impunidad
Por la vida y paz en los territorios indígenas de Michoacán
Pronunciamiento
¡Exigimos justicia, protección a la vida y paz
en los territorios indígenas de Michoacán!
A Claudia Sheinbaum Pardo
Presidenta de México
A Alfredo Ramírez Bedolla
Gobernador de Michoacán
A Carlos Torres Piña
Fiscalía de Michoacán
A las comunidades indígenas de México
A las comunidades p’urhépechas
A la prensa nacional e internacional
A los medios alternativos de comunicación
A los organismos de Derechos Humanos nacionales e internacionales
Los hechos de violencia son una constante en los territorios indígenas en Michoacán desde hace varios años. El clima de inseguridad se ha incrementado y se hace presente todos los días de distintas formas (desapariciones, secuestros, asaltos, incursiones armadas, entre otros actos criminales) atentando contra la vida comunal y la de sus miembros. Todas ellas forman parte del clima de terror impuestos por distintos actores que disputan los bienes naturales y los patrimonios bioculturales vitales de las comunidades, así despojan y rompen el tejido social y las formas colectivas de sostenimiento de la vida.
El pasado miércoles 15 de octubre de 2025, varias personas fueron privadas de su libertad en una de las carreteras de la Meseta P’urhépecha Charapan-Ocumicho, después de realizar sus labores de camino a las localidades donde residen. Fueron interceptadas por un grupo armado y llevadas a un cerro. Algunas lograron escapar de sus raptores, otros pagaron el rescate según los testimonios y denunciaron los hechos. Sobre una persona no se tiene conocimiento de su paradero.
Las políticas de seguridad y los dispositivos de fuerza para prevenir los delitos son insuficientes para cumplir con su mandato gubernamental de proteger a los habitantes. Este clima de terror es insoportable, priva la incertidumbre y el desamparo.
Exigimos contundentemente:
- La localización con vida de la persona que se desconoce su paradero.
- Protección a las personas que lograron escapar y denunciar los hechos.
- Agilidad y transparencia en el proceso.
- Detención de los responsables.
- Justicia para las víctimas y garantías de no repetición.
- Y, por supuesto, una política de Seguridad Nacional Otra que en verdad sea efectiva y eficiente para las comunidades, pueblos y sociedad.
¡Exigimos justicia, protección a la vida y paz en los territorios indígenas de
Michoacán, de México y del mundo!
Grupo de Trabajo CLACSO Cuerpos, territorios, resistencias
Planeta Tierra, 22 de octubre de 2025
Allanamiento a la vivienda de la Directora del Frayba

Allanamiento a la vivienda de la Directora del Frayba
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
24 de julio de 2025
Boletín No. 05
- En riesgo a la vida e integridad de personas defensoras en el estado “más seguro de México”.
- En menos de 10 meses 2 hallanamientos contra integrantes del Frayba.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) manifiesta su profunda preocupación ante el allanamiento a la vivienda de nuestra Directora, Dora Roblero, ocurrido la noche del 22 de julio de 2025 en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
Este hecho no es aislado. Tal como lo documentamos en nuestro informe más reciente “Chiapas, en la espiral de la violencia armada criminal y criminal”, la situación de riesgo para quienes defendemos los derechos humanos en la entidad se ha recrudecido. En menos de diez meses, este sería el segundo allanamiento contra un integrante del Frayba, en un contexto marcado por hostigamientos, intimidaciones y vigilancia sistemática denunciados ante instancias del gobierno federal y estatal, así como ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que otorgó al Frayba las Medidas Cautelares MC-5210.
Cabe señalar que Dora Roblero fue recientemente ratificada como Directora del Frayba por su Consejo Directivo el pasado 4 de julio, en el mismo contexto en el que se perpetra este acto violento como una medida represiva en torno a la continuidad política de este Centro.
El allanamiento ocurrió aproximadamente a las 19:52 hrs., cuando una vecina advirtió que la puerta de entrada de la casa de Dora Roblero estaba abierta, tras recibir el aviso, Dora les solicitó encendieran la luz de la sala y cerraran la puerta, al hacer este hecho se percataron de un ruido en la planta alta, por lo que procedieron a cerrar inmediatamente la puerta y retirarse del lugar, acto seguido arribaron para acompañar integrantes del equipo Frayba, quienes llegaron al domicilio a las 20:30 hrs.
A su llegada, constataron varios signos de irrupción: las lámparas de la calle no funcionaban, pese a estar activadas por sensores de movimiento, la chapa de la puerta principal estaba forzada, una silla había sido desplazada hacia la cocina, la puerta del traspatio carecía de pasador, una ventana del segundo piso se encontraba abierta de par en par, un frasco de champú estaba tirado en la regadera.
Ante la gravedad de lo observado, a las 21:30 horas se activó el botón de emergencia del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos. Sin embargo, la respuesta institucional fue negligente y evasiva. A las 21:39 hrs., un agente estatal se comunicó únicamente para preguntar sobre las medidas cautelares, sin ofrecer respaldo ni canalizar acción alguna. Dora señaló que jamás recibió los números de contacto de los agentes responsables de los rondines en su domicilio. Como única sugerencia, el agente le indicó que marcara al 911.
La desprotección continuó. A las 22:02 PM, una patrulla de la Policía Municipal llegó al lugar con cuatro elementos, quienes se limitaron a levantar una entrevista sin diligencia alguna. A las 22:40 hrs., llegaron cuatro agentes de la Guardia Estatal, sin que se activara un protocolo adecuado de protección, retirándose del lugar a las 23.00 hrs.
Ante estos hechos realizamos la denuncia formal ante la Fiscalía de Distrito Altos, por los delitos de allanamiento y los que resulten con el número R.A. 0958-078-0305-2025. Es claro que la justicia no vendrá del gobierno mexicano, así lo demuestra los casos de impunidad que se mantienen como una loza inquebrantable como es el caso de Simón Pedro o el caso del Padre Marcelo.
Este acto constituye una grave violación a los derechos humanos y al marco de protección internacional, pues transgrede las medidas cautelares dictadas por la CIDH, que el Estado mexicano está obligado a cumplir. Más aún, representa una agresión directa contra Dora Roblero, el Frayba como institución y quienes les integran, una clara represalia por su labor de defensa y denuncia ante las múltiples violencias que se ejercen en Chiapas.
En el Frayba hemos documentado este hecho como parte de una serie de agresiones que evidencian el grave deterioro en la garantía de derechos humanos en México, especialmente para quienes luchan por la justicia desde los territorios.
La omisión, descoordinación y falta de voluntad institucional es parte de una política sistemática de desprotección que expone constantemente a quienes defienden la vida y el territorio, en contradicción con el discurso oficial del gobierno estatal, que prioriza la propaganda y el control poblacional por encima de la garantía de derechos, vaciando de contenido conceptos de paz y justicia, utilizándolos de una manera publicitaria y trivial.
Exigimos al Estado mexicano: Que garantice plenamente y de manera inmediata la seguridad integral de Dora Roblero y del equipo del Frayba; que se investigue con seriedad y sin dilación el allanamiento ocurrido; que se cumpla cabalmente con las medidas cautelares dictadas por la CIDH; se ponga fin a las omisiones y simulaciones institucionales que vulneran los derechos de quienes defienden la vida y la dignidad. Convocamos a personas, organizaciones y colectivas solidarias a manifestarse frente a esta violencia directa y estructural promovida por los gobiernos federal y estatal; en estos momentos obscuros es vital defender y proteger la vida de quienes luchan por los derechos humanos, de la tierra y el territorio en Chiapas.
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