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Nuevo testimonio detalla golpizas, negligencia médica y huelga de hambre mientras Saif Abukeshek y Thiago Ávila permanecen bajo custodia sin cargos tras ser interceptados en aguas internacionales.

2 de mayo, 2026

Mar Mediterráneo / Askalan (Palestina Ocupada) — Mientras miles de palestinos siguen encarcelados sin cargos y sujetos a abusos sistemáticos, la Flotilla Global Sumud confirma que Saif Abukeshek y Thiago Ávila han sido transferidos a la prisión Shikma en Askalan, en el norte de Gaza, en Palestina ocupada, tras su secuestro ilegal en aguas europeas por parte de las fuerzas israelíes.

La prisión Shikma es conocida por su uso para detener a prisioneros palestinos bajo condiciones severas, siendo utilizada recientemente para encarcelar a civiles secuestrados de Gaza como parte de la campaña genocida de Israel contra el pueblo palestino.

Este desarrollo marca una escalada crítica, ahora agravada por informes confirmados de tortura bajo custodia. A pesar de intervenciones legales urgentes y apelaciones internacionales generalizadas, los países europeos ignoraron sus obligaciones legales y permitieron la transferencia de los dos civiles, colocándolos en riesgo inmediato.

Tras su transferencia forzada, ha emergido nuevo testimonio urgente a través de canales diplomáticos, generando alarma sobre el trato de los detenidos bajo custodia.

Según la embajada brasileña, Thiago Ávila reportó haber sido sometido a tortura, golpizas y maltrato. Durante una visita monitoreada, en la que fue separado por un cristal y no pudo comunicarse libremente, los funcionarios de la embajada observaron marcas visibles en su rostro. Reportó un dolor significativo, particularmente en su hombro.

A pesar de haber sido examinado por un médico, no se le proporcionó atención médica adecuada. La embajada insiste ahora en que se le brinde tratamiento inmediato y apropiado.

Thiago está en huelga de hambre desde su secuestro, bebiendo solo agua. No se le ha informado de ningún cargo en su contra, y la embajada misma no ha recibido ninguna aclaración sobre la base legal de su detención. Se espera que su defensa legal lo visite en breve.

En un acto adicional de solidaridad, Thiago comunicó que no saldrá de la detención a menos que Saif Abukeshek también sea liberado, insistiendo en que ambos deben salir juntos. Abukeshek también se encuentra actualmente en huelga de hambre.

Lo que se reporta en este caso refleja, en forma concentrada, las condiciones a las que los palestinos han sido sometidos durante años bajo el asedio, la ocupación y la detención.

Esta información se basa en testimonios previos de testigos oculares liberados, que indican que Saif Abukeshek fue sometido a tortura y abusos severos mientras estuvo detenido a bordo del buque militar antes de su transferencia, tratamiento consistente con los informes prolongados sobre el abuso de prisioneros palestinos bajo custodia israelí.

Saif Abukeshek, ciudadano español-sueco de origen palestino, y Thiago Ávila, ciudadano brasileño, fueron los únicos dos participantes no liberados tras la interceptación de la Flotilla Global Sumud en aguas internacionales cerca de Creta. Su continua detención plantea serias preocupaciones sobre detención arbitraria, negación de debido proceso y violaciones de la prohibición absoluta de la tortura bajo el derecho internacional.

La Flotilla Global Sumud reitera que la transferencia forzada de civiles desde aguas internacionales y europeas a custodia, combinada con alegaciones creíbles de tortura y la ausencia de debido proceso, constituye una grave violación del derecho internacional y debe ser enfrentada con responsabilidad.

Hacemos un llamado urgente a los gobiernos, organizaciones de derechos humanos, instituciones legales, medios de comunicación y la sociedad civil en todo el mundo para exigir:

● Que los gobiernos de España, Suecia y Brasil tomen acción diplomática inmediata para asegurar la liberación de sus nacionales.
● Que las organizaciones internacionales y los cuerpos legales intervengan urgentemente para garantizar la seguridad y los derechos de los detenidos.
● Que los gobiernos y las instituciones públicas rechacen y desafíen acusaciones infundadas que pongan en peligro a los civiles detenidos.
● Que las autoridades pertinentes aseguren responsabilidad por las violaciones, incluida la tortura, la detención ilegal y la transferencia forzada.

Principios Generales y Declaración de Derechos Humanos

El trato a los detenidos en cualquier contexto debe regirse por los estándares legales internacionales vinculantes, incluyendo la prohibición absoluta de la tortura y la obligación de garantizar el debido proceso y un trato humano.

El tratamiento reportado de los detenidos bajo custodia israelí, combinado con una retórica creciente y acusaciones infundadas, genera preocupaciones urgentes y profundas para la comunidad internacional. Cualquier política o práctica que ponga en riesgo la vida de los prisioneros constituye un desafío directo a los principios fundamentales del derecho internacional, la dignidad humana y la justicia.

Saif y Thiago no son abstracciones, son seres humanos con derechos inviolables. Tienen derecho a protección, al debido proceso y a la preservación plena de sus vidas y dignidad. Son padres, hijos y pilares de comunidades que dependen de su regreso seguro. Su secuestro es una grave violación de las normas internacionales y exige acción urgente, intransigente y coordinada a nivel mundial.

Su secuestro requiere una acción internacional inmediata y decidida, no solo para asegurar su liberación, sino para confrontar el sistema más amplio de asedio, detención y deshumanización impuesto a los palestinos, particularmente en Gaza.

CONTACTO DE MEDIOS

Correo: media@globalsumudflotilla.org
Teléfono: +44 1414 620 950
Sitio web: globalsumudflotilla.org

Redes sociales: @globalsumudflotilla @wavesofsumud

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IRAN: El imperio ataca de nuevo, Israel y Estados Unidos bombardeab nuevamente Iran, asesinan al ALI KHAMENEI y masacran una escuela primaria de niñas. Iran responde contra bases militares gringas en la región. 
Fuente: https://www.instagram.com/p/DVVPi-EiMeQ
https://kaosenlared.net/de-gaza-a-iran-los-ninos-ninas-y-las-escuelas-son-los-objetivos-de-israel/

HONDURAS: Berta Cáceres: 10 años de luz, rebeldía y justicia. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Consejo Civico de Organizaciones Populares e Indígenas comparten ceremonias, actividades y comunicados conmemorando la siembra de Berta. (AUDIO)
Fuente: https://www.facebook.com/share/v/1AhW1zVCde
https://copinh.org/2026/03/comunicado-3-26-berta-caceres-10-anos-de-luz-rebeldia-y-justicia/

KURDISTAN SYRIO: El asedio a Kobane continua hasta el día 36, Turquia bloquea los intentos de normalizar las relaciones Kurdo-Syrias, Yihadistas y mercenarios aprovechan el vacio para cometer secuestros, robo y asesinatos.
Fuente: https://espanol.anf-news.com/rojava-norte-de-siria/fragil-equilibrio-en-la-linea-damasco-rojava-58058
https://espanol.anf-news.com/rojava-norte-de-siria/el-asedio-a-kobane-continua-en-su-36-dia-entre-secuestros-ejecuciones-y-saqueos-58076

DESDE EL OMBLIGO DEL MOUNSTRO 

MEXICO: Convocatorias zapatistas para este 2026 ResignARTE u OrganizARTE
Fuente: https://enlacezapatista.ezln.org.mx/2026/03/01/convocatoria-a-las-jornadas-de-pensamiento-critico-arte-resistencia-y-rebeldia-resignarte-u-organizarte-2026/

CHIAPAS: “La supercarretera San Cristóbal de Las Casas-Palenque se impone a través de hostigamiento, amenazas y manipulaciones”: Modevite. (AUDIO)
Fuente:

MICHOACHAN: Ante el avance de las autonomías, vuelven a resurgir las difamaciones y las amenazas de muerte en contra del portavoz del Consejo Supremo Indigena de Michoacan, Pavel Guzmán Macario.  
Fuente: https://www.facebook.com/share/p/1FvCFVHF8S

XOCHIMILCO: La Comision de Derechos Humanos de la CDMX emitió una recomendación sobre la violencia desatada el 05 de setpiembre de 2024, a pesar de las pruebas y testimonios dicha recomendación fallo en exigir justicia y cierre a los prosesos penales. (AUDIO)
Fuente: Hijos de la Tierra y Noticias de Abajo

SINALOA, MAZATLÁN: La crisis de desaparición forzada ha empujado a la sociedad civil a buscar de forma autoorganizada a sus desaparecidos, bajo la indolencia del gobierno el narco sigue asesinando a quienes buscan a sus familiares bajo ese contexto asesinaron  a la madre buscadora Rubí Patricia Gómez Tagle.
Fuente: https://articulo19.org/asesinan-a-la-madre-buscadora-rubi-patricia-gomez-tagle-en-sinaloa/
Grupo de buscadoras: Corazones unidos por una misma causa A.C.

TecnoAcrata: Caja de herramientas de radiodifusión, que el encierro no nos aisle.
https://radioslibres.net/que-el-encierro-no-nos-aisle/

Comunicado del CIPOG-EZ, pueblos, autoridades comunitarias, ejidales y comunales de Guerrero por el asesinato del Ing. Tomás Augusto Lozano Analco y de Francisco Bonilla, ciudadanos de la Casa de los Pueblos del municipio de Ayutla de Los Libres, Guerrero

AL EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL
AL CONGRESO NACIONAL INDIGENA
AL CONSEJO INDIGENA DE GOBIERNO
A LAS REDES DE RESISTENCIA Y REBELDÍA
A LA SEXTA NACIONAL E INTERNACIONAL
A LA EUROPA INSUMISA
A LA MISIÓN CIVIL DE OBSERVACIÓN – SEXTA
A LOS ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LIBRES E INDEPENDIENTES

04 de marzo de 2026

Como pueblos y autoridades denunciamos la violencia que sigue creciendo en nuestro estado de Guerrero. Condenamos el asesinato del Ing. Tomás Augusto Lozano Analco, y de Francisco Bonilla, ciudadanos de la Casa de los Pueblos del municipio de Ayutla de Los Libres, Guerrero.

Los dos ciudadanos fueron atacados a balazos a las 19:00 horas el día 03 de marzo de 2026, cuando hombres armados del grupo criminal «Los Ardillos» rafaguearon la camioneta en la que viajaban, después del puente Omitlán, cerca de Tierra Colorada, en el municipio de Juan R. Escudero, sobre la vía que comunica con Tecoanapa y Ayutla de Los Libres.

Responsabilizamos directamente al grupo criminal «Los Ardillos» por estos asesinatos. Señalamos directamente a Daniel Rosas Martínez, quien se autonombra coordinador de comisarios de la zona rural de Acapulco, Tecoanapa y Tierra Colorada, pero quién actúa como operador de «Los Ardillos» en la región, obligando a comunidades a participar en narco-bloqueos en la Autopista del Sol y manteniendo el control en la región a través del terror.

Además, denunciamos la complicidad directa de autoridades locales con “Los Ardillos”, como el director de la policía de Juan R. Escudero, César Ramírez, al igual que el presidente municipal, Óscar Sánchez Luna.

La expansión territorial de «Los Ardillos», así como su control de municipios y carreteras, ocurre con el permiso y la complicidad del Estado. Frente a los ojos de la Guardia Nacional y el Ejercito Mexicano, los criminales se mueven libremente, instalan retenes, bloquean carreteras y asesinan y desaparecen personas a plena luz del día, con total impunidad. En lugar de desarticular a «Los Ardillos», funcionarios del gobierno federal y estatal se sientan con ellos públicamente para negociar y ceden a sus demandas de criminalizar a quienes defendemos la vida.

«Los Ardillos» son responsables del asesinato de 70 integrantes del CIPOG-EZ, la desaparición de 25 más, así como el asesinato de los 13 policías comunitarios de El Cortijo, todos crimenes que siguen impunes. Además, han asesinado, torturado y desaparecido menores de edad, campesinos, comerciantes, ganaderos, transportistas, políticos, personas de la tercera edad, hombres y mujeres. En los últimos días, también han lanzado ataques violentos con drones contra las comunidades de El Charco, Tlayolapa y Ochoapa, donde los pueblos se organizan para defender su territorio frente a la violencia narco-paramilitar. Esta ola de violencia no es nueva; forma parte de la guerra de exterminio que viven nuestros pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos de Guerrero, y que se ha intensificado en los últimos 25 años.

Responsabilizamos a los tres niveles de gobierno por permitir la expansión de esta organización criminal. El Estado mexicano ha dado luz verde a asesinatos, desapariciones y bloqueos, mientras quienes defendemos la vida y la madre tierra somos perseguidos y asesinados. El Estado sigue haciendo caso omiso, desprecia y discrimina a nuestros pueblos indígenas, violando nuestra cultura, nuestra lengua y nuestra forma de vida comunitaria mientras protege a los criminales que nos matan.

Exigimos justicia para todas las víctimas y la desarticulación de las organizaciones criminales que operan con impunidad en nuestro estado, así como una investigación que sancione a los responsables de estos crimenes. Convocamos al pueblo en general a una movilización urgente para defender a la vida, nuestros pueblos y territorios y nuestro sistema de seguridad comunitaria.

Llamamos también a las redes nacionales e internacionales, pueblos organizados, organizaciones sociales y organismos de derechos humanos a mantenerse al pendiente de la situación.

Hacemos responsable al Estado mexicano de la guerra de exterminio que viven nuestros pueblos y de cualquier agresión, atentado o persecución contra nuestras comunidades, asambleas y sistemas de seguridad comunitaria, así como contra los integrantes y promotores del CIPOG-EZ, quienes luchamos por la vida.

¡NO NOS RENDIMOS, NO NOS VENDEMOS Y NO CLAUDICAMOS!
¡VIVAN LOS PUEBLOS QUE LUCHAN Y RESISTEN!

Atte.
PUEBLOS Y AUTORIDADES COMUNITARIAS, EJIDALES Y COMUNALES
DE 85 COMUNIDADES DE AYUTLA 
PUEBLOS Y AUTORIDADES COMUNITARIAS, EJIDALES Y COMUNALES DE LA MONTAÑA ALTA, MONTAÑA BAJA Y COSTA CHICA DEL ESTADO DE GUERRERO
CONSEJO INDIGENA Y POPULAR DE GUERRERO – EMILIANO ZAPATA

EXIGIMOS LA LIBERTAD DEL COMPAÑERO FRANCISCO MORENO HERNANDEZ Y SE GARANTICEN LOS DERECHOS DE LA FAMILIA MORENO HERNANDEZ, MIEMBROS DEL CNI

A los pueblos de México y el mundo
A los organismo y colectivos defensores de derechos humanos
A las Redes de Resistencia y Rebeldía
A la Sexta Nacional e Internacional
A l@s frimantes de Una Declaración por la Vida, en los cinco continentes.
A la Europa Insumisa, Digna y Rebelde
A los medios libres e independientes
A quienes caminan la palabra de la vida

14 de febrero de 2026

Previo al desalojo de la familia Moreno Hernández en el ejido de Jotolá, Mpo. Chilón el pasado 12 de febrero de este año, fue detenido a las 8 am el compañero Francisco Moreno Hernández, quien con su familia es miembro del Congreso Nacional Indígena en Chiapas, acusado injustamente del delito de despojo agravado de las tierras que ancestralmente posee su familia.

En el año de 1994 como resultado del levantamiento del EZLN, se recuperaron las tierras que estaban en manos del hacendado que mantenía por generaciones como esclavos a la familia Moreno y miembros de la comunidad, siendo liberadas las tierras para quien las trabaja. Posteriormente se constituyó el ejido de Jotola, donde el padre de Francisco, Manuel Moreno Pérez fue reconocido como ejidatario y desde entonces, él y su familia han trabajado de manera pacífica, continua y pública una superficie aproximada de 5 hectáreas.

Sin embargo cuando llegaron los señores Juan Cruz Méndez, Medardo Carmelino Cruz Méndez, Rogelio Cruz Méndez y Guadalupe Cruz Méndez (Los Cruces) procedentes del Ejido de Montelibano, municipio de Oconcingo, de donde fueron expulsados por presuntos delitos como homicidios, secuestros, intentos de homicidio y presuntos vínculos con la delincuencia organizada, comenzaron a tomar el control del ejido provocando la intranquilidad, conflictos sociales y hechos violentos en la comunidad, siendo Juan Cruz Méndez dirigente regional de la organización paramiliar ORCAO, quienes desde entonces han agredido a la familia Moreno Hernández que han resistido bajo los principios zapatistas en esta zona, formando parte del CNI.

Es entonces que sin mostrar orden de desalojo, alrededor de las 11 horaas del 12 de febrero, aproximadamente 30 policías de la Guardia Estatal, personal encapuchado del INPI y del Tribunal Agrario acompañados de más de 50 ejidatarios comandados por “Los Cruces” de la ORCAO, se juntaron para sacar a los 30 miembros de la familia Moreno Hernández, comenzando a golpear y robar los celulares de quien grababa, asfixiando al hijo de Francisco hasta dejarlo inconsciente y ser esposado por los judiciales, aun cuando no tenía orden de aprehensión. Deteniendo a su mamá y esposa de Francisco, Maria de Jesus Sánchez Gómez, mientras sus niños pequeños con capacidades especiales gritaban de miedo e impotencia. Después de ser detenida María de Jesus fue golpeada, sobajada y asfixiada con la rodilla por la policía de la Fiscalía Indígena de Yajalón, para después amenazarla con que la iban a desaparecer, al decirle, “tu eres la que se pone mas pendeja”.

Los integrantes de la ORCAO bajo el resguardo y protección de la Guardia Estatal, un activo de la Guardia Nacional encapuchado y vestido de civil de nombre José Moreno Sánchez (hijo del actual comisariado ejidal de Jotola), y un exmilitar cesado por su mal comportamiento, comenzaron a destrozar con marros las 5 casas de las 8 familias Moreno Hernández, sacando y quemando sus pertenencias, tirando los techos de lamina y matando a los animales que, con mucho esfuerzo han criado por años la familia, así como su cosecha de maíz, café, plantas y robando dinero que tenían ahorrado. Quedándo los niños inocentes con daños psicológicos irreparables, sin casa y sin derechos. Agradeciendo Juan Cruz en redes sociales al Gobernador que por fin se llevó acabo lo que tanto esperaban.

En la audiencia inicial fue liberada bajo la medida cautelar de firma periodica la compañera María de Jesus al argumentar la defensora de oficio que dependen de ella dos niños con capacidades especiales, sin embargo el compañero Francisco Moreno Hernández quedó detenido hasta que se defina la audiencia de vinculación a proceso el próximo martes 17 de febrero a las 9 am, al argumentar la Fiscalía que el es el líder del despojo montado por “Los Cruces”. Encontrándose con orden de aprehensión 8 miembros más de la familia Moreno Hernández, quienes han perdido todas sus pertenencias y se encuentran resguardados por temor a ser detenidos.

La resistencia, trabajo y dignidad que por años ha caminado la familia Moreno Hernández, quienes levantaron sus casas, animales y trabajo del campo sin ayuda del gobierno y en común, es atacada por el cacicazgo e impunidad de quienes, con el patrocinio del mal gobierno, pretenden acabar con la lucha de los compañeros del Congreso Nacional Indigena.

EXIGIMOS:

• LIBERTAD INMEDIATA E INCONDICIONAL DE FRANCISCO MORENO HERNANDEZ
• CANCELACIÓN DE LAS ORDENES DE APREHENSIÓN
• CESE DE LAS AGRESIONES A LA FAMILIA MORENO HERNANDEZ
• SE RESPETE Y RESTITUYA DE SU TIERRA Y VIVIENDA A LA FAMILIA MORENO HERNANDEZ
• CASTIGO A LOS RESPONSABLES DE LA ORCAO Y POLICIA DE LA GUARDIA ESTATAL DE CHIAPAS

¡POR LA RECONSTITUICION INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS!
¡NUNCA MAS UN MEXICO SIN NOSOTROS!
CONGRESO NACIONAL INDIGENA 

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
12 de diciembre de 2025

Boletín de prensa No. 11

 
Caso Antonio González Méndez ante la Corte IDH: a un año de la Sentencia histórica
ni las investigaciones ni las acciones de búsqueda han sido diligentes y eficaces

• El cumplimiento de la sentencia no ha sido debidamente priorizado por el Estado mexicano.

El 12 de diciembre de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) notificó su sentencia de condena al Estado mexicano por la desaparición forzada de Antonio González Méndez Base de Apoyo del EZLN, desaparecido el 18 de enero de 1999, en el municipio de Sabanilla, Chiapas, por integrantes del grupo paramilitar “Organización Desarrollo Paz y Justicia” en el marco de la puesta en marcha del contexto de violencia contrainsurgente a través de la implementación del Plan de Campaña Chiapas 94.

La Sentencia reafirmó que las desapariciones forzadas cometidas en el contexto del Conflicto Armado Interno, iniciado el 1 de enero de 1994, no prescriben y obliga al Estado mexicano a dar cuentas y lo que representa un precedente histórico para otras víctimas de graves violaciones de derechos humanos.

Próximos a cumplirse 27 años de su desaparición, el Estado mexicano continúa con simples trámites administrativos, superficiales, encaminadas a ser una investigación infructuosa; tanto la búsqueda como las investigaciones no han sido diligentes y eficaces para dar con el paradero de Antonio González Méndez. Lo que para la Fiscalía Estatal es la hipótesis de la desaparición a manos de grupo paramilitar devela un caso que sigue sin ser clarificado, se sigue sin tomar en cuenta la sentencia de la Corte IDH que ya da por hecho esta hipótesis y además responsabiliza al Estado mexicano por impulsar a los grupos paramilitares en la zona; todo esto genera dudas sobre la seriedad del compromiso Estatal. Es fundamental esclarecer plenamente lo ocurrido e individualizar, juzgar y, en su caso, sancionar a todos los autores intelectuales y materiales de este crimen de lesa humanidad.

La obligación del gobierno de México no debe quedar en actos simbólicos o en simple papel; la investigación debe contener líneas claras que identifique a los responsables, tanto materiales como intelectuales, y los procese conforme a los estándares de derechos humanos.

La persistente impunidad y el incumplimiento parcial de la Sentencia de la Corte IDH evidencian las enormes dificultades para traducir un fallo internacional en transformaciones reales y palpables. El eje central sigue siendo la localización de Antonio González Méndez y la realización de una investigación profesional, científica y autónoma que garantice justicia y verdad. Este caso no solo refleja la deuda pendiente con su familia, sino que expone de manera cruda la crisis estructural de derechos humanos, justicia e impunidad que atraviesa México.

El Estado mexicano tiene la obligación de materializar las reformas estructurales ordenadas por la Corte IDH: un registro nacional y actualizado de personas desaparecidas, programas eficaces de prevención, formación especializada para investigar crímenes de Estado, y políticas públicas que reconozcan los derechos colectivos de los pueblos originarios bajo un enfoque integral de derechos humanos. No se trata únicamente de cumplir con una sentencia, sino de transformar las instituciones para que nunca más se repitan estas violaciones.

Desde el Frayba, junto con la familia de Antonio González Méndez, seguiremos insistiendo en que la justicia se cumpla en su totalidad. Persistiremos en la búsqueda de la verdad y en la exigencia de justicia, porque solo así se podrá honrar la memoria de Antonio y abrir camino hacia un México donde la impunidad no sea la regla, sino la excepción. Esta lucha, es también la lucha por todas las personas desaparecidas y por la dignidad de los pueblos que reclaman verdad, justicia y no repetición.

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El 8 de diciembre de 2024 un nuevo gobierno para Chiapas asumió funciones y anunció la implementación de una “nueva” estrategia de seguridad como respuesta a la violencia derivada de la disputa territorial y social entre grupos de delincuencia organizada. Con una gran campaña de comunicación y bajo el discurso de una “paz recuperada” ha impulsado en este año 2025 la disminución parcial de algunos indicadores delictivos y ha desplegado distintos operativos de seguridad. Desde el Grupo de Trabajo Región Frontera nos preguntamos si la estrategia de seguridad implementada por el gobierno del Estado de Chiapas busca la paz o la pacificación. Más que alcanzar la paz, la pacificación busca imponer el control social mediante el uso de la fuerza. En la Región Sierra-Frontera de Chiapas con Guatemala, esa estrategia no ha logrado frenar la crisis de violencia. Por el contrario, a lo largo de este año la situación es otra: un incremento en los casos de familias en desplazamiento forzado —tanto interno como hacia el país vecino— y de desaparición forzada. Estos hechos de violencia, junto con la continuidad de disputas territoriales y la presencia activa de grupos armados, muestran un panorama más complejo del que presentan los anuncios oficiales.

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CONDENAMOS EL TERROR CRIMINAL CONTRA LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES DE LA COSTA-SIERRA DE MICHOACÁN, EXIGIMOS PAZ Y JUSTICIA VERDADERAS, NO DE PURA PALABRA

A LOS PUEBLOS DE MÉXICO Y DEL MUNDO,
A LOS MEDIOS DE INFORMACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES,
A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS.

Ante el atentado terrorista que el crimen organizado llevó a cabo al mediodía de este 6 de diciembre en la comandancia de la Policía Comunitaria del municipio de Coahuayana, la comunidad de Santa María Ostula condena rotundamente tan brutal crimen, mismo que tiene como propósito generar terror en la población y afectar el sistema de seguridad comunitaria que se han dado los pueblos de Coahuayana.

Hasta el momento se han confirmado 5 personas fallecidas y una veintena de personas heridas. Ninguna de ellas ni nadie merece ser víctima de grupos criminales, como el Cártel Jalisco Nueva Generación, quien desde hace ya 5 años ha venido atacando a nuestras comunidades para intentar desplazar a las poblaciones, como ha ocurrido en tantas partes de este adolorido país, y apoderarse de nuestros territorios.

Queremos dejar claro que seguiremos unidos y organizados para garantizar completamente la seguridad de los habitantes de nuestras comunidades y de la población en general; así como para exigir que todos los niveles de gobierno se comprometan de manera efectiva en el combate a la delincuencia.

En estos momentos tan difíciles, extendemos nuestra solidaridad y apoyo total a la Policía Comunitaria de Coahuayana, encabezada por el comandante Héctor Navarrete.

Reconocemos el enorme trabajo y esfuerzo que desde 2013 lleva a cabo este cuerpo de seguridad comunitaria para acabar con la delincuencia y con estos grupos criminales que han asolado la Costa-Sierra desde hace más de una década.

También brindamos un abrazo fraterno y solidario a los habitantes de Coahuayana ante estos dolorosos acontecimientos.

Exigimos a los gobiernos estatal y federal trabajar realmente para desarticular al CJNG y a cualquier otra organización criminal, pues sus discursos puramente demagógicos, proclamando los derechos de los pueblos originarios, mientras los criminales nos masacran y asesinan con total impunidad, evidencian la falta de voluntad, cuando no la colusión, de las instituciones de gobierno con los carteles delincuenciales.

Recientemente el gobierno federal dio a conocer el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, con un presupuesto de más de 50 mil millones de pesos; pero, ni con este plan ni con los planes anteriores, se están construyendo la paz y la justicia.

Por el contrario, con el Plan Michoacán los cuerpos castrenses federales han copado los territorios de nuestros pueblos y, específicamente, la Marina Armada de México y la Guardia Nacional han impedido intencionalmente el libre funcionamiento de nuestras policías comunitarias y guardias comunales, afectando gravemente nuestras capacidades de autodefensa, con saldos tan lamentables como el de este 6 de diciembre.

La solución no está en militarizar la región y el estado o el país, ni en la criminalización de nuestras policías comunitarias; la solución está en desarticular estas organizaciones criminales desde sus bases y en todas las geografías en las que operan, así como la pavorosa complicidad de instituciones y funcionarios corruptos con el crimen organizado; la solución está en el RESPETO POR PARTE DE LOS GOBIERNOS A LAS ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD QUE SURGEN DESDE NUESTROS MUNICIPIOS Y COMUNIDADES, COMO ES EL CASO DE LAS POLICÍAS COMUNITARIAS Y LAS GUARDIAS COMUNALES. La solución está en el respeto a la libre determinación y a los derechos de las comunidades; la solución está en construir proyectos de vida y no de muerte.

Consecuentemente con lo expuesto, EXIGIMOS A LOS GOBIERNOS FEDERAL Y DEL ESTADO DE MICHOACÁN:

1. EL CASTIGO A LOS RESPONSABLES MATERIALES E INTELECTUALES DEL ACTO TERRORISTA DEL PASADO 6 DE DICIEMBRE EN COAHUAYANA.

2. ACCIONES REALES Y DURADERAS PARA LA DESARTICULACION DEL CJNG Y DE TODOS LOS CARTELES CRIMINALES.

3. EL CESE DE LA COMPLICIDAD ENTRE CRIMINALES Y GOBIERNOS.

4. EL RESPETO EFECTIVO, NO ÚNICAMENTE EN DISCURSOS, DE LOS DERECHOS DE NUESTROS PUEBLOS Y COMUNIDADES.

5. EL PLENO OTORGAMIENTO DE GARANTIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE NUESTRAS POLICÍAS COMUNITARIAS Y GUARDIAS COMUNALES.

¡Nunca más un México sin nosotrxs!

Comunidad nahua de Santa María Ostula

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
3 de diciembre de 2025

Boletín No. 10

Osmán Iván: víctima de tortura, detención arbitraria y racismo institucional

•    15 años de injusticia, la libertad no puede esperar.

Osmán Iván Rubio Bonilla, ciudadano hondureño acusado injustamente en tres expedientes por la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE) y sobreviviente de tortura, fue absuelto del delito de homicidio el pasado 4 de noviembre de 2025, tras 14 años y 6 meses de resistencia incansable. Sin embargo, continúa privado de su libertad en el Centro Estatal de Reinserción Social No. 7 (CERSS) de Tapachula. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) exigimos al Poder Judicial de Chiapas revertir las violaciones sistemáticas a sus derechos humanos y ordenar su liberación inmediata.

Osmán Iván fue detenido el 2 de mayo de 2011 en Huixtla, Chiapas, en un operativo realizado por la Policía Municipal, la Policía Estatal Preventiva (PEP) y la Policía Estatal Fronteriza (PEF), sin orden de aprehensión y bajo circunstancias que constituyen detención arbitraria y tortura.

De acuerdo con su testimonio, durante la detención fue vendado, amarrado, golpeado, asfixiado con agua, sometido a descargas eléctricas, privación sensorial y agresiones físicas y psicológicas, hasta ser obligado a autoinculparse en diversos delitos. Estas agresiones fueron documentadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), que registró lesiones compatibles con tortura y emitió en 2020 la Recomendación 013/2020-R, rechazada por la FGE y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC).

Los tres procesos penales en su contra derivan de declaraciones obtenidas bajo coacción:

• Privación Ilegal de la Libertad en grado de tentativa y Delincuencia Organizada (causa penal 177/2023): permanece en etapa de instrucción desde hace más de 13 años, sin que el Juzgado del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tapachula le dicte sentencia.
• Homicidio Calificado (causa penal 423/2023): sentencia dictada en 2023 con base en confesiones ministeriales y testimonios que no lo identifican; revocada en 2024 para investigar la tortura denunciada. El 4 de noviembre de 2025 fue finalmente absuelto.
• Portación de arma de fuego sin licencia: causa federal en la que fue absuelto en 2014.

La documentación del Frayba revela irregularidades sistemáticas: fabricación de pruebas, contradicciones en partes policiales, peritajes manipulados y actuaciones ministeriales que ignoraron denuncias tempranas de tortura. La CEDH constató que la detención no ocurrió en el lugar de los hechos del supuesto secuestro y que no existió identificación directa por parte del denunciante, descartando la flagrancia invocada por las autoridades.

Tras casi 15 años de prisión, Osmán Iván enfrenta un proceso marcado por violaciones al debido proceso, racismo, ausencia de asistencia consular, falta de investigación efectiva y dilaciones injustificadas, que lo mantienen en una prisión preventiva prolongada contraria a los estándares internacionales. Ante esta impunidad sostenida por el Estado mexicano, el Frayba y la OMCT presentaron en agosto de 2024 una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, registrada en abril de 2025 bajo el número 4740/2025, aún pendiente de resolución.

El Frayba y la OMCT hacen un llamado urgente a las autoridades de los gobiernos estatal y federal para que garanticen una investigación exhaustiva e imparcial sobre la tortura denunciada, Además, exigimos garantizar el acceso a la justicia y reparar las violaciones cometidas en agravio de Osman Iván Rubio Bonilla, empezando con su liberación incondicional.

El caso de Osmán Iván Rubio Bonilla es un símbolo de la violencia institucional y del racismo que atraviesa el sistema de justicia en México. Su libertad no es una concesión: es un derecho arrebatado por la tortura y la arbitrariedad. Cada día que permanece encarcelado prolonga la injusticia y la impunidad.

Exigimos su liberación inmediata e incondicional. La dignidad de Osmán Iván, y la de todas las personas sobrevivientes de tortura y detención arbitraria, no puede seguir esperando.

Descarga el Boletín No. 10 en PDF(180.55 KB)

Presentado el sábado 29 de noviembre a la comunidad de Eloxochitlán en español y Enna (lengua mazateca). El informe es producto de la Misión de Observación realizada en julio de este año por un grupo interdisciplinar.

Concluye que la comunidad es víctima de crímenes de lesa humanidad, los cuales al ser sistemáticos y al prolongarse por una década, constituyen un caso de etnocidio que busca la destrucción de la forma de organización y vida de esta comunidad mazateca. El etnocidio de la comunidad de Eloxochitlán tiene como fin socavar la resistencia comunitaria frente a las actividades extractivistas que han provocado el ecocidio del Río Xangá Ndá Ge y la destrucción de la libre determinación de la comunidad:

– Sobre esto se detecta detenciones arbitrarias, prisión preventiva prolongada, criminalización política, desplazamiento forzado y etnocidio, violencia de género.

– Sobre el saqueo al Río Xangá Nda Ge, se identifican alteraciones  hidrológicas, agentes contaminantes, desecación, además de daños en la flora y fauna.

Se busca que este compilado de documentación se lleve a instancias internacionales, pues sostiene que no existen condiciones legales que garanticen la protección de los derechos de la comunidad. Los actos de agresión, persecución política y criminalización han resultado en 50 víctimas directas y al menos 500 indirectas.

La documentación recabada señala como responsables a gobernadores, titulares y magistrados, quienes con respaldo y complicidad del Estado han incidido en la negación de la justicia, persecución y fabricación de expedientes.

Así mismo, se menciona que el Juzgado de Huautla tiene la mayor responsabilidad al permitir omisiones y prácticas a favor de los caciques, pues se han negado actos de tortura sustentadas desde el Protocolo de Estambul, obstaculización de procesos, criminalización de autoridades comunitarias, detenciones arbitrarias y manipulación de testimonios.

A través de una cronología de hechos, se describe el proceso de agresiones que ha llevado la comunidad mazateca como: intervención militar, amedrentamiento, tortura, despojo, allanamientos de viviendas, amenzas y abusos de autoridad. Muchos de estas violencias anteceden al 2014, ya que desde el 2011 se realizaron múltiples denuncias formales, las cuales nunca avanzaron debido a omisiones del juzgado de Huautla.

Durante las últimas semanas el gobernador de Oaxaca Salomón Jara ha señalado a Eloxochitlan como un punto rojo, tratando de decir que es una comunidad violenta; una estrategia de desprestigio aprovechando su poder y medios de difusión para impulsar al cacique Manuel Cepeda en las elecciones a la presidencia municipal de Eloxochitlan llevadas a cabo este 23 de noviembre donde fue el segundo con más votos.

La presentación fue también un espacio de reflexión para la comunidad, donde se lanzó un mensaje frente a quienes siguen impulsado la narrativa de “un conflicto entre dos familias”, simplificando los graves ataques en complicidad con los tres niveles de gobierno. A quienes les contestaron que Eloxochitlan está integrada por diversas familias, con diferentes apellidos, un pueblo pequeño donde es común en ocasiones compartir apellidos.

Muchas mujeres, como consta en la transmisión de Radio Zapote ese día, mencionaron sus apellidos. Quienes hablaron son madres, esposas y hermanas de ex-presos y perseguidos políticos desde el 2014 , que tuvieron que abandonar sus casas para dedicarse a la lucha por la liberación de sus familiares, trabajar la tierra que antes trabajaban ellos para darle de comer a sus hijos, dormir en la calle en los plantones como el que se mantuvo más de dos años afuera de la Suprema Corte de Justicia en la Ciudad de México, esperando que los ministros atendieran el caso.

El informe concluye que, derivado a la incompetencia del sistema de justicia mexicano por garantizar condiciones mínimas de seguridad, justicia y respeto a los derechos humanos de la comunidad perseguida de Eloxochitlán; el caso debe ser presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), además de exigir medidas cautelares para todas las personas que se encuentran en riesgo, así como medidas específicas de protección para las victimas indirectas.

La elaboración de este informe, marca un gran antecedente a las formas de resistencia frente a las injusticias y violaciones del Estado hacia los pueblos. Las compañeras Mazatecas son ejemplo de cómo hacer frente a la impunidad y la criminalización, su lucha por la libertad ha sido ardua y aún no termina.

Como han venido haciendo en estos años, las Mazatecas por la libertad nos vuelven a hacer la invitación para la “Faena Internacionalista por el Fin a la Criminalización” que se llevará a cabo del 3 al 4 de diciembre del 2025 en la CDMX frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y los días 3 y 4  5 de diciembre a las afueras de la ONU mujeres en calzada General Mariano Escobedo 526, colonia Anzures, Miguel Hidalgo.

Texto y fotos: Javier Bedía Prado | Avispa Midia

Desde hace más de treinta años, Marly Anzualdo busca a su hermano Kenneth, desaparecido en el Cuartel General del Ejército del Perú. Los responsables hoy tienen a su favor una ley de amnistía que podría anular los procesos y sentencias por violaciones a derechos humanos en el período de violencia política ocurrida entre los años de 1980 al 2000.

Contra la impunidad y el olvido, cada jueves en el centro de Lima, las familias de personas desaparecidas durante el conflicto armado interno y de víctimas de represión estatal en democracia se reúnen frente a la sede principal del Poder Judicial. Un ejercicio de memoria desde un presente bajo terrorismo de Estado.

“Quien busca, encuentra. Ninguna persona desaparece, son desaparecidas, y cuando lo hace el Estado, sabemos quiénes tienen que darnos una respuesta. No importa cuánto tiempo pase. Queremos justicia, no puede haber paz sin justicia”, expresó para Avispa Mídia, Marly Anzualdo.

El 16 de diciembre de 1993, Kenneth Anzualdo Castro, estudiante de economía de la Universidad Nacional del Callao, fue secuestrado en Lima por agentes del Servicio de Inteligencia de la Marina, cuando se movilizaba en un bus, en represalia por denunciar la desaparición de un compañero. 

La guerra subversiva-contrasubversiva causó 69,000 muertes, de acuerdo al informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, la mayoría de población civil quechuahablante de los Andes peruanos, víctima de la violencia extrema de Sendero Luminoso y el Estado. En el conflicto también actuó el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

De las más de 22,000 personas cuyo paradero se desconoce, solo se ha finalizado la búsqueda de 2,582, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Sitios de Entierro (Renade). 

Sin embargo, en mayo de este año la Dirección de Búsqueda de Desaparecidos fijó un plazo de 18 meses de investigación en casos de desaparición forzada, lo que contradice la ley que obliga a las entidades públicas a realizar pesquisas de forma permanente, hasta hallar a la persona o sus restos. 

La Ley de Amnistía para integrantes de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, comités de autodefensa y funcionarios del Estado fue decretada por el Congreso en junio, con el apoyo de partidos de ultraderecha y conservadores, vinculados a las instituciones armadas y partícipes de la represión.

El dictamen elimina la responsabilidad penal para los sentenciados y procesados mayores de 80 años. Las fuerzas del orden perpetraron masacres de comunidades campesinas e indígenas, ejecuciones extrajudiciales, violaciones, torturas y desapariciones de menores de edad, ancianos, sindicalistas, militantes de izquierda, autoridades políticas y estudiantes universitarios.

Hay 156 sentencias y más de 600 procesos en curso que, en el papel, pueden eliminarse, pero en los juzgados peruanos no se está aceptando aplicar la ley que contravienen la jurisprudencia internacional.

“Matan a nuestros hijos y nos llaman terroristas”

Tras el retorno de la democracia, entre los años 2002 y 2019, se registraron alrededor de 300 muertes en conflictos sociales. En su mayoría de manifestantes y defensores de territorios asediados por extractivismos, indican los datos de la Defensoría del Pueblo y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.