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Colectivos e individuxs en Turku, Finlandia

Con las Zapatistas desde Finlandia (II) | Mensaje de colectivos e individuxs en Turku, Finlandia, en apoyo a las comunidades Zapatistas

Con las Zapatistas desde Finlandia (II) | Mensaje de colectivos e individuxs en Turku, Finlandia, en apoyo a las comunidades Zapatistas (02/2022)

En solidaridad con las comunidades zapatistas desde Turku, Finlandia:

Exigimos a los tres niveles de gobierno mexicano dejar de apoyar y poner fin a la guerra contra Nuevo San Gregorio.

#NuestraLuchaEsPorLaVida
#SolidaridadConLosPueblosZapatistas
#AltoALaGuerraEnNuevoSanGregorio

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Avispa Midia

Sin justicia, familiares de migrantes víctimas de accidente carretero en Chiapas

Por Jeny Pascacio

En portada: Una mujer enciende una vela en el lugar del accidente en la carretera Tuxtla-Chiapa de Corzo en el estado de Chiapas, México. Foto: Alfredo Estrella

“Quiero justicia por la muerte de mi esposo, pero no tenemos recursos para buscarla”, dice Yesenia Flores. Su esposo, Leonel Gómez Zepeda, fue una de las 56 víctimas mortales tras la volcadura del tráiler en el tramo carretero Chiapa de Corzo-Tuxtla Gutiérrez, ocurrida el pasado 9 de diciembre.

Leonel Gómez Zepeda, de 37 años, fue un futbolista de Primera División del Deportivo Malacateco en Guatemala. Debido a su edad, el balompié dejó de ser redituable y la crisis económica de su país lo llevó a intentar migrar, por primera vez, a Estados Unidos.

El lunes 6 de diciembre, Leonel se despidió de su familia en Guatemala y unas horas antes del accidente, reaccionó a una foto de su hija en Facebook. Fue la última interacción que Yesina recuerda de su esposo.

El cuerpo de Leonel estuvo en el Servicio Médico Forense de Tuxtla Gutiérrez y después fue trasladado al municipio de Tonalá, en la costa de Chiapas. Yesenia tuvo que viajar varias veces a México, con recursos propios, para localizarlo.

También trasladó a sus hijas desde Malacatán, Guatemala, a Chiapas para las pruebas de ADN que solicitó la Fiscalía General de la República.

El 19 de diciembre, sin avisar, los gobiernos de ambos países trasladaron tres féretros de los muertos en el accidente, uno de ellos con los restos de Leonel, “sólo vinieron a dejar la caja y no supimos nada de ningún gobierno”.

Yesenia Flores lamenta que el único momento en que tuvo atención de las autoridades mexicanas fue para las pruebas de ADN, por la presión que ella misma ejerció. “No tuvimos apoyo ni antes ni ahora”.

Yesenia y Leonel procrearon cuatro hijas, todas aún menores de edad. Leonel buscaba darles una mejor vida que esperaba encontrar en Estados Unidos.

“A mis hijas todavía no les he comprado sus útiles porque aún no encuentro trabajo. Mi esposo por eso se fue, porque la situación aquí es difícil; por eso, aunque quiera darle seguimiento a la investigación para que se haga justicia, no puedo por el gasto que representa”.

Yesenia Flores recuerda que el féretro estaba sellado y le pidieron que sepultara a su esposo de manera inmediata por el estado de descomposición que presentaban. “Escuchar al gobierno de México decir que no hay detenidos, duele en el alma”.

Solicitud de apoyo, sin respuesta

Familiares de las víctimas se han manifestado por el nulo apoyo de los gobiernos de México y Guatemala

Domingo Giovanni Raymundo Mateo, de 18 de años, salió de su casa en Almolonga, Quetzaltenango, Guatemala, el 8 de diciembre acompañado de su concuño Miguel Laynes Ortega, de 27 años.

Por segunda vez, Domingo se colgó la mochila con el ánimo de ganar dinero para apoyar a sus padres. Su tía les ayudó a contactar un coyote y lograron reunir dinero tras vender pertenencias y pedir prestado.

“Ya se murió el Mingo” dijo Miguel cuando dio la noticia de la volcadura del tráiler que los llevaría a Ohio. Miguel logró brincar del vehículo en movimiento. Resultó con lesiones en brazos y costillas.

En cuanto se enteró de lo sucedido a través de las redes sociales, la familia maya Ixil en Guatemala solicitó apoyo a las autoridades de ambos países para repatriar el cuerpo del joven que estaba en calidad de desconocido. Entonces no hubo respuesta.

Pedro Raymundo, padre de Domingo, cuenta que se trasladó a Chiapas para pedir el cuerpo de su hijo, “estuve viajando también por el acta de defunción y por eso en Guatemala me cobraron 4 mil quetzales”.

Los gastos de los traslados, alimentación y hospedaje para la realización de trámites también fueron cubiertos por ellos, “nosotros no tenemos dinero tampoco información, no sabemos ni a quién pedirle justicia”, lamenta Pedro en su fracturado español.

Pese a sus esfuerzos, Raymundo aún no cuenta con el acta de defunción de su hijo y la única respuesta que recibió fue por parte del Registro Nacional de las Personas (Renap), entidad guatemala quien aseguró se debe a que la Fiscalía General de la República mexicana aún no envía la información.

Antes de salir de Almolonga, Guatemala, Domingo y su concuño Miguel se dedicaban al campo. Dejó de estudiar hace dos años cuando su familia no pudo solventar los gastos escolares, fue entonces que uno de sus tíos, establecido desde hace un año en EEUU, lo convenció de migrar.

“Dijo que se podía hacer la lucha, porque aquí no hay trabajo ni para las mujeres y estamos en una casa prestada”, agregó Margarita Raymundo, hermana del joven.

Domingo y Miguel, recorrieron 432 kilómetros desde su comunidad hasta el municipio chiapaneco donde ocurrió el accidente. En el lugar, los pobladores locales, aún en shock, prenden veladoras por el descanso eterno de los fallecidos y la recuperación de los heridos.

No hay detenidos

Aún después de meses de ocurrido el accidente, pobladores de Chiapas colocan ofrendas en el lugar donde perdieron la vida 56 personas.

A dos meses de la tragedia, la Fiscalía General de la República se limita a decir que no tiene mayor información sobre el caso porque siguen las investigaciones. Pero en realidad aún no hay detenidos ni avances en la carpeta de investigación. Esto a pesar de que el 14 de diciembre el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, dijo que los responsables fueron identificados.

El Instituto Nacional de Migración (INM) también evade los cuestionamientos de la prensa con respecto a los apoyos a las familias que comprometió el presidente Andrés Manuel López Obrador la mañana siguiente del accidente carretero.

Los únicos reportes sobre el caso se publican en la página oficial donde recientemente destacaron la repatriación de cuerpos, realizados durante diciembre de 2021 y enero de 2022: 42 de Guatemala; 12 de República Dominicana; una de El Salvador y una más de Ecuador. A finales de enero, informaron que fueron trasladados los últimos restos que corresponden a un adulto y un menor de edad guatemaltecos.

Asimismo, la Secretaría de Salud en Chiapas señala que solo uno de los 114 heridos en el mismo accidente continúa con atención en un hospital de Tuxtla Gutiérrez.

Contubernio

Organizaciones como el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el sureste Mexicano, han hecho hincapié en las políticas de contención migratoria, las cuales orillan a las personas en movilidad a tomar alternativas peligrosas para trasladarse de una frontera a otra.

De acuerdo a la documentación del Centro de Dignificación Humana con sede en Tapachula, existe un contubernio de la autoridad migratoria para permitir el transporte de migrantes por el crimen organizado. Esto debido a que pese la presencia de retenes para inspeccionar vehículos en la ruta migratoria en Chiapas, la mayoría no son detenidos. “Estamos pidiendo a la Procuraduría General de la República una investigación exhaustiva sobre esos tráileres y demás unidades que pasan invisibles por Chiapas”.

Para la organización nacional Brigada Callejera, la trata de personas no se podría concretar sin la complicidad de la policía, funcionarios de migración y el Ejército mexicano, sobre todo en las zonas de los Altos, Norte y Selva de Chiapas controladas por narcotraficantes que también se dedican a este delito. “Desde sus países de origen a muchos los engañan, les piden escrituras de casas y terrenos, para llevarlos endeudados y con engaños”.

En estas redes, participan desde pobladores de las comunidades indígenas, donde se encuentran algunas casas de seguridad, hasta transportistas que incurren en otros delitos para que los vehículos en que transportan a sus víctimas no sean descubiertos por la autoridad; hasta los uniformados encargados de la seguridad nacional.

Los grupos del crimen organizado se apropian de caminos de extravío o rutas claves; ofrecen o amenazan a los pobladores para que acepten ser reclutados o trabajar como halcones para la realización de varios delitos.

“Las autoridades se sientan y dicen que van a solucionar el problema e informan que no pasa nada”, lamentó Elvira Madrid de Brigada Callejera.

En el 2018, cuando comenzaron a llegar a México las primeras caravanas migrantes, los representantes el Consulado de Honduras en México, confirmaron que los delitos contra personas migrantes incrementaron, con un mayor número de víctimas por la trata de personas y el secuestro.

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Avispa Midia

Mujeres, violentadas por las políticas migratorias de México y EEUU

Por Jeny Pascacio

Portada: Santiago Navarro F.

Durante el 2021, la migración incrementó por factores asociados a la llegada de Joe Biden al gobierno de Estado Unidos y a los anuncios de las políticas migratorias ‘más justas’, así como a la violencia, la pandemia del COVID-19 y los desastres naturales.

En el mismo año las disposiciones migratorias afectaron negativamente a las mujeres que buscaban protección por las políticas restrictivas, pues siguen vigentes desde el gobierno de Donald Trump.

El reporte Atrapadas en la incertidumbre y expuestas a la violencia. El impacto de las políticas migratorias de Estados Unidos y México en las mujeres solicitantes de protección internacional en 2021 señala los escenarios que viven las mujeres en movilidad humana, resultado de las políticas migratorias.

Son sometidas a actos violentos en razón de género en México, que incluyen violación y agresiones sexuales, secuestros, extorsiones, separación familiar, falta de acceso a la salud, además de que enfrentan más barreras para denunciar los hechos, acceder a la justicia y recibir apoyo.

De acuerdo con el informe, realizado por la Comisión de Mujeres Refugiadas (WRC) y el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), a menudo las mujeres tienen que esperar sus procesos durante períodos prolongados, en circunstancias precarias y peligrosas, en las fronteras norte y sur de México.

La documentación da cuenta de que estos escenarios exacerban traumas que inicialmente las obligaron a escapar de sus países; y no les permite sentirse seguras en las ciudades de la frontera sur y norte de México, además les preocupa que las puedan seguir sus agresores a este país.

Una encuesta de 2017 de Médicos Sin Fronteras reveló que 31.4% de las mujeres que buscaban protección internacional habían sido agredidas durante su tránsito por México.

Algunas son secuestradas y agredidas sexualmente por sus captores, con frecuencia, frente a sus hijas e hijos. En muchas de las agresiones participan autoridades mexicanas de diferentes niveles.

De acuerdo a organizaciones de la sociedad civil en Chiapas, muchas mujeres migrantes recurren a métodos anticonceptivos de larga duración para evitar embarazos por violación sexual en territorio mexicano.

Horror

El 72.5% de las mujeres migrantes que ingresaron en 2020 reportaron haber sufrido agresiones físicas en el país de origen y en México a manos de integrantes de pandillas y delincuencia organizada, familia, compañeros de trabajo y principalmente autoridades.

Por ello el Instituto para las Mujeres en la Migración, a través de los reportes que realiza, destaca la importancia de que el gobierno mexicano considere a la violencia de género como un motivo para solicitar protección internacional en el país y en consecuencia reconocerlas como refugiadas.

En 2021, la Comar recibió un incremento histórico de 131 mil 448 solicitudes de asilo, de las cuales 41% fueron de mujeres y 24% de niñez y adolescencia, pero no cuenta con recursos humanos y financieros suficientes para hacer frente al incremento de solicitudes, lo que ha dejado a muchas personas atoradas en el sur de México.

Un informe de las Naciones Unidas de 2015 reveló que aproximadamente 60% de las mujeres entrevistadas solicitantes de asilo de Honduras, Guatemala y El Salvador estaban escapando de violencias de género.

Un informe de 2021 de Kids in Need of Defense (KIND) señala que la violencia contra las mujeres en Centroamérica aumentó drásticamente durante la pandemia de COVID-19 ante el confinamiento que obligó a las mujeres a permanecer encerradas con sus agresores y el control de las comunidades por parte de las pandillas.

Por ejemplo, Liliana, una mujer guatemalteca, platicó al IMUMI que después de escapar de una relación violenta con su esposo, un militar activo, un grupo de hombres la habían secuestrado en Tijuana. Mientras sus secuestradores la tenían los escuchó hablar por teléfono haciendo arreglos para explotarla sexualmente.

Cristina, una mujer guatemalteca, que viajaba con su esposo y sus tres hijos, describió al equipo de WRC el “terror de ser obligados a esperar en Tijuana donde nos pueden encontrar nuestros agresores”.

De acuerdo a la bitácora del albergue Una ayuda para ti mujer migrante AC, ubicado en Chiapas, seis de cada 10 mujeres que llegan en busca de ayuda fueron violadas por integrantes del crimen organizado y uniformados como agentes de migración y otros que “reconocen como los policías de azul”.

Foto: SAntiago Navarro F.

Intensifica contención migratoria

En el 2019, México y Estados Unidos acordaron la contención migratoria en las fronteras sur y norte, de forma paralela a la creación de la Guardia Nacional que se desplegó con mayor fuerza en la frontera de Chiapas y Tabasco, México.

Desde entonces los delitos cometidos contra personas migrantes incrementaron, incluso las detenciones bajo presión de la Casa Blanca. El gobierno mexicano tomó una serie de medidas para intensificar sus políticas migratorias de disuasión.

Las restricciones a la libre circulación por el país de las personas migrantes y solicitantes de protección internacional orillaron a las personas en movilidad a contratar a traficantes y arriesgándose por rutas de viaje más peligrosas.

En el 2021, el Instituto Nacional de Migración (INM), en conjunto con la Guardia Nacional y otras fuerzas de seguridad, realizaron un número sin precedentes de eventos de detención de personas migrantes, de las cuales 30% eran mujeres y 27% menores de edad.

El INM también intensificó las medidas restrictivas en los aeropuertos mexicanos y negó la entrada a un récord de 72 mil 895 personas extranjeras en 2021, el doble de los 31 mil rechazos registrados en 2019. Estas personas no pudieron acceder a la solicitud de refugio ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.

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CNI

Solidaridad con el Consejo Supremo Indígena de Michoacán.

Quienes suscribimos manifestamos nuestro respaldo con las 68 Comunidades de los Pueblos Originarios Purhépechas de las Cuatro Regiones de Michoacán que integran el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), cuya movilización del día 02 de febrero del presente año, es una congruente muestra de descontento frente a la indiferencia estatal, que además de desatender a más de 150 mil indígenas que viven y trabajan en Michoacán mediante el control presupuestal que impide que este llegue a las manos de quienes son sus destinatarios, usurpa su representatividad por medio del elefante blanco que es el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas INPI, mismo que a hecho todo lo posible por impedir el autogobierno de las comunidades indígenas al que tienen derecho históricamente.

Motivo que ha llevado a la justa exigencia del presupuesto ejercido directamente por las comunidades indígenas a las que les corresponde, destitución de los funcionarios públicos que entorpecen la toma de decisiones en las comunidades indígenas michoacanas y respeto al autogobierno comunitario.

Celebramos la toma de las oficinas del INPI en Michoacán por parte del CSIM hoy 8 de febrero de 2022 en Cherán, pues además de ser mecanismo que visibiliza la corrupción del neoindigenismo detentado por el actual gobierno, ahora el inmueble está realmente en manos de quienes son la razón de ser: los pueblos y comunidades indígenas de Michoacán autoorganizadas en el CSIM.

¡Cumplimiento Inmediato de las demandas del CSIM!

¡Respeto al Autogobierno de las Comunidades Purhépechas de Michoacán!

¡Otorgamiento del presupuesto para su ejercicio directo a las comunidades de CSIM!

08 de febrero de 2022
Solidariamente:

Colectivo CNI Totonacapan; La Voz del Anáhuac; Frente de Trabajadores por el Derecho a la Salud y Seguridad Social; Sector de Trabajadores del Campo y la Ciudad Adherentes a la Sexta; Confederación General del Trabajo (Estado Español); Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente; Dr. Gilberto López y Rivas profesor Investigador del INAH; Movimiento Autónomo Multisectorial Universal de Trabajadores MAMUT; Plantón de la Resistencia en Huexca Morelos; La Marx México; Colectiva Nuestra Alegre Rebeldía en Apoyo al CNI-CIG, Morelos: Colectivo Aequus.-Promoción y Defensa de Derechos Humanos; Coordinación de Familiares de Estudiantes Víctimas de la Violencia; Okupa ChiaPaz; Mexicanos Unidos; Red de Resistencia y Rebeldía Tlalpan; Colectivo Zapatista Neza; Coordinación Metropolitana Anticapitalista y Antipatriarcal con el CNI-CIG; Rocío Alvarado Tovar; Martha Eugenia Lechuga CNTE; Rosa Isela Martínez Martínez, activista y defensora de derechos humanos; María Lourdes Martínez Romero; LEF. Ariel Segura, sección 56 SNTE-CNTE; Pedro Gabriel García González; Unión Autónoma de Pueblos y Barrios Originarios del Distrito Federal; Citizens Summons; Ivonne Mayte Cervantes Cortés CNTE; Colectiva Zurcando el Temporal; Coordinadora de Colonias de Ecatepec; Colectivo Renovador Estudiantil Autónomo-UNAM; Movimiento social en defensa del agua, el territorio, la cultura y la vida de Ixtapaluca; Plantón en resistencia del Fraccionamiento José de la Mora; Soc. Fernando Alan López Bonifacio, profesor de la Facultad de Arquitectura e integrante de SITTAUNAM; Mtra. en Estudios Latinoamericanos Brenda Porras Rodríguez profesora de la Facultad de Arquitectura e integrante del SITTAUNAM; Coordinadora de Estudiantes y Colectivos de la Facultad de Derecho-UNAM; Lumaltik Herriak; Colectivo Tierra y Libertad de Cuautla Morelos; El Zenzontle; Casa de los Pueblos México.
Envía tu adhesión y logotipo a la dirección electrónica: lavozdelanahuac.sexta@gmail.com

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CNI

POSICIONAMIENTO FRENTE A LA SITUACIÓN QUE VIVEN LAS COMUNIDADES DE LA MONTAÑA BAJA DE GUERRERO, VÍCTIMAS DE LOS GRUPOS NARCO-PARAMILITARES Y DE LOS MALOS GOBIERNOS.

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional

Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno

A la Sexta Nacional e Internacional

A las Redes de Resistencia y Rebeldía

A la Red contra la Represión y por la Solidaridad

A las Organizaciones de Derechos Humanos

A los medios de comunicación

 

8 de febrero de 2022

Hermanos y hermanas de los medios de comunicación, organizaciones de derechos humanos y demás colectivos y organizaciones hermanas:

La situación por la que atravesamos los pueblos indígenas de la Montaña baja de Guerrero pertenecientes al CIPOG-EZ es insostenible. Bien sabemos que no sólo nosotros y nosotras, la embestida en contra de los pueblos originarios del país está siendo brutal en estos tiempos que para los calendarios de arriba son conocidos como de la Cuarta Transformación, pero que para nosotros y nosotras es la continuidad del proyecto neoliberal, en el que la guerra en contra de la humanidad es evidente, donde las ganancias de unos pocos, valen la muerte y el sufrimiento de los más, tiempos en los que los tres niveles de gobierno sólo están ahí para simular orden, pero en realidad son parte de quienes explotan, despojan, reprimen y desprecian a quienes estorban a los megaproyectos de muerte y en general a cualquier acto que genere riquezas, sea legal o ilegal, sea una minera, una termoeléctrica, un Tren Maya o el crimen organizado sembrando y traficando drogas, secuestrando, extorsionando, como de por sí pasa en el estado de Guerrero, con el silencio y complicidad de quienes hoy encabezan al gobierno del estado.

¡Pero así como lo indica nuestra historia, por más de 500 años han intentado exterminarnos, pero aquí seguimos, como pueblos indígenas, pertenecientes hoy en día al Congreso Nacional Indígena, y desde siempre a la resistencia que con dignidad y organización, luchamos y lucharemos por la vida y el territorio, por la verdad y la justicia, por la paz y la libertad para nuestros pueblos contra cualquier mal gobierno y contra cualquier grupo delincuencial y narco-paramilitar que represente una amenaza!

Por eso dejamos claro que nuestras demandas son históricas, lo mismo que nuestra resistencia, no tiene que ver con que hoy gobierne Andrés Manuel López Obrador y que Evelyn Salgado sea la gobernadora de Guerrero y que ambos representen a eso que llaman “la Cuarta Transformación”. Para nada; seguimos luchando porque en este gobierno como en los anteriores, siguen desapareciendo a nuestros hermanos y hermanas, como a nuestros compañeros Pablo Hilario Morales y Samuel Hernández Sánchez, desaparecidos el 25 de enero de 2022; nos movilizamos porque siguen los ataques del grupo narco-paramilitar “Los Ardillos”, como los del pasado 30 de enero de 2022 en las comunidades de Tula, Xicotlán y Zacapexco, en los que por alrededor de 2 horas, abrieron fuego en contra de nuestros hermanos y hermanas, sin que autoridad alguna interviniera hasta pasadas aproximadamente 2 horas; en el mismo contexto, seguimos responsabilizando a los gobiernos porque la desaparición de nuestros dos hermanos fue realizada por la policía municipal y comandante de Atlixtac y porque en vez de que el gobierno de Guerrero o incluso el gobierno federal se movilice para buscarlos, sacan un comunicado diciendo que ellos niegan tenerlos detenidos.

Seguimos alerta porque los ejemplos que dimos son recientes y se dan luego de varios ataques a nuestras comunidades y de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ordenara al Gobierno de Guerrero, en diciembre de 2021, brindar medidas para asegurar la vida de nuestras comunidades; es así que el gobierno de Evelyn Salgado simuló diálogo, enviando a funcionarios sin capacidad de proponer y mucho menos de resolver conflictos y se lo dijimos claro, que no simularan, que enviaran a quienes pudieran tomar decisiones ¡pero minimizaron y siguen minimizando el problema a un conflicto entre habitantes, a conflictos comunitarios! la consecuencia es que los ataques, desapariciones y amenazas continúan y con mayor intensidad.

En resumen, nos organizamos porque nos quieren exterminar y los malos gobiernos han sido cómplices de este exterminio. Por eso es que convocamos a los medios de comunicación, a las organizaciones de derechos humanos, colectivos y organizaciones a esta conferencia de prensa, nuestro posicionamiento es claro y contundente, el gobierno de Guerrero está aliado con los grupos narco-paramilitares, con Los Ardillos, con Los Rojos y con todos los demás grupos que viven del sufrimiento de las comunidades, vale decir que hoy en día enfrentamos a los Ardillos y Rojos por igual; las pruebas son contundentes, nos detienen a nosotros y no a ellos, los dejan asesinar y aterrorizas a las comunidades, les permiten extorsionar a los presidentes municipales y que éstos junto a las policías municipales trabajen para los delincuentes, simulan escucharnos pero en realidad ignoran nuestras demandas, instalan puntos de vigilancia que no hacen nada cuando ocurre un ataque, desaparecen a nuestros compañeros y los entregan al crimen organizado, ordenan carpetas de investigación en contra de nuestros hermanas y hermanos, pero no de los narco-pramilitares, entre muchas otras vilezas ¿siguen pensando que son conflictos comunitarios? ¿siguen creyendo que resuelven los problemas con fotos y comunicados en los que ajustan la realidad a su creencia?

 

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Avispa Midia

CNDH reconoce falta de protección a humedales de montaña en Chiapas

Por Jeny Pascacio

Ante el ecocido que sucede a la vista de las autoridades en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 18-2022 en la cual pide al gobierno federal y estatal atender, proteger y preservar los humedales de montaña La Kisst y María Eugenia, bajo las directrices y recomendaciones contempladas en el Convenio Ramsar.

La recomendación reconoce las violaciones a los derechos humanos al medio ambiente sano, agua y saneamiento y vivienda adecuada, por la invasión, desmonte y relleno de estas áreas en agravio de los habitantes de la ciudad.

Se centra en la importancia del tratado internacional Ramsar para el estudio de las afectaciones tras la inscripción de los humedales de montaña, en términos del Artículo 1º de la Constitución Política de México.

El primer humedal que fue inscrito fue La Kisst, el 2 de febrero de 2008, con una extensión de 35.67 hectáreas; en tanto que el 2 de febrero de 2012 se integró a María Eugenia, con una extensión de 85.5 hectáreas. En ambos casos su extensión es menor a las establecidas en las declaratorias.

Estas áreas de conservación enfrentan no sólo la ausencia de manejo adecuado si no también de ostensibles irregularidades en cuanto la zonificación impuesta por el desarrollo urbano sin perspectiva de sostenibilidad, gestión ineficiente de los recursos hídricos y proliferación de asentamientos irregulares.

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La CNDH dirige el documento de más de 100 hojas a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Comisión Nacional del Agua (Conagua), gobierno de Chiapas, Fiscalía General y al Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas.

Pero las faltas al régimen de áreas naturales protegidas, no sólo implica infracciones al convenio Ramsar, bajo la responsabilidad internacional del Estado mexicano, sino también en el ámbito de los derechos humanos.

En este caso, menciona la ineficacia de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas  (Conanp), el gobierno de Chiapas y el Ayuntamiento local para coordinar en el ámbito interno el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia ambiental.

Defensa

“Las mujeres, hombres, colectivos y organizaciones que defendemos el agua, la vida y el territorio en San Cristóbal y la Cuenca del Valle de Jovel, vemos esta recomendación con esperanza, un logro, un paso más de un largo camino recorrido, la asumimos como un instrumento de peso moral y político”, declararon redes de colectivos y habitantes de San Cristóbal.

El pasado fin de semana, las redes en defensa de estos espacios, realizaron una caminata, convivencia y un ritual ceremonial en el humedal María Eugenia donde destacaron que la lucha aún no termina, pues ahora la tarea es vigilar el cumplimiento de esta recomendación. “Esperamos la voluntad política, la ética, la honestidad, la legalidad y compromiso de las autoridades señaladas”, señalaron.

En la emotiva reunión, mujeres ambientalistas recordaron la función de los humedales, los beneficios para especies humanas como para no humanas, así como la importancia cultural y ancestral.

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“Tenemos muchas plantas medicinales como chilchagua o cola de caballo. Asimismo, son refugio de muchas especies endémicas y migratorias, además evitan las inundaciones; pero están amenazados no solo por el crecimiento urbano sino por la legislación ambiental”, enfatizaron las mujeres.

Es preciso, agregaron, difundir más información sobre las áreas naturales y traducirla a lenguas maternas para que los pueblos originarios conozcan la importancia de estos espacios de conservación.

Responsabilidad

Infografía elaborada por la Red TDT

Las recomendaciones de la CNDH no se limitan a un texto constitucional legislativo, sino que deben irradiar a todas las disposiciones jurídicas de carácter reglamentario y traducirse en la efectiva aplicación práctica de los estándares de protección de los derechos humanos.

Señala la urgente necesidad de que las instituciones mencionadas, gestionen y tomen todas las medidas pertinentes para contar con planes, programas y estrategias en la verificación de obras y actividades ubicadas en los humedales a fin de vigilar el cumplimiento de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental.

Para salvaguardar estos ecosistemas también es necesaria la protección de los recursos hídricos superficiales y del subsuelo con enfoque de cuenca; la verificación de la legalidad de la explotación, uso y aprovechamiento de las aguas nacionales, así como las descargas de aguas residuales en esos cuerpos de agua.

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“Se formularán ante el órgano interno de control de la Semarnat, de la Conagua, de la Fiscalía General del Estado quejas contra las personas servidoras públicas de estas instituciones, responsables de las irregularidades administrativas o presuntos delitos que derivaron en las violaciones de derechos humanos”, cita el documento.

Además de que la CNDH solicita planeación y ordenamiento territorial ecológico congruente, también pide la Fiscalía de Chiapas, un informe sobre el estado que guardan las carpetas e investigaciones relacionadas a la investigación de presuntas conductas delictivas en materia ambiental, estableciendo las medidas procedimentales, jurisdiccionales, así como las medidas reparatorias respectivas.

El año pasado, tanto la Comisión Estatal y Nacional de los Derechos Humanos, pasaron por alto el rechazo de las recomendaciones 07/2021 dirigidas a Rosario Bonifaz Alfonzo, titular de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, y a la administración de Jerónima Toledo como alcaldesa de San Cristóbal.

Un año después se emite esta resolución que da esperanza a los habitantes, que son, desde hace diez años, los más preocupados por la protección de estas áreas que dotan de agua al 70% de la población.

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Comuna Waltershausen y la Red de Rebelión de Turingia

Solidaridad desde Alemania con las comunidades Zapatistas

(02.2022)

 

¡No están solas! por parte de la Comuna Waltershausen y la Red de Rebelión de Turingia, en el cetro de Alemania, nos solidarizamos con las comunidades Zapatistas y pueblos indígenas en lucha.

¡No al paramilitarismo de la ORCAO, los 40 invasores en Nuevo San Gregorio y los grupos paramilitares que atacan lxs pobladores de Aldama, Chiapas!

#NuestraLuchaEsPorLaVida #NoAlTrenMaya

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fidencioaldama.org

Situación jurídica de Fidencio Aldama – Libertad para Fidencio Aldama

Fidencio Aldama Pérez es un indígena Yaqui, originario de la comunidad de Loma de Guamuchil y defensor del territorio, desde el año 2009 vivía en la comunidad de Loma de Bácum, de donde es originaria su esposa. Ha estado privado de su libertad en el Centro de Reinserción Social de Ciudad Obregón, Sonora desde el 27 de octubre de 2016, acusado y sentenciado a 15 años y seis meses de prisión, por la supuesta comisión del delito de Homicidio Simple Doloso, cometido en agravio de la persona que en vida llevó el nombre de Cruz Buitimea Piñas.

El primero de noviembre de 2012 la empresa energética transnacional con sede en Estados Unidos, Sempra Energy, firmó un contrato con la Comisión Federal de Electricidad de México para construir el Gasoducto Sonora de 835 kilómetros de longitud, destinado a importar gas natural de Estados Unidos a México. En consecuencia, el 29 de agosto de 2013, el Gasoducto Sonora, proyecto de Infraestructura Energética Nova, S.A. de C.V. (IEnova), obtuvo de parte de la Comisión Reguladora de Energía, el permiso para construir los tramos Guaymas-El Oro, el cual atraviesa los ocho pueblos yaquis.

En ese contexto, el 28 de mayo de 2015, durante una asamblea realizada en la comunidad de Loma de Bácum, el pueblo decidió no conceder permiso a ninguna persona, compañía o entidad para entrar a sus tierras y territorio con el propósito de llevar a cabo actividad alguna con relación al proyecto del Gasoducto Guaymas-El Oro.

Al iniciar el camino de la resistencia contra el Gasoducto Sonora, inicio también la lucha jurídica por lo que, el 26 de abril de 2016 el Juzgado Séptimo de Distrito con sede en Ciudad Obregón, ordenó la suspensión del Gasoducto Guaymas-El Oro por no tener el consentimiento de toda la tribu. Sin embargo, la empresa Ienova no acató esa resolución judicial y continuó con los trabajos de construcción.

Mientras los miembros de la comunidad se reunían en asamblea el 21 de octubre de 2016, un grupo armado entró en Loma de Bácum con la intención de derrocar a las autoridades tradicionales de la comunidad e imponer otras autoridades a favor del Gasoducto. Este ataque dejó un muerto, varios heridos y doce vehículos quemados. El día de los hechos Fidencio se encontraba presente en el lugar, toda vez que formaba parte de la guardia tradicional. De esos hechos fue señalado como responsable, por lo que el 27 de octubre de 2016 fue detenido y puesto a disposición de las autoridades ministeriales y judiciales del Estado de Sonora, iniciando así un proceso penal plagado de contradicciones e irregularidades que fueron ignoradas por el Tribunal de Enjuiciamiento que conoció de su proceso, mismo que en fecha seis de abril de 2018 dictó la sentencia condenatoria en contra de Fidencio, resolviendo que era responsable de la comisión del delito de Homicidio Simple Doloso en agravio de Cruz Buitimea Piñas, imponiéndole una pena de 15 años y 6 meses de prisión, más una multa de $23,080.64, pesos y una reparación del daño moral de $47,019.5 pesos y finalmente una reparación del daño material aún sin cuantificar.

Al ser violatoria de derechos fundamentales y causar serios agravios a Fidencio Aldama, se presentó la apelación correspondiente en contra de la sentencia de primera instancia, misma que le tocó conocer a la Segunda Sala Mixta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, quien le dio entrada y la registró con el número de toca de apelación 22/2018. Seguidos los trámites ante dicha autoridad, en fecha 19 de noviembre de 2019 se emitió la sentencia de segunda instancia, resolviendo la Segunda Sala confirmar la sentencia condenatoria al considerar que se encontraban acreditados tanto el delito, como la responsabilidad penal de Fidencio, ignorando con ello, las contradicciones, irregularidades e inconsistencias que se hicieron evidentes durante todo el proceso penal seguido ante el Tribunal de Enjuiciamiento.

Continuando con el camino jurídico, el 20 de octubre de 2020, se presentó el Amparo Directo en contra de la sentencia emitida por la Segunda Sala Mixta, mismo que fue radicado en el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito del Estado de Sonora, asignándole el número 167/2020. Dicho amparo fue returnado a la ponencia de la Licenciada Luz Elba de la Torre Orozco en fecha 12 de agosto de 2021, quien a partir de esa fecha, tiene la encomienda de realizar el proyecto de sentencia que le puede devolver la libertad a Fidencio Aldama, misma será emitida en los próximos días.

Como se puede apreciar, el caso de Fidencio Aldama es una más de las injusticias que se cometen en contra de los defensores de la vida y del territorio, quienes se enfrentan a megaproyectos avalados por el Estado mexicano, donde siempre salen a relucir las empresas transnacionales, quienes al ver afectados sus intereses, utilizan el mismo modus operandi para continuar con sus proyectos de despojo: la represión y el encarcelamiento de los opositores.

Finalmente se destaca que, lo acontecido a Fidencio Aldama es un ataque directo y una afrenta a la tribu de Loma de Bácum, la cual tiene sus propias formas de organización, de toma de decisiones, de justicia, de auto defensa, por ello, el actuar del Estado al permitir la construcción de un Gasoducto sin consultar a las tribus yaquis, asi como la actuación de las instancias de procuración e impartición de justicia del Estado, han atentado contra ésta forma de organización, pero sobretodo, es un ataque a la autonomía y autodeterminación de toda una tribu.

¡LIBERTAD PARA FIDENCIO ALDAMA!

Febrero de 2022, Los Otros Abogadoz

radio
Radio Zapote

¡Presentación con vida de Pablo Hilario Morales y Samuel Hernández Sánchez!

¡Basta de ataques contra las comunidades Tula, Xicotlán, Zacapexco y el CIPOG-EZ!

El 25 de enero de 2022, los ciudadanos Pablo Hilario Morales y Samuel Hernández Sánchez, originarios de la comunidad de Tula y Zapapexco, respectivamente; fueron detenidos por la policía municipal de Chilapa de Álvarez, en el estado de Guerrero. Ambos integrantes del Consejo Indígena Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), y del Congreso Nacional Indígena (CNI), de quienes se desconoce su paradero hasta el momento. Cinco días más tarde, comenzaron los ataques armados del grupo delincuencial conocido como “Los Ardillos”, contra las comunidades de Tula, Xicotlán y Zacapexco.

Sobre el paradero de Pablo Hilario y Samuel Hernández, las autoridades locales, estatales y federales, fingen demencia, negando información incluso a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. “Los Ardillos”, son un grupo de la delincuencia organizada que funge como órgano de contrainsurgencia del Estado para frenar cualquier forma de organización popular independiente, pues en Guerrero, desde hace tres décadas, se viene gestando un fenómeno de milicias populares para defender la vida, conocidas como “Policías Comunitarias”, que han extendido su influencia en buena parte del estado, como respuesta a la delincuencia organizada, que no para de realizar secuestros, extorsiones, cobro de piso y asesinatos con métodos de guerra civil a lo largo y ancho del estado de Guerrero, tierra que vio nacer y morir a grandes luchadores como los profesores Lucio Cabañas Barrientos y Genaro Vázquez Rojas.

A los ataques de los grupos narco-paramilitares, se suma la colaboración de las fuerzas policiacas oficiales, que trabajan como “madrinas” de estos asesinos, así como del Ejército Federal y la Guardia Nacional, que también fingen demencia en algunos casos, mientras que, en otros, actúan como los defensores del crimen organizado. A decir del CIPOG-EZ:

“No entienden que a la delincuencia, a los grupos narco-paramilitares, se les debe buscar dentro de su misma estructura, dentro de la policía municipal, dentro de la fiscalía, en los presidentes municipales, que con una mano cobran el salario producto de los impuestos del pueblo y con la otra cobran la paga del crimen organizado por su complicidad, por su silencio.”

El estado de Guerrero es gobernado por Evelyn Salgado Pineda, hija del nefasto Félix Salgado Macedonio, acusado de abuso sexual y de colaborar con el cartel de los Beltran Leyva, según investigaciones bien documentadas de la periodista Anabel Hernández. En lo que va de su gobierno, Evelyn Salgado Pineda no ha hecho otra cosa que encubrir a la delincuencia organizada y hacer caso omiso de denuncias como la que están realizando los compañeros del CIPOG-EZ.

Como organizaciones sociales, colectivos e individu@s, nuestro llamado es claro y contundente:

¡Presentación con vida de Pablo Hilario Morales y Samuel Hernández Sánchez!

¡Basta de ataques contra las comunidades Tula, Xicotlán, Zacapexco y el CIPOG-EZ!

¡Abajo el gobierno corrupto de los Salgado Macedonio en Guerrero! 

¡Por la conformación de un gobierno obrero, indígena y popular!

Solidariamente

La Marx México; La Voz del Anáhuac; Sector de Trabajadores Adherentes a la Sexta; Coordinadora de Colonias de Ecatepec; Frente de Trabajador@s por el Derecho a la Salud y Seguridad Social; La Marx Colombia, La Marx Brasil, Nuevo PST – Argentina, Martha Lechuga (Profesora jubilada, Sección IX CNTE); LEF. Ariel Segura, Sección 56 SNTE-CNTE; José Antonio Santana (estudiante UAM Azcapotzalco); Plantón de la Resistencia en Huexca, Morelos; Plantón de ASURCO, Morelos; Okupa Casa ChiaPaz; Movimiento social en defensa del agua, el territorio, la cultura y la vida de Ixtapaluca; Plantón en resistencia del Fraccionamiento José de la Mora, Ixtapaluca; Agrupación de Lucha Socialista, Radio Zapote; Miguel Castillo Soriano, Profesor Jubilado. San Sebastián Atlatelco, Zumpango Estado de México; Andrea Navarro, El Refugio, Edo.Mex.; Marciano Sebastián Astudillo egresado de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; Movimiento Autónomo Multisectorial Universal de Trabajadores (MAMUT); Mexicali Resiste; Mauricio Villa (Mexicali Resiste); León Fierro (Mexicali Resiste); Red de Resistencia y Rebeldía Tlalpan; Red Binacional de Mujeres Que Luchan; La Resistencia Los Angeles; Jesús Galaz (Mexicali Resiste); Colectivo Zapatista Neza; Grace Serrano, Socorro Trejos, Adrián Jaén y David Morera, por Comité Ejecutivo del Partido Revolucionario de las y los Trabajadores (PRT) Costa Rica; Gisele Sifroni – profesora e investigadora de la Universidad Federal de Amazonas – Brasil; Alejandro Benedetti periodista y militante del Nuevo PST y La Marx de Argentina; Colectivo Aequus.- Promoción y Defensa de Derechos Humanos; Coordinación de Familiares de Estudiantes Víctimas de la Violencia; Dr. Gilberto López y Rivas, profesor investigador del INAH Morelos; Profr. Heriberto Magariño López, sección 22 del SNTE- CNTE; Edén Alcíbar, colectivo Rebelión; Carla Torres / Izquierda Revolucionaria; Silvia Reséndiz Flores; Cassandra Cárdenas Pimentel / Las Sureñas en Resistencia y Rebeldía; Mauro Espínola/ Alternativa Socialista; Emilio Téllez/ CSR; Honorable Casa Nacional del Estudiante José Yves Limantour; Red de Resistencia y Rebeldía en apoyo al CNI-CIG del Puerto de Veracruz; Red de Resistencia y Rebeldía Ajmaq; Grupo de Trabajo No Estamos Todxs; Sociologo Fernando Alan López Bonifacio profesor de la Facultad de Arquitectura UNAM e integrante del SITTAUNAM; Mtra. en Estudios Latinoamericanos Brenda Porras Rodríguez profesora de la Facultad de Arquitectura UNAM e integrante del SITTAUNAM; José Ángel Garrido, profesor de lenguas, Panamá; Unión Autónoma de Pueblos y Barrios Originarios del Distrito Federal; CNI-Totonacapan; Teresa Ruiz Olvera, Facultad de Ciencias; Patricia Jiménez Naranjo AJP de la Sección X CNTE; Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Atenco; Odilón González, profesor CCH Oriente; Facundo Jiménez Pérez, CCH-UNAM, SITTAUNAM; Oriente Rojo (Egresados, trabajadores académicos y administrativos de CCH oriente); La Otra Salud, organización adherente a la Sexta. Confederación General del Trabajo (Estado español); Colectivo Tierra y Libertad de Cuautla, Morelos; Dorados de Villa de Ayotoxco, Puebla; La Otra Cultura D.F.; Movimiento de Unificación de Lucha Triqui Independiente (MULT-I), Desplazados de Tierra Blanca, Copala; Red Bicis Tierra y Libertad; Rodadas Defensa Madre Tierra; Lorena Zayas Cruz, Sección 22 CNTE/SNTE; Dr. Olivo García (La Marx México); David Velasco, Sección 22 CNTE/SNTE; Ana Laura Hernández, Sección IX CNTE / La Marx México; Jesús Valdez, editor de @Revolución/La Marx México; Alejandro López López, Sección 22 CNTE/SNTE; Alejandra Guadalupe López Aquino, defensora de los derechos humanos de los indígenas mixe-zapoteca; Pedro Gabriel García González. Asamblea de Coordinación de las Secciones 10 y 11 de la CNTE. Ciudad de México; Coordinación de pueblos y barrios originarios y colonias de xochimilco (CPBOyCX); Red de Resistencia y Rebeldía Puerto Vallarta;

Febrero de 2022

radio
Avisoa Midia

Kurdistán bajo fuego: Poblaciones acusan complicidad de EEUU y aliados en ataques turcos

Por Sare Frabes

La noche del martes (1), aviones del ejército turco bombardearon, simultáneamente, un campo de personas refugiadas en Makhmur, así como asentamientos civiles en las montañas de Shengal, ubicados en el sur del Kurdistán (norte de Irak).

El ejército turco también atacó seis bases del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) en las montañas de Karjokh, que vigilan un campo de refugiados kurdos procedentes de Turquía, informaron servicios antiterroristas kurdos en un comunicado.

También se registraron ataques contra asentamientos civiles en en la región de Derik en Rojava, norte de Siria.

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El reciente bombardeo es el asalto más devastador lanzado por Turquía desde 2017. Zonas estratégicas de la montaña de Shengal, como Amûd y Çilmeran sufrieron fuertemente la agresión. En imágenes difundidas por el medio ANF News se puede observar la magnitud del bombardeo que arrasó con una vasta región del sur del Kurdistán.

Foto: ANF News

Más tarde, el miércoles (2), los bombardeos contra la ciudad de Al-Bab, en el norte de Siria, controlada por Turquía, causaron la muerte de ocho personas, entre ellas cinco civiles, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. En Mahkmur dejaron como saldo la muerte de dos miembros de las Fuerzas de Autodefensa, así como decenas de residentes heridos, algunos reportados como graves. En Derik perdieron la vida cuatro combatientes y resultaron heridos cinco funcionarios.

Complicidad

En un comunicado difundido este viernes (4), la Confederación Democrática del Kurdistán (KCK) acusó que las fuerzas de la coalición internacional contra el Estado Islámico (ISIS), lideradas por Estados Unidos, permitieron a Turquía el ataque contra la población y las fuerzas de autodefensa de Rojava, Şengal y Maxmur.

La KCK enfatiza que Turquá ataca deliberadamente a comunidades las cuales juegan un papel clave en la lucha contra el Estado Islamico (ISIS), “gente que vive allí, quienes han sufrido numerosas masacres en el pasado reciente, continúan luchando activamente contra ISIS”.

“El silencio de Estados Unidos, Rusia y todos los demás miembros de la coalición internacional contra ISIS y su negativa a adoptar una postura clara los convierte en cómplices de estos asesinatos”, denuncia la KCK.

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Por su parte, las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF) emitieron un comunicado el martes (2) mediante el cual también señalan que los ataques turcos no se llevaron a cabo sin el conocimiento de las fuerzas de la coalición internacional. Días antes ocurrieron ataques turcos contra Shengal donde murieron dos miembros de las Unidades de Resistencia Sinjar (YBŞ), quienes también participan en la KCK.

Destrucción

De acuerdo al Comando de las Fuerzas de Autodefensa del Campo de Refugiados de Makhmur, los ataques aéreos turcos tuvieron como objetivo una base militar de las Fuerzas de Autodefensa, desde donde por años se mantiene la lucha contra las hostilidades del Estado turco y sus aliados.

Por ello, el Comando llamó “la comunidad internacional, a las Naciones Unidas y a las instituciones de derechos humanos a alzar la voz contra los ataques al campo de refugiados y a detener los crímenes contra la humanidad cometidos por el Estado turco”.

Las víctimas fueron enterradas el miércoles (2) durante un evento que reunió a miles de personas quienes se manifestaron contra los bombardeos. “Makhmur es la memoria viva de la resistencia. Para destruir esta actitud, el Estado turco está llevando a cabo todo tipo de ataques. Quiere destruir algo que se ha construido durante 27 años de trabajo”, declaró Filiz Budak, copresidente del Consejo Popular, durante un discurso de condena a los ataques.

Estado Islámico

Estos ataques ocurren después de las hostilidades por parte de mercenarios del ISIS realizados contra la cárcel de Sinaa, en Hesekê, el pasado 20 de enero. Funcionarios de la Administración Autónoma del Norte y del Este de Siria declararon que mercenarios del ISIS colaboraron con el Estado turco para planear dicho ataque.

Personas participan en un funeral en la ciudad de mayoría kurda de Qamishli, en la provincia nororiental siria de Hasakeh. Foto: AFP

El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos detalló que las agresiones alcanzaron una central eléctrica gestionada por los kurdos cerca de la ciudad de Al-Malikiyah en Hesekê, donde “un intento de fuga por parte de los yihadistas de ISIS el mes pasado desató días de enfrentamientos que han dejado cientos de muertos”.

“Nuestra voluntad es más fuerte que los aviones de combate, los tanques y la artillería”, declaró la Administración Autónoma de Shengal en respuesta a los ataques del Estado turco. “Como instituciones y asambleas yazidíes, resistiremos y seguiremos los pasos de los mártires. Nunca daremos un paso atrás. Los fines y objetivos del estado turco y el ISIS son los mismos”.

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Según el Comité de Solidaridad con Kurdistán-Ciudad de México, medios y la comunidad internacional manipularon la información respecto a la derrota de los mercenarios en Hesekê y trataron de culpabilizar a las fuerzas kurdas, cuando en la región existen poblaciones luchando contra los ataques y defendiendo sus tierras.

“Estos intentos del régimen fascista turco buscan seguir perpetuando su política genocida contra la poblacion kurda y todas los pueblos que conviven en democracia radical bajo un proyecto pacífico llevado a cabo por personas convencidas de que la liberación se construye desde abajo”, denuncia el Comité.