Comunicado del CIPOG-EZ, pueblos, autoridades comunitarias, ejidales y comunales de Guerrero por el asesinato del Ing. Tomás Augusto Lozano Analco y de Francisco Bonilla, ciudadanos de la Casa de los Pueblos del municipio de Ayutla de Los Libres, Guerrero

AL EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL
AL CONGRESO NACIONAL INDIGENA
AL CONSEJO INDIGENA DE GOBIERNO
A LAS REDES DE RESISTENCIA Y REBELDÍA
A LA SEXTA NACIONAL E INTERNACIONAL
A LA EUROPA INSUMISA
A LA MISIÓN CIVIL DE OBSERVACIÓN – SEXTA
A LOS ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LIBRES E INDEPENDIENTES

04 de marzo de 2026

Como pueblos y autoridades denunciamos la violencia que sigue creciendo en nuestro estado de Guerrero. Condenamos el asesinato del Ing. Tomás Augusto Lozano Analco, y de Francisco Bonilla, ciudadanos de la Casa de los Pueblos del municipio de Ayutla de Los Libres, Guerrero.

Los dos ciudadanos fueron atacados a balazos a las 19:00 horas el día 03 de marzo de 2026, cuando hombres armados del grupo criminal «Los Ardillos» rafaguearon la camioneta en la que viajaban, después del puente Omitlán, cerca de Tierra Colorada, en el municipio de Juan R. Escudero, sobre la vía que comunica con Tecoanapa y Ayutla de Los Libres.

Responsabilizamos directamente al grupo criminal «Los Ardillos» por estos asesinatos. Señalamos directamente a Daniel Rosas Martínez, quien se autonombra coordinador de comisarios de la zona rural de Acapulco, Tecoanapa y Tierra Colorada, pero quién actúa como operador de «Los Ardillos» en la región, obligando a comunidades a participar en narco-bloqueos en la Autopista del Sol y manteniendo el control en la región a través del terror.

Además, denunciamos la complicidad directa de autoridades locales con “Los Ardillos”, como el director de la policía de Juan R. Escudero, César Ramírez, al igual que el presidente municipal, Óscar Sánchez Luna.

La expansión territorial de «Los Ardillos», así como su control de municipios y carreteras, ocurre con el permiso y la complicidad del Estado. Frente a los ojos de la Guardia Nacional y el Ejercito Mexicano, los criminales se mueven libremente, instalan retenes, bloquean carreteras y asesinan y desaparecen personas a plena luz del día, con total impunidad. En lugar de desarticular a «Los Ardillos», funcionarios del gobierno federal y estatal se sientan con ellos públicamente para negociar y ceden a sus demandas de criminalizar a quienes defendemos la vida.

«Los Ardillos» son responsables del asesinato de 70 integrantes del CIPOG-EZ, la desaparición de 25 más, así como el asesinato de los 13 policías comunitarios de El Cortijo, todos crimenes que siguen impunes. Además, han asesinado, torturado y desaparecido menores de edad, campesinos, comerciantes, ganaderos, transportistas, políticos, personas de la tercera edad, hombres y mujeres. En los últimos días, también han lanzado ataques violentos con drones contra las comunidades de El Charco, Tlayolapa y Ochoapa, donde los pueblos se organizan para defender su territorio frente a la violencia narco-paramilitar. Esta ola de violencia no es nueva; forma parte de la guerra de exterminio que viven nuestros pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos de Guerrero, y que se ha intensificado en los últimos 25 años.

Responsabilizamos a los tres niveles de gobierno por permitir la expansión de esta organización criminal. El Estado mexicano ha dado luz verde a asesinatos, desapariciones y bloqueos, mientras quienes defendemos la vida y la madre tierra somos perseguidos y asesinados. El Estado sigue haciendo caso omiso, desprecia y discrimina a nuestros pueblos indígenas, violando nuestra cultura, nuestra lengua y nuestra forma de vida comunitaria mientras protege a los criminales que nos matan.

Exigimos justicia para todas las víctimas y la desarticulación de las organizaciones criminales que operan con impunidad en nuestro estado, así como una investigación que sancione a los responsables de estos crimenes. Convocamos al pueblo en general a una movilización urgente para defender a la vida, nuestros pueblos y territorios y nuestro sistema de seguridad comunitaria.

Llamamos también a las redes nacionales e internacionales, pueblos organizados, organizaciones sociales y organismos de derechos humanos a mantenerse al pendiente de la situación.

Hacemos responsable al Estado mexicano de la guerra de exterminio que viven nuestros pueblos y de cualquier agresión, atentado o persecución contra nuestras comunidades, asambleas y sistemas de seguridad comunitaria, así como contra los integrantes y promotores del CIPOG-EZ, quienes luchamos por la vida.

¡NO NOS RENDIMOS, NO NOS VENDEMOS Y NO CLAUDICAMOS!
¡VIVAN LOS PUEBLOS QUE LUCHAN Y RESISTEN!

Atte.
PUEBLOS Y AUTORIDADES COMUNITARIAS, EJIDALES Y COMUNALES
DE 85 COMUNIDADES DE AYUTLA 
PUEBLOS Y AUTORIDADES COMUNITARIAS, EJIDALES Y COMUNALES DE LA MONTAÑA ALTA, MONTAÑA BAJA Y COSTA CHICA DEL ESTADO DE GUERRERO
CONSEJO INDIGENA Y POPULAR DE GUERRERO – EMILIANO ZAPATA