María Sánchez, desde su experiencia personal y organizativa como parte de la resistencia zoque de Chiapas, nos comparte la historia del desplazamiento de su comunidad afectada por la erupción del Chichonal en el 1982 y cómo al regresar, a principios del siglo XXI, a su comunidad empezó/aron a luchar por sus derechos como mujeres, por el acceso y herencia a la tierra, el acceso a los cabildos. En los años recientes narra cómo realizan mujeres y pueblos zoques la defensa del territorio contra los proyectos extractivistas, especialmente frente a la Ronda 2.2, a la que, con movilización y sustentándose en el Convenio 169 de la OIT han confrontado y derrotado.

(Continuar leyendo…)

Cuetzalan del Progreso, Puebla a 2 de junio de 2018.

                Desde julio de 2016 y hasta diciembre de 2017 ocurrieron ocho agresiones contra personas, comunidades u organizaciones defensoras del medio ambiente en Puebla, con lo que la entidad se ubicó como la segunda del país con más casos de este tipo, solo después del Estado de México donde hubo 10 ataques, según la el informe del Centro Mexicano de Derecho  Ambiental  dado a conocer en este año.

En lo que va de este año en el país al menos se han registrado el asesinato de 4 defensores de la tierra y el territorio. Guadalupe Campanur, el compañero Manuel Gaspar Rodríguez, Miguel Vázquez y el pasado miércoles, Adrián Tihuilit.

Ante la insistencia de instancias internacionales de derechos humanos en su preocupación por el papel  que ha jugado el estado mexicano en cuanto al trato para con los defensores de derechos humanos, las autoridades mexicanas han sido omisas. No terminan de comprender las autoridades mexicanas en todos los niveles, que el ejercicio de los derechos humanos debe pasar de ser una mera declaración a la posibilidad de proporcionar un ambiente de libertad y de igualdad y cumplir con ellos con principio básico de garantizar la dignidad del ser humano a través de respetar ciertos derechos mínimos que le son reconocidos a los individuos en su sola condición de seres humanos.

La sierra norte del estado de Puebla es una de las más ricas en cuanto a diversidad bilógica y cultural del estado, a raíz de la reforma energética y de la política de despojo e imposición que han promovido las autoridades en su tres niveles de gobierno desde 2013, igualmente la sierra norte ha sido parte del estado más afectada en cuanto a concesiones mineras (equivalente al 28% del territorio poblano), proyectos hidroeléctricos (8 con algún tipo de permiso), fracking (10 mil 92 pozos proyectados) y otros proyectos de infraestructura para el desarrollo de empresas nacionales y extranjeras, según información de la organización PODER, (www.colaboratorio.org) y Jaime Patiño Ruíz, ex presidente de la Asociación Mexicana de Geólogos Petroleros (http://www.e-consulta.com/nota/2017-08-24/sociedad/mas-de-10-mil-pozos-planean-perforar-con-fracking-en-puebla-denuncian).

(Continuar leyendo…)

DENUNCIA PUBLICA

Tila, Chiapas México a 24 de abril del 2018.

A la opinión publica

Al concejo indígena de gobierno

Al congreso nacional indígena

A las y los adherentes a la sexta nacional e internacional

A las organizaciones independientes

A los derechos humanos no gubernamentales

A los pueblos que luchan por justicia y dignidad

Reciban un saludo de los compañeros y compañeras del CNI del ejido tila Chiapas, México, damos en su conocimiento el falso comunicado de 12 de marzo del 2018. Que dice que se pondrá puestos de revisiones en rio grande, subida en los chulumes, Unión Juárez entrada de cajtieja por las contiendas electorales de Sandra luz cruz Espinosa y Limber Gregorio Gutiérrez Gómez, y sus operadores políticos.Usando sellos viejos del ejido, y sellos de adherentes a la otra campaña que ya no se utiliza. Este comunicado el fin es que las comunidades zona alta y zona baja de Tila que no vengan  a agredirnos en nuestra propia tierra. Nuestra lucha no es de partidos políticos sino de defensa de tierra y territorio en ninguna ocasión hemos bloqueado la carretera a habido libre tránsito desde que iniciamos nuestro autogobierno.

Hacemos de su conocimiento la denuncia del 6 abril de 2018 de parte de derechos humanos de base de Chiapas Comité digna  Ochoa  que dice que ha habido detención arbitraria, y torturas, todas estas son falsedades. El C. Francisco Pérez López nunca denuncio todos los atropellos, los hostigamientos, amenazas, las zozobras, los pánicos, asesinatos cometidos por los comandantes municipales, ventas de drogas, porque reciben apoyo con el ayuntamiento. Pero nuestro autogobierno está muy pendiente cada mentira que están difundiendo, falsedades, calumnias. Presento despojos de ejidatarios pero es falso,  se recuperó un solar abandonado que fue vendido ilegalmente  y que lleva muchos años que han utilizado para hacer sus necesidades.  Y por eso fue ese barrio lo recupero para un trabajo colectivo. Algunos ejidatarios son mencionados del despejo no asisten ante la asamblea ni a los servicios están aislados y están en contra de la autonomía.

Es falso que se han molestado a pobladores, Los quienes están dando al comité digna ocho son hijos de paramilitares, Francisco Pérez López si es que tiene temor es porque es dirigido por Arturo Sánchez  Sánchez paramilitar, su hijo Francisco Arturo Sánchez Martínez, Adelaida Martínez Parcero, Rodrigo Martínez Parcero, hijos de un paramilitar paz y justicia. Ellos son quienes han estado organizando un grupo de pobladores porque viven del ayuntamiento y exigen que regrese. Y son los mismos que se presentaron  ante la suprema corte y diversas dependencias para mentir, exigen el ingreso de las fuerzas gubernamentales y la ejecución de órdenes de aprehensión contra autoridades, ex autoridades y compañeros organizados, dictadas con falsedades por el gobierno acusados de motín y daño al patrimonio de la colectividad cuando somos nosotros la colectividad y es nuestra tierra y territorio.

Ciertamente se ha escuchado amenazas, de derramar sangre que son quienes hacen compraventa de armas, el C. Genaro Pérez López que es el hermano de Francisco Pérez López; exigimos a la secretaria de educación pública que tome cartas sobre este profesor Genaro Pérez López  es lamentable siendo profesor ¿Qué educación le va a enseñar a los niños? Un niño de 12 años de edad llamado Julio Cesar Vázquez García hijo de un operador político que se encapucho en contiendas electorales de Edgar Leopoldo Gómez Gutiérrez, asalto a una muchacha de nombre Guadalupe Ramírez Pérez que iba de regreso a su comunidad de chulum chico, la golpio y le robo su celular de marca LANIX que le fue pagado por el costo la cantidad de $1200 pesos y pagando la curación de $200 pesos, la dejo sin sentido  y se trasladó al hospital integral sin haberle cobrado multas, así fue atendido ese problema.

La denuncia de violación de la señora de nombre Teresa Pérez Pérez apodada la chica, fue por bebidas embriagantes en su hogar que fue cómplice de haber apuñaleado a su marido y no querían testimoniar porque estaban embriagados por eso fue detenida para hacer la aclaración del herido.

Si a habido varios detenidos por el alcoholismo y drogadicción reportados por sus padres o encontrados  fumando drogas, porque fue permitido por el ayuntamiento municipal dejando daños como las cantinas- bares vinos y licores fueron extendidos por parte del ayuntamiento. Agradecemos a muchos pobladores que se sienten animados y seguros con las guardias ejidales que están cuidando a la población, lo que está sucediendo en yajalon y petalcingo si es preocupante por el crimen que son políticos.

El comité digna ochoa que es el mediador para hacer denuncias paramilitares e hijos ahora nos preocupamos ¿En verdad son defensores de derechos humanos? O ¿aliados de esos políticos corruptos criminales? Porque es grave la mentira y la falsedad que se está entrenando a grupos de personas en las montañas. Esto es lo que no le aceptaron en la suprema corte que solicitaron el estado de derecho. Nosotros somos trabajadores del campo de escasos recursos económicos defendemos la tierra porque de ahí viene nuestra alimentación, vestimenta, nuestra vivienda digna ¿Cuándo un campesino va a tener recursos para comprar armas? Si no tenemos para curar nuestras enfermedades. Y lo hemos demostrado en nuestra lucha de tierra y territorio, nuestros abuelos y padres nos dejaron las mejores armas que no derraman sangre. La resolución presidencial de 30 de julio de 1934, y el diario oficial de la federación que fue publicado el 16 de octubre del mismo año y acta de deslinde definitivo del  5 de abril de 1959, Y el plano definitivo del 2 de junio de 1961. Y la resolución del amparo 890/1977, de 9 de marzo de 1994 y la sentencia del amparo 259/82.

Y bien sabemos que van a seguir argumentando falsedades y mentiras porque no cuentan con ninguna razón. A los diferentes compañeros y compañeras les pedimos que estén pendientes de nosotros porque ellos si tienen armas financiados por el ayuntamiento municipal a lo que viene en la contienda política electorales porque no está permitido en nuestro pueblo.

Nos solidarizamos con la lucha de nuestros compañeros y compañeras de las abejas de Acteal y exigimos a los malos gobiernos que dejen de sembrar conflictos en nuestros pueblos originarios utilizando a gentes torcidas, a  los pueblos compañeros y compañeras les pedimos que estén pendientes y atentos por las represiones que están planeando los malos gobiernos contra los pueblos que están en lucha. Que viva el congreso nacional indígena, nuestro concejo indígena de gobierno y Los que se encuentran en lucha por la autonomía.

ATENTAMENTE

TIERRA Y LIBERTAD

ORGANOS DE REPRESENTACION EJIDAL

PRESIDENTE DEL COMISARIADO              PRESIDENTE DEL CONSEJO DE VIGILANCIA

NUNCA MÁS UN MEXICO SIN NOSOTROS.                                                                       

El día de ayer, 19 de abril, el Congreso Nacional Indígena y el Concejo Indígena de Gobierno alertaban de la desaparición de dos de sus compañeros de Azqueltán y San Lorenzo Azqueltán, el concejal Catarino Aguilar Márquez y Noé Aguilar Rojas, comunero y hermano del Concejal Gabriel Aguilar Rojas. Tal y como  se señala en la denuncia, a las 13,00 horas personas no conocidas y que estaban armadas subían a los dos compañeros a una camioneta marca Toyota Hilux de color gris; esto sucedía a la altura de Temastián, en el estado de Jalisco y se sospecha que con rumbo a San Martín de Bolaños, del mismo estado.

Igualmente, en la tarde de ayer y en el marco de la cuarta sesión del Conversatorio “Miradas, escuchas, palabras: ¿prohibido pensar?, Ma. De Jesús Patricio Martínez, como vocera del CIG, pedía la aparición con vida de Catarino, representante agrario de la comunidad, y de Noé, indicando que la comunidad responsabiliza al gobierno municipal de Villaguerrero y al gobierno estatal de Jalisco de su integridad.

Cabe recordar que en diciembre del año pasado, San Lorenzo Azqueltán también  denunciaba la agresión armada en contra de los hermanos Noé y Gabriel Aguilar Rojas por parte de personas “ajenas a la comunidad” y se exigía a la autoridad municipal que dejara de promocionar proyectos que instaban a la invasión de tierras y a la agresión a comuneros. Recientemente, la cosa se habría ido agravando con amenazas de muerte y amedrentamiento por parte de la delincuencia organizada vinculada a su vez a grupos de poder local y por la presencia de carteles como el de Jalisco Nueva Generación y el del Golfo.

San Lorenzo de Azqueltán está habitada por tepehuanos o tepecanos, sus fundadores, y el pueblo Wixárika.  Forma parte del Congreso Nacional Indígena y su lucha agraria es por el reconocimiento legal de sus bienes comunales en base a título virreinal datado en 1777 y autentificado por las autoridades agrarias en 1954. La titulación quedó en suspenso largo rato negándose en el año de 2007 al conceder por la vía de dotación de ejido una parte del territorio a un pequeño grupo de “supuestos ejidatarios.”

Los comuneros han venido denunciando esta situación de continuo despojo territorial y de usurpación del mismo nombre de la comunidad manifestando que “ricos líderes”, “terratenientes”, “mestizos” o “ganaderos” han aprovechado para vender y/o rentar la tierra.

Conformaron un gobierno agrario y se han interpuesto varias demandas -tanto para reconocimiento como para la restitución de tierras- y exigido la salida de los “invasores” de la tierra comunal y el cese de proyectos con los que se estaría privatizando el territorio con fines mercantiles y de explotación de sus bienes naturales dado que también se otorgaron permisos para planes de aprovechamiento forestal y ganadero.

Comunicado emitido ante la publicación del Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra

(http://frentedepueblosindigenas.org/acciones/firma-por-marichuy-en-xochciautla-domingo-4-de-febrero-1000-hrs/)

29 de enero de 2018, San Francisco Xochicuautla, Lerma, Edo de México.

Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
A la Sexta Nacional e Internacional
A los Medios de Comunicación Alternativos, Autónomos o como se llamen
A los Centros de Derechos Humanos
Al pueblo de México y del mundo

Les mandamos un saludo y un abrazo desde la comunidad indígena de San Francisco Xochicuautla. Como ustedes saben en Xochicuautla se han vivido injusticias, encarcelamientos, despojo y agresiones por parte del mal gobierno, hemos sentido dolor y rabia, todo esto es por un mega proyecto de muerte denominado autopista Toluca-Naucalpan; que pretende realizar la empresa AUTOVAN S.A de C.V., en contubernio con el gobierno es sus tres niveles. Han causado daño a nuestra madre tierra con la incursión de maquinaria pesada, daños irreversibles a los defensores de derechos humanos y a quienes hemos estado entre rejas injustamente. Es por eso que por este medio les expresamos nuestro sentir y lo que está sucediendo.

El día 24 de enero del presente año a las 6:58 pm se emitió una convocatoria en la página del Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra. En el cual se menciona lo siguiente:

“…queremos contarles cuál ha sido hasta este momento, el proceso de resistencia en nuestra comunidad para que allá, en otros lados, no les digan otra cosa que no es.”

La situación en la comunidad tomó un rumbo diferente desde el 11 de abril de 2016, cuando la maquinaria de la empresa AUTOVAN derribó la casa de Armando García Salazar, en ese momento algunos compas entraron en conflicto social, porque no consultaron a la población, ni informaron que ellos iniciarían las mesas de diálogo con el gobierno, la empresa AUTOVAN y SAASCAEM; estas mesas se llevaron a cabo durante varios meses y junto con ellos participó la organización SERAPAZ (Servicios y Asesorías para la Paz) que desde un principio llegó a nuestra comunidad para iniciar la negociación; a la cual denunciamos por sus actos, así mismo denunciamos a Miguel Ángel Zenón Romero (desconocemos su procedencia) quien se hizo pasar como integrante de la comunidad en las mesas técnicas e intervino en la toma de decisiones, cuando él no tiene voz ni voto ya que nuestra comunidad está regida por usos y costumbres.

Además, hacerles saber que la propuesta alternativa (#XOCHIPROPONE publicada en conferencia de prensa el 18 de Mayo de 2017), nunca fue consultada con la población, solo un pequeño grupo de personas decidió sobre esta propuesta, nosotras y nosotros no queremos una autopista ni queremos una alternativa. Nuestra lucha es por la vida, por el agua, por el bosque, por el divino rostro y no vamos a permitir que se negocien nuestras tierras.

Hasta ahora nos atrevemos a expresar nuestro pensamiento, porque ya no podemos callar, están haciendo daños a la tierra que los vio nacer, están proponiendo un futuro que no nos beneficia.

Por todos los actos antes mencionados tampoco se han dado asambleas internas, por lo que se decidió no poner a ningún concejal que nos representará; sin antes tener claro el rumbo que tomaría la lucha; nos enteramos de que había personas de la comunidad como parte del CIG (Concejo Indígena de Gobierno), desconocemos totalmente a las personas que estén dentro de él y se los hacemos saber para que ustedes consideren nuestros comentarios y sean ustedes quienes juzguen los actos.

A finales de noviembre y principios de diciembre de 2017 este grupo de personas comenzaron a visitar (por las noches, sin que nadie los viera), a los compañeros que firman los amparos para que se desistieran (argumentan que los amparos ya no tenían validez), los intimidaron y los hostigaron, les dijeron que si no lo hacían serían encarcelados, engañaron a las personas; a los propietarios que son directamente afectados les pidieron el documento de su tierra y su copia de credencial de elector, con el fin de llegar a un acuerdo con la empresa AUTOVAN y el gobierno.

 “Nuestra convocatoria es también para que vengan y sean parte de la toma de protesta del Consejo Supremo Indígena en su reestructuración.”

Nosotras y nosotros denunciamos, ya que esa decisión fue sólo de algunas personas de la comunidad; exponiendo lo siguiente:

• La elección de delegados, consejo de participación ciudadana (COPACI), jefes de sección, comandantes (comanches), representantes de bienes comunales y Consejo Supremo Indígena se realiza mediante una asamblea de usos y costumbres, donde todo el pueblo decide quienes serán nuestras autoridades tradicionales, estas asambleas se realizan en el lugar de usos y costumbres, por lo tanto, la reestructuración del consejo supremo indígena que ellos mencionan no es válida para la comunidad.

“…el Estado viola constantemente nuestros derechos y hace las leyes a modo para justificar despojos, asesinatos, desapariciones, persecuciones y encarcelamientos en todo el país.”

Lo mismo que el estado hace con el pueblo de México es lo que nos están haciendo los compas de la comunidad, están amenazándonos, porque nosotras y nosotros no vamos a ceder a lo que este grupo de personas quiere. Hacemos un llamado a todas y todos, ya que, si algo nos llega a suceder, sabemos quiénes están detrás de todo esto.

Se preguntarán porqué hasta ahora hacemos estas declaraciones

Porque confiamos en ellos, para nosotras y nosotros la palabra es lo más sagrado y creíamos que estábamos en el mismo horizonte. Porque nuestra lucha no depende de jerarquías, de engaños o de traición, sino de verdades, principios y dignidad.

Sin embargo, aquí estamos y sepan que en Xochicuautla aún resistimos, no nos vendemos, no nos rendimos y no claudicamos.

Y como lo dijo nuestro hermano Eduardo Galeano “si me caí es porque estaba caminando, y caminar vale la pena aunque te caigas”

No a la Autopista Toluca-Naucalpan
No a al proyecto alternativo
No a la negociación

Atentamente
Comunidad Indígena de San Francisco Xochicuautla en Resistencia

Disparan a comuneros de San Lorenzo de Azqueltán, Jalisco

El pasado 16 de diciembre la comunidad indígena de San Lorenzo Azqueltán denunciaba una agresión armada  en contra de los comuneros Gabriel Aguilar Rojas y Noé Aguilar dos días atrás.

Nuevamente, pobladores de esta comunidad fueron objeto de acciones violentas por parte de aquellos a los que refieren como “ajenos a la comunidad” y que pretenden acabar con sus vidas para poder despojarles de su territorio.

En la denuncia señalan al responsable de los disparos que, por fortuna, no llegaron a herir a ninguno de los pobladores. También señalan la responsabilidad de las autoridades municipales por la falta de atención en la denuncia de los hechos y la promoción de proyectos ganaderos en la zona que estarían incitando a la invasión de los territorios comunales.

San Lorenzo de Azqueltán se encuentra junto al río del mismo nombre. Está habitada por tepehuanos o tepecanos, sus fundadores, y el pueblo Wixárika. Como parte de la Región Occidente del Congreso Nacional Indígena (CNI), esta comunidad fue sede en 2013 de una de sus asambleas. Poco antes declaraba su autonomía y nombraba a sus autoridades. Ello los ha fortalecido al vincularse con pueblos hermanos y recibir el apoyo de comunidades vecinas.

Su lucha agraria, al igual que la de muchos otros pueblos indígenas de México, es por el reconocimiento legal de un territorio que de por sí les es propio, por ser originario y comunal.Reconocidas 94 mil hectáreas por la Corona española (en base a título virreinal datado en 1777) y por autoridades agrarias (autentificaron el documento virreinal en 1954), su titulación quedó en suspenso, negando con ello la posesión como bien comunal a su pueblo. Años después se determinaría la restitución de 8 mil 336 hectáreas, pero tampoco este trámite concluiría.

Pero la cosa no quedó ahí. A la par, y en el contexto de una situación de no resolución, se conformaba un ejido con pequeños propietarios foráneos y algunas personas de adentro, tomando el nombre de la comunidad y apoderándose de unas tierras que, afirmaban los “supuestos” ejidatarios, el gobierno les había entregado.

Lo anterior lo relataba la comunidad en su intervención en la Cátedra Tata Juan Chávez en 2013:

“(…) el trámite es sobre la restitución de las tierras de las 94 mil hectáreas. En el año de 2007 se niega la restitución a la comunidad de San Lorenzo y pues se concede por la vía de dotación de ejido una superficie de 1,090 hectáreas a un pequeño grupo de supuestos ejidatarios. De ahí en adelante se viene promoviendo muy fuertemente eso de predios rústicos, la regularización de predios rústicos. Con estos  se sufre todavía más el despojo de la comunidad donde pues ya en realidad de tener una vasta extensión de tierra pues ya la gente no tiene ni para sembrar y pide prestado para sembrar” (Intervención de comunero de San Lorenzo Azqueltán; 17/08/2013).

Los comuneros denuncian esta usurpación y señalan que “ricos líderes”, “terratenientes”,“mestizos” o “ganaderos” han aprovechado para vender y/o rentar la tierra. Con ello, y a pesar de tratarse el ejido de una manera de asegurar la propiedad social de la tierra, ésta se está privatizando con fines mercantiles y de explotación de sus bienes naturales:

“En todos estos años, en lugar de reconocer nuestro territorio, los gobiernos en todos sus niveles realizan acciones para que caciques se adueñen de nuestras tierras y montes. Se inventan pequeñas propiedades y supuestos terrenos ejidales. Dan permisos para que destruyan nuestros lugares sagrados con proyectos de gobierno, les dan permisos de aprovechamiento forestal y hasta ganado para que los metan con violencia a terrenos en posesión de la comunidad” (Extracto de la última denuncia; 16/12/2017).

Se han interpuesto varias demandas (tanto para reconocimiento como para la restitución de tierras)  y exigido la salida de los “invasores” de la tierra comunal. Aunque la comunidad decidiese en asamblea no pelear por las hectáreas “otorgadas” en régimen de ejido, sí lo hacen por 38 mil  como bienes comunales.

En su última denuncia exigen que se investigue y sancione el ataque armado, que se frene la venta/renta de tierras afuera de los límites del deslinde ejidal  y que la autoridad municipal deje de promocionar proyectos que favorezcan la invasión y agresión a comuneros.

A continuación audios en donde se hace denuncia y síntesis de la problemática agraria:

Fuentes:

Agresión armada en contra de la comunidad Wixárika y Tepehuana de San Lorenzo Azqueltán

http://www.proceso.com.mx/358696/san-lorenzo-azqueltan-historias-de-desprecio-y-despojo

Comunicado de la Comunidad Autónoma Tepehuana y Wixárika de San Lorenzo de Azqueltán

Fotografía portada: fuente CNI ( Mapa Espejos de la Resistencia)

El 24 y 25 de noviembre se documentaron  hechos muy lamentables , 4873 personas entre hombres, mujeres, niños y niñas ancianos y ancianas viven en condiciones de desplazados, viviendo la mayoría en las montañas con mucho frío en la noche, otros están viviendo en la cabecera de Chalchihuitan. Hay muchos enfermos sobre todo niños y niñas, ancianos y ancianas, hay varias mujeres embarazadas, no pueden salir a buscar sus alimentos porque están bloqueados los tres caminos de salidas y entradas, solamente por la vía Simojovel hay acceso.

Se necesita urgentemente: maíz, frijol, cobertores, medicinas, doctores, maseca, sal, azúcar, jabón, ropa para niños. Hay varias casas quemadas.

Por favor, urge nuestra solidaridad nacional e internacional, para atender esta crisis humanitaria. También, urge que se resuelva este conflicto para que no suceda algo peor que Acteal.

Antecedentes[1]:

La violencia y el conflicto son por los límites territoriales entre Chalchihuitán y Chenalhó que data de 45 años sin solución, ocasionada por la ineficacia e intereses de grupos de poder, de las instituciones de los gobiernos federal y estatal. Esto dio cause a la confrontación entre dos pueblos cuando en 1975 San Pablo Chalchihuitán obtuvo su Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales (RTBC) que se ejecutó en 1980, beneficiando a 1,787 campesinos con 17,948 hectáreas. En la ejecutoria se entregaron 17,696 hectáreas y en 1981 se entregaron 252 hectáreas más, como complemento a la RTBC. Y se inconformó el municipio vecino Chenalhó, Chiapas. En el aspecto legal, desde 2005 hay demanda de juicio vigente con número de expediente 181/2005, está actualmente en el Tribunal Unitario Agrario 03 de Tuxtla Gutiérrez, esperando la sentencia solicitada.

Comunidades con sus habitantes cifras aproximadas, están en calidad de desplazados:

• Comunidad de Ch’en Mut: 700 habitantes, 120 familias
• 8 mujeres embarazadas
• Comunidad de Pom: 436 familias, más de 2000 habitantes, 100 mujeres embarazadas
• Tzomolton:107 familias, 800 habitantes, 6 mujeres embarazadas
• C’analumtic:191 familias, 600 habitantes
• Bejelton: 30 familias, 150 habitantes
• Tulantic: 50 familias, 350 habitantes
• Vololch’ojon: 40 familias, 150 habitantes
• Cruz c’ac’ao nam: 200 habitantes
• Cruz ton: 20 familias desplazadas, 73 personas

4873 personas son desplazadas

Comunidades afectadas, pero no desplazadas:

Balunac’o, Cotolchij, Lobolaltic, Pacanam, Pat C’anteal, Chiqun xulum, Saclum

**Fuente de información: las autoridades de cada comunidad afectada y del ayuntamiento, párroco Sebastian. cel 9191442128

Para apoyar, comunicarse en Caritas de la Diócesis de San Cristobal de las Casas con la coordinadora. Norma cel: 9671203722″

1] De la Acción Urgente del Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas https://frayba.org.mx/accion-urgente-violencia-generalizada-en-los-municipios-de-chalchihuitan-y-chenalho/

San Cristóbal de las Casas a 24 de noviembre 2017 / Red de Comunicadoras Comunitarias K’asesel K’op / Este día la Asamblea de mujeres, pueblos y organizaciones en defensa de la tierra, el territorio y por el derecho de las mujeres a decidir retomó sus trabajos con los objetivos de, por un lado, revisar, analizar y evaluar la puesta en práctica de la Alerta de Violencia de Género (AVG), evidenciando así la omisión del Estado y el gobierno en sus tres niveles; y por el otro generar alternativas para prevenir las violencias contra las mujeres, así como hacer justicia a los numerosos casos de feminicidios en Chiapas, que son 62 en lo que va del 2017.

Por la mañana, las asistentes nos dividimos en cuatro grupos para revisar el cumplimiento de los acuerdos estipulados en la AVG. Dado que en cada uno de estos grupos se hizo evidente la omisión por parte del Estado, se prepararon sendas demandas, en los rubros de Seguridad, Prevención, Justicia y Reparación. Estas se presentaron en el marco de un Juicio Popular al Estado mexicano. Para esto, en una combinación de sociodrama, las voceras de cada grupo de trabajo presentaron las demandas y denuncias. Se comenzó exponiendo cómo en términos de prevención, el gobierno implementó una capacitación superficial y breve a funcionarios, lo cual no puede garantizar una verdadera sensibilidad y conocimiento de la complejidad de la violencia de género. A la par, se dijo que las propuestas formativas con la población deben considerar tanto a niñas, niños, jóvenes, padres de familia y maestros. Se insistió en revisar los contenidos mediáticos que difunden las televisoras, radiodifusoras comerciales.

En términos de justicia, se denunció la violencia que replican los funcionarios públicos de las instituciones de procuración de justicia, quienes desconocen los idiomas de los pueblos indígenas y les discrimina por esto, además de que no toman en cuenta la palabra de las mujeres. Ante esto, los hombres asistentes exigieron se escuche a las mujeres siempre.

El Tribunal popular también sirvió para denunciar cómo el gobierno solapa a grupos paramilitares en la región de Carranza. Así como la permisividad frente a diversos tipos de despojo que viven los pueblos indígenas, y que afectan de forma más violenta a las mujeres.

(Continuar leyendo…)