resistencia
Comunidades de El Salvador llaman a movilizaciones para rechazar reactivación de minería
Fuente: Avispa Midia
Por Sare Frabes
En portada: Acto simbólico realizado en el Río Lempa, donde líderes comunitarios y miembros de la ADES bendijeron al cauce del afluente, exigiendo su protección frente a los riesgos de contaminación por la reanudación de la minería. Foto: Rodrigo Sura
Desde los primeros días de enero del 2025, comunidades del norte de El Salvador, acompañadas de iglesias, organizaciones sociales y colectivos ambientalistas, han realizado diferentes movilizaciones para rechazar la reciente reactivación de la minería metálica en el país centroamericano.
En una de las más recientes acciones, durante una rueda de prensa realizada este miércoles (15), habitantes de la comunidad de Santa Marta, departamento de Cabañas, alertaron a la población sobre los impactos sociales y ambientales que traerá consigo la reanudación de la minería en El Salvador. Por ello, convocaron a la defensa del agua, la salud y la vida, en el contexto de la publicación, el pasado 10 de enero, de la recientemente aprobada Ley General de Minería Metálica, la cual revierte la prohibición a dicha industria que existía desde el año 2017.
Pese a que el discurso oficial afirma que la nueva ley de minería contempla medidas para aprovechar de manera racional y sostenible los recursos minerales del país, tales como la prohibición del uso de mercurio, existen señalamientos que consideran a la nueva reglamentación como un peligro.
Acorde a Andrew McKinley, experto en temas de agua y minería de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), la baja concentración de minerales en el subsuelo salvadoreño hace inviable una extracción rentable y sostenible, además de las posibles afectaciones a millones de personas en zonas vulnerables.
Durante una intervención pública en diciembre pasado, McKinley detalló que, además de la sobre explotación de agua, la minería causará altos costos ambientales para el país. Esto debido a que, argumenta, para extraer suficiente oro para un anillo es necesario procesar más de 20 toneladas de roca y tierra. “Eso convertiría a El Salvador en la luna con sus cráteres por todos lados en un periodo muy corto”, aseveró el experto.
Por su parte, los habitantes de Santa Marta exigen revertir la nueva ley pues denuncian que el Ministerio del Medioambiente no realizó ningún estudio técnico que valide la derogación de la prohibición y la reactivación de la minería. Además, pese a que en la nueva normativa se establece que el Estado salvadoreño será el único responsable de la exploración, extracción y procesamiento de minerales metálicos, también se permite las asociaciones con empresas privadas en el esquema de cooperación público-privada.
Ante este escenario, las comunidades y organizaciones remarcaron el llamamiento para rechazar la industria extractiva al considerar que “la única forma de salvar al país de la minería metálica y librarnos del desastre que podrían provocar los proyectos extractivos es la resistencia ciudadana y popular”.
Resistencias
Mediante pronunciamiento conjunto compartido este miércoles (15), las organizaciones aseveran que la aprobación de la nueva ley minera se realizó ignorando el clamor de la mayoría de la población salvadoreña, la cual rechaza la minería metálica.
Para ello, señalan los datos de encuestas recientes realizadas por el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la UCA. Indican que el 60% de la población piensa que el país no es apropiado para la minería; el 70% sabe que la explotación minera daña al medioambiente; el 91% dice que no trabajaría en una mina y el 95% considera peligroso vivir cerca de una mina.
Apenas el pasado sábado (11), en un acto simbólico realizado en el embalse Cerrón Grande del Río Lempa, líderes comunitarios y miembros de la ADES realizaron una bendición al cauce del afluente, exigiendo su protección frente a los riesgos de contaminación por las actividades mineras. En el lugar realizaron un homenaje a tres compañeros asesinados en 2009 en Sensuntepeque, en el contexto de la lucha contra la minera canadiense Pacific Rim.
Vidalina Morales, presidenta de ADES, destacó que el río Lempa, principal fuente hídrica del país, sería gravemente afectado por los proyectos extractivos. “Este río es sagrado y vital para miles de familias. La minería es una amenaza directa a nuestra vida y futuro”, sostuvo.
En este contexto, la Red Eclesial Ecológica Mesoamericana lanzó la campaña denominada “Sí a la Vida, NO a la Minería” la cual fue saludada por las counidades del norte de El Salvador. “Abrazamos el acompañamiento de la iglesia Católica y las iglesias históricas a la lucha de las comunidades primeramente amenazadas por estar en las zonas de potencial minero y que ya están siendo militarizadas”, agradecieron mediante comunicado.
El mismo sábado (11) reiteraron su exigencia para poner fin a la criminalización de líderes ambientales de la ADES. Éstos son Antonio Pacheco, Saúl Agustín Rivas, Alejandro Laínez, Pedro Antonio Rivas y Miguel Ángel Gámez. A pesar de haber sido absueltos durante octubre pasado, tras ser acusados por homicidio durante el conflicto armado en la década de los ochentas, aún permanecen bajo juicio debido a una apelación del sistema judicial salvadoreño.
Las iglesias históricas y colectivos sociales subrayan que esta criminalización busca desmovilizar la resistencia popular, pero aseguran que ha logrado lo contrario. “Nuestra voz ahora es más fuerte”, expresaron. Además, hicieron un llamado a la comunidad internacional y a organismos como la Organización de las Naciones Unidas y al sistema Interamericano de Derechos humanos para acompañar la lucha por la vida y los derechos humanos en El Salvador.
Comunidades mayas alertan impactos en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030
Fuente: Avispa Midia
Por Ñaní Pinto
Diversas comunidades Mayas entregaron un informe a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcenas, durante el foro del Plan Nacional de Desarrollo sobre Desarrollo Sustentable 2025-2030, celebrado en Mérida el pasado jueves (9), detallando los desafíos y conflictos socioambientales que enfrentan los pueblos originarios de la Península de Yucatán.
En su intervención, José Argamiro Cobá Cocom, Comisario Ejidal de Ixil en Yucatán, subrayó que el modelo de “desarrollo” impuesto en la región ha generado despojo, deforestación y contaminación, con impactos devastadores sobre los ecosistemas esenciales de la región, como la selva y los manglares. “Nos están despojando de nuestra tierra, y con ella, de nuestra cultura, nuestras costumbres, nuestro derecho a vivir dignamente”, afirmó el campesino, quien destacó que la lucha de los pueblos mayas no es solo por la tierra, sino por la preservación de una cosmovisión ancestral.
Las comunidades denuncian que los proyectos de desarrollo, principalmente del sector inmobiliario, vienen invadiendo tierras comunales, alterando los ecosistemas y amenazan con destruir el patrimonio arqueológico maya. “En Ixil, por ejemplo, se están llevando a cabo proyectos inmobiliarios en 5,300 hectáreas de tierras, sin tomar en cuenta los vestigios arqueológicos ni la biodiversidad que habitan en ese territorio”, que pretenden convertir en zonas turísticas y residenciales resaltaron.
Cobá Cocom señaló que, en los 106 municipios del estado de Yucatán, aún se conserva la cultura de los mayas. “En nuestro territorio se encuentra el reservorio del pensamiento mágico de los mayas. Si se despoja vendrá la total desaparición de los pueblos originarios, de nuestras costumbres, formas de vida y cultura”.
Otra comunidad de Yucatán que corre con el mismo destino es Kinchil, otro territorio invadido por el sector inmobiliario con fines de urbanización. Aquí habitan más de 200 familias y hoy están siendo vulneradas por el riesgo de perderlo todo “frente a especuladores con poder político. La situación se agrava aún más con el creciente desinterés por parte de las autoridades, que han permitido que se registren tierras como ‘propiedad privada’ sin el consentimiento de las comunidades afectadas”, afirman los representantes de esta comunidad.
Federico May Cuitún, del Consejo Comunitario de Kinchil, puntualizó que “están vendiendo nuestras tierras en internet, sin documentos legales; ya hay personas que se consideran dueñas de nuestros territorios, y el gobierno no hace nada”.
La industria
Otro de los problemas abordados en el informe es la expansión de las megagranjas porcícolas y avícolas en la región. Estos proyectos industriales, señalan las comunidades, vienen provocando “afectaciones ambientales, de salud pública, sobre el tejido social y la calidad de vida, plenamente conocidas por el Gobierno Federal”.
Para ello toman el ejemplo de otra comunidad de la Península, Santa María Chi, de unos 500 habitantes, una zona donde se estableció una granja de 72 naves y más de 60 mil cerdos, que está ubicada a 100 metros del pueblo. “Lleva 40 años contaminando el agua, causando enfermedades respiratorias y estomacales, y alterando la armonía, la cohesión social y la vida interna de la comunidad”.
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Los habitantes denuncian que la vida ya no es viable en esta región debido a la peste insoportable, así como la acumulación de excrementos, moscas, incluso, argumentan, “por el ruido que día y noche generan las instalaciones y los transportes de cerdos”.
Esta mega granja, según los indígenas Maya, pertenece a la familia del empresario y periodista Loret de Mola, la cual “no cuenta con permisos, registros ni autorizaciones a nivel municipal, estatal y federal. Sin embargo, las autoridades no han hecho nada para clausurarla”, expresan las comunidades ante Semarnat.
Wilberth Nahuat Puc, Comisario Municipal de Santa María Chi, denunció la impunidad con la que operan estas empresas afirmando que, “el gobierno nunca nos ha escuchado. Nos tratan como delincuentes por defender nuestra tierra y nuestra salud”, expresó.
Las comunidades denuncian en su informe que Semarnat se limitó a colocar un sello de clausura sin folio pero que la empresa siguió funcionando y que “nunca llegaron inspectores federales a investigar”.
Tras las diversas protestas de estos pueblos, “la granja está hostigando judicial y policialmente a las autoridades comunitarias, y ha imputado a Wilberth Alfonso Nahuat Puc por delitos fabricados, prohibiéndosele acercarse a menos de 300 metros de lote catastral en que se ubica la granja, situado a 30 metros de su casa”, destaca la denuncia de las comunidades.
Agudización de la crisis climática
Además, el escenario cambiante por la crisis climática ya ha comenzado a impactar estas comunidades y las condiciones se agudizan con las políticas aceleradas de desarrollo, por su flexibilidad con la falta del cuidado del medio ambiente y el tejido comunitario. A ello se suman las sequías prolongadas, las lluvias irregulares y el calor extremo que están afectando la producción agrícola, base tradicional de subsistencia en la región.
Las comunidades mayas han solicitado medidas para mitigar estos efectos, como el fomento a la energía renovable local y la restauración de ecosistemas clave para la agricultura, como los manglares.
Peregrina Cutz Tec, del Consejo Comunitario de Ixil, expresó que “el cambio climático ya no es algo lejano, lo vivimos a diario. La falta de lluvia y el aumento de las temperaturas están afectando nuestra tierra y nuestras costumbres. Necesitamos que el gobierno federal atienda nuestras propuestas para adaptarnos sin destruir nuestro territorio”, ha puntualizado.
Frente a esta situación, las comunidades mayas han propuesto una serie de medidas urgentes para revertir los efectos del modelo de desarrollo actual. Entre ellas, destacan la creación de una mesa de trabajo con la participación activa de las comunidades mayas y organizaciones sociales y ambientales para diseñar un modelo de desarrollo sustentable basado en los conocimientos y prácticas tradicionales de los pueblos originarios.
En respuesta a las demandas, la secretaria Alicia Bárcenas se comprometió a organizar una reunión con las comunidades mayas de la región en febrero de 2025, en Ixil, donde se discutirán con más detalle las propuestas presentadas.
Mientras tanto, las comunidades mayas reafirman que su lucha no solo es por la defensa del territorio, sino por la supervivencia de su cultura y sus tradiciones.
Leydi Eloína Cocom Valencia, del Consejo Protector de Santa Gertrudis Copó, concluyó: “No solo estamos defendiendo nuestra tierra, estamos defendiendo nuestra historia, nuestra cosmovisión, nuestra manera de vivir en armonía con la naturaleza. Si perdemos nuestra tierra, perdemos todo lo que somos”.
