[:es]A 23 años de la ejecución de Gilberto Jiménez Hernández y 20 años de la ejecución de José Tila López García

El Estado mexicano garantiza impunidad en violaciones a derechos humanos cometidas por militares y por paramilitares, en territorios de pueblos originarios ocupados militarmente, como parte de una política contrainsurgente cuyo objetivo ha sido eliminar la resistencia zapatista y otros proyectos de organización autónoma. En el contexto de la estrategia diseñada e implementada desde el Plan de Campaña Chiapas 94, el Ejército mexicano provocó crímenes de lesa humanidad que permanecen en la impunidad.

El 18 de febrero de 1995 inició la incursión militar en el ejido La Grandeza, municipio de Altamirano, Chiapas, al día siguiente las familias se desplazaron forzadamente a la montaña por miedo, la mayoría eran mujeres, niñas, niños y personas mayores. El 20 de febrero, la patrulla de reconocimiento del 17º Batallón de Infantería compuesta por 54 soldados llegó al refugio de la población desplazada donde se encontraba Gilberto Jiménez Hernández con su esposa y sus diez hijos. Mientras buscaba refugio, un militar le ordenó detenerse, él se tendió en el piso pero el soldado Abner García Torres “sin ningún aviso ni motivo, le disparó, sin importar que Gilberto llevara a su hija en la espalda, desde una distancia aproximada de ocho metros.”

El 30 de noviembre de 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó la responsabilidad del Ejército mexicano en la ejecución extrajudicial del campesino, indígena tseltal, Gilberto Jiménez Hernández (conocido como Caso La Grandeza) y recomendó al Estado mexicano investigar y reparar adecuadamente las violaciones a derechos humanos “considerando el daño a los familiares, así como los efectos comunitarios, en el marco del Plan de Campaña Chiapas 94.”[1]

El Informe de la CIDH significa el reconocimiento de una política genocida en contra de los pueblos originarios en Chiapas y es un avance para garantizar a las víctimas el derecho a la verdad, en la exigencia de no repetición. Dignifica la persistente acción en demanda de justicia por parte de los familiares de Gilberto Jiménez Hernández, testigos directos de la ejecución extrajudicial.

Sin embargo, el caso La Grandeza se encuentra en la impunidad, las acciones del Ejército mexicano han sido encubiertas deliberadamente. No ha habido una investigación adecuada, imparcial y efectiva de los hechos por parte de las instituciones de procuración de justicia civil. Se llevó el proceso jurídico en la misma instancia militar que cometió la violación a derechos humanos y los responsables no han sido sancionados.

Es preciso señalar que la violencia directa respondía a una lógica de guerra en contra de la población civil. En la zona norte de Chiapas el gobierno mexicano formó grupos paramilitares responsables de violaciones a derechos humanos, que actuaban con la omisión y permisividad del Ejército, como parte del Plan de Campaña Chiapas 94, un documento firmado por la Secretaría de la Defensa Nacional.

Otro crímen de lesa humanidad es la ejecución extrajudicial de José Tila López García2, indígena chol, el 21 de febrero de 1998, en la zona baja de Tila, por integrantes del grupo paramilitar3 Organización Desarrollo Paz y Justicia. José Tila fue ejecutado cuando regresaba de denunciar la violencia generalizada en la región ante la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH). Su caso es conocido por la Relatoría Especial para Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de la Organización de las Naciones Unidas.

En este contexto, la Ley de Seguridad Interior es un instrumento más para el ciclo de violencia y corrupción generado desde las estrategias de contrainsurgencia creadas por el Estado y ejecutadas por el Ejercito mexicano. La Ley permite el uso “legitimo” del Ejército mexicano para actuar en el ámbito de seguridad desde una lógica de guerra. La experiencia histórica en Chiapas refiere que la militarización genera violaciones a derechos humanos y mantiene la impunidad en crímenes de lesa humanidad, como las ejecuciones extrajudiciales de Gilberto Jiménez Hernández y José Tila López García.

La actuación del Ejército mexicano, en “apoyo” a las tareas de seguridad pública, responde a la criminalización de las personas y organizaciones sociales que luchan por los derechos humanos, legitima las injusticias cometidas en el pasado por militares y es un riesgo actual para las luchas por la autonomía y en defensa de sus territorios.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.
20 de febrero de 2018

Boletín No. 06

[1] Informe de Admisibilidad y Fondo No. 51/16 publicado el 17 de abril de 2017 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2016/mxpu11564es.pdf[:]

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Al Pueblo de México
A los organismos de derechos humanos e instancias humanitarias

Como colectivo de organismos y personas de la sociedad civil, hemos conocido y revisado la sentencia emitida por el Lic. Claudio Aníbal Vera Constantino, Magistrado del Tribunal Unitario Agrario, Distrito 03 de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dentro del expediente 781/2005, suscrita y certificada desde el día 06 de noviembre del presente (unos días antes de la agudización violenta del conflicto), y notificada a las partes -Autoridades Comunales de Chalchihuitán y de Chenalhó- y hecha pública hasta el día de antier, 13 de diciembre (un mes y una semana después de emitida, ya escalado el clima de agresión y violencia del citado conflicto).

Respecto a dicha sentencia -cuya histórica problemática agraria, irresuelta de fondo con apego a justicia y a derecho, ha constituido el pretexto central para desatar un clima de extrema violencia y, a la vez, encubrir acciones e intereses ilegítimos de muy alta peligrosidad-

CONSIDERAMOS:

1° Que en su ambigua forma, el manejo de los tiempos y su débil contenido, dicha sentencia, más que apegarse a un verdadero análisis y fundamentación histórica y jurídica en materia agraria del caso, más bien parece ser producto de un cuidadoso cálculo político, que pretendería la administración del problema, respondiendo a los tiempos políticos de las actuales administraciones estatal y federal;

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[:es]

Continúa precariedad y vulnerabilidad de población desplazada forzadamente de Chalchihuitán
10 personas de Chalchihuitán, Chiapas han perdido la vida en desplazamiento forzado, a causa de las condiciones de hambre, frío y estrés, debido a la omisión del gobierno de Chiapas por no brindarles atención adecuada. Son muertes evitables informó la brigada médica que visitó los campamentos del 11 al 16 de diciembre. 4 adultos mayores, 1 mujer adulta, 1 joven, 3 menores (2 eran mujeres) y 1 muerte fetal.

Ve también:

Chalchihuitán y Chenalhó: ¿Una masacre anunciada?

¿El crimen a servicio del Estado o el Estado a servicio del crimen? Los desplazados de Chalchihuitán-Chenalhó

Crisis humanitaria y complicidad del Estado – Chalchihuitán y Chenalhó[:]

[:es]El presente informe, presenta casos de violaciones graves a los derechos humanos que la Red Solidaria Década Contra la Impunidad ha documentado a los largo de estos doce años

La defensa de los derechos humanos en México, es una tarea cada vez más difícil en un contexto de violencia generalizada y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. El aumento de la desaparición forzada de personas, las ejecuciones extrajudiciales y la tortura ha provocado miedo e inseguridad en la población y el desplazamiento forzado.

Las violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas en México, no es un tema nuevo, nos remite a los tiempos de la llamada guerra sucia, donde el ejército de forma masiva detenía, torturaba, desaparecía y ejecutaba extrajudicialmente a personas por el solo hecho de disentir, criticar o luchar por sus derechos y por mejores condiciones de vida.

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Sábado 16 de diciembre 2017

En estos momentos se encuentra en la zona una brigada conformada por personal de salud de dos organizaciones no gubernamentales de Chiapas: Salud y Desarrollo Comunitario (SADEC) y Casa de la Mujer Ixim Antsetic (CAM), quienes desde hace muchos años colaboran con el Programa Interdisciplinario “Desarrollo Humano” de la UAM. Este grupo está dando continuidad a la brigada médica de la misión de Bachajón y a la misión de observación de derechos humanos, por lo que a partir del 4 de diciembre a la fecha se ha tenido presencia en la región de diversas organizaciones.

Una vez que la brigada arribó al sitio de conflicto el día 11 de diciembre confirman la precariedad y vulnerabilidad en la que se encuentra la población, afectando en mayor medida a niños, mujeres y personas de la tercera edad, “el frío es tremendo y la gente duerme debajo de plásticos que no los protegen, están muriendo de enfermedades que podrían evitarse”. De acuerdo a informes de la brigada, en los campamentos se vive con un miedo intenso, ya que “en la noche se oyen disparos de arma de fuego, por lo que grupos desplazados permanecen durante el día en lugares públicos, como son un templo o la cancha deportiva, pero en la noche prefieren dormir refugiándose en la montaña”.

Dos situaciones que complican el escenario son el clima y el estrés progresivo, éste derivado de la incertidumbre y el hostigamiento que vive constantemente la población, afectando seriamente a personas con enfermedades crónico degenerativas, llegando incluso a la muerte, la más reciente, María Domínguez Gómez de 57 años, quien padecía diabetes y falleció el 13 de diciembre, por neumonía.

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El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas

Invita al Cine Debate:
Ciclo: Semillas de Conciencia

Acteal, nunca más
Dirección: Epigmenio Ibarra 13.10 min

De Las Abejas que no olvidan
Dirección: Mardonio Carballo 27.40 min

14 de Diciembre a las 18:00 horas

KINOKI Foro Cultural Independiente

Calle Belisario Domínguez 5-E, esquina Andador Guadalupano, SCLC, Chiapas

Sinopsis:

A 20 años de impunidad por la Masacre de Acteal, la memoria colectiva de Las Abejas de Acteal persiste en la construcción de Otra Justicia. Sus voces, sus nombres, sus rostros siguen caminando la paz.

Se transmite #EnVivo desde:

http://mixlr.com/foro-cultural-kinoki/[:]

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Las organizaciones firmantes lamentamos la inacción de las autoridades de Chiapas y del gobierno federal para atender adecuadamente la urgencia humanitaria de más de 5000 indígenas tsotsiles en desplazamiento forzado en los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó, Chiapas.

El pasado 9 y 10 de diciembre organizaciones de la sociedad civil de Chiapas, acompañadas por el Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFOR) realizamos una misión de observación y documentación de derechos humanos en el municipio de Chalchihuitán, entrevistándonos con las familias desplazadas, autoridades comunitarias, así como con autoridades municipales.

La misión de observación pudo verificar el clima de tensión y miedo que viven las personas desplazadas así como las y los pobladores de la cabecera municipal de Chalchihuitán.

Según los testimonios, nos indican que después del asesinato del Sr. Samuel Pérez Luna en Kanalumtik, Chalchihuitán, el día 18 de octubre del presente año, se profundizó la violencia y los disparos de armas de fuego sobre todo por las noches, por lo que desde esa fecha varias familias dormían en la montaña y por el día regresaban a sus domicilios a dar de comer a sus animales. Hasta el día 5 de noviembre cuando se desplazaron forzadamente debido a los disparos ocasionados por los grupos armados.

A pesar de lo difundido por el gobierno de Manuel Velasco Coello de estar resolviendo esta problemática, evidenciamos una crisis humanitaria: personas enfermas debido a la situación de desplazamiento, la falta de medicamentos y de una atención médica urgente y adecuada; carencia de alimentos apropiados a la cultura y a una alimentación sana, así como condiciones de salubridad en general que no solamente vulneran el derecho a una vida digna, sino que incluso ponen en riesgo la vida de las personas desplazadas, no sólo por el temor de ser asesinadas por los grupos armados, sino también por la ineficacia de las autoridades de Chiapas para atender la situación de acuerdo a los lineamientos de los Principios Rectores del Desplazamiento Forzado de la Organización de Las Naciones Unidas y la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el estado de Chiapas.

Durante la misión pudimos constatar el corte y destrucción de la carretera en el tramo Las Limas – Chalchihuitán, único tramo carretero pavimentado para llegar a la cabecera municipal. Recordamos que la destrucción de dicha carretera fue realizada con maquinaria por parte de pobladores armados de Chenalhó como una forma de sitiar y controlar a la población de Chalchihuitán. Dicho corte ha impedido el ingreso de vehículos que abastezcan de alimentos, medicamentos, suministros e insumos a la población y quienes cruzan caminando lo hacen con miedo a ser asesinadas.

El abandono institucional y la pobreza estructural es histórica en el municipio de Chalchihuitán, siendo uno de los municipios más pobres y marginados de México, la situación de violencia que ahora se vive en ese municipio viene a profundizar mucho más este estado de vulnerabilidad social, donde las mujeres, niñas y niños se encuentran en mayor riesgo.

La misión de observación pudo constatar a través de diversos testimonios y entrevistas realizadas, la existencia de grupos armados, que operan de manera abierta en estos municipios, sobre todo en Chenalhó y cuya actividad es permitida por las autoridades de Chiapas y del gobierno federal. La responsabilidad de los partidos políticos es evidente en este conflicto, ellos a través de sus estructuras municipales y estatales han abonado a la impunidad.

En Chalchihuitán hay un clima de terror debido a la acción impune de los grupos armados, la violencia ha afectado a toda la población del municipio por la escasez y altos precios de los alimentos. Vemos con preocupación que por miedo a ser asesinados los pobladores no pueden ir a sus cultivos, perdieron lo de esta cosecha y no han podido sembrar para la próxima temporada como consecuencia no tendrán maíz, frijol y demás productos del campo para poder vivir, lo que pronostica una crisis alimentaria.

Observamos que niñas, niños y adolescentes están viviendo en condiciones inhumanas. Visten con la ropa con la que fueron obligados a salir de sus casas, que no es la adecuada para protegerse de las bajas temperaturas que se presentan en esta época del año. Además, hay numerosos casos de infecciones gastrointestinales y en vías respiratorias, y la alimentación es insuficiente e inadecuada. El suministro de alimentos procesados por parte del gobierno estatal, a los que no están acostumbrados, les provocan diarreas y agravan su condición de salud. Niñas y niños tienen miedo de que los maten, sueñan que les disparan, duermen intranquilos; están tristes, su entorno ha cambiado de manera abrupta. Tienen dolor de estómago y cabeza por la ansiedad y estrés que provoca el desplazamiento. De acuerdo con la información proporcionada han fallecido infantes en desplazamiento.

Las condiciones de por sí graves en las que se encuentran se exacerban por las condiciones preexistentes de pobreza en la que vive el 97% del municipio1 y por la impunidad, negligencia y omisiones del Estado para atender la situación de conflicto. En Chalchihuitán la tasa de mortalidad infantil en niñas y niños menores es de 166 por cada mil, trece veces más que a nivel estatal.2

Constatamos la situación que viven la mujeres y niñas en situación de desplazamiento: la nula atención a una salud adecuada para ellas de acuerdo a sus necesidades, la vulnerabilidad y riesgo en la que se encuentran por la estructural violencia de género acentuada en condiciones de desplazamiento.

Las mujeres entrevistadas informaron sentirse con temor, preocupadas y enojadas porque han sido excluidas totalmente de las decisiones sobre la resolución de un conflicto que les afecta directamente. Recordamos que Chalchihuitán y Chenalhó son municipios que han sido señalados como parte de la Alerta de Violencia de Género (AVG) y el estado ha violentado el derecho a una vida libre de violencia.

Las organizaciones civiles integrantes de esta misión, creemos que no hay voluntad clara de las autoridades mexicanas de resolver esta situación, la espiral de violencia es cada vez más grave y las condiciones están dadas para que ocurra un hecho de violencia más grave que nos recuerdan las condiciones que se daban en esa misma región hace 20 años antes de la masacre de Acteal.

Las decisiones erradas de la entonces Secretaria de la Reforma Agraria para resolver el problema limítrofe entre Chalchihuitán y Chenalhó que ha traído una tensión histórica entre ambos municipios, las acciones contrainsurgentes a través de la implementación del Plan de Campaña Chiapas ‘94 en la región, la liberación por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de los paramilitares responsables de la masacre de Acteal, la violencia histórica con la que operan los grupos civiles armados en Chenalhó, los conflictos generados por los partidos políticos, de manera específica por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a través de la alcaldesa Rosa Pérez Pérez, con el cobijo del ahora gobernador Manuel Velasco Coello han traído una violencia cíclica, aumentando la impunidad que se vive en la región.

Las organizaciones integrantes de la misión de observación y documentación de derechos humanos y firmantes de este pronunciamiento hacemos un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno:

Exigimos un alto al fuego, desarme y sanción a los grupos civiles armados en la región, así como una investigación a fondo de las autoridades responsables de la organización y actuación de los grupos armados.

Al gobernador Manuel Velasco Coello le exigimos asumir su responsabilidad como mandatario del estado y atender de manera integral y de fondo la espiral de violencia que existe en la región, las violaciones a derechos humanos y emergencia humanitaria en la que encuentran las y los desplazados de Chalchihuitán y Chenalhó.

Es importante que el estado mexicano reconozca la situación de emergencia y desplazamiento forzado de los habitantes de Chalchihuitán y Chenalhó, para su atención integral de acuerdo al marco legal y a la normativa internacional de derechos humanos.

Es urgente crear las condiciones que garanticen la vida y la integridad personal de las y los desplazados para que puedan retornar de manera de segura, como lo marcan los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos en caso contrario el gobernador de Chiapas será responsable de la pérdida de vidas a consecuencia del desplazamiento.

Frente al riesgo inminente contra la vida, integridad o libertad de niñas, niños y adolescentes es importante la ejecución y coordinación de medidas urgentes de protección como lo marca la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y garantizar el derecho de prioridad en la atención a la infancia.

Pedimos a las autoridades municipales y tradicionales de Chalchihuitán y Chenalhó para que a través del diálogo y mediación puedan resolver el problema histórico de límites entre ambos municipios y que fue creado por las instituciones del gobierno.

Ante la crisis humanitaria se hace necesaria la solidaridad internacional y nacional, debido a la ineficacia e incapacidad de atender esta situación de emergencia por parte de los gobiernos federal y estatal. Urge ayuda humanitaria para las comunidades desplazadas.

Campaña contra la Violencia Hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C
Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, A.C
Servicios y Asesoría para la Paz A.C
Melel Xojobal A.C

Enviar su ayuda a Cáritas, Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Prolongación Benito Juárez #8, Planta Alta, Colonia Maestros de México, C.P. 29246 San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Tel. 01 967 6786479. Celular de emergencia 967 1203722. caritas@caritasancristobal.org

Donativos económicos para emergencias
Cáritas de San Cristóbal de Las Casas A.C
BANCO MERCANTIL DEL NORTE
Cuenta: 0642624985
Clabe::072130006426249855
BIC/SWIFT: MENOMXMTS S.A.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
13 de diciembre de 2017

Pronunciamiento conjunto

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“Esta ley es un riesgo porque perpetúa un modelo de seguridad que es fallido,  regulariza las tareas de seguridad pública de un ejército que debiera intervenir de manera excepcional, por eso se convierte en un estado de excepción permanente porque las Fuerzas Armadas pueden intervenir con este marco jurídico prácticamente subordinando al poder civil, subordinando a las policías, dándole amplios poderes al Presidente de la República para hacer una declaratoria, eufemísticamente denominada como declaratoria de riesgo a la seguridad interior, que es en realidad un estado de excepción que justifica la participación de las Fuerzas Armadas” (Intervención en Conversatorio)

A finales de noviembre la Cámara de Diputados daba luz verde a  la denominada Ley de Seguridad Interior. Ante su posible aprobación (hoy) en el Senado de la República, organizaciones de derechos humanos y sociedad civil se han manifestado y advertido de las gravísimas consecuencias en caso de ratificación.

El pasado 9 de diciembre tuvo lugar en la plaza de la resistencia de San Cristóbal de las Casas un conversatorio sobre el tema. Ahí se señaló, entre otros puntos importantes, la ambigüedad en la definición de “seguridad interior” y la amplitud de acciones que pudieran considerarse como amenazas.

Asimismo, se mencionó que este “nuevo” paso en materia de seguridad lo que pretende es “regular lo excepcional”, es decir, crear un marco normativo a modo para proteger al gobierno, instituciones y su proyecto neoliberal en un país marcado por la violencia de Estado y ante una coyuntura electoral. Con ello y a partir de definiciones interesadas se facultaría –legalmente- a las Fuerzas Armadas de México a realizar labores que hasta ahora debieran ser exclusivas de organismos de seguridad pública (tales como detenciones o investigación).  Además sin observancia a estándares de derechos humanos y sin contar con mecanismos independientes de rendición de cuentas.

A continuación el audio completo del conversatorio (vía komanilel.org)

Para mayor información sobre la Ley de Seguridad Interior puede consultarse también:

https://frayba.org.mx/la-ley-de-seguridad-interior-contraviene-la-constitucion-y-da-continuidad-a-una-politica-de-seguridad-fallida-llamamos-al-senado-de-la-republica-a-no-aprobar-la-ley-de-seguridad-interior/

https://frayba.org.mx/ley-de-seguridad-interior-fortaleceria-logica-de-guerra-y-violencia/

http://centroprodh.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=2468:2017-10-25-18-21-51&catid=209:front-rokstories&lang=es

https://www.seguridadsinguerra.org/#block-7149

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EN MÉXICO EXIGIMOS LIBERTAD PARA MUMIA

Vía amigosdemumiamx / Fotografías:Argelia Guerrero

A los 36 años del encarcelamiento de Mumia Abu-Jamal, sus amigas y amigos en México exigimos su libertad afuera de la embajada del país ampliamente reconocido como líder mundial en guerras, prisiones y violencia policiaca. El acto con canto y palabra se llevó a cabo en solidaridad con su familia y amigos en Filadelfia quienes se manifestaron el mismo día contra los continuos esfuerzos del Estado para asesinarlo de una manera u otra.

¿Quién es Mumia? En sus propias palabras,  “un hombre negro libre que vive en cautiverio”. También pensador, periodista, activista y escritor. Uno de los presos políticos mejor conocidos del mundo.

Las y los artistas que reclamaron su libertad eran Batallones Femeninos, ARH Al Intifadah, Van-T, Chino Rastrillos y los Rebíblicos, MC Xozulu, Luz Contreras, Gamaika Rashida, Betún Valerio, Filosoflow, y Eva Palma, quien afirmó que su compañero de vida no murió cuando el gobierno de Peña Nieto lo asesinó, sino que ¡KuyKendall vive! También participaron Lourdes Mejía con una denuncia sobre el asesinato de su hijo Carlos Sinuhé, y Doña Fili, quien habló de las luchas actuales en el país y presentó una hermosa ofrenda en honor a Mumia.

Dimos la bienvenida a la Sexta con Palestina para denunciar la más reciente declaración de Trump que pretende robar Jerusalén de los palestinos y a la vez acelerar enormemente la pérdida de sus vidas y tierras. Lxs compas también ayudaron a recolectar firmas en apoyo a la no-candidata ‘Marichuy’.

El gobierno de Estados Unidos dice que no hay presos políticos en su país, pero el caso de Mumia es emblemático de los de un sinnúmero de personas encerradas por luchar para hacer cambios en el mundo.  Él era Pantera Negra en los años 60, y después, simpatizante de la Organización MOVE y periodista que siempre desafiaba el poder. Por eso, cuando un policía blanco fue asesinado en Filadelfia el 9 de diciembre de 1981, Mumia fue incriminado de su muerte por la Policía bajo la dirección de Alfonzo Giordano y enjuiciado en un proceso lleno de atropellos por la Fiscalía de Filadelfia bajo Ron Castille. Ellos contaron con la colaboración del juez William Yohn, quien dijo el primer día de su juicio, “Yo les voy a ayudar a freír el nigger”.  Mumia fue condenado a muerte el 3 de julio de 1982.

En el acto también reclamamos libertad para los presos políticos de México, incluyendo los jóvenes anarquistas Fernando Sotelo, Fernando Bárcenas y Miguel Peralta.  Agradecimos mucho la presencia de lxs compañerxs Frida y Benito, quien contó la lucha por el agua y vida en San Pedro Tlanixco. El resultado ha sido la criminalización del pueblo entero,  el encarcelamiento de  una mujer y cinco hombres desde 2003, y la persecución política de otros dos compañeros. El más reciente ataque del Estado deja todxs con sentencias de más de 50 años en prisión. ¡La lucha por su libertad es urgente!

En las prisiones del estado de Pensilvania, Mumia pasó casi tres décadas en el aislamiento del pasillo de la muerte, sin poder tocar a otro ser humano. Estas condiciones solitarias ahora se reconocen como tortura por expertos en derechos humanos. Por fin in 2011, gracias al apoyo internacional que tenía, le quitaron la pena de muerte pero en lugar de liberarlo, lo dejaron con la sentencia de cadena perpetua, es decir, la muerte lenta.

Mumia siempre ha dicho que es inocente, pero sigue encerrado debido a los crímenes cometidos en su contra por sus enemigos para asegurar que la juventud de hoy no siga su ejemplo de lucha.

El 30 de marzo de 2015, Mumia casi murió. Se descubrió que tenía Hepatitis C y después de una lucha de dos años, el movimiento logró que le dieran tratamiento. Ya no tiene Hepatitis C pero las autoridades carcelarias tardaron tanto en darle tratamiento que ahora tiene cirrosis del hígado. Entonces la lucha por su libertad no sólo es lo justo, sino es crucial para que recupere su salud.

Ahora se abre una nueva avenida de apelación debido a que la Suprema Corte de Estados Unidos determinó que el mismo Ron Castille como fiscal, y luego juez que revisó sus propias decisiones, violó los derechos constitucionales de otra persona al ser juez y parte en un caso muy parecido a él de Mumia. Una victoria podría revocar su sentencia de culpabilidad y traer su libertad. Entonces la lucha sigue en los tribunales y en la calle.

En el acto exigimos libertad para Mumia y para decenas de presas y presos encerrados durante décadas en Estados Unidos: ‘los 9 de MOVE’, Jalil Muntaqim, Herman Bell, Dr. Mutulu Shakur, Sundiata Acoli, Jamil Al-Amin y muchos más!

Mumia envió su amor y gratitud a toda la gente que lo ha apoyado. Él no deja de luchar. Le animan los nuevos movimientos que se están formando en las comunidades negras en el país a partir del levantamiento de la juventud de Fergusen, Misuri, en 2014. Desde su celda ha escrito 11 libros, el más reciente siendo ¿Las vidas de los negros alguna vez han importado?,  publicado este año por City Lights. En el acto dimos lectura a varios de sus radioensayos que él graba cada semana. Estos incluyen sus análisis de nuestros tiempos; del sistema carcelario; del terror policiaco; de luchas rebeldes y revolucionarias en el mundo; y también tributos a pensadores, luchadores, músicos, escritores y otros presos y presas por luchar, entre otros.

   ¡Libertad para Mumia! ¡Presxs políticxs libertad! ¡Muerte al sistema carcelario!

En México exigimos libertad para Mumia

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Se llevó acabo la presentación del libro “Acteal Resistencias Memoria y Verdad” en las instalaciones del Museo jTatik Samuel Ruiz, en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

Este libro es resultado del estudio psicosocial de los antecedentes, factores asociados al hecho y manejo de la emergencia, consecuencia psicosocial e impacto colectivo de la masacre de Acteal, ocurrida el 22 de diciembre de 1997.

La presentación estuvo a cargo de la Organización de la sociedad civil Las Abejas de Acteal y del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas. Se inició a las 10:30 de la mañana con el canto del corro de Acteal.

Guadalupe Vásquez Luna, sobreviviente de la masacre y miembro de la organización Las Abejas, dijo que el libro que hizo Carlos Martín Beristain cuenta muchas cosas que no se saben de la masacre del 22 de diciembre de 1997. Por ejemplo, cómo los paramilitares del partido PRI y CARDENISTAS violaron a muchas mujeres y después las mataron con armas blancas y armas de juego.

Guadalupe recordó con lagrimas que 4 mujeres embarazadas les abrieron el vientre y les sacaron el bebe que llevaban dentro para después ser despedazados con machete.

Mientras esto sucedía los policías y Ejército Mexicano se encontraban a unos cuantos metros del lugar y no hizo nada. “Por eso nosotros como víctima y sobre vivientes, no podemos perdonar ni olvidar”.

La presentación finalizó con una invitación al evento para recordar los 20 años de la masacre y 25 años de la lucha y resistencia de Las Abejas a realizarse los días 20, 21 y 22 de diciembre en la comunidad de Acteal, Chenalhó, Chiapas.

También estuvieron presentes en la presentación: Stella Maris Figueroa, acompañante psicosocial; Estela Barco Huerta, directora de la organización Desarrollo Social para los Mexicanos; y Jorge Santiago Santiago, integrante del Consejo Directivo del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas.

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