^{por CrimethInc}

Desde el 7 de octubre, el ejército israelí ha matado a más de 10.000 personas en Palestina, casi la mitad de las cuales eran niños y niñas. En respuesta, personas de todo el mundo se han movilizado en solidaridad. Muchas personas están buscando formas de proceder, desde exigir un alto el fuego hasta utilizar la acción directa para impedir que el gobierno de Estados Unidos canalice armas a Israel. A pesar del frío reinante el lunes 6 de noviembre, varios centenares de personas se presentaron en el puerto de Tacoma, en el estado de Washington, para bloquear el acceso a un buque de transporte marítimo que tenía previsto entregar material al ejército israelí.

En el siguiente texto, los y las participantes repasan la historia de los bloqueos portuarios en el estrecho de Puget, comparten su experiencia en la protesta y tratan de ofrecer inspiración para continuar la solidaridad transoceánica.

Aumento de la resistencia

El jueves 2 de noviembre, manifestantes que protestaban contra los bombardeos y la invasión de Gaza bloquearon una autopista en Durham (Carolina del Norte) y cerraron la 30th Street Station de Filadelfia. A primera hora del viernes 3 de noviembre, en el puerto de Oakland (California), los y las manifestantes consiguieron embarcar en el buque de la Flota de Reserva de Estados Unidos Cape Orlando, que tenía previsto partir hacia Tacoma para recoger material militar con destino a Israel. El Cape Orlando es propiedad del Departamento de Transporte, está dirigido por el Departamento de Defensa y es gestionado y tripulado por marinos comerciales. Tras un enfrentamiento que duró horas, los guardacostas consiguieron finalmente sacar a los y las manifestantes del barco.

Después se corrió la voz de que habría otra protesta cuando el barco llegara a Tacoma. El acto fue anunciado por una coalición de organizaciones nacionales y sus secciones locales: Falastiniyat (colectivo feminista palestino de la diáspora), Samidoun (red nacional de apoyo a presos y presas palestinas) y el Arab Resource & Organizing Center, que también había participado en la organización de la protesta de Oakland.

La movilización de Tacoma estaba prevista inicialmente para las 14.30 horas del domingo 5 de noviembre, pero las personas organizadoras cambiaron la hora debido a la información actualizada sobre la llegada del barco, pidiendo que la gente se presentara a las 5 de la mañana del lunes. A pesar del temor a que el cambio de última hora restara ímpetu a la manifestación, varios centenares de manifestantes acudieron esa mañana. El bloqueo en sí consistió en un piquete continuo en múltiples puntos, reforzado por bastantes conductores que estaban dispuestos a arriesgarse a que las autoridades confiscaran sus coches.

Se impidió a todos los trabajadores que el ILWU había desplegado para el turno de día cargar el buque. Impedir que los trabajadores portuarios lo cargaran era el objetivo del bloqueo; sin embargo, desgraciadamente, esto no impidió que la carga militar llegara al barco. Actuando como esquiroles, los militares estadounidenses intervinieron para cargarlo, aparentemente habiendo sido introducidos a hurtadillas en el puerto en buques de la Guardia Costera.

Ahora que la niebla de la guerra se disipa, podemos repasar en detalle los acontecimientos del día.

Aprovechando décadas de bloqueos portuarios

El noroeste del Pacífico tiene una larga historia de paros portuarios.

En 1984, los trabajadores portuarios del sindicato International Longshore and Warehouse Union (ILWU) se coordinaron con activistas antiapartheid y se negaron a descargar buques de carga procedentes de Sudáfrica. Entre 2006 y 2009, el movimiento Port Militarization Resistance bloqueó en repetidas ocasiones los puertos de Olympia y Tacoma para protestar contra la ocupación de Irak y Afganistán. En 2011 y 2012, los participantes en Occupy/Decolonize Seattle se organizaron en solidaridad con los trabajadores portuarios del ILWU en Longview y cerraron [el puerto de Seattle], entre otros puertos.

En 2014, los y las manifestantes bloquearon el puerto de Tacoma utilizando el lema Block the Boat, cantando “Our ports will be blocked to Israel’s ships until Gaza’s ports are free” (“Nuestros puertos estarán bloqueados a los barcos de Israel hasta que los puertos de Gaza sean libres.” Una de las participantes era la madre de Rachel Corrie, estudiante asesinada en Gaza por el ejército israelí en 2002 cuando intentaba impedir que demolieran las casas de familias palestinas.

En 2015, una activista se encadenó a un barco de apoyo a los planes de perforación petrolífera exploratoria de Royal Dutch Shell, utilizando el lema Shell No. En 2021, manifestantes de Block the Boat retrasaron durante semanas la descarga del buque ZIM San Diego, operado por Israel. El Arab Resource & Organizing Center participó en la organización de las protestas Block the Boat.

Hoy en día, el Puerto de Tacoma parece ser el punto de carga preferido para el equipo militar en la región, tal vez porque la Resistencia a la Militarización Portuaria logró cerrar con éxito la logística en el Puerto de Olympia, mientras que la policía de Tacoma pudo utilizar suficiente fuerza violenta para mantener el Puerto de Tacoma abierto para los envíos militares a Irak y Afganistán. Los diversos bloqueos portuarios fomentaron años de organización entre trabajadores del ILWU, camioneros inmigrantes marginados, ecologistas y activistas contra la guerra. Las nuevas tácticas del kayakismo surgieron de las luchas contra el extractivismo en Seattle, donde los grupos afines a la navegación lograron superar tanto a la Guardia Costera como a las organizaciones ecologistas sin ánimo de lucro que querían mantener el simbolismo. En una ocasión, un grupo de kayakistas consiguió encallar un buque de Shell sin ser detenido. Algunos participantes llevaron pancartas reforzadas a la manifestación del lunes 6 de noviembre de 2023, porque recordaban cómo la policía utilizó la fuerza para alejar a los manifestantes menos equipados durante el piquete “Bloquea el barco” en el puerto de Seattle en 2021.

A lo largo de los años, estos bloqueos portuarios han inspirado otras innovaciones en el género. En noviembre de 2017, los y las manifestantes bloquearon las vías del tren que pasan por Olympia. En un momento en el que las luchas indígenas por la protección del agua y la defensa de la tierra se intensificaban y las comunidades locales querían actuar en solidaridad, bloquear el puerto parecía un reto prohibitivo, por lo que eligieron una sección de las vías del tren a través de la cual se enviaban agentes de sostén para fracking al puerto. Esta ocupación fue posiblemente más defendible y eficaz que el bloqueo del puerto, ya que duró más de una semana. Esta puede indicar un futuro campo de experimentación.

Reunión en el puerto

El puerto de Tacoma y el cercano centro de detención del ICE están situados en una zona industrial que también alberga una academia de policía. Sólo se puede acceder a ellos a través de estrechos puntos de estrangulamiento; en el pasado, la policía los ha aprovechado para atacar y acosar a los manifestantes. La acción precedente en el puerto de Oakland tuvo lugar en un terreno más urbano; mientras los manifestantes se preparaban para el atraque del barco en Tacoma, aumentaba la preocupación por las diversas posibilidades de represión. Veteranos de la Resistencia a la Militarización del Puerto y otras personas con mentalidad logística recopilaron listas de consideraciones a tener en cuenta a la hora de llevar a cabo una acción en este puerto concreto.

El lunes por la mañana, la gente se presentó con energía positiva y pancartas reforzadas. Cientos de personas se coordinaron para traer suministros y oleadas adicionales de piquetes. El plan consistía en establecer un piquete en cada una de las tres entradas del muelle 7. Al final, la policía se adelantó. La policía bloqueó preventivamente las entradas y se sentó en sus vehículos detrás de la valla del puerto. Los y las manifestantes marcharon en círculos, coreando cánticos, mientras otros recogían material con el que crear improvisadas barricadas.

Otros y otras anarquistas permanecieron a distancia, a la espera para prestar apoyo en la cárcel y aconsejar a las personas participantes sobre las precauciones de seguridad. Otras se instalaron en el casino cercano, investigando y disipando rumores en los crecientes grupos de señalización, y ayudando a poner en contacto a la gente con los bucles de información o comunicación que necesitaban. Ya fuera de forma autónoma o en conversación con las personas organizadoras, todos hicieron lo que pudieron para contribuir al desarrollo de la acción.

La manifestación consiguió lo que algunas personas habían pensado que sería imposible: impedir que los trabajadores del ILWU cargaran el cargamento militar. Inesperadamente, esto no fue suficiente. Incluso los estibadores más experimentados se sorprendieron de que se pudiera traer a los militares para que actuaran como esquiroles cargando el barco.

¿Podríamos habernos centrado más bien en impedir que el material llegara al puerto? Según las pantallas de turnos a disposición del público, la carga que finalmente se cargó en el buque ya había llegado al puerto antes de la hora de inicio de la acción, prevista inicialmente para las 14:30 horas del 5 de noviembre. Teniendo en cuenta que el domingo por la tarde era posiblemente la más pronto para movilizar una acción de masas con tan poca antelación, no es sorprendente que se abandonara la idea de bloquear la carga en favor de bloquear a los trabajadores del ILWU. Por supuesto, si la información de que estaban entrando suministros militares en el puerto hubiera circulado antes, otra cosa podría haber sido posible.

Los y las organizadoras optaron por bloquear a los trabajadores a pesar de la tensión que ello iba a provocar con el Local 23 del ILWU. Nuestros contactos en el ILWU describen al presidente del Local 23 como un sionista; la mayoría de los trabajadores del Local 23 estaban supuestamente en contra de la acción, a pesar de respetar el piquete.El presidente llegó incluso a sugerir traer a los trabajadores del ILWU en barcos, un plan que los militares aparentemente rechazaron.

Hubo rumores de que se estaba organizando una flotilla de kayaks para impedir la salida del Orlando a la mañana siguiente. Al final, una canoa pilotada por miembros de los pueblos Puyallup, Nisqually y otros pueblos de la costa salish y acompañada por unos cuantos kayakistas bloqueó el paso del buque durante un breve espacio de tiempo el 6 de noviembre, pero el 7 de noviembre no se materializó nada.

El barco zarpó, pero un Stryker Armored Personnel Carrier que estaba programado para trabajar según las pantallas de turnos del ILWU no se cargó, presumiblemente debido al piquete. Dada la inexperiencia de la tripulación militar en la carga de contenedores marítimos, no está claro qué parte del cargamento se cargó completamente en el tiempo previsto para el barco, ya que los puertos se atienen a un horario estricto para no interrumpir las cadenas de suministro mundiales del capital.

Evaluación

Los principales organizadores recibieron comentarios en el transcurso de la protesta y adaptaron su estrategia a medida que cambiaba la situación, cambiando su comunicación para articular lo que intentaban hacer y explicar sus decisiones en lugar de apelar simplemente a su autoridad como organización o como palestinos. No obstante, algunas personas han expresado su descontento por cómo se desarrollaron los acontecimientos. Era difícil obtener información completa sobre lo que estaba ocurriendo, lo que impedía a la gente tomar sus propias decisiones y actuar de forma autónoma. Algunos anarquistas que se encontraban sobre el terreno afirman que todavía se estaba cargando el buque cuando las personas organizadoras suspendieron el acto; otras personas cuestionan la decisión de no revelar el hecho de que los militares estaban cargando el material cuando la manifestación todavía tenía número e impulso.

Es difícil determinar hasta qué punto las personas organizadoras ocultaron información intencionadamente. Creemos que es importante ofrecer comentarios constructivos y críticas basadas en principios, al tiempo que se resiste la tentación de hacer suposiciones sobre las intenciones de los demás (o, en el peor de los casos, participar en el chivateo, que puede socavar los esfuerzos para responder a la infiltración real y a las brechas de seguridad en el movimiento y, a menudo, contribuye a diagnosticar erróneamente los problemas en juego).

Cooperar con las autoridades -especialmente a expensas de otros radicales- es siempre inaceptable. Se trata de un elemento básico de los actos dominados por organizaciones autoritarias. Afortunadamente, nada de esto parece haber ocurrido durante el bloqueo del 6 de noviembre. Los que están a ambos lados de este debate deben tener cuidado de resistir reacciones viscerales y evitar proyectar malas intenciones en imaginarios “aventureros” o “policías de la paz” represivos.

Con ese espíritu, expondremos nuestra preocupación. Las personas organizadoras anunciaron simultáneamente que las armas habían sido cargadas en el barco y, al mismo tiempo, declararon la victoria. Esto da pie a sospechar que la intención original había sido “bloquear el barco” simbólicamente sin obstaculizar realmente el envío de armas, para dar la impresión de lograr una “victoria del movimiento” sin ningún impacto sustantivo. Este tipo de victorias vacías pueden desinflar los movimientos y el impulso, sembrando la desconfianza en los cientos de personas que se presentaron con poca antelación con la intención de impedir que llegaran armas a Israel. Sería mejor reconocer el fracaso, admitir que, a pesar de nuestros esfuerzos, las autoridades han conseguido su objetivo, y afirmar que tenemos que redoblar nuestros esfuerzos si queremos salvar vidas en Gaza. Necesitamos que las personas organizadoras sean sinceras con nosotras para saber a qué nos enfrentamos.

Es importante destacar que, en última instancia, fueron los militares quienes cargaron el barco, no la ILWU. Este movimiento no tenía precedentes, al igual que el espionaje militar a los manifestantes durante la Resistencia de la Militarización Portuaria. Pero no debería haber sido inesperado. A partir de ahora, debemos tener en cuenta que los militares están dispuestos a intervenir directamente en la logística del capitalismo.

Esto también pone de manifiesto una debilidad en la estrategia de bloquear un barco mediante un piquete y bloquear las calles alrededor de la terminal. Para haber detenido realmente el barco, habría sido necesaria una acción mucho más disruptiva, que podría haber incluido el asalto a la propia terminal y el riesgo de violencia policial y detenciones. Esto no quiere decir que hubiera sido práctico asaltar el puerto, ni que no haya ninguna razón para bloquear la terminal del modo en que lo hicimos. Se trata más bien de que la mecánica del capitalismo de guerra es más penetrante y adaptable que las estrategias que la gente empleó para bloquearlo en Oakland y Tacoma. Cualquier forma de escalada requerirá más militancia y tolerancia al riesgo.

Al mismo tiempo, debemos ser honestas sobre nuestras capacidades, nuestros límites y los retos a los que nos enfrentamos. Aunque mucha gente estaba preparada para participar en un piquete, asaltar una instalación segura implica consideraciones y preparación material diferentes, y exige una evaluación con la cabeza fría de los beneficios frente a las consecuencias. No debemos culpar simplemente a las personas organizadoras por el hecho de que no se produjera. Un movimiento lo suficientemente poderoso no puede ser frenado, ni siquiera por sus líderes.

Teniendo en cuenta que el ejército de Estados Unidos superó la estrategia de los piquetes -y en vista de lo mucho que está en juego en Palestina- “¿Por qué no asaltar el puerto?” podría ser un buen punto de partida para futuras estrategias. Sin embargo, a partir de este punto, van a ampliar la seguridad. Otro enfoque sería alejarse del puerto y buscar puntos de intervención fuera de él. En este sentido, el bloqueo ferroviario en Olimpia en 2017 podría ofrecer un ejemplo prometedor.

Del mismo modo, aunque deberíamos explorar formas de resolver las diferencias cuando tengamos que trabajar juntas, también podemos buscar formas de compartir información y coordinarnos mientras nos organizamos de forma autónoma. Puede que no seamos capaces de llegar a un consenso sobre qué estrategia utilizar, pero podemos explorar en qué coincidimos y en qué divergimos, adquirir y hacer circular inteligencia, y probar muchas estrategias diferentes a la vez.

La lógica y la logística del orden imperante están entrelazadas en todo el mundo. Las armas israelíes ayudaron a Azerbaiyán a invadir el enclave armenio de Nagorno-Karabaj en septiembre. Las tecnologías de vigilancia, ocupación y represión, perfeccionadas tras asediar Gaza y fragmentar Cisjordania, se despliegan a lo largo de la mortífera frontera sur de Estados Unidos. El FBI llama a empresas tecnológicas israelíes cuando necesita piratear el teléfono de alguien. Todo está conectado, desde los puertos del Mar Salado hasta la costa oriental del Mediterráneo.

Brindemos por el motín en las entrañas del imperio. Si no somos nosotras, ¿entonces quién? Si no es ahora, ¿cuándo?

Para aprender más

• El bloqueo del tren de Olympia
• Estrategias para la solidaridad con Palestina-Ampliación de la caja de herramientas de las demandas a la acción directa.
• Informe sobre el bloqueo del puerto de Tacoma
• El barco que no fue bloqueado

1.

De un periódico que apareció once días después del bloqueo ferroviario de Olympia, en el que se relatan las experiencias y motivaciones de los bloqueadores: “Llegué a casa del trabajo a las 5 de la tarde y recibí como un millón de mensajes de texto, todos diciéndome lo mismo: hay un bloqueo de trenes de fracking en el centro. En el mismo sitio que el año pasado. Baja. Estaba agotado, con frío y mojado por el trabajo, y tenía planes para hacer Shabat con amigos, pero no me perdería un bloqueo ferroviario por nada del mundo. “Shabat en el bloqueo”, les dije a mis amigos. Si detener un tren lleno de materiales utilizados en la destrucción del medio ambiente y el genocidio de los pueblos indígenas no es Tikun Olam, no sé lo que es”.

2.

Hubo cierto debate sobre si los trabajadores pararían oficialmente el trabajo por motivos de salud y seguridad, como han hecho los trabajadores sindicalizados en el pasado, pero al parecer esto no tuvo lugar oficialmente.

***

A partir de 2021, varios municipios de Chiapas comenzaron a percibir el incremento de la violencia e inseguridad, como ya fue reportado en esta serie. Además de las regiones limítrofes con Guatemala, en el centro de la entidad también incrementó la violencia.

El 17 de diciembre de 2022, Cassandra Isabel Arias Torres, de 18 años de edad, estaba muy emocionada por la boda de su madre, Isabel Torres, tanto que le regaló el vestido y le ayudó con los preparativos del festejo que iniciaba a las 14h en el salón Tierra Bonita, ubicado en la cabecera municipal de Berriozábal.

Durante la celebración, Cassandra se encontraba en una mesa al fondo del salón con otros familiares y su novio, mientras Isabel, su madre, atendía a los invitados junto a su ahora esposo. Cuando comenzó a oscurecer, pidieron al encargado del recinto encender las luces pero nunca respondió al llamado, entonces decidieron continuar la fiesta sólo con las lámparas de interior.

Alrededor de las 20h un grupo armado irrumpió en el lugar. Descendieron de tres camionetas blancas y dijeron ser de la Fiscalía General del Estado (FGE), portaban chalecos con las insignias oficiales, estaban encapuchados y vestidos de negro de pies a cabeza.

Al ingresar al salón de fiestas, dijeron: “¡Todos abajo!’, los invitados y yo nos metimos debajo de la mesa y escuché que mi hija (Cassandra) gritaba desesperada para saber dónde estaba su hijo”, relató Isabel.

Con agresividad, los encapuchados arrebataron los teléfonos móviles y carteras a varios de los asistentes. En un principio esposaron a diez personas para llevárselas, pero al final las dejaron en la entrada y sólo se llevaron a Cassandra, a su novio, a uno de sus tíos y al músico que amenizó el festejo.

En cuanto el grupo armado se retiró, Isabel y su esposo fueron tras ellos en otro vehículo pero no pudieron alcanzarlos. Otro de los familiares se dirigió a la comandancia municipal, pero los policías estaban “escondidos” y dijeron que no podían hacer nada, que no era de su competencia.

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Casi dos horas más tarde y después de varias llamadas al 911, al lugar de los hechos llegaron algunos elementos de la Policía Estatal, Guardia Nacional, Sedena y algunos municipales. Cuando algunos de los asistentes daban detalles de lo sucedido a las autoridades se escucharon disparos afuera del salón.

“Les dije que fueran a ver, qué tal que ahí tenían a mi hija y se quedaron viendo entre ellos (policías y militares), pero nadie se movió. Al terminar de dar la declaración le preguntaron a mi esposo si íbamos a meter la denuncia, respondimos que sí y el policía nos preguntó si estábamos seguros de que ‘podríamos’ contra esa gente”, dijo Isabel.

De acuerdo a la familia de Cassandra, los uniformados se limitaron a grabar en video las declaraciones que dieron y “nunca nos dijeron para qué”.

Al siguiente día (18 de diciembre), el músico y el tío de Cassandra fueron liberados al oriente de Tuxtla Gutiérrez, municipio a 23 kilómetros de distancia de Berriozábal. Los encapuchados les advirtieron no acudir a las autoridades de lo contrario Cassandra sería asesinada.

Cuando Isabel recibió el mensaje entró en pánico, por lo que decidió no acudir a la autoridad e iniciar una búsqueda por su cuenta. Entre las primeras acciones, difundió en redes sociales la imagen de Cassandra; pero los días pasaron y no hubo noticias del paradero.

Información oculta

El alcalde de Berriozábal, Jorge Arturo Acero Gómez, abanderado por Morena, se encargó de negar ante medios de comunicación la desaparición forzada de Cassandra y minimizó el hecho al decir que sólo se trató de una riña.

Pero el 10 de enero de 2023, con mucho temor y desesperación, Isabel acudió por primera vez a la Fiscalía en Tuxtla Gutiérrez para hacer la denuncia. Le sorprendió que el Ministerio Público tenía conocimiento del caso de Cassandra mucho antes de la declaración.

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Por meses, la única declaración que obró en la carpeta de investigación fue la de Isabel, pero después de varias protestas en las que exigió justicia, se integraron las declaraciones de su esposo, su padre y su hermano, quien fue privado de libertad junto con Cassandra.

De acuerdo con Isabel, falta el informe completo y actualizado de la geolocalización de los teléfonos móviles que se llevaron los encapuchados. Según datos de la FGE, algunos de los celulares siguen activos y han cambiado el chip en repetidas ocasiones.

A pesar de la evidencia, la Fiscalía se niega a realizar la búsqueda bajo el argumento de que las ubicaciones que se muestran son aproximadas. Ante esta incapacidad declarada por la propia Fiscalía, Isabel solicitó la renovación de la geolocalización y la intervención de expertos en tecnología.

“Cuando se actualice la geolocalización pediré que se haga la búsqueda en vida, porque tampoco quieren buscarla”. Isabel pidió, incluso, las imágenes del Centro de Atención y Vigilancia Permanente (CAVIP) que funciona con 47 cámaras colocadas en puntos estratégicos de la cabecera municipal, donde desaparecieron a Cassandra.

Para que la investigación avance también se pidió la declaración del secretario de Seguridad Pública municipal, Germán Alegría Santos y de cuatro policías municipales que acudieron al salón de fiestas con las fuerzas federales; pero tampoco hay respuesta.

Las madres que resisten 

En marzo de este año, Isabel acudió a las afueras de la Séptima Región Militar en Tuxtla Gutiérrez para interceptar al presidente, Andrés Manuel López Obrador, que visitó la entidad e instruyó a la Fiscalía investigar el caso. Pero los días pasaron y la justicia tampoco llegó.

Dos meses después, Isabel tuvo conocimiento de las acciones de protesta del colectivo de Madres en Resistencia, integrado en su mayoría por familias de víctimas de feminicidio, quienes no dudaron en brindar acompañamiento a Isabel Torres cuando lo solicitó.

Para finales del mismo mes, las madres se plantaron por más de una semana a las afueras del Palacio de Gobierno para exigir hablar directamente con el gobernador, Rutilio Escandón Cadenas, y el Fiscal General, Olaf Gómez Hernández.

El plantón fue levantado por un compromiso hecho por el propio mandatario estatal que ordenó revisar minuciosamente los casos, pero al final no se concretó ninguna acción. El nulo acceso a la justicia llevó a Isabel a encabezar otra campaña de búsqueda a pie, con marchas y mítines en la Fiscalía y Palacio de Gobierno.

De esas acciones logró dos búsquedas en campo por parte de la Comisión Estatal de Búsqueda, aunque para las Madres en Resistencia sólo sirvió para evidenciar las carencias e incapacidad de la autoridad que no tiene herramientas, planeación, comunicación y ni protocolos específicos de seguridad.

“La primera búsqueda fue en el mismo perímetro donde está un lugar llamado la Piedrona (en Berriozábal), la segunda fue en un terreno que está frente al primer perímetro. En la primera búsqueda no llegamos a ningún acuerdo, las autoridades trabajaron sin pedirnos opinión ni nos informaron cómo sería la búsqueda ni nada; llegan a echar relajo y a platicar”, explicó Isabel.

En la primera investigación en campo, un integrante de la propia Comisión de Búsqueda alertó sobre la presencia de una camioneta azul con cuatro hombres sospechosos a bordo. El vehículo pasó por la carretera, regresó y se detuvo frente a ellas, “únicamente descartaron que fueran personas de la Fiscalía pero no dieron seguimiento a pesar de que esa camioneta estaba vigilándonos”.

Hasta el último día 

Con ayuda de las abogadas feministas de Colectiva Cereza, Isabel consiguió que desde principios de septiembre, la Fiscalía ofrezca una recompensa de 500 mil pesos por información anónima sobre el paradero de Cassandra Isabel Arias Torres.

El pasado 12 de octubre, Isabel y las Madres en Resistencia cerraron la avenida principal de la capital de Chiapas para protestar por la ausencia de Cassandra en su cumpleaños número 19, “es el primero que ella no está, con nosotros, con su hijo”, un pequeño de 4 años que desde hace 10 meses se pregunta por su mamá.

“Pido a las personas que se llevaron a mi hija que si está con vida que me la regresen y si no está con vida que me digan dónde está para tener un lugar para llorarle y llevarle flores, porque no tengo paz en mi corazón de no saber dónde está. La sigo esperando con los brazos abiertos. Hija te amo, te sigo buscando y hasta el último día de mi vida te buscaré”.

Por ahora el activismo de Isabel la lleva a realizar labores que le corresponde a la Fiscalía, pues cada vez son más las familias de víctimas de desaparición forzada que buscan su acompañamiento para exigir justicia.

Reclaman a las autoridades que actúen, investiguen, sancionen a servidores públicos implicados en las desapariciones o con vínculos con el crimen organizado. De acuerdo a Colectiva Cereza, al menos cinco casos de los cuales acompaña fueron levantados por elementos de la policía de investigación de la FGE y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), y las pruebas ya fueron entregadas a Rutilio Escandón Cadenas.

^{Por Alexander Valdéz / Prensa Comunitaria}

González, quien fue detenida en el operativo de la Fiscalía de Asuntos Internos, ahora es señalada del delito de abuso de autoridad, por haber investigado el caso contra la magistrada Blanca Stalling.  La abogada está a cargo de la defensa de al menos nueve abogadas y abogados, que trabajaron en casos de corrupción de alto perfil por varios años, seis de ellos son exfiscales del MP y tres de ellos exmandatarios judiciales de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

El Ministerio Público (MP) continúa sumando acciones contra operadores de justicia que encabezaron las investigaciones contra la corrupción en Guatemala. Esta vez, dirigió una nueva pesquisa contra la abogada Claudia González, quien seguía en el país representando legalmente jueces, fiscales, periodistas y activistas que están siendo perseguidos por el ente investigador.

González, quien fue detenida en el operativo de la Fiscalía de Asuntos Internos, ahora es señalada del delito de abuso de autoridad, por haber investigado el caso contra la magistrada Blanca Stalling, quien fue señalada de tráfico de influencias, pero beneficiada por el sistema de justicia.

Pese a los riesgos, González estuvo al frente de la defensa de varios operadores de justicia, como los casos contra Juan Francisco Sandoval, Virginia Laparra y la abogada Leily Santizo. En abril, fue reconocida en Holanda por la organización “Abogados para abogados” (Lawyers for Laywers) con el Premio que otorga la organización a los profesionales del derecho que enfrentan un alto riesgo debido al trabajo que realizan.

A su traslado a la Torre de Tribunales, González dijo que se siente preparada para enfrentar el proceso y la acusación “totalmente falsa”. “Es usual que utilicen el sistema para mantenernos en prisión, mantenerme en carceletas y con orden de aprehensión. Esperemos que el fiscal Noé Rivera venga bien preparado con su imputación”, declaró.

Acá la declaración de la abogada a su traslado:

La exmandataria de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) está a cargo de la defensa de al menos nueve abogadas y abogados, que trabajaron en casos de corrupción de alto perfil por varios años, seis de ellos son exfiscales del MP y tres de ellos exmandatarios judiciales de la CICIG.

Abogó por operadores de justicia 

A diferencia de otros operadores de justicia, la abogada González seguía en el país y encabezaba el equipo legal que está a cargo de defender a los fiscales que han sido detenidos. Entre ellos, Paola Escobar, Allis Morán, Carlos Videz, Juan Francisco Sandoval, Virginia Laparra, entre otros fiscales que dirigieron casos de alto impacto.

Como mandataria de la CICIG, también investigó casos que alcanzaron a altos funcionarios del Estado, narcotraficantes y empresarios. Uno de ellos fue el de Blanca Stalling, a quien acusó de tráfico de influencias tras la denuncia del juez Carlos Ruano.

A raíz de esos expedientes y, que seguía defendiendo a sus colegas, González estuvo denunciando acoso e intimidación en las redes sociales por parte de cuentas anónimas y dirigidas por los mismos señalados de corrupción.

El caso en el que más se le observó fue el relacionado con Virginia Laparra, quien lleva más de un año en prisión preventiva por dos casos. La exmandataria de CICIG recientemente logró que a Laparra le otorgaran una medida sustitutiva por uno de los casos.

En una entrevista con Prensa Comunitaria de abril, la abogada aseguró que el peligro de que fuera captura era latente. “Hay un caso en la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en el que me denunciaron y no me han permitido tener el acceso a esa investigación, sí es latente el peligro en el cual me encuentro por el trabajo que desarrollo”, expresó.

Obtuvo reconocimiento internacional 

El pasado 11 de mayo, Abogados para abogados” (Lawyers for Laywers), entregó un reconocimiento a la abogada González, por el trabajo de alto riesgo que continuaba realizando en el país.

“Este premio reconoce la situación de riesgo a la que se enfrentan muchos operadores de justicia, entre ellos las abogadas y abogados”, dijo Claudia González, defensora de varias operadoras de justicia que han sido criminalizadas por el Estado de Guatemala, entre ellas Virginia Laparra y Leily Santizo. El premio fue entregado en Holanda, el 11 de mayo.