Radio Zapatista

Entre enero y mayo de este año, los asesinatos de líderes e integrantes de comunidades indígenas a manos del crimen organizado en el Perú muestran un alarmante incremento en relación al 2021, cuando el país ocupó el noveno puesto de los más violentos para defensores de territorios, según el registro de Global Witness.

De acuerdo a la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) y el Ministerio de Justicia, el año pasado se registraron cuatro muertes violentas, mientras la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos indica cinco. En solo cinco meses de 2022, se reportan cinco crímenes y el incendio de un pueblo asháninka por parte de invasores.

Los casos varían por la condición asignada a la víctima: protector de territorios o del ambiente, líder indígena o campesino, en las regiones de la sierra y la costa. Organismos internacionales han emitido alertas por una situación que se agrava en los últimos años.

Desde que empezó la pandemia en 2020, se cuentan entre 14 y 19 asesinatos. La mayoría de ataques, el 70% en promedio, se cometieron contra dirigentes de comunidades nativas de la Amazonía que se enfrentan al cultivo de hoja coca para el narcotráfico, a la tala y minería ilegal, a las invasiones para monocultivos, principalmente de palma aceitera, y para el tráfico de tierras.

Los asesinatos del defensor ambiental Juan Fernández Hanco, el 21 de marzo en la región Madre de Dios, y del líder del pueblo nomatsigenga Ulises Rumiche, el 19 de abril en la región Junín, fueron reportados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Al segundo lo victimaron horas después de reunirse con la viceministra de Poblaciones Vulnerables.

A estos se suman, también en marzo, los de la comunera Nusat Benavides y los comuneros Jesús Antaihua y Gemerson Pizango, quienes vivían en pueblos asháninka y yanesha asediados por bandas criminales en la región Huánuco, de acuerdo a la denuncia de Aidesep, organización que agrupa a 2.400 comunidades amazónicas en nueve regiones del Perú. En mayo el presidente Pedro Castillo rechazó reunirse con sus representantes, ante lo que organizaron una vigilia en las calles de Lima el 27 del último mes.

Libre determinación

La titulación de tierras comunitarias es una de sus demandas para organizarse ante la violencia desbordada.

“En los últimos nueve años han sido asesinados 23 líderes de toda la Amazonía. No hay justicia, el gobierno no ha hecho nada. Las amenazas se evidencian en las propias comunidades, en las invasiones de personas foráneas, las autoridades tienen conocimiento, la policía, los fiscales, pero no se evidencian resultados, no se ve la intervención inmediata de estas amenazas. Pedimos que se titulen las comunidades para salvaguardar así los derechos de nuestros pueblos indígenas”, declaró Tabea Casique Coronado, integrante del consejo directivo de Aidesep.

Entre otras medidas, las organizaciones piden que se les garantice la libre determinación y manejo forestal comunitario, a través de una segunda reforma agraria. Asimismo, destinar el 1% del presupuesto nacional a financiar los planes de vida de los pueblos indígenas amazónicos. Estas propuestas transmiten su visión de autogobierno y políticas posibles surgidas del seno de las comunidades y sus tradiciones.

Autodefensa

El clima de violencia se refleja en los 171 casos de amenazas y atentados activos en el Registro de Situaciones de Riesgo para Personas Defensoras de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, en la que se incluyen a comuneros y guardianes de territorios ancestrales. De 31 solicitudes de garantías, 23 fueron admitidas hasta abril de este año.

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Las condiciones de las comunidades originarias y sus defensores son la impunidad para quienes asesinan y mecanismos legales que no les protegen. El abandono se ve en las más de 203 mil hectáreas de bosques perdidos en 2021 en la Amazonía peruana, donde el crimen organizado es parte de una cadena de operaciones regionales y globales que alcanza picos de violencia en los vecinos Colombia (65 víctimas en 2021) y Brasil (20 víctimas en 2021), en el primer y el cuarto lugar, respectivamente, de las naciones más letales para guardianes del ambiente.

En lo que va del primer semestre de 2022, los índices de violencia en el Perú apuntan a aproximarse a los de Brasil, teniendo en cuenta la gran diferencia demográfica entre ambos.

Las comunidades resaltan que la principal medida de seguridad es el fortalecimiento de los comités de autodefensa. “Este gobierno que se llama del pueblo dice que quiere ayudar formalizando cultivos de coca, pero eso traerá más violencia. Ya hay plantaciones de cocaleros en nuestras comunidades, eso atrae al narcotráfico, la tala ilegal, son un peligro para nosotros, están matando a nuestras comunidades. Yo recibo amenazas, un año esperé para que me den garantías, eso no sirve. Necesitamos que el gobierno nos entregue recursos para nuestros comités de autodefensa, necesitamos presupuestos, armamento”, señaló a Avispa Midia el presidente de la Central Asháninka del Río Ene (CARE), Ángel Pedro Valerio.

Paros

El jueves 2 de junio, dirigentes de pueblos indígenas se reunieron con el presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno, tras iniciales negativas de recibirlos.

El mandatario se comprometió a aprobar el fideicomiso indígena de inversiones inmediatas, la revisión de contratos petroleros y la creación de una comisión de la verdad para investigar los crímenes. De momento el gobierno no se pronunció sobre la reunión ni medidas concretas para enfrentar la ola de violencia que sufren las comunidades nativas.

Las organizaciones han anunciado paros y movilizaciones las próximas semanas en las nueve regiones del Perú que comparten territorios amazónicos.

Hace tres años fue creada la Guardia Nacional (GN) en México. Desde entonces se ha desplegado esta fuerza militar hacia a las fronteras norte y sur de México con fines de control migratorio.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en julio de 2019, una acción de inconstitucionalidad respecto a la Ley de la Guardia Nacional. La Comisión señala diversas disposiciones de la referida ley que son contrarias a los derechos humanos. Sin embargo, a tres años, la SCJN continúa sin resolverla.

De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el órgano judicial debe resolver a la brevedad la acción de inconstitucionalidad.

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En este contexto, el Centro Prodh, en conjunto con el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano y los Programas de Seguridad Ciudadana y Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, presentó el 14 de junio a la SCJN un amicus curiae sobre los riesgos de militarizar la política migratoria.

Amicus curiae es una expresión latina que significa “amigos de la corte”. Son presentaciones de terceros ajenos a una disputa jurídica; el objetivo es que aporten a la Corte argumentos u opiniones que pueden servir como elementos de juicio de manera a colaborar con el Tribunal en la resolución del litigio.

El amicus aborda específicamente las facultades de control y verificación migratoria otorgadas a este cuerpo de seguridad militarizado. De acuerdo con las organizaciones, la SCJN debe considerar que la GN ha generado violaciones a los derechos humanos de personas migrantes y sujetas de protección internacional.

El documento comparte con la Corte información documentada sobre abusos y violaciones a los derechos humanos de personas cometidas por esta institución, que posee más del 80% de sus elementos proveniente del sector castrense, así como en estructura, capacitación y mandos.

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En particular, se han documentado recurrentes violaciones a derechos humanos de las personas migrantes en la frontera sur, incluyendo agresiones, abuso de la fuerza, encapsulamiento y dispersión de las personas migrantes en tránsito; uso de armas de fuego que causaron la ejecución extrajudicial de un migrante, así como casos de tortura en estaciones migratorias.

Control migratorio

Desde su creación, la GN fue vinculada en gran medida al control migratorio, bajo una lógica de contención en las fronteras. En febrero de 2022, de 99,946 elementos desplegados en México, 15,822 fueron ubicados en los estados fronterizos con Estados Unidos y 9,298 elementos en estados de la frontera sur, de acuerdo con un comunicado del Centro Prodh.

A lo anterior se suma el despliegue de la GN para tareas de control y verificación migratoria en puntos de revisión al interior del país, como lo son retenes, estaciones de autobuses y aeropuertos. Además de haberle sido asignado el resguardo de las Estaciones Migratorias del país, en las que las personas migrantes y sujetas de protección internacional se encuentran privadas de la libertad por motivos migratorios.

“En el contexto de profundización de la militarización que vivimos y que ha sido señalada con preocupación por diversos organismos internacionales, y ante la documentación de múltiples violaciones a derechos humanos cometidas por la Guardia Nacional en el ámbito migratorio, es esencial el escrutinio judicial del marco legal que faculta a dicha institución en materia de control y revisión migratoria, lo que debería implicar la declaración de inconstitucionalidad de las disposiciones referidas”, señalan las organizaciones.

Foto de portada Archivo Avispa Midia

Con una mano va cargando un morral donde lleva comida; con la otra, un machete. María* parece tener miedo y coraje. Camina con precaución, su objetivo es llevar comida a su familia que está resguardada en lo que queda de su comunidad. De pronto, una ráfaga de disparos al aire la obliga a tirarse al suelo. “Son ellos comenta”, refiriéndose a un grupo paramilitar que los ha atacado constantemente.

María es campesina de la comunidad de El Rebollero y, junto a los habitantes de El Paraje Los Arquitos y Río Minas, de San Pablo Cuatro Venados, Oaxaca, fue víctima de un ataque armado el pasado 28 de mayo que destruyó toda la comunidad.

El último ataque ocurrió el miércoles, 15 de junio, alrededor de las 19hrs. Al menos tres vehículos con personas armadas se internaron a la comunidad, en el paraje denominado La Mesa y desde ahí empezaron a disparar por casi una hora.

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El 28 de mayo, más de 100 personas con armas exclusivas del Ejército ingresaron a esta pequeña comunidad y derribaron las viviendas, quemaron los cultivos. Lo único que dejaron intacto fue la capilla que sería inaugurada el día siguiente del ataque.

Este grupo armado destruyó las viviendas y las cosechas. Desde entonces hay mujeres, niños y ancianos que se resguardan con lo poco que quedó en la comunidad. No hay condiciones de seguridad para labrar la tierra y cuidar los animales.

La gente se da ánimos entre ellos mismos, pero el lugar está totalmente devastado. Bien podrían irse a otra parte, pero se resisten a dejar esta zona de su territorio. “Si lo permitimos, los políticos que están detrás de estos ataques tomarán el control de nuestro territorio y comenzarán a vender las tierras. La explotación minera comenzará sin obstáculos”, dice María.

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Roberto, otro campesino, comparte con toda seguridad, “ya hemos denunciado quiénes están atrás de estos ataques, pero los respalda el gobierno, porque ellos han firmado disque acuerdos y a nosotros nos llaman paracaidistas. Que me digan en mi cara que soy paracaidista, seguro que ellos no conocen cada camino y cada planta como la conozco yo”.

A estas personas les han destruido sus viviendas al menos en dos ocasiones. La anterior se remite al mes de mayo del año 2019. También dejaron devastada a la comunidad y les costó dos años su reconstrucción, lo que hoy son solo ruinas. “No vamos a desistir. Tenemos compañeros que nos apoyan. Comunidades hermanas que también luchan por la defensa de la madre tierra”, dice María.

En un comunicado emitido por esta comunidad y publicada en la plataforma del Congreso Nacional Indígena (CNI), llaman, entre otros, a los adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y a la Sociedad Civil para que los apoyen con víveres y con donaciones que servirán para la reconstrucción.

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La campaña que han decidido impulsar estos campesinos se llama Por la reconstrucción y el cuidado de la dignidad en resistencia, que consta en el acopio de víveres, ropa, cobijas, colchonetas, lonas, toallas femeninas, papel higiénico, alcohol, láminas, clavos, alambre, celdas solares, herramientas de trabajo, entre otros.

En el comunicado figuran dos localidades y un número de cuenta para recibir los apoyos para su reconstrucción. Una de ellas se ubica en la Ciudad de México, en la llamada Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes”, anteriormente mal llamado INPI. La casa de los pueblos está ubicada en la Av. México-Coyoacán 343, Col. Xoco. Delegación Benito Juárez.

También en la ciudad de Oaxaca se estará recibiendo estos apoyos en la librería La Jícara, con dirección en Porfirio Díaz 1105, colonia Centro. En este mismo lugar proyectarán un documental el día miércoles 22 a las 18:30hrs. Este material audiovisual se presentará junto con integrantes del Concejo Indígena de Gobierno y el CNI Oaxaca.

María tiene muchas expectativas al no saberse sola. “Nuestras hermanas de otras comunidades, otras colectividades, las mujeres y los compas que luchan nos entienden y sabemos que no nos dejarán solos. Porque aquí vamos a seguir resistiendo”, señala la campesina.

En el comunicado también hacen un llamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derecho Humanos para estar atentos a estos acontecimientos. “Porque ya les entregamos un documento con detalles y pruebas de estas agresiones en días pasados. Les entregamos a cada uno un paquete de documentos”, agrega María.

^{*Los nombres de los testimonios fueron reemplazados por cuestiones de seguridad.}

Mientras comunidades impactadas por la actividad minera se vieron obligadas a restringir su lucha en defensa del territorio durante los dos años de pandemia de Covid-19, para atender urgencias económicas y de cuidados de la salud, la industria minera ha podido beneficiarse de las restricciones sociales y posicionarse con más fuerza en los territorios.

Esta es una de las conclusiones del informe La Lucha por Lo Esencial: la Pandemia Minera en México en Tiempos de COVID-19, de la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA), que reflexiona las vivencias de comunidades mexicanas en los últimos dos años de pandemia y cómo los grandes capitales mineros se han aprovechado de la situación.

Durante el periodo de pandemia se profundizó la asimetría entre “los actores que promueven lo que llamamos Modelo Extractivo Minero y las comunidades que se oponen a éste”, sostiene el informe.

¿Cómo es que la minería se benefició con la pandemia?

Una de las respuestas dadas por sus autores – Libertad Díaz, Jen Moore y Miguel Mijangos – es que el sector minero logró una posición privilegiada al ser incluido en las actividades ‘esenciales’, “echando mano de su poder político y jurídico ya instalado y reforzado con la entrada en vigor, en julio del 2020, del renegociado Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ahora llamado Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

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En un primer momento las industrias automotriz, minera y de construcción fueron designadas como “no esenciales”, aunque se exceptuó de esto a los proyectos insignia del presidente, presentes en el paquete económico 2020 y 2021, tales como el Tren Maya, el Corredor Transístmico y la Refinería de Dos Bocas.

Sin embargo, para estos tres sectores la suspensión duró solamente entre seis y nueve semanas, y el camino a su apertura coincidió con una carta enviada por 11 senadores estadounidenses al entonces secretario de estado Michael Pompeo, en donde se presionó para un cambio en la clasificación que había decidido el gobierno mexicano.

A esta acción de presión del gobierno estadounidense se sumó la de la Asociación Nacional de Fabricantes (National Association of Manufacturers), también de los EEUU.

También, añade el informe, la Cámara Minera Mexicana (Camimex), cuyos miembros incluyen grandes empresas mineras mexicanas, estadounidenses y canadienses, realizaron diversas gestiones para lograr la inmunidad frente a las medidas sanitarias, entre ellas, escribir al entonces embajador de los Estados Unidos en México Christopher Landau, para solicitar que la minería fuera considerada “esencial”.

Dos semanas después de la entrada en vigencia del T-MEC, en el Diario Oficial de la Federación del 14 de mayo del 2020, en su artículo cuarto, “esta triada se incorporó dentro del grupo de las actividades esenciales, bajo las premisas de su relevante rol en la reactivación económica y, para el caso de la minería, en su supuesta importancia en la cadena de suministros de metales para diversas industrias” y, desde entonces, “no hubo tregua” para las comunidades.

Permisos

Durante el poco tiempo que la industria minera quedó fuera de la lista de las actividades esenciales, las empresas mineras no pudieron contar con el trámite de nuevos permisos. Sin embargo, una vez que lograron esta categorización privilegiada, “las ventanillas administrativas les fueron abriendo nuevamente”.

De acuerdo con el informe, desde junio 2020 a diciembre 2021, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semanart) ha autorizado docenas de permisos ambientales para actividades mineras en, por lo menos, 14 estados, incluyendo Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, y Zacatecas.

Avance de las empresas en los territorios

El informe trae diversos ejemplos del avance de las mineras sobre los territorios durante la pandemia. Las experiencias de comunidades donde ya hay minas impuestas en operación como Zimapán en Hidalgo y el Valle de Ocotlán en Oaxaca narran cómo estas empresas siguieron operando con impunidad y generando daños a la salud y a los territorios.

En donde aún no han logrado establecerse, como Epazoyucan en Hidalgo, la Cuenca de la Independencia en Guanajuato y Acacoyagua en Chiapas, se documenta cómo las empresas buscaron permisos u otras oportunidades para ganar más apoyo o avanzar sus proyectos.

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En muchas partes del país, como el Ejido El Bajío, en Sonora, el “aumento de violencia tuvo graves repercusiones y actores armados fortalecieron su control del territorio”.

En este contexto, el gobierno federal justificó la creación de la Policía Minera y, a la vez, aumentó la militarización del país con un enorme despliegue de la Guardia Nacional, “mientras el crimen organizado se fortaleció en muchos lugares, trastocando la vida y la resistencia de las comunidades”.

Grupos de defensa ambiental de los diversos estados consultados para el informe, “observaron una profundización en el control territorial por el crimen organizado a nivel local desde el inicio de la pandemia, con serias implicaciones para su trabajo”.

Policía Minera

El grupo especial denominado Policía Minera, una policía destinada especialmente a la protección de las instalaciones mineras, fue creada en 2020. El reclutamiento de efectivos fue publicado por primera vez en julio de ese año durante un evento virtual titulado “La reactivación de la minería ante la nueva normalidad”.

Para fines de septiembre de 2020, se graduaron los primeros 118 efectivos federales con entrenamiento militar bajo la dirección del Servicio de Protección Federal (SPF) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la cual supone tener responsabilidad de resguardar instalaciones públicas, no privadas.

“Este esfuerzo fue justificado por el gobierno argumentando que ‘la minería representa una de las industrias clave para el desarrollo del país y para su economía, pues México está entre los primeros lugares en la producción y exportación de diversos materiales’, y

que tal medida ayudaría a disminuir el hurto de minerales desde las instalaciones mineras”, dice el informe.

Mayor lucro

La Camimex reportó, en su Informe Anual 2021, que el valor de producción minero-metalúrgico en México creció en 2020 a su punto más alto desde 2010, subiendo 42.5% comparado con el crecimiento del 2019, para un total de 13,095 millones de dólares estadounidenses.

El sector minero “fue uno de los pocos sectores económicos en el país que experimentó crecimiento en 2020, además del sector agropecuario, con aún mejores pronósticos para 2021”.

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Además, el sector minero “confirma su capacidad mediática y se posiciona como actor estratégico dentro de la llamada ‘transición energética’ y el supuesto viraje hacia el uso de energías ‘verdes’, ‘renovables’ o ‘amigables con el ambiente’”.

Pandemia minera

El informe de la REMA se enmarca en el contexto de una investigación colaborativa regional y global por la Coalición contra la Pandemia Minera, la cual lanzó el informe Sin Tregua: Resistencias por la Vida y el Territorio Frente al COVID-19 y la Pandemia Minera, que abarca 16 casos de estudios de nueve países de América Latina que demuestran la profundización de las asimetrías de poder económicas y políticas, junto con el aumento de militarización, represión, criminalización y violencia en contra de las comunidades organizadas.

Las Brigadas Civiles de Observación (BriCO) instaladas en el poblado zapatista Nuevo San Gregorio, municipio Autónomo Rebelde Zapatista Lucio Cabañas en Chiapas, México, y la Junta de Buen Gobierno “Nuevo Amanecer en Resistencia por la Vida y la Humanidad”, Caracol 10 “Floreciendo la Semilla Rebelde”, han documentado nuevos ataques que ponen en riesgo la vida, seguridad e integridad personal de seis familias Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN).

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El día 9 de junio, a las 7:23hrs entraron 19 personas del grupo agresor en el poblado y tumbaron árboles para “reforzar el alambrado que ilegítimamente instalaron hace 2 años y medio en el poblado”, de acuerdo a un comunicado divulgado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).

A las 13:27hrs se reunieron frente del centro del poblado, donde es punto de trabajo y encuentro de las BAEZLN, insultando agresivamente a la población y en especial a las BriCO, realizando amenazas de muerte en contra de ellos y de integrantes del Frayba, antes de retirarse a las 14:38hrs.

“Estas nuevas amenazas constituyen un riesgo a la integridad física y psicológica de las personas y una clara obstaculización a la observación internacional con base en la Constitución mexicana y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidas, que ha sido firmada y ratificada por el Estado mexicano”, señala el comunicado.

Frente a estas circunstancias existe el “riesgo inminente a los derechos a la vida, seguridad e integridad personal debido a que el grupo agresor ha lanzado la amenaza de desplazar de manera forzada y entrar a cerrar las casas donde viven las BAEZLN, lo que ocasionaría daños de imposible reparación y a las observadoras y observadores de derechos humanos que se encuentran en el lugar”.

La organización denuncia que las BAEZLN realizan la defensa de su tierra y territorio en un contexto de constante violencia, amenazas y asesinatos por la acción de grupos armados sobre sus tierras y bienes naturales.

En el pueblo Autónomo de Nuevo San Gregorio, quienes permanecen en resistencia y defensa del territorio recuperado desde 1994, se ha dificultado la siembra de cultivos provocado por el despojo territorial, ocasionando la falta de alimentos básicos para las personas. Estos hechos siguen sucediendo bajo la observación del gobierno federal y estatal, a cargo del presidente Andrés Manuel López Obrador y de Rutilio Escandón Cadenas.

Frayba sostiene que el Estado mexicano es indiferente y omiso en implementar una acción efectiva para desactivar la violencia contra las BAEZLN, “quienes son defensores, cuidadores y guardianes de su territorio, la administración de estos hechos, puede generar una situación de mayor alcance en violaciones graves a los derechos humanos”.

El 5 de julio próximo se cumplirá un año del asesinato del ex presidente de la Mesa Directiva de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, Simón Pedro Pérez, fecha que será conmemorada con un informe sobre su vida como defensor de los derechos humanos en Chiapas.

Las Abejas de Acteal lamentaron que la investigación de Simón Pedro no avance, “la justicia solo funciona ante el dinero y el poder”, pues señalan que enfrentan a la falta de voluntad política para investigar el contexto y las verdaderas causas del homicidio para dar con las personas que ordenaron la ejecución.

Simón Pedro fue asesinado en la cabecera municipal de Simojovel, después de denunciar la omisión del Estado mexicano ante la actuación impune de grupos de la delincuencia organizada.

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Las actividades en su memoria, por la verdad y la justicia serán convocadas en la comunidad Nuevo Israelita de Simojovel donde vivió y creció Simón Pedro; y donde actualmente reside su familia.

Tanto la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) acompañarán la peregrinación, la celebración eucarística y la presentación del informe para el que convocan la presencia de organizaciones aliadas.

Tras el asesinato del defensor, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas recomendaron a la Fiscalía de Chiapas investigar a fondo estos hechos, no solo a los autores materiales si no intelectuales del asesinato.

Días más tarde detuvieron a una persona acusada como autor material del crimen, “nuestra percepción de la Fiscalía General del Estado de Chiapas es que con que haya un detenido ya se hizo justicia; no hay voluntad”, dijo el abogado del Frayba, Jorge Gómez Hernández.

Pero esta presión política desde la fecha del crimen, impulsó el proceso y los asesores jurídicos no han agotado las líneas de investigación. El 30 de junio se realizará la audiencia intermedia en el Centro de Reinserción para Sentenciados número 14 ‘El Amate’ y “después se procederá a juicio oral donde se definirá la inocencia o la culpabilidad del detenido, estamos en los preparativos de la audiencia y del aniversario en memoria de Simón”, explicó Gómez.

La familia 

Entre las cosas que no ha hecho la autoridad es brindar seguridad a la familia del defensor, pese a que la Fiscalía tiene conocimiento de las intimidaciones y amenazas que continuaron después del asesinato de Simón Pedro.

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“Nosotros como Frayba también estamos protegiéndonos porque sabemos del riesgo y los motivos del asesinato. Seguimos pronunciándonos porque haya justicia verdadera”.

Para el Centro de Derechos Humanos el nulo acceso a la justicia es general, pues acompañan otros casos de tortura, de indígenas detenidos injustamente, violaciones, feminicidios que no se investigan, entre otros.

En la actualidad los defensores de los derechos humanos están siendo asesinados y tampoco hay justicia completa, “no hay justicia para nadie; la fiscalía decide quién accede a la justicia según sus intereses”.

Pero éste no es un tema reciente, pues en las tres décadas de documentación del Frayba señalan que no existe independencia judicial aún con los cambios de partidos políticos en los gobiernos.

En Chiapas la práctica de la tortura en las detenciones ilegales sigue siendo muy comunes, pero ningún servidor público ha sido castigado por torturar, encarcelar o por actos de corrupción.

“No queremos que tengan que pasar otros 25 años para que se haga justicia en el caso de Simón Pedro, por eso le pedimos a todos nuestros hermanos y hermanas solidarias que nos ayuden difundiendo su caso y participando en una celebración cuya convocatoria lanzaremos muy pronto con ocasión de su primer aniversario”, compartieron las Abejas de Acteal.

¿Por qué no tener el derecho a escribir lo que vemos desde la comunidad? se cuestionó Irene Nich, antes de comenzar la investigación del libro Milpa Corazón: Las milpas de los guardianes, escrito por integrantes de la Red de guardianes del maíz y la biodiversidad en Chiapas.

El libro reunió a siete autores, cuatro mujeres y tres hombres, que representan las segundas y terceras generaciones de los guardianes del maíz de distintas regiones de Chiapas, y que, además de la escritura, promueven la conservación de las semillas.

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Escribir este libro fue un regalo para cada uno de ellos. Abrió la oportunidad para tener conversaciones con familias de la cultura tzeltal, tojolabal, zoque, mam y mestiza que en conjunto siembran casi 700 mil hectáreas en Chiapas, la mayor superficie de maíz en México.

“Queremos hacer lo mismo, como dijo el abuelo: la palabra debe caminar”, cuenta Irene Nich en voz de Lusbey Méndez Sántiz, María de la Flor Gómez Cruz, María Sánchez Álvarez, Adrián Pérez de la Cruz, Sergio Cruz García y Ervin Pérez Arriaga.

La idea se originó hace tres años cuando iniciaron las investigaciones individuales y durante la pandemia del Covid-19 se concretó, pues se percataron que los campesinos resolvieron con la milpa el problema alimentario que se avecinaba.

“Sembrando maíz porque eso nos garantiza nuestra alimentación mientras pasamos esta situación”. Entonces, decidieron sistematizar lo que ven y cómo lo ven desde el registro de la vida a través del maíz.

El texto literario incluye la localización geográfica de los guardianes: Huixtán, Oxchuc, Las Margaritas, Chapultenango, Villaflores, Cintalapa y Motozintla. Así como fotografías que lograron captar momentos importantes en este ejercicio de reflexión, de escucha y voluntad.

“Nos dimos la tarea de escribir un libro sobre lo que representan las semillas en la vida diaria y en los diferentes territorios. Tiene un corte antropológico porque reflexiona sobre lo que significa la milpa para quienes la cuidan”.

Irene, por ejemplo, desde muy pequeña mantiene una relación estrecha con los saberes de la milpa a través de sus abuelos maternos tzeltales de Oxchuc y sus abuelos paternos tzotziles de Chamula.

Es Agrónoma de formación, pero fue hasta que entró a la maestría en Antropología Social que reconoce y ve distinto lo que antes parecía común, “finalmente hace algunos años, me siento mucho más conectada y siempre han estado presente en mi vida las semillas y la vida comunitaria”.

Por ello cada autor se enfocó en una región para narrar en siete capítulos las historias de los guardianes y la vida al ritmo de la naturaleza.

‘Una aguja en el pajar’

La milpa en el siglo 21 es de suma importancia, asume Irene Nich. Partiendo de ahí buscaron y localizaron a los guardianes del maíz, quienes preservan hasta 20 semillas ancestrales, la vida campesina y una relación con la tierra.

“Es como encontrar una aguja en el pajar, cada vez es más complicado encontrar a los guardianes”, dice la investigadora pues los campesinos son muchos, pero la relación de conservación es menor.

Por años, las mujeres son las que cubren este tejido comunitario. En los roles en la vida rural, las mujeres sostienen la milpa, debido a la migración forzada de los hombres para buscar ingresos económicos.

Pero también, porque a las mujeres les proporciona mayor seguridad alimentaria la milpa que migrar, pues en los destinos no son recibidas al igual que los hombres. Entonces crean espacios de intercambio, “la milpa cubre la alimentación y el cuidado de los que están alrededor”, a esto se suman las plantas medicinales y toda la relación de las mujeres con la comunidad.

La migración es una constante, por ejemplo, en Oxchuc un vehículo llega para llevar los tseltales al norte del país para trabajar. Pero los autores de Milpa Corazón recuerdan que, desde los tiempos de las fincas cafetaleras en Chiapas, los hombres tenían que dejar sus hogares para trabajar como jornaleros.

“Es más difícil que para quien está íntimamente relacionado con la milpa y tiene que migrar, porque existe una nostalgia que los lleva a seguir buscando la tortilla, el maíz y el frijol”.

Diversidad y desigualdad

Para los autores, Chiapas sigue siendo rural, porque las generaciones están vinculadas al campo, pues todos son hijos o nietos de campesinos; algunos más cercanos que otros.

Por ello la importancia de hablar también de las contradicciones en las políticas públicas para promover el monocultivo sobre la conservación de la biodiversidad, sobre todo en estos momentos cuando los investigadores aún están en el reconocimiento de especies.

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Las especies no están concentradas en una milpa, ejemplifico el caso de región frailesca donde se siembra monocultivo casi en su totalidad. Entonces también existe una lucha contra los monopolios y la monocultura.

A partir de estos problemas el campesino ha sido poco estimulado para continuar trabajando, pues el precio de los productos es muy desigual y los “acorrala”.

Y en este contexto tampoco existe responsabilidad social, pues no se valora la diversidad y se limita a consumir grandes cantidades de una sola especie de alimento, lamenta Irene Nich.

La ‘Red de guardianes del territorio y la biodiversidad’ mantiene vínculos con organizaciones que están en la misma lucha, pero concentradas en las leyes, como la iniciativa de reforma en la Ley de Variedades Vegetales.

Saben que se trata de un marco regulatorio que busca limitar más la diversidad y con ello la calidad de los alimentos, “nuestra aportación de sistematizar, demostrar que antes de la ley el campesino tenía esas especies y que se tiene que respetar ese territorio”.

Escuela del maíz 

La Escuela del Maíz y la Milpa es otro proyecto de la misma red, que pone en contexto y explica porqué es importante la conservación de las semillas, consumir la diversidad, así como la valoración de los guardianes.

“Estamos preparándonos para ese proceso”, dice Irene. Lo primero es cuestionar ¿qué significa para un campesino enseñar?

El ejercicio piloto se hizo en Oxchuc donde los campesinos respondieron que su escuela es la milpa, “entonces estamos empezando a nombrar las cosas a partir de lo que la gente entiende y aprender para poder diseñar la escuela”.

La red ya trabaja en las investigaciones para un segundo libro, para el que necesitan una unión de voluntades que tengan el propósito de difundir los conocimientos ancestrales, nutrir y valorar a los guardianes, “el maíz es la vida misma”.

Milpa se dice:

K´altik en tzeltal

Alaj en tojolabal

Kamatze´kujy en zoque

Kjo´n en mam

Puedes descargar el libro Guardianes Corazón aquí

^{En portada: 400 años de minería no alteraron la apariencia del Cerro de San Pedrio. En cinco años se abrió un abismo de 400 metros de profundidad por 800 de ancho}

En 1996, los órganos ambientales de México dieron autorización a la minera San Xavier, de la canadiense New Gold, para explotar plata y oro en el Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí. Los habitantes solicitaron ante tribunal un juicio de nulidad de la concesión. Pero la minera presentó amparo y logró continuar sus actividades.

En 2016, luego de haber devastado al cerro, la minera cerró las actividades sin un plan de restauración. “¿Cómo van a volver a construir un cerro?”, pregunta don Mario Martínez, ingeniero geólogo y miembro del movimiento ciudadano de defensa del pueblo de Cerro de San Pedro.

La minera canadiense dejó, según Martínez, 200 millones de toneladas de materiales sulfurosos, además de 100 millones de toneladas de material con cianuro que, con las lluvias, filtran hacia al acuífero.

Son motivos de preocupación y resistencia la prospección, exploración, explotación, además de los conflictos que generan la actividad minera. Sin embargo, existe un “completo vacío” en lo que respecta al cierre y abandono de los sitios mineros, alerta la investigadora y experta en el tema, Letizia Silva, quien coordinó el informe ¿Y después de la mina qué? Hacia una política de cierre de minas, de la fundación Heinrich Böll.

“¿Qué sucede cuando deja de tener actividades a corto, mediano y largo plazo una mina?, ¿qué sucede con los lugares que quedan en total abandono? Quedan residuos tóxicos que no permite que viva nada. No se puede producir, no se puede tener una vida social, una vida en común. Y nadie se hace responsable de ello”, señala la investigadora.

En México, no existe una definición normada y regulada que establece lo que significa ‘cierre de mina’, tampoco existen normas para regular cómo debe ser la finalización de una actividad minera, o cómo se va a vigilar que la restauración del sitio ocurra.

Lo que existe, según la investigadora, son las definiciones en las Manifestaciones de Impacto Ambienta (MIA), estudio realizado por una consultoría ambiental pagado por las mineras. “Son las empresas que determinan, bajo sus criterios, que se considera cierre de mina”, explica.

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Justamente por no haber una normativa clara, no hay un número oficial de minas cerradas, tampoco existe un registro oficial de los pueblos fantasmas que han generado las actividades mineras en todo el país.

El dato oficial a partir del cual se puede generar una idea de la contaminación es el inventario de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que ubica 585 registros de presas de jales, desechos tóxicos generados por la actividad minera.

Cierre en las distintas fases

La actividad minera posee cinco fases. La prospección, exploración, explotación, beneficio o limpieza del mineral y el cierre. “Pareciera un ciclo continuo y normal, pero hemos visto que, por ejemplo, una concesión puede estar en explotación y, al mismo tiempo, desarrollar prospección. Pueden estar en la fase de beneficio y volver a la fase de prospección. No es una actividad continua. Así como se puede regresar las fases, el cierre también puede coincidir con cualquier otra fase”, explica Silva.

Es decir, puede ser que la empresa esté haciendo la prospección y considere que no es viable la explotación y determina retirarse. “¿Dónde está la planeación de cierre cuando no hubo explotación?, por ejemplo. La actividad de prospección no es solamente hacer medición, es hacer perforación, retirar vegetación, modificar suelo. Entonces desde las primeras fases habría que existir un plan de cierre”, sostiene.

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Otra situación que no está prevista en las normas mexicanas es la suspensión de la actividad minera. “Puede ser que la empresa se haya ido momentáneamente. Todavía es un cierre y abría que estar normado”, señala la investigadora.

La postergación de las actividades mineras ha sido cada vez más frecuente en los últimos años. En 2017, 17% de los proyectos mineros estaban suspendidos. En 2021, alzó a 62%. “No sabemos lo que sucede en este período que es indeterminado”.

Distintas organizaciones y colectivos demandan una política de monitoreo y manejo de desechos tóxicos, además exigen que las empresas restauren los lugares luego de la extracción de los materiales. ¿Sería eso posible?, considerando los daños irreversibles que traen dichas actividades. Como señaló Martínez, ¿cómo van a volver a construir un cerro?”.