Fuente: Avispa Midia
Por Rocío Heredia
^{En portada: Asamblea Comunitaria de Eloxochitlán de Flores Magón a las afueras del Juzgado de Huautla. Fotografías por David Peralta}

Este lunes (18) fue suspendida una audiencia en Huautla de Jiménez, cuya finalidad era dar seguimiento a los casos de tres miembros de la Asamblea Comunitaria de Eloxochitlán de Flores Magón. La razón de la suspensión se debió a que abogados de la Defensoría Pública Federal no se presentaron, debido a las modificaciones en la Reforma Judicial que implican, que este 1 de septiembre tomen posesión los nuevos titulares surgidos de la elección judicial el 1 de junio pasado.

Desde el 2014, Manuel Zepeda Cortés –expresidente municipal de Eloxochitlán—, su hija Elisa Zepeda Lagunas –diputada de Morena–, demás familiares y otros miembros de Eloxochitlán, han perseguido a integrantes de la Asamblea comunitaria porque representan una amenzan a su poder caciquil y a su empresa extractiva que se sustenta despojando al río Xanga Ndá Ge. Hasta el año pasado eran 40 los perseguidos políticos, pero a partir de junio de este año la lista aumentó a 56 personas -entre estas 8 mujeres- con 200 órdenes de aprehensión en su contra.

La audiencia que este lunes se vió suspendida correspondía al caso de Antonio, Adán y Gaspar, tres hombres mazatecos acusados de daño por incendio y robo desde el 2014. La Asamblea comunitaria espera una nueva fecha en el juzgado de Huautla de Jiménez, que será después del 1 de septiembre cuando la nueva administración esté instalada. Así mismo, determinaron que no tomarán acciones legales sin los defensores federales de confianza, para evitar retrocesos y enturbiar el caso.

Al tiempo que posponían la audiencia, les llegaba una noticia desde el Juzgado de Boca del Río Veracruz: la resolución en el expediente 989/2024 que declara la preescripción del delito para Francisco Durán, es decir, que la persecución judicial por los cargos de daño por incendio y robo en su contra llegó a su fin. Posteriormente, este miércoles (20), la abogada Argelia Betanzos viajó al juzgado en Veracruz para obtener la copia de la sentencia y poder corroborar la información notificada.

¡CHAVA VIVE, LA LUCHA SIGUE!
Nueve años de la muerte de Salvador Olmos García.
Siete años para que el Ayuntamiento aceptara su responsabilidad.
¡Fue el Estado!

BOLETÍN DE PRENSA
Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ)
Huajuapan de León, Oaxaca.
20 de agosto de 2025

¡CHAVA VIVE, LA LUCHA SIGUE!
Nueve años de la muerte de Salvador Olmos García.
Siete años para que el Ayuntamiento aceptara su responsabilidad.
¡Fue el Estado!

El Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) se pronuncia a nueve años del asesinato de nuestro compañero Salvador Olmos García “Chava”, periodista comunitario, defensor del territorio y la cultura de los pueblos, quien fue detenido y brutalmente asesinado por la Policía Municipal de Huajuapan de León, Oaxaca, la madrugada del 26 de junio de 2016.

Durante casi una década, la familia, amistades, organizaciones y colectivos hemos exigido justicia. Han sido años de litigio, burocracia, revictimización e impunidad que muestran cómo el sistema de justicia en México protege a los perpetradores y obstaculiza el derecho a la verdad.

En 2018, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) acreditó la responsabilidad del Ayuntamiento de Huajuapan de León a través de la Recomendación 03/2018. Sin embargo, fueron necesarios siete años de presión, demandas y sentencias judiciales para que el gobierno municipal aceptara su responsabilidad y anunciara una Disculpa Pública este 24 de agosto de 2025 en el Hemiciclo a Juárez.

Reconocemos este acto como un avance, pero no es suficiente. Una disculpa pública no devuelve la vida de nuestro compañero, no repara el daño y no sustituye la justicia que seguimos exigiendo.

Exigimos:

1. Cumplimiento integral e inmediato de la Recomendación 03/2018 emitida por la DDHPO.
2. Castigo a todos los responsables materiales e intelectuales de la detención, tortura y asesinato de Salvador Olmos García.
3. Garantías de no repetición, el cese del abuso policial y el desmantelamiento de los pactos de impunidad que operan en Huajuapan de León.

Denunciamos:

Que durante estos nueve años, el Ayuntamiento de Huajuapan —encabezado hoy por Luis de León Martínez, hijo del expresidente municipal Luis de Guadalupe Martínez Ramírez— ha utilizado recursos públicos, relaciones políticas y poder institucional para obstaculizar la justicia y proteger a los responsables.

¡Una disculpa no es suficiente!
¡Justicia para Chava!
¡Justicia para su familia!
¡Basta de impunidad, castigo a todos los responsables!
¡Chava vive, la lucha sigue!

Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ)
Huajuapan de León, Oaxaca.
20 de agosto de 2025

Fuente: Avispa Midia
Por Jeny Pascacio
^{Fotos por Jeny Pascacio}

La colectiva Madres en resistencia de Chiapas exige al gobierno y la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas acciones reales de búsqueda de personas y cumplimiento de los acuerdos tomados en cada mesa de trabajo, desde diciembre de 2024. 

Después de la toma de protesta como gobernador, Eduardo Ramírez se comprometió a mantener “puertas abiertas” a las causas de desaparición forzada y feminicidios del grupo integrado por familias de diferentes municipios del territorio chiapaneco. 

“El propio Jorge Luis Llaven Abarca se había comprometido a estar en cada reunión, pero nada más en dos estuvo presente. Después fueron sólo simulaciones. Tratando de engañar con un pegue de ficha, simulando cateos. “Buscamos donde ellos quieren que busquemos, no donde nosotras proponemos”, agregan las integrantes de Madres en Resistencia en entrevista con Avispa Mídia. 

El 4 de agosto, la colectiva Madres en Resistencia, integrada por 14 familias de víctimas de desaparición forzada y dos de feminicidio, inició una huelga en la entrada del Palacio de Gobierno en Tuxtla Gutiérrez, para exigir un diálogo directo con Eduardo Ramírez.

Hicieron varias acciones durante casi una semana que permanecieron a la intemperie con lluvia y altas temperaturas lo que afectó la salud de las integrantes de mayor edad, por lo que una de ellas tuvo que ser hospitalizada de emergencia.

Fuente: Avispa Midia
Por Aldo Santiago
^{En portada: Protesta de campesinos en las inmediaciones del poder Judicial, en la ciudad de San Pedro Sula, para exigir justicia y castigo para los responsables materiales e intelectuales por el asesinato de Juan López.}

A un mes de cumplir un año de su asesinato, el pasado 14 de agosto estaba prevista la realización de la audiencia preliminar por el caso del defensor del territorio Juan López, religioso y líder social quien participó en diversas luchas por la recuperación de las tierras campesinas en el Bajo Aguán, norte de Honduras, así como por la defensa de la montaña Botaderos y los ríos Guapinol y San Pedro, amenazados por la implementación de una serie de megaproyectos donde destaca la industria minera.

Acorde a Ruy Barahona, portavoz del poder Judicial en la ciudad de San Pedro Sula, donde se realiza el proceso penal, la audiencia fue reprogramada debido a que el juez accedió a la petición de la defensa de dos de los tres imputados, quienes aludieron una posible indefensión, consiguiendo con ello la reprogramación de la audiencia para el siguiente jueves 21 de agosto.

En entrevista para Radio Progreso, la abogada Rita Romero del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCT), organización que López ayudó a fundar hace una década, denunció lo que calificó como negligencia institucional por parte del Ministerio Público. Esto debido a que, acusa, la Fiscalía entregó demasiado tarde un dictamen pericial realizado a los dispositivos telefónicos de los involucrados en el crimen, un informe que podría aportar pistas sobre los autores intelectuales.

Resumen de la tercera parte de la participación zapatista en el Encuentro de Resistencias y Rebeldías.

Previously

  Después de asistir a una reunión con nuestros muertos (primera parte), y de hacer una severa crítica al funcionamiento y estructura de los gobiernos autónomos (segunda parte), las comunidades zapatistas empiezan a analizar lo que aportaron de bueno esos primeros funcionamientos.  Mientras señalan el avance en trabajos colectivos, educación, salud y como mujeres que somos, entre otras ventajas, la asamblea recibe una visita inesperada: el futuro.  Inicia así un intercambio terrible y maravilloso entre el hoy y el mañana.

  Una multitud de óvulos y espermatozoides, referidos como “agüitas” en la obra (no me pregunten por qué les pusieron ese nombre), se presentan en la asamblea y preguntan una serie de dudas.  No sólo de amores y esas cosas, aunque también.  Entonces la asamblea les explica de que se trata todo.

  Les ponen de ejemplo la hechura de tamales.  Les describen la preparación de la tierra, la siembra, la cosecha, el molido y cocido del maíz, y todo lo referente a la preparación de la masa y lo que llevan los tamales.  Les explican que eso lleva tiempo, que no aparece de pronto el tamale en la mesa, sino que toma tiempo, esfuerzo y trabajo.  Les dicen que les van poner el tamale en una montaña, y que ha llevado y llevará generaciones enteras para poder colocarlo ahí.  Que cada generación es relevada por la siguiente.  O sea que detallan las partes del todo.  Y que a esas “agüitas” les tocará descubrir y entender la tarea que les toca.  Les recomiendan cuidar, amar y proteger a la madre tierra porque ella es la vida.  Trabajar con ella y en ella, en común y nada de propiedad privada.

  Un Durito ¡y una Durita! quedan como testigos que verán que las agüitas cumplan su parte en la lucha.  Es decir, la naturaleza queda como testigo.

  ¿De qué es el tamale?  Bueno, según entendí, eso se sabrá dentro de más de 100 años.  O sea que es “de chile, de dulce y de manteca”.

  Chisme: cuando en la obra los jóvenes representan una discusión de pareja, el SubMoy le dijo a un coordinador que no recordaba esa parte en los ensayos.  El coordinador le respondió que no estaba, lo improvisaron los teatristas en ese momento… y les salió muy bien.

Desde las montañas del Sureste Mexicano.

El Capitán.
Agosto del 2025.

Imágenes del «Encuentro de Resistencias y Rebeldías Algunas Partes del Todo» en agosto del 2025, Terci@s Compas Zapatistas

Reiterando el carácter autogestivo de la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, los pueblos, organizaciones, compañeros y compañeras nos hemos dado a la tarea de organizar una rifa, con el objetivo de asegurar el pasaje de los primeros delegados que participaran en dicho evento, el cual, se llevará a cabo los próximos 18 y 19 de octubre con el pueblo Yaqui de Loma de Bácum, Sonora.

El costo del boleto tendrá un precio de 50 pesos y los premios, en su mayoría, son productos elaborados por compañer@s de los pueblos que asistirán a la Asamblea Nacional. Esta rifa se llevará a cabo con la comunidad Otomí Residente en la Ciudad de México el próximo 12 de octubre en el marco del quinto aniversario de la Casa de los Pueblos y comunidades indígenas «Samir Flores Soberanes».

Agradeciendo sus atenciones y apoyo solidario

ATENTAMENTE
TIERRA, AGUA Y LIBERTAD
ASAMBLEA NACIONAL POR EL AGUA Y LA VIDA

#AsambleaNacionalPorElAguaYLaVida
#CNI
#EZLN
#LomaDeBácum
#Autonomía
#NoEsSequíaEsSaqueo

LA PAZ SIN JUSTICIA ES UN SUEÑO (P. PABLO VI)

Guiados e iluminados por Nuestro Plan de pastoral diocesano, realizamos hoy 16 de Agosto de 2025 esta peregrinación por la paz, como Zona Pastoral Ch’ol de nuestra Diócesis de San Cristóbal de Las Casas.

En el numeral 172 del Plan de pastoral Diocesano dice: Desarrollar una pastoral social encarnada, integral, solidaria y liberadora, desde la práctica de Jesús, que responda a las necesidades socioeconómicas, políticas y culturales del pueblo, cuidando que los proyectos que asumimos como Iglesia en el campo social no caigan en asistencialismo y dependencia, sino creando, animando e impulsando alternativas desde la sabiduría milenaria de los pueblos. Impulsar una pastoral coordinada, capaz de denunciar, cuando sea necesario, con una postura firme el sistema de muerte.

Por tanto, como Pueblo Creyente nos unimos al clamor de nuestras comunidades para denunciar las injusticias que viven nuestros pueblos, sobre todo la inseguridad y la violencia que atenta contra la vida.

Denunciamos y condenamos los actos de intimidación y el allanamiento realizado a la vivienda de la hermana Dora Lilia Roblero García, Directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, el pasado 22 de Julio de 2025; nos causa profunda preocupación este hecho, debido al actual contexto de violencia que vive nuestro Estado de Chiapas.

Dicho allanamiento es un claro acto violatorio de sus Derechos Humanos. Exigimos se investigue esta agresión que destruye la paz que todos anhelamos y se castigue a los responsables.

Denunciamos y rechazamos las agresiones sistemáticas en contra de nuestra Madre Tierra y Territorio: servicio de recolección de basura deficiente o casi nulo vertederos de basura que contamina el ambiente, falta de protección y cuidado de los ríos, ojos de agua y manantiales. El uso indiscriminado de los químicos en el campo.

Denunciamos la venta clandestina de alcohol cada vez más en aumento, sin que las autoridades competentes hagan algo al respecto. Vemos con preocupación la aparición de nuevos expendios de cerveza como algo normal. En contraste con servicios urgentes y necesarios para la población.

Nuestra peregrinación por la paz la realizamos porque somos conscientes de que no podemos tener paz en nuestro estado ni vivir la paz que Cristo nos da, mientras exista violación a los derechos humanos, violencia, delincuencia, inseguridad, hermanos y hermanas vulnerados en sus derechos fundamentales, en sus derechos a la tierra, a un trabajo justamente remunerado, a la atención sanitaria adecuada, a una alimentación sana, a un trato igualitario y digno en los sistemas de justicia. A todo ello podemos decir que mientras existan víctimas de los dioses del poder y del dinero solamente podemos hablar de una paz como el mundo la ofrece y no como la paz que Cristo nos da. Por eso repetimos nuevamente la paz sin justicia es un sueño.

Seguiremos caminando en Sinodalidad, manteniendo la luz de la fe, la esperanza y el amor que nos impulsa para seguir peregrinando en la búsqueda de la paz.

Invitamos a las autoridades civiles de nuestros municipios a recibir este comunicado que hoy presentamos como una expresión de los anhelos y aspiraciones de las comunidades de los seis municipios que conforma la Zona pastoral Ch’ol. Y al mismo tiempo les rogamos en nombre de este sufrido pueblo a colaborar en la construcción de la paz con justicia y dignidad.

Peregrinación de las seis Zonas Pastorales Ch’ol de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas. Chiapas.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
13 de agosto de 2025

Boletín No. 06

Padre Marcelo, ley sin Justicia, Verdad mutilada

•    La verdadera justicia implica una investigación exhaustiva, sanción a los responsables y garantías de no repetición. 
•    Se le negó el reconocimiento de persona defensora de derechos humanos y constructor de paz. 

El 6 de agosto en el Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Chiapas, con sede en Cintalapa de Figueroa, fue sentenciado a 20 años de prisión el “autor material” de la ejecución extrajudicial del Padre Marcelo Pérez Pérez (en adelante Padre Marcelo), cubriéndose de impunidad y manteniendo la injusticia desde una estrategia institucional que clausura la verdad, sin que se aportaran pruebas que condujeran a los autores intelectuales de este crimen atroz que atentó contra los pueblos y comunidades que luchan por la vida y la paz en Chiapas. La ejecución se dio en contra de un defensor de derechos humanos, y el Estado, lejos de protegerlo, lo criminalizó, lo persiguió y omitió la Medida Cautelar MC-506-14 ordenada por la Comisión interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

Se obstaculizó la justicia, se silenció la exigencia de verdad y justicia. Las acusaciones contra el Padre Marcelo para atacar, intimidar y silenciar su trabajo como defensor de los derechos humanos de los pueblos indígenas, forman parte de un patrón de criminalización contra las personas defensoras en Chiapas. A pesar de contar con medidas cautelares el Estado mexicano no garantizó su seguridad. Una vez más el caso de una persona defensora se trata como un simple homicidio, negando el trabajo por la paz y reconciliación entre los pueblos al que dedicó su vida el Padre Marcelo.

La violencia generalizada en Chiapas no deja avanzar la paz. En las últimas semanas se ha reactivado la violencia en la Región Frontera y Sierra, así como en los Altos de Chiapas. En medio de los discursos de paz, grupos armados que operan en las diversas regiones de Chiapas, que no fueron identificados, investigados, judicializados ni desarticulados continúan amenazando a los pueblos y comunidades.

En medio de una violencia generalizada en el estado de Chiapas, donde no se reconoce el trabajo de las personas defensoras, por el contrario, se les asesina, difama, criminaliza y agrede, hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional para visibilizar a quienes caminamos junto a los pueblos, exigiendo al Estado mexicano cumpla su responsabilidad de proteger y garantizar la vida, seguridad e integridad de quienes defienden derechos humanos.

Exigimos al Estado mexicano que se investigue sin atajos ni pactos de impunidad. Porque cuando se ejecuta a quien lucha por la vida, no basta con condenar: hay que nombrar, esclarecer y transformar. Que haya una investigación exhaustiva, identificando a los responsables, sancionando adecuadamente y garantizando que estos hechos no se repitan, que la acción sea un impulso con voluntad institucional para saber la verdad y lograr justicia.
 

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Fuente: Avispa Midia
Por Javier Bedía Prado

^{Fotos: Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental}

En su último mensaje a la nación, el 28 de julio, la presidenta del gobierno de facto del Perú, Dina Boluarte, anunció que Petroperú y Petroecuador firmaron un acta de cooperación internacional. 

El Ministerio de Energía y Minas del Perú indicó que comprará a Ecuador crudo que será procesado en la refinería de Talara (región Piura, norte peruano) y exportado desde el puerto de Bayóvar (Piura). El proyecto incluye la construcción de un ducto de hasta 70 kilómetros de extensión para transportar 200,000 barriles por día desde la provincia ecuatoriana de Orellana.    

En respuesta, la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú, el Gobierno Territorial Autónomo (GTA) de la Nación Chapra y el GTA de la Nación Wampís se manifestaron en contra de la conexión binacional que implicaría ampliar la red del oleoducto norperuano.

“Con su capacidad actual, el oleoducto norperuano genera un promedio de 146 derrames por año. Anunciar que triplicará su capacidad operativa es una irresponsabilidad mayúscula que representa una grave amenaza para nosotros y para toda la Amazonía”, advierten en un comunicado. 

Por Radio Pozol

Acteal, Chenalhó, Chiapas. 12 de agosto. “Nuestra lucha no tiene fecha de caducidad. Confirmamos que nuestra lucha no se acaba. Aunque los mayores no alcancen a ver esa justicia verdadera, nosotros los jóvenes si llegaremos a ver esa justicia”, explicaron en conferencia de prensa jóvenes de la Organización de la Sociedad Civil de las Abejas de Acteal, quienes estuvieron a cargo de recordar que hace 16 años la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dejara en libertad a los asesinos confesos de la masacre de Acteal, en diciembre de 1997.

“Es una vergüenza lo que hizo la SCJN el 12 de agosto de 2009, al liberar a los asesinos… La vida de nuestros familiares no tuvo valor para ellos… Al liberar a los paramilitares encubrieron a los autores intelectuales”, denunciaron este día las nuevas generaciones de las Abejas.

“Los ministros serán recordados en la historia de crímenes de lesa humanidad.
No permitiremos que la muerte quede en el olvido”, aseguraron.

A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los indígenas tsotsiles le recordaron que se pronuncie sobre el caso 12.790 Miguel Sántiz Culebra y la masacre de Acteal, para que no se repitan casos como el asesinato del Simón Pedro Pérez López y del padre Marcelo Pérez Pérez. “El sistema de justicia en México, no alcanza el sentido profundo de la justicia”, señalaron.

“Responsabilizamos al Estado mexicano de la impunidad y complicidad de la masacre de Acteal. Tanto al gobierno de Zedillo y gobiernos posteriores que se pregonan de izquierda”, externaron.

“Como niños pedimos la sabiduría de los abuelos. Nos solidarizamos con los niños y adultos de Palestina. Somos pequeños, no tenemos el poder de detener el genocidio. Pero si nos unimos podemos salvar la vida de mucha gente”, compartieron las y los jóvenes.

El gobierno le apuesta al desgaste de nuestras experiencias. Pero ya están aquí las nuevas generaciones que exigen justicia. Queremos que las nuevas generaciones vivan y sean libres. Queremos vivir, no sobrevivir, agregó Guadalupe Vázquez Luna, vocera de la Organización de la Sociedad Civil de las Abejas de Acteal.

Transmisión de la conferencia en vivo por:

Equipo de comunicación de las Abejas de Acteal
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