aula despedazada. Los libros rotos y orinados por soldados. Los cerdos hozando en el muladar. Moctezuma Barragán, uno de los principales responsables de esa barbarie, encabeza hoy la Secretaría de Educación Pública del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Al día siguiente del intento de aniquilación, el Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional respondió con un comunicado en el que podía leerse: “Usted se está equivocando demasiado, con la decisión que ha tomado en contra de nosotros, usted cree que matando a los zapatistas de Chiapas o matando al subcomandante Marcos puede acabar con esta lucha, no señor Zedillo, la lucha zapatista está en todo México, Zapata no ha muerto, vive y vivirá siempre.”

En días recientes (6 de febrero, 2019), el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas publicó un Informe de la Junta de Buen Gobierno “Corazón Céntrico de los Zapatistas delante del Mundo”, con sede en Oventik, Chiapas, que documenta violaciones a derechos humanos de población perteneciente a pueblos originarios en los municipios de Aldama y Chenalhó. El informe habla de 25 personas asesinadas y 14 personas heridas. También presenta 4 videos con testimonios de bases de apoyo zapatistas sobre la situación actual.

La organización autónoma zapatista avanza. La violencia gubernamental continúa.

Reproducimos aquí la denuncia de la JBG y los videos:

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[:es]CONVOCATORIA A CONTINUAR LA LUCHA POR LA LIBERTAD Y LA JUSTICIA PARA SAN PEDRO TLANIXCO Y LA TRIBU YAQU

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[:es]Aquí no había luz eléctrica, aquí no conocíamos ni una bicicleta ni un radio”, afirma Santiago Vázquez, ciudadano de San José del Progreso, en un video corporativo emitido por Fortuna Silver Mines, empresa que trata de evadir su responsabilidad tras el derrame minero que contaminó el Arroyo Coyote de la comunidad de Magdalena, Ocotlán.

La minera afirma que lo ocurrido por el derrame solo fue una coloración gris en el Arroyo Coyote y que “no es contaminante, ni dañina para el medio ambiente”. En el video de 5 minutos de duración, la misma persona sentencia “entonces aquí vivimos, yo he visto un cambio enorme”, esta segunda frase es innegable y se puede describir ese “cambio enorme” en los siguientes cinco puntos:

Exigencia de justicia a las afueras de la Minera Fortuna Silver/ Fotografía: Daniel Arellano

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