A los pueblos de México y el mundo,
A las organizaciones sociales, colectivos e individuos solidarios,
A las Redes de Resistencia y Rebeldía,
A la Sexta Nacional e Internacional,
A l@s firmantes de Una Declaración por la Vida en los cinco continentes,
A la Europa Insumisa, Digna y Rebelde,
A los organismos defensores de derechos humanos,
A quienes luchan por la vida y la dignidad:

Como Congreso Nacional Indígena (CNI), convocamos de manera urgente a los pueblos, organizaciones, colectivos e individuos de abajo y a la izquierda de México y del mundo a las JORNADAS GLOBALES POR LA LIBERTAD DE JESÚS PLÁCIDO GALINDO Y EL ALTO A LA GUERRA CONTRA EL CONSEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO- EMILIANO ZAPATA (CIPOG-EZ), para que de acuerdo con sus calendarios y geografías realicen acciones de solidaridad, de agitación y denuncia, mítines, pronunciamientos, jornadas informativas, manifestaciones, actividades culturales y todo lo que esté a su alcance para exigir la libertad inmediata e incondicional de nuestro compañero JESÚS PLÁCIDO GALINDO, promotor del CIPOG-EZ e integrante de la Comisión de Coordinación y Seguimiento del CNI, hoy secuestrado por el estado mexicano; y para demandar el fin de la guerra de exterminio en contra de los pueblos del CIPOG-EZ.

Asimismo, convocamos a que en el marco de dichas JORNADAS GLOBALES:

El próximo lunes 20 de julio nos movilicemos en Guerrero, México y el mundo y realicemos un mitin frente a la sede de la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México, en punto de las 4 de la tarde.

El próximo jueves 23 de julio nos movilicemos nuevamente en Guerrero, México y el mundo y realicemos una acción concentrada cuya hora y lugar se definirían en los próximos días.

El día 17 de julio de este año, en un aparatoso operativo montado por el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la policía del estado de Guerrero, nuestro compañero Jesús Plácido Galindo fue detenido y trasladado en una avioneta de la Fuerza Área Mexicana con rumbo desconocido. Hoy 18 de julio hemos sabido de manera extraoficial, pues quienes tienen detenido a Jesús no han permitido que se comunique con sus familiares y abogados, que al parecer nuestro compañero se encuentra recluido en un penal del Estado de México acusado injustificadamente por el homicidio doloso en agravio de José Pablo Xanteco Bartolo; y con el absurdo señalamiento por parte de los gobiernos federal y del estado de estar vinculado a los cárteles de Los Tlacos y Los Rojos. No está de más informar que al momento de ser detenido, nuestro compañero se dirigía a una supuesta reunión a la que habría sido citado con insistencia por Francisco Rodríguez Cisneros, subsecretario de desarrollo político y social en Guerrero y quien ha sido señalado públicamente por su complicidad con diversos cárteles delictivos.

Por más de 10 años las comunidades del CIPOG-EZ han sufrido el acoso y la violencia de diversos cárteles criminales, principalmente Los Rojos y Los Ardillos. Finalmente, durante el mes de mayo las comunidades de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán, todas del municipio de Chilapa, Guerrero, sufrieron violentos ataques y bombardeos por parte de Los Ardillos, mismos que provocaron el desplazamiento de cientos de familias indígenas, la destrucción casi completa del pueblo de Tula y el asesinato de 8 integrantes del CIPOG-EZ, mismos que se suman a los 76 compañeros asesinados y a los 25 que han sido desaparecidos en meses y años anteriores.

Sorprendentemente, a pesar de los cientos de asesinatos y secuestros cometidos por el cártel de Los Ardillos, y a pesar de las numerosas extorsiones que realiza día con día; ni los integrantes de dicho cártel, incluidos sus principales dirigentes, entre los que se encuentran Celso Ortega Jiménez y sus hermanos, ni sus operadores políticos, incluida más de una docena de presidentes municipales, han sido llevados a la justicia. Tampoco el gobernador de facto en Guerrero, Félix Salgado Macedonio, y su hija Evelyn Salgado, han sido investigados por su probable complicidad con diversos cárteles del crimen organizado.

Por el contrario, el CIPOG-EZ y su promotor Jesús Plácido, han sido criminalizados por los gobiernos federal y del estado, siendo acusados de pertenecer a bandas delictivas, e incluso, al segundo recientemente le fueron aseguradas, de manera ridícula, cuentas bancarias que no acumulaban más de 500 pesos.

Lo que ocurre hoy en Guerrero da cuenta de la enorme tragedia que vive México entero, con más de 135 mil personas desaparecidas al día de hoy; da cuenta de la pudrición del estado mexicano, profundamente infiltrado por los cárteles criminales que hoy asolan a nuestro país; y da cuenta de la guerra de exterminio y despojo que viven nuestros pueblos a manos de gobiernos, militares y criminales.

Frente a la guerra capitalista, frente al cinismo descarado de este narcoestado, frente a la desesperanza y el olvido, frente a la injusticia descarnada, es que emitimos esta convocatoria.

¡LIBERTAD INMEDIATA E INCONDICIONAL DEL COMPAÑERO JESÚS PLÁCIDO GALINDO!
¡ALTO A LA GUERRA CONTRA EL CIPOG-EZ Y LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE MÉXICO!

ATENTAMENTE
18 DE JULIO DE 2026

¡POR LA RECONSTITUCIÓN INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS!
¡NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS!

CONGRESO NACIONAL INDÍGENA

EL CONGRESO NACIONAL INDIGENA Y EL CONCEJO INDIGENA DE GOBIERNO CONVOCAN AL

MITIN-CONCENTRACION

ALTO A LA GUERRA CONTRA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

SECRETARIA DE GOBERNACIÓN – LUNES, 20 DE JULIO, 16:00 HRS

POR LA INMEDIATA LIBERTAD DE JESÚS PLÁCIDO GALINDO REPRESENTANTE DEL CIPOG-EZ E INTEGRATE DEL CNI-CIG

Firma la petición aquí.

Ciudad de México, 17 de julio de 2026 Acción Urgente 007

La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes» (Red TDT) manifiesta su profunda preocupación por la detención del defensor Jesús Plácido Galindo, coordinador regional del Consejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) e integrante del Congreso Nacional Indígena (CNI).

De acuerdo con la información recibida, el día de hoy, aproximadamente a las 14:30 horas, Jesús Plácido Galindo fue detenido en un en un retén instalado por elementos del Ejército Mexicano, ubicado en el crucero de Monte Alto, a la altura del municipio de San Marcos, en la región Costa Chica del estado de Guerrero.

Al momento de su detención, el compañero Jesús Plácido se dirigía a una reunión convocada por el Subsecretario de Desarrollo Político y Social del Gobierno del Estado de Guerrero, Francisco Rodríguez Cisneros, en la que participarían autoridades y representantes comunitarios para atender diversas demandas planteadas por las comunidades indígenas de la región.

Según la información disponible, aproximadamente cuarenta elementos de seguridad -identificados como personal militar, ministerial y policía estatal- participaron en el operativo durante el cual detuvieron a Jesús Plácido Galindo y registraron el vehículo en el que viajaba.  Tras su detención se desconocen algunos datos fundamentales para garantizar su integridad: no se tiene certeza de su paradero, no se ha dado a conocer qué autoridad es responsable de su custodia, así como las razones jurídicas de su privación de libertad y las condiciones en las que se encuentra.

Esta situación genera una grave preocupación por su integridad física y psicológica, así como por el respeto de sus derechos fundamentales.

Estos hechos ocurren en un contexto de violencia sistemática, agresiones y criminalización en contra las comunidades organizadas del CIPOG-EZ y contra personas defensoras de derechos humanos del estado de Guerrero. La falta de información oficial sobre el lugar donde se encuentra la persona detenida y la ausencia de comunicación inmediata con sus familiares y representantes legales incrementan el riesgo de violaciones de derechos fundamentales: libertad personal, debido proceso, integridad personal y protección judicial efectiva.

Ante estos hechos, la Red TDT exige a las autoridades federales y estatales:

• Informar de manera inmediata el paradero de Jesús Plácido Galindo
• Garantizar su integridad física y psicológica, así como el respeto irrestricto a sus derechos humanos
• Permitir el acceso inmediato a su defensa jurídica y la comunicación con sus familiares
• Informar públicamente las razones legales de su detención y la autoridad que ordenó y ejecutó el operativo
• Abstenerse de cualquier acto de desaparición forzada, incomunicación, tortura, malos tratos o criminalización por su labor como defensor de derechos humanos e integrante del CIPOG-EZ
• Se respeten los derechos a favor de Jesús Placido a la libertad personal, el debido proceso, la integridad personal y la protección judicial efectiva
• Libertad para Jesús Plácido Galindo

Instancias turnadas:

Presidencia de la República: Lic. Claudia Sheinbaum Pardo

Secretaría de Gobernación: Rosa Icela Rodríguez Velázquez

Subsecretaría de Derechos Humanos y Migración: Felipe Arturo Medina Padilla

Titular de la Unidad de Derechos Humanos: Dr. Froylan Vladimir Enciso Higuera

Comisión Nacional de Derechos Humanos: Lic. Rosario Ibarra Piedra

Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy Ramos

Gobernadora del Estado de Guerrero, Mtra. Evelyn Cecia Salgado Pineda

Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, Daniel Antonio Ledesma Ozuna.

Fiscalía General del Estado de Guerrero, Zipacná Jesús Torres Ojeda.

Comisión Estatal de Derechos Humanos, Cecilia Narciso Gaytán 

Relatora Especial de la ONU, Andrea Bolaños Vargas

El Congreso Nacional Indígena (CNI) denunció la detención de Jesús Plácido Galindo, vocero del Concejo Indígena y Popular de Guerrero–Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), ocurrida el 17 de julio de 2026, alrededor de las 14:30 horas. Según el comunicado, fue interceptado en un retén y base militar ubicados en el crucero de Monte Alto, municipio de San Marcos, Guerrero, durante un operativo con presencia de elementos del Ejército mexicano, la Policía Federal y la Policía Estatal. Posteriormente fue trasladado en una camioneta de la Fiscalía General de la República con rumbo a Acapulco. Hasta el momento de la denuncia, el CNI afirmó que se desconocían tanto su paradero como las razones de su detención.

De acuerdo con la denuncia, Jesús Plácido se dirigía a una reunión con Francisco Rodríguez Cisneros, subsecretario de Desarrollo Político y Social del estado de Guerrero. Este funcionario ha sido acusado por organizaciones sociales de mantener presuntos vínculos con el grupo criminal Los Ardillos y de minimizar la situación de violencia que enfrentan las comunidades de la región de la Montaña Baja de Guerrero.

El CNI exige la presentación con vida de Jesús Plácido Galindo, información inmediata sobre su situación jurídica, el respeto a sus derechos humanos y su liberación inmediata e incondicional. Asimismo, demandó a los gobiernos federal y estatal adoptar medidas urgentes para garantizar su integridad física y la de las comunidades que integran el CIPOG-EZ.

El comunicado sostiene que la detención ocurre en un contexto de violencia e impunidad. Afirma que, mientras las autoridades no han logrado frenar la violencia ejercida por el grupo criminal Los Ardillos contra las comunidades de la región, sí han desplegado recursos del Estado contra quienes defienden el territorio y los derechos de los pueblos indígenas.

Además, el CNI considera que este hecho forma parte de un patrón de persecución contra el dirigente indígena. Señala que recientemente fueron congeladas sus cuentas bancarias y recuerda que, hasta la fecha, 76 integrantes del CIPOG-EZ han sido asesinados, 25 permanecen desaparecidos y cientos de personas han sido desplazadas forzosamente de sus comunidades.

El Congreso Nacional Indígena hace un llamado a pueblos, organizaciones sociales, colectivos, medios de comunicación y organismos de derechos humanos para mantenerse atentos a la situación, exigir la presentación con vida de Jesús Plácido Galindo y denunciar cualquier acción que ponga en riesgo su integridad o la de las comunidades del CIPOG-EZ.

Abajo el comunicado completo:

El Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) denunció que el 26 de junio de 2026 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó todas las cuentas bancarias de Jesús Plácido Galindo, promotor de la organización e integrante de la Comisión de Coordinación y Seguimiento del Congreso Nacional Indígena.

La organización sostiene que esta medida ocurrió pocas semanas después de un ataque atribuido al grupo criminal Los Ardillos, que dejó ocho integrantes asesinados, alrededor de 2,200 personas desplazadas y la destrucción de la comunidad de Tula. Afirma que Galindo denunció públicamente la presunta complicidad y omisión de autoridades ante estos hechos, lo que permitió visibilizar la crisis humanitaria.

El CIPOG-EZ considera que el bloqueo de las cuentas y la inclusión de Galindo en la Lista de Personas Bloqueadas constituyen un acto de persecución y criminalización por su labor como defensor de derechos humanos y de los pueblos indígenas. Señala que los recursos congelados provenían de aportaciones solidarias para apoyar el trabajo comunitario.

Asimismo, recuerda que Galindo es beneficiario del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y advierte que estas acciones incrementan el riesgo para su integridad. La organización exige el desbloqueo de sus cuentas, el cese de la criminalización y garantías para su seguridad y la continuidad de su labor, además de responsabilizar a los gobiernos federal y estatal por cualquier agresión en su contra.

Finalmente, el CIPOG-EZ reitera su denuncia de la violencia que enfrentan sus comunidades y llama a detener la guerra y la criminalización contra los pueblos indígenas y sus defensores.

Enseguida, la denuncia completa del CIPOG-EZ:

Comunicado del CIPOG-EZ, pueblos, autoridades comunitarias, ejidales y comunales de Guerrero por el asesinato del Ing. Tomás Augusto Lozano Analco y de Francisco Bonilla, ciudadanos de la Casa de los Pueblos del municipio de Ayutla de Los Libres, Guerrero

AL EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL
AL CONGRESO NACIONAL INDIGENA
AL CONSEJO INDIGENA DE GOBIERNO
A LAS REDES DE RESISTENCIA Y REBELDÍA
A LA SEXTA NACIONAL E INTERNACIONAL
A LA EUROPA INSUMISA
A LA MISIÓN CIVIL DE OBSERVACIÓN – SEXTA
A LOS ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LIBRES E INDEPENDIENTES

04 de marzo de 2026

Como pueblos y autoridades denunciamos la violencia que sigue creciendo en nuestro estado de Guerrero. Condenamos el asesinato del Ing. Tomás Augusto Lozano Analco, y de Francisco Bonilla, ciudadanos de la Casa de los Pueblos del municipio de Ayutla de Los Libres, Guerrero.

Los dos ciudadanos fueron atacados a balazos a las 19:00 horas el día 03 de marzo de 2026, cuando hombres armados del grupo criminal «Los Ardillos» rafaguearon la camioneta en la que viajaban, después del puente Omitlán, cerca de Tierra Colorada, en el municipio de Juan R. Escudero, sobre la vía que comunica con Tecoanapa y Ayutla de Los Libres.

Responsabilizamos directamente al grupo criminal «Los Ardillos» por estos asesinatos. Señalamos directamente a Daniel Rosas Martínez, quien se autonombra coordinador de comisarios de la zona rural de Acapulco, Tecoanapa y Tierra Colorada, pero quién actúa como operador de «Los Ardillos» en la región, obligando a comunidades a participar en narco-bloqueos en la Autopista del Sol y manteniendo el control en la región a través del terror.

Además, denunciamos la complicidad directa de autoridades locales con “Los Ardillos”, como el director de la policía de Juan R. Escudero, César Ramírez, al igual que el presidente municipal, Óscar Sánchez Luna.

La expansión territorial de «Los Ardillos», así como su control de municipios y carreteras, ocurre con el permiso y la complicidad del Estado. Frente a los ojos de la Guardia Nacional y el Ejercito Mexicano, los criminales se mueven libremente, instalan retenes, bloquean carreteras y asesinan y desaparecen personas a plena luz del día, con total impunidad. En lugar de desarticular a «Los Ardillos», funcionarios del gobierno federal y estatal se sientan con ellos públicamente para negociar y ceden a sus demandas de criminalizar a quienes defendemos la vida.

«Los Ardillos» son responsables del asesinato de 70 integrantes del CIPOG-EZ, la desaparición de 25 más, así como el asesinato de los 13 policías comunitarios de El Cortijo, todos crimenes que siguen impunes. Además, han asesinado, torturado y desaparecido menores de edad, campesinos, comerciantes, ganaderos, transportistas, políticos, personas de la tercera edad, hombres y mujeres. En los últimos días, también han lanzado ataques violentos con drones contra las comunidades de El Charco, Tlayolapa y Ochoapa, donde los pueblos se organizan para defender su territorio frente a la violencia narco-paramilitar. Esta ola de violencia no es nueva; forma parte de la guerra de exterminio que viven nuestros pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos de Guerrero, y que se ha intensificado en los últimos 25 años.

Responsabilizamos a los tres niveles de gobierno por permitir la expansión de esta organización criminal. El Estado mexicano ha dado luz verde a asesinatos, desapariciones y bloqueos, mientras quienes defendemos la vida y la madre tierra somos perseguidos y asesinados. El Estado sigue haciendo caso omiso, desprecia y discrimina a nuestros pueblos indígenas, violando nuestra cultura, nuestra lengua y nuestra forma de vida comunitaria mientras protege a los criminales que nos matan.

Exigimos justicia para todas las víctimas y la desarticulación de las organizaciones criminales que operan con impunidad en nuestro estado, así como una investigación que sancione a los responsables de estos crimenes. Convocamos al pueblo en general a una movilización urgente para defender a la vida, nuestros pueblos y territorios y nuestro sistema de seguridad comunitaria.

Llamamos también a las redes nacionales e internacionales, pueblos organizados, organizaciones sociales y organismos de derechos humanos a mantenerse al pendiente de la situación.

Hacemos responsable al Estado mexicano de la guerra de exterminio que viven nuestros pueblos y de cualquier agresión, atentado o persecución contra nuestras comunidades, asambleas y sistemas de seguridad comunitaria, así como contra los integrantes y promotores del CIPOG-EZ, quienes luchamos por la vida.

¡NO NOS RENDIMOS, NO NOS VENDEMOS Y NO CLAUDICAMOS!
¡VIVAN LOS PUEBLOS QUE LUCHAN Y RESISTEN!

Atte.
PUEBLOS Y AUTORIDADES COMUNITARIAS, EJIDALES Y COMUNALES
DE 85 COMUNIDADES DE AYUTLA 
PUEBLOS Y AUTORIDADES COMUNITARIAS, EJIDALES Y COMUNALES DE LA MONTAÑA ALTA, MONTAÑA BAJA Y COSTA CHICA DEL ESTADO DE GUERRERO
CONSEJO INDIGENA Y POPULAR DE GUERRERO – EMILIANO ZAPATA

DEFENDER LA VIDA, A LOS PUEBLOS Y A QUIENES LOS DEFIENDEN.

Como investigadorxs comprometidxs con el pensamiento crítico, la defensa de los pueblos y la documentación rigurosa de los procesos emancipatorios contemporáneos compartimos esta reflexión sobre los comunicados emitidos por el Congreso Nacional Indígena (CNI), el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), en los primeros días de noviembre de 2025.

Punto 1. Violencia sistemática y continuidad de la guerra contra los pueblos. 

El comunicado conjunto del CNI y el EZLN denuncia el ataque armado del 31 de octubre del año en curso contra integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero–Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias–Policía Comunitaria–Pueblos Fundadores (CRAC-PC-PF). Este hecho, perpetrado por el grupo criminal Los Ardillos, se enmarca en una estrategia prolongada de violencia narco-paramilitar y despojo territorial que afecta a las comunidades de la Montaña Baja de Guerrero. El texto responsabiliza a los tres niveles de gobierno por su complicidad e impunidad, aludiendo a la continuidad de la guerra contra los pueblos originarios, ahora bajo el discurso de la Cuarta Transformación. Durante la última década, 66 integrantes del CIPOG-EZ han sido asesinados y 23 están desaparecidos, evidenciando una ofensiva sistemática que busca destruir la autonomía indígena y castigar la organización comunitaria que defiende la vida.

Punto 2. Criminalización de defensores y deslegitimación institucional. 

El segundo comunicado, difundido por el periódico Desinformémonos y respaldado por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos ‘Todos los Derechos para Todas y Todos’ (Red TDT) y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), denuncia las declaraciones de la diputada Judith Vanegas Tapia (del partido de Morena) contra el abogado y defensor del territorio Carlos González García, asesor jurídico del CNI, a quien calificó como ‘enemigo histórico’. El Frayba señala que tales expresiones, pronunciadas desde un espacio institucional, constituyen una forma de criminalización discursiva que pone en riesgo la integridad de quienes sostienen la defensa colectiva de los pueblos. El comunicado reivindica la trayectoria de González como jurista comprometido con la libre determinación y la justicia comunitaria, y exige el cese inmediato de los discursos de hostigamiento y deslegitimación hacia los defensores.

Ambos comunicados revelan un mismo patrón estructural: la violencia física y paramilitar contra comunidades organizadas, la estigmatización institucional y mediática de sus defensores, y el despojo territorial como parte de una reorganización neoliberal del espacio. Frente a ello, los pueblos y las organizaciones reafirman su compromiso ético con la vida y la autonomía, sosteniendo que la dignidad y la palabra no serán silenciadas.

Desde el Grupo de Trabajo CLACSO Cuerpos, territorios, resistencias reconocemos en estas luchas la continuidad del horizonte emancipador latinoamericano que busca reconstituir lo común frente a la violencia del capital y la destrucción de los territorios.

Expresamos nuestro enérgico rechazo a las amenazas, difamaciones y actos de criminalización cometidos contra el abogado y defensor de los pueblos Carlos González García, integrante fundador del Congreso Nacional Indígena–Concejo Indígena de Gobierno (CNI-CIG).

Carlos González García ha acompañado procesos agrarios, autonómicos y jurídicos en Milpa Alta, Tláhuac, Xochimilco, Oaxaca y Chiapas; ha defendido el agua, la tierra, la educación comunitaria y la organización autónoma. Su ejercicio del derecho no responde al poder, sino al mandar obedeciendo, caminando junto a los pueblos que deciden por la autonomía y la vida.

Nos solidarizamos con Carlos González García y con todos los pueblos que defienden sus territorios frente al capital extractivista y las políticas que, bajo discursos progresistas, y humanistas profundizan el despojo y la militarización.

Exigimos:

• Garantías de seguridad y libertad plena para Carlos González García.
• Cese inmediato de la criminalización a defensoras y defensores de derechos colectivos.
• Respeto irrestricto a la autonomía de los pueblos originarios y a sus decisiones sobre sus territorios.
• Que las instituciones del Estado investiguen y sancionen las declaraciones amenazantes de la diputada Judith Vanegas Tapia.

La historia latinoamericana nos recuerda que la defensa del territorio es defensa de la vida. En Brasil, en Palestina, en Sudán o en México, el necrocapitalismo se expresa con distintas máscaras: masacres, despojos, hostigamientos. Pero en todas partes los pueblos resisten.

Reafirmamos que el derecho a la vida y al territorio no se mendiga: se ejerce y se defiende.

¡Todo nuestro respaldo y solidaridad con Carlos González García!

¡Alto a la persecución contra quienes defienden la tierra y la vida!

¡Contra el necrocapitalismo y la criminalización, los pueblos siguen caminando la dignidad!

Planeta tierra
10 de noviembre de 2025
Grupo de Trabajo CLACSO Cuerpos, territorios, resistencias

ALERTA: SEGUIMIENTO A COMPAÑERO DEL CIPOG-EZ 🚨 17/09/25 – 13:40

En Chilpancingo se lleva a cabo una reunión con más de 30 autoridades comunitarias, maestras, maestros, madres y padres de familia, junto con dependencias de la Secretaría de Educación y de Recursos Humanos del Estado de Guerrero, para exigir la atención a las demandas educativas de los pueblos.

El promotor del CIPOG-EZ y delegado del CNI, Jesús Plácido Galindo, activó el botón del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos porque dos carros (Jetta blanco sin placas y otro carro) lo siguieron y dieron 7 vueltas señalando su vehículo. Testigos confirmaron la vigilancia.

Se pide estar pendientes ante la situación, ya que los compañeros cuentan con amenazas de grupos del crimen organizado que operan en la zona por su labor en defensa de los derechos de los pueblos y del territorio. Se responsabiliza al gobierno del estado y a la presidenta de la república por cualquier daño a la integridad física de los compañeros.

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indigena de Gobierno
A la Sexta Mundial
A quienes suscribieron Una Declaración por la Vida
A las Redes de Resistencia y Rebeldia
A los organismos de derechos humanos
Al Pueblo de México
A los medios libres y autónomos

18 de julio de 2024

Hermanos y hermanas de México y del mundo: alrededor de las 8:49 a. m., del día de hoy, 18 de julio de 2024, el grupo narco-paramilitar los ardillos, asesinó a dos de nuestros hermanos cuando éstos llegaban al municipio de Chilapa. María de Jesús Pasado Margarito de 43 años y Alberto Verales Tepetitla de 32, de las comunidades de Alcozacán y Buenavista respectivamente, ambas pertenecientes al CIPOG-EZ.

Luego de que, apenas el pasado martes 15 de julio se lanzaran amenazas en contra de integrantes de nuestra organización, las amenazas se vuelven en realidad, en dolor y muerte para nuestras comunidades. Avisamos a las autoridades del estado de Guerrero de las amenazas, señalamos a los agresores y también la vinculación de éstos con las autoridades del estado. Nuevamente recibimos su indiferencia, su silencio y aquí están los resultados: los ardillos vuelven a asesinar a dos de nuestros hermanos ¿a caso nuestras vidas no les interesan? ¿no es responsabilidad de las autoridades del estado de Guerrero velar, al menos por la seguridad de quienes habitamos el territorio? ¿O es que para las autoridades Federales y del estado, Guerrero sólo es Acapulco y los sitios turísticos? ¿Por qué tanto desprecio a nuestros territorios, a nuestras vidas?

Queremos destacar que donde fueron asesinados nuestra hermana María de Jesús y Alberto Verales, es un lugar en el que hay presencia de la Guardia Nacional así como del la Secretaría de la Defensa Nacional; evidentemente también hay policías municipales, estatales y ministeriales, pero eso es igual a nada, pues muchos de éstos elementos trabaja para la delincuencia, por eso decimos que las autoridades municipales y estatales, están vinculadas a quienes asesinan y siembran el terror en el estado de Guerrero. Existe entonces la presencia de autoridades Federales: En Colotepec-Tula hay un filtro de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), en la entrada del Jaguey-Quechultenango hay otro filtro de la SEDENA, en el Ajo, entrada a Chilapa, para entrar al municipio, hay Guardia Nacional (GN) y miembros del ejército (SEDENA); luego entonces, decimos con mucha claridad que si hay ejecuciones en el estado de Guerrero, éstas ocurren con el beneplácito y el silencio cómplice de las autoridades Municipales, Estatales y Federales.

Queremos dejar claro que estamos solos, solas, que el ESTADO nos ha abandonado a nuestra suerte, que nos deja en manos de la delincuencia, tal como ocurre en Chiapas, Michoacán, Guanajuato, Colima, Oaxaca, Estado de México y en prácticamente todo el país. Es por eso que llamamos a los distintos organismos de Derechos Humanos y organizaciones, colectivos, de México y del mundo, a denunciar lo que ocurre en nuestro estado, en nuestro país; porque el gobierno actual, el de Morena, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, dice que no pasa nada, que exageramos, que queremos manchar su gobierno, que las cosas están cambiando, así de fácil quiere borrar la sangre de nuestros muertos, de nuestras muertas; no sabemos si mantendría esa postura si los asesinatos fueran de algún gobernador o gobernadora, de sus hijos, de sus nietas, de su esposa o de él mismo; si la bala que nos mata fuera para alguno de sus seres queridos, estamos seguros y seguras que quien disparara esa bala, hubiera sido detenido inmediatamente ¿y por qué para nosotros y nosotras no hay justicia? ¿a caso nuestras vidas valen menos que las suyas?

Seguimos haciendo responsables de estas muertes y de lo que pueda ocurrir en las siguientes horas y días al presidente municipal de Chilapa, a Evelyn Salgado gobernadora del estado de Guerrero y al gobierno federal encabezado por Morena. Nos mantenemos en alerta máxima frente a estos ataques; aquí seguimos con nuestra historia de resistencia y nos mantendremos firmes, por la vida de nuestras comunidades.

Atentamente:

CONCEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO EMILIANO ZAPATA

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indigena de Gobierno
A la Sexta Mundial
A quienes suscribieron Una Declaración por la Vida
A las Redes de Resistencia y Rebeldia
A los organismos de derechos humanos
Al Pueblo de México
A los medios libres y autónomos

16 de julio de 2024.

Hermanos, hermanas: Con mucha preocupación, les compartimos que el día 15 de julio, nuestro hermano, delegado del Congreso Nacional Indígena y promotor del Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata, Jesús Plácido Galindo y otro compañero del CIPOG-EZ de nombre Francisco Vazquez Mendoza, recibieron llamadas telefónicas del número 7471352147 en las que fueron amenazados con «partirles la madre», les dijeron que «los tienen ubicados» y que ya le «bajen de huevos».

Es de todos sabido el panorama del estado de Guerrero, donde el crimen organizado está por encima de cualquier institución y autoridad, e incluso, éstas mismas son la delincuencia y forman parte de los grupos narco-paramilitares que azotan a nuestro estado. Es por eso que nos queda claro que las llamadas vienen del grupo narco-paramilitar los Ardillos que por muchos años han asesinado, torturado y aterrorizado a nuestras comunidades, valiéndose de la red de complicidad que han tejido con autoridades y policías municipales, estatales, con la fiscalía y con gobierno del estado.

Les pedimos hermanos y hermanas que en la medida de lo posible estén alerta por lo que pueda suceder y que hagan llamados a quienes se supone que y al estado de Guerrero para que detengan violencia gue vivimos. De la misma forma, responsabilizamos al gobierno federal, a la gobernadora del estado de Guerrero Evelyn Salgado, así como a la fiscalía y demás autoridades de lo que pueda suceder a algún Compañero o compañera del CIPOG-EZ, pues a éstas autoridades les hemos pedido ya por varios años que desarticulen a los grupos delincuenciales y lo único que hemos obtenido, ha sido su silencio.

Sin más, les decimos que no nos vendemos, no claudicamos, no nos rendimos.

Atentamente:

Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata.