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EducaOaxaca.org

Protestan en Chiapas por la defensa del agua, Femsa extrae un millón de litros de agua en San Cristóbal de las Casas

Este lunes 18 de marzo diversos habitantes, activistas y diferentes organizaciones de la sociedad civil protestaron en la ciudad de San Cristóbal de las Casas en defensa del agua y la vida, ahí detallaron que la empresa FEMSA extrae un millón de litros de agua al día del subsuelo de esta ciudad.

“Femsa tiene dos concesiones que le permite extraer 481,982 m3 anuales en dos pozos de aproximadamente 180 metros de profundidad, esto es, un millón 320 mil litros por día (…) Este año 2024, Femsa Coca Cola está buscando la certificación de la Alliance for Water Stewardship (AWS), por la gestión sustentable del agua y por emplear estrategias y acciones para devolver a la cuenca el agua que extrae”, comunicó la organización Cepazdh, quienes habían realizó una recolección de firmas a través de change.org para denunciar la situación.

“FEMSA tiene impactos al medio ambiente con sus botellas plásticas; ha neocolonizado las culturas de la región y ejerce injerencia ideológica a través de su mercadotecnia en las prácticas alimenticias de la población”, apuntó la organización.

Por ello han condenado el otorgamiento de concesiones a grandes corporaciones y empresas con actividades extractivas por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). La certificación entonces “generaría una percepción de marca responsable y el diálogo con los reguladores y los responsables de la formulación de políticas. Aunque, consideraron, solo atiende a sus intereses económicos y políticos, y va en contra de los principios fundamentales de la ética y la vida”, por lo que piden no se otorgue dicha certificación.

Además denunciaron que mientras las empresas siguen acaparando el agua “hay rancherías, comunidades, barrios y colonias que no tienen acceso a agua de calidad, el agua está contaminada por coliformes fecales, el servicio a cargo del sistema municipal funciona por tandeos no diarios. Esto trae serias afectaciones a hospitales y escuelas de la ciudad, en donde niñas y niños no cuentan con los servicios mínimos salubres; y se aumenta el trabajo doméstico de las mujeres” finalizaron.

Pie de Pagina En un día FEMSA extrae un millón de litros de agua de San Cristóbal de las Casas |Cuarto Poder Protestan en defensa del agua y la vida.

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Asamblea Comunitaria de Puente Madera | Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio - APIIDTT

Comunicado de la Asamblea comunitaria de Puente Madera: «No habrá paisaje después de la transformación»

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Ejido Tila

Asesinan al ejidatario Domingo Lugo, compañero del Ejido Tila

Ejido Tila Chiapas, México; a 15 de marzo de 2024

Denuncia publica

 

A la opinión publica
A los derechos humanos nacional e internacional no gubernamental

A los pueblos originarios en defensa de la tierra, territorio y la vida
A los compañeros y compañeras que luchan por la tierra a nivel nacional e internacional

Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno

Denunciamos públicamente los diferentes asesinatos que ha suscitado dentro del Ejido de Tila como hemos denunciado públicamente al grupo llamado KARMA es un grupo delincuencial que en varias ocasiones hemos señalado y hemos denunciado ante la fiscalía del estado quienes tienen coordinación con representantes de los llamados legales supuesto comisariado legal Eduardo Gutiérrez Martínez, Miguel Vázquez Gutiérrez, y el intelectual de organizar es Francisco Pérez lopez.

Ante varios crímenes de ejidatario así como Moisés Álvarez Pérez quien a golpes lo mató Francisco Arturo Sánchez Martínez 30 de enero de 2022 Javier Pérez Pérez fue ejecutado con arma de grueso calibre a manos del C. Ildefonso García Gutiérrez con su hermano Andrés García Gutiérrez asi como los compañeros miembros del CNI Congreso Nacional Indígena, Carmen López Lugo que este 12 de enero fue ejecutado y el compañero profesor Domingo Lugo Ramírez este jueves 14 de marzo fue ejecutado cuando se dirigía a su labor de enseñanza a las 7:00 am , todos estos compañeros están muriendo a manos del grupo del que ante se llamaban COREFULE DE POTICHI , aliados al grupo MOPOR, y después se llamaron grupo KARMA que el pasado 12 de noviembre de 2023 pusieron una manta con los diferentes nombres de los compañeros que ahora están siendo ejecutados y ahora la están cumpliendo.

Así mismos denunciamos a las dependencias de gobierno, el registro agrario nacional que corruptamente dio nombramiento a Eduardo Gutiérrez Martínez en el periodo 2015 a 2018 y el mismo registro agrario nacional le da nombramiento a Miguel Vázquez Gutiérrez, para que no cause ejecutoria la inejecución de sentencia que después de tener su nombramiento se presentó ante el juez primero para negociar que con sacrificio los ejidatarios lograron y el mismo juez no ha hecho justicia al Ejido Tila lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación este 12 de septiembre 2018. Le dio la razón al Ejido Tila por su resolución presidencial y es propiedad legítima de los 836 ejidatarios básicos.

Todas esta muertes hacemos mención que los responsables es el grupo KARMA, Los legales, el juez primero de distrito, el registro agrario nacional, la procuraduría agraria y otras instancias de gobierno que solo están viendo como los delincuentes están matando a la gente campesina
que solo se dedican a defender lo que es tierra y territorio y la vida, a mano del grupo delincuencial aliados al actual gobierno desde el orden federal, estatal y municipal.

Por lo que alertamos a todas las organizaciones estén al pendiente de los que puede seguir sucediendo dentro del Ejido Tila por defender la tierra, territorio y la vida d e igual forma reciban un cordial saludos de parte de los ejidatarios de Tila, Chiapas

NUNCA MÁS UN MUNDO SIN NOSOTROS.

ATENTAMENTE

REPRESENTACION EJIDAL

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Avispa Midia

Reestructuración energética de México causará más dependencia de Estados Unidos

Fuente: Avispa Midia

Por Renata Bessi

En portada: Empresarios, militares y el presidente de México durante la inauguración de la Linea Z del Tren Interoceanico. En el mismo evento se anunció el convenio para instalar una planta de hidrógeno verde por parte de la empresa Helax Istmo de capital danés. Salina Cruz, Oaxaca. Diciembre, 2023.

El sur-sureste de México está viviendo una reconfiguración territorial debido a la oleada de megaproyectos de transporte – el Tren Interoceánico y el Tren Maya – a cuyos corredores se vinculan proyectos de energía e industrialización, inmobiliarios, de turismo, urbanización. Para sostener toda esta estructura, otra oleada de proyectos marcha a todo vapor, a pesar de ser menos visibles a los proyectos de producción de energía.

El colectivo GeoComunes, en una investigación, mapeó y divulgó, en un denso informe, la reestructuración del sector energético llevada a cabo especialmente por el sexenio de Andrés Manuel López Obrador para sostener los megaproyectos impulsados por su administración.

“Estos proyectos de inversión que se hacen sobre las dos regiones geográficas más ‘desarticuladas del país’, se relacionan con proyectos de ordenamiento territorial que, pese al discurso de cambio y radicalidad, proyectan fortalecer los sectores económicos que durante todo el neoliberalismo se desplegaron en estas regiones: la industria turística, agropecuaria, maquiladora, minera y del transporte mercantil”, sostienen en su informe.

Además, el proyecto de reestructuración regional se vincula con la agenda de “‘desarrollo’ subordinada a Estados Unidos, asociada con la militarización, la política de contención migratoria y de una reorganización territorial para acoger el nearshoring y el uso del territorio mexicano como plataforma de exportación del gas metano estadounidense”, señalan.

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Uno de los proyectos energéticos clave es el gasoducto submarino de 715 km Puerta al Sureste, en el Golfo de México, considerado en la investigación como el “articulador de la reestructuración territorial del sur-sureste”.

El proyecto es promovido por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y por la empresa TC Energy (anteriormente TransCanada). Con el que se busca transportar 1,390 Millones de pies cúbicos diarios (MMpcd) de gas metano desde Tuxpan hacia Coatzacoalcos, en Veracruz, y de ahí hasta Dos Bocas, en Tabasco. Este gasoducto es la prolongación de otro, también submarino, pero ya construido, con el que se importa metano desde Texas en Estados Unidos, hacia Tuxpan, Veracruz.

La Estación de Compresión de gas natural de TC Energy se encuentra a 500 metros de un cuerpo de agua dulce y a un km del mar. Foto: Aldo Santiago

El metano que transportará este gasoducto abastecerá directamente las industrias de los 10 parques industriales previstos, las centrales eléctricas fósiles proyectadas y también las plantas de licuefacción que servirán para exportar el gas hacia Europa, Asia o Sudamérica. “Se busca también expandir la capacidad de exportación de energía y gas que viene de los Estados Unidos hacia otras partes del mundo. Esto es, convertir la región Sur-Sureste no sólo en una plataforma manufacturera, sino también de exportación del gas estadounidense”, sostienen.

Otros proyectos vinculados al metano

Además, la proyección de aumento en el consumo de gas metano está asociada a la expansión de otros proyectos de transporte de gas, según GeoComunes:

1.Terminal de licuefacción para la exportación de gas metano desde el puerto de Salina Cruz – La CFE impulsa la construcción de esta terminal, con una capacidad para exportar 430 MMpcd, y para lo cual firmó un Memorándum de Entendimiento con la empresa Sempra, con la intención de valorar la construcción de dicha terminal para la exportación de gas metano extraído en México o importado desde Estados Unidos hacia el mercado asiático.

2. Terminal de licuefacción en Coatzacoalcos – Este proyecto ha sido promovido por la CFE para exportar vía marítima aproximadamente unos 600 MMpcd de gas metano hacia los mercados de la cuenca Atlántica, principalmente Europa y Sudamérica. Esta terminal estaría alimentada por el gasoducto Puerta Sureste.

“Pieza clave” es la descripción del Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas) sobre la estación de compresión ubicada en Chinameca, Veracruz. Foto: Aldo Santiago

3. Gasoducto Jáltipan-Salina Cruz – Este proyecto se anunció desde el año 2015 como parte del paquete de nuevos gasoductos para extender por todo el país el alcance del gas metano importado desde Estados Unidos. En su última versión, anunciada en 2022, este gasoducto ya estaría conectado directamente a la terminal de licuefacción de Salina Cruz. Se contempla que, una vez construido, este gasoducto podría conectarse con un proyecto llamado Gasoducto Prosperidad con el que se pretende llevar gas metano desde el Istmo de Tehuantepec (en Ixtepec, Oaxaca) hasta la frontera con Guatemala (en Tapachula, Chiapas). Para que este gasoducto pueda enviar gas metano hacia el sur del Istmo, no sólo requiere ser construido y conectado al proyecto Gasoducto Puerta al Sureste, también requiere que se aumente la capacidad de la Estación de Compresión de Chinameca.

Más proyectos

Hoy la estructura de producción energética en el Istmo de Tehuantepec está concentrada en dos extremos, norte y sur del Istmo. “En la parte norte, estado de Veracruz, la producción de energía está en los alrededores de la zona industrial, petrolera y petroquímica; y se concentra en manos de Pemex y empresas privadas como Cydsa, Grupo Infra, Braskem Idesa, Contour Global PLC. Esto representa cerca de un tercio de la capacidad instalada del Istmo”, explica Yannick Deniau, integrante de GeoComunes, en una conferencia de presentación de la investigación.

Los otros dos tercios se ubican en el extremo sur de Istmo, en el estado de Oaxaca, donde están los 29 parques eólicos en operación, ocupando 30 mil hectáreas de territorio reconocidamente comunal o ejidal. La grande mayoría de esta producción está en manos de empresas privadas de capital europeo.

Sin embargo, de acuerdo con el documento Resumen Ejecutivo Plan Estratégico y Plan Maestro Conceptual del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, la producción actual no es suficiente. La demanda eléctrica ligada a las actividades industriales en el Istmo se multiplicará por 2.5 entre 2030 y 2050, pasando de 3,294 a 8,348 millones de watt/hora anuales.

Para abastecer este aumento de demanda, se prevé que se tendrían que instalar nuevas centrales eléctricas en la región, “aunque, por ahora, no hay información concreta sobre cuántas centrales serían, dónde se ubicarían, ni qué tecnologías se utilizarán”, dice el informe de la investigación.

GeoComunes hace mención que, además de los 10 parques industriales ya previstos, otros 19 parques – 10 en Oaxaca y 9 en Veracruz – deben ser instalados posteriormente.

Protesta de habitantes de Puente Madera contra la imposición de un polo industrial en tierras de uso común de la comunidad zapoteca

La convocatoria para las licitaciones de empresas interesadas en invertir en los 10 primeros parques industriales se hizo en junio de 2023. En el mes de noviembre de 2023 se iniciaron las licitaciones para los demás parques industriales, con un fallo previsto para abril del 2024.

De los 10 parques industriales iniciales previstos, 4 de ellos – San Blas Atempa, Ciudad Ixtepec, Santa María Mixtequilla y Asunción Ixtaltepec – deben ser parques mixtos, es decir, además de industria, incluirán centrales eólicas para generar electricidad.

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“Las centrales eólicas van a ser construidas por empresas mexicanas o estadounidenses, serán administradas por la CFE, y tendrán inversión financiera de bancos estadounidenses”, dice el informe de GeoComunes.

Hidrógeno Verde

La empresa Helax Istmo, subsidiaria del fondo danés Copenhagen Infrastructure Partners, firmó un convenio con el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y con la Marina mexicana para instalar una planta que desarrollará energías renovables a partir de hidrógeno verde y combustibles marítimos verdes, “contribuyendo a los objetivos de desarrollo sostenible de México, así como a la descarbonización de la industria naviera a nivel mundial”, según argumentó la empresa a los medios de comunicación.

Firma de Memorándum de Entendimiento con la empresa danesa Copenhagen Infrastructure Partners para desarrollar Helax Istmo, un proyecto destinado a producir hidrógeno verde y combustibles marítimos verdes en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.

La planta deberá ser construida en uno de los 10 polos de desarrollo planeados a lo largo del Corredor Transístmico, en Ixtepec.

A pesar de la reciente reestructuración llevada a cabo, GeoComunes enfatiza que, desde la firma del Tratado de Libre Comercio en 1992, pasando por las reformas estructurales de las últimas tres décadas, la política energética ha mantenido un mismo rumbo, “abrir al capital privado este estratégico sector, y adecuar la infraestructura energética del país conforme a los intereses del capital predominantemente fósil y, particularmente, al capital fósil de origen estadounidense”.

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La investigación de GeoComunes también abarca la reestructuración energética de la Península de Yucatán y del noroeste del país. Temas que abordaremos en próximos textos.

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CONCEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO EMILIANO ZAPATA

Misión civil de observación de la sexta se dirige al territorio del CIPOG-EZ

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional

Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno

A la Sexta Mundial

A quienes suscribieron Una Declaración por la Vida

A las Redes de Resistencia y Rebeldía

Al Pueblo de México

A los medios libres y autónomos

13 de marzo de 2024

Hermanos y hermanas de México y del mundo, les queremos compartir que entre los días 11, 12, 13, 14 y 15 de marzo, un grupo de hermanos y hermanas, nacionales e internacionales, estarán realizando una Misión Civil de Observación de la Sexta en las comunidades de San Luis Acatlán, así como a la Montaña Alta y Montaña Baja de la comunidad de Alcozacán, territorio del CIPOG-EZ.

En este contexto queremos denunciar que al mal gobierno no le interesan las vidas de las comunidades ni de quienes luchamos por la vida y la paz, pues eso que llaman Mecanismo de Protección a defensores de los Derechos Humanos, nos fue negado por el Secretario General de Gobierno del Estado de Guerrero Ludwing Marcial Reynoso, así como por Francisco Rodríguez Cisneros, Director General de Gobernación, a pesar de que nuestro promotor del CIPOG-EZ Jesús Plácido Galindo cuenta con dicho mecanismo y a pesar de haber sido notificados en tiempo y forma de la solicitud de acompañamiento para nuestro promotor Jesús Plácido para los días 11, 12, 13, 14 y 15 de marzo, por la Dirección General para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Pero sabemos que a ellos nuestras vidas no les interesan, al contrario, cada que tienen oportunidad, amagan con encarcelarnos. Es por eso que los responsabilizamos de cualquier situación que pueda ocurrir a quienes integramos esta Misión y a cualquier integrante de nuestras comunidades; también responsabilizamos a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda. Sepan que estaremos siendo monitoreados por organizaciones nacionales e internacionales, por lo que, de llegar a suceder algo extraordinario, responsabilizamos directamente al Estado Mexicano y al gobierno del Estado de Guerrero.

Ustedes saben, hermanos y hermanas, que Guerrero es un estado en el que el crimen organizado opera con total impunidad y que no sólo es solapado por la gobernadora y presidentes municipales, sino que muchos de éstos son parte de la delincuencia organizada. A pesar de este contexto, nuestros hermanos y hermanas de México y del mundo, solidariamente viajan a nuestro territorio para seguir impulsando acciones para visibilizar la situación que vivimos, para documentar las violaciones a los derechos humanos y lograr un día que nuestras comunidades vivan libres y en paz.

Les queremos pedir a los organismos de Derechos Humanos, a la Sexta Mundial, a los pueblos del mundo, al pueblo de México, al pueblo de Guerrero, que estén al pendiente del paso de esta Misión y que llamen a las distintas instancias del gobierno a hacer su trabajo.

ATENTAMENTE

CONCEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO EMILIANO ZAPATA

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Guatemala: Chiquibul busca certificar su cultivo de palma, mientras usa violencia contra indígenas

Fuente: Avispa Midia

Por Renata Bessi

En portada: Pobladores maya Q’eqchi’ de Santa Elena, en el departamento del Petén, son criminalizados por la empresa de palma aceitera Industria Chiquibul. Foto: Luis Hub / Prensa Comunitaria

Santa Elena es una comunidad maya Q’eqchi’ ubicada en el municipio de Sayaxché, departamento de Petén, enclavada al norte de Guatemala, cerca del Río Salinas. En esta región el calor es intenso. Antes el agua acostumbraba fluir con abundancia y había un frondoso paisaje pintado por el bosque, hoy yace en cenizas bajo una inmensa plantación de palma africana.

La comunidad ha sido acorralada por la palma. En las escasas tierras que aún conservan los indígenas, cultivan maíz, frijol, chile, yuca. Pocas son las familias que crían animales. Por si fuera poco, a la sobrevivencia le acompaña la agonía de sus ríos y nacientes, ya que la contaminación del agua es un nuevo vecino que llegó con el monocultivo.

Con la escasez de la tierra y sin trabajo, una parte de la población, principalmente los hombres, migró a los Estados Unidos con la esperanza de mejorar sus condiciones de vida. Otros más se vieron obligados a someterse a condiciones degradantes de trabajo en las plantaciones de palma.

La Industria Chiquibul, filial de la empresa Unisource Holding, dedicada a la exportación de diversos commodities agrícolas como semilla de ajonjolí, aceite crudo de palma y cardamomo; y a la importación, comercialización y distribución de fertilizantes en los mercados latinoamericanos, hoy posee alrededor de 70 caballerías (aproximadamente 3 mil hectáreas) de plantaciones de palma aceitera que rodean esta comunidad Maya.

Este cultivo llegó a estas tierras en 2012, cuando empezó a comprar las tierras de las familias mayas Q’eqchi’. “Nos decían que nuestras tierras iban a quedar inundadas por el agua, porque iban a construir una hidroeléctrica sobre el Río Usumacinta”, recuerda el indígena maya Q’eqchi’, Mario Pop Tux, uno de los líderes comunitarios, durante una entrevista que dio para Avispa Mídia.

Este cultivo industrial también llegó con un destacamento militar que fue construido cerca de la comunidad. La presencia de militares, de la Policía Nacional Civil (PNC) y de elementos de la seguridad armada brindan seguridad a la empresa. “Hacen rondines durante el día, traen sus rostros tapados, como si fueran delincuentes”, comenta Pop Tux. El patrullaje también se da por aire. Los comunitarios acusan vuelos de drones, principalmente por las noches.

Las órdenes de captura son una amenaza constante. Según el maya Q’eqchi’, existen cinco órdenes de captura hacia miembros de Santa Elena, ex trabajadores de la empresa que han luchado por los derechos laborales. “Estamos conscientes de que pueden hacer lo mismo que hicieron en otro momento. Invadir a la comunidad, poner el terror en mujeres, niños, ancianos, bajo la justificación de que están buscando a nuestros compañeros criminalizados”, dijo.

En una asamblea, la máxima autoridad de la comunidad, realizada en febrero de este año, las autoridades locales, ancianos y miembros de la comunidad dejaron registrados en un acta distintos “incidentes” ocurridos en los últimos dos meses, que evidencian la intensificación de la violencia hacia Santa Elena.

Uno de estos hechos fue el intento de secuestro, el 31 de enero, de un miembro de la comunidad por parte de agentes de seguridad privada de la empresa, donde se ubica una garita de los guardias de seguridad.

Más tarde, el 2 de febrero, una camioneta sin placa, llevando a bordo a siete personas, estuvieron vigilando la casa de uno de los miembros de la comunidad. Después se dirigieron a las parcelas de la comunidad. Abordaron al presidente del Consejo Comunitarios de Desarrollo (Cocode) de Santa Elena, José Caal Pop, haciéndole preguntas y se negaron a identificarse.

Persecución por exigir derechos

La persecución de pobladores de Santa Elena no es de hoy. Después que Chiquibul compró las tierras, empezó a contratar mano de obra de distintas comunidades para derribar el bosque y sembrar la palma. Las condiciones de trabajo ofrecidas por la empresa fueron clasificadas como “esclavitud moderna”, por el abogado del Bufete para Pueblos Indígenas, Juan Castro. Trabajaban más de 12 horas por día por un pago de 35 quetzales (4.4 dólares).

Trabajadores de Industrias Chiquibul en el municipio de Raxruhá. Desde 2016 se han organizado para exigir mejores condiciones laborales por parte de la empresa palmera. Foto: Aldo Santiago.

La situación se volvió insostenible para los indígenas y explotó en 2019. La empresa contrató a 300 personas, sin embargo, cuando había finalizado el contrato de un año, Chiquibul no había pagado las prestaciones laborales acordadas. El comité de trabajadores, creado en 2016, visitó el Ministerio de Trabajo y se calculó que cada trabajador debería recibir – sumando indemnizaciones, salario, aguinaldo – 12 mil quetzales (1,500 dólares), pero la empresa había pagado 4,800 quetzales (615 dólares), es decir, menos de la mitad.

Fue entonces que estalló un paro general de los trabajadores. Los indígenas de Santa Elena y la propia comunidad hicieron una serie de acciones y denuncias contra la empresa. Aún así, la empresa no pagó a los trabajadores y, por el contrario, inició una serie de medidas para criminalizar a los miembros de la comunidad.

La empresa denunció en los órganos de justicia de Guatemala a los líderes de los trabajadores, lo que tuvo como consecuencia la emisión de seis órdenes de captura contra personas de la comunidad. En noviembre de 2020 fueron capturados y detenidos cuatro indígenas, incluyendo a Mario Pop Tux, acusados de plagio, extorsión, usurpación agravada y detención ilegal. “Estuvimos 73 días en la cárcel”, señala Pop Tux.

En el marco de las actividades realizadas por los trabajadores para exigir mejores condiciones de trabajo a las empresas palmeras, se desplegaron centenas de policías para reprimirlos durante el año 2020.

En febrero de 2021, la justicia guatemalteca dictó sentencia condenatoria contra los cuatro miembros de Santa Elena. “Vemos como el Estado a través de esta sentencia se consuma como un cómplice de estas formas de explotación moderna. Consideramos que no comprenden el contexto en el que se está dando el acaparamiento de tierras y la explotación de personas indígenas”, dijo el abogado que acompaña a los trabajadores miembros de esta comunidad, Juan Castro.

Fueron cuatro años de condena, con suspensión condicional de la pena, es decir, tendrán que presentarse mensualmente al Ministerio Público, en la cabecera municipal de Sayaxché para firmar. “Se considera que los responsables son los pueblos indígenas y no las empresas que están haciendo perjuicio al medio ambiente y a la vida humana de muchas comunidades”, abunda el abogado Juan Castro.

Pobladores maya Q’eqchi’ de Santa Elena, en el departamento del Petén, son criminalizados por la empresa de palma aceitera Industria Chiquibul. Foto: Prensa Comunitaria

Había una expectativa que después de la condena de los indígenas maya Q’eqchi’ y el fin de los paros laborales – desde entonces es política de la empresa traer trabajadores de afuera –, se reduciría la persecución hacia a Santa Elena. Pero no fue eso lo que pasó. “Hasta hoy no nos dejan tranquilos. Hasta hoy nos están asustando, vigilando, controlando, no dejan de causarnos miedo”, sostiene Pop Tux.

Certificar los cultivos usando a los indígenas

A las 7 de la mañana del día 25 de enero de 2024, Carlos Cú, encargado de la empresa Chiquibul, acompañado de otras dos personas, buscaron al presidente del Consejo Comunitarios de Desarrollo (Cocode) de Santa Elena, José Caal Pop, en su casa. No estaba, había ido a su parcela a trabajar la tierra. Los enviados de la empresa decidieron irse. Alrededor de las 12h, Caal Pop regresa a su casa. Poco tiempo después, los tres señores vuelven a buscarlo.

Le presentan un documento para que el presidente del Cocode lo firmara. “Me estaban citando a una reunión para tratar sobre temas relacionados con la certificación de la empresa. Así me dijeron. Y querían que yo firmara el documento de la cita”.

Según el indígena maya Q’eqchi’, los trabajadores de Chiquibul quisieron minimizar los conflictos entre empresa y la comunidad. “Carlos Cú [uno de los firmantes del documento] me dijo: venimos a hablar personalmente, queremos que nos den la oportunidad. Nosotros sabemos que ya no hay problema [con la comunidad]. Queremos que nos firme este documento. Porque ya no hay problema”.

Caal Pop no se calló. “Les dije, ¿cómo no hay problema?, si estamos siendo vigilados todo el tiempo. No les gustó lo que dije y se fueron”, cuenta el maya Q’eqchi’.

Plantaciones de palma aceitera propiedad de Industrias Chiquibul. Foto: Aldo Santiago.

La empresa inició en julio de 2023 el proceso para la certificación de su plantación de palma por la principal certificadora de palma del mundo, la RSPO (La Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible). El objetivo es obtener la certificación en este año 2024.

La certificación servirá para que la empresa amplíe sus ventas en los mercados norteamericano y europeo. El aceite de palma de Chiquibul ya hace parte de la cadena de suministros de las empresas europeas Dreyfus Company (LDC), Nestlé S.A., Upfield Holdings B.V., Henkel AG & Co. KGaA, PepsiCo, Inc., Vandemoortele. Dichas cadenas fueron rastreadas por la organización alemana Iniciativa Cristiana Romero (ICR) y publicadas recientemente en el informe Im Schatten der Ölpalme.

La empresa española Lipsa, la británica Unilever, la alemana Basf, las holandesas Lowis Dreyfus y Marie Olie y la francesa ADM-SIO también fueron rastreadas como compradoras del aceite producido por Chiquibul, en una investigación todavía inédita realizada por el proyecto holandés SOMO The Counter, encargada por la ICR.

Guatemala en el mundo

La mayor parte del aceite consumido mundialmente procede de Indonesia y Malasia. Sin embargo, sostiene el reporte de ICR, cada vez hay más plantaciones de palma aceitera en América Latina para satisfacer la demanda mundial. Guatemala y Colombia ya ocupan el cuarto y quinto lugares como exportadores mundiales.

El mayor comprador de aceite de palma guatemalteco son los Países Bajos, con un 32% del volumen total, de acuerdo al informe. En relación a Alemania, Guatemala se ha convertido en el segundo proveedor más importante, después de Malasia. Dado que el 43% del aceite de palma revendido por los Países Bajos va a Alemania es probable que la cuota total de aceite de palma procedente de Guatemala en este país sea aún mayor, enfatiza la organización alemana.

De acuerdo con un reporte de Industria Chiquibul, el proceso de certificación ya está ocurriendo. “Un grupo de asesores externos visitaron nuestras plantaciones y juntos, con nuestro equipo de sostenibilidad, ha establecido un plan de acción centrado en personas, planeta y prosperidad para lograr nuestra sustentabilidad”, menciona la empresa en su documento.

Uno de los puntos obligatorios para la certificación es la realización de una consulta a los pueblos afectados por la palma, que se inició el 14 de febrero.

El documento presentado a Caal Pop para que lo firmara, al cual tuvo acceso el equipo de Avispa Mídia, se explicaba que es un proceso de “Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI)”, que busca “establecer una relación de confianza entre la empresa y sus comunidades de influencia, en donde las comunidades pueden conocer la empresa, y a la vez tengan claros sus derechos, y puedan manifestar sus preocupaciones e inquietudes en relación a las operaciones de la empresa”.

En su explicación no menciona que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece que los pueblos tienen el derecho de decir “no” a un proyecto que se pretende implementar en su territorio. En términos reales es un proceso que pasaron por alto, porque ya han deforestado y actualmente cultivan grandes extensiones de palma. “No participamos de la reunión y no vamos a participar de las próximas convocatorias. Lo que buscan es nuestra firma para tener la certificación, y no la va obtener, porque la consulta no existe”, dijo Mario Pop Tux.

Monocultivos de palma aceitera propiedad de Industrias Chiquibul se expanden en los alrededores de la Sierra de Chinajá, región colindante con las tierras bajas del Petén donde la empresa mantiene actividades para la siembra y procesamiento de los frutos. Foto: Aldo Santiago.

De acuerdo con el indígena, alrededor de 18 aldeas son impactadas por las plantaciones de palma de Chiquibul en la región. Además de Santa Elena, por lo menos otras 10 aldeas no están de acuerdo con la presencia de la empresa, con las cuales implementó los mismos mecanismos. “Para esta primera reunión invitaron a todas las comunidades, muchas no fueron, también sufren persecuciones y tienen órdenes de captura”, dijo.

La empresa también llevará a cabo otros dos procesos. La Evaluación de Alto Valor de Conservación, que busca “identificar los valores ambientales y sociales de mayor relevancia tanto dentro de las áreas en donde la empresa desarrolla sus operaciones, como en sus áreas de influencia”, dice el documento. En realidad, van mapear los bosques que no pudieron deforestar, incluyendo bosques que no están en sus tierras, para establecer programas de conservación, fundamentales para la obtención de la certificación.

Plantaciones de palma aceitera propiedad de Industrias Chiquibul. Foto: Renata Bessi.

Además de ello, deben realizar el Estudio de Impacto Socioambiental (EISA), con el cual identificarán “aquellos impactos sociales y ambientales que la empresa pudiera estar generando, y a la vez generar un plan de gestión para controlar, mitigar o compensar estos impactos”, según el documento de Chiquibul.

Bio Terra Consultores Ambientales, contratada por Chiquibul, será la empresa responsable de llevar a cabo estos estudios.

Mientras tanto, la certificadora RSPO ha sido criticada por pueblos y organizaciones en todo el mundo por certificar empresas que han generado conflictos socioambientales. Al etiquetar los productos de aceite de palma como “sostenibles”, se rehabilita el aceite de palma dando la impresión de que el cultivo industrial de la palma aceitera es compatible con los exigentes principios ecológicos y de derechos humanos y ofrece una solución sostenible a largo plazo para el uso de la tierra. “Sin embargo, no es así”, señala ICR.

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De acuerdo con la organización alemana, la RSPO permite, por ejemplo, el uso parcial de plaguicidas que figuran en la lista de plaguicidas altamente peligrosos de la Red de Acción sobre Plaguicidas. Además, las auditorias para la certificación son contratadas por las propias empresas, como es el caso de la Bio Terra Consultores Ambientales, “lo que puede dar lugar a conflictos de intereses en la práctica. Existe riesgo de corrupción”.

La comunidad Santa Elena reiteró en asamblea el rechazo a la certificación: “Dichas certificaciones las rechazamos profundamente por las violaciones a nuestros derechos humanos. Amenazas, intimidaciones, contaminación al medioambiente, deforestación de bosques, ríos, riachuelos donde la comunidad toma agua para beber”.

Acta secuestrada

El presidente del Cocode también denuncia que el Ministerio Público tiene secuestrada el acta comunitaria de Santa Elena. “Este documento es muy importante para una comunidad maya Q’eqchi’. En él plasmamos los acuerdos, las normas, los compromisos de la comunidad, los resultados de las asambleas. Estas actas tienen un valor muy importante para cada una de las comunidades de nuestro pueblo Q’eqchi’”, explica Caal Pop para Avispa Mídia.

El 6 de mayo de 2021, cuenta Mario Pop Tux, fueron citadas las autoridades locales – el alcalde auxiliar y el representante del Cocode de Santa Elena – por parte del alcalde municipal. El día 7 de mayo ellos se presentaron al despacho del alcalde municipal. El alcalde no se encontraba y el que se presentó fue un fiscal del Ministerio Público. “Dicho fiscal secuestro el acta sin explicación”, sostiene.

De acuerdo con el presidente del Cocode, en el documento estaba registrado el compromiso asumido por el alcalde municipal, en asamblea de la comunidad, de que recuperaría siete caballerías, hoy en posesión de la empresa Chiquibul, a las familias de Santa Elena.

“Creemos que este acuerdo fue la razón por la cual secuestraron el acta. El valor de la palabra que está plasmado en este documento, tiene mucho valor para nosotros. Exigimos que nos entregue el acta en paz. Y que la cumpla el alcalde municipal”, dijo Caal Pop.

Petición

El Movimiento de Comunidades en Defensa del Agua, Qana’ Ch’och, la Coordinación de la ONG y Cooperativas (CONGCOOP) y el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM) lanzaron una petición exigiendo a las autoridades de Guatemala que tomen medidas urgentes contra los acosos y violaciones por parte de Industria Chiquibul contra la comunidad Santa Elena.

De acuerdo con las organizaciones, este patrón de violencia es intrínseco a la industria de la palma. En la última década, sostienen, la empresa Industria Chiquibul ha acumulado un rastro de violaciones a los derechos de las comunidades indígenas y campesinas, incluyendo la apropiación ilegal de tierras comunitarias en Aldea Carolina, contaminación del rio San Román, criminalización por medio de órdenes de captura y detenciones orquestadas por la empresa, violaciones laborales y deforestación.

Exigen un “basta de órdenes de captura contra miembros de la comunidad basadas en falsas acusaciones y que se detenga el proceso de certificación de Industria Chiquibul ante la RSPO”.

Palma en el Petén

En el departamento de Petén, donde está el municipio de Sayaxché y la comunidad Santa Elena, el cultivo de palma se ha incrementado exponencialmente. De acuerdo con el informe Dinámicas productivas en torno al cambio de uso del suelo y sus repercusiones en la Reserva de Biósfera Maya (RBM), del Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR), de 2021, en 2000 había 320 hectáreas y ha llegado en el 2020 a 78,921 hectáreas, 46% del área establecida a nivel nacional.

La tasa de crecimiento a nivel nacional entre 2005 y 2010 fue del 20%; en Petén, 192.4%.

La producción de palma en el municipio de Sayaxché representa el 87% de la producción a nivel del departamento Petén, según datos para 2018-2019 generados por la Gremial de Palma.

Indonesia, India, China y Unión Europea son los que más consumen aceite de palma, de acuerdo con el Servicio Exterior de Agricultura del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, con datos de julio de 2023. El consumo mundial ha aumentado más de un 80 % en los últimos 15 años.

“Como resultado, el cultivo en Centroamérica se está expandiendo, con consecuencias negativas para las comunidades locales y la naturaleza”, resume ICR.

radio
Noticias de Abajo

Noticias de abajo 11 de marzo 2024

Noticias de abajo 11 de marzo 2024. Noticiero de medios libres.

-GLOBAL MUJER #8M: De la Conmemoración de las trabajadoras a la Revuelta de las Mujeres.

-MUNDO: Llaman a transmisión y jornada global por Palestina desde las radios libres. 23 y 24 de marzo cadenazo radial por Palestina. Paremos el genocidio y derrotemos el fascismo. https://radiobot.yanapak.org/public/radiopalestina

-MEXICO GUERRERO: Policías asesinan a estudiante normalista e intentan sembrarles evidencias falsas. El gobierno criminaliza al movimiento de las madres y padres de Ayotzinapa tras manifestaciones en Palacio ante la falta de respuesta y diálogo.
https://www.facebook.com/PrensaPropagandaAyotzinapaGuerrero

-TLAXCALA: Convocan a la cuarta Asamblea nacional por el agua y la vida en Tlaxcala, acompañan a la lucha contra la represión a los que defienden su territorio.

Convocatoria 4ª Asamblea Nacional por el Agua y La Vida 23 y 24 de Marzo de 2024. La Magdalena Tlaltelulco, Tlaxcala

-MORELOS: Cinco años exigiendo justicia para Samir Flores asesinado con la complicidad de la 4t.

Samir Flores, cinco años exigiendo justicia


-CHIAPAS: Los datos del horror. Más de 2300 personas desplazadas de la frontera Chiapas documenta el Frayba y más de 10 mil desplazados en todo el Estado en doce municipios evidencia Avispa Media.

Gobierno niega conflicto armado en Chiapas, mientras violencia exacerba crisis humanitaria


https://archive.org/details/notifrayba_manuel_alta_202401

radio
Las Mujeres de la Organización sociedad Civil Las Abejas de Acteal

Actualmente la ola de violencia que invade nuestras comunidades, nos recuerda la misma complicidad de las autoridades aliadas a los paramilitares

Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal

Acteal, Chenalhó, Chiapas, México. 8 de marzo del 2024

Al Congreso Nacional Indígena
Al Consejo Indígena de Gobierno
A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
A las y los Defensores de los Derechos Humanos
A los Medios Libres y Alternativos
A los Medios de Comunicación Nacional e Internacional A la Sociedad Civil, Nacional e Internacional
A todas las mujeres que luchan

Hermanas y hermanos:

Hoy estamos reunidas como mujeres Abejas, las representantes de las distintas áreas y coordinadoras de nuestra organización, junto con los compañeros de la mesa directiva, sus esposas y todas las y los miembros de Las Abejas de Acteal para conmemorar especialmente a nuestras mujeres, ancianas, adultas, embarazadas, jovencitas, niñas y lactantes, mártires de Acteal, quienes, a 26 años de haber sufrido crueldades inimaginables, siguen vivas en nuestra memoria y, sin ver la justicia.

Han pasado 26 años, y sigue impune el sufrimiento de nuestras mártires de la masacre, a quienes les violaron todos sus derechos, su integridad, su vida, su dignidad, al ser asesinadas con saña, con la intención de hacer daño, algunas con pruebas de violencia sexual, otras ultimadas con tiro de gracia después de ser macheteadas, a otras les abrieran el vientre para matar a sus bebés, escuchando las burlas de sus agresores y alegrarse cuando agonizaban y morían creyendo “haber matado la semilla”, la impunidad para las sobrevivientes que quedaron afectadas con lesiones de por vida, como la de nuestra compañera Catarina Méndez Paciencia, que sufrió 7 impactos de bala, por arma de grueso calibre en sus piernas, que le han dejado huellas imborrables del dolor que vivió ese día y sin consecuencia alguna para los agresores y autores intelectuales.

Nuestras 45 hermanas y hermanos mártires y cuatro bebes no nacidos fueron asesinados por los paramilitares priístas y cardenistas de Chenalhó, coordinados en un operativo contrainsurgente, cuyos responsables intelectuales pertenecen a los tres niveles del gobierno.

Actualmente la ola de violencia que invade nuestras comunidades, nos recuerda la misma complicidad de las autoridades aliadas a los paramilitares, que masacraron a nuestras hermanas. Hoy como en el pasado, las autoridades se encuentran vinculadas con el crimen organizado que pone en riesgo la vida de las mujeres y hombres que integramos nuestra organización ya que nos encontramos en medio del fuego cruzado que pone en peligro nuestra integridad física, psicológica.

Hoy estamos viviendo las consecuencias de la impunidad, consentida por el actual gobierno que le fue más fácil, solucionar con dadivas engañosas, que hacer una investigación seria a los responsables de una tragedia que sacudió a México en 1997, dejando ciega la justicia, en medio de la violencia que sigue escalando y trayendo terror y muerte a nuestras comunidades. Nuestra organización siempre ha luchado con la verdad, por la construcción de la paz sin violencia, sin venganza, con perdón, y porque tenemos memoria no olvidamos, sabemos que la sangre de nuestras hermanas martirizadas, paró la espiral de violencia iniciada por los priistas, y la verdad es la fuerza de nuestra lucha.

Con nuestras acciones no-Violentas hemos podido solucionar nuestros problemas, construyendo así la paz que tanto necesitamos. Pero también hemos comprobado cómo sólo con la ayuda de Dios nuestro Padre y Madre que nos ayuda y nos protege, es que logramos que se nos vaya el miedo. Por eso hoy en ayuno y oración, nos reunimos para pedirle que tenga piedad de su pueblo, y nos dé su fuerza para resistir el miedo que nos impide seguir luchando.

No olvidamos a las mujeres trabajadoras que murieron calcinadas por defender sus derechos, en una fábrica de telas en Nueva York, el 25 de marzo de 1911. Nos recuerda nuestro propio dolor e indignación por lo ocurrido en esta Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal, 86 años después, donde también fueron más mujeres quienes fueron asesinadas.

Pero Nuestra esperanza se hace más fuerte al saber que desde hace muchos años, son más, las mujeres que luchan, que no se conforman con su sufrimiento y han hecho todo lo que pueden, para cambiar las situaciones de violencia en el tiempo que les tocó vivir, como el que vivieron nuestras 21 hermanas mártires que se encontraban haciendo ayuno y oración por la paz, de nuestro pueblo.

Ayer y hoy nosotras, mujeres de la organización, exigimos VERDAD, JUSTICIA y RESPETO, pues de nosotras, se han llevado nuestros testimonios, pero no hay justicia. Todo lo que ha hecho el gobierno, ha sido proteger a los culpables, premiándolos.

Hoy nos unimos a las, miles de mujeres que se reúnen en todo el mundo para conmemorar a todas nuestras hermanas y compañeras caídas, que lucharon, por el reconocimiento de nuestros derechos a lo largo de la historia. También con las que continúan dando su vida por nuestros derechos, sin violencia, en favor de la paz
Las Mujeres Abejas, agradecemos y les pedimos a todas las mujeres que se encuentran en todos los rincones del mundo, que hagan eco de nuestras justas exigencias.

EXIGIMOS A LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO:

  1. a)  Que garantice la seguridad de todas y todos los integrantes de nuestra organización, pues la situación de impunidad que han propiciado al negar la justicia para el Caso Acteal, es la que fomenta la espiral la violencia en nuestras comunidades.
  2. b)  Exigimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que publique de una vez por todas el Informe de Fondo del Caso 12.790 Manuel Santiz Culebra y señale al estado mexicano su responsabilidad por las graves violaciones a los Derechos Humanos cometidos en contra de nuestra organización para abrir rendijas de justicia en medio de la pesadilla que estamos viviendo, y…
  3. c)  Responsabilizamos a los tres niveles del gobierno, si algo le sucede a alguna Abeja en el contexto de la violencia que estamos viviendo por el crimen organizado, pues insistimos en que los Militares no garantizan nuestra seguridad, sólo el estado de derecho puede garantizarla.

    ¡Vivan las mujeres!
    ¡Vivan nuestras mártires de Acteal!
    ¡Vivan las mujeres que luchan por la paz! ¡Vivan las mujeres en resistencia!
    ¡Vivan las mujeres organizadas que defienden la vida! ¡Vivan las mujeres de Las Abejas de Acteal!

    Desde Acteal, Casa de la Memoria y Esperanza. Atentamente,

Las Mujeres de la Organización sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

Por las Mujeres Coordinadoras:

María Vázquez Gómez Elena Pukuj Jiménez

Por la Mesa Directiva:

Victorio Pérez Paciencia        Oscar Hernández Gómez

Presidente Secretario

Alfredo Jiménez Pérez

Sub-Presidente

Juan Pérez Santiz

Tesorero

 

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Avispa Midia

Fabricación de Delitos: la trágica realidad de Indígenas Tseltales y Ch’ol en Chiapas

Fuente: Avispa Midia

Por Ñaní Pinto

El martes pasado organizaciones se manifestaron afuera de las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia del Estadode Chiapas, para exigir el cese a la criminalización de personas defensoras de territorio en contra de quienes, denuncian,se han fabricado sistemáticamente delitos. Exigen la liberación inmediata de José Díaz Gómez preso político zapatista y de los cinco defensores de San Juan Cancuc.

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José Díaz Gómez, indígena Ch’ol y Base de Apoyo del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN), permanece recluido en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS), número 17 del municipio de Catazajá, Chiapas. “A José le fue fabricado un delito en su contra como represalia a su adherencia política zapatista”, sostiene el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), en un comunicado, por lo que permanece recluido en prisión preventiva desde el 25 de noviembre de 2022.

De acuerdo con la organización, su proceso se ha visto postergado maliciosamente. El juzgado que lleva la causa ha aprobado en tres ocasiones la ampliación del plazo de investigación en beneficio de la Fiscalía, pese a que esta no ha realizado ninguna investigación adicional.

“Este tipo de dilaciones han sido identificadas como parte de un patrón en que fiscales y jueces extienden el proceso y en consecuencia la prisión sin sentencia, todo ello con un fin de simulación. Durante este lapso ha sido cambiada en múltiples ocasiones su defensa pública, vulnerando los derechos a una defensa continua y diligente”, denuncia Frayba.

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El Frayba ha solicitado en tres ocasiones el cambio de medida cautelar, lo que permitiría llevar a cabo su proceso en libertad, a fin de mitigar las afectaciones a su salud y economía familiar. Sin embargo, la respuesta ha sido negativa en cada ocasión.

Los 5 defensores de Cancuc

Denunciaron también la criminalización penal en contra de Manuel Sántiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Velasco y Martín Pérez Domínguez defensores tseltales del territorio.

Los tres primeros fueron aprehendidos por policías municipales y estatales, la Guardia Nacional y elementos del Ejército mexicano el 29 de mayo de 2022 en el municipio de Cancuc.

Posteriormente fueron entregados a la Fiscalía Especializada de Justicia Indígena en San Cristóbal de Las Casas, “quien cometió actos de incomunicación y desaparición forzada por más de veinticuatro horas; esta fiscalía fabricó una versión completamente distinta de la detención asentando que los tres habían sido aprehendidos el 30 de mayo – es decir un día después – en San Cristóbal de Las Casas por portación de enervantes”, explica Frayba en el comunicado.

Durante su detención se fabricaron pruebas para inculparlos de un segundo delito que no cometieron, y se solicitó una orden de aprehensión por el mismo. Tras ser liberados por el primer delito, nuevamente fueron aprendidos tras abrir unasegunda carpeta de investigación fabricada y llevados directamente al CERSS No. 5. Esta situación “atiende al patrón documentado en decenas de casos por el Frayba”, según la organización.

El día 01 de junio de 2022, familiares de los tres detenidos y dos testigos, en compañía del personal del Frayba y de una organización internacional de observación de Derechos Humanos, se trasladaron al juzgado de control donde se llevaría a cabo la audiencia inicial contra los tres defensores. Estando fuera del CERSS, arribaron policías ministeriales quienes se llevaron a los dos testigos de nombres Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Velasco, sumándolos a la lista de defensores criminalizados.

A lo largo del juicio, el Frayba ha señalado diversas violaciones a derechos humanos como la detención arbitraria, privación ilegal de la libertad, traducción inadecuada durante el juicio y admisión de pruebas claramente deficientes por parte del juzgado.

“Desafortunadamente el proceso ha sido un laberinto burocrático que ha prolongado su detención preventiva por casi tres años”, sostiene Frayba.

La organización hace un llamado para que los “jueces escuchen las denuncias de las víctimas sobre las violaciones a derechos humanos cometidas con el fin de construir delitos en su contra, que estudie detenidamente las pruebas fabricadas para cerciorarse de sus inconsistencias, y que no sea parte de la prolongación indebida de la prisión preventiva que es una forma más de castigo al ejercicio de los derechos políticos”.

 

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Avispa Midia

México: Gobierno comunitario de Ostula repele crimen organizado de su territorio

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

Foto por Regina López

Pueblos y organizaciones de diversos estados de México lanzaron un comunicado en el cual reconocen la labor del Gobierno Indígena Comunitario de Santa María Ostula, municipio de Aquila, Michoacán, en la defensa de los derechos colectivos del pueblo indígena nahua y por velar por seguridad en su territorio.

La comunidad indígena nahua de Santa María Ostula se encuentra enclavada en la región costa, sierra del Estado de Michoacán, una región rica en recursos naturales, minerales y forestales. Sin embargo, es una de las zonas más violentas de México. La disputa entre diferentes grupos del crimen organizado por el control del territorio y sus recursos ha derivado en cientos de personas asesinadas y desaparecidas.

En este contexto, las habitantes de la comunidad indígena Nahua de Santa María Ostula, “han entendido que solo la unidad, el trabajo comunitario, el fortalecimiento de sus sistemas normativos internos y el cuidado de la madre tierra, pueden generar una alternativa para generar condiciones de vida digna dentro de su territorio”, sostiene el comunicado.

Desde el 2011, en el ejercicio de su derecho a la libre determinación, según los términos constitucionales y tratados internacionales, como lo es el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Convención de las Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas, las 24 comunidades y encargaturas, que conforman la comunidad indígena de Santa María Ostula, han fortalecido sus sistemas normativos internos conforme a su derecho como pueblo indígena a la libre determinación.

De acuerdo a las decisiones tomadas en asambleas generales, como máximo órgano de gobierno, han fortalecido sus instituciones de Gobierno Indígena, basado en sus autoridades agrarias, Consejo Comunal, Jefatura de Tenencia, Encargados del Orden y la Guardia Comunal.

En tal sentido, el gobierno indígena de Santa María Ostula “es garante de la legitimidad y capacidad de sus instituciones propias para generar mejores condiciones de vida en su territorio, que es uno de los lugares más seguros del país, a pesar de estar en una de las zonas más violentas”, sostienen las organizaciones.

Ante la falta de capacidad por parte de las dependencias del Estado para brindar seguridad, los grupos del crimen organizado mantienen el control de gran parte de la región costa – sierra de Michoacán y han intentado ingresar en los terrenos comunales de Ostula generando violencia y tensión, afirman.

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A pesar de ello, la comunidad de manera organizada ha logrado repeler los ataques y ha buscado por medio del diálogo fortalecer las alianzas con el Gobierno Federal para, en conjunto y coordinación, hacer frente a la situación de violencia en la región.

De acuerdo a las organizaciones, la historia reciente “nos enseña que solo con la participación y control, legal y legítimo del Gobierno Indígena Comunal de Santa María Ostula, ha sido posible la construcción de la paz y la seguridad, que son dos de los temas más sensibles que enfrentamos como pueblo mexicano”.