Chiapas: el padre Marcelo camina nuevamente con el pueblo pobre, con el pueblo que denuncia, con el pueblo que sufre. Miles peregrinan para exigir justicia. Foto: Radio Pozol
San Cristóbal de las Casas. 3 de noviembre. Miles exigen justicia en Chiapas. Comunidades integrantes del Pueblo Creyente, de los Altos de Chiapas, peregrinaron este domingo para exigir justicia por el asesinato del padre Marcelo Pérez, defensor de derechos humanos, así como de la tierra y el territorio, quien sufriera un atentado el pasado 20 de octubre, lo que ha tenido repercusiones a nivel nacional como internacional, sin que hasta ahora las autoridades de los tres niveles den informes del proceso de investigación, denunciaron sus familiares.
Evidentemente indignados, los pueblos originarios que caminaron este día arribaron a la catedral de San Cristóbal gritando consignas de manera firme: “Alto a los desplazamientos forzados. Alto al crimen organizado. Alto a la narcopolítica”.
“El padre Marcelo, nos enseñó a caminar con el pueblo pobre, con el pueblo que denuncia, con el pueblo que sufre”, aseguró a medios nacionales Dora Roblero, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba).
“En el fondo hay una actitud racista. El padre Marcelo empezó a ser una persona muy brillante, no sólo en México, también fuera de México, lo que no aceptaban los que rechazaban al padre por ser un indígena que hablaba de justicia, que hablaba de defensa de derechos humanos, y que en todos los lados donde lo ponían adquiría una autoridad tal que suscitaba odio. Él tenía una autoridad moral muy grande, tenía un eco ahí en su diócesis y en el extranjero. ¿Cómo lo iban a soportar que un indígena llegara a este grado de reconocimiento?”, denunció el obispo Raúl Vera a medios de comunicación en México.
Por su parte, la diócesis de San Cristóbal, reiteró en un comunicado (ver abajo) que la violencia en Chiapas no es nueva, y que desde hace varios años se ha denunciado la situación de “injusticias y violencia” que viven en la zona Frontera, Sierra, Soconusco, Costa, Cuxtepeques, Fraylesca, Valles, Selva y Altos. En el estado se viven “asesinatos, desapariciones, desplazamientos forzados, secuestros, desapariciones de niñas y niños, adolescentes y jóvenes, así como reclutamiento forzado”, puntualizaron al final de la peregrinación, denuncias que hasta ahora pocos se atreven a realizar ante la indiferencia de los tres niveles de gobierno.
“Seguimos aprendiendo como Pueblo a caminar en medio de la violencia y no vamos a renunciar a hacerlo”, afirmaron de manera decidida los cientos de comunidades de los Altos de Chiapas. “Que se haga justicia hasta llegar a los verdaderos autores intelectuales y materiales, evitando acusaciones ligeras para evadir la presión social”, exigió la diócesis de San Cristóbal. Esto debido a antecedentes de fabricación de culpables por parte del poder judicial y ejecutivo en el estado.
De igual forma, la Organización de las abajas de Acteal, se pronunció para que la población civil ya no siga siendo “carne de cañón”. “No somos animales, somos seres humanos”, afirmaron al tiempo que convocaron a la Organización de las Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que realicen una observación permanente por “la violencia desbordada e incontrolable por el gobierno de Chiapas y de México”.
Comunicado del Pueblo Creyente leído al terminar la peregrinación:
EXIGIMOS URGENTEMENTE a la Comandanta de las fuerzas armadas de México, ordenar a su ejército vigilar rutas y fronteras para detener el tráfico y venta de armas a los sicarios y al crimen organizado
Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal Acteal, Chenalhó, Chiapas, México.
Al Congreso Nacional Indígena Al Consejo Indígena de Gobierno A la Organización de las Naciones Unidas A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos A las y los Defensores de los Derechos Humanos A la Vicaría de Justicia y Paz de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas Al Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas A los Medios Libres y Alternativos A los Medios de Comunicación Nacional e Internacional A la Sociedad Civil Nacional e Internacional
Hermanas y hermanos:
A 15 días del asesinato brutal y cobarde de nuestro hermano y compañero de lucha y ahora SANTO MÁRTIR POR LA PAZ, PADRE MARCELO, no se ha parado la violencia en Chiapas y hace unos días fue asesinado otro periodista en Michoacán.
El 2023 fue uno de los años más violentos para las infancias y adolescencias en el estado. Se estiman más de 100 mil niñas, niños y adolescentes afectados por las disputas entre grupos criminales.
Desplazamiento, reclutamiento forzado, desapariciones y homicidios ponen en riesgo su vida e integridad y vulneran sus derechos humanos.
Desde el 2021, Chiapas ha sido el centro de una pugna cruenta por parte de grupos criminales que se disputan este territorio clave para el tráfico de armas, drogas y trata de personas. En esta disputa, las y los pobladores de municipios en la Sierra Mariscal han visto sus comunidades asediadas por una ola de violencia sin igual en la región. Cobro de piso, ataques armados, quema de vehículos, sitio de poblados, cortes de agua y luz. Así como amenazas, extorsiones, reclutamiento forzado, desaparición de quienes se niegan a colaborar, asesinatos violentos y desplazamiento forzado como resultado de la violencia.
En este contexto, la vida cotidiana se ha trastocado con situaciones como bloqueos que impiden salir o llegar a otras comunidades, cierre de negocios, suspensión de clases, pérdida de cultivos que no han podido cosecharse, escasez de alimentos, encarecimiento de víveres, entre otros.
El 2023 fue uno de los años más violentos para las infancias y adolescencias en el estado. Sin embargo, no existen datos oficiales que permitan entender la magnitud de la violencia a la que se enfrenta la población. A lo largo de todo el año, en diferentes municipios de Chiapas, se dieron situaciones que afectaron la vida de miles de niñas, niños y adolescentes en el estado.
En el mes de mayo, comunidades como Lajerío y Candelaria en Frontera Comalapa tuvieron que desplazarse debido a la violencia de grupos criminales. Desde entonces, diferentes comunidades a lo largo de la región Sierra Mariscal se han sumado a los territorios asfixiados por la lucha entre grupos que se disputan el control de la frontera.
Para el mes de agosto, Motozintla y Chicomuselo fueron también víctimas de bloqueos, comunidades sitiadas y con ello, escasez y encarecimiento de alimentos. En septiembre, profesores de la zona escolar 025 publicaron un comunicado en el que declaraban la suspensión de clases en dicha región debido a que no existían las condiciones para garantizar la seguridad. Dicha sección abarca los municipios de Amatenango de la Frontera, Bejucal, Bella Vista, Chicomuselo, El Porvenir, Frontera Comalapa, La Grandeza, Honduras de la Sierra, Las Margaritas, Mazapa, Motozintla y Siltepec. Si consideramos el total de población de 3 a 17 años en dichos municipios y estimamos, al menos un 70% de asistencia a la escuela de acuerdo a datos oficiales, estaríamos hablando de 108,560 niñas, niños y adolescentes afectados por la suspensión de clases debido a la violencia en el periodo de septiembre-diciembre 2023[1].
Por otro lado, la violencia también se manifestó en territorios fronterizos en la región Selva. Desde hace casi un año, comunidades de Ocosingo, denuncian el aumento de grupos criminales que realizan actividades como tala clandestina, tráfico de armas y trata de personas[2]. En las comunidades de Lacanjá Chansayab, Nueva Palestina, Santo Domingo y San Javier, estimamos que 9,098 niñas, niños y adolescentes están siendo afectados por la violencia imperante en dichos territorios.
Durante el mes de noviembre, pobladores del municipio de Maravilla Tenejapa sufrieron situaciones de quema de casas, detonaciones de armas de fuego y desplazamiento forzado debido a su temor por la violencia[3]. En dicho episodio, 13 comunidades con una población estimada de 2,883 niñas, niños y adolescentes fueron afectadas.
El 2023 cerró para muchas comunidades en un contexto de guerra. Comunidades en los municipios de Bella Vista y La Grandeza denunciaron el sitio de sus poblados por grupos criminales, quienes realizaron también cortes de agua y luz para presionarlos a unirse a sus filas. El año nuevo entró en la Sierra Mariscal con enfrentamientos, siendo particularmente violentos en el municipio de Amatenango de la Frontera.
En lo que va de enero de 2024, la situación no ha mejorado. A las disputas entre grupos criminales, se suman agresiones del ejército contra pobladores bajo la acusación de que abren el paso al crimen organizado. De este modo, poblados en los municipios de El Porvenir, Siltepec y Socoltenango se han visto amenazados por parte de los soldados y atacados con gases lacrimógenos. En dicho contexto, las familias han ido abandonando sus casas. No se tienen cifras exactas de la magnitud de la población afectada. Algunas personas han migrado a Estados Unidos o a estados de la Península y otras más buscan refugio con familiares en Tzimol y Comitán. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas estima que son 2,300 personas desplazadas por la narcoviolencia desde el 15 de enero en los municipios de Chicomuselo, Socoltenango y la Concordia.[4] Protección Civil señala 1,884 personas atendidas en albergues de Tzimol, Socoltenango, Comitán y La Trinitaria.[5]
“Chiapas es México, y en Chiapas se concentran hoy muchas de las violencias que aquejan a todo el territorio mexicano. La guerra que se impuso a nuestro país desde Estados Unidos, y que Felipe Calderón se dio a la tarea de profundizar, hoy alcanza todo el territorio nacional. (…) Chiapas es México, y como en todo el país, Chiapas vive tiempos de extorsión, balaceras, desplazamientos forzados, trata de mujeres y migrantes, tráfico de drogas, secuestros, asesinatos de personas defensoras del territorio, de periodistas, de feminicidios…”
En Chiapas se vive una violencia extrema que se puede caracterizar como una situación de guerra, y que es reflejo y termómetro de lo que sucede a nivel nacional y de la omisión irresponsable y/o complicidad de los gobiernos estatal y federal. Esto expresaron de diversas formas las y los presentes en la conferencia de prensa organizada por la campaña nacional e internacional “Alto a la guerra contra los pueblos zapatistas”, que se llevó a cabo en la Ciudad de México ayer, 5 de julio de 2023.
En la conferencia participaron: Víctor Hugo López Rodríguez, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (RedTDT); Dora Robledo, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba); Carlos González García, de la comisión coordinadora del Congreso Nacional Indígena – Consejo Indígena de Gobierno (CNI-CIG); la cineasta Natalia Beristáin Egurrola, quien leyó el Pronunciamiento de la campaña; Susana, de la Red de Solidaridad Internacional de Noruega; el investigador Gilberto López y Rivas, del Colectivo Llegó la Hora de los Pueblos.
Durante la conferencia, se anunció una Jornada de acción global que se llevará a cabo del 13 al 16 de julio con el objetivo de informar a la sociedad sobre la situación de guerra en Chiapas, y un foro nacional a ser realizado entre el 24 y 28 de julio, con tres ejes: violencia, justicia y paz.
Todas y todos los participantes hicieron hincapié en la situación de guerra que se vive en el estado: reactivación del paramilitarismo, fuerte presencia del crimen organizado, surgimiento de múltiples grupos armados, alarmante militarización que coincide con un aumento de la violencia y la delincuencia organizada, represión y criminalización de defensores de derechos humanos y periodistas, tortura sistemática, tráfico de personas y de drogas.
Al mismo tiempo, resaltaron la discrepancia entre la violencia desatada en el estado y la negación, inacción y complicidad criminal tanto del gobierno estatal como del federal. Víctor López destacó como ejemplo el hecho de que, la semana pasada, mientras 16 servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública permanecían secuestrados en manos del crimen organizado, el gobernador de Chiapas Rutilio Escandón, en conferencia matutina, omitió el hecho y se limitó a dar el pronóstico del tiempo. Y el presidente de la república, ante los repetidos ataques de la organización paramilitar ORCAO contra las comunidades zapatistas, miente, minimiza los hechos y difama a las organizaciones defensoras de derechos humanos que denuncian dicha violencia.
Como lo han denunciado el Frayba, la RedTDT y muchas otras organizaciones e individuos, esta inacción y ocultamiento por parte del Estado es producto de la continuidad de las estrategias de contrainsurgencia diseñadas por la Secretaría de la Defensa desde la década de 1990, ahora con diferentes nombres, nuevos actores y formas distintas. Y también refleja las tentativas por parte de la “Cuarta Transformación” de ocultar la grave situación que se vive en el país, con una militarización inédita en la historia, el dominio del crimen organizado en íntima relación con las diferentes instancias de gobierno y casi 154 mil asesinados, casi 43 mil desaparecidos, y 69 periodistas y 94 defensores de la tierra y el territorio asesinados.
También resaltaron que, al contrario del discurso oficial, en vez de disminuir la delincuencia, la militarización ha incrementado significativamente la violencia criminal. Como mencionó Carlos González, aunque esto se ve en todo el territorio nacional, está particularmente claro alrededor de los megaproyectos como el Tren Maya y el Corredor Transístmico, donde la creciente influencia de la Marina está acompañada de una también creciente presencia del crimen organizado.
Y mientras las acciones criminales no se combaten (los ataques de la ORCAO a las comunidades zapatistas; los enfrentamientos entre cárteles, el reclutamiento forzado y el desplazamiento forzado de miles de personas en Frontera Comalapa; el terror que vive la población de Pantelhó, etc.), los defensores de la tierra y el territorio son criminalizados y reprimidos con violencia ejemplar.
Gilberto López y Rivas, quien ha estudiado a profundidad el tema del paramilitarismo en México, hizo un llamado a los medios de comunicación independientes, a las ciencias sociales y académicos comprometidos, a romper el cerco informativo construido desde el gobierno y divulgar, con bases fundamentadas, la situación de guerra que se vive en Chiapas y en el país.
Escucha a seguir las palabras de la conferencia de prensa:
Chiapas es México.
Alto a la guerra contra los pueblos y las comunidades zapatistas
Chiapas es México, y en Chiapas se concentran hoy muchas de las violencias que aquejan a todo el territorio mexicano. La guerra que se impuso a nuestro país desde Estados Unidos, y que Felipe Calderón se dio a la tarea de profundizar, hoy alcanza todo el territorio nacional. La frontera se ha corrido hasta el sureste, y con ella la guerra, una guerra que la administración actual no ha frenado: 153 mil 941[1] homicidios dolosos, 42 mil 935[2] personas desaparecidas y no localizadas, 69[3] periodistas y 94[4] personas defensoras de tierra y territorio, pueblos indígenas y medio ambiente asesinadas en el continuado proceso de recolonización militarizado y delincuencial del actual sexenio.
Chiapas es México, y como en todo el país, Chiapas vive tiempos de extorsión, balaceras, desplazamientos forzados, trata de mujeres y migrantes, tráfico de drogas, secuestros, asesinatos de personas defensoras del territorio, de periodistas, de feminicidios…
Los hechos son inocultables: en Chicomuselo, paramilitares acechan a la población para que dejen de oponerse y autoricen reabrir una mina de barita, originando desplazamientos forzados. En Comalapa, las disputas territoriales entre grupos del crimen organizado provocan también el desplazamiento forzado de miles de personas. Muy cerca de Tuxtla Gutiérrez, un camión que traslada ilegalmente a personas migrantes vuelca y mueren, al menos, 56 personas, y otras 70 resultan heridas. En Pantelhó, personas armadas asesinan a Simón Pedro, defensor de los derechos de los pueblos indígenas y miembro de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal. En Santa Martha, municipio de Chenalhó, hombres armados atacan a familias víctimas de desplazamiento forzado y asesinan a siete personas tzotziles. En San Cristóbal de las Casas, grupos armados recorren la ciudad, exhibiendo su capacidad de movilización y poder de fuego… El recuento podría seguir, pues cada día nuevos hechos de violencia se viven en el estado de Chiapas.
Grupos del crimen organizado, narco-paramilitares y paramilitares operan con total impunidad en todo el territorio chiapaneco. Como respuesta, el gobierno federal envía militares y Guardia Nacional a una entidad que ya de por si tiene amplia presencia de fuerzas militares desde 1994. Esta remilitarización no se ha traducido en la reducción de las violencias y negocios ilegales, por el contrario, los grupos del crimen organizado han diversificado sus actividades económicas y han intensificados sus ataques contra pueblos y comunidades.
En este contexto, grupos paramilitares y de corte paramilitar que operan con total impunidad en Chiapas desde hace tres décadas, han aumentado sus acciones beligerantes contra los pueblos zapatistas. La Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO), que al menos desde el año 2000 ha operado al servicio de distintos gobiernos, partidos políticos y grupos de poder en la región, ha realizado entre 2019 y 2023, más de 100 ataques contra poblados zapatistas pertenecientes al Caracol 10, Floreciendo la Semilla Rebelde, con sede en Patria Nueva, Junta de Buen Gobierno Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad. Los ataques, agresiones y provocaciones son constantes y se han intensificado desde 2019. Las autoridades zapatistas, organizaciones de derechos humanos y al menos tres misiones civiles de observación, lo han documentado y dado a conocer en informes públicos y en conferencias de prensa. Compartimos como anexo a este pronunciamiento un recuento puntual de varios de estos ataques.
Desde el entorno nacional e internacional de apoyo al Ejército Zapatista de Liberación Nacional y al Congreso Nacional Indígena, el pasado 8 de junio de 2023, en México y el mundo realizamos 72 acciones (36 nacionales y 36 internacionales) para visibilizar estas denuncias y para exigir alto a la guerra contra los pueblos zapatistas y alto a la guerra en Chiapas. Estas acciones de solidaridad continuaron realizándose en diferentes estados y países. Las respuestas llegaron unas semanas después: del 19 al 22 de junio de 2023, integrantes de la ORCAO realizaron nuevos ataques coordinados en tres comunidades zapatistas: Emiliano Zapata, San Isidro y Moisés y Gandhi, que forman parte de la Región Moisés y Gandhi, y están ubicadas en el municipio oficial de Ocosingo, Chiapas. Los ataques van desde la quema de parcelas hasta embestidas armadas. Estas agresiones duraron, en esta ocasión, tres días y se contabilizaron al menos 800 disparos de diferentes calibres, así como el incendio de parcelas que se encuentra cercanas a las casas de las familias zapatistas.
El 23 de junio, en su conferencia matutina desde Chiapas, el titular del Ejecutivo Federal, acompañado de la secretaria de Gobernación, del secretario de la Defensa Nacional y del gobernador local, restó importancia el grave contexto de dicho estado y a los ampliamente documentados ataques contra las comunidades zapatistas. Además, continúo con las descalificaciones contra organizaciones y personas defensoras del territorio, de los derechos humanos, y organizaciones que documentan y denuncian estás y otras violencias.
Estas respuestas, tanto de la ORCAO como del presidente de México, nos preocupan y alarman: la ORCAO sigue e incrementa sus operativos armados, en tanto el presidente de México encubre, con su discurso, actos graves de violencia que a todas luces van en ascenso. La negación, minimización y tergiversación de esta comprobada realidad se convierten en un manto de impunidad que protege a los grupos paramilitares.
Peor aún, el presidente de México retomó el discurso de sus antecesores cuando señalaban que estos conflictos eran entre grupos locales o “entre comunidades”, evadiendo así toda la responsabilidad de Estado y emulando a Felipe Calderón y su ofensivo “se matan entre ellos”.
Este panorama nos lleva como personas, pueblos y comunidades organizadas, en México y en otras partes del mundo, a redoblar los esfuerzos por detener la guerra contra las comunidades zapatistas y en Chiapas. Hoy ratificamos que desde el actual gobierno no sólo no escuchan, sino que, además, siguen permitiendo y apoyando una estrategia de guerra contrainsurgente y delincuencial. Por lo anterior, llamamos a:
1. Denunciar la guerra contra los pueblos zapatistas y en Chiapas en general, y remarcar la responsabilidad del gobierno del estado y del gobierno federal.
2. Desplegar campañas de información y de acciones de solidaridad en todo el país y en otros países para informar sobre esta guerra contra los pueblos y las comunidades zapatistas y la guerra en Chiapas.
3. Desde este espacio de coordinación nacional, convocamos a la Jornada de Acción Global Alto a la guerra contra los pueblos zapatistas. Del horror de la guerra a la resistencia por la vida, el 13, 14, 15 y 16 de julio, que tiene por objetivo informar a la sociedad sobre la situación de guerra contra los pueblos zapatistas y en Chiapas. Esta jornada incluirá:
a. Volanteos y distribución de información
b. Mesas informativas
c. Eventos artísticos
d. Movilizaciones
Así mismo, entre el 24 y 28 de julio realizaremos un foro nacional con tres ejes, violencia, justicia y paz. De igual forma, compartimos que estamos en condiciones de realizar trabajo de observación y acompañamiento en territorio zapatista cuando las condiciones así lo permitan.
Llamamos a desplegar toda la solidaridad posible con los pueblos zapatistas, a no caer en la indiferencia y el escapismo individualista ante los ataques que viven cotidianamente los pueblos y las comunidades que aquel estado. Chiapas es México, y hoy México y el mundo debemos mirar y actuar contra la guerra y en favor de la paz, con justicia y dignidad.
Espacio de Coordinación Nacional
Alto a la guerra contra los pueblos zapatistas
[1] Datos del gobierno federal. [2] Datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. [3] Datos del gobierno federal. [4] Memorial de personas defensoras asesinadas (Memorial del HRD).
Apenas el pasado 8 de junio, organizaciones de México y del mundo nos movilizamos en 72 geografías distintas del planeta, para denunciar los ataques del grupo paramilitar ORCAO del 22 de mayo contra comunidades bases de apoyo zapatistas. En este ataque, que se prolongó durante cinco días, resultó herido de bala el compañero Jorge López Sántiz, quien presenta graves secuelas debido a que su intestino quedó muy afectado.
Las movilizaciones fueron la respuesta organizada de miles de personas que vemos con alarma cómo crece la violencia contra las comunidades zapatistas y contra los pueblos de Chiapas y de México. Nuestro llamado de alto a la guerra llegó a muchos oídos y corazones, pero no al Estado mexicano y su clase política.
Del 19 al 22 de junio, este grupo paramilitar continuó con el asedio a las bases de apoyo zapatistas. Con la anuencia o inacción de los tres niveles de gobierno, se ha buscado escalar la guerra atacando con armas de fuego de manera continua y coordinada en tres poblados zapatistas: Emiliano Zapata, San Isidro y Moisés y Gandhi, ubicados en el municipio de Ocosingo, Chiapas.
El saldo, más de 800 detonaciones de armas de fuego de alto y bajo calibre dirigidas a las casas, escuelas y clínicas autónomas, además de la quema de las parcelas en las que trabajan las familias bases de apoyo zapatistas.
Si bien estas agresiones forman parte de una estrategia de guerra paramilitar contra el movimiento zapatista que data de 1994, ahora se enmarcan en un contexto de creciente violencia, fomentado por la crisis económica en la que los pueblos no zapatistas viven; sin más recursos, dependientes y subordinados a las prebendas de programas sociales como Sembrando Vida. Pueblos no zapatistas se ven en la necesidad de intercambiar dinero por hectáreas de tierra, lo que ha llevado a organizaciones paramilitares como la ORCAO a realizar más de 100 ataques de 2019 a la fecha con el fin de despojar territorios.
En su conferencia matutina del 23 de junio, el titular del ejecutivo federal, acompañado de la secretaria de gobernación, del secretario de la defensa nacional y del gobernador de Chiapas, minimizó los ataques contra las comunidades zapatistas y la grave y ampliamente documentada situación que se vive en el estado de Chiapas. Además, lanzó descalificaciones contra organizaciones y personas defensoras del territorio, de los derechos humanos, y organizaciones que documentan y denuncian la violencia.
Esta actitud no sólo nos parece alarmante, nos preocupa que pueda tratarse del preámbulo de un ataque físico y/o mediático todavía mayor. Minimizar la violencia incentiva a los grupos paramilitares al cobijarlos con el manto de impunidad. En nuestra memoria quedaron bien grabadas las palabras que se dirigieron contra el compañero Samir Flores Soberanes previo a su asesinato, crimen que al día de hoy permanece impune.
Frente a esta situación, las organizaciones que firmamos llamamos a:
Denunciar las violencias contra las comunidades zapatistas, contra los pueblos de Chiapas y de México, y hacer frente al negacionismo con que se brinda impunidad a los grupos paramilitares.
Convocar a las personas de buen corazón de todas las geografías a presentar reclamos por escrito ante las representaciones diplomáticas mexicanas.
Acompañar, en la medida de las posibilidades de cada colectivo y persona, las acciones que se irán anunciando en los próximos días, así como organizar las propias.
Responsabilizamos a los titulares del ejecutivo federal y estatal, por las agresiones que puedan sufrir las comunidades zapatistas, las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, periodistas y organizaciones solidarias acompañantes.
Atentamente
Espacio de Coordinación Nacional
Alto a la guerra contra los pueblos zapatistas.
Si tocan a un@, nos tocan a tod@s.
Gilberto López Santiz, base de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, continua hospitalizado en estado grave. El pasado 22 de mayo, Gilberto recibió un impacto de bala en el pecho durante un ataque armado contra la comunidad autónoma Moisés y Gandhi por parte del brazo paramilitar de la Organización Regional de Cafeicultores de Ocosingo (ORCAO).
Ve el Pronunciamiento de la Red Ajmaq con más detalles sobre la agresión y la forma de operar de la ORCAO contra los pueblos
En las últimas dos décadas, y más aun en los últimos años, la ORCAO ha hostigado, agredido y violentado a las comunidades zapatistas con completa impunidad, a pesar de las muchas denuncias por parte de las juntas de buen gobierno, de organizaciones de derechos humanos y colectivos y organizaciones diversas de México y muchas partes del mundo.
Esta más reciente agresión ha provocado la indignación de muchos individuos y organizaciones alrededor del mundo, así como denuncias y expresiones de solidaridad. El día de hoy, 26 de mayo, se realizó en la Ciudad de México una manifestación exigiendo el fin de la guerra contra las bases de apoyo zapatistas (video abajo).
Como se ha denunciado repetidas veces, estas agresiones representan la continuidad de la estrategia de contrainsurgencia implementada por el Estado contra los zapatistas desde la década de 1990, ahora bajo la dirección de Morena. Dicha estrategia se complica aun más con la violencia generalizada derivada de la multiplicación de los grupos armados y cárteles de la delincuencia organizada que se disputan el territorio chiapaneco, resultando en desplazamientos forzados, asesinatos, secuestros, destrucción de propiedad, intimidaciones y todo tipo de violaciones de derechos humanos, ante la inacción cómplice del Estado.
En conferencia de prensa, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) leyó hoy un boletín en el que hace un recorrido histórico tanto de la construcción de alternativas por parte del EZLN como de las estrategias de contrainsurgencia por parte del Estado, dentro de las que se enmarca este más reciente ataque armado (ve La opacidad e inacción del Estado mexicano es una amenaza inminente a la paz en Chiapas). Para el Frayba, “la impunidad activa generada desde el Estado” es responsable por la alarmante multiplicación de la violencia en Chiapas (un estado que, como dicen los zapatistas, está al borde de una guerra civil), que podría llevarnos a una situación irreversible.
Escucha los audios de la conferencia de prensa:
Desde el Colectivo Radio Zapatista, nos sumamos a las voces de repudio de la violencia impune contra las comunidades zapatistas y hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional para frenar dicha violencia.
Fuente: Avispa Midia
Por Renata Bessi y Aldo Santiago
Grupos armados incendiaron vehículos para bloquear vías carreteras durante enfrentamientos registrados el jueves 25 de mayo en la frontera sur de México con Guatemala.
Este jueves (25), en la zona sur de Chiapas, región fronteriza entre México y Guatemala, se registraron enfrenamientos entre integrantes del Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Durante todo el día circularon audios para alertar a la población de los sucesos violentos. También se registraron la aparición de mantas y pintas que dejaron los grupos del crimen organizado. Destacan los testimonios de habitantes de la región, quienes reportan que personas armadas han entrado en las viviendas para obligar a los hombres jóvenes a participar en los enfrentamientos, bajo la amenaza de ser asesinados.
Reportan también que comunidades enteras se quedaron incomunicadas por bloqueos de carreteras y caminos, quema de vehículos, suspensión de clases y cortes de luz eléctrica.
Exigimos se garantice la seguridad e integridad de la población de los municipios de Frontera Comalapa, Chicomuselo, Amatenango de la Frontera y La Trinitaria, ante violencia de grupos del crimen organizado
Chiapas, a 26 de mayo 2023
Pronunciamiento Conjunto
Las organizaciones que integramos estas redes y colectivos de articulación, denunciamos con preocupación e indignación el recrudecimiento de la violencia que se está viviendo en diferentes territorios de Chiapas, el cual se ha venido denunciando, sin tener hasta ahora una respuesta por parte del Estado mexicano para atender y tomar responsabilidad de la situación.
Los conflictos por el control territorial entre diferentes grupos del crimen organizado en la Región Frontera de Chiapas, han traído consecuencias devastadoras para sus habitantes, como: robos, extorsiones, levantamiento de puestos de comercio y despojo de otros medios de vida, secuestros, desapariciones forzadas, reclutamiento forzado, amenazas de muerte, desplazamiento forzado, feminicidios y asesinatos. Agresiones que se han convertido ahora en parte de su cotidianidad, viviendo el terror como mecanismo de control de la población y de sus territorios, por parte de estos grupos delictivos.
En medio de este contexto que lleva azotando a la población de esta región por casi 2 años, nos parecen particularmente graves los hechos sucedidos los días 24 y 25 de mayo en los municipios de Frontera Comalapa, Chicomuselo, La Trinitaria y Amatenango de la Frontera:
Comunidades enteras incomunicadas por bloqueos de carreteras y caminos, suspensión de clases en las escuelas, cortes de luz eléctrica que incomunican a la población, quema de vehículos, instalación de una narcomanta, enfrentamientos armados, amenazas de allanamiento de morada para revisión de teléfonos celulares, secuestros, reclutamiento forzado de los hombres de las comunidades para integrarlos a sus filas, y muerte a quienes oponen alguna resistencia.
Asimismo, denunciamos la agresión física y el secuestro del defensor Milton Morales Zunun el día de ayer en el municipio de Chicomuselo, quien afortunadamente fue encontrado con vida varias horas después de haber sido privado de su libertad.
Las organizaciones que formamos parte de estas redes y colectivos, EXIGIMOS:
Que se garantice la seguridad e integridad física, psicológica y emocional de las y los habitantes de los municipios de Frontera Comalapa, Chicomuselo, La Trinitaria y Amatenango de la Frontera, que están viviendo este terror en sus territorios.
Protección, justicia y resarcimiento para todas y todos los defensores del territorio de la Región Frontera de Chiapas. Nos sumamos al llamado urgente hecho por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, exigiendo la protección de defensores y defensoras de derechos humanos de Chiapas y del país.
Que el Estado mexicano y las autoridades correspondientes intervengan de manera urgente para frenar la violencia y el terror que se viven en la Región Frontera de Chiapas. Hacemos responsable al Estado mexicano de las consecuencias que se están presentando por su omisión.
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT)
Mesa de Coordinación Transfronteriza Migraciones y Género Guatemala – México (MTMG)
CDMX: Manifestaciones en solidaridad con los Zapatistas agredidos y presos en Chiapas por paramilitares ligados al mal gobierno.
Viernes 26 de mayo, 9am frente a Palacio Nacional y a las 7pm en Gobernación
Este viernes 26 de mayo salgamos a las calles ante los recientes ataques armados de la ORCAO en contra de comunidades Base de Apoyo del #EZLN en donde resultó herido de gravedad Jorge López Sántiz y por la libertad de Manuel Gómez Vázquez, base de apoyo injustamente preso en el penal de Ocosingo, Chiapas
Ante este panorama de guerra, movilizarnos es urgente.
La guerra que han declarado a los pueblos originarios, guardianes de la madre tierra, nos obliga a actuar organizadamente en defensa de la vida
A los pueblos y gobiernos del mundo
A los medios de comunicación
A la Sexta Nacional e Internacional
A las organizaciones de derechos humanos
Los pueblos originarios que somos el Congreso Nacional Indígena, repudiamos el cobarde ataque que la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO) realizó contra bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, de la comunidad autónoma Moisés Gandhi, en Ocosingo, Chiapas, en la cual resultó gravemente herido el compañero Gilberto López Sántiz.
El ataque con armas de grueso calibre provocó una herida que perforó el diafragma, hizo tres orificios en el intestino grueso, después en el estómago y finalmente en el bazo, lo que hace que el compañero se encuentre en estado grave; situación que se complica por la atención médica insuficiente que ha recibido, pues requiere urgentemente de cuidados intensivos sin que haya sido ingresado o trasladado a donde pueda recibir la atención debida.
En tanto, al momento de emitir este comunicado, los ataques armados en contra de la comunidad de Moisés Gandhi, continúan con completa impunidad e indiferencia de los malos gobiernos.
A la comunidad autónoma Moises Gandhí y Bases de Apoyo del EZLN externamos nuestro completo respaldo y hacemos propia la indignación y rabia.
A los gobiernos de los tres niveles los hacemos responsables de la escalada de violencia en contra de las comunidades bases de apoyo zapatistas, así como de la integridad y vida de nuestro compañero Gilberto López Sántiz,
Por lo anterior exigimos:
1. Se brinde inmediata atención médica adecuada al compañero Gilberto López Sántiz
2. Que se detenga el ataque armado contra la comunidad Moisés Gandhi y sea respetado su territorio autónomo.
3. Que sean castigados los autores materiales e intelectuales de estos ataques paramilitares.
4. Sean desmantelados los grupos armados mediante los cuales se mantiene activa y creciente la guerra contra las comunidades zapatistas.
Advertimos nuevamente de la guerra que han declarado a los pueblos originarios, guardianes de la madre tierra y que nos obliga a actuar organizadamente en defensa de la vida, por lo que nuestr@s herman@s de las comunidades indígenas zapatistas no están solas ni solos.
Atentamente Por la Reconstitución Integral de Nuestros Pueblos Nunca Mas Un México Sin Nosotros Congreso Nacional Indígena
