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Displaced women and families in the municipality of Aldama, after they had to take refuge from the constant attacks from the community of Santa Martha. Photo: Isaac Guzmán

Just this morning, May 26th, we received messages from compañeros in the highlands of Chiapas that gunfire in the direction of the communities of Aldama has become more fierce over the past 4 days. In the municipality of Aldama, which includes the Zapatista support base community of Magdalena de La Paz, consistent paramilitary fire from the Santa Martha community in the neighboring municipality of Chenalhó threatens the lives and livelihoods of its residents. Under these conditions, milpa cannot be sown, coffee can’t be picked, and children cannot go to school.

Under the nose of government officials and with incentives from political parties and “social programs,” territorial conflicts have escalated across the Mexican countryside; and in Chiapas, several such conflicts (Nuevo San Gregorio, Moisés Gandhi, and Chilón to name a few) have worsened as the June 6th elections approach. The violence follows a predictable cycle of territorial dispossession, with extractive megaprojects on one hand and militarization on the other. Government programs intended to entice party affiliation and shred the rural social fabric prey on indigenous communities in a perpetual internal colonization.

The twists and turns of the relationship between what is now Aldama and Chenalhó date back to 1921, when the original municipalities of Santa María Magdalena (Aldama) and Santa Martha (Chenalhó) were subordinated under the municipal seat of San Pedro Chenalhó. Over the course of several decades, the families of these indigenous communities struggled together against displacement and submission by wealthy mestizos, sharing territories and celebrations. However, in 1975, a misallocation under the Secretary of Agrarian Reform catalyzed the current day dispute over 59 hectares between the two communities. In 1999, in an attempt to constrain Zapatista support bases in Santa María Magdalena, the Secretary of Agrarian Reform tried to force the two communities under a new municipality of Aldama. But residents of Santa Martha rejected the proposal and strengthened their affiliation with Chenalhó, whose leaders, with ties to the perpetrators of the perpetrators of the 1997 Acteal massacre, have actively fostered paramilitary rule.

Since February 2018, more than 2,000 residents of Aldama have been forcibly displaced from their homes. Among the casualties, a trustee of the municipality and member of the National Indigenous Congress was tortured and murdered, and a nun from a humanitarian brigade was shot in the leg., This past May 8th, Pedro Lunes Pérez of Chocó (Aldama) was killed in his home by paramilitary gunfire, as the National Guard patrolled nearby.

Attempts to resolve the conflict have failed to dissipate the rancor. On the part of officials, they appear to be half-hearted at best, for no effort has been made to disarm the perpetrators of the violence. From carelessness to negligence to all-out corruption, the three levels of government have served only to fan the flames of conflict between communities. Under López Obrador’s administration, militarization continues to intensify throughout southeast Mexico, particularly in zones of Zapatista support, to reinforce the economic advantage and firepower on the side of the paramilitaries.

We might ask why all levels of government have failed so miserably to intervene in a meaningful solution. In fact, the same question might be asked of other global conflicts in the news this past week. And the answer is this: destabilizing the autonomy of the people, catalyzing conflict through inequity, and perpetuating rifts via dis-information are all cornerstones not only of the 4T, but of the hegemonic neoliberal project globally — a project bent on territorial dispossession and plunder.

• Burguete, Cal y Mayor, Araceli. “Aldama-Santa Marta, Chenalho: Las Aristas de un Conflicto.” Chiapas Paralelo. 2019. https://www.chiapasparalelo.com/opinion/2019/01/aldama-santa-marta-chenalho-las-aristas-de-un-conflicto/
• Hernandez Navarro, Luís. “Noviembre en Aldama.” La Jornada. 2020.  https://www.jornada.com.mx/2020/11/24/opinion/026a2pol
• Hernández Navarro, Luís. “Los Demonios Chiapanecos.” La Jornada. 2019. https://www.jornada.com.mx/2019/06/04/opinion/016a2pol
• Mariscal, Ángeles. “Si no Hay Reconciliación, que Se Aplique La Ley Contra Civiles Armados Piden En Chiapas.” Pie de Página. 2020. https://piedepagina.mx/si-no-hay-reconciliacion-que-se-aplique-la-ley-contra-civiles-armados-piden-en-chiapas/
• Rompeviento TV. 2019. “Aldama, Chenalhó y los paramilitares: AMLO, Alejandro Encinas y Ernesto Ledesma.”  https://www.youtube.com/watch?v=lWOwRiiakzY

FIRMA LA PETICIÓN AQUÍ.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. (Frayba), tienen información de que dos de sus integrantes fueron secuestrados mientras se trasladaban rumbo a la Ciudad de Palenque, Chiapas, y hasta esta hora su paradero es impreciso.

El 12 de abril de 2021, aproximadamente las 7:00 horas, los defensores de derechos humanos Lázaro Sánchez Gutiérrez y Victórico Gálvez Pérez salieron de las oficinas del Frayba abordo de una camioneta Hillux blanca con destino al municipio de Palenque, Chiapas. Esto con el objetivo de llevar a cabo una reunión de trabajo con integrantes de la organización Pueblos Autónomos por la Defensa de los Usos y Costumbres (PADUC) y familiares de presos.

Hacia las 21:00 horas del mismo día, el Frayba recibió información de que el defensor de derechos humanos Lázaro Sánchez Gutiérrez había efectuado una llamada a sus familiares desde un número desconocido indicando que junto con su compañero Victórico Gálvez estaban bien, que se encontraban en la localidad San Felipe, cerca de Kuxulja, municipio de Ocosingo y que alguno de sus familiares llevara con una cierta cantidad de dinero en vehículo particular a las 8:00 horas de la mañana del día de hoy, 13 de abril.

Es importante resaltar que desde el primer momento las autoridades estatales y federales tienen conocimiento de los hechos quienes hasta el momento no han dado una información clara sobre la situación.

Ante estos lamentables hechos, el Frayba manifiesta su preocupación y condena de manera enérgica estos actos de intimidación, agresión y secuestro de los señores Lázaro Sánchez Gutiérrez y Victórico Gálvez Pérez. No omitimos mencionar que estos actos ocurren en un ambiente de criminalización a defensores de derechos humanos en México y señalamientos hacia el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas. Hacemos un llamado urgente al Estado mexicano a que efectue una investigación exhaustiva e imparcial de la privación arbitraria de la libertad de Lázaro Sánchez y Victórico Gálvez, para garantizar la vida, libertad, seguridad e integridad de nuestros compañeros.

Hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional que firmen esta acción urgente disponible en la página www.frayba.org.mx y le escriban a las autoridades mexicanas a fin de que se comprometan a implementar medidas de seguridad para el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos.

FIRMA LA PETICIÓN AQUÍ.

San Cristóbal de La Casas, Chiapas, México
13 de abril de 2021
Acción Urgente No. 3

Organización de la Sociedad Civil Las Abejas
Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal
Acteal, Chenalhó, Chiapas, México.
22 de diciembre de 2019

Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
A las y los defensores de los derechos humanos
A los medios Libres y Alternativos
A los medios de comunicación nacional e internacional
A la Sociedad Civil Nacional e Internacional
Y a la opinión pública

Hermanas y hermanos:

En este día, damos gracias a nuestras creadoras y creadores de la tierra y del cielo, por darnos un corazón y conciencia que no olvidan, que luchan y construyen una memoria digna y una justicia verdadera por la Masacre de Acteal.

Hoy nos encontramos aquí para conmemorar a nuestras 45 hermanas y hermanos masacrados y más los 4 bebés que fueron violentamente sacados del vientre de sus madres. Este crimen atroz fue cometido por un grupo paramilitar priísta de Chenalhó, un día lunes 22 de diciembre de 1997, aquí en Acteal. Este lugar era un campamento civil en el que se encontraban viviendo decenas de integrantes de nuestra Organización Las Abejas de Acteal, que habían huido de sus comunidades por la violencia implementada por el Estado mexicano en su guerra contrainsurgente, a través del Plan de Campaña Chiapas ’94, durante el mandato presidencial de Ernesto Zedillo Ponce de León. Este plan fue planeado desde la Presidencia de la República y la Secretaría de la Defensa Nacional para acabar con nuestros hermanos zapatistas y otras organizaciones y comunidades que denunciaban las políticas corruptas y de despojo de los malos gobiernos.

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El rapero TíoBad luchó por la lengua mixe-popoluca, propia de su pueblo Sayula de Alemán, y denunció a través del arte el despojo en su territorio por el fracking, el narco estado en Veracruz, los asesinatos a periodistas y el desplazamiento de su lengua. Este martes, fue hallado, asesinado.

Texto y fotos por Daliri Oropeza

Lengua enredada es mi dialecto,
janga yoshuatray Camnik
jemna nipatkajej townik
nikƗrysh dios nikakminga jujnik
nik jej tan agitkap mokuij. 

vamos a trabajar a la milpa
a encontrarnos en el camino
agradecerle a dios porque hubo lluvia
porque gracias a eso tenemos maíz.
Canción “Marap”,
Composición: TíoBad
Interpretación: Colectivo Altepee ft. Sector 145

Josué Bernardo Marcial Santos, TíoBad, hacía rap en sayulteca, lengua que, como todas las lenguas originarias en México, ha sido inferiorizada, silenciada, desplazada. Se dio cuenta que sólo “los viejos” la hablaban. Los jóvenes ya no. Vio todo lo que su comunidad está perdiendo con el desplazamiento de la lengua.

¿Quién ha escuchado hablar de la sayulteca, mixe-popoluca, popoluca de Sayula o Tɨkmay? Él la hizo resonar en cuantos escenarios pudo.

Recuperó el tono en el que tocan la jarana los originarios de Sayula de Alemán, donde sólo los abuelos versaban. Tío Bad logró forjar un nutrido grupo de niños y jóvenes interesados en aprender y replicar a través de la jarana la cultura popoluca de Sayula.

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• • Investigar y sancionar a responsables del delito de Tortura y otras violaciones a derechos humanos cometidas a Pueblos Originarios en Chiapas.

Este Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C. (Frayba) documentó la situación jurídica de Juan de la Cruz Ruiz (Juan), perteneciente al pueblo indígena maya tsotsil, quien estuvo preso del 28 de febrero de 2007 al 09 de diciembre de 2019, acusado de un delito que no cometió. Su declaración fue obtenida bajo Tortura, no contó con traductor ni con abogado que conociera su lengua y cultura. El juicio fue seguido a pesar de carecer de pruebas directas que demostrarán su responsabilidad.

El Frayba expuso a las autoridades estatales el análisis jurídico que evidencia las violaciones al debido proceso y las garantías judiciales. Tanto en las declaraciones ministerial y preparatoria Juan detalló la situación de Tortura sin que las autoridades ministeriales y judicial iniciaran una investigación por este delito.

La detención de Juan y su proceso penal, se realizaron sin cumplir con las garantías del Artículo 8 de la Convención Americana sobre de Derechos Humanos, lo cual ha tenido graves consecuencias socioeconómicas para él y su familia, ha repercutido en sus ingresos, en la educación de sus hijos, la salud, la alimentación, entre otros. Además se vulneró el derecho de las personas indígenas a que se tomen en cuenta sus usos y costumbres al momento de integrar una averiguación previa o al ser juzgados, ser asistido por un traductor, por un defensor que conozca de su cultura y a que el agente del Ministerio Público o el Juez, tomen en consideración su pertenencia a un pueblo originario.

Como consecuencia de lo anterior, Juan fue sentenciado a 25 años de prisión por el delito de homicidio calificado y 5 años por el delito de extorsión, sumando una cantidad de 30 años. De los cuales pasó casi 13 años en privación arbitraria de su libertad.

Es importante mencionar que la discrecionalidad de la administración de justicia tiene límites, siendo uno de ellos el respeto de los derechos humanos. En el caso de Juan hubo vulneración del principio pro persona, progresividad, universalidad e interdependencia de los derechos humanos que todas y cada una de las autoridades están obligadas a respetar.

Además, desde el 11 de febrero de 2016, la Mesa de Reconciliación determinó la libertad de Juan por encontrar violaciones graves a sus derechos humanos, cuadernillo 387/MR/2012, firmada por Rutilio Escandón Cadenas en ese entonces como Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia, Juan Oscar Trinidad Palacios ex presidente de la CEDH, entre otros funcionarios. La Subsecretaria de Ejecución de Sentencias y Medidas de Seguridad no cumplió con la recomendación y Juan tuvo que acudir al recurso del amparo para que las autoridades reconocieran sus decisión.

Juan obtuvo su libertad el pasado 9 de diciembre de 2019, mediante resolución del cuadernillo 278/MR-2/2019, la Mesa de Reconciliación le otorgó el beneficio de sentencia suspendida.

Por lo anterior exigimos:

Investigar y llevar ante la justicia a los servidores o funcionarios públicos que por acción u omisión cometieron delitos como la Tortura en agravio de Juan de la Cruz Ruiz.

Obtener justa indemnización para Juan de la Cruz Ruiz y su familia tomando en cuenta el estándar internacional para la reparación de daños.

Que el Estado se pronuncie sin ambigüedades por la prohibición absoluta de la tortura y los malos tratos, cesando esta cotidiana, estructural y sistemática violación a los derechos humanos, especialmente de integrantes de Pueblos Originarios.

Agradecemos a las personas, colectivos, organizaciones, comunidades y los medios comunicación su solidaridad con la lucha digna de Juan de la Cruz Ruiz, de su familia, de las La Voz de Indígena en Resistencia, La Verdadera Voz del Amate, Viniketik en Resistencia y del Colectivo de Familiares de Presos en Lucha. Les seguimos convocando a impulsar la liberación de todas las personas que continúan privadas arbitrariamente de su libertad, hasta derribar los muros de la opresión.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
A 13 de diciembre de 2019
Boletín No. 22

Por Sare Frabes | Avispa Mídia
Foto de portada: Clayton Conn

A tan solo unos días de que se cumplan cinco años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, denunció que un juez federal con sede en el estado de Tamaulipas liberó a un grupo de 24 policías municipales involucrados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Con esta liberación que dictaminó Samuel Ventura Ramos, Juez 1º de Distrito de procesos penales de Tamaulipas, ya suman 77 presuntos implicados que han sido liberados de un total de 142 detenidos. Encinas, el también encargado presidencial para la verdad y la justicia en el caso Ayotzinapa, aseveró que estas liberaciones se han dado en un contexto de irregularidades por haberse dado en los días feriados de las fiestas patrias de México.

Sobre el juez que dicto esta liberación “no encontramos fotografía alguna ni registro alguno en las páginas del poder judicial, incluso del propio juzgado que él encabeza”, señaló el funcionario de gobierno. Entre las personas liberadas hay policías municipales e integrantes de los grupos del crimen organizado conocidos como Guerreros Unidos y los Bélicos.

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Las 22 comunidades indígenas del municipio de Chilapa, Guerrero, que nos organizamos en el Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) estamos de luto, pues durante el pasado mes de mayo hemos tenido que devolver a la tierra a cuatro de nuestros hermanos asesinados. Con amargura, dolor y con todos los honores que un pueblo puede brindar a sus hijos más ejemplares, nos despedimos de José́ Lucio Bartolo Faustino y Modesto Verales Sebastián, ambos emboscados el 4 de mayo cuando regresaban a sus casas después de participar en una reunión en la capital del estado; días después, el 23 y 24 de mayo, Bartolo Hilario Morales e Isaías Anteco Ahuejote, fueron secuestrados y ejecutados cuando regresaban de comprar víveres para sus comunidades. Sus cuerpos fueron descuartizados y embolsados para provocar terror nuestras comunidades.

También deben saber que nuestros hermanos que ahora hacen falta en sus familias y en nuestras comunidades, eran miembros del Congreso Nacional Indígena (CNI) que el año pasado impulsó la candidatura independiente de María de Jesús Patricio Martínez, a la que con cariño llamamos Marichuy. El asesinato de nuestros compañeros se suma al de Samir Flores en Morelos, al de Gustavo Cruz Mendoza en Oaxaca y muchos otros que defienden la naturaleza, los bosques, los ríos y las montañas de la depredación de las empresas mineras.

La zona donde vivimos es rica en recursos naturales y minerales, sabemos que incluso se han realizado estudios para detectar la existencia de petróleo, mina, talas de árboles en nuestras montañas. Las grandes empresas, nacionales y transnacionales que saquean los recursos naturales que son de todos los mexicanos, han convertido a todo el estado de Guerrero en una zona de conflicto de guerra. Los pueblos indígenas que somos los guardianes milenarios de estas tierras vírgenes, somos un estorbo para su codicia. Resistimos como pueblos porque no hemos permitido que nuestras tierras sean lotificadas, individualizadas y arrancadas una por una.

Nos encontramos ante el acecho permanente de los grupos criminales que son el brazo armado de los dueños del dinero. Estos grupos siguen siendo protegidos, financiados y dirigidos principalmente por los gobiernos municipal, estatal y federal… muy pocas cosas han cambiado desde la noche de Iguala, los mismos grupos económicos, políticos y criminales que nos arrebataron a nuestros jóvenes estudiantes de Ayotzinapa, siguen cobrando la vida de gente buena del campo.

Los grupos criminales se han apoderado de los caminos que utilizábamos para bajar a la ciudad a comprar víveres y estamos amenazados de muerte si pasamos por ahí. No hemos podido sembrar nuestras tierras y todas las escuelas están cerradas. Tienen que saber que necesitamos de su solidaridad y de la fuerza de todos ustedes, campesinos, trabajadores, obreros, amas de casa, estudiantes, sindicalistas de todo el país, para detener esta guerra, para romper el cerco paramilitar que rodea a nuestras comunidades. Llamamos a los organismos nacional e internacionales su solidaridad con nuestras comunidades y pueblos de esta región de la Montaña Baja de Guerrero. También hacemos de su conocimiento que las autoridades federales encabezada por Andrés Manuel López Obrador omiten nuestra exigencia de justicia. Únicamente los hermanos del Congreso Nacional Indígena CNI y las redes de organizaciones sociales culturales, hemos encontrados su solidaridad hasta ahora en la lucha por la paz, justicia y por la vida.

Pedimos de manera urgente nos brinden la mano, como hermanos que somos, llamamos a otros hermanos y hermanas para frenar la guerra en contra de nuestros pueblos. Les pedimos realizar todo tipo de actividades políticas para exigir por la paz y por la justicia, así́ mismo por la defensa de nuestra tierra y territorio. Les pedimos instalar centros de acopio de víveres para nuestras comunidades que a pesar del hambre y el frio resistimos y resistiremos como lo venimos haciendo desde hace 500 años. Por el bien de nuestros pueblos luchamos por la paz y la dignidad, que sin hacer daño a nadie vivimos en armonía con la naturaleza y así viviremos.

Atentamente
Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ)

Imagen de portada: Cuartoscuro

Estamos aquí «para que no se pierdan en la soledad del olvido, ni sus sueños, ni sus cuerpos. Sin nada que festejar porque no les hemos recuperado» afirman las madres de las víctimas de desaparición forzada en un mitin realizado al pie del Ángel de la Independencia en la Ciudad de México, después de marchar desde el Monumento a la Madre.

«Hijo, escucha, tu madre está en la lucha» se escucha mientras caminan. Con lágrimas en los ojos, flores en las manos, un bebé en la espalda, una fotografía que cargan en un viaje de más de 24 horas, un bordado que cuenta una historia, una manta con características físicas y la esperanza de encontrar, mujeres de diferentes puntos del país claman el regreso de sus hijos: algunas los esperan con vida, otras exigen, al menos el cuerpo para velarlo con dignidad.

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• El Estado mexicano omiso frente a la acción de grupos civiles armados de corte paramilitar.

Las organizaciones firmantes manifestamos nuestra preocupación por el incremento de la violencia en Los Altos, en Chiapas, México, situación que arriesga la vida de integrantes de comunidades de pueblos originarios. La población viven con temor ante el accionar de grupos civiles armados de corte paramilitar, perpetradores de desplazamientos forzados, desapariciones y asesinatos en la región.

En este contexto, el día 6 de mayo, el cuerpo de Ignacio Pérez Girón, síndico municipal de Aldama, fue encontrado sin vida a un costado de la carretera libre San Cristóbal-Tuxtla Gutiérrez, a la altura de la comunidad Yalebtay, en el municipio de Zincantán. Su familia lo reportó como desaparecido desde el pasado 4 de mayo del presente año.

Desde febrero de 2018, la población del municipio de Aldama vive una situación de crisis humanitaria. Las comunidades de Tabak, Koko’, San Pedro Cotsilnam, Stselej Potop, Xchuchte y Puente son víctimas de ataques con armas de fuego por parte de grupos civiles armados de corte paramilitar, procedentes del ejido Manuel Utrilla del municipio de Chenalhó, responsables del desplazamiento forzado masivo de 2036 personas.

Entre las agresiones se encuentran también las amenazas a los representantes comunitarios que han denunciado la omisión por parte de las autoridades del gobierno mexicano; y un ataque al anterior presidente municipal de Aldama, Marcelino Patishtán de la Cruz, en el tramo carretero Tzajaltetik´, en el municipio de San Juan Chamula, el 28 de marzo de 2018: «Lo persiguieron, quisieron sacarlo de la carretera, pero al ver que no pudieron actuaron con disparos de arma de fuego(1)».

En este escenario enrarecido de la desaparición y asesinato de Ignacio Pérez Girón el Estado mexicano no ha implementado las medidas suficientes y adecuadas para cesar la violencia desbordada en Los Altos de Chiapas. La impunidad persiste y la omisión protege a los agresores. Las medidas como la instalación de Bases de Operaciones Mixtas en Chalchihuitán y Aldama, consideradas por el gobierno como única solución, son inoperantes y contradictoriamente se desmantelaron de manera unilateral.

Existe un gran riesgo hacia la vida e integridad de las persona, porque las violaciones a derechos humanos son constantes, especialmente a mujeres, niñas y niños cuya vida cotidiana se impacta en un entorno de terror.

Por lo anterior, hacemos un llamado al Estado mexicano para:

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