Radio Zapatista

por Pozol colectivo

Con una concurrida participación de indígenas choles, el ejido Tila celebró su quinto aniversario de auto gobierno con una marcha y mitin, luego de que hace cinco años decidieran expulsar al ayuntamiento indebidamente ubicado en sus tierras, como ya lo han demostrado ante la suprema corte de justicia.

El 16 de diciembre de 2015, con motivo del séptimo aniversario de la concesión del amparo en favor del ejido Tila, que ordena la restitución de una parte de su territorio, y tras la persistente negativa de las autoridades municipales a devolver las 130 hectáreas usurpadas, se llevó a cabo una manifestación que culminó frente a las oficinas de la Presidencia Municipal, donde se declaró la autonomía ejidal.

“Como hijos, nietos y bisnietos seguimos defendiendo la madre tierra a pesar de la pandemia del covid 19 mundial, la otra pandemia que tanto daño nos ha causado es la corrupción; por aclarar y sacar a la luz pública somos calumniados”, expresan los indígenas en resistencia en un comunicado este 15 de diciembre, en alusión a los grupos oficialistas que exigen el regreso de la alcaldía y partidos políticos al ejido.

«Este día es de alegría, de festejo, porque en nuestra tierra no manda el mal gobierno, mandamos nosotros», han indicado en diversos escritos los indígenas también integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI).

«Tenemos que cuidar el patrimonio que nos dejaron nuestros ancestros, salir con la cara al frente, no agacharse, es por eso que gobernamos por medio de la asamblea ejidal», han compartido los ejidatarios del norte de Chiapas.

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“Nos preguntamos cuantas veces nos quieren despojar si los abuelos sufrieron las injusticias históricas”, cuestionan los indígenas cho´les. De igual forma los ejidatarios han denunciado que “los caciques son un puñito de pobladores de Tila que están presionando en la Procuraduría y al gobierno para que mande ya sus fuerzas represoras para que ejecuten las órdenes de aprensión contra las autoridades ejidales y exautoridades y sus familias, todos quienes han luchado por defender la tierra”.

“Estos representantes de la maldad van pagando periodistas para que les sigan en sus engaños y escriban en periódicos de Yajalón, Palenque o Tuxtla y presenten que Tila está secuestrado y que no tienen libertad, cuando no lo dicen claro que quieren la libertad para dominar y establecer su mal gobierno el Ayuntamiento y para seguir robando, saqueando, a costa del sufrimiento del pueblo. Por eso su libertad es muy torcida, porque es libertad para maltratar, reprimir, despojar hacia nuestras miles de familias quienes somos los dueños y estamos autogobernando”, han evidenciado los ejidatarios del CNI.

“Escúchenlo bien, nuestro pueblo se mantiene atento y está dispuesto porque vamos a defender nuestro autonomía y autogobierno ejidal porque aunque le pese al grupito de caciques y a los intereses de sus aliados, ahora es el pueblo el que se autogobierna autodefine, autocuida, autoconstruye justicia, la vamos caminando y aprendiendo pero la más importante es que estamos viviendo, y la libertad ha traído dificultades pero mucha alegría para nuestros corazones, así estamos decididos a seguir viviendo”, han afirmado los indígenas chiapanecos en diversos medios durante estos cinco años.

Las tierras del ejido fueron reconocidas a los ch’oles por resolución presidencial en 1934. En 1966 se intentó modificar el plano para entregar 130 hectáreas a la presidencia municipal, pero los ch’oles obtuvieron el amparo 890/77, que ganaron en definitiva en 1994.

En 1982, el congreso estatal decretó la expropiación de las 130 hectáreas que ambicionaba el ayuntamiento. Un nuevo amparo de los ejidatarios, el 259/1982, comenzó a tramitarse. Dicho amparo, ganado en 2008 por el ejido, ordenó la restitución de las 130 hectáreas de tierras ancestrales; sin embargo, bajo el falso argumento de imposibilidad para la ejecución de la sentencia, el ayuntamiento municipal la incumplió, motivo por el cual las y los ejidatarios de Tila promovieron el incidente de inejecución de sentencia 1302/2010 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Los indígenas choles han asegurado que la ley los asiste ante los intentos de despojo de su territorio, por parte de los tres niveles de gobierno y grupos paramilitares. “Tenemos la razón. La suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), nos dio la razón”, afirman.

Pese a ello, como indican conocedores sobre el tema: el actual gobierno de Rutilio Escandón no ha dado las garantías judiciales a los ejidatarios, al no dar cumplimiento a la ejecución de sentencia ordenada por la SCJN, que condena la restitución de las tierras malamente expropiadas al ejido para un denominado fundo legal. Esta condena es de fecha 12 de septiembre del 2018, sigue sin ejecutarse, lo que ha provocado el incremento de la violencia en la región contra los ejidatarios, asegura el académico y comunicador José Adriano Anaya.

“Aquí estamos y vamos a seguir autogobernando. Exigimos justicia y castigo para el Ayuntamieto de Limberg Gutiérrez y sus paramilitares Francisco Arturo Sánchez, Adelaida Martínez y Rodrigo Martínez. Son ellos los mismos mentirosos y engañadores que provocan la violencia”, han denunciado los ejidatarios al referirse al titular del ayuntamiento expulsado, el cual ha ocupado la presidencia municipal personalmente o por medio de su familia desde el 2008.

Como lo indica el periodista Luis Hernández, “La controversia agraria en Tila no es sólo asunto de tierras; es, también, una disputa para enfrentar el poder del cacicazgo, frenar la privatización de la tierra, reconstituir el pueblo chol, construir la autonomía y resistir la política de contrainsurgencia”.

Lee el comunicado completo aquí

Por Sandra Suaste

En la Gaceta Oficial de la Ciudad de México Nº 494 se publicó la declaración de utilidad pública. Es el inicio del procedimiento para efectuar el decreto expropiatorio del predio Zacatecas 74, ubicado en la colonia Roma, alcaldía Cuauhtémoc. Esto sucede dos meses después de la toma del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI). Sin embargo, tendrá que pasar al menos un mes para que se cumpla todo el procedimiento jurídico.

Mario Camaño, director de Concertación Política de la Ciudad de México, dio a conocer el procedimiento que se llevará a cabo: El primer paso es la publicación en la Gaceta del 15 de diciembre. En el segundo paso se notificará a los involucrados y se les presentará una propuesta de indemnización junto con el derecho de diez días hábiles para que alguna de las ocho personas que aparecen Registro Público de la Propiedad se inconformen; de no ser así se publicará un segundo aviso, 15 días después de la publicación en la Gaceta.

El tercer paso es la publicación definitiva autorizada por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Por lo que la Comunidad Indígena tendrá que esperar al menos hasta el 14 de enero, de acuerdo con las proyecciones que comunicó Juan Romero Tenorio, representante de la Consejería Jurídica y de servicios legales de la CDMX.

“Muchas gracias por la información, siempre nos mienten. Dijeron que el decreto ya estaría para hoy” afirma Isabel Valencia, mujer de la comunidad.  “Se lo arrebatamos al gobierno, es un logro de la comunidad” dicen los otomíes, pues el trámite es producto de las gestiones que han realizado previamente. “La toma del INPI fue para obligarlos a hacer su trabajo”.

La Ciudad de México atraviesa una situación riesgosa debido a la pandemia por COVID-19, por lo que la Comunidad Indígena anunció que se resguardará hasta el 12 de enero de 2021.

Por Sare Frabes

Tras el bloqueo de la carretera federal 175, que liga los Valles Centrales de Oaxaca con las zonas turísticas de la costa, en la mañana de este lunes (14), 16 comunidades que hacen parte de un frente contra la minería en el estado lograron una audiencia con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semanart).

La reunión será el próximo miércoles (16), a las 10h, en el Palacio Municipal de Magdalena Ocotlán.

Las comunidades exigen que la autoridad ambiental no emita la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto “San José II”, una ampliación del proyecto minero en explotación desde 2011 por la empresa Cuzcatlán, una subsidiaria de la canadiense Fortuna Silver Mines, que explota oro y plata en San José del Progreso.

Según las comunidades, la MIA no tiene fundamentos para proceder. Entre sus argumentos está el hecho de que se realizó una consulta ‘exprés’, con duración de 10 días.

Lea aquí más detalles sobre los motivos presentados por los pueblos.

Mientras la carretera estaba cerrada, el titular de la Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia de Semanart, Daniel Quezada Daniel, se comunicó con miembros del frente, donde fue posible acordar la apertura de diálogo. Una exigencia de las comunidades es que la reunión sea con la titular de Semanart, María Luisa Albores.

Además de las comunidades de San José del Progreso y Magdalena Ocotlán, más directamente afectadas por el proyecto San José, hombres y mujeres de pueblos vecinos participaron del bloqueo y mostraron su preocupación con la falta de informaciones sobre concesiones mineras otorgadas por el gobierno federal en sus territorios. Por ello, han decidido mantenerse en alerta sobre todo en un escenario de pandemia en el cual los proyectos siguen avanzando. Algunas de las comunidades son: Magdalena Ocotlán, Monte del Toro, San Martín de los Cansecos, San Matías Chilazoa, Los Ocotes, El Vergel, Santa Catarina Minas, San Nicolás Yaxe, San Dionisio Ocotepec y la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO).

Obrador

En 2019, las comunidades interceptaron el carro en que viajaba el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien pasaba por la región, y lograron exponerle la problemática que viven. El mandatario dijo que mandaría un funcionario para escucharlos. Sin embargo, nunca cumplió.

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El 9 de septiembre de 2020, increpado nuevamente en su conferencia que emite por las mañanas, el presidente se comprometió a platicar con María Luisa Albores, de manera que se pudiera establecer un canal de comunicación con estos pueblos.

Hasta la fecha, y solo después del bloqueo, Semanart accedió al pedido de apertura de diálogo.

Foto de portada: Familias desplazadas de Aldama por Índice político.

Por Sare Frabes

“Es indignante la situación de violencia estructural que se permite e, incluso, se fomenta desde los diferentes niveles de gobierno y su poca o nula disposición para atender el conflicto, trivializando, discriminando y criminalizando a las comunidades”, denuncia un comunicado difundido por una misión civil de observación en Chiapas.

Realizada durante cuatro días, dicha misión estuvo integrada por 14 organizaciones de derechos humanos pertenecientes a la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT).

La misión visitó comunidades en las regiones norte, altos y costa de Chiapas en donde recabaron testimonios de personas que han vivido desplazamiento forzado, el despojo de sus tierras y un contexto generalizado de violencia que va de las amenazas hasta la tortura.

Las comunidades visitadas por la misión de observación fueron Chalchihuitán, Acteal, Aldama, Nuevo San Gregorio, Moisés Gandhi, Chilón y Tonalá. En todas documentaron situaciones de conflicto y violencia contra defensores y poblaciones.

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Por ello, destacaron “las amenazas de muerte, agresiones directas y actos de criminalización en contra de personas defensoras de derechos humanos y de ayuda humanitaria, quienes realizan su labor en un ambiente de violencia generalizada”.

Sin acceso a la justicia

Mediante conferencia de prensa, lxs integrantes de la misión también resaltaron los impactos psicosociales en las comunidades en Zona Altos, Norte y Costa de Chiapas,, así como el efecto diferenciado en las mujeres y las infancias de poblaciones en desplazamiento forzado, quienes viven en situaciones con terror, miedo y preocupación, lo cual les coloca en una situación de mayor vulnerabilidad.

“Alarmantes de la situación de insuficiencia alimentaria, inexistentes servicios de salud y medicamentos que se suman a la situación de desplazamiento forzado que amenazan y ponen en riesgo la vida de cientos de personas”, los cuales “agravan la falta de condiciones de seguridad y de acceso a la justicia, ante la existencia de grupos paramilitares y de choque que agreden a las comunidades, implica un riesgo latente para ellas y para quienes ejercen su derecho a defender derechos humanos”, expusieron como resultado de la documentación en las distintas regiones de Chiapas.

En su denuncia, las organizaciones enfatizaron también “la falta de acceso a la justicia que también se relaciona con la inoperancia de las fuerzas de seguridad pública para frenar la violencia y la falta de actuación de la Fiscalía del Estado aun cuando tienen claro conocimiento de los responsables de los ataques armados”.

A la exigencia de justicia, la misión de observación también se sumó al llamado “para que Cristóbal Santis Jiménez, preso político por su labor de denuncia a las agresiones sistemáticas de las comunidades de Aldama sea puesto en libertad de manera inmediata”.

Hostigamiento a defensores

Nathaniel Hernández, director del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, destacó que en las tres zonas visitadas por la misión se confirmó la existencia de grupos armados quienes están actuando con facilidades en los territorios para obtener control, poder despojar, invadir y continuar realizando hechos criminales.

“Vemos una fuerte resistencia de defensa del territorio por las comunidades que han procurado tener un espacio de cultivo para proveer alimentos, tranquilidad y armonía, generando una tensión mayor de las comunidades. Por otro lado, todo este contexto propicio agresiones, amenazas, desplazamiento, asesinatos, hasta la fecha el estado se mantiene omiso”, enfatizó el director de la CDH.

Hernández compartió también que en la costa de Chiapas donde realiza su labor, el CDH Digna Ochoa acompaña un proceso de colonia urbana “donde existe una deficiencia de garantía de derechos por parte de las autoridades, donde no hay garantía de los servicios básicos como agua, drenaje, alumbrado, seguridad y vivienda”.

A dicha situación se suma la violencia ejercida por “un grupo que actúa bajo la primicia del gobierno en la región, por lo que, evidenciaron que existe una falta de voluntad para poder atender las situaciones de violaciones a derechos humanos que pone en riesgo a las comunidades y también a quienes acompañan los procesos de defensa de los derechos humanos”, compartió Hernández quien durante las últimas semanas denunció el haber recibido amenazas de muerte debido a su labor.

Agresiones contra tierras recuperadas

Por su parte, Diana Itzu Gutiérrez del Centro de Derechos Humanos de la Mujer de Chiapas informó que, en la zona norte del estado del Caracol de Resistencia Hacia un Nuevo Amanecer, desde 2019 ocurren agresiones violentas contra 155 hectáreas de tierras recuperadas por comunidades base de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) quienes están sufriendo una invasión de 40 personas que se articulan con la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO), quienes han cercado el territorio.

“Invasión, cercamiento de la madre tierra y ambiente de balazos”, video de difusión caravana solidaria por Red Ajmaq.

“Estamos viendo que estos grupos fuertemente armados no solo en el Municipio Oficial de Huitiupán en San Gregorio y en el Municipio Oficial de Ocosingo y Chilón donde el despojo y desplazamiento es parte de esta guerra integral de desgaste”, mencionó Gutiérrez sobre las agresiones contra familias base de apoyo del EZLN quienes por la violencia actual se ven impedidos de cultivar sus alimentos.

Paramilitares

En la región de los Altos, la misión de observación constató una crisis de desplazamiento forzado, situación que viven las y los 1,236 desplazados de Chalchihuitán, así como las comunidades del municipio de Aldama en específico San Pedro Cotsilnam, donde representantes de los 115 comuneros, víctimas, heridos y viudas dieron sus testimonios, constataron de nuevo el abandono del estado ante estas graves violaciones a derechos humanos.

El director del Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), Pedro Faro, mencionó que tienen el conocimiento de 3,499 personas en situación de desplazamiento debido a las agresiones armadas por parte de grupos de corte paramilitar que mantienen en asedio a la población de las 13 comunidades de Aldama.

El director del Frayba sostuvo que el grupo de corte paramilitar tiene vínculos con funcionarios del municipio de Chenalhó, así como complicidad con los tres niveles del gobierno pues los ataques no cesan a pesar de todos los acuerdos del gobierno y pactos hechos desde las cúpulas del poder.

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“Ayer recibimos un reporte más de estos ataques en Aldama y eso nos preocupa mucho, lo que tenemos registrado es que hay 21 heridos y seis muertos, evidenciamos que no hay una atención integral a la situación de los desplazamientos, hombres, mujeres, niños y niñas están viviendo en una alta vulnerabilidad”, denunció Faro durante la conferencia de prensa el pasado 10 de diciembre. El director del Frayba añadió que “lo mismo encontraron con Las Abejas de Acteal, en específico los desplazados de la comunidad de Los Chorros, los hechos fueron perpetrados por autoridades de la colonia Miguel Utrilla de Barrio Río Jordán ubicado en el municipio de Chenalhó”, donde aún hoy dichos grupos armados actúan de manera deliberante y agresiva hacia la sociedad civil Las Abejas de Acteal no permitiéndoles su proceso de construcción de autonomía.

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Until March 14, 2020, Cristóbal Sántiz Jiménez worked as a guard at a vocational training centre in San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. That day, he was heading back home when he was arrested by members of the Chiapas Prosecutor’s Office Specialised Police on charges of “aggravated homicide”. Since then, he has been kept under preventive detention for a crime he did not commit.

As the spokesperson of the Permanent Commission of the 115 community members and displaced persons of Aldama, where he comes from, Cristóbal has been publicly denouncing the armed attacks, robbery, destruction of crops, and house arson perpetrated against the Aldama population by a paramilitary group from the municipality of Chenalhó. The root cause of this violence: a conflict between the Aldama and Chenalhó municipalities over 60 hectares of land that dates back to the 1970s and that Mexican and Chiapas authorities have been incapable to adequately address.

Two years before his detention, Cristóbal had already been accused of and subsequently absolved for the crime of “aggravated homicide”. This is not a coincidence. It is rather a prolongation of the harassment perpetrated against him by both State actors and the Chenalhó paramilitary group in retaliation for his work defending the rights of the displaced communities of the municipality of Aldama.

In August 2020, Cristóbal wrote a letter from the detention centre CERSS “El Amate”, in which he analysed the nature of the dreams of his own displaced Tsotsil Mayan communities from Aldama. According to Cristóbal, all their nightmares were echoing the violence they have been subjected to for more than four years.

Today in the Chiapas Highlands this violence continues. None of the three non-aggression pacts signed by the municipalities of Aldama and Chenalhó since June 2019 have resulted in the end of the armed attacks and violence against the Maya Tsotsil communities in this region.

There are currently more than 3,000 people forcibly displaced in the municipality of Aldama, who are mired in a food crisis due to the impossibility to cultivate their lands. They are permanently under attack. In the meanwhile, Cristóbal remains unjustly detained because he has never been scared to defend their rights.

Join our call to release Cristóbal Sántiz Jiménez!

Ta’louk xa ti matanal milel-ulesele.
– Basta ya de asesinatos a personas inocentes con fines de exterminio.

Después de la Masacre de Acteal, en el municipio de Chenalhó, el 22 de diciembre de 1997; en Chiapas, México, se han cometido otras dos masacres a Pueblos Originarios: La de Viejo Velasco, el 13 de noviembre de 2006 y la de Chincultik, el 03 de octubre de 2008.

Actualmente existe el riesgo de una nueva Masacre, en la región Altos. Grupos civiles armados de corte. paramilitar procedentes de Chenalhó, atacan con armas de fuego a comunidades de Aldama y Chalchihuitán, con la omisión y protección del gobierno de Chiapas.

El Estado mexicano tiene la obligación de garantizar el derecho a la vida y evitar otras Masacres en México.

Escuchemos a Las Abejas de Acteal en el NotiFrayba.

Geovanna Ángulo Ramos tenía 27 años y era maestra de danza cuando desapareció en San Agustín Etla, Oaxaca, el día 25 de noviembre. 5 días después, su cuerpo fue encontrado sin vida en un barranco de Suchilquitongo, Etla.

Al día siguiente, Sherlyn fue asesinada en su estética, en el barrio del ex-marquezado, en la ciudad de Oaxaca. Fue atacada por hombres armados, quienes le dispararon y huyeron del lugar. Hasta la fecha nadie ha sido detenido.

Violencia feminicida y transfeminicida

Los asesinatos de Geovanna y Sherlyn se suman a los 447 feminicidios que han ocurrido en la entidad durante el actual sexenio de Alejandro Murat. Tan solo en este año 2020, al menos 94 mujeres han sido asesinadas. El 25% de sus cuerpos ha sido tirado en barrancos.

Geovanna y Sherlyn también tienen en común el hecho de ser mujeres trans. De acuerdo con el Centro de Apoyo a Identidades Trans, Oaxaca, entre 2007 y 2017 se contabilizaron 442 asesinatos de personas trans en el país, de los cuales 19 ocurrieron en Oaxaca. En 2018, se sumaron 34 asesinatos trans, y hasta el 20 noviembre de este año se han acumulado 35 más.

Según la misma organización, la esperanza de vida de las personas trans en América Latina apenas alcanza entre 35 y 40 años, esto debido a la cantidad de crímenes de odio, así como a la exclusión social que sufren en el día a día.

Ante la violencia, la organización y la resistencia

Tras estos actos de violencia extrema, familiares, amistades de las víctimas, integrantes de la comunidad LGBTTI+ y/o feministas han protestado en varias ocasiones.

Las Auténticas Intrépidas Buscadoras de Peligro, Muxes de Juchitán de Zaragoza, en el Istmo de Tehuantepec, emitieron posicionamientos para exigir que se esclarezcan los dos asesinatos reportados en Oaxaca, advirtiendo que tanto Geovanna como Sherlyn fueron atacadas con saña y odio salvaje, “por el simple hecho de ser diferentes”.

En un comunicado, Integrantes del Tianguis Autogestivo y disidente de la ciudad de Oaxaca recordaron a Geovanna y Sherlyn como personas que “se atrevieron a vivir siendo quienes eran: mujeres fuertes, valientes y cariñosas. Que tocaron la vida de quien les conoció, y continúan tocando muchas otras, convocadas por el dolor y rabia que provoca su ausencia; que en este lugar hostil en el que ser auténtica es un acto de resistencia, el amor que sembraron, trascenderá.”

También señalaron la responsabilidad del gobernador del Estado, Alejandro Murat, así como la necesidad de organizarse frente a la violencia.“Escúchelo bien, gobernador: Esto tiene que parar. No somos un número moldeable a sus intereses, no somos una cifra más. Tiene las manos manchadas con la sangre de cada una de las niñas, mujeres, lesbianas, personas trans y disidentes de género asesinadas en las calles, negocios y casas, y tiene que responder por ello”.

En este pronunciamiento también se ha hecho responsable a las insttituciones que conforman el Estado, porque Oaxaca “es uno de los más violentos del país, de los primeros en feminicidios, transfeminicidios y crímenes de odio a la población LGBTI+, y aun así, no existen estadísticas gubernamentales que visibilicen el problema. El gobierno niega una violencia que se desborda, finge que no pasa nada y derrocha en una atracción luminosa, inservible, el dinero que debiera destinarse a la búsqueda de las cientas de mujeres desaparecidas en este territorio, ignorando el contexto pandémico, el mismo que usan de pretexto para reprimir la autogestión”, señalaron las integrantes del Tianguis.

Este proceso autogestivo también advirtió, “no callaremos ante la violencia que nos arrebata a más de once mujeres cada día. Nuestras vidas no son desechables, nuestras identidades se respetan, nuestros cuerpos no se tocan, y si tocan a une, respondemos todes”, expresaron.

Así mismo, insistieron en la necesidad de recordar a todas las que ya no están: “Hoy recordamos a Shirley, a Geovanna, a Carly y a todas las mujeres trans asesinadas. Les despedimos con ternura. También, exigimos el regreso de Zaira Leticia Morales Noyola, desaparecida el 23 de octubre en Huajuapan, y de la Chikis, compañera trans desaparecida en Puerto Escondido desde el 2018, así como el regreso de cada una de las hermanas a las que seguimos esperando en casa. Porque vivas se la llevaron, y vivas las queremos”, declararon.

• • • 14 organizaciones integrantes de la Red TDT así como 3 organizaciones internacionales visitaron comunidades de las regiones Altos, Norte y Costa para documentar violaciones a DDHH.

   

• • • La impunidad y falta de acceso a la justicia generan un clima de riesgo para el CDH Digna Ochoa y el CDH Fray Bartolomé de las Casas.

   

• • La falta de voluntad política agudiza la crisis de derechos humanos que viven las comunidades chiapanecas.

Entre los días 7 y 10 del presente mes de diciembre, una Misión Civil de Observación compuesta por 14 organizaciones pertenecientes a la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) —conformada por 86 organizaciones en 23 estados de la República mexicana— y acompañadas por tres organizaciones internacionales[1] visitamos comunidades en las regiones Norte, Altos y Costa de Chiapas con el objetivo de documentar diferentes problemáticas de derechos humanos. Durante esos días, pudimos atestiguar situaciones críticas de vulneración de derechos fundamentales en las tres regiones, con una preocupante falta de voluntad y empatía por parte de las autoridades.

La Misión Civil de Observación (MCO) tuvo la oportunidad de visitar las comunidades de Chalchihuitán, Acteal, Aldama, Nuevo San Gregorio, Moisés Gandhi, Chilón y Tonalá, donde recogimos testimonios con personas afectadas por situaciones de desplazamiento forzado, despojo de tierras, detenciones arbitrarias, tortura, hostigamiento, amenazas, criminalización, entre otras agresiones. Por otro lado, también se llevaron a cabo reuniones con autoridades de los tres niveles de gobierno para conocer el seguimiento que están dando a las diferentes problemáticas y casos concretos.

Las organizaciones de la Red TDT que participamos en esta Misión Civil de Observación queremos expresar nuestra preocupación por el contexto de violaciones sistemáticas y estructurales de derechos humanos que hemos podido documentar en las tres regiones, especialmente queremos resaltar el efecto diferenciado en las mujeres y, principalmente, en las infancias de todas las comunidades visitadas quienes presentan graves impactos psicosociales y la falta de mínimos vitales para la vida y la dignidad de estas poblaciones.

Igualmente alarmantes resultan la situación de insuficiencia alimentaria, los inexistentes servicios de salud y medicamentos –incluso para quienes han resultado heridos durante las agresiones contra las comunidades– que sumados a la situación de desplazamiento forzado amenazan y ponen en riesgo la vida de cientos de personas. Dichas situaciones se agravan por la falta de condiciones de seguridad y de acceso a la justicia, ante la existencia de grupos paramilitares y de choque que impunemente agreden a las comunidades y que implican un riesgo latente para ellas y para quienes ejercen su derecho a defender derechos humanos. En ese sentido, también destacamos las amenazas de muerte, agresiones directas y actos de criminalización en contra de personas defensoras y de ayuda humanitaria, que realizan su labor en un clima de violencia generalizada.

Además, las organizaciones de la Red TDT denunciamos la falta de voluntad y empatía de las autoridades que permite la continuidad de una grave situación de violaciones a derechos humanos. Es indignante la situación de violencia estructural que se permite e, incluso, se fomenta desde los diferentes niveles de gobierno y su poca o nula disposición para atender el conflicto, trivializando, discriminando y criminalizando a las comunidades. A esto se suma un claro problema de falta de acceso a la justicia que también se relaciona con la inoperancia de las fuerzas de seguridad pública para frenar la violencia y la falta de actuación de la Fiscalía del Estado aún cuando tienen claro conocimiento de los responsables de los ataques armados.

También hacemos un llamado para que Cristóbal Santis Jiménez, preso político por su labor de denuncia de las agresiones sistemáticas a las comunidades de Aldama sea puesto en libertad de manera inmediata.

Finalmente, queremos señalar que la Misión Civil de Observación se reunió con autoridades de gobierno de los tres niveles sin que se pudieran llegar a acuerdos concretos y seguimientos que logren garantizar la dignidad y la vida de las personas. Hoy, 10 de diciembre de 2020, Día Internacional de los Derechos Humanos, nos encontramos con una grave situación de violencia en la que el Estado mexicano debe asumir la responsabilidad que le corresponde y cesar la simulación y la falta de atención para las comunidades y personas defensoras que sufren violencia en Chiapas.

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
“Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT)
(Conformada por 86 organizaciones  en 23 estados de la República mexicana)

Con el acompañamiento de Médicos del Mundo, Servicio Internacional por la Paz (SIPAZ), Movimiento Sueco para la Reconciliación (SweFOR).

Descargar PDF: Misión Civil de Observación a Chiapas denuncia una situación sistemática y estructural de violaciones a derechos humanos.

Los pueblos, naciones, tribus y barrios originarios que somos el Congreso Nacional Indígena, el Concejo Indígena de Gobierno y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, haciendo frente a la enfermedad de nuestra madre tierra, expresada en una grave pandemia que ha golpeado la vida y economía de nuestras comunidades y al mundo entero; nos escuchamos en la voz de los pueblos originarios, que gritan desde las geografías donde luchan y resisten en contra de la guerra capitalista que disputa los territorios indígenas y campesinos mediante agresivas políticas extractivas a lo largo y ancho de toda la geografía nacional; megaproyectos de muerte a los que llaman Corredor Interoceánico en los estados de Oaxaca y Veracruz, Proyecto Integral Morelos en los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala, Tren Maya en los estados del sureste mexicano, o Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en el centro del país; la implementación de un conjunto de políticas y mecanismos para la continuación del “libre comercio” subordinado a Estados Unidos y Canadá y para contener la migración; para impedir o debilitar la organización y resistencia de nuestros pueblos, mediante la suplantación de las autoridades tradicionales y la realización de consultas indígenas simuladas.

Se trata de políticas y megaproyectos impulsados por el gobierno neoliberal de la Cuarta Transformación, al servicio de los grandes capitales globales y en contra de la organización autónoma de nuestros pueblos; todo lo anterior con apoyo en la militarización, la implementación de la Guardia Nacional y la militarización de todo el territorio nacional, la complicidad Estado-Cárteles criminales, la creación de programas que buscan romper la organización comunitaria como es el caso de Sembrando Vida y la aprobación de leyes favorables a los grandes consorcios trasnacionales como la Ley Federal Para el Fomento y Protección del Maíz Nativo.

El CNI y el CIG –con las comunidades zapatistas-, siendo congreso cuando estamos juntos y red cuando estamos separados, somos esa palabra colectiva que no solo hacemos nuestra, sino que nos tejemos en ella y con ella, en la determinación de que nuestra resistencia crecerá tan grande, como grande sea la amenaza capitalista a la vida.

Porque para nuestros pueblos no hay espacio para rendirnos, vendernos o claudicar, cuando son la madre tierra y la vida la que los gobiernos, empresas, militares y cárteles de las drogas quieren tener como botín del robo y

CONSIDERANDO QUE:

1.- Arrecian la represión, las amenazas, la formación de grupos de choque y la criminalización en contra de las comunidades que resisten al Proyecto Integral Morelos, que el mal gobierno federal decidió imponer ilegalmente y con la utilización de su grupo armado de choque al que llama Guardia Nacional; y que, no obstante, la herencia heroica de Samir Flores Soberanes se mantiene viva en las hermanas y hermanos del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala que no se rinden, ni se venden ni claudican;

2.- Se agudiza la guerra en contra de las comunidades autónomas y de las comunidades de originarios del CNI en el estado de Chiapas, mientras los gobiernos garantizan impunidad para los grupos paramilitares que, financiados por ellos, atacan día y noche a los pueblos y comunidades hermanas;

3.- El mal gobierno federal junto a sus fuerzas armadas, en su descarada alianza con los oscuros intereses económicos que apuestan a quedarse con el territorio de los pueblos indígenas y campesinos, está sembrando miedo y terror, violando cínicamente las leyes, sentencias y suspensiones judiciales para imponer sus megaproyectos, que entregan el territorio del país a los intereses económicos transnacionales;

4.- La resistencia y rebeldía crecen en la geografía de los pueblos originarios, porque crecen también el despojo y la represión violenta desde el lado del mal gobierno en todos sus niveles, en complicidad con grupos paramilitares y narco paramilitares, que hacen posibles sus proyectos extractivos y contaminantes, e incluso, en las grandes ciudades nuestros pueblos resisten como lo demuestra la comunidad otomí residente en la Ciudad de México;

5.- Desde las luchas que somos, los pueblos originarios vemos que en el mundo se encienden esperanzas a esta guerra que es la misma, y desde lejanas geografías volteamos hacia donde mismo, o sea hacia la lucha por la vida, que se hace un lenguaje en el que nos vemos los unos a los otros y;

6.- Existe la convocatoria zapatista de iniciar un recorrido planetario en el mes de abril de 2021, iniciando en el continente europeo, al que está invitado el CNI mediante la integración de una delegación para acompañar ese caminar y llevar nuestra palabra colectiva;

CONVOCAMOS
A l@s delegad@s y concejal@s del CNI- CIG, para que asistan a la

QUINTA ASAMBLEA NACIONAL DEL CONGRESO NACIONAL
INDÍGENA Y EL CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO

Que tendrá lugar en:

LA QUINTA PIEDRA, TERRITORIO RECUPERADO DEL PUEBLO
NAHUA DEL EJIDO TEPOZTLÁN, MORELOS,
LOS DÍAS 23 Y 24 DE ENERO DE 2021

Bajo el siguiente programa:

23 de enero:
Inauguración
Mesas de trabajo:

• Balance del despojo y la guerra capitalista contra nuestros pueblos.
• Propuesta para la participación de una delegación del CNI-CIG en el recorrido planetario zapatista.

24 de enero:

Plenaria abierta:

• Conclusión de mesas de trabajo
• Acuerdos y resolutivos
• Comunicado público
• Clausura

NOTA 1: Considerando las actuales circunstancias sanitarias se invita a que nombremos un@ o dos delegad@s por pueblo, comunidad u organización indígena, según sea el caso, con el fin de realizar una asamblea ampliamente representativa pero menos numerosa.  Quienes asistan deberán cumplir con las medidas de uso de cubre bocas, sana distancia, lavado frecuente de manos y cara. Y las que se implementen en el lugar de la reunión.

NOTA 2: Quienes no sean delegad@s o concejales del CNI/CIG únicamente podrán entrar a la asamblea mediante invitación expresa de la Comisión de Coordinación y Seguimiento.

Atentamente
Diciembre de 2021

 Por la Reconstitución Integral de Nuestros Pueblos
Nunca Más Un México sin Nosotros
Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno
Ejército Zapatista de Liberación Nacional

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ROMPIENDO FRONTERAS

PERÚ: Huelga de trabajadores del campo obliga al Congreso peruano a derogar ley agraria.
Después de cinco días de huelga con bloqueo de carreteras, los trabajadores del campo peruano lograron que el Parlamento termine votando a favor de abrogar la nefasta ley de promoción agraria que permitía la sobre explotación obrera y una serie de privilegios para los agroexportadores.
laizquierdadiario

ARGENTINA: El gobierno Argentino miente, reprime a manifestantes y maquilla el peligro de la minería, misma que pretende volver poner en marcha pese a que ya se había logrado legalmente su prohibición gracias a movientos en contra de la minería a cielo abierto.
Pañuelos en Rebeldia.  Autoconvocadxs x los Humedales.

EUA MUMIA: Se cumplen 39 años del secuestro de Mumia Abu Jamal por el racista sistema estadounidense.
Mitin y actividades artísticos por la liberación del preso político Mumia, por el  alto al racismo,  al abuso policial, y por la libertad de las y los  presos políticos.
Amigos de Mumia mexico.

Desde el ombligo del monstruo

MEXICO MILITARIZADO: La Marina y guardia Nacional son responsables directos por delitos de lesa humanidad que van desde el robo o conducir en estado de ebriedad hasta el secuetro, la trata de personas y el asesinato.
Animalpolitico.

CHIAPAS:  Normalistas de la Escuela normal rural Mactumaczá son violentados por la policía en la toma del palacio municipal. Con distintas acciones les estudiantes normalistas manifiestan su total desacuerdo ante la reducción presupuestal que plantea la Comisión de Presupuestos y Cuenta Pública para las Escuelas Normales.
Escuela Normal Rural Mactumaczac fecsum.

LUCHA POR LA VIDA:  RODADAS por los humedales y por los presos politicos. Port JumpPerez

GUANAJUATO:  Continúan secuestrando personas, encontrando fosas con cuerpos humanos y el gobierno es un cómplice silencioso, las familias, activistas, prefesores e investigadores buscan por su cuenta las fosas; gracias a la busqueda de estas personas muchos cuerpos que encontraron  ya se estan identificando.
ZonaDocs

CAMPECHE: Organizaciones sociales y grupos mayas denuncian haber encontrado maíz transgenico y soya transgenica en su tierra.
En Los Chenes, en Campeche, pese a estar prohibida en el país, donde se observó la aplicación del herbicida glifosato en predios reportados como sospechosos. Especialmente grave es la posible presencia de maíz transgénico en la región, dado que a la fecha no existen permisos para su siembra.
Desinformemonos.

QUINTANA ROO: Mujeres Organizadas  piden aborto legal en Quintana Roo he invitan a la toma de congresos en toda la República exigiendo este derecho. Se aprueba la ley olímpia en México.
Defensoras Digitales Quintana Roo

MEDIOS LIBRES ABYA YALA: Invitacion a escuchar la Revuelta Radial por la libertad
Transmisión colectiva de medios libres de Abya Yala. Sábado 19 de Diciembre, 2020