[:es]Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

^{En portada: David Hernández Salazar comparte el proceso de resistencia de su comunidad, Puente Madera, frente a la imposición de un parque industrial en el marco del megaproyecto del Corredor Interoceánico. Foto: El Sur Resiste}

El indígena binnizá y agente comunitario de la comunidad Puente Madera, David Hernández Salazar, fue declarado culpable hoy, 30 de enero, en un proceso penal por ataque a las vías de comunicación y daños por incendio, tras 13 días de audiencia para el desahogo de pruebas y peritajes. La demanda fue impuesta por autoridades municipales de San Blas Atempa, en Oaxaca, en el Istmo de Tehuantepec.

Salazar, quien también es integrante de la coordinación general de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) y del Congreso Nacional Indígena (CNI), ha representado a la comunidad indígena binnizá de Puente Madera en la reivindicación de su derecho al territorio que se ha visto vulnerado por la instalación en sus tierras comunes de un parque industrial en el ámbito del megaproyecto Corredor Interoceánico.

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El próximo 7 de febrero se retomará la audiencia que determinará la pena y sanciones, sin embargo, “continuaremos defendiendo y exigiendo la inocencia y libertad incondicional de David Hernández Salazar ante la fabricación de delitos y criminalización por su labor como defensor del territorio”, anunció la Asamblea Comunitaria de Puente Madera en un comunicado.

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[:es]Fuente: Avispa Midia

Por Ñaní Pinto

La Federación Internacional de Periodistas (FIP) ha emitido una advertencia a Israel, anunciando su intención de iniciar acciones legales contra políticos y líderes militares israelíes si periodistas son atacados en medio de los enfrentamientos en la Franja de Gaza.

En un comunicado, la FIP expresó su creciente consternación por el aumento de fallecimientos entre periodistas desde el 7 de octubre, representando actualmente alrededor del 10% de los periodistas en el enclave.

Reporteros sin Fronteras ha comunicado que, de los 63 periodistas asesinados en todo el mundo en 2023, 56 fueron ejecutados en Palestina.

En una carta dirigida a Benjamín Netanyahu, ministro de Israel, la presidenta de la FIP, Dominique Pradalié, y el secretario general de la organización, Anthony Bellanger, recordaron que el derecho internacional exige la protección de civiles, incluyendo a periodistas. Solicitaron a Israel comprometerse y publicar políticas y procedimientos específicos para garantizar el cumplimiento de este requisito por parte del ejército israelí.

La FIP advirtió que, en caso de que Israel no cumpla con estas demandas, no dudará en llevar a cabo acciones legales ante tribunales internacionales contra políticos y comandantes de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). La federación instó a sus 187 afiliados a hacer lo mismo en jurisdicciones nacionales donde sea posible.

“La tasa de mortalidad entre los periodistas ha sido tal (aproximadamente tres veces mayor que la de los trabajadores de la salud, por ejemplo), que es imposible creer que sea una cuestión de azar”, destacó esta organización, enfatizando que Israel cuenta con tecnología altamente sofisticada que usa inteligencia artificial, como “El Evangelio”, o también conocida como “Habsora” o “The Gospel”, una herramienta que elige sus objetivos militares para atacar.

De acuerdo con el periodista israelí Yuval Abraham, las fuerzas armadas de este país vienen usando este tipo de tecnología desde 2019 y, además, le reveló en una entrevista el ex jefe del Estado Mayor de las FDI, Aviv Kohavi, que antes “producíamos 50 objetivos en Gaza al año. Ahora esta máquina produce 100 objetivos en un solo día, de los cuales el 50% son atacados”.

“Si estos informes son exactos, ¿presumiblemente se están tomando decisiones individuo por individuo con respecto a los trabajadores de los medios de comunicación, sus familias y sus hogares?”, cuestionó la FIP.

La FIP no solo ha emitido una advertencia, sino que ha confirmado su compromiso de llevar a Israel ante los tribunales internacionales si persisten los ataques a periodistas en Gaza. En la carta, la presidenta y el secretario general de esta organización subrayando que los periodistas de Gaza son respaldados por los 600 mil miembros de la FIP, en más de 140 países.
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[:es]Fuente: Avispa Midia

Durante la marcha calenda en contra de la gentrificación en Oaxaca realizada el día de hoy en el centro histórico de la ciudad, elementos de la policía estatal detuvieron con lujo de violencia al menos a seis manifestantes “por protestar contra la gentrificación, que son otras formas de saqueo y despojo que sufre Oaxaca”. Así lo denuncian en un comunicado colectivos convocantes y participantes a la manifestación.

“Al rededor de las 6:15 pm fueron detenidxs lxs compañerxs Filadelfo Deciderio, miembro de la Comedora Comunitaria, la compañera Nizaye, del colectivo de DDHH COJUDIDI, Meztli Jimenez, de la colectiva La Campamenta, el compañero Ricardo y 2 compañerxs más”, se lee en el comunicado.

También denunciaron que fueron detenidos con uso excesivo de la fuerza, “atentando contra su integridad y sus derechos humanos” y manifestaron preocupación por la posibilidad de que en el camino hayan sufrido torturas por parte de la policía estatal de Oaxaca. Exigen su pronta presentación y liberación.

En entrevista para Avispa Mídia, dos personas que participaron en la manifestación, cuyos nombres se reservan por miedo a represalias, relataron: “acabamos de ver cómo el gobierno estatal, a través de la policía estatal de Oaxaca, detuvo al menos a seis integrantes de distintas colectividades que participaron en la marcha en contra de la gentrificación”.

Mencionan que la Fiscalía del Gobierno del Estado no permite ni a los familiares ni a los abogados ni a la Defensoría de Derechos Humanos pasar a ver a las y los detenidos, cuando es su derecho. Tampoco les han permitido realizar ninguna llamada.

También sostienen que hay una represión sistemática en contra de los defensores de Derechos Humanos, de los defensores del territorio y de la cultura en Oaxaca por parte del gobierno de Salomón Jara.

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[:es]Fuente: Avispa Midiahttps://avispa.org/corte-internacional-urge-a-israel-evitar-genocidio-en-gaza/

Por Sare Frabes

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió un fallo preliminar respecto al caso de genocidio presentado por Sudáfrica contra Israel, determinando que este país debe tomar mayores esfuerzos para evitar más muertes y daños en Gaza. Aunque no ordenó un alto al fuego, la CIJ exigió a Israel presentar un informe detallado de las medidas tomadas durante los 30 días siguientes.

La demanda, presentada por Sudáfrica el 29 de diciembre de 2023, acusa a Israel de perpetrar genocidio hacia la población de Palestina, apegándose a la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948. La cifra de fallecidos en Gaza hasta este 25 de enero asciende a 25 mil 700, según el Ministerio de Salud de Palestina.

Fue por ello que la CIJ ordenó a Israel “prevenir” actos considerados genocidas, así mismo exigió “evitar” la destrucción de pruebas y garantizar el acceso de ayuda humanitaria en Gaza. El fallo no determina si Israel ha cometido genocidio, siendo que este proceso podría llevar años hasta determinar una resolución. No obstante, la población de Gaza fue catalogada en grave riesgo de daño irreparable.

Las reacciones no se dejaron esperar ante el fallo. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó que Israel continuará defendiéndose y seguirá la guerra hasta la “victoria absoluta”.

Por otra parte, el canciller palestino, Al-Maliki, consideró el fallo como un favor a la humanidad y la ley internacional. Sudáfrica celebró las medidas cautelares como una “victoria decisiva”.

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Esta denuncia está respaldada por al menos sesenta Estados, entre ellos los 57 miembros de la Organización de Cooperación Islámica (OCI), como Pakistán, Malasia, Turquía, Jordania y las Maldivas. También se han sumado Namibia, Colombia, Bolivia y Brasil.

El 11 de enero, Sudáfrica presentó argumentos a favor del fin de las hostilidades en Gaza, tratando de demostrar que se está produciendo un genocidio. El presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, espera que Israel cumpla con las disposiciones de la CIJ.

Mientras tanto, Irán exigió que las autoridades israelíes enfrenten cargos por la guerra en Gaza. La Unión Europea espera una implementación plena, inmediata y eficaz de las órdenes de la CIJ a Israel sobre Gaza.

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[:es]Fuente: Caitlin Johnstone

Por Caitlin Johnstone

No he escrito mucho sobre Julian Assange últimamente porque he estado muy obsesionado con lo que ha estado sucediendo en Gaza, pero todos deberíamos ser muy conscientes de que los días 20 y 21 de febrero pueden ser la última oportunidad del fundador de WikiLeaks para evitar la extradición a la Estados Unidos enfrentará persecución por el delito de buen periodismo.

Assange y su equipo legal se enfrentarán a dos jueces del Tribunal Superior durante la audiencia de dos días en Londres, quienes luego determinarán si el Reino Unido permitirá o no que el periodista australiano sea arrastrado encadenado a Estados Unidos para un juicio falso y arrojado a prisión. uno de los sistemas penitenciarios más draconianos del mundo por exponer los crímenes de guerra del gobierno más poderoso del mundo.

Algunos legisladores estadounidenses están intentando bloquear la extradición desde el otro extremo con la Resolución 934 de la Cámara de Representantes, que afirma que “las actividades periodísticas regulares están protegidas por la Primera Enmienda, y que Estados Unidos debería retirar todos los cargos e intentos de extraditar a Julian Assange. ” Si se retiraran los cargos, no solo impediría la extradición sino que permitiría que Assange fuera liberado de la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, donde ha estado encarcelado por el gobierno británico desde 2019.

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[:es]Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

^{En portada: Familias desplazadas esperan a la orilla de la presa “La Angostura” para cruzar el cuerpo de agua en la búsqueda de refugio tras los enfrentamientos armados en sus territorios. Foto: Ángeles Mariscal/Chiapas Paralelo}

Derivado del incremento de la violencia generada por enfrentamientos de grupos armados, durante los primeros días de enero del 2024, al menos 2,300 personas de las regiones Frontera y Sierra de Chiapas se encuentran en situación de desplazamiento forzado.

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Estos datos fueron divulgados la tarde de este martes (23) por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDH Frayba), cuya labor de documentación sobre el contexto de violencia que emana de la disputa por el control del territorio entre la delincuencia organizada “apunta a una verdadera crisis humanitaria” en la región fronteriza con Guatemala.

Acorde a la organización, el desplazamiento forzado es parte de las formas de acción que utilizan los grupos criminales para el control de la población. Así, desde el 15 de enero familias y comunidades enteras de los municipios de Chicomuselo, Socoltenango y La Concordia fueron forzadas a abandonar sus hogares.

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[:es]Fuente: Avispa Midia

Por Ñani Pinto

^{En portada: Asistentes al velatorio de la lideresa Maria Fátima Muniz de Andrade condenaron el ataque de ruralistas contra poblaciones indígenas en el sur de Bahía. Foto: Leo Otero.}

Este domingo (21), un ataque de terratenientes y ruralistas -promotores del agronegocio en Brasil- provocó la muerte de la indígena Maria Fátima Muniz de Andrade, quien se desempeñaba como majé (chamán femenina) en su comunidad Pataxó Hã-hã-hãe.

El crimen ocurrió en el municipio de Potiraguá, en el territorio indígena Caramuru-Catarina Paraguassu, reivindicado por el pueblo Pataxó. En el lugar se reportó la detención de dos hacendados por la portación ilegal de un arma; ambos son sospechosos de haber matado a tiros a Muniz de Andrade.

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
23 de enero de 2024

Boletín No. 03 

Urge atender la actual crisis de desplazamiento interno en las regiones Frontera y Sierra de Chiapas

• 2 300 personas desplazadas forzadas desde el 15 de enero en los municipios de Chicomuselo, Socoltenango y la Concordia.

• Exigimos a los Gobiernos federal y estatal, atender con urgencia a las personas víctimas de desplazamiento Forzado, así como las causas que dan origen.
• El Gobierno de Chiapas niega se trate de un desplazamiento forzado.

En las primeras semanas del mes de enero del 2024 la violencia se ha agudizado en las regiones Frontera y Sierra de Chiapas; la documentación realizada apunta a una verdadera crisis humanitaria traducida en al menos 2,300 personas en situación de Desplazamiento Forzado originarias de los municipios de Chicomuselo, Socoltenango y La Concordia. Estos hechos se enmarcan en el contexto de violencia que emana de la disputa por el control del territorio entre la delincuencia organizada. El Desplazamiento Forzado es parte de las formas de acción que utilizan los grupos criminales para el control de la población.

El pasado 15 de enero en los límites de Nuevo Chejel (Municipio de Socoltenango) y Nueva América (Chicomuselo) se presentó un intenso enfrentamiento entre grupos armados; testimonios refieren: la desaparición de personas, homicidios, reclutamiento forzado, así como impactos psicosociales expresados en pánico colectivo generado por el miedo permanente y la violencia.

El 16 de enero, con la llegada de las Fuerzas Armadas, la población civil de Nueva América intentó evitar su ingreso al territorio ejidal, siendo reprimidos con uso excesivo de la fuerza por parte de los efectivos castrenses, dejando a su paso personas heridas, detonaciones de armas de fuego y estragos por la inhalación de gas lacrimógeno.

A pesar del reto, dificultad y límites que representa la documentación del fenómeno actual derivado del miedo, desconfianza, incertidumbre y dispersión de la población afectada; logramos documentar la existencia de al menos 2 300 personas que se desplazaron de manera forzada para resguardar la vida e integridad personal de las comunidades: Alfonso Corona del Rosal, Julio Sabines, Benito Juárez, Nueva América, Pablo L. Sidar, Raizal, Francisco I. Madero, Nueva Morelia, Limonar, La Lucha, La Unión, San Francisco, La Pinta, San Ignacio, Sabinalito, Las Flores, San Antonio Ocotal, 20 de Noviembre, Piedra, Labrada, Lázaro Cárdenas (Municipio de Chicomuselo), El Retiro, Rizo de Oro, Guadalupe Maravillas, Perlas del Grijalva, Resplandor, Retiro, y San Isidro (Municipio de La Concordia), así como de Nuevo Chejel, Puerto Rico y Nuevo Resplandor (estos tres últimos del municipio Socoltenanco). Todas estas personas están refugiadas en cabeceras municipales de los municipios de Chicomuselo, Socoltenango, Tzimol, La Trinitaria, La Concordia y Comitán, algunas más han migrado hacia lugares como Playa del Carmen, en el estado de Quintana Roo.

Mayoritariamente, quienes no lograron salir de sus hogares son personas mayores, población enferma o sin capacidad de movilidad, así como algunas que decidieron quedarse para cuidar sus propiedades.

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[:es]Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

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[:es]Fuente: Avispa Midia

Por Javier Bedia Prado

La Ley Forestal y de Fauna Silvestre fue modificada por el Congreso, a finales de 2023, con el objetivo de formalizar la deforestación en la Amazonía peruana, pero la decisión se reconsideró y tenía que volver a discutirse en los próximos meses.

Sin embargo, el miércoles 10 de enero, en un procedimiento irregular, el titular del Parlamento, Alejandro Soto, ordenó la promulgación de la reforma que resta al Ministerio del Ambiente competencias en materia forestal y da carta libre para acelerar la tala masiva.

El Perú ocupa el tercer lugar, entre ocho naciones, en destrucción de bosques primarios amazónicos, detrás de Brasil y Bolivia. Según el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), en el país se deforestaron 144 mil 682 hectáreas en el año 2022.

Los cambios en la norma, en un principio aprobados el 14 de diciembre, suspenden la zonificación forestal, lo que favorece a las empresas extractivistas, principalmente de monocultivo de palma aceitera. El Ministerio de Desarrollo Agrario (Midagri) registra que entre 2015 y 2021 el área cosechada de esta especie en la Amazonía del Perú aumentó en 120%: de 43.140 hectáreas a 94.902.

El trasfondo es eximir a los privados de cumplir las disposiciones para la Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor (CTCUM), así podrán hacerse formalmente de la propiedad de áreas comunitarias y públicas que fueron deforestadas.

Ahora el Midagri se encargará de aprobar los procesos de zonificación forestal, propuestos por un organismo técnico en base a expedientes elaborados por gobiernos regionales, mientras que el Ministerio del Ambiente (Minam) solo emitirá una opinión previa. Bastará con títulos de propiedad o constancias de posesión, que pueden ser emitidos por gobiernos regionales, para exonerarse de la clasificación de tierras forestales.

Asimismo, los bosques de producción permanente serán establecidos por el Midagri, ya no por el Minam.

Otro procedimiento eliminado es la autorización de cambio de uso de suelo en áreas privadas. De esta forma, en los predios agrícolas y ganaderos aledaños a áreas boscosas se normalizará la tala o quema de vegetación para el cambio de uso.

Expediente borrado

Las propuestas legislativas fueron presentadas por parlamentarios de ultraderecha y de izquierda (Perú Libre, que llevó a la presidencia a Pedro Castillo), respaldados por gremios empresariales que presionaron por la aprobación sin tomar en cuenta las observaciones al proyecto de dos parlamentarias, lo que demandaba la necesidad de nuevas discusiones antes de su aprobación.

Contra el reglamento del Congreso, el presidente de esta institución borró del expediente digital los pedidos de consideración presentados por las parlamentarias. A pesar de la irregularidad, la reforma fue enviada al Ejecutivo que, formalmente, está obligado a promulgarla.

En contrapartida, fueron presentadas demandas de inconstitucionalidad y, en el Congreso, parlamentarios presentaron un proyecto para derogar la reforma.

Mercado global y crimen organizado

Detrás de la nueva legislación, planteada desde 2022, está el interés de superar una regulación de la Unión Europea (UE) que prohíbe la exportación de café y cacao cultivados en tierras que hayan sido deforestadas después del año 2020.

En una carta enviada a la delegación de la UE en el Perú, decenas de organizaciones ambientalistas advierten que con la nueva normativa se multiplicarán el tráfico de terrenos y la minería ilegal. Hasta la publicación de esta nota, los representantes de la comunidad europea no respondieron.

El mayor peligro es que la deforestación favorece y encubre, sobre todo, al narcotráfico, responsable de gran parte de los asesinatos de líderes indígenas peruanos.

En la última década, 32 guardianes de los bosques fueron victimados por proteger sus territorios ancestrales de invasores y el tráfico de drogas.            De acuerdo a Global Witness, el Perú se encuentra entre los 10 países más peligrosos para activistas por el medio ambiente y los derechos humanos.

Bosques en emergencia

En respuesta, organizaciones indígenas declararon en emergencia los bosques comunales. “Se promueve la deforestación y facilita el otorgamiento de derechos sobre nuestros bosques a favor de terceros. Más grave aún, esta modificatoria promoverá el despojo de nuestros territorios integrales ancestrales e incrementará las amenazas a la vida de los defensores indígenas ambientales, así como la vida e integridad biológica, cultural, ambiental y espiritual”, señala en un comunicado la Plataforma de Pueblos Indígenas para enfrentar el Cambio Climático (PPICC).

Por su parte, el Instituto Kené de Estudios Forestales y Ambientales presentó una demanda de amparo ante un juzgado constitucional, alegando que la norma contradice la Constitución, que establece que la protección del medio ambiente incluye territorios que no pueden convertirse a uso agrícola. La superficie deforestada en el Perú por uso agrícola suma once millones de hectáreas, abarcando áreas naturales protegidas y reservas comunales indígenas, según los registros del Midagri.

Asedio desde distintos frentes

En las regiones del Perú que comparten la Amazonía se fortalecen las alianzas entre autoridades y organizaciones privadas que promueven la explotación de los bosques. Este sector niega la existencia de pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI), con la intención de obtener licencias de operaciones en reservas y áreas de amortiguamiento donde se encuentran las etnias, es un discurso de este sector. En 2023, el partido fujimorista intentó modificar la ley que protege a estas comunidades, y ante un primer rechazo, insistirán en ese sentido. Desde distintos frentes, las comunidades y tierras amazónicas son asediadas. “Ley antiforestal”, le llaman las organizaciones indígenas, nombrando su propósito de concretar los despojos legalmente.

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