Niñxs
30 de abril – “Día de los derechos del niño, niña y adolescente” en México
30 DE ABRIL “DÍA DE LOS DERECHOS DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTES” EN MÉXICO
1924-2019
La conmemoración del niño y la niña tiene su origen en la devastación causada por la primera Guerra Mundial, y en México se conmemora el 30 de abril. Eglantyne Jebb luchó para hacer visibles los efectos de este periodo bélico en esta vulnerable población, y de sus denuncias se desprendieron la Declaración de los Derechos Humanos en 1948, la Declaración de los Derechos del Niño en 1959 y la Convención sobre los Derechos del niño en 1989.
En febrero de 1924 la Liga de las Naciones acordó la Primera Declaración de los Derechos de los Niños, conocida como declaración de Ginebra, propuesta redactada por Eglantyne en cinco puntos con una base científica de investigación y observación de los efectos de la guerra en los niños y niñas. Partiendo de estos antecedentes, es necesario reconocer que en la actualidad no hay razones para celebrar, pues las condiciones de participación, protección, supervivencia y bienestar de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país son más bien preocupantes. Convertir esta conmemoración en celebración contribuye a invisibilizar la situación que vive la infancia en México, y fortalece la omisión institucional y de las autoridades que en el ámbito de su competencia, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.
El informe anual 2017 de la UNICEF muestra que en México residen 39.2 millones de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años, lo que representa el 32.8% de la población total. La mitad de ellos viven en la pobreza, y dos de cada diez en pobreza extrema. Por otro lado, a pesar de los avances en materia educativa, más de cuatro millones de niñas, niños y adolescentes están fuera de la escuela y más de 600 mil se encuentran en riesgo de dejarla.
Frayba: La militarización no resuelve la crisis humanitaria por desplazamiento forzado
- A más de 100 días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador persiste riesgo a la vida por ataques armados y agresiones en comunidades de Aldama y Chalchihuitán.
La militarización no es la solución a la crisis humanitaria por desplazamiento forzado en la región Altos de Chiapas. En la entidad, la memoria histórica colectiva refiere responsabilidad del Ejército mexicano en crímenes de lesa humanidad. Un ejemplo es la Masacre de Acteal, donde la estrategia de contrainsurgencia paramilitar estuvo diseñada y ejecutada por mandos castrenses quienes financiaron, entrenaron y protegieron a civiles autores materiales del terror que provocó más de 10 mil personas desplazadas, en el municipio de Chenalhó, sólo entre diciembre de 1997 y marzo de 1998.(2)
En la entidad chiapaneca la presencia del Ejército mexicano en las comunidades ha significado múltiples violaciones a derechos humanos de pueblos originarios: abuso sexual y violaciones, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, entre otras, especialmente en contra de quienes se organizan pacíficamente desde la autonomía. Lo anterior conforma un patrón de exterminio con fuertes impactos psicosociales colectivos.(3)
Desde el pasado se teje continuidad de actores armados de corte paramilitar con vínculos de protección en los tres niveles de gobierno. El actual presidente de Chenalhó, Abraham Cruz Gómez es hijo de Agustín Cruz, originario de Ejido Puebla quien según testimonios bendijo las armas usadas en la Masacre de Acteal. Abraham Cruz fue tesorero de Rosa Pérez, presidenta de Chenalhó quien reactivo a grupos civiles armados de corte paramilitar responsables de la actual crisis humanitaria en la región Altos. Durante el gobierno de Manuel Velasco Coello y el actual de Rutilio Escandón Cadenas, la impunidad persiste.

































