resistencia
(Español) Expanden producción de hidrógeno verde en Brasil para la “transición energética” europea
Fuente: Avispa Midia
Por Renata Bessi
En portada: Ednilson Silva, 18 años, es miembro del Quilombo de Cumbe, en el estado de Ceará, comunidad que resiste a la presión de la empresa CPFL Renováveis que hace 15 años instaló un parque eólico con 67 aerogeneradores. Foto: Galba Nogueira/BrasildoFato
El hidrógeno verde es propagandeado por los órganos internacionales, empresas y Estados en el proceso llamado de “transición energética” como el combustible del futuro, una fuente energética para sustituir los combustibles de origen fósil, por ejemplo, en los automóviles.
Alemania ocupa un papel central en la política de expansión de la producción de este combustible a nivel mundial, de acuerdo con el estudio En nombre del clima, mapeo crítico: transición energética y financerización de la naturaleza, realizado por la Fundación Rosa Luxemburgo, de Brasil, y el Programa de Pós-Graduação de Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade (CPDA) da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ).
La demanda de hidrógeno verde para la “transición energética” de Alemania es estimada en 20 millones de toneladas, de los cuales 10 millones deberán ser producidas internamente y las demás serán importadas, acorde a una de las investigadoras que hicieron parte del estudio, Karin Pecis Valenti.
Alemania, por ser uno de los actores centrales en la definición de la agenda de la Unión Europea (UE), presiona los otros miembros, advierte la investigadora, principalmente Francia, Italia, España y Portugal, a destinar parte de sus fondos para desarrollar este tipo de combustible.
Solo en 2024, la UE planea invertir 3,8 billones de euros en la industria del hidrógeno verde. El objetivo es que el hidrógeno represente “al menos 5,7% de los combustibles hasta 2030, año en que 50% de la industria debe adoptarlo, subiendo para 70% en 2035”, sostiene Valenti en el estudio.
Lo que se busca es “construir una agenda de política externa que garantice la consolidación de una producción mundial del hidrógeno verde”. De esta manera, se busca firmar acuerdos con países donde existan buenas condiciones para la producción del combustible, es decir “países en desarrollo, ricos en sol y viento”.
Están en esta agenda, según la investigadora, principalmente el sur del Cáucaso, países del Golfo Pérsico, Marruecos y Namibia. En América Latina, Chile, Argentina Colombia, Uruguay, México y Brasil.
Brasil, en la mira
El mercado de hidrogeno verde lanza una mirada especial al territorio brasileño, afirma Valenti. La intención de la UE, anunciada en 2023, es invertir 2 billones de euros, en 2024, en la producción de dicho combustible en el país.
De acuerdo con una de las organizadoras del estudio, Elisangela Soldateli Paim, de la Fundación Rosa Luxemburgo, en el estado de Rio Grande del Sur, sur del país, ya fueron firmados nueve memorandos de intención de producción de hidrógeno verde. En el estado de Ceará, nordeste de Brasil, ya son más de 30 memorandos firmados entre empresas y gobierno del Estado. “Las empresas europeas tiene un papel importante”, sostiene Paim durante la presentación del estudio.
Uno de los motivos para el interés europeo es que el país posee un gran potencial de producción energética a partir de fuentes consideradas renovables, lo que hoy representa 85% de su matriz.
La llamada energía verde es un punto fundamental para la industria del hidrógeno verde. Eso porque el hidrógeno puede ser obtenido por medio del proceso de electrólisis del agua – se rompe la molécula del agua (H2O) en hidrógeno (H2) y oxígeno (O) –, y se garantiza que sea un combustible verde porque la energía utilizada para la división de la molécula del agua se da a partir de fuentes consideradas renovables.
Justamente para sostener las plantas de producción de este tipo de combustible se está llevando a cabo una oleada de proyectos de producción de energía eólica, principalmente con complejos en altar mar en los estados de Ceará y Rio Grande del Sul.
En julio de 2023, constaba en las bases de datos del gobierno de Brasil, 78 proyectos de producción de energía eólica en alta mar en proceso de licenciamiento junto a los órganos ambientales, según datos averiguados por Júlio Holanda, uno de los investigadores que hizo parte del estudio, siendo que 24 de ellos están localizados en el Rio Grande del Sur, y 23 en el Ceará.
Hoy existen alrededor de mil centrales eólicas onshore (en tierra firme) instaladas en el país, sumando más de 10 mil aerogeneradores en operación. Alrededor de 90% de ellos están localizados en la región nordeste de Brasil, acorde a Holanda. Otras 491 centrales están proyectadas, pero todavía no se ha iniciado la construcción, y 145 complejos ya están en proceso de construcción.
Brasil ocupa, según Paim, el sexto lugar en el ranking de capacidad instalada de energía eólica en el mundo. En 2012, ocupaba la posición 15. “Las eólicas son la segunda fuente de participación en la matriz eléctrica de Brasil, atrás solamente de las hidroeléctricas”, informa.
La integrante de Rosa Luxemburgo en Brasil sostiene que estos proyectos están siendo presentados, incluso por los medios de comunicación hegemónicos, como parte de la llamada “transición energética”, pero alerta el hecho de que “estos proyectos están siendo pautados básicamente por el sector privado, poco espacio ha habido para discutir lo qué está pasando en los territorios frente a toda la expansión de estos proyectos”.
“Transición energética”, mayor extractivismo
Brasil está jugando el papel de “proveedor de recursos naturales, en un marco de profundización de extractivismo”, afirma.
Además, sostiene, una central eólica en tierra requiere nueve veces mas recursos minerales que una termoeléctrica a gas, mientras un carro eléctrico requiere seis veces mas minerales que un carro convencional. Eso significa la expansión del extractivismo mineral.
De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía, la demanda por litio, esencial para la construcción de baterías responsables por el almacenamiento de energía, se triplicó entre 2017 y 2022. Se estima que la extracción aumentará mundialmente en mas de 8,000% en los próximos años. Entre 2022 y 2050, esta demanda está directamente asociada con los vehículos eléctricos.
En Brasil, durante el primer semestre de 2023, se registró un aumento de 11,5% del consumo del aluminio por el sector eléctrico brasileño, demandado, sobretodo, por instalaciones eólicas y solares. El país es el cuarto productor mundial de aluminio.
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Además del aumento del extractivismo, estos proyectos considerados parte de la “transición energética” han implicado a las comunidades tradicionales que viven, por ejemplo, del mar en el estado de Ceará, la pérdida de sus territorios.
“Pérdida de sus territorios para la reproducción tradicional de sus vidas, de sus trabajos, de la agricultura comunitaria, de los espacios de convivencia, de religiosidad. Los territorios están siendo privatizados. En Ceará, comunidades quilombolas tienen que pedir permiso a la empresa para llegar hasta el mar. Sin hablar de los cambios ambientales y los riesgos que implican la instalación de estos proyectos”, señala Fabrina Pontes Furtado, profesora del CPDA y también organizadora del estudio.
Todas estas informaciones “nos llevan a cuestionar esta ‘transición energética’ tan pautada en diferentes espacios; de ninguna manera defendemos que la producción de energía sea a través de fuentes fósiles, pero es necesario desmitificar lo que es que está por detrás de este proceso que se ha llamado ‘transición energética”, alerta Paim, y que se está llevando a cabo en todo el mundo.
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“El sur global continúa a ser considerado como frontera a ser explotada, pero ahora alrededor de un consenso: la “salvación” de la humanidad a través de la ‘descarbonización’, legitimando proyectos de biocombustibles, hidrógeno verde, complejos eólicos y extractivismo minero en una lógica de capitalización de la naturaleza y explotación de los bienes naturales”, sostienen las organizadoras en la presentación del estudio.
(Español) Boletín Frayba: Memoria, Verdad y Justicia, deudas pendientes del Estado mexicano
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.
25 de marzo de 2024.
Boletín No. 08
La verdad, cautiva y silente,
yace encadenada en el oscuro abismo,
donde la riqueza y el poder tejen su lamento,
y en su trono de avaricia, la libertad oprime.
Memoria, Verdad y Justicia, deudas pendientes del Estado mexicano
- El cinismo: un reflejo de la persistencia gubernamental frente a los crímenes de lesa humanidad.
En conmemoración del Día Internacional del Derecho a la Verdad, este Centro de Derechos Humanos reafirma su compromiso de exigir verdad y justicia frente a las graves violaciones a los derechos humanos en Chiapas y México. Denunciamos la ineptitud, indiferencia y complicidad con la que, gobierno tras gobierno, han negado estos derechos a las víctimas y sobrevivientes.
La impunidad reina en los hechos de la guerra sucia que abarca del año de 1964 a 1990, al igual que en la continuidad de las acciones de contrainsurgencia a partir del levantamiento del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional desde 1994. No se ha investigado, ni sancionado adecuadamente a los responsables de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura, tortura sexual y desplazamiento forzado en las zonas Norte, Altos y Selva del estado de Chiapas. Esto incluye la Masacre de Acteal del 22 de diciembre de 1997 y la Masacre de Viejo Velasco del 13 de noviembre de 2006, entre otros casos de severas violaciones a los derechos humanos.
A esta impunidad histórica se suma la actual crisis humanitaria derivada de la violencia generalizada desarrollada tras la declaración de “guerra contra el narco”. A la fecha facciones oscuras de poder gubernamental, empresarial y delincuencial configuran relaciones complejas en las que se disputa el control poblacional y territorial a través de mecanismos de terror. Como resultado se ha registrado la desaparición de 114 926 mil personas durante los gobiernos anteriores y el de ahora.
México enfrenta hoy una profunda crisis, el crimen organizado controla territorios completos en diversas partes de la república mexicana. Para ello instaura estructuras fácticas de gobierno, o bien captura a las estructuras estatales, resaltando las municipales y comunitarias. Chiapas es en este momento un punto rojo de esta problemática.
Constatamos que las instituciones de México no han logrado romper con pactos de impunidad hacia los anteriores regímenes, como con las fuerzas armadas. Ello impide esclarecer, investigar, juzgar y sancionar los crímenes cometidos. Ante esta abismal impunidad, las violaciones a los derechos humanos se repiten y convierten en patrones.
Frente a ello, es loable la labor de víctimas y sus familiares, junto a quienes luchan por la justicia. A contracorriente perseveran en las exigencias de verdad y justicia. Ejemplo en esta terca lucha son las madres buscadoras con quienes nos solidarizamos. Estas acciones contribuyen a la no repetición, al no olvido y a la dignificación de las víctimas, fundamentos de su lucha por una vida digna y la denuncia pública de los responsables y causas de tales violaciones.
El cinismo ha marcado la continuidad de los gobiernos frente a los crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, la memoria resplandece, emergiendo de la voz de los pueblos que, desde el polvo de la injusticia escriben y propagan la historia no reconocida, que condena a los perpetradores al peso del no olvido.
Es la dignidad de las víctimas y los sobrevivientes la que nos convoca y nos impulsa éticamente a contribuir en sus procesos de procesos para una justicia integral.
Este Centro de Derechos Humanos insta a la sociedad civil, tanto nacional como internacional, a continuar en la larga lucha por la verdad y la justicia. Desde abajo, como pueblo organizado, podemos mantener viva la historia habitándola nuestros corazones y mentes. Juntas podemos abrir grietas a la impunidad estatal.
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