El 2023 fue uno de los años más violentos para las infancias y adolescencias en el estado. Se estiman más de 100 mil niñas, niños y adolescentes afectados por las disputas entre grupos criminales.
Desplazamiento, reclutamiento forzado, desapariciones y homicidios ponen en riesgo su vida e integridad y vulneran sus derechos humanos.
Desde el 2021, Chiapas ha sido el centro de una pugna cruenta por parte de grupos criminales que se disputan este territorio clave para el tráfico de armas, drogas y trata de personas. En esta disputa, las y los pobladores de municipios en la Sierra Mariscal han visto sus comunidades asediadas por una ola de violencia sin igual en la región. Cobro de piso, ataques armados, quema de vehículos, sitio de poblados, cortes de agua y luz. Así como amenazas, extorsiones, reclutamiento forzado, desaparición de quienes se niegan a colaborar, asesinatos violentos y desplazamiento forzado como resultado de la violencia.
En este contexto, la vida cotidiana se ha trastocado con situaciones como bloqueos que impiden salir o llegar a otras comunidades, cierre de negocios, suspensión de clases, pérdida de cultivos que no han podido cosecharse, escasez de alimentos, encarecimiento de víveres, entre otros.
El 2023 fue uno de los años más violentos para las infancias y adolescencias en el estado. Sin embargo, no existen datos oficiales que permitan entender la magnitud de la violencia a la que se enfrenta la población. A lo largo de todo el año, en diferentes municipios de Chiapas, se dieron situaciones que afectaron la vida de miles de niñas, niños y adolescentes en el estado.
En el mes de mayo, comunidades como Lajerío y Candelaria en Frontera Comalapa tuvieron que desplazarse debido a la violencia de grupos criminales. Desde entonces, diferentes comunidades a lo largo de la región Sierra Mariscal se han sumado a los territorios asfixiados por la lucha entre grupos que se disputan el control de la frontera.
Para el mes de agosto, Motozintla y Chicomuselo fueron también víctimas de bloqueos, comunidades sitiadas y con ello, escasez y encarecimiento de alimentos. En septiembre, profesores de la zona escolar 025 publicaron un comunicado en el que declaraban la suspensión de clases en dicha región debido a que no existían las condiciones para garantizar la seguridad. Dicha sección abarca los municipios de Amatenango de la Frontera, Bejucal, Bella Vista, Chicomuselo, El Porvenir, Frontera Comalapa, La Grandeza, Honduras de la Sierra, Las Margaritas, Mazapa, Motozintla y Siltepec. Si consideramos el total de población de 3 a 17 años en dichos municipios y estimamos, al menos un 70% de asistencia a la escuela de acuerdo a datos oficiales, estaríamos hablando de 108,560 niñas, niños y adolescentes afectados por la suspensión de clases debido a la violencia en el periodo de septiembre-diciembre 2023[1].
Por otro lado, la violencia también se manifestó en territorios fronterizos en la región Selva. Desde hace casi un año, comunidades de Ocosingo, denuncian el aumento de grupos criminales que realizan actividades como tala clandestina, tráfico de armas y trata de personas[2]. En las comunidades de Lacanjá Chansayab, Nueva Palestina, Santo Domingo y San Javier, estimamos que 9,098 niñas, niños y adolescentes están siendo afectados por la violencia imperante en dichos territorios.
Durante el mes de noviembre, pobladores del municipio de Maravilla Tenejapa sufrieron situaciones de quema de casas, detonaciones de armas de fuego y desplazamiento forzado debido a su temor por la violencia[3]. En dicho episodio, 13 comunidades con una población estimada de 2,883 niñas, niños y adolescentes fueron afectadas.
El 2023 cerró para muchas comunidades en un contexto de guerra. Comunidades en los municipios de Bella Vista y La Grandeza denunciaron el sitio de sus poblados por grupos criminales, quienes realizaron también cortes de agua y luz para presionarlos a unirse a sus filas. El año nuevo entró en la Sierra Mariscal con enfrentamientos, siendo particularmente violentos en el municipio de Amatenango de la Frontera.
En lo que va de enero de 2024, la situación no ha mejorado. A las disputas entre grupos criminales, se suman agresiones del ejército contra pobladores bajo la acusación de que abren el paso al crimen organizado. De este modo, poblados en los municipios de El Porvenir, Siltepec y Socoltenango se han visto amenazados por parte de los soldados y atacados con gases lacrimógenos. En dicho contexto, las familias han ido abandonando sus casas. No se tienen cifras exactas de la magnitud de la población afectada. Algunas personas han migrado a Estados Unidos o a estados de la Península y otras más buscan refugio con familiares en Tzimol y Comitán. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas estima que son 2,300 personas desplazadas por la narcoviolencia desde el 15 de enero en los municipios de Chicomuselo, Socoltenango y la Concordia.[4] Protección Civil señala 1,884 personas atendidas en albergues de Tzimol, Socoltenango, Comitán y La Trinitaria.[5]
La muerte nos abrió el camino hacia la resistencia,
la muerte no tuvo dominio, resurge la vida entre la milpa, la esperanza y la lucha emergen entre el polvo que poliniza la existencia.
— Las Abejas de Acteal
En una tarde tan helada como ésta, el 21 de diciembre de 1997, unas doscientas personas de muchas edades, casi todas mujeres y niños, llegaban al colmo de una vida de desprecio y sufrimiento. En un vado lodoso, a orillas de la carretera, desde ancianos hasta bebés lloraban de rabia, de frío y de lluvia mientras apretaban sus puños impotentes porque un grupo paramilitar los había expulsado de su comunidad y mantenía a algunos de sus familiares amarrados a los árboles, quinientos metros bosque adentro. Todas y todos estaban amenazados de muerte. “Nos van a matar mañana”, decían. Un anciano curtido por humedad nos mostraba su pierna herida de bala, pues tempranito le habían disparado. “Vengan con nosotros”, proponíamos, sin entender que nunca se pondrían a salvo dejando a su pueblo atrás. Quienes veníamos de fuera lo hicimos, nos fuimos, los dejamos atrás. Al día siguiente, 22 de diciembre de 1997, 45 tzotziles, 45 personas desplazadas en su propia tierra, fueron masacradas. Cuatro bebés fueron arrancados de los vientres de sus madres con machetes y cuchillos.
Desde entonces, la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal ha mantenido viva la luz de la memoria. El día 22 de todos los meses, y en particular todo 22 de diciembre, se recuerda y se honra a las y los asesinados aquél oscuro día, en un acto colectivo de oración, de canto, de celebración de la vida.
Sí, de celebración. Pues las y los mártires de esta tierra sagrada están vivos en el corazón colectivo de este pueblo que no se resigna, que crece en dignidad en su búsqueda de justicia y en la afirmación de la paz y la no violencia como camino en un contexto cada vez más violento. “Si nuestras voces se apagaran en medio de un sufrimiento fuerte, entonces estaríamos muertos, bajo el sello del silencio eterno. Pero nuestra voz emerge de la dignidad del pueblo que somos, de la palabra de nuestras abuelas y abuelos, del reclamo por justicia durante estos 26 años”, dicen en un comunicado.
Este 22 de diciembre de 2023, la conmemoración inició la tradicional peregrinación de varios kilómetros, de Majomut a Acteal, “Casa de la memoria y la esperanza”.
La conmemoración se lleva a cabo en un gran auditorio abierto que mira hacia la inmensidad de las montañas, arropadas con un manto de niebla. Bajo nuestros pies, en un recinto sagrado, yacen los cuerpos de los mártires de Acteal. Arriba, donde estamos nosotros, se escuchan las voces del Coro de Acteal, bajo una gran manta que dice: “Sobre la impunidad y la muerte, cantamos por la paz y por la vida”. Alrededor de un bello altar maya frente a la gran cruz en medio del espacio, se van colocando las cruces con los nombres y la edad de las y los asesinados, que se cargaron con profundo respeto en la peregrinación.
Allí se lee el comunicado de Las Abejas de Acteal y un boletín del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba). En el comunicado, Las Abejas dejan claro los nombres de los responsables de la masacre, los autores intelectuales que hasta hoy continúan impunes: Ernesto Zedillo, ex Presidente de la República; General Enrique Cervantes Aguirre, Secretario de la Defensa Nacional; General Mario Renán Castillo, Comandante de la Séptima Región Militar en Rancho Nuevo; Emilio Chuayffet Chémor, Secretario de Gobernación; Julio César Ruiz Ferro, Gobernador de Chiapas; Homero Tovilla Cristiani, Secretario del Estado de Chiapas; Uriel Jarquin Galvez, Subsecretario de Chiapas; Jorge Enrique Hernández Aguilar, Coordinador de Seguridad Pública de Chiapas; David Gómez Guzmán, Subprocurador de Justicia Indígena Zona Altos de Chiapas; y Antonio Pérez Hernández, Secretario de Pueblos Indígenas.
También señalan a los presidentes que desde entonces han sido cómplices de la masacre con su inacción y silencio: Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto y el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, quien no sólo no ha hecho nada por castigar a los culpables, sino que incluso llegó al extremo de condecorar a uno de los principales responsables: el General Enrique Cervantes Aguirre, entonces Secretario de la Defensa Nacional.
Este año, a la conmemoración le precedió un importante encuentro de medios comunitarios provenientes de muchas geografías del país, convocado por el área de comunicación de Las Abejas de Acteal, que se llevó a cabo el 20 y 21 de diciembre, donde se intercambiaron saberes y experiencias.
“La búsqueda de la paz brota inagotable como manantial de agua en tiempos de sequía”, dicen Las Abejas de Acteal. Con su ejemplo, con su caminar en busca de justicia y su afirmación porfiada de la paz y la no violencia como arma de lucha, Las Abejas nos iluminan con esperanza en un contexto de violencia creciente, de guerra entre cárteles del crimen organizado, de reproducción de grupos armados por todo el estado, de desapariciones, asesinatos, retenes, secuestros e impunidad, en un estado y un país que parecen desmoronarse. Esperanza de que la colectividad, el respeto, la dignidad, la consagración de los encuentros y sí, la alegría, puedan reproducirse entre todas y todos aquellos que creemos que vale la pena seguir luchando por el florecimiento de la vida.
Chiapas, México, a 21 de septiembre del 2023
CIDH. Caso 15.305
COMUNICADO DE PRENSA
Hace 10 años Juan Vázquez Guzmán fue brutalmente asesinado por defender el territorio de la comunidad indígena de San Sebastián, Bachajón, Chiapas del despojo y de proyectos de desarrollo en las cascadas de agua azul sin el consentimiento de la comunidad. El 30 de agosto de 2023 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio un paso trascendental para la búsqueda de justicia, al notificar la admisión del caso por la impunidad imperante y la necesidad que se investigue la participación de agentes del Estado.
Antes de ser asesinado Juan Vázquez Guzman luchaba contra la destrucción de las tierras ejidales y se oponía al desarrollo de megaproyectos en territorios indígenas, sin el consentimiento de las comunidades impactadas. Vázquez Guzman denunciaba el impacto ambiental y en derechos humanos que puede traer consigo proyectos de desarrollo llevados a cabo sin las garantías del derecho internacional, así como la desigualdad, los conflictos internos, el divisionismo entre hermanos indígenas, las confrontaciones y la explotación a las comunidades.
El Estado mexicano a través de la violencia y uso de la fuerza pública quiso imponer un megaproyecto denominado Centro Integralmente Planeado Palenque (CIPP) en el año 2007 en la zona conocida como las cascadas de Agua Azul, específicamente en un lugar denominado Bolon ajaw, que se encuentra a un costado del Centro Ecoturístico las Cascadas de Agua Azul, ubicado dentro de las tierras del ejido San Sebastián, Bachajón, Chiapas y que conecta entre la carretera Ocosingo-Palenque y de fácil acceso y salida hacia san Cristóbal de las Casas, Chiapas.
Posteriormente (2008) las empresas Norton Consulting, experta estadounidense en desarrollo turístico y la empresa española EDSA Construcción, presentaron el proyecto turístico CIPP, en la zona denominada como “Las Cascadas de Agua Azul”, conocida por ser una de las principales atracciones turísticas del estado de Chiapas y ser una de las áreas naturales protegidas por el Estado mexicano (Decreto publicado en el DOF), y que se encuentran dentro de las tierras indígenas de san sebastián, Bachajón.
Este caso es doblemente emblemático. Por un lado refleja la importancia del trabajo que realizan los defensores del territorio frente a la imposición de proyectos ecoturísticos a gran escala que afectan las tierras del pueblo indígena Tzeltal de San Sebastián Bachajón, Chiapas, sin una consulta previa e informada. Juan Vázquez Guzman levantó su voz para impedir la ejecución del proyecto denominado Centro Integralmente Planeado Palenque (CIPP), posteriormente oponerse a la construcción de una caseta vehicular y un centro de emergencias por parte de las autoridades estatales en su territorio ancestral, sin consentimiento.
El líder comunitario Juan Vázquez Guzmán, se destacó por su participación activa en distintos foros nacionales e internacionales convocados por organizaciones indígenas en resistencia, mismos que en esos espacios exponía las intenciones del Estado mexicano en las tierras ejidales de San Sebastián, Bachajón.
Por otro lado, el caso se admite al cumplirse 8 meses de la desaparición forzada del abogado Ricardo Lagunes Gasca, quien representa a la familia Vázquez Guzman requiriendo de la Comisión Interamericana un análisis profundo sobre los patrones de obstaculización violenta a la reivindicación efectiva de derechos que logran personas extraordinarias como Ricardo y Juan. México es el país con uno de los mayores números de defensores asesinados y desaparecidos. Estos crímenes quedan en la impunidad. Al admitir este caso la CIDH estudiará las violaciones al derecho a la vida, garantías judiciales y protección judicial.
Litigio y Defensa con perspectiva en Derechos Humanos
CDMX 26 septiembre 2023. Este 26 de septiembre se cumplieron nueve años de la desaparición de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, como cada año, los padres, las madres, colectivos y simpatizantes, marcharon del Ángel de la Independencia al Zócalo de la CDMX.
Al llegar al zócalo de la CDMX, los padres de Ayotzinapa y el abogado Vidulfo Rosales, hicieron un balance de estos nueve años de lucha, así también, manifestaron su malestar y desilusión con el gobierno actual por la falta de verdad, por su falta a las promesas de campaña, por el maltrato de “un gobierno autoritario”; y sobre todo, por la narrativa actual, que regresa a la verdad histórica, esconde información imprescindible para el caso, e intenta desprestigiar el movimiento de los padres de Ayotzinapa.
Cuando un político quiere negar la realidad, quiere proteger a sus preferidos, quiere ocultar el horror que ejerce la institución que encabeza, solo hace falta mentir y repetir la mentira sin titubear. Lo que López Obrador agrega al arte de la mentira política es la vieja y confiable táctica de la razón arrogante de descalificar a la persona con quien disputa
Por John Gibler
Durante cuatro años el gobierno de Enrique Peña Nieto mintió sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. No fueron los únicos: todos los oficiales de los tres niveles de gobierno mintieron sobre los ataques contra los normalistas en Iguala durante la larga noche del 26 al 27 de septiembre de 2014. Mintieron sobre qué había pasado, quiénes habían participado, quiénes no habían participado, y por qué había sucedido. Mintieron desde el primer día y mintieron siempre. Torturaron a los detenidos para producir testimonios falsos, destruyeron evidencia, ocultaron evidencia, sembraron evidencia falsa y negaron la evidencia que no lograron ni destruir ni ocultar.
Mintieron el presidente, el gobernador y el alcalde. Mintieron el secretario de la Defensa Nacional, el procurador general de la República, la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero y el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Mintieron los soldados y los policías. Mintieron los marinos, los policías y los investigadores torturadores. Mintieron los sicarios torturados. Todos mintieron y su estrategia ante las pruebas que tumbaban sus falsedades fue siempre la misma: repetir la mentira. Uno de los administradores de la mentira, el exprocurador general Jesús Murillo Karam, actualmente detenido y acusado de tortura, obstrucción de la justicia y desaparición forzada, tuvo la inspiración de llamar este conjunto de mentiras “la verdad histórica”.
De eso no cabe duda. Las mentiras del gobierno de Peña Nieto son, tal vez, las mentiras estatales mejor documentadas y más desacreditadas de la historia reciente. En buena parte, esa documentación la realizó, a lo largo de ocho años y cuatro meses, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) con base en una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con el aval del gobierno mexicano y las padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos.
Para el año 2016, cuando estábamos inmersos en el poderío de la mentira del gobierno de Peña Nieto, el GIEI había publicado dos informes con un total de 1,030 páginas que desmantelaban las mentiras. Ese desmantelamiento dejó a la vista un Estado que no solamente miente, sino que tortura, mata y desaparece. El gobierno quitó su aval y sacó al GIEI del país. Y después, simplemente, siguieron mintiendo.
Así nos dieron una gran lección en el arte de la mentira política: no importa la verdad, no importan la evidencia, las pruebas ni la documentación, tampoco importa el ridículo evidente del oficial que insiste en proclamar que la tierra es plana y el cielo es verde; cuando estás en el poder solo hay que repetir la mentira una y otra vez sin pestañear.
Y ahora, después de todo, después de tanto, después de devolverles a las familias la esperanza y arrancársela de nuevo, otro político más —otro graduado de la escuela política del Partido Revolucionario Institucional— viene a demostrarnos su maestría en el arte de la repetición casual de la negación de la realidad, del clásico “aquí no pasó nada” enunciado con el megáfono del Estado enfrente del edificio en llamas y sobre los gritos de auxilio.
El GIEI llegó a México en marzo de 2015, como un nuevo mecanismo de asistencia técnica internacional y coadyuvancia en la investigación de la desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa, mediante una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Después de un período inicial de catorce meses, en el que mostró la inconsistencia de la investigación llevada a cabo entonces por la PGR y conocida como la Verdad Histórica, regresó en 2020 invitada por el nuevo gobierno mexicano y los padres, quienes pidieron que regresara el mecanismo y por medio de un acuerdo internacional con la CIDH. Este 31 de julio termina ese segundo mandato.
En estos años, el GIEI ha contribuido a reorientar la investigación en diferentes fases, a través del hallazgo de pruebas, la realización de peritajes y el contraste de diversas fuentes de información. Destacan el caso del basurero de Cocula, el análisis de evidencia fotográfica sobre la manipulación de la escena del río San Juan, la evaluación médica-psicológica de la documentación que mostraba el uso generalizado de la tortura o la alteración de escenas del crimen o de peritajes sin la necesaria independencia. Basándose en ello, la incongruencia de la llamada Verdad Histórica mantenida por el gobierno anterior fue señalada incluso por el Tribunal de Tamaulipas donde se juzgaban los hechos.
Sin embargo, las reacciones a la verdad no fueron muchas veces positivas. En el primer período de trabajo en 2016, el GIEI fue acusado por algunos sectores de pretender socavar a las instituciones, entre ellas las Fuerzas Armadas, por mostrar pruebas que cuestionaban la versión oficial o pedir estar presentes en las declaraciones de miembros del ejército que estuvieron en Iguala en la noche de los hechos. Incluso el GIEI fue objeto de una fuerte campaña de difamación y violencia en diversos medios de comunicación, mostrando que cuando las verdades eran incómodas se buscaba disparar y callar al mensajero. El GIEI tuvo que salir del país, pero dejó en su informe las recomendaciones para el seguimiento del caso.
Con el nuevo gobierno en el 2019, se creó una nueva fiscalía especial para el caso, Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), una Comisión de la Verdad para el caso (COVAJ) y el GIEI volvió para colaborar en la investigación.
El punto de partida de la nueva averiguación surgió de la existencia de más hechos que los que llevaban a esclarecer los del 26 y 27 de septiembre de 2014. Por esa razón se fortalecieron investigaciones sobre los responsables de la tortura, se descubrieron falsificaciones y fraudes documentales en los que se había basado la investigación. Esto implicó rehacer la consecución de prueba independiente, logrando obtener elementos nuevos que fueron provistos por acercamiento, búsqueda de diversas fuentes, incluyendo nuevos testigos, lo que permitió proporcionar, de manera integral a la unidad especial UEILCA y a la COVAJ, aportes, valoraciones y hallazgos, tanto los incluidos en los informes I y II, así como nuevos elementos en los siguientes informes publicados hasta ahora. Se generaron nuevas pruebas a través del análisis de telefonía, de las comunicaciones de agentes del Estado y de miembros de la delincuencia organizada, evidenciando que actuaron de forma coordinada como parte de una red criminal durante la noche de los hechos y en los días posteriores, así como que declararon muchas cuestiones que resultaron falsas.
La actuación del GIEI contribuyó también al fortalecimiento de las acusaciones, tratando de integrar estándares internaciones en la investigación, la documentación de los hechos y el señalamiento de responsabilidades. Igualmente se colaboró para encontrar e identificar los restos de dos jóvenes normalistas desaparecidos, lo que mostró una nueva narrativa de los hechos. El conocimiento del caso acumulado en los años de experiencia y trabajo del GIEI.
EL GIEI ha contribuido a la investigación especialmente cuando ha habido un operador que tiene voluntad política. Tras la petición del GIEI respaldada por los familiares para acceder a informaciones hasta entonces negadas, el presidente de México ordenó abrir los archivos y proporcionar acceso a pruebas documentales del ejército (SEDENA), la Marina (SEMAR) y los servicios de inteligencia (CISEN), lo que ayudó a tener nuevos hallazgos relevantes sobre la actuación de agentes del Estado y a recabar informaciones existentes sobre el posible destino de los jóvenes. Dichas acciones se hicieron de forma conjunta entre el GIEI y la COVAJ. Todo esto, 7 años después de los hechos. Sin embargo, la documentación entregada, a día de hoy, es parcial y corrobora la existencia de otras informaciones sobre el momento de los hechos y fechas posteriores, en donde hay datos sobre detención y traslado de normalistas, por lo que hemos insistido en que debe ser puesta a disposición de la investigación y la búsqueda de los jóvenes. Sin embargo, el GIEI se ha encontrado con la respuesta negativa de las instituciones, a pesar de las pruebas existentes. Es sobre esas pruebas que se necesita avanzar.
La investigación no ha estado exenta de problemas. El caso y los propios fiscales de la Unidad especial se vieron presionados en algunos momentos, ya fuera para no judicializar a determinadas personas o no realizar acciones inmediatas contra otras, lo que llevó a un traumatismo dentro de la propia Unidad. A pesar de ello, la investigación ha llevado a la detención del ex procurador General de la República, dos generales y 20 miembros del ejército y más de cien detenidos miembros del crimen organizado y fuerzas de seguridad o funcionarios del Estado entre otros. Sin embargo, una parte importante del conjunto de las acusaciones son por delincuencia organizada y no por la desaparición forzada y el ataque a los normalistas. Además, la investigación fiscal debe llevar no solo a detenciones, sino a nuevas informaciones para esclarecer el caso y las búsquedas.
El GIEI considera muy relevante el reconocimiento por parte del gobierno de México de que el caso Ayotzinapa se trata de un crimen de Estado, como fue señalado en presencia del Presidente y de las más altas autoridades del Estado, así como el apoyo para lograr el ingreso a los archivos de las instituciones, así como la decisión y presencia del Subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas en la búsqueda y en la realización de todas estas gestiones.
CDMX, 26 de julio de 2023. Un día después de la presentación del sexto y último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI), que se retira del caso debido a la negativa por parte del ejército de entregar documentos fundamentales para la investigación, los familiares de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa marcharon en la Ciudad de México para exigir la entrega de dichos documentos, que son claves para dar con el paradero de los jóvenes. Bajo una fuerte lluvia, los familiares marcharon del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez.
El mensaje de los familiares ante el reporte del GIEI y su retirada de la investigación: que la sociedad civil y las organizaciones sociales no cesen de exigir al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que ordene a las fuerzas armadas a entregar los documentos identificados por el GIEI y que continúen las investigaciones de manera seria e imparcial.
Aunque las investigaciones del GIEI se vieron seriamente obstaculizadas por la opacidad de las fuerzas armadas, imposibilitando la identificación del paradero de los normalistas, su último informe sí trajo un avance importantísimo en el caso: la conclusión definitiva de la complicidad y participación de la Secretaría de la Defensa (Sedena), la Secretaría de la Marina (Semar) y todas las fuerzas policiales en la desaparición forzada de los normalistas junto con el grupo criminal Guerreros Unidos, y la complicidad de diversas instancias de los tres niveles de gobierno en tergiversar, manipular y ocultar los hechos.
La pista fundamental para conocer el paradero de los normalistas son los informes generados por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI), dependiente de la Secretaría de la Defensa. Sin embargo, muchos fueron los esfuerzos por parte de la Sedena para evitar que dichos informes se conocieran. Primero, negando la existencia misma del CRFI en 2014, afirmando que sólo se creó en 2015, lo cual ha sido desmentido por las evidencias descubiertas por el GIEI. Después, negando que se realizaran interceptaciones de comunicadciones; después, afirmando qeu el CRFI dependía del Cisen, y no de la Sedena. Y finalmente negándose a entregar documentos del CRFI que son clave para la investigación.
El informe del GIEI es demoledor en términos de la responsabilidad de las Fuerzas Armadas no sólo en la desaparición de los normalistas, sino en la ocultación de evidencias y obstrucción a la verdad y justicia. En un contexto en que el presidente Andrés Manuel López Obrador le ha entregado un poder al ejército nunca visto en el México posrevolucionario, las revelaciones del GIEI en el caso Ayotzinapa son una señal de alarma que ningún ciudadano debe tomarse a la ligera. De manera que la convocatoria de los familiares de los normalistas a que las organizaciones sociales y la sociedad civil en general se movilicen para exigir transparencia a las fuerzas armadas es no sólo una exigencia de verdad y justicia en ese caso particular, sino una necesidad colectiva en un país cada vez más autoritario y violento.
Imágenes de la marcha:
Palabras de los familiares en el Hemiciclo a Juárez:
Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Informe Ayotzinapa VI.
Hallazgos y avances, obstáculos y pendientes.
México, Julio de 2023.
Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Informe Ayotzinapa VI.
Hallazgos y avances, obstáculos y pendientes.
México, Julio de 2023.
CDMX, 25 de julio de 2023. El Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) presentó su sexto y último informe sobre el caso Ayotzinapa, tras anunciar que se retira de las investigaciones debido a la opacidad del Estado y la negación de diversas instituciones de proporcionar información relevante.
El informe es contundente en términos de la responsabilidad de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de la Marina (Semar), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen, hoy Centro Nacional de Inteligencia), además de la policía municipal, estatal, federal, ministerial y de tránsito y otros órganos del Estado, en la desaparición forzada y asesinato de los normalistas y en la manipulación de evidencias y ocultamiento de información.
El GIEI, que depende de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dedicó más de la mitad del informe a analizar la participacion del ejército, con un mapeo detallado de sus movimientos el 26 y 27 de septiembre de 2014. Asimismo, el informe detalla la complicidad y participación de todos los niveles del Estado: “El informe muestra los distintos niveles de implicación y responsabilidad de los distintos niveles del Estado en el ataque de los 43”, en palabras de Carlos Beristáin, que presentó el informe junto con Ángela Buitrago.
Lo que no se ha podido aclarar, sin embargo, es quizás lo que más importa (sin duda alguna lo que más importa a los familiares): el paradero de los normalistas desaparecidos. El ocultamiento y manipulación de información por parte del Estado ha logrado impedir que se conozca lo que les sucedió a los normalistas. Lo único que se ha logrado saber es que los jóvenes fueron separados en dos grupos: uno que pasó por las instalaciones de la policía en Iguala y otro conducido rumbo a Huitzuco o Chilpancingo.
Mientras tanto, el presidente López Obrador se autocongratuló por los avances en la investigación: “Yo creo que en ningún país del mundo, un gobierno, lleva a cabo una investigación y sobre todo una decisión de castigar a los responsables”, a pesar de las denuncias de ocultamiento y manipulación deliberada de la información por parte de las fuerzas armadas y otras instancias de gobierno y la decisión del GIEI de no continuar las investigaciones debido a la opacidad del Estado.
El informe del GIEI demuestra no sólo los esfuerzos castrenses por mantener oculta la verdad del caso, sino el funcionamiento estructural del Estado mexicano, entre otras cosas, con la utilización sistemática de la tortura. Esto representa también, dijo Carlos Beristáin, una oportunidad para cambiar de rumbo, cosa que a todas luces no está sucediendo.
Compartimos a continuación algunos trechos de la sesión de preguntas y respuestas durante la presentación del informe:
“Chiapas es México, y en Chiapas se concentran hoy muchas de las violencias que aquejan a todo el territorio mexicano. La guerra que se impuso a nuestro país desde Estados Unidos, y que Felipe Calderón se dio a la tarea de profundizar, hoy alcanza todo el territorio nacional. (…) Chiapas es México, y como en todo el país, Chiapas vive tiempos de extorsión, balaceras, desplazamientos forzados, trata de mujeres y migrantes, tráfico de drogas, secuestros, asesinatos de personas defensoras del territorio, de periodistas, de feminicidios…”
En Chiapas se vive una violencia extrema que se puede caracterizar como una situación de guerra, y que es reflejo y termómetro de lo que sucede a nivel nacional y de la omisión irresponsable y/o complicidad de los gobiernos estatal y federal. Esto expresaron de diversas formas las y los presentes en la conferencia de prensa organizada por la campaña nacional e internacional “Alto a la guerra contra los pueblos zapatistas”, que se llevó a cabo en la Ciudad de México ayer, 5 de julio de 2023.
En la conferencia participaron: Víctor Hugo López Rodríguez, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (RedTDT); Dora Robledo, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba); Carlos González García, de la comisión coordinadora del Congreso Nacional Indígena – Consejo Indígena de Gobierno (CNI-CIG); la cineasta Natalia Beristáin Egurrola, quien leyó el Pronunciamiento de la campaña; Susana, de la Red de Solidaridad Internacional de Noruega; el investigador Gilberto López y Rivas, del Colectivo Llegó la Hora de los Pueblos.
Durante la conferencia, se anunció una Jornada de acción global que se llevará a cabo del 13 al 16 de julio con el objetivo de informar a la sociedad sobre la situación de guerra en Chiapas, y un foro nacional a ser realizado entre el 24 y 28 de julio, con tres ejes: violencia, justicia y paz.
Todas y todos los participantes hicieron hincapié en la situación de guerra que se vive en el estado: reactivación del paramilitarismo, fuerte presencia del crimen organizado, surgimiento de múltiples grupos armados, alarmante militarización que coincide con un aumento de la violencia y la delincuencia organizada, represión y criminalización de defensores de derechos humanos y periodistas, tortura sistemática, tráfico de personas y de drogas.
Al mismo tiempo, resaltaron la discrepancia entre la violencia desatada en el estado y la negación, inacción y complicidad criminal tanto del gobierno estatal como del federal. Víctor López destacó como ejemplo el hecho de que, la semana pasada, mientras 16 servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública permanecían secuestrados en manos del crimen organizado, el gobernador de Chiapas Rutilio Escandón, en conferencia matutina, omitió el hecho y se limitó a dar el pronóstico del tiempo. Y el presidente de la república, ante los repetidos ataques de la organización paramilitar ORCAO contra las comunidades zapatistas, miente, minimiza los hechos y difama a las organizaciones defensoras de derechos humanos que denuncian dicha violencia.
Como lo han denunciado el Frayba, la RedTDT y muchas otras organizaciones e individuos, esta inacción y ocultamiento por parte del Estado es producto de la continuidad de las estrategias de contrainsurgencia diseñadas por la Secretaría de la Defensa desde la década de 1990, ahora con diferentes nombres, nuevos actores y formas distintas. Y también refleja las tentativas por parte de la “Cuarta Transformación” de ocultar la grave situación que se vive en el país, con una militarización inédita en la historia, el dominio del crimen organizado en íntima relación con las diferentes instancias de gobierno y casi 154 mil asesinados, casi 43 mil desaparecidos, y 69 periodistas y 94 defensores de la tierra y el territorio asesinados.
También resaltaron que, al contrario del discurso oficial, en vez de disminuir la delincuencia, la militarización ha incrementado significativamente la violencia criminal. Como mencionó Carlos González, aunque esto se ve en todo el territorio nacional, está particularmente claro alrededor de los megaproyectos como el Tren Maya y el Corredor Transístmico, donde la creciente influencia de la Marina está acompañada de una también creciente presencia del crimen organizado.
Y mientras las acciones criminales no se combaten (los ataques de la ORCAO a las comunidades zapatistas; los enfrentamientos entre cárteles, el reclutamiento forzado y el desplazamiento forzado de miles de personas en Frontera Comalapa; el terror que vive la población de Pantelhó, etc.), los defensores de la tierra y el territorio son criminalizados y reprimidos con violencia ejemplar.
Gilberto López y Rivas, quien ha estudiado a profundidad el tema del paramilitarismo en México, hizo un llamado a los medios de comunicación independientes, a las ciencias sociales y académicos comprometidos, a romper el cerco informativo construido desde el gobierno y divulgar, con bases fundamentadas, la situación de guerra que se vive en Chiapas y en el país.
Escucha a seguir las palabras de la conferencia de prensa:
Chiapas es México.
Alto a la guerra contra los pueblos y las comunidades zapatistas
Chiapas es México, y en Chiapas se concentran hoy muchas de las violencias que aquejan a todo el territorio mexicano. La guerra que se impuso a nuestro país desde Estados Unidos, y que Felipe Calderón se dio a la tarea de profundizar, hoy alcanza todo el territorio nacional. La frontera se ha corrido hasta el sureste, y con ella la guerra, una guerra que la administración actual no ha frenado: 153 mil 941[1] homicidios dolosos, 42 mil 935[2] personas desaparecidas y no localizadas, 69[3] periodistas y 94[4] personas defensoras de tierra y territorio, pueblos indígenas y medio ambiente asesinadas en el continuado proceso de recolonización militarizado y delincuencial del actual sexenio.
Chiapas es México, y como en todo el país, Chiapas vive tiempos de extorsión, balaceras, desplazamientos forzados, trata de mujeres y migrantes, tráfico de drogas, secuestros, asesinatos de personas defensoras del territorio, de periodistas, de feminicidios…
Los hechos son inocultables: en Chicomuselo, paramilitares acechan a la población para que dejen de oponerse y autoricen reabrir una mina de barita, originando desplazamientos forzados. En Comalapa, las disputas territoriales entre grupos del crimen organizado provocan también el desplazamiento forzado de miles de personas. Muy cerca de Tuxtla Gutiérrez, un camión que traslada ilegalmente a personas migrantes vuelca y mueren, al menos, 56 personas, y otras 70 resultan heridas. En Pantelhó, personas armadas asesinan a Simón Pedro, defensor de los derechos de los pueblos indígenas y miembro de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal. En Santa Martha, municipio de Chenalhó, hombres armados atacan a familias víctimas de desplazamiento forzado y asesinan a siete personas tzotziles. En San Cristóbal de las Casas, grupos armados recorren la ciudad, exhibiendo su capacidad de movilización y poder de fuego… El recuento podría seguir, pues cada día nuevos hechos de violencia se viven en el estado de Chiapas.
Grupos del crimen organizado, narco-paramilitares y paramilitares operan con total impunidad en todo el territorio chiapaneco. Como respuesta, el gobierno federal envía militares y Guardia Nacional a una entidad que ya de por si tiene amplia presencia de fuerzas militares desde 1994. Esta remilitarización no se ha traducido en la reducción de las violencias y negocios ilegales, por el contrario, los grupos del crimen organizado han diversificado sus actividades económicas y han intensificados sus ataques contra pueblos y comunidades.
En este contexto, grupos paramilitares y de corte paramilitar que operan con total impunidad en Chiapas desde hace tres décadas, han aumentado sus acciones beligerantes contra los pueblos zapatistas. La Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO), que al menos desde el año 2000 ha operado al servicio de distintos gobiernos, partidos políticos y grupos de poder en la región, ha realizado entre 2019 y 2023, más de 100 ataques contra poblados zapatistas pertenecientes al Caracol 10, Floreciendo la Semilla Rebelde, con sede en Patria Nueva, Junta de Buen Gobierno Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad. Los ataques, agresiones y provocaciones son constantes y se han intensificado desde 2019. Las autoridades zapatistas, organizaciones de derechos humanos y al menos tres misiones civiles de observación, lo han documentado y dado a conocer en informes públicos y en conferencias de prensa. Compartimos como anexo a este pronunciamiento un recuento puntual de varios de estos ataques.
Desde el entorno nacional e internacional de apoyo al Ejército Zapatista de Liberación Nacional y al Congreso Nacional Indígena, el pasado 8 de junio de 2023, en México y el mundo realizamos 72 acciones (36 nacionales y 36 internacionales) para visibilizar estas denuncias y para exigir alto a la guerra contra los pueblos zapatistas y alto a la guerra en Chiapas. Estas acciones de solidaridad continuaron realizándose en diferentes estados y países. Las respuestas llegaron unas semanas después: del 19 al 22 de junio de 2023, integrantes de la ORCAO realizaron nuevos ataques coordinados en tres comunidades zapatistas: Emiliano Zapata, San Isidro y Moisés y Gandhi, que forman parte de la Región Moisés y Gandhi, y están ubicadas en el municipio oficial de Ocosingo, Chiapas. Los ataques van desde la quema de parcelas hasta embestidas armadas. Estas agresiones duraron, en esta ocasión, tres días y se contabilizaron al menos 800 disparos de diferentes calibres, así como el incendio de parcelas que se encuentra cercanas a las casas de las familias zapatistas.
El 23 de junio, en su conferencia matutina desde Chiapas, el titular del Ejecutivo Federal, acompañado de la secretaria de Gobernación, del secretario de la Defensa Nacional y del gobernador local, restó importancia el grave contexto de dicho estado y a los ampliamente documentados ataques contra las comunidades zapatistas. Además, continúo con las descalificaciones contra organizaciones y personas defensoras del territorio, de los derechos humanos, y organizaciones que documentan y denuncian estás y otras violencias.
Estas respuestas, tanto de la ORCAO como del presidente de México, nos preocupan y alarman: la ORCAO sigue e incrementa sus operativos armados, en tanto el presidente de México encubre, con su discurso, actos graves de violencia que a todas luces van en ascenso. La negación, minimización y tergiversación de esta comprobada realidad se convierten en un manto de impunidad que protege a los grupos paramilitares.
Peor aún, el presidente de México retomó el discurso de sus antecesores cuando señalaban que estos conflictos eran entre grupos locales o “entre comunidades”, evadiendo así toda la responsabilidad de Estado y emulando a Felipe Calderón y su ofensivo “se matan entre ellos”.
Este panorama nos lleva como personas, pueblos y comunidades organizadas, en México y en otras partes del mundo, a redoblar los esfuerzos por detener la guerra contra las comunidades zapatistas y en Chiapas. Hoy ratificamos que desde el actual gobierno no sólo no escuchan, sino que, además, siguen permitiendo y apoyando una estrategia de guerra contrainsurgente y delincuencial. Por lo anterior, llamamos a:
1. Denunciar la guerra contra los pueblos zapatistas y en Chiapas en general, y remarcar la responsabilidad del gobierno del estado y del gobierno federal.
2. Desplegar campañas de información y de acciones de solidaridad en todo el país y en otros países para informar sobre esta guerra contra los pueblos y las comunidades zapatistas y la guerra en Chiapas.
3. Desde este espacio de coordinación nacional, convocamos a la Jornada de Acción Global Alto a la guerra contra los pueblos zapatistas. Del horror de la guerra a la resistencia por la vida, el 13, 14, 15 y 16 de julio, que tiene por objetivo informar a la sociedad sobre la situación de guerra contra los pueblos zapatistas y en Chiapas. Esta jornada incluirá:
a. Volanteos y distribución de información
b. Mesas informativas
c. Eventos artísticos
d. Movilizaciones
Así mismo, entre el 24 y 28 de julio realizaremos un foro nacional con tres ejes, violencia, justicia y paz. De igual forma, compartimos que estamos en condiciones de realizar trabajo de observación y acompañamiento en territorio zapatista cuando las condiciones así lo permitan.
Llamamos a desplegar toda la solidaridad posible con los pueblos zapatistas, a no caer en la indiferencia y el escapismo individualista ante los ataques que viven cotidianamente los pueblos y las comunidades que aquel estado. Chiapas es México, y hoy México y el mundo debemos mirar y actuar contra la guerra y en favor de la paz, con justicia y dignidad.
Espacio de Coordinación Nacional
Alto a la guerra contra los pueblos zapatistas
[1] Datos del gobierno federal. [2] Datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. [3] Datos del gobierno federal. [4] Memorial de personas defensoras asesinadas (Memorial del HRD).
