Fuente: Avispa Midia

Por Javier Bedía Prado

El miércoles (8) se realizó la última audiencia del proceso de amparo contra el plan de extracción subterránea de cobre y zinc en el área del sistema hídrico de Marcapomacocha, en la región Junín, donde se capta el agua que abastece a más de 11 millones de personas en la capital del Perú, Lima, y la provincia del Callao.

Southern Peaks Mining (SPM), empresa formada en sociedad con el Global Natural Resource Investments, un fondo de inversión británico, es la responsable del proyecto que fue aprobado en 2016 por el Ministerio de Energía y Minas. 

El sistema hídrico de Marcapomacocha, ubicado a 100 kilómetros de Lima, dentro del terreno de la comunidad campesina Santiago de Carampoma, consiste en un conjunto de 48 lagunas, bofedales y aguas subterráneas que, a través de un túnel, se trasvasan desde la cuenca del río Mantaro a la del río Rímac, que es el que provee de agua a la capital. 

La minera planea depositar relaves tóxicos en una zona altamente sísmica, a 500 metros de la entrada principal del túnel de captación.

Durante la temporada seca, el sistema hidráulico aporta el 62% del agua para las dos zonas metropolitanas más pobladas del Perú, de alto estrés hídrico. El país es el tercero más afectado por este problema en América Latina y el Caribe. Y Lima es la región peruana en mayor riesgo de crisis hídrica. 

En el libro La mina Ariana y la amenaza al agua de Lima y Callao. Lecciones de un caso inaudito, editado por Cooperacción en 2023, se reportan 390 pasivos ambientales que ya generan contaminación en en la cuenca del río Rímac. 

Omisión en estudio de impacto ambiental

El fallo del juez dirimente, a emitirse en los próximos días, dejará un precedente para la gestión minera en torno a las fuentes de agua. 

En la anterior audiencia, en enero de 2023, una jueza del sexto juzgado constitucional de la Corte Superior de Lima ordenó la suspensión de Ariana y la realización de estudios hidrogeológicos. 

Las partes demandantes del proceso señalan una omisión grave en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto: la falta de una evaluación profunda de los posibles efectos en el sistema hídrico

Por su parte, el Ministerio de Energía y Minas defiende la competencia de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) para determinar la inocuidad del proyecto, sin embargo este organismo, en su evaluación inicial, no analizó el impacto en el sistema hídrico.

A pesar de que el propio Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) advierte los peligros de contaminación, el Ministerio de Energía y Minas ha obviado sus recomendaciones. Entre las observaciones, Sedapal indica que el uso de dinamita alteraría el cauce de las aguas.

Debido a que la minera cercó parte del área de influencia de Marcapomacocha, no se puede examinar los niveles de contaminación en las lagunas.  

Si de beneficios económicos se trata, Sedapal, con el agua de este sistema hidráulico, ha generado mayores ingresos de los que estima el proyecto Ariana. 

La industria del cobre es de las más cotizadas en el Perú, el segundo productor mundial de cobre, mineral de alta demanda para la transición energética en el norte global. Asimismo, en 2023 ocupó el segundo lugar en producción de zinc, empleado principalmente en el sector de la construcción. 

Historial de contaminación

Southern Peaks Mining tiene antecedentes de falta de responsabilidad ambiental. Cuando fue propietaria de la mina Quiruvilca (región La Libertad), entre 2012 y 2015, el Organismo de Fiscalización Ambiental la sancionó por incumplimiento de acuerdos de manejo de aguas de drenaje de desmontes y relaves. Tras vender la operación minera en 2015, la zona fue declarada en emergencia ambiental debido a impactos graves en el río Moche. 

La compañía opera en el Perú la mina Condestable, al sur de Lima, en la que produce 23,000 toneladas de cobre por año. 

Con respecto a la mina Ariana, la empresa ha manifestado que las actualizaciones de los estudios que realizó serán presentados a las autoridades cuando lo requieran, “sin perjuicio de la continuidad o avance del proyecto”. 

La empresa sostiene un mensaje de producción con energías limpias, de acuerdo a la llamada transición energética en los países de capitales extractivistas, a costa de zonas de sacrificio. La industria del cobre es la causa de dos de los conflictos socioambientales más violentos en el Perú: el del proyecto Tía María (región Arequipa) y el de la mina Las Bambas (Apurímac).

Lo inusual del caso del proyecto Ariana es que el posible impacto sea en la capital de un país donde la minería contamina y amenaza fuentes de agua en los territorios de las provincias, habituada a ver a distancia estos peligros.

9 de diciembre de 2024 a partir de las 9:00 horas.

Los pueblos estamos padeciendo una severa crisis de agua debido al despojo que los centros comerciales, zonas residenciales y empresas realizan en nuestro territorio. Todo esto en complicidad con el mal gobierno de los tres niveles y sus instituciones como CONAGUA, SOAPAP y la empresa criminal “Agua de Puebla, Agua para todos”.

En la tercera Asamblea Regional, realizada el pasado 5 de noviembre en Santa María Acuexcomac se tomó el acuerdo colectivo de realizar la Cuarta Asamblea en el pueblo de Nealtican, esto se debe a que esta comunidad tiene la misma problemática respecto al tráfico del agua. Durante 30 años el agua ha sido robada de la comunidad afectando seriamente la salud ambiental y con ello la vida de todos los pueblos al rededor.

Este año se termina el contrato que el mal gobierno del Estado de Puebla impuso a las comunidades de Nealtican y Acuexcomac. Es por eso que invitamos a todos los pueblos a organizarnos para frenar este despojo y tráfico de agua que el mal gobierno y la empresa “Agua de Puebla, Agua para todos” distribuye a los ricos y criminales del estado.

¡Alto al despojo del agua!
¡Vivan los pueblos originarios en defensa de la vida!
¡Fuera traficantes del agua!

(Descarga aquí)  

— EUA: Entrevista a Carolina Saldaña sobre las acciones por la libertad del  preso político Mumia Abu Jamal. Anuncia traducción de nuevo libro sobre lucha anticarcelaria. Por NdA.

— GUATEMALA: Lolita Chávez, La Nieta del Pueblo Maya K’iche’ regresa a Ixim Ulew: Un viaje de reconexión y resistencia.  Acompañada de una delegación, regresa tras 10 años de exilio por amenazas de muerte. Fuente: De pueblo y barrio.

— CHILE: Las luchas contra la prisión política en Chile llaman a luchar por la libertad de los presos políticos del ataque policiaco a Villa Francia. El preso político Mapuche de la CAM Héctor Laiquitul inicia huelga líquida para denunciar la política represiva del régimen de Boric. Y se realizan jornadas para la libertad de anarquistas presos como Francisco Solar para sacarlo de aislamiento. Fuente: Buskando la Kalle. Fuente: Federación Anarquista | Informativo Anarquista

— CHIAPAS: ENTREVISTA a  NO ESTAMOS TODOS sobre el caso José Díaz, el zapatista, base de apoyo preso injustamente y de la lucha anticarcelaria en Chiapas. Por Nda.

— GUERRERO: Los huracanes de la violencia. Un panorama desolador en Guerrero.

La omnipresencia de los grupos criminales se ha normalizado al punto de imponer un estilo de represión caciquil y militar. Fuente: Tlachinollan.

— MÉXICO: Convocan a la quinta Asamblea Nacional del Agua, la vida y el territorio. Un espacio de resistencias comunitarias y populares, el próximo 17 Y 18 de Agosto.

Ver en YouTube.

¡NO HABRÁ PAZ, VIDA Y FUTURO SIN AGUA!

Al CCRI CG EZLN
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN
A los Gobiernos Autónomos Locales, GAL
A los Colectivos de Gobierno Autónomos Zapatistas, CGAZ
A las Asambleas de Colectivos de Gobierno Autónomos ZAPATISTAS, ACGAZ
A la Comisión Sexta del EZLN
Al Congreso Nacional Indígena, CNI
Al Concejo Indígena de Gobierno, CIG
A Ma. de Jesús Patricio Martínez, Vocera del CNI-CIG
A los Pueblos del Mundo que resisten contra el Sistema Capitalista y Patriarcal
A los Pueblos, Tribus, Naciones, Comunidades y Barrios Originarios
que nunca fueron conquistados
A las organizaciones que defienden los derechos colectivos, el territorio, el agua y por ende la vida
A los Pueblos que luchan y resisten en la Cuenca del Anáhuac
A la Sexta Nacional e Internacional
A las Redes de Resistencia y Rebeldía
A la Europa Insumisa, Digna y Rebelde
A quienes firmaron la Declaración por la Vida
A los medios libres, independientes, alternativos o como se llamen…

Herman@s Tod@s

En este país todos sueñan. Ya llega la hora de despertar…

LA TORMENTA…

…la que está

Nacerá del choque de estos dos vientos, llega ya su tiempo, se atiza ya el horno de la historia. Reina ahora el viento de arriba, ya viene el viento de abajo, ya la tormenta viene… así será…

LA PROFECÍA…

…la que está

Cuando amaine la tormenta, cuando la lluvia y fuego dejen en paz otra vez la tierra, el mundo ya no será el mundo, sino algo mejor. 

Selva Lacandona, agosto de 1992., y  publicado en Enlace Zapatista el 27 de enero de 1994.

Recordando: 

Primero. Que la Asamblea Nacional por el Agua y la vida tuvo su primera sesión en agosto del año 2022 como una iniciativa del Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de Gobierno para unir y fortalecer las luchas de los pueblos y organizaciones en defensa del Agua, la Vida y el Territorio y que, desde su nacimiento se ha declarado autónoma, autogestiva, antipartidista, anticapitalista, antipatriarcal, antifascista, antimilitarista y se rige bajo los principios del mandar obedeciendo: servir y no servirse, representar y no suplantar; construir y no destruir; obedecer y no mandar; proponer y no imponer; convencer y no vencer; bajar y no subir.

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Pronunciamiento en Defensa de la Vida y el Territorio
(entendido como suelo, subsuelo, atmósfera, agua, plantas, animales y culturas)
1 de junio de 2024
Jalpa, Municipio de General Cepeda, Coahuila, México

Del 24 al 26 de mayo nos reunimos en el ejido de Jalpa, Coahuila, alrededor de 150 personas de diversos ejidos, comunidades, colectivos y grupos para denunciar el saqueo del agua y pronunciarnos en defensa del territorio y la vida, en el marco del Encuentro en Defensa de la Vida, tejiendo territorios del Norte, Centro y Sur convocado por los colectivos “Saberes y Sabores”, “Centro de Salud Alternativa (CESANA)”, “Colectivo Sí a la Vida”, “Custodios del Arroyo San Miguel”, campesinas y campesinos del Desierto Chihuahuense y Crianza Mutua México con el objetivo de compartir la vida cotidiana, experiencias organizativas de educación popular, resistencia para defender la tierra, agua, suelo, paisaje, animales, plantas y culturas, en este encuentro tejimos un espacio de diálogo intercultural de saberes y vivires con la finalidad de articular diversas luchas autonómicas, tejer y fortalecer redes de solidaridad, apoyo y resistencia.

Los ejidos San José Patagalana, Sombreretillo, Seguín, Presa de San Antonio, Porvenir de Jalpa, Jalpa, Santa Inés, San Juan del Cohetero y Pilar de Richardson se localizan en la Cuenca del Arroyo San Miguel a 120 kilómetros al Oeste de Saltillo. Desde finales de la década de los noventa las comunidades ejidales de esa región han denunciado e interpuesto recursos legales para detener el saqueo de los reservorios subterráneos de agua, de manera particular en torno a esa cuenca que ha dado vida durante siglos a la región y a las comunidades que viven y cuidan de la tierra y el agua y producen alimentos básicos para autoconsumo y venta de excedentes.

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Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

^{En portada: Participantes de la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida durante protesta en Santiago Mexquititlán, Querétaro. Febrero, 2023. Foto: Santiago Navarro F}

Colectivos, pueblos indígenas y organizaciones sociales se reunieron el pasado sábado (18) en la Casa de los Pueblos “Samir Flores Soberanes”, en la Ciudad de México, para llevar a cabo el foro “En medio de la farsa electoral, la guerra capitalista contra los pueblos”.

Las y los presentes compartieron análisis y reflexiones en torno a la violencia y represión que se vive en México, enfatizando que, con la denominada “Cuarta Transformación” (popularmente conocida como 4T), la militarización incrementó contra las comunidades indígenas, especialmente en territorios zapatistas en Chiapas.

“Grupos paramilitares y el crimen organizado operan con toda impunidad como garantes de la imposición no solo de megaproyectos de muerte como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico y el Proyecto Integral Morelos; están al servicio del Estado y el gran capital para llevar a cabo el despojo del territorio, la Madre Tierra y la vida”, aseveraron mediante comunicado firmado por la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida.

En medio del contexto electoral, las y los particpantes del foro sostuvieron que, el próximo 2 de junio, no está en disputa la democracia, sino el poder económico y político “que busca sostenerse con la militarización, con la impunidad, y con la acumulación de riqueza en las manos un@s cuant@s al servicio de las grandes transnacionales”.  

“Las crisis en múltiples niveles del capitalismo y la devastación de la naturaleza están provocando fenómenos nuevos, que no habíamos observado o que no se observaban de manera tan aguda. Nuestro país, nos digan lo que nos digan, de un modo cada vez más creciente está siendo dominado, está siendo controlado por cárteles criminales que, de manera relativamente nueva, están poniendo sus miras en los territorios donde existe mayor concentración de riqueza natural y de agua”, enfatizó Carlos González García, integrante del Congreso Nacional Indígena.

Por ello, la Asamblea sostuvo que el plan de la 4T es sostener una guerra capitalista contra los pueblos y comunidades indígenas y para denunciarlo, destacaron las agresiones armadas contra comunidades autónomas zapatistas; la intimidación policial contra la comunidad otomí y Diego García, quienes mantienen la toma de la Casa de los Pueblos; así como la violencia contra Pueblos Unidos de la región choluteca, quienes resisten a la operación irregular de un basurero; casos de presos políticos; el encubirmiento militar en el caso Ayotzinapa, entre muchos otros.

Ante las agresiones, miembros de la comunidad Otomí de Santiago Mexquititlán pidieron no parar con la difusión de los casos, “de hacer acciones directas para seguir denunciando, visibilizando y arrancándole (al Estado) lo poquito de justicia que podemos seguir recuperando desde nuestras fuerzas como comunidades organizadas”.

Agresiones contra zapatistas

Durante el foro se denunció el incremento de las agresiones armadas contra las comunidades autónomas zapatistas, especialmente las realizadas por la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO), quienes durante años han atacado impunemente a las Bases de Apoyo del EZLN (BAEZLN), provocando desplazamientos forzados, tortura, desapariciones e intentos de homicidio. 

En lo que va del 2024, fueron desplazadas 28 personas BAEZLN de la comunidad La Resistencia. En enero, cuando se registraron las agresiones también fueron destruidas la Escuela Primaria Autónoma, 15 casas y siembras; además robaron una tienda y otros bienes de la comunidad. 

En el poblado autónomo de Emiliano Zapata quemaron un potrero de las bases de apoyo. Para febrero, integrantes de la ORCAO atacaron la comunidad autónoma zapatista de Moisés y Gandhi, donde registraron más de 100 disparos con arma de fuego de alto calibre. 

Ante el incremento de la violencia, denunciaron la agresión armada, ocurrida en mayo del 2023 contra el integrante base de la base de apoyo Jorge López Sántiz, que puso en grave riesgo su vida. También mencionaron el caso del indígena chol, BAEZLN, José Díaz Gómez, quien desde el 25 de noviembre del 2022 es rehén del gobierno de Chiapas, pues se encuentra encarcelado acusado por robo con violencia, “como represalia por su adherencia política zapatista”.

La Asamblea sostiene que, programas sociales como Sembrando Vida, han empoderado a grupos criminales, exacerbando la violencia y el despojo de tierras colectivas. “La guerra integral de desgaste contra la autonomía zapatista, empezada desde hace décadas por los diferentes partidos políticos, ha sido intensificada durante este gobierno de la cuarta simulación”, señalan.

Guerra 

De acuerdo a las y los participantes del foro, a través del territorio mexicano existen otros ejemplos de violencia contra los pueblos organizados, como es el caso del hostigamiento a la Comunidad Otomí en CDMX, quienes desde el año 2020 tomaron el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) en demanda de vivienda justa y por ello han sido objeto de violentos intentos de desalojo, así como de criminalización. 

La Asamblea denuncia la complicidad del director del INPI, Adelfo Regino Montes, y del gobierno de la CDMX en estos ataques.

En Puebla, en la región Choluteca, diversos pueblos resisten desde el pasado 21 de marzo contra la operación de un relleno sanitario, de la empresa ProFaj Hidro Limpieza, mediante protestas y un campamento, pero indican que han recibido represión estatal. 

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“El gobierno envió un operativo con más de 500 policías y grupos de choque para forzar la entrada de camiones recolectores de basura, policías estatales y municipales dispararon en contra de los habitantes que resisten en las barricadas para impedir la entrada de dichos camiones, y tras muchas horas de represión dirigida hacia el plantón y barricadas, las unidades de policía y guardia nacional, así como los camiones de basura se retiraron”, sostienen mediante comunicado.

La Asamblea denuncia la criminalización de los defensores del territorio, como Miguel López Vega, primer preso político de la 4T y Alejandro Torres Chocolatl, ambos defensores del río Metlapanapa. 

Destaca también el caso de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. A punto de cumplirse una década y, a pesar de numerosas investigaciones que apuntan como actor clave la participación del ejército mexicano en el crimen, el gobierno continúa negándose a entregar documentos, en posesión de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que podrían dar pistas para dar con el paradero de los estudiantes. 

La Asamblea resalta que, en el cierre del sexenio de López Obrador la cifra de desaparecidos alcanza la cifra de 116 mil personas, en cuya mayoría de los casos no existen avances en la búsqueda por parte de las autoridades, sino que son las madres y familiares buscadores quienes realizan las investigaciones. 

“Las madres y familiares están en constante riesgo de ataques por grupos criminales, policía, ejército alentados por el desdén con que el ejecutivo federal se refiere a ellas. Andrés Manuel López Obrador termina su sexenio manchado de la sangre de 7 madres buscadoras que fueron asesinadas por buscar a sus hijos”, acusan.

Las y los participantes del foro también exigieron justicia para las víctimas del incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, ocurrido en marzo de 2023 y donde murieron 40 migrantes. Ante ello, denunciaron la violencia sistemática contra las personas en movilidad, pues solo en 2023, durante su paso por México fueron detenidos 782 mil 176 migrantes, un récord histórico de personas que muchas veces son víctimas de funcionarios del Instituto Nacional de Migración, quienes los extorsionan o entregan a grupos del crimen organizado.

Los periodistas y defensores de derechos humanos también fueron mencionados por las agresiones en su contra. México se ha consolidado como uno de los países más peligrosos para el periodismo, con 56 periodistas asesinados en el último sexenio, que han ocurrido en medio de la legitimación de la violencia desde la presidencia contra quienes muestran una postura crítica hacia el gobierno y sus nexos criminales.

Por último, reconocieron la lucha de las y los presos políticos con casos como los defensores del territorio de San Juan Cancuc, Saúl Rosales Meléndez, los presos de Eloxochitlán, así como el caso de criminalización contra Karla y Magda de la Okupa Cuba. 

En un llamado a la acción, la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida se sumó a la iniciativa zapatista de “el común y la no propiedad” para mantener su lucha por autonomía y autodeterminación.

Fuente: Avispa Midia

Por Karen Castillo

Fuente: Avispa Midia