23 agosto, 2024 0

Hoy se cumplen seis años de la desaparición de Sergio Rivera Hernández, llevada a cabo por operadores vinculados a José Antonio Rivero Larrea, dueño de la minera Autlán, quienes intentaban imponer el proyecto hidroeléctrico Coyolapa-Azalan en la Sierra Negra de Puebla.

Sergio Rivera Hernández es, sin lugar a dudas, una víctima de la guerra contra los pueblos y de los intereses económicos que prevalecen en este país. Como defensor del agua y del territorio, su presencia ha sido constante a lo largo de la resistencia y la lucha digna en México.

Exigimos la localización, ubicación y presentación con vida de nuestro hermano. Demandamos su retorno seguro a casa.

Sergio Rivera Hernández:
PRESENTE.
Porque vivo se lo llevaron, y vivo lo queremos.

Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Santiago

^{En portada: Habitantes de la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo registran actividades ilegales en dos bancos de materiales dentro de tierras de uso común. En la imagen, elementos de la Guardia Nacional atestiguan la reanudación de operaciones del sitio “El Barrancón”, sin intervenir.  Esto ocurrió el 8 de agosto del 2024, una semana antes de la inspección frustrada de Propaeo.}

En el marco de las obras ejecutadas en el estado de Oaxaca para rehabilitar la Línea K, uno de los tres tramos que integran el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), habitantes de la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo, por donde atraviesan las vías férreas, han señalado la operación irregular, en dos sitios dentro de sus tierras comunales, cuyo objetivo es extraer materiales pétreos para la construcción del megaproyecto.

Aunque miembros de la comunidad zapoteca presentaron denuncias, desde octubre del 2023, ante autoridades ambientales de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Oaxaca (Propaeo), no fue hasta marzo del 2024 cuando, por medio de la demanda de amparo 54/2024 interpuesta por habitantes de la comunidad zapoteca, un juez de distrito resolvió suspender la operación del banco denominado “El Barrancón” debido a que no se acreditó vigencia en su permiso de impacto ambiental.

Te puede interesar – Zapotecas reclaman por afectaciones y militarización en Línea K del Corredor Interoceánico

Acorde a las visitas de vigilancia realizadas por habitantes de Unión Hidalgo tras la resolución, para el mes de abril las obras en el banco de materiales cesaron. Sin embargo, en registros recientes, durante los primeros días de agosto, pobladores atestiguaron la reanudación de las labores de extracción en dicho sitio.

Según testimonios de la comunidad zapoteca, ante las recientes denuncias públicas de la población, debido a la reanudación del saqueo y explotación de materiales pétreos, fue que la Propaeo envió a dos inspectores para verificar el sitio.

Así, el pasado jueves (15), funcionarios adscritos a la Propaeo visitaron la comunidad de Unión Hidalgo para realizar una inspección cuyo objetivo, establecido en el expediente PROPAEO/CPA/DQDA/0109/2023, tendría que verificar si Gustavo Manzo Denes, quien se ostenta como propietario del lugar, cuenta con la autorización vigente en materia de impacto ambiental para llevar a cabo la extracción de materiales.

Los inspectores, quienes cuentan con facultades para clausurar el sitio en caso de encontrar daños al ambiente, arribaron al lugar denominado “El Barrancón” acompañados de habitantes de la comunidad zapoteca, quienes atestiguaron en ese momento la presencia de maquinaria pesada para la extracción de materiales.

Testigos de los hechos aseguran que en el lugar se apersonó el dueño del predio, junto a personas armadas, quienes amedrentaron a los presentes impidiendo con ello la labor de las autoridades ambientales. Ante el incremento en las agresiones, e incluso amenazas de muerte proferidas, los funcionarios interrumpieron la inspección y huyeron del lugar.

Debido a la violencia de integrantes del crimen organizado, quienes retuvieron a una persona de la comunidad en el lugar de los hechos, amenazando con quemarla, fue que se presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. La institución integró la carpeta de investigación 25329/FIST/JUCHITAN/2024 contra Gustavo Manzo Denes – quien de acuerdo al expediente 0174/2018 de la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Energías y Sostenibilidad del Estado de Oaxaca se reconoce como propietario del banco -, y otros que resulten responsables por las agresiones.

Según cálculos de los habitantes de Unión Hidalgo, hubo la extracción diaria de 200 metros cúbicos de materiales procedentes de “El Barrancón”. Aunado a ello, destacan la irregularidad en la supuesta propiedad del banco de materiales, pues argumentan que existe una resolución presidencial de 1964 para reconocer y titular 68,11254 hectáreas como bienes comunales de Juchitán y sus anexos -al cual pertenece la comunidad de Unión Hidalgo-, un territorio donde no puede existir propiedad privada. 

Sin embargo, señalan que, pese a haber informado de esta situación a elementos de la Secretaría de Marina (Semar), quien coordina las obras del CIIT, los militares firmaron un contrato para la extracción de los materiales mediante un particular. “El problema es que el particular compró protección del crimen organizado”, sostienen testigos de los hechos.

Acorde a los testimonios, pese a las llamadas de auxilio que los presentes emitieron, ningún cuerpo de seguridad se hizo presente. Al contrario, testigos sostienen que elementos de la Guardia Nacional, quienes se ubican a menos de una hora de distancia, mantienen comunicación cercana con los miembros del crimen organizado involucrados en la extracción de materiales en los dos sitios donde operan.

Funcionarios de la Propaeo, contactados por este reportaje, se rehusaron a compartir información sobre los hechos registrados durante la visita de inspección realizada el pasado 15 de agosto.

Reclamos

Para exigir el cumplimiento de la suspensión en la extracción de materiales pétreos, durante agosto, habitantes de Unión Hidalgo presentaron ante el Poder Judicial Federal un Incidente de incumplimiento a la suspensión -un recurso legal en el que incluyeron evidencias de la operación ilegal de actividades extractivas en dos bancos de materiales ubicados en tierras comunales zapotecas.

En el documento, consultado por este reportaje, señalan como responsable a la empresa Grupo Ferrocarrilero del Sureste S.A. de C.V. (GFS) quien, en colaboración con Semar y el CIIT, realiza las labores para rehabilitar las vías férreas. En total, éstas atravesarán 472 kilómetros desde el Istmo de Tehuantepec rumbo a Ciudad Hidalgo, en Chiapas, donde de acuerdo al Quinto Informe del Gobierno de Rutlio Escandón, se ubicará el primer Polo de Desarrollo para el Bienestar (Podebi) en Chiapas -el onceavo del CIIT-, con una superficie de 523 hectáreas.

La empresa GFS también es señalada por el ecocidio producto de la tala de más de 11 mil árboles nativos, entre ellos, especies protegidas por la NOM 59 de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Además de las extracciones en “El Barrancón”, se registra también el caso del banco de materiales ubicado en la Loma del Estero Guié, también dentro de tierras comunales en los límites de los municipios de Juchitán y de Unión Hidalgo, Oaxaca. 

Acorde al recurso de incidente, presentado ante el Poder Judicial, en el Registro Agrario Nacional no existe ningúna inscripción de acta de asamblea que destinara a la Loma del Estero Guié para asentamiento humano o para parcelar, por lo que ésta se considera como tierra de uso común.

En dicho sitio, el pasado 15 de junio habitantes detectaron la extracción de material pétreo con la operación de cuatro máquinas pesadas y haciendo uso diario de convoys integrados por hasta 50 transportes de carga.

En el lugar, también se registró el uso de explosivos, según argumentan las pruebas incluidas en el recurso legal. “Al extraer, diariamente y durante un periodo prolongado, grandes rocas en convoys de volteos de gran capacidad, empleando dinamita indiscriminadamente, se está despojando a la comunidad de la propiedad, posesión y disfrute de la Loma del Estero Guié. Y se está causando un daño de imposible reparación”, refiere el documento presentado ante el Poder Judicial Federal. 

Según pobladores, otra demanda de amparo, con expediente 126/2024-IV-B promovida en marzo de este año 2024 por las comunidadades agrarias de Unión Hidalgo y Chicapa de Castro, ya había frenado la operación del banco ubicado en la Loma del Estero Guié. Esto debido a que las comunidades obtuvieron una resolución en abril para que las autoridades responsables se abstuvieran de ejecutar actos que tengan por objeto privarla total o parcialmente de las comunidades agrarias zapotecas.

Sin embargo, después de mes y medio sin registrar extracciones, el banco de materiales en el Estero Guié volvió a operar de manera irregular. Habitantes de Unión Hidalgo refieren que, tal como sucede con “El Barrancón”, la Semar reconoce a un particular como propietario del sitio, a pesar de ser tierras comunales, con lo que facilitó un contrato para la extracción de material pétreo.

Habitantes de Unión Hidalgo denuncian que, el gobierno, en su afán por avanzar en las obras del CIIT, está comprando materiales robados procedentes de dos sitios dentro de sus tierras comunales. “Se están robando el material de esos bancos y el gobierno federal los está comprando para utilizarlos en la Línea K”, comparten testigos para Avispa Mídia.

Acorde a los testimonios, los materiales extraídos del banco “El Barrancón” están siendo utilizados para los trabajos de rehabilitación de la Línea K, específicamente, para las labores comprendidas entre los kilómetros 47 al 52, donde se emplean para crear el espacio que une los terraplenes con los puentes por donde recorrerá el tren con destino hacia la frontera con Guatemala.

^{*La identidad de todos los entrevistados se resguarda por cuestiones de seguridad.}

Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal

Acteal, Chenalhó, Chiapas, México.

22 de agosto de 2024

Al Congreso Nacional Indígena

Al Consejo Indígena de Gobierno

A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

A las y los Defensores de los Derechos Humanos

A la Vicaría de Justicia y Paz de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

A los Medios Libres y Alternativos

A los Medios de Comunicación Nacional e Internacional 

A la Sociedad Civil, Nacional e Internacional

Hermanas y Hermanos:

En este mes de agosto nuestra organización cumple 15 años de exigir que se revierta la impartición de impunidad que la Suprema Corte de Ricos y Criminales de nuestro país decidió otorgar a los autores materiales del crimen de estado cometido aquí, con tremenda crueldad y brutalidad, que nos arrebató la vida de nuestras 45 hermanas y hermanos Mártires de Acteal, así como de cuatro bebitos masacrados desde el vientre de sus mamás, dejando libres, premiados, de regreso a nuestras comunidades y sin siquiera confiscarles las armas que usaron, a cada uno de los paramilitares que ejecutaron esta masacre. Y nos volvemos a reunir como cada día 22 de mes para pedirle a nuestro Creador que siga fortaleciéndonos para obtener la justicia verdadera para todas y todos ellos, gritando a todo el que nos quiera escuchar, la verdad que todos los gobiernos han ocultado para perdonar su culpa a los autores intelectuales de la masacre, comenzando por el expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León. Con esta suprema injusticia, a falta de verdaderas consecuencias para los responsables de los crímenes en Acteal, lo único que se ha logrado es sembrar los peores precedentes para que brote y crezca sin control la violencia en nuestras comunidades, ahora en medio de la actuación de grupos armados relacionados con el crimen organizado.

Hoy esa violencia se vive con mayor intensidad por la necedad del gobierno federal y estatal de no desmantelar los grupos armados que se están peleando el control de nuestra región. Al gobierno lo único que le preocupa es que se realice a como dé lugar este 25 de agosto el proceso electoral que se suspendió en Pantelhó, precisamente por no haber condiciones para poder llevar a cabo las elecciones en la zona. Desgraciadamente, desde julio para acá, se han intensificado las balaceras, las bombas, la quema de casas, hemos escuchado de varios heridos, muertos y desplazados más y la situación es más grave que nunca, pero los gobiernos y sus partidos insisten en hacer sus elecciones que, además, sólo hacen el conflicto más grande.

Quienes luchamos por la paz y garantías básicas que en esta región son inexistentes, es decir, los defensores de la vida y los derechos humanos, corremos especialmente en Chiapas el riesgo de perder la vida y la integridad por el simple hecho de estar del lado de la verdad, por no dejarse comprar y por no querer colaborar con el mal. Como nuestro querido Padre Marcelo, que ha sido criminalizado y perseguido por tratar de parar las muertes y mediar en el conflicto de Pantelhó en años pasados; o nuestro compañero y hermano Simón Pedro que murió asesinado por participar en los esfuerzos no-violentos del Pueblo Creyente para hacer que volviera la paz a nuestras comunidades en Simojovel, Pantelhó y Chenalhó. 

Por eso nos alegra que por lo menos desde una instancia internacional como la ONU, tres relatores especiales le pidieran en días pasados al Presidente de la República proporcionar información sobre “la investigación sobre los autores intelectuales del asesinato del defensor de los derechos humanos Sr. Simón Pedro Pérez López”. Y en otro punto le piden “proporcionar información en relación con la investigación sobre los autores intelectuales del Masacre de Acteal”. También que se le pida “proporcionar información sobre el motivo por la demanda de aprehensión presentada en contra del Padre Pérez Pérez y el estado actual de esta”. Por último, saludamos y vemos como un buenísimo precedente la petición que hacen los relatores al Presidente para que “proporcione información sobre las medidas adoptadas para garantizar la seguridad de las comunidades de Chicomuselo, incluyendo la seguridad e integrad física de las personas defensoras del territorio en el Municipio ante la presencia del crimen organizado”. Todo esto, en medio de subrayarle su “profunda preocupación por la situación de las personas defensoras de los derechos humanos mencionadas: el Padre Marcelo Pérez Pérez, la Sra. Pascuala López Lopéz, las personas defensoras del municipio de Chicomuselo, y los miembros de la organización sociedad civil las Abejas de Acteal y el Frayba.” En “un contexto de represión marcado por la criminalización de personas defensoras, graves agresiones perpetradas en su contra con impunidad, y violaciones persistentes de los derechos humanos de las comunidades del Estado de Chiapas”.

Nos unimos a nuestras hermanas y hermanos Consejos Parroquiales de Chenalhó y Pantelhó cuando dicen claramente:

Desde nuestra Fe en Jesucristo, el dolor del pueblo que sufre, y la indignación, por la ingobernabilidad que vivimos en el estado, la minimización que ha hecho el Presidente Andrés Manuel López Obrador frente a la violencia que se ha viralizado en dichos municipios, y sin entender en manos de quién está la lucha contra el crimen organizado, ya que vemos que los criminales, cada día se hacen más fuertes en presencia de los militares y la Guardia Nacional, o ¿están protegidos por ellos?, y porque, en los encargados de nuestra seguridad, estatal y municipal existe la sospecha de su complicidad con dichos criminales, que en los conflictos actuales han dejado familias sin tierra, sin casa y sin paz, porque han tenido que abandonar sus comunidades, unas para no aliarse, otros para no venderse, otras para no sumar más asesinos y asesinatos, y todas para proteger su vida, decimos al gobierno Federal, Estatal y Municipal, que están a tiempo de no mancharse con más desplazados buscando refugio en otro país”.

Por todo esto, le pedimos a toda persona solidaria con la lucha de Las Abejas que nos ayude a continuar exigiendo:

1. Al gobierno federal y estatal que primero atienda el problema de raíz que tenemos en la región y no insistan en realizar las elecciones en medio de la violencia.
2. A las fuerzas estatales y federales de seguridad que no permitan más derramamiento de sangre en nuestros municipios.
3. Exigimos al Presidente de la República que dé contestación puntual a los mandatos de los tres relatores especiales de la ONU del pasado 31 de mayo, y dar efectivamente con los autores intelectuales del asesinato de nuestros 45 mártires y de nuestro hermano Simón Pedro Pérez López.

¡ALTO A LA IMPUNIDAD PARA LOS VERDUGOS DE QUIENES LUCHARON POR LA VIDA Y LA PAZ!

¡VIVAN LOS MÁRTIRES DE ACTEAL!

¡VIVA SIMÓN PEDRO!

¡JUSTICIA Y PAZ PARA CHIAPAS Y TODO MÉXICO!

 ¡ALTO AL HOSTIGAMIENTO A NUESTRAS DEFENSORAS Y DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS!

¡NO AL GENOCIDIO EN PALESTINA!

¡VIVA LA LUCHA NO VIOLENTA!

Desde Acteal, Casa de la Memoria y Esperanza.

Atentamente,

La Voz de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

______________________________	______________________________
Victorio Pérez Paciencia	Juan Pérez Santis
Presidente	Tesorero
______________________________
Alfredo Jiménez Pérez
Sub Presidente

---

[1]  Mandatos de la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos; del Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias y del Relator Especial sobre los derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, Ref.: AL MEX 8/2024, 31 de mayo de 2024. Se puede consultar en: https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=29116 https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=29116

[2]Comunicado de las Parroquias de Santa Catarina -Pantelhó- y San Pedro Apóstol -Chenalhó-, 10 de agosto de 2024. https://frayba.org.mx/comunicado-de-las-parroquias-de-santa-catarina-pantelho-y-san-pedro-apostol-chenalho

 21 DE AGOSTO, 2024

Al CNI- CIG y su vocera María de Jesús Patricio Martínez

A CG de EZLN

A los Nacional por el Agua y la Vida

A los pueblos, organizaciones y colectivos que integran la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida

A la Sexta Nacional e Internacional

A la Europa insumisa

A los pueblos, tribus y barrios que nunca fueron conquistados

21 de Agosto de 2024

El pasado 17 y 18 de agosto de 2024 demostramos con dignidad que la fuerza de los pueblos del campo y la ciudad, ante la embestida criminal logra arrancarle al estado, libertades, agua y territorio.

Acordamos en esta quinta asamblea la solidaridad y la acción directa como una de nuestras fuerzas más importantes que doblega al estado Mexicano.

Hoy celebramos que los pueblos cholultecas en Puebla, obligaron al gobierno a respetar su decisión colectiva de cerrar el basurero, que en los hechos, lograron hacer desde el 21 de marzo del presente año, que reafirmaron en un decreto el 14 de mayo y que hoy, por mandato de los pueblos, PROFEPA colocó los sellos de clausura definitiva en este lugar en donde la empresa ProFaj Hidrolimpieza y el gobierno local y estatal lucraban con la contaminación y muerte. La lucha de los pueblos cholultecas no concluye, continuarán exigiendo el cierre de carpetas de investigación en contra de pobladores e inicio del plan de abandono, remediación y saneamiento.

Tampoco bajamos la guardia ya que este logro se dio en medio de una serie de actos de intimidación, criminalización y asesinato hacia pueblos y organizaciones que participan en la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida.

CONTEXTO

COMUNIDAD OTOMÍ Y LA CASA DE LOS PUEBLOS SAMIR FLORES SOBERANES

La importancia para los pueblos que en la capital económica, política, en un edificio federal recuperado por una comunidad originaria de México, donde se gestan megaproyectos de muerte, el desprecio, y el despojo en contra de todas las comunidades indígenas, ese edificio donde despachaba el traidor que con ordenamientos intenta borrarnos los pueblos, ese espacio resguardada y dignificada por la comunidad otomí residente de la ciudad de México, abre la puerta en solidaridad a todos los pueblos que nos sostenemos en comunidad y permite que continuemos la defensa del agua, la vida y el territorio contruyendo otros mundos posibles.

Aproximadamente a las 13:00 hrs del día 20 de agosto de 2024, dos días después de la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, presuntos policías sin identificación arribaron a la Casa de los pueblos y Comunidades Indígenas «Samir Flores Soberanes» alegando que el vehículo de uno de los integrantes de la comunidad podría tener reporte de robo estos sujetos no se identificaron, los policías intimidaban grabando a nuestros compañeros, sus motocicletas portaban placas dañadas, por lo cual no se pudo documentar ni identificar su procedencia.

Este plan de hostigamiento, amenazas y represión en contra de la Comunidad, en específico en contra de nuestro compañero Filiberto Margarito, concejal del Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno nos alerta respecto a la respuesta del estado que atenta no sólo con la comunidad otomí, también atenta contra las comunidades que integramos el Congreso Nacional Indígena quienes vemos ese edificio como la Casa de los Pueblos y ante la amenaza que se gesta responderemos.

ATLAPULCO XOCHIMILCO

La Asamblea General Permanente del Pueblo de San Gregorio Atlapulco, detuvieron el saqueo de agua en tubería, replegó y resistió ante la embestida con millares de granaderos y recuperaron la biblioteca comunitaria como acuerdo de asamblea, así mismo recibieron la Tercera Asamblea Nacional por el Agua y la Vida.

En la noche del viernes 02 de agosto de 2024, en el domicilio de Hortensia Telésforo representante comunitaria, defensora de agua, se encontró tirado, mojado y con un pedazo de cinta adhesiva un documento de notificación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en el que se le citaba para presentarse ese mismo día por la tarde para darle a conocer que debía presentarse con un abogado para conocer información de una carpeta investigación que que se le pretende imputar.

Nuestra compañera Hortensia Telésforo ha sido agredida físicamente por el estado mexicano, logrando la comprobación de esta violencia política en razón de género como autoridad tradicional, por parte del agresor Ernesto Negrete, cercano y amigo del exalcalde de Xochimilco, José Carlos Acosta. Y ahora, recibe más violencia del Estado mediante la criminalización por su movilización en pro de la defensa del territorio y autonomía atlapulquense.

REGIÓN CHOLULTECA, PUEBLA

La Unión de Pueblos y Fraccionamientos contra el Relleno Sanitario, región donde fue sede de la primera Asamblea Nacional por el Agua y la Vida.

El día lunes, 19 de agostode 2024 aproximadamente a las 20:30 hrs, se presentaron 6 patrullas del municipio de Calpan en los límites del plantón contra el basurero de muerte de San Pedro Cholula.

La excusa de su presencia fue que había un vehículo descompuesto, lo cual solo muestra su cinismo. La reacción inmediata de las comunidades ante este acto obligó a las patrullas a retirarse del lugar.

SAN JUAN CANCUC CHIAPAS

La comunidad de San Juan Cancuc Chiapas se opone a las consecuencias de la militarización y megaproyectos de muerte, en respuesta a ello, fueron encarcelados los compañeros Manuel Santiz Cruz, Martín Pérez Domínguez, Agustín Pérez Velasco, Agustín Pérez Domínguez y Juan Velasco Aguilar.

UPVA 28 DE OCTUBRE

El 2 de agosto del presente año fue asesinado Abelino Soberano Martínez, acomodador de automóviles, miembro de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de octubre, por parte de la policía de Puebla, la cual, en medio de actos de extorsión a los trabajadores, arremetieron con armas de fuego causando la muerte del compañero.

Ante la organización el Estado responde con represión.

En el marco de la 5ª Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el territorio llevado a cabo el día 17 y 18 de agosto de 2024, en la casa de los pueblos «Samir Flores Soberanes», con amplia convocatoria de pueblos originarios de todo el país así como organizaciones sociales que luchan por el agua, la vida y el territorio, la persecución y criminalización, no se hacen esperar, lo que nos da a entender que no estamos equivocados, que organizarnos, dialogar, escuchar, acordar y sostenernos en comunidad es el camino que debemos continuar.

Reiteramos los logros que atentan a los intereses capitalistas patriarcales y neoliberales.

– El pueblo Ñhoñho que recuperó el pozo comunitario en Santiago Mexquititlán, y que en la CDMX construyó la Casa de los Pueblos en el edificio del mal llamado Instituto Nacional de Pueblos Indígenas.

– El pueblo Yaqui de Loma de Bácum que expulsó a una de las empresas más poderosas del mundo: Sempra Energy, quien pretendía imponer el gasoducto Aguaprieta.

– Los pueblos cholultecas que detuvieron el saqueo de agua por parte de Bonafont-Danone, clausuraron el basurero de San Pedro Cholula el 21 de marzo, emitieron el decreto que prohíbe la instalación de basureros y despojo de.agua en sus territorio y obligaron a PROFEPA a colocar los sellos de clausura definitiva y que, durante 5 sexenios han luchado y detenido la construcción del Proyecto Integral Morelos.

– El pueblo nahua de San Gregorio Atlapulco que evitó la instalación de tubería que serviría para despojarles de su agua y que recuperaron la biblioteca comunitaria para convertirla en la Casa del Pueblo Tlamachtiloyan.

– Las mujeres mazatecas que liberaron a todos sus presos tras 10 años de secuestro estatal.

– El pueblo nahua de Santa María Ostula que recuperaron sus tierras con el nombre de Xayacalan y que a pesar de los ataques del narcotráfico y el Estado se mantienen en resistencia.

– Colectivos y habitantes de escolásticas demostraron que el Estado comete delitos de tortura a comunidades enteras.

– Compañeras y compañeros solidarios que en colectivo y organizados lograron arrancar la libertad de José Díaz base de apoyo zapatista.

El mensaje para el narco-estado capitalista es claro: los pueblos, organizaciones, concejos, asambleas regionales, colectivos e individu@s que luchan por la vida desde abajo y a la izquierda estamos unidos.

Sosteniendo en los hechos la liberación del agua, la tierra, la vida y de nuestros presos haciendo valer la consigna de “ni una lucha aislada más”, continuamos en alerta permanente y…

EXIGIMOS:

– Alto al hostigamiento, persecución, criminalización a las y los compañeros de la comunidad otomí residente en la Ciudad de México, Filiberto así como al compañero Diego García Bautista.

– Al gobierno de la Alcaldía de Xochimilco que desista de la criminalización retirando la denuncia penal contra nuestra compañera Hortensia Telésforo, autoridad tradicionl e integrante de Asamblea General Permanente del Pueblo de San Gregorio Atlapulco.

– Alto a la criminalización y hostigamiento policial a la Unión de pueblos y fraccionamientos contra el relleno sanitario de San Pedro Cholula.

– Inicio del plan de remediación para erradicar la contaminación de agua por lixiviados del basurero de San Pedro Cholula.

– Alto a las amenazas de desalojo violento de la Casa de los pueblos y comunidades indígenas Samir Flores Soberanes.

– Cumplimiento íntegro e inmediato de las demandas de vivienda digna de la Comunidad Otomí Residente en la Ciudad de México.

– Libertad inmediata a los cinco presos de San juan Cancuc Chiapas: Manuel Santis Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Martin Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Velazco, por oponerse a las consecuencias de la narco-militarización.

-Justicia para Abelino Soberano de la UPVA 28 de octubre.

– Alto a la guerra contra los pueblos originarios, del campo, el mar y la ciudad.

Ante la amenaza del narco estado capitalista, la respuesta de los pueblos, organizaciones, concejos, asambleas regionales, colectivos e individu@s que luchan por la vida desde abajo y a la izquierda es clara: existimos porque resistimos.

Hemos y seguiremos demostrando que Sostenemos en los hechos la liberación del agua, la tierra, la vida y de nuestros presos haciendo valer la consigna de “ni una lucha aislada más”, continuamos en alerta permanente.

ATENTAMENTE

AGUA, TIERRA Y LIBERTAD

ASAMBLEA NACIONAL POR EL AGUA, LA VIDA Y EL TERRITORIO

21 DE AGOSTO DEL 2024

#asambleanacionalporelaguaylavida

#CNI

#EstaTierraEsDeOstula

#XayacalanEsDeOstula

#tenertechoesunderecho

#NoEsSequíaEsSaqueo

#AltoALaGuerraContraLosPueblos

#DefenderLaVidaNoEsDelito

Una Idea Genial

Agosto de 2024.

  Hice mi primera captura de pantalla.

  No están ustedes para saberlo, ni yo para dárselos a conocer, pero he triunfado en la ardua y vertiginosa carrera tecnológica.

  Después de 6 meses 6 de agotadora investigación, estudios y prácticas desgastantes, solo, sin más ayuda que 453 videos tutoriales, pude hacer una captura de pantalla.  Lo sé, parece increíble.  Pero no crean que me conformé, ahora me propongo encontrar dónde rayos quedó guardada la captura de pantalla.  Luego averiguar para que sirve una captura de pantalla.  ¿Después? … ¡el mundo!

  Bueno, de ahí que, animado por este gran logro, me dediqué a incursionar en el mundo de las aplicaciones digitales (que los veteranos llamamos “apps”), y así surgió la idea que ahora les refiero:

  Se trata de una idea para el tránsito tan cacareado hacia un capitalismo humano (o a “limarle las puntas al neoliberalismo” -según la 4T-):  Una nueva aplicación digital que se llamaría “OnlyHaters”.  En ella usted, dama, caballero, otroa, podría insultar a placer al villano o villana de su preferencia a cambio de un precio razonable.  Claro, habría cuenta premium donde el receptor se compromete a leer su mensaje o ver su video (si tiene usted más recursos).  ¿Se imaginan?  Casi cualquier personaje de la política y del capital se haría millonario.

  El futuro secretario de educación, en México, ya no tendría que vender candidaturas al cártel más cercano a su corazón.  El Supremo se retiraría con su sustento asegurado y le alcanzaría para crear su propio podcast mañanero (que es lo único que hizo en casi 6 años).  Trump no tendría que recurrir al fraude fiscal para financiar su campaña y sus empresas.  Biden-Harris no tendrían que hacer ofertas de temporada a las grandes corporaciones para la guerra de conquista en Palestina.  Le Pen y Macron no tendrían que esconder su afinidad ideológica.  El PSOE y el PP podrían al fin salir del closet y abrazarse en público.  Milei no tendría que ponerse histérico cada vez que dice algo ni poner cara de estreñimiento agudo.  Lula, Petro y Boric podrían pagar su suscripción a los canales de tv del imperio Murdoch (Fox) sin necesidad de convertirse en sus voceros (y, por favor, que alguien les diga que ésos a quienes quieren agradar serán los mismos que mañana los lapidarán en lo mediático).  Netanyahu no tendría que cometer crímenes de guerra para sostenerse en el gobierno.  Zelenski encontraría un cauce honorable para su capacidad histriónica.  Putin podría dedicarse a montar osos.

  Y claro, yo, el Capitán, no tendría que atender mi taller de bicicletas eléctricas (que se llama, por supuesto, “Mi Abuelita en Bicicleta”) para poder adquirir las obras completas de Arturo y Carlota Pérez-Reverte, Javier Marías y Arthur Conan Doyle (antes de que empiecen con sus juicios, sentencias y condenas de corrección política, “sensibilidad de género” y lo que esté de moda, permítanme avisarles que me cago en sus tribunales, los morales y los otros).

  No sé, piénsenlo.  Así ya no se explotaría la fuerza de trabajo humana, sólo los sentimientos de rechazo, odio, intolerancia, racismo, homofobia, misoginia, fanatismo, etc.  Lo más ruin de la especie humana sería fuente de riqueza.

  Oh, olvídenlo: para eso ya existen las redes sociales.

  Nah, también hay videos de gatitos y perritos (¡aww!)

  En fin, como le responde Don Francisco de Quevedo a un otro Capitán, veterano de los Tercios de Flandes: “No queda sino batirnos, pese a todo. Contra la ignorancia, la estupidez, la maldad, la superstición y la envidia”.  Ya después el autor agregará: “la apatía, la incultura, la insolidaridad, la corrupción”.

Vale.  Salud y “Omitir las verdades no es otra cosa que una variedad refinada de la mentira” (Almudena Grandes. Madrid, Estado Español).

Desde las montañas del Sureste Mexicano.

El Capitán.
Mirando el barco sobre la mar y a caballo en la montaña.
México, agosto del 2024.

P.D.- Si alguien, allá afuera, decide capitalizar esta genial idea, triunfar así en el rudo mundo de la era digital, tener un sitio exclusivo en Silicon Valley, codearse con los Arnault, Bezos, Musk, Zuckerberg, Gates, y ser convocado por el Preciso para que opine sobre asuntos que deberían ser de Estado, no olvide “mocharse” con un tanto de paga.  Necesitamos equipar varias salas de quirófano.  Están los “mete cuchillo” fraternales puestos, están los candidatos a cirugía, están los lugares para construirlos, están las jóvenas y jóvenes dispuestos a aprender.  Ya sólo faltan los equipos.  Y la capacitación para su uso y cuidado, claro.

Fuente: Avispa Midia

Por Santiago Navarro F

^{Foto de portada: Santiago Navarro F.}

A casi un mes que finalice el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el 1 de octubre, pueblos originarios y colectividades urbanas se congregaron en la 5ª Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio. Un evento que estuvo nutrido por más de 800 personas, quienes confluyeron en el edificio ocupado llamado Samir Flores Soberanes, el cual lleva el nombre del primer activista asesinado durante el mandato de AMLO.

En este emblemático espacio establecido en la Ciudad de México, anteriormente era el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), a manera de un balance del paso de estos años, se cruzaron reflexiones de pueblos originarios y de colectividades urbanas sobre la escasez del agua, tanto en la ciudad como en el campo.

También se resaltó la continuidad de las políticas neoliberales y proyectos de gran envergadura que han caracterizado al gobierno de López Obrador, como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico, los nuevos parques industriales y el entramado de gasoductos que se despliegan en el Golfo y sur de México, pertenecientes principalmente a la empresa canadiense TC Energy y a la estadounidense Sempra Energy.

También te puede interesar: México: TC Energía acelera gasoducto “Puerta al Sureste” para funcionar en 2025

“Hay al menos tres preocupaciones en las que hemos coincidido. La escasez y saqueo del agua de nuestros territorios. La avanzada de los megaproyectos y la militarización y el crimen organizado, que acompañan estos megaproyectos. Desde Sonora hasta Yucatán se expresan los mismos problemas” dijo para Avispa Mídia Carlos Beas de Oaxaca. 

La asamblea estuvo nutrida por colectividades urbanas de jóvenes, universitarios, amas de casa, entre otras como Lucía Vázquez del pueblo de Acochi, en Sonora, quién sostuvo para Avispa Mída que el conglomerado “Grupo México, además de haber contaminado el Río Sonora en el año 2014, con metales pesados, ahora quiere saquear el agua por medio de pipas (tanques cisterna) del río Bacoachi”, lugar donde las habitantes de estos pueblos mantienen bloqueado el acceso a las pipas.

Al activista e investigador Gilberto López y Rivas, quien fue partícipe de esta Asamblea, le llama la atención las coincidencias de los testimonios tanto urbanos como rurales, “se han identificado a los victimarios de este proceso de despojo y explotación del agua; aparece, naturalmente, las refresqueras, las cerveceras, farmacéuticas, el crimen organizado”.

Militarización y crimen  

López y Rivas, quien también es integrante del colectivo Llegó la hora de los pueblos, menciona para el equipo de este reportaje que, otro elemento que destaca en los testimonios cruzados de este encuentro, “es la creciente militarización en el país”, ya que los megaproyectos han sido desarrollados y custodiados por “por la Marina y por la Guardia Nacional”.

Pero, sobre todo, arremete el activista, “estamos en un momento donde el capitalismo esta siendo más agresivo; entonces se despliega un proceso de acumulación de capital de forma militarizada, pero, también, delincuencial que responde a las necesidades del capitalismo”, asevera López y Rivas.

Ver también: Pueblos en defensa del agua convocan a Cuarta Asamblea Nacional

Además, los asistentes denunciaron el acaparamiento del agua por empresas como Coca-Cola, Heineken, Cemex, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y el Proyecto Integral Morelos. Los han colocado como ejemplos de un “saqueo sistemático” que perpetúa el “despojo y la violencia”, declararon en plenaria.

La declaración final de esta asamblea también ha puesto de relieve el caso de Samir Flores Soberanes, un destacado activista asesinado en 2019, cuya muerte fue vista como un indicio de la persistente guerra contra los pueblos originarios. La asamblea ha exigido justicia para Samir y para los numerosos desaparecidos que, según se afirma, “han sido víctimas de la violencia institucional y la represión”.

Los participantes han subrayado el papel crucial del agua y la tierra en la vida y cultura de los pueblos indígenas, llamando a la protección de estos recursos frente a los intereses corporativos y gubernamentales. Se ha resaltado la importancia de la autonomía y la autodeterminación de las comunidades, y se ha denunciado la simulación y cooptación de las instituciones gubernamentales que, según se afirma, “han intentado desacreditar y desmovilizar la lucha indígena”.

A ello se suma una serie de acciones y movilizaciones que realizarán en los próximos meses en apoyo a las comunidades afectadas en todo México. La asamblea también ha anunciado la realización de la Sexta Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio en 2025, destacando la continuidad y el fortalecimiento de la resistencia. La fecha y lugar aún no lo han anunciado.

En un emotivo cierre, los asistentes reafirmaron su compromiso con la lucha por la vida, la justicia y la dignidad. Bajo el lema “Agua, Tierra y Libertad”, la asamblea ha dejado claro que la resistencia de los pueblos originarios sigue viva y activa, desafiando las estructuras de poder que han intentado someterlos a lo largo de la historia.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

19 de agosto de 2024

Boletín No. 20

La ONU llama al Estado mexicano a garantizar la protección de las personas defensoras de los derechos humanos en Chiapas

• El Estado mexicano tiene obligaciones internacionales en materia de derechos humanos; es urgente que se tomen medidas proactivas y contundentes de protección.

Tres relatores especiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresaron su preocupación por la situación de riesgo de varias personas defensoras del territorio y de los derechos humanos en Chiapas. Mary Lawlor, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; Morris Tidball-Binz, Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; y José Francisco Cali Tzay, Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, solicitaron al Estado que aclare las medidas que está tomando para proteger a quienes sufren ataques por su labor en pro de los derechos humanos.

La y los expertos independientes de la ONU sumaron sus voces tras sostener una reunión con varias personas defensoras del estado de Chiapas. En su comunicación, destacan los ataques que enfrentan el Padre Marcelo Pérez Pérez, Pascuala López López, la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal (Las Abejas), el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), así como pobladores de Chicomuselo movilizados contra la explotación minera en su territorio.

Estas personas y organizaciones están expuestas a la criminalización, a difamaciones, hostigamiento judicial, vigilancia, amenazas de muerte, ataques físicos, entre otras violencias. Algunas acompañan víctimas de desplazamiento forzado, otras son constructoras de paz o buscan justicia para sus seres queridos. Todas están en riesgo por defender sus derechos, su tierra y territorio.

A raíz de ello, la ONU pide al gobierno esclarecer lo que está haciendo para revertir esta tendencia. En efecto, México como cualquier Estado tiene el deber no solo de abstenerse de violar los derechos de las personas defensoras, sino también protegerlos ante los riesgos que enfrentan. En un contexto donde defender los derechos humanos puede ser mortal – 30 personas defensoras fueron asesinadas en México en 2023[1] – la y los relatores también subrayan la necesidad de investigar a fondo el asesinato de Simón Pedro Pérez López, integrante de Las Abejas asesinado el 5 de julio 2021; así como la propia Masacre de Acteal, cometida el 22 de diciembre de 1997 en Chenalhó.

Finalmente, la y los relatores resaltan la necesidad de no dejar en la impunidad las agresiones a personas defensoras, así como tomar las medidas para que no se repitan.

Desde el Frayba, apoyamos firmemente este llamamiento y recordamos al Estado mexicano sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Es imperativo que se tomen medidas proactivas y contundentes para proteger a las personas defensoras de derechos humanos. Las organizaciones y las y los defensores son aliados esenciales y actores clave en la garantía y protección de los derechos de todas y todos.

[1]https://www.eleconomista.com.mx/politica/Mexico-segundo-pais-con-mas-crimenes-vs-defensores-20240523-0009.html

Descarga el Boletín No. 20 en PDF(459.4 KB)

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional

A la Comisión Sexta del EZLN

Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno

A Ma. de Jesús Patricio Martínez, Vocera del CNI-CIG

A los Pueblos del Mundo que resisten contra el Sistema Capitalista y Patriarcal

A los Pueblos, Tribus, Naciones, Comunidades y Barrios Originarios que nunca fueron conquistados

Herman@s Tod@s

Nuestra lucha es por un techo digno, y el mal gobierno destruye nuestra casa y nuestra historia.

La profecía: el monstruo de mil cabezas (el mal) vendrá y dividirá en dos a las comunidades, se infiltrarán en el corazón de ella, engañará, ofrecerá dinero, e intentará romper desde adentro.

 Porque solo dividiendo puede imponer muerte y destrucción, la tarea es tejernos en comunidad como humanos, como hermanos, como hijos que pertenecemos a la gran madre, este planeta tierra, o sea organizarnos porque ante la muerte decidimos vivir.

En estos dos días de trabajo y organización nos encontramos 800 personas provenientes de los estados de Michoacán, Querétaro, Veracruz, Estado de México, San Luis Potosí, Colima, Chiapas, Hidalgo, Tlaxcala, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, Baja California, Sinaloa, Jalisco, Oaxaca, Sonora, Guerrero, Yucatán, Chihuahua, Nayarit, Cuidad de México, así como diferentes países: Alemania, Italia, Francia, España, Canadá, Colombia, Estados Unidos, Perú, Suiza y Guatemala.

En esta 5ª Asamblea Nacional por el Agua y la Vida asistieron también 200 delegados y delegadas del Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de Gobierno, de los pueblos Ñhöñhö, Purépecha, Mixe, Mayo, Wixarika, Yoreme, Nahua, Yaqui, Mazateca, Mixteca, Totonaco, Popoluca, Nuu Savi, Maya, Tepehuano, Guarijío, Rarámuri, Nayeri, Tzeltal, Tololabal, Zapoteco, Tohono Odam y Bini Zaa.

Declaramos:

El 19 de febrero de 2019, apenas dos meses después del inicio del nuevo sexenio, el asesinato de nuestro compañero Samir Flores Soberanes sería la señal de que la guerra contra los pueblos continuaría. El asesinato de Samir y el intento por echar a andar el Proyecto Integral Morelos, fue una prueba más de que el nuevo gobierno retomaría la agenda neoliberal de reordenamiento territorial para acoplar a nuestro país a la economía norteamericana y para ponerlo así al servicio del capital trasnacional. Junto al Proyecto Integral Morelos, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y otros proyectos y megaproyectos de gran envergadura, la pesadilla neoliberal se extendió por todo el país de la mano de la militarización y del crimen organizado. Lo que en el pasado los malos gobiernos llamaron Plan Puebla Panamá y luego Proyecto Mesoamérica, el actual mal gobierno lo renombró colocando siempre el apellido de “Bienestar” para intentar ocultar el despojo, el desplazamiento, la destrucción y la muerte.

Para avanzar con la reorganización capitalista del territorio nacional, la nueva élite gobernante recuperó de sus antepasados estrategias de cooptación y simulación como lo es el indigenismo. Como sí se tratará de mero espectáculo, desde presidencia y sus asesores de comunicación, hicieron una gran puesta en escena para entregar un supuesto bastón de mando al actual capataz, faltando con ello a la verdad, y también faltando a la historia, memoria y al espíritu de nuestros pueblos. Esta simulación, hay que señalar, se ha retomado con quien a partir de octubre ocupará la silla presidencial.

Por su parte, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) echó a andar toda una operación mediática y política para hacer creer que el despojo y la muerte cuentan con el aval de los pueblos. En Sonora, por ejemplo, con el pueblo Yaqui, se puso en marcha un aparente Plan de Justicia que en los hechos favorece el despojo del agua para abastecer a las industrias mineras y la imposición del gasoducto, al tiempo que se continuó con el asesinato, la tortura y desaparición de varios miembros de la Tribu.

En Oaxaca y Veracruz, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, un proyecto impulsado por el imperialismo desde hace dos siglos avanza de la mano de quien se dice defensor de la soberanía del país. Pero los pueblos, colectivos y organizaciones siguen resistiendo no sólo al megaproyecto, también al crimen organizado y a la represión que viene con él.

En la península de Yucatán, en el territorio maya, los pueblos vemos contaminados nuestros ríos subterráneos y cenotes, vemos destruidos nuestros territorios por donde pasa el mal llamado tren maya, un tren que viene acompañado del crimen organizado, de violencia, con el incremento de desaparición de niños, niñas y jóvenes, con el aumento de violencia y también con el incremento de suicidios. Al mismo tiempo vemos crecer las riquezas de las cerveceras y granjas porcícolas, de inmobiliarias y de la agroindustria que extraen nuestra agua que estaba protegida por la madre tierra durante miles de años y que ahora la han expuesto a contaminantes. Pueblos y comunidades que antes aceptaron el tren por la promesa de desarrollo, hoy se arrepienten ante la devastación ecológica y la llegada del crimen.

En Santa María Ostula, en Michoacán, aquel pueblo que nos alertó del vínculo entre mineras, crimen organizado y mal gobierno, hoy vemos el recrudecimiento de la guerra, los drones que avientan bombas, los ejércitos de las corporaciones criminales que buscan exterminar al pueblo en resistencia. Y vemos también, como en otras tantas geografías, un Estado cómplice.

En Chiapas, los pueblos zapatistas resisten a la brutalidad de la guerra que se ha instalado en todo el estado, una guerra que desplaza a pueblos enteros, que aumenta las desapariciones forzadas, que trafica con la gente, especialmente con mujeres y niños. Y ahí, en lo que hoy es el epicentro de la guerra, en Chiapas, los zapatistas nos enseñan que otro mundo es posible y que, organizados con otros y otras en todo el mundo, podemos arrancar al Estado la libertad de nuestros compas. En medio de tantos dolores, un destello de alegría y sonrisas nos provocó la libertad del compa José Díaz Gómez. Esta asamblea se suma a la exigencia al alto a la guerra contra los pueblos zapatistas y alto a la guerra en todo Chiapas y México.

En la Ciudad de México, la comunidad Otomí resiste desde la Casa Samir Flores Soberanes y nos enseña que luchar por vivienda digna es también luchar por la autonomía. Como respuesta, la comunidad Otomí recibe amenazas de desalojo y represión. Desde esta asamblea dejamos claro: toda nuestra solidaridad con la comunidad otomí residente en la ciudad de México y alto a la criminalización de la comunidad y del compañero Diego García. Exigimos que se cumplan la totalidad de sus demandas. Nos declaramos en alerta ante cualquier agresión que puedan recibir.

Y en Guerrero, las familias de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa nos dicen que su dignidad no está en venta, que burlas y desaires recibieron de este gobierno que decidió proteger a los militares y dejar que la verdad y la justicia siguieran esperando para otro momento. Esta V Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio dice también: nos faltan 43 compañeros y miles más.

Retomando la ruta de Luis Echeverría en 1975 y la creación del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas (CNPI), el INPI del traidor Adelfo Regino, el 29 de febrero del 2024 creó un aparato con exactamente el mismo nombre, un instrumento a modo para simular el diálogo y para intentar disminuir al movimiento indígena independiente, ese que no se rinde, no se vende y no traiciona. Como reivindicación del desprecio y de la simulación, el nuevo aparato de dominación de los pueblos retomó la misma consigna que ha sido nuestro grito de lucha: “Nunca más un México sin nosotros”. En su ruta del saqueo, y como complemento de la cooptación y desmovilización, el INPI elaboró y publicó en el diario oficial de la federación, en el marco del día internacional de los pueblos indígenas, el 9 agosto de 2024, un Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, un “Catálogo” que es en realidad un plan de guerra: un plan para para eliminar a nuestros pueblos y despojar nuestros territorios. Junto a los catálogos, los pueblos mágicos, la simulación de la justicia y las puestas en escena, el propio INPI, siempre al servició del capataz, ha impulsado o legitimado asambleas o consultas que no cumplen con las formas y tradiciones de los pueblos. Recientemente, el mismo INPI ha retomado reformas jurídicas que fueron discutidas hace más de 25 años y que hoy no corresponden a las exigencias y problemáticas de nuestras regiones.

Para los pueblos el agua es sagrada, porque nos da vida, nos da existencia, nos da comida, nos da medicina. Por eso pedimos permiso al territorio, por eso no lo traicionamos, no lo vendemos. Si la tierra y el agua enferman nosotros también, si el agua muere, nosotros y la vida toda se acaba. Si el agua ya no cae, nada florece, nada vive.

Para ellos, los de arriba, resulta fácil mirar nuestro territorio e identificar las fuentes de agua, minerales y tierras fértiles, trazar carreteras, vías de tren, gasoductos, para transportar mercancías y proveer a la industria, les es fácil mirar el mapa y decidir qué población desplazar y eliminar.

En esta guerra sangrienta que no es más que una continuidad de la que inició hace más de 500 años, los pueblos seguimos en resistencia, seguimos caminando en este territorio llamado México, en este hogar llamado mundo, y en este caminar nos encontramos con nuestra historia y con otros pueblos y comunidades.

En este espacio recuperado por nuestras hermanas y hermanos de la comunidad otomí residente en la Ciudad de México, el cual se ha convertido no sólo en su casa, sino que han abierto las puertas para todo aquél que lucha desde abajo y a la izquierda, que luche por la vida. Dicen que ya no existen pueblos en la ciudad, dicen que nos pueden contabilizar y caricaturizar en un catálogo, dicen que ya no hay resistencia, en el norte, sur, este, centro y oeste del país, dicen que los pueblos ya no existimos, y nosotros, nosotras; les decimos que los pueblos y naciones originarias existimos porque resistimos. Los de arriba quieren que olvidemos que somos parte de la naturaleza pero nosotros nos empeñamos en defender a nuestra madre tierra.

En esta 5a Asamblea escuchamos viejas y nuevas formas de despojo y destrucción, acaparamiento, perforación de pozos para la industria, construcción de tuberías que, simulando el cumplimiento del derecho al agua la desvían para la industria y la ciudad, otorgamiento de concesiones ilimitadas para las industrias, minería y empresas, mientras a la población es limitada a un día o incluso horas de acceso al agua, que casi siempre está contaminada.

El sexenio termina, y contrario a lo que prometieron, no termina la guerra ni el despojo. Peor aún, el próximo gobierno promete continuidad: un segundo piso para los de arriba construido sobre los y las de abajo. Los banqueros y megáricos no pueden estar más que contentos. Sus riquezas y su impunidad se ensanchan.

Las luchas que en nuestros pueblos florecieron desde hace siglos y que en las últimas décadas ha sobrevivido a la modernización neoliberal y a la supuesta cuarta transformación, hoy crece en la lucha contra la guerra y el despojo del agua. Las luchas del campo y la ciudad dialogan, comparten diagnósticos y encuentran que los explotadores tienen el mismo nombre en uno y otro lugar. Las luchas se hermanan. La lucha por el agua, la vida y los territorios debe seguir mientras quien gobierne lo haga para los de arriba, sirviéndose de la explotación y la dominación, del saqueo y del desprecio.

Aquí coincidimos las luchas de muy distintas geografías del territorio nacional, del campo, del mar y la ciudad. Luchas que estaban antes de este sexenio y luchas que florecieron durante este sexenio. Estamos aquí quienes coincidimos en seguir en la lucha por la vida, desde abajo, contra la explotación capitalista bajo los nuevos rostros que adquiere.

Esta es nuestra palabra sencilla, un balance del sexenio que termina y un anuncio de que nuestra lucha sigue en el sexenio que comienza. La lucha por el Agua, la Vida y el Territorio sigue, porque luchar por la Vida es luchar contra el capitalismo.

• Repudiamos el megaproyecto del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el mal llamado Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el Proyecto Integral Morelos, entro otros.

• Repudiamos los Planes de reordenamiento territorial, los planes de justicia que son el instrumento para despojar el territorio, desplazar a los pueblos para repoblar con nuevos habitantes que se dejen someter por este sistema.

• Exigimos el cese de la criminalización en contra de 9 personas compañeras y dos compañeros indígenas zapotecas y un mixe, con el motivo de desplazarles de manera forzada al imputándoles una fabricación de delitos.

• Exigimos el cese de la criminalización en contra del campamento tierra y libertad de Mogoñe viejo en el ITSMO de Tehuantepec.

• Repudiamos la manipulación del Registro Nacional de Personas Desaparecidas para ocultar las más de 116 mil personas desaparecidas, y repudiamos también el cinismo del mal gobierno que incluso convocó a personas desaparecidas para ser representantes de casilla.

• Condenamos las 40 ejecuciones de integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata.

• Exigimos la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa y los miles de desaparecidos, así mismo pedimos la investigación y el castigo a Omar García Harfuch por sus posibles vínculos con este crimen

• Exigimos la presentación con vida Sergio Rivera Hernández de la Sierra Negra de Puebla por luchar en contra de la construcción de una hidroeléctrica.

• Exigimos el alto a la violencia contra las comunidades de la sierra del Sur de Guerrero.

• Exigimos la libertad inmediata e incondicional de María Cruz Paz del Consejo Supremo Indígena de Michoacán y de los 5 presos de San Juan Cancúc.

• Exigimos el cierre de procesos, persecución y desplazamiento contra la comunidad mazateca de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca.

• Exigimos el cierre definitivo del basurero de San Pedro Cholula, Puebla y alto a la persecución de compañeros nahuas de la región.

• Repudiamos el actuar de CONAGUA en contra de nuestras comunidades al gestionar y garantizar el despojo y contaminación de nuestra agua.

• Exigimos Castigo a los culpables del asesinato de Samir Flores Soberanes, quien luchó en contra del Proyecto Integral Morelos. Su lucha, así como él, siguen vivos en nuestra resistencia.

• Exigimos el alto a la destrucción de las reservas de agua de ríos subterráneos y cenotes en la península de Yucatán destruidos por el mal llamado tren maya que lo acompaña el incremento de niños y jóvenes desaparecidos vinculados a cuarteles y carteles del narcotráfico.

• Exigimos el alto en la destrucción de la selva en Calakmul en el territorio maya de la península de Yucatán, con incendios en la selva legitimando el cambio de uso de suelo para construir hoteles, casinos, para el turismo la especulación inmobiliaria y monocultivos de la agroindustria.

• Exigimos justicia por los compañeros Yaquis desaparecidos y asesinados por el narco estado.

• Exigimos el retiro de la comisión estatal de los pozos de agua de Santiago Mexquititlán y alto al hostigamiento a la comunidad.

• Exigimos el cese de la persecución y fabricación de delitos en contra de investigación de nuestra compañera Hortensia Telésforo de San Gregorio Atlapulco, criminalizada por participar en la recuperación de la biblioteca comunitaria del pueblo.

• Exigimos la atracción de la carpeta de investigación por parte de la suprema corte de justicia de la nación por el delito de tortura en contra del estado mexicano en Querétaro

• Exigimos la libertad de José Alberto Cortez Sayes, Esmeralda de la región Purépecha en Michoacán.

Acciones

• Llamamos a acompañar la acción convocada en el Istmo del 10 al 12 de octubre en el marco de las jornadas del llamado nacional del congreso nacional indígena, en contra de megaproyectos y gasoductos.

• Llamamos al acompañamiento de los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2024.

• Llamamos a difundir las consecuencias de la militarización en nuestros territorios y en todo el país.

• Llamamos al acompañamiento permanente a la Comunidad de Santa María Ostula Michoacán, en la exigencia de respeto a las tierras comunales que tiene en la localidad de Xayacalan, y las acciones próximas convocadas como es el caso del 4 de septiembre, en la suprema corte de justicia para el reconocimiento por parte del poder judicial mediante un juicio de amparo interpuesto.

• Llamamos a acompañar y dar seguimiento a la Segunda Asamblea Regional de pueblos Cholultecas y de los volcanes que se llevará a cabo el 1 de septiembre de 2024 en el pueblo de Coronango, Puebla

• Participar en los llamados del Congreso Nacional Indígena hacia el 12 de Octubre 2024

• Convocamos a sumarnos al 51 aniversario de la UPVA 28 de octubre el 28 de octubre 2024

• Movilización por justicia para Avelino Soberanes, 21 de agosto

• Marcha nacional convocada por la UPVA 28 de octubre, 13 de septiembre

• Reafirmamos que este edificio seguirá siendo la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas Samir Flores Soberanes, resguardad por la comunidad otomí residente de la CDMX y junto con ellos la ocupamos luchando desde abajo y a la izquierda, retomando los principios del mandar obedeciendo.

• Anunciamos que se realizará la Sexta Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio en el 2025. Próximamente informaremos lugar y fecha.

TENER TECHO ES UN DERECHO

AGUA, TIERRA Y LIBERTAD

NO ES SEQUÍA, ES SAQUEO

HASTA QUE LA DIGNIDAD SE HAGA COSTUMBRE

ZAPATA VIVE, LA LUCHA SIGUE

Casa Samir Flores Soberanes, Ciudad de México a 18 de agosto de 2024

#tenertechoesunderecho

#asambleanacionalporelaguaylavida

#CNI

#EZLN

#estatierraesdeostula

#NoEsSequíaEsSaqueo

Fuente: Avispa Midia

Por Javier Bedía Prado

Cuatro jóvenes de la comunidad campesina Cuyo Grande, en la región Cusco, Perú, fueron sentenciados a siete años de prisión por protestar contra las masacres en los andes durante el primer bimestre de Dina Boluarte en el gobierno.

Las desproporcionadas penas siguen la línea de criminalización del derecho a la protesta en el Perú, mientras que ningún mando político, militar o policial, los responsables de las matanzas, recibe sanciones. 

El 31 de enero de 2023, cuando las fuerzas militares y policiales habían asesinado a 45 manifestantes, la mayoría en territorios andinos de poblaciones quechuas y aimaras, agentes infiltrados detuvieron a Richard Camala (23 años), Ferdinán Huaccanqui (34 años), Redy Huamán (23 años) y Joel Hivallanca (22 años).

La justicia desconoció el arraigo domiciliario de los imputados, debido a que viven en tierras comunitarias. Al no reconocerles un domicilio, la justicia consideró que habría riesgo de fuga en caso de procesarlos en libertad.

Desde entonces permanecen recluidos en el penal Qenqoro, acusados en primera instancia del delito de disturbios y entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos. Los comuneros, mediante engaños, por desconocimiento, firmaron actas de intervención policial sin poder leer el contenido, aceptaron la terminación anticipada y se declararon culpables, lo que complicó su situación.   

El último 31 de julio, la Primera Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Cusco ratificó las condenas, sin reconocerles arraigo de domicilio. Los procesados, quienes se dedican a la agricultura, presentaron constancias de posesión de tierras, por lo que la medida es calificada de discriminatoria por sus familiares.  

A las sentencias, las autoridades judiciales le suman un elevado pago de reparación civil (250 mil soles, alrededor de 70 mil dólares).

Persecución coordinada 

El abogado de los sentenciados, Marcelino Quispe, denunció irregularidades en el proceso: detención ilegal por parte de policías encubiertos, manipulación de pruebas del representante del Ministerio Público y el dictamen de una jueza durante su periodo de vacaciones para, según señala, promover su ascenso al cargo de vocal.

El jurista apunta a la colusión entre el Ministerio del Interior, Poder Judicial y fiscalías, evidenciada en otros casos de persecución de la protesta social desde la gestión de Boluarte. La defensa de los comuneros planteará todavía recursos para anular la resolución y se propone llevar el caso al Tribunal Interamericano de Derechos Humanos. 

Hasta el día de la detención de los jóvenes de Cuyo Grande, el gobierno había reprimido con violencia extrema las movilizaciones en Puno, Ayacucho y Apurímac, donde victimaron en total a 38 personas, entre ellas menores de edad. Otros once manifestantes fueron asesinados en Cusco, Arequipa, Junín, La Libertad y Lima en los meses de convulsión, entre diciembre de 2022, mes del golpe de Boluarte, y enero de 2023.

Organismos internacionales de derechos humanos han calificado los actos de las instituciones armadas de ejecuciones extrajudiciales con sesgos raciales.  

En enero de 2023 también fueron detenidos y trasladados a Lima siete integrantes del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (Fredepa), sindicados de apología al terrorismo, a quienes dieron arbitrarias penas de prisión preventiva. En las últimas semanas salieron en libertad tres de los activistas que continuaban presos, luego de 18 meses. 

Aún se espera la liberación de Rocío Leandro Melgar, presidenta de la organización, para quien el Ministerio Público pide adicionar seis meses de encierro preventivo. Asimismo, la del brigadista y estudiante de derecho Vladimir Molina, procesado por disturbios durante las protestas en la capital.