PLAN MICHOACÁN: DISCRIMINATORIO, UNILATERAL Y ENGAÑOSO
AL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA MEXICANA
AL GOBIERNO DE MICHOACÁN
A LAS COMUNIDADES ORIGINARIAS
AL PUEBLO DE MÉXICO Y DE MICHOACÁN
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Comunidades indígenas y afrodescendientes de Michoacán a 10 de noviembre de 2025.
K´eri Kunkorhekua Iretecheri, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán #CSIM, consejo libre y autónomo, independiente de gobiernos, partidos políticos y órdenes religiosas, conformado por autoridades tradicionales de 80 comunidades de los Pueblos P’urhépecha, Otomí o Hñahñú, Matlazinca o Pirinda, Nahuatl y Afromexicanos, manifestamos conjuntamente lo siguiente:
Gobiernos de diversos partidos políticos han gobernado México y Michoacán y ninguno ha podido resolver la crisis de inseguridad, violencia y derechos humanos en que vivimos. Históricamente han convertido a nuestra entidad en un laboratorio de “políticas de seguridad” y “planes nacionales y estatales”, desde la “guerra contra el narco” con el “Operativo Conjunto Michoacán”, pasando por la “Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán” con la imposición de un “Virrey”, hasta el “Plan de Justicia P’urhèpecha”, el “Plan Lázaro Cárdenas del Río” y ahora el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, en este contexto, estamos cansados y hartos de tanta incapacidad, inseguridad, injusticia e impunidad sistémica.
Ante la conformación del Plan Michoacán, exigimos enérgicamente al Estado mexicano, que no sea un acto de simulación como lo que acontece con el “Plan de Justicia del Pueblo P’urhépecha” donde no tiene un presupuesto propio para su operación, ni brinda ninguna justicia, toda vez que las comunidades solicitaron la creación de una Comisión de la Verdad y la Justicia para los Desaparecidos, Asesinados y Encarcelados de los Pueblos Indígenas, esto para los más de 70 casos de autoridades tradicionales y comuneros que han sido reprimidos o criminalizados por defender los bosques, el territorio o sus comunidades, sin embargo, a la fecha no ha sido instituida, ni mucho menos, hay obras de infraestructura realizadas o acciones de alto impactos para los pueblos. De igual forma, solicitamos el inicio y acompañamiento de un juicio internacional en contra de la Corona Española por el genocidio, saqueo y brutal explotación que significó el periodo colonial, pero el Gobierno Federal se ha mostrado incapaz ante esta solicitud histórica.
Ahora, denunciamos públicamente que para la conformación del Plan Michoacán, no fueron consultadas debidamente las comunidades, toda vez que únicamente convocaron a 48 de 500 que existen en la entidad, dándoles únicamente una “participación” de 2 minutos por cada pueblo para exponer sus problemas. Así mismo, manifestamos que ninguna de las propuestas de las comunidades con autogobierno, fueron tomadas en cuenta en este plan, tales como el reconocimiento constitucional de los Jueces Tradicionales, el incremento en los fondos de seguridad comunales, la dotación de armamento y equipamiento, la formación de un cuerpo de seguridad para cuidar los bosques o la instauración de las Bases de Operaciones Interinstitucionales, entre otras sentidas demandas ¿Para que simulan consultar a los pueblos indígenas? ¿Por qué solo convocan a algunas comunidades?
En síntesis, el Plan Michoacán es discriminatorio, unilateral y engañoso, por lo que exigimos categóricamente que se consulte apropiadamente a todos los pueblos originarios y se incorporen sus exigencias, finalmente, invitamos a todas las comunidades a movilizarnos hasta lograr sea respetada su palabra.
El profesor indígena Isai Shuuk Shawit fue asesinado en la provincia de Datem del Marañón (región Loreto), en la Amazonía peruana.
El dirigente del pueblo Awajún, presidente de la Coordinadora Regional de Maestros Indígenas (CORMI), luchaba por la educación intercultural bilingüe y los derechos de los docentes de comunidades originarias.
El entorno de la víctima denuncia que recibió amenazas por su defensa de las plazas de docencia bilingüe, las que el Estado ha desfinanciado e intentado reducir en los últimos años.
Isai vivía en la comunidad nativa Sachapapa, distrito de Manseriche. Loreto es una de las regiones más peligrosas para líderes de pueblos indígenas en el Perú. Actualmente, hay al menos 226 defensores en riesgo en todo el país, principalmente en la Amazonía. El cuerpo del luchador social fue encontrado con signos de violencia, la madrugada del viernes 7 de noviembre, en la carretera Pastaza.
“Su compromiso con la educación intercultural bilingüe y la defensa de los derechos de los docentes indígenas deja un legado de lucha y servicio a su pueblo. La vida de cada dirigente y defensor indígena es valiosa y debe ser protegida”, manifestó el Gobierno Territorial Autónomo Awajún en un comunicado.
Proyectos de ley contra educación intercultural
En el Congreso se presentó en 2024 un proyecto de ley para aprobar el nombramiento excepcional de docentes que solo hablan español en plazas de educación intercultural bilingüe. Este año las organizaciones indígenas vienen protestando contra la propuesta legislativa.
“Estamos dispuestos a defender hasta las últimas consecuencias nuestra abnegada Educación Intercultural Bilingüe (EIB) porque desde generaciones nos la heredaron nuestros antepasados”, expresó la Organización de Maestros Bilingües Nomatsigenga y Ashaninka de Pangoa (Omabinoap).
En ninguna comunidad de la Amazonía peruana se cumple por completo el modelo de Educación Intercultural Bilingüe, de acuerdo a un informe de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). Solo el 20% de estudiantes indígenas de nivel inicial y primario acceden a escuelas con docentes que hablan su lengua originaria y recursos educativos enfocados en su identidad cultural.
En 2022, el Ministerio de Educación anuló el dominio de la lengua originaria, formación en educación intercultural y conocimiento de la cultura local como requisitos para postular a plazas de EIB. Las protestas en la Amazonía y comunidades andinas consiguieron que el Ejecutivo elimine las modificaciones.
Las organizaciones indígenas defienden la educación bilingüe como una prioridad en sus plataformas de luchas. Esperan los resultados que determinen las causas de muerte, realizados en otra región debido a que en Datem del Marañón no cuentan con medicina forense.
Los ataques contra el zapatismo son funcionales al avance de los megaproyectos y al control territorial, opina este antropólogo y comunicador mexicano con amplia experiencia como investigador en varios territorios mexicanos.
Francisco De Parres Gómez es un antropólogo, comunicólogo y fotógrafo mexicano, que se desempeña como investigador posdoctoral en la Universidad Veracruzana donde, desde hace años, se dedica al estudio de la relación entre arte, política y movimientos indígenas como los zapatistas. Sobre estos temas ha publicado publicó el libro Poéticas de la resistencia: arte zapatista , estética y decolonialidad (CIESAS-UDG, 2022) así como Arte y política en el zapatismo contemporáneo: Una relación indisoluble (CLACSO, 2022).
Coordinó tambiénInternacionalismo crítico y luchas por la vida. Hacia la construcción de horizontes futuros desde las resistencias y autonomías. En su investigación actual, De Parres analiza el contraste entre las prácticas estético-políticas orientadas a la defensa de la vida y el territorio, y las expresiones estéticas y culturales de la necropolítica de figuras neofascistas como Javier Milei, Nayib Bukele o Jair Bolsonaro.
¿Cuál es el legado del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en relación con el Zapatismo y movimientos sociales? Como ha observado Raúl Zibechi en casos afines, el sexenio de AMLO mostró que los llamados gobiernos progresistas suelen golpear con mayor dureza a los movimientos. MORENA no abrió un espacio amplio para la diferencia, sino un multiculturalismo acrítico funcional al sistema, centrado en la categoría de “ciudadanía”. Aunque México reconoce 68 pueblos originarios, no se implementaron políticas diferenciadas para pueblos indígenas y afrodescendientes según sus territorios. Se impuso, además, la espectacularización, el racismo y la exotización de la política hacia los pueblos: una apropiación simbólica de demandas zapatistas y retorno al indigenismo de Estado. Pese al discurso de ser un triunfo “de abajo”, se desdeñó al Zapatismo, al movimiento feminista, a madres y padres buscadores, a periodistas críticos y a migrantes.
En lo estructural, se profundizó el neoliberalismo: corporativización de movimientos, ruptura del tejido comunitario y atomización clientelar de recursos. Los proyectos “Sembrando Vida”, que fue rebautizado en comunidades como “sembrando envidia/latas” por sus efectos divisorios y ambientales, y el de “Jóvenes Construyendo el Futuro”, no resolvieron de raíz la precariedad. Aunque prometió regresar al ejército a los cuarteles, la institución más favorecida presupuestalmente fue la militar y la presencia armada se normalizó. La gobernabilidad se basó en “mesas” asimétricas, cooptaciones y asistencialismo: la “cuarta transformación” no desmontó las estructuras del neoliberalismo, las reforzó bajo el discurso progresista. El zapatismo, por su insistencia en la autonomía y la crítica frontal al Estado, sigue siendo la voz más incómoda. El saldo no es una ruptura sino la confirmación de que el Estado, incluso en versión progresista, sigue siendo colonial y asfixia a los movimientos que desbordan sus márgenes de control; los cambios duraderos nacen desde los pueblos.
¿Y qué tal la nueva presidenta, Claudia Sheinbaum? A finales del año pasado declaró que con los zapatistas hay respeto, pero que defenderá el proyecto de MORENA. El sistema luce el rostro de una mujer científica sin alterar la lógica del poder. Sheinbaum se presenta como progresista, pero sostiene un horizonte militarista y neoliberal: no planea desmontar la acumulación ni el “progreso” capitalista. Mantiene la narrativa de inclusión mientras se profundiza la militarización y la colusión Estado–crimen. Recurre a frases zapatistas y puede parecer que los movimientos llegaron al gobierno, pero lo que avanza es el extractivismo, el control poblacional y la subordinación comunitaria. En vez de priorizar salud y educación, se robustecen dispositivos de control como la CURP con biométricos como mecanismos de vigilancia.
Como con AMLO, hay que situarla en la reconfiguración global: policrisis (clima, economía, guerra) a las que el imperio responde extendiendo la muerte para sostener la acumulación. El Subcomandante Galeano advirtió que los misiles que hoy caen en Gaza podrían caer mañana en nuestras ciudades si no se cambia de rumbo. El Zapatismo propone otro horizonte: un internacionalismo de los pueblos y las diferencias. En 2021, la “Travesía por la Vida” recorrió 19 países europeos y enlazó luchas del pueblo Sami, okupas, anarquistas, sindicatos, trabajadoras sexuales y migrantes. La trampa actual es creer que la transformación vendrá desde arriba: continúan megaproyectos, deuda ecológica y militarización con retórica de derechos; las alternativas reales nacen desde abajo. Mientras el Estado se militariza y vigila, los pueblos siguen construyendo caminos de autonomía y de vida.
¿Podemos centrarnos en la seguridad en Chiapas? ¿Hubo ataques directos del Estado en territorio zapatista con Obrador o Sheinbaum? En meses recientes, el poblado autónomo zapatista Belén, en el Caracol 8 “La Luz que Resplandece al Mundo” (Dolores Hidalgo, Ocosingo), sufrió despojo violento. La Asamblea de Colectivos de Gobiernos Autónomos Zapatistas denunció incursiones desde abril de 2025 con participación de grupos civiles acompañados por Ejército, Guardia Nacional, Policía Municipal de Ocosingo y Fiscalía estatal, presentadas como “conflicto agrario”. Hubo quema de casas, robos y despojo documentado incluso por canales oficiales. Es clave: las tierras habían sido indemnizadas por el Estado tras 1994 y hoy se trabajan en común por comunidades zapatistas y no zapatistas; cerca se levanta un quirófano autónomo de acceso comunitario. Es otra incursión con presencia militar en gobierno de Claudia Sheinbaum, la primera, en abril de 2025, terminó con la liberación de dos bases de apoyo por presión social. Todo confirma un cerco estatal de facto sobre el territorio.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, conocido como ‘Frayba‘, reportó al menos 13 bases de apoyo desplazadas y afectaciones a campesinos no zapatistas de la milpa común; el objetivo es convertir territorio recuperado en “tierra privada”, en un contexto de militarización con cuerpos de élite como las FRIP o “pakales”. A las violencias superpuestas (enfrentamientos, trata, desplazamientos, desapariciones) se suman prácticas de control: fotogrametría aérea sobre comunidades autónomas; vínculos de grupos de entrenamiento policial con el Mossad revelados por Guacamaya Leaks; y, durante el festival Rebel y Revel (Arte), patrullajes de la Guardia Nacional ante miles de personas.
“El Estado puede negar una guerra contra el EZLN, pero el cerco es permanente, lo que demuestra que la contrainsurgencia es parte de un engranaje transnacional“
La guerra también opera con balas ideológicas: campañas que difunden absurdos como el “uranio” en territorio zapatista para estigmatizar e aislar. Los propios zapatistas han descrito Chiapas “al borde de la guerra civil”; el Frayba lo documenta reiteradamente. El Estado puede negar una guerra contra el EZLN, pero el cerco es permanente, lo que demuestra que la contrainsurgencia es parte de un engranaje transnacional. En medio de este tablero, las comunidades zapatistas quedan expuestas a múltiples fuegos: la violencia criminal, la militarización estatal y la descomposición comunitaria que provocan estas dinámicas.
Jalisco ahora controla la frontera y la disputa con Sinaloa arrecia. ¿Cómo afecta a Chiapas y a las comunidades? El asedio del crimen organizado —ya señalado por el Subcomandante Moisés— hoy se entrelaza con operativos estatales y despojos “legales”. La pugna CJNG–Sinaloa convierte la frontera sur en corredor logístico para drogas, armas, trata y extorsión, mientras el Estado vigila, patrulla o irrumpe en zonas autónomas con pretextos agrarios. El resultado es un cerco múltiple: violencia criminal, militarización oficial y destrucción del tejido comunitario. La estética narco (corridos, lujo ostentoso, hipersexualización) penetra simbólicamente la vida cotidiana, intentando sustituir la lógica del común por la del miedo y el consumo. El caso Belén ejemplifica cómo este tablero criminal–estatal presiona para privatizar tierras recuperadas y trabajadas colectivamente.
El panorama se agrava con fenómenos como el primer cártel indígena, el Cártel de Chamula, integrado por pobladores tzotziles y señalado por el “etnoporno” en el que mujeres indígenas son abusadas y videograbadas, extremo de la violencia colonial y patriarcal sobre cuerpos indígenas y femeninos, ahora capitalizada en clave delincuencial. El crimen organizado funciona como corporación del capitalismo: no es desvío del orden, es parte de la acumulación por desposesión militarizada y delincuencial (como plantea Gilberto López y Rivas), inserta en cadenas globales de lavado. La frontera sur opera como corredor migratorio, ruta de drogas, enclave de trata y laboratorio de disciplinamiento social. El crimen organizado debe entenderse, como una de las corporaciones más eficaces del capitalismo. En este panorama, la autonomía zapatista es un acto radical de defensa de la vida.
Sobre la “guerra civil” y los grupos armados: ¿hay confrontaciones directas entre zapatistas y estos grupos? No hay reportes de enfrentamientos abiertos entre el EZLN y otros actores, pero sí ataques sistemáticos y operativos de despojo que erosionan la base material de la autonomía (quema de casas, robo de cosechas, destrucción de proyectos colectivos), hoy con participación de fuerzas estatales y paramilitares. Históricamente operaron Máscara Roja, Los Chinchulines y “Paz y Justicia”; en tiempos recientes, la Organización Regional de Caficultores de Ocosingo (Histórica) intensificó agresiones. Se han documentado envenenamientos de estanques comunitarios, muerte de ganado y destrucción de cultivos. No es violencia “espontánea”: es una estrategia de desgaste para forzar dependencia del Estado o sometimiento a poderes locales.
¿Los paramilitares tienen relación con el Estado? Sí, estructuralmente. Desde los noventa, la contrainsurgencia promueve o tolera grupos “civiles” y ejecuta despojos con cobertura militar–policial–ministerial. Belén lo ilustra: incursiones con Ejército, Guardia Nacional, Policía Municipal de Ocosingo y Fiscalía; resoluciones exprés; despojos difundidos incluso por vías oficiales. Así se externaliza la violencia y se blinda la impunidad, instalando la idea de que la autonomía es “ilegal” y que el común puede privatizarse. Es necropolítica contemporánea: decidir quién vive y quién es expulsado.
El imperio de la muerte aspira a ser total, pero la lección zapatista —para ciudades y periferias, para Occidente y el Sur global— es clara: incluso en la guerra se construyen Otros mundos. En Chiapas no sólo se disputa el destino de un pueblo, sino la posibilidad de imaginar colectivamente una vida más allá del capital.
Al debilitar la autonomía, se despeja el camino para la militarización, el turismo depredador y las grandes corporaciones
Los ataques contra el zapatismo son funcionales al avance de los megaproyectos y al control territorial. Al debilitar la autonomía, se despeja el camino para la militarización, el turismo depredador y las grandes corporaciones. Lo que se presenta como un conflicto local en realidad es una pieza clave de la necropolítica capitalista que busca borrar cualquier alternativa que ponga la vida y la autonomía por encima del lucro.
Jérôme Baschet, en su libro La experiencia zapatista, describe que la reciente transformación de las instituciones autónomas invirtió la pirámide y daba mayor poder a las comunidades locales. ¿Cómo evalúas estos cambios? Estos cambios se anunciaron en el marco del 30 aniversario del levantamiento, en 2024, y representan un ejercicio sumamente interesante dentro de la construcción de la sociedad autónoma zapatista. Entre las transformaciones más significativas estuvo la desaparición de los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas (MAREZ). Antes, varios pueblos formaban una comunidad, varias comunidades un Municipio Autónomo y, a su vez, varios municipios conformaban un Caracol. Sin embargo, después de años de práctica, las propias comunidades reconocieron que esa estructura no siempre garantizaba el principio del “Mandar Obedeciendo”. Hubo fallas y, en ocasiones, una concentración de poder en las Juntas de Buen Gobierno. Por eso decidieron descentralizar, devolver la toma de decisiones a las bases y fortalecer el nivel comunitario. Así nacieron los Gobiernos Autónomos Locales (GAL), donde las resoluciones se toman de manera más directa y cercana a las necesidades del territorio.
Los Gobiernos Autónomos Locales (GAL) permiten responder a esa diversidad, adaptando las decisiones a cada contexto. La autodeterminación sigue enmarcada en los principios zapatistas
Yo interpreto esta transformación como una profundización radical de la autonomía. El territorio zapatista nunca fue homogéneo ni compacto: hay pueblos enteramente zapatistas, y otros donde solo una familia mantiene la adhesión al EZLN. Los GAL permiten responder a esa diversidad, adaptando las decisiones a cada contexto. La autodeterminación sigue enmarcada en los principios zapatistas, pero las particularidades ahora dependen de cada sujeto colectivo. Esto permite que la autonomía se viva de manera más flexible y encarnada en la realidad cotidiana de cada comunidad, sin depender de una estructura centralizada que pueda volverse rígida.
Las coordinaciones ya no estarán en manos de las 12 Juntas de Buen Gobierno, sino que se articularán a través de colectivos vinculados a los GAL. Esto no significa una disolución de la autonomía, sino una redistribución y una expansión de su alcance. En este sentido, la reorganización se puede leer también como una estrategia de defensa territorial, de diversificación de las economías y de fortalecimiento del común. La tierra puede ser cultivada por cualquier persona o comunidad siempre que no esté ligada al crimen organizado o a los grupos paramilitares. Así, la estructura no solo se abre, sino que extiende la lógica comunitaria de resistencia a otros pueblos, aunque no se reconozcan como zapatistas.
Pienso que los GAL encarnan apertura, no se trata de levantar muros de pertenencia, sino de tejer redes de cuidado y resistencia que protejan el territorio frente a las múltiples amenazas. Después de tres décadas de caminar la autonomía, el EZLN ha demostrado que no tiene miedo de transformar sus propias estructuras, de reconocer errores y de reinventarse a sí mismo. Esa capacidad de autocrítica es, en sí misma, un gesto revolucionario. Mientras los Estados reproducen jerarquías coloniales y se aferran a formas rígidas de poder, los pueblos zapatistas ensayan, corrigen y vuelven a ensayar.
A los colectivos solidarios que han acompañado nuestra lucha
A los medios de comunicación
A unos días de que nuestra Comunidad Indígena Autónoma de San Lorenzo de Azqueltán, municipio de Villa Guerrero, Jalisco, celebre el 12º aniversario del nombramiento de autoridades autónomas, surgen nuevos ataques por parte de supuestos pequeños propietarios que pretenden arrebatarnos la tierra, por lo que una vez más, y las veces que sean necesarias, decimos que la tierra que hemos defendido desde hace siglos, no se vende: se defiende.
Denunciamos que el día 4 de noviembre, personas armadas a bordo de una camioneta Ram color gris —dos de ellas, portando un gafete que no mostraron, asegurando ser policías investigadores, pero no dijeron su nombre o cargo, ni mostrar documento alguno— intentaron desalojar a compañeros comuneros que trabajaban en distintos puntos de nuestra comunidad. Amenazaron de muerte, robaron bienes y buscaron desalojar a quienes trabajaban la tierra comunal.
Alrededor de la 10:30 horas llegaron al predio comunal conocido como El Sabino Quemado, sin notificar a los comuneros titulares de dicho predio y sustrayendo una motobomba de 5 caballos de fuerza, buscando después a los comuneros en sus casas para advertirles verbalmente que “los pequeños propietarios ya demostraron ser los dueños” y que “el juicio agrario les vale madre”, que si los encontraban dentro del predio, los iban a detener. Sin embargo, el paraje Sabino Quemado, y la posesión otorgada mediante acuerdo de la asamblea general hace tres años, es parte de la posesión tradicional legítima de esas tierras, que desde tiempos inmemoriales ha estado bajo el resguardo de la comunidad.
Más tarde, cerca de las 11:30 horas, las mismas personas llegaron a la cabecera comunal, al predio conocido como Cueva del Mosco, donde otros dos comuneros trabajaban escarbando un pozo. “¡Lárguense, hijos de su puta madre!”, les gritó uno de los agresores mientras les apuntaba con su arma. “¡Y no corran porque me los quiebro!”, añadió, picándole con el rifle la espalda a uno de los compañeros.
Los comuneros también fueron víctimas de robo. Bajo amenaza, los obligaron a cargar materiales y herramientas de construcción en la camioneta que traían. Incluso los forzaron a levantar las motocicletas que ellos mismos habían tirado instantes antes, para que condujeran delante del vehículo hasta la cabecera municipal, donde los hicieron descargar los bienes robados en la agencia del Ministerio Público.
Exigimos la inmediata e incondicional devolución de los siguientes bienes sustraídos por los supuestos policías:
14 costales de cal
1 costal de cemento
1 carretilla
4 palas
3 talaches
1 cizalla
2 marros
1 martillo
1 cuchara de albañil
1 niveleta
1 pinza
2 cintas métricas
1 azadón
5 kg de alambre recocido
3 kg de clavos
1 barra
1 motobomba de 5 caballos de fuerza
Hacemos responsable de la integridad de los compañeros agredidos a la agencia del Ministerio Público de la Vicefiscalía Regional del Distrito XI, con sede en Villa Guerrero, Jalisco, donde presuntamente se habrían ordenado estas acciones ilegales. Desde ese momento, y hasta la emisión de este comunicado, se nos ha negado información sobre la supuesta carpeta de investigación.
Exigimos al Gobierno del Estado de Jalisco y a la Fiscalía Estatal que cesen de inmediato el hostigamiento, la represión y el despojo de nuestros terrenos comunales, que pertenecen al pueblo tepehuano y wixárika, y que se encuentran en trámite de Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 16, con sede en Guadalajara, Jalisco, pues somos los dueños ancestrales e históricos de nuestro territorio, amparado por el título virreinal del año 1733.
Hacemos un llamado a los pueblos originarios de México, al Congreso Nacional Indígena, a las organizaciones de derechos humanos, a los colectivos y medios solidarios que han acompañado a Azqueltán, para que nos mantengamos alerta y, en la medida de nuestras capacidades y voluntades, hagamos visible la voz de que nuestra comunidad, San Lorenzo de Azqueltán, NO ESTÁ SOLA.
Atentamente
Desde el fondo del Cañón de Bolaños
¡Nunca más un México sin nosotros!
Noviembre de 2025
Comunidad Indígena Autónoma, Tepehuana y Wixárika de San Lorenzo de
Delegación internacional urge a México a garantizar derechos humanos y fortalecer el diálogo con sociedad civil
Boletín de prensa Tuxtla Gutiérrez, Chiapas – 6 de noviembre de 2025
La delegación internacional conformada por europarlamentarias, organizaciones solidarias de Europa, la Agencia Catalana de Cooperación, el Fons Català de Cooperació, el Consejo de la Abogacía de Cataluña, la Federación Interamericana de la Abogacía, la Asociación Libre de Mujeres Abogadas, el Colegio de Abogados de Bolonia (Italia) y las asociaciones Mujeres Pa’lante y La Garriga Sociedad Civil de Cataluña concluyó este día su viaje de cooperación e intercambio en México.
La visita se desarrolló del 29 de octubre al 6 de noviembre, con actividades en el Estado de México, Ciudad de México, Tapachula, San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez.
Durante el recorrido, la delegación sostuvo reuniones con autoridades gubernamentales —entre ellas la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Secretaría de Gobernación, la Cámara de Diputados y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR)— con el objetivo de conocer las acciones implementadas a favor de los derechos humanos, especialmente en lo relativo a personas migrantes y refugiadas, niñez y juventudes, personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
Asimismo, se realizaron encuentros con organizaciones de la sociedad civil, colectivos y personas defensoras, para conocer de primera mano el contexto actual de derechos humanos en México y los riesgos que enfrentan quienes defienden la vida, el territorio, la justicia y la libertad de expresión. Las organizaciones compartieron propuestas para revertir la persistente violencia que aqueja a diversas regiones del país.
“Estas acciones de cooperación, solidaridad y respaldo político son fundamentales para las organizaciones locales, así como el diálogo sostenido con las instancias de gobierno”, expresó Fr. Raúl Vera, presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.
La delegación manifestó su profunda preocupación por la persistente violencia contra personas defensoras y periodistas, así como por la creciente violencia en Chiapas, que ha afectado gravemente a comunidades y pueblos indígenas. Desde 2023 a la fecha han sido documentados al menos 47 asesinatos a personas defensoras de derechos humanos y 14 periodistas en posible relación con su labor, de acuerdo con información de organizaciones que integran el Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. De esas, 16 tenían medidas de protección vigentes al momento de los hechos.
También expresaron su inquietud ante la fabricación de culpables en el sistema de administración de justicia, como es el caso de Yonny Ronay, joven chiapaneco condenado bajo graves faltas al debido proceso y actos de tortura; por la criminalización de personas defensoras, como la abogada amuzga Kenia Hernández, quien permanece privada de la libertad desde hace cinco años por ejercer su labor en defensa de los derechos de las mujeres, los pueblos originarios; y por los cinco defensores tseltales de San Juan Cancuc, presos por defender su territorio frente a megaproyectos y la militarización. En México, al menos 103,991 personas se encuentran detenidas en centros penitenciarios a nivel federal y estatal sin sentencia[1].
De igual forma, externaron su preocupación por la política migratoria y asilo, así como por la militarización impuesta para el control de fronteras, que ha derivado en graves afectaciones a los derechos de las personas en movilidad e incrementado los riesgos para quienes las acompañan y defienden. En 2024, México recibió cerca de 80.000 nuevas solicitudes de asilo, según un informe de ACNUR.
“Seguiremos cooperando por sociedades más justas e igualitarias, donde la solidaridad sea el principal lazo que nos una”, señaló Diana Riba i Giner, europarlamentaria.
Las europarlamentarias y organizaciones subrayaron que las acciones de pacificación implementadas en Chiapas no han generado los resultados esperados, e hicieron un llamado urgente a una revisión integral de dichas estrategias para garantizar condiciones reales de seguridad, justicia y bienestar para la población.
La delegación destacó la importancia de fortalecer la coordinación interinstitucional en el marco del respeto y protección de los derechos humanos, e hizo un llamado a los tres niveles de gobierno para realizar esfuerzos conjuntos que incluyan la participación activa de la sociedad civil.
“Las mujeres defensoras enfrentan violencias diferenciadas que reflejan el contexto racista y patriarcal en el que desarrollan su labor. Es urgente garantizar su protección integral, en especial la de las madres buscadoras y de las defensoras de los derechos de las mujeres y de las personas migrantes”, subrayó Diana Damián, de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos.
La delegación reconoció la valiosa labor de las personas defensoras y organizaciones que, pese al contexto adverso, continúan generando espacios de diálogo y construcción de paz, elaborando diagnósticos, propuestas técnicas y estrategias para transformar las realidades que afectan a comunidades y grupos en situación de riesgo.
Comunicado conjunto del Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional con relación al violento ataque en contra de los compañeros del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata y de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria-Pueblos Fundadores
A los pueblos de México y del mundo, A los organismos y colectivos defensores de derechos humanos, A las Redes de Resistencia y Rebeldía, A la Sexta Nacional e Internacional, A l@s firmantes de Una Declaración por la Vida en los cinco continentes, A la Europa Insumisa, Digna y Rebelde, A los medios libres e independientes,
A quienes caminan la palabra de la vida.
Comunicado urgente:
Con profundo dolor y rabia, denunciamos que el pasado 31 de octubre de 2025, autoridades e integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria – Pueblos Fundadores (CRAC-PC-PF) y del Consejo Indígena y Popular de Guerrero- Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) fueron atacados con armas de fuego por el grupo criminal Los Ardillos, esto al dirigirse a una asamblea en Ayahualtempa, Guerrero. En este ataque armado, que se prolongó por alrededor de 10 horas, fueron asesinados tres policías comunitarios del sistema de los Pueblos Fundadores, integrantes del CIPOG-EZ y de la CRAC-PC-PF y 7 más se encuentran heridos de gravedad. Adicionalmente, durante el ataque, la camioneta en la que se trasladaba el compañero JESÚS PLÁCIDO GALINDO, integrante de nuestra Comisión de Coordinación y Seguimiento y quien fue blanco de la agresión, recibió múltiples impactos de bala, de los cuales afortunadamente resultó ileso. Las comunidades del CIPOG-EZ han denunciado reiteradamente que estos grupos criminales operan bajo la protección y complicidad de autoridades estatales y federales.
Las comunidades indígenas de la Montaña Baja de Guerrero, organizadas en el CIPOG-EZ, conformado principalmente por nahuas, me’phaa, na savi, ñomndaa y mestizos, enfrentan desde hace años una ofensiva sistemática de violencia narco-paramilitar. En lo que va de la última década se contabilizan la dolorosa cifra de 66 integrantes asesinados y 23 compañeros más desaparecidos, víctimas de la violencia extrema ejercida por los grupos criminales, como Los Ardillos, que actúan en complicidad con gobiernos de todos los colores para despojar a las comunidades indígenas de la Montaña de Guerrero de su territorio. Esta violencia busca imponer el despojo territorial y castigar la digna lucha del CIPOG-EZ por la vida, la autonomía y la justicia, frente a un sistema capitalista que ha sembrado miseria, explotación y violencia en sus comunidades.
En Guerrero y en el país, gobiernos, grupos criminales y empresas capitalistas son la misma cosa; y han convertido a las comunidades del CIPOG-EZ en blanco permanente de ataques, mientras los responsables directos gozan de impunidad. Se trata de una estrategia de guerra, que combina represión, militarización, criminalización y asesinatos a mansalva para desarticular la organización comunitaria.
No hay excepciones, tanto los gobiernos municipales, el del estado, cuya gobernadora guarda nexos directos con los líderes criminales, como el gobierno federal, son responsables, por su omisión y complicidad, de la violencia criminal y paramilitar contra las comunidades del CIPOG-EZ, la CRAC-PC-PF y el compañero Jesús Plácido Galindo. Son sus instituciones de seguridad y justicia, quienes protegen a los grupos criminales e impiden el ejercicio de la autonomía indígena.
Exigimos castigo para los responsables materiales e intelectuales de las agresiones y del asesinato de los tres compañeros policías comunitarias de Ayahualtempa, así como por los otros 63 integrantes del CIPOG-EZ asesinados, por los 23 compañeros desaparecidos y por los cientos de heridos y desplazados, por las viudas y los huérfanos víctimas de esta guerra.
Las balas que asesinan a nuestros compañeros no podrán destruir su ejemplo ni apagar la dignidad de los pueblos que defienden la vida. Cada agresión confirma que el estado mexicano, ahora con el criminal y mentiroso ropaje de la Cuarta Transformación, continúa su guerra contra los pueblos, una guerra que busca quebrar la autonomía, imponer el miedo y abrir paso al despojo, pero los pueblos siguen en pie, como raíz que no muere y como flor que renace en la tierra herida.
Desde nuestras geografías, llamamos a las comunidades, colectivos, organizaciones solidarias y personas de buen corazón a mantenerse atentas y solidarias ante la alarmante situación de violencia contra nuestros hermanos y hermanas del CIPOG-EZ.
La palabra y la lucha de los pueblos no se callarán. Porque nuestra raíz es profunda, y porque nuestros muertos, nuestras compañeras y compañeros caídos, nos enseñaron a no tener miedo.
ATENTAMENTE NOVIEMBRE DE 2025 POR LA RECONSTITUCIÓN INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS CONGRESO NACIONAL INDÍGENA – CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL
AL EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL AL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA AL CONSEJO INDÍGENA DE GOBIERNO A LA SEXTA NACIONAL E INTERNACIONAL A LA MISIÓN CIVIL DE OBSERVACIÓN SEXTA A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS NACIONALES E INTERNACIONALES A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LIBRES E INDEPENDIENTES AL PUEBLO DE GUERRERO Y DE MÉXICO
01 de noviembre 2025
Ayer, 31 de octubre 2025, autoridades de las comunidades pertenecientes a la Coordinadora Regional de los Pueblos Fundadores (CRAC-PC-PF) y del Consejo Indígena Y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) acudieron a una asamblea comunitaria en la comunidad de Ayahualtempa, que la autoridad de Ayahualtempa había solicitado con una semana de anticipación, con el fin de abordar el tema de coordinación entre las comunidades de Amatitlán, Ayahualtempa y los Pueblos Fundadores. Al llegar a la comunidad a las 10:00 a.m. para la asamblea, las autoridades de Amatitlan y de los Pueblos Fundadores fueron recibidos con balazos por parte de un grupo de crimen organizado conocido como Los Ardillos que operaba dentro de la comunidad de Ayahualtempa, asesinando, secuestrando y extorsionando a integrantes de la comunidad y emboscando y amenazando a pobladores de la comunidad de Amatitlán y de sus alrededores. En esta balacera inicial, varios resultaron heridos.
Ante estos acontecimientos el Gobierno del Estado intervino en la comunidad de Ayahualtempa, donde detuvieron a tres de los líderes delincuenciales. Llegaron con un operativo de Policía Estatal, Guardia Nacional y Ejército por la intervención del Subsecretario de Desarrollo Político y Social de Guerrero, Francisco Rodríguez Cisneros.
La policía comunitaria también logró detener a 14 miembros de dicho grupo, que serán reeducados bajo el reglamento interno de la CRAC-PC-PF y la asamblea del Territorio Comunitario, que tenían órdenes de aprehensión del Comisario de Ayahualtempa. Esto incluye la detención de Luis Morales Rojas, quien se autodenomina líder de la policía comunitaria de Ayahualtempa. Este ha sido desconocido por las autoridades de Ayahualtempa y la policía comunitaria por ser miembro del crimen organizado que opera en la zona.
La balacera duró más de 10 horas y resultó en el asesinato de tres policías comunitarias, entre ellos el hijo del comisario de Amatitlán, así como al menos 7 heridos de bala de gravedad. Por cuestiones de seguridad, no daremos nombres de nuestros compañeros caídos ni heridos.
Entre el ataque también tres balas impactaron a la camioneta proveída por el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas al compañero Jesús Plácido Galindo quien estaba en el pueblo dando acompañamiento a las comunidades y sus autoridades en su función de defensor de derechos humanos, de los pueblos y del territorio. Esto se califica como un atentado directo en contra de la integridad física del promotor y sus escoltas del Mecanismo.
La Coordinadora Regional de los Pueblos Fundadores (CRAC-PC-PF) y el Consejo Indígena Y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) retoman control de la comunidad de Ayahualtempa, junto con las autoridades de Ayahualtempa y Amatitlán, sacando al crimen organizado y su cabecilla Evaristo Bolaños de Jesús “El Mariguano” o “El Maizero”, quien tenía sometido a la población y las autoridades municipales de Ayahualtempa y quien extorsionaba, asesinaba, violaba y secuestraba a compañeros y compañeras para entregarlos al grupo de crimen organizado, Los Ardillos. La asamblea de Ayahualtempa, realizada anoche a las 9:00 pm optó por de aquí en adelante pertenecer al sistema de seguridad de los Pueblos Fundadores para mantener la paz, la tranquilidad y para mantener la seguridad integral de los pueblos y sus mujeres, hombres, niñas, niños, abuelas y abuelos.
Cabe mencionar que nuestro sistema de seguridad comunitario se basa en nuestro derecho como pueblos indígenas a la autodeterminación y de regirnos bajo nuestros usos y costumbres según el Artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la ley 169 de la OIT. Nuestro sistema de seguridad comunitario también es respaldado por la Ley Número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas del Estado de Guerrero. La asamblea del Territorio Comunitario prohibe estrictamente la siembra, cultivo, traslado, venta y consumo de drogas de cualquier tipo.
¡NO NOS RENDIMOS! ¡NO NOS VENDEMOS! ¡NO CLAUDICAMOS! ¡VIVAN LAS COMUNIDADES QUE SE ORGANIZAN! ¡NUNCA MÁS UN MEXICO SIN NOSOTROS!
ATENTAMENTE Autoridades y comunidades pertenecientes a la CRAC-PC-PF Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ)
La Plataforma por la Paz y los Derechos Humanos México – Unión Europea organiza, del 29 de octubre al 7 de noviembre, una delegación internacional integrada por europarlamentarias, organizaciones solidarias de Alemania, la Agencia Catalana de Cooperación, el Fons Català de Cooperación, el Consejo de la Abogacía de Cataluña, la Federación Interamericana de la Abogacía, la Asociación Libre de Mujeres Abogadas, el Colegio de Abogados de Bolonia (Italia) y las asociaciones Mujeres Pa’lante y La Garriga Sociedad Civil de Cataluña.
“Tejer Diálogos, Defender Derechos” es el nombre de este viaje de cooperación internacional, que tiene el objetivo de fortalecer el diálogo entre México y la Unión Europea, promover la cooperación internacional y conocer de primera mano la situación de los derechos humanos, las personas defensoras y la paz en el país a través de una visita solidaria a México por parte de la delegación.
La visita busca visibilizar la importancia de la cooperación internacional entre países, posicionar en la agenda global los desafíos en materia de migración, así como los que enfrentan quienes defienden derechos humanos y ejercen el periodismo, e incidir ante autoridades sobre la necesidad de garantizar su protección y su derecho a la participación política.
Asimismo, resalta que la colaboración entre sociedad civil y cooperación internacional debe ser transparente, responsable y orientada a resultados concretos, reconociendo a las personas defensoras de derechos humanos como actores esenciales para la justicia y la paz.
“En México persisten altos niveles de violencia e impunidad, reflejados de manera alarmante en la violencia de género y los feminicidios que diariamente cobran la vida de mujeres y niñas. Esta realidad evidencia la urgencia de fortalecer la cooperación internacional para proteger a quienes defienden los derechos humanos y exigen justicia en contextos cada vez más adversos”, señaló Diana Riba i Giner, Europarlamentaria.
Durante la visita, la delegación sostendrá reuniones con personas legisladoras, integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Secretaría de Gobernación, de la Comisión Nacional de Búsqueda, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, de la Fiscalía General de la República, así como con organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional y local, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México y el Consejo Consultivo del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
También se visitará Tapachula, Chiapas, para conocer la situación de las personas migrantes y sujetas de protección internacional, así como a personas defensoras criminalizadas en San Juan Cancuc y personas arbitrariamente privadas de la libertad; también se conocerá más acerca de la situación de Kenia Hernández, defensora amuzga injustamente presa en el Estado de México.
En México, desde 2023 a la fecha han sido documentados al menos 47 asesinatos a personas defensoras de derechos humanos y 14 periodistas en posible relación con su labor, de acuerdo con información de organizaciones que integran el Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. De esas, 16 tenían medidas de protección vigentes al momento de los hechos. La situación de las mujeres defensoras en el país es especialmente alarmante; con base en el registro de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, en este mismo periodo se ha documentado el asesinato de de 18 mujeres defensoras de derechos humanos, la mitad de ellas eran buscadoras (9) y cuatro de ellas eran defensoras de las disidencias sexo-généricas (4).
La visita es organizada por la Plataforma por la Paz y los Derechos Humanos México–Unión Europea, conformada por 15 redes y organizaciones de sociedad civil y cooperación internacional. Los resultados de este viaje de cooperación y diálogo se presentarán en una conferencia de prensa ante medios de comunicación el próximo jueves 6 de noviembre en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y ante autoridades europeas en las próximas semanas.
La Plataforma por la Paz y los Derechos Humanos México – Unión Europea se constituye por: (1) Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos; (2) Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos; (3) Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT); (4) Grupo de Trabajo de Política Migratoria; (5) Espacio OSC para la protección de personas defensoras y periodistas; (6) Red por los Derechos de la Infancia en México; (7) EU-Lat Network; (8) Organización Mundial contra la Tortura; (9) Brigadas Internacionales de Paz – México; (10) Servicio Internacional para la Paz ; (11) Movimiento Sueco por la Reconciliación SWEfor; (12) Transnational Institute; (13) ACAT Francia; (14) CAREA e.V.; y (15) Taula per Mèxic.
La Plataforma para la Construcción de Paz en México es una articulación conformada en 2020 por organizaciones mexicanas y aliadas internacionales, con el propósito de enfrentar los desafíos de la violencia generalizada en el país y sus consecuencias. En los últimos años, Chiapas ha experimentado un repunte de violencias, lo que ha exigido a la Plataforma mantenerse atenta a lo que ocurre en el estado como parte del compromiso adquirido, concretando este acercamiento en su Primer Encuentro Presencial, realizado en 2022. Hoy celebramos el Cuarto Encuentro de la Plataforma para la Construcción de Paz en México, reafirmando nuestro compromiso colectivo de seguir impulsando la paz.
Los días 20 y 21 de octubre del año en curso, sucedieron varios eventos en Chiapas que demuestran que la paz sigue siendo un concepto a debatir para implementar estrategias que respondan con profundidad al anhelo de tantos. Mientras el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, convocaba a una marcha en Chicomuselo titulada “la paz que ha regresado”, clamores de justicia y paz se estuvieron escuchando en otras partes del estado.
En los Altos de Chiapas, miles de feligreses convocados por el Pueblo Creyente de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas peregrinaron en San Andrés Larrainzar a un año del asesinato del padre Marcelo Pérez Pérez, una voz que en todo su sacerdocio luchó por la paz, la verdad y la justicia, motivo por el que fue asesinado. En la peregrinación se corearon consignas como “queremos paz, no simulación”, “alto al crimen organizado”, “fuera cárteles de Chiapas”, “basta de tanta impunidad” y “basta de tanta corrupción”…
Mientras tanto, en Tuxtla Gutiérrez, las compañeras de la colectiva Madres en Resistencia seguían en su plantón frente a la Fiscalía del estado exigiendo respuestas sobre sus familiares víctimas de feminicidio o desaparecidos, y doña Edith Domínguez enterraba a su hijo desaparecido en junio pasado, cuyo cuerpo había sido finalmente encontrado.
Aunque nos referimos a ejemplos concretos, para quienes defendemos los derechos humanos y la paz; y documentamos situaciones de violencia y violaciones de derechos humanos en Chiapas o en otras latitudes, no cabe duda que la paz sigue siendo un pendiente y un horizonte todavía lejano para la mayor parte de la población aquí, y en otros lugares.
En el caso de Chiapas, si bien podemos observar otra forma de atender las situaciones de violencia estructural con nueva estrategia del gobernador Eduardo Ramírez, consideramos que ha sido basada en una lógica de pacificación y en acciones coercitivas que pueden tener resultados parciales. Sin embargo, no han permitido acabar de desmantelar, desarmar o judicializar a los grupos delictivos, o de implementar otras acciones en clave de justicia que permitan romper con los pactos de impunidad. Si bien ha habido una reducción de los enfrentamientos armados, mayor libertad de tránsito y se han detenido a algunos presuntos delincuentes, vemos acciones de contención más que solución. Vemos comunidades desplazadas, sin condiciones de seguridad para regresar a sus territorios debido a la presencia de grupos delictivos. Vemos víctimas que no se atreven a denunciar por miedo a represalias, lo cual pone en tela de juicio las declaraciones gubernamentales en el sentido de que Chiapas se ha vuelto el segundo lugar más seguro del país. Además varias de las acciones que se llevaron a cabo conllevaron violaciones a derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias y tortura. Por otro lado, aunque han bajado la cantidad de homicidios (registrados) siguen aumentando los casos de desaparición y desaparición forzada. Observamos con especial preocupación las cifras de desapariciones de niños, niñas y adolescentes en el estado.
El discurso de “paz” oficial invisibiliza los problemas estructurales vigentes. Más que un contexto de paz, la mayor parte del estado se está volviendo nuevamente una zona silenciada. En este sentido, vemos con preocupación la omnipresencia de cuerpos de seguridad en todo el estado que pueden acabar de inhibir la expresión de legítimas preocupaciones y demandas.
Como organizaciones acompañantes, reafirmamos nuestra convicción de que la verdadera paz no se construye desde la contención ni el silencio, sino desde la verdad, la justicia, la reparación y la participación activa de las comunidades. Apostamos por una paz que no sea solo la ausencia de violencia, sino la presencia plena de derechos, de condiciones de vida dignas y de un Estado que escuche y proteja a su gente.
En este Cuarto Encuentro de la Plataforma para la Construcción de Paz en México, renovamos nuestro compromiso con ese horizonte de esperanza: una paz que no se imponga, sino que se teja colectivamente desde la memoria, la organización y la vida.
Todos los recursos recaudados se canalizarán a los pueblos afectados del CNI-CIG.
Llamamos a la solidaridad urgente con los pueblos originarios de la Sierra Norte de Veracruz afectados por las intensas Iluvias de los últimos días.
Hacemos un Ilamado también a crear una nueva acepción en la necesaria construcción social del sentido común.
Nos uniremos para #recaudarfondos que son requeridos de manera urgente y serán destinados a la adquisición de combustibles para trasladar los acopios que se están concentrando en diversos puntos cercanos a la
Sierra Norte de Veracruz, así como para movilizar maquinaria pesada y apoyo médico; y que serán entregados puntualmente al Congreso Nacional Indígena Región Totonacapan.
Recordemos que el origen del Son fue resultado de la necesidad de lucha, sigamos honrando este camino común.
Convocan:
Congreso Nacional Indígena-Concejo Indigena de Gobierno, CNI-CIG
JARANER@s
Comunidad Indígena Otomí residente en la CDMX
¡Por la Reconstitución Integral de nuestros Pueblos!
