Fuente: Noticaribe

Defensores del medio ambiente, especialistas en el tema y pobladores advierten que el Tren Maya, uno de los principales proyectos de infraestructura del Gobierno federal, se perfila bajo un modelo neoliberal que resulta contradictorio con la abolición al neoliberalismo decretada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

BACALAR, MX.- Expertos en temas ambientales y ejidatarios advierten que el Tren Maya impactará severamente a las comunidades en la tenencia de la tierra, en lo ambiental y en lo social.

“Deberíamos ir a un proyecto más participativo, sin prisa por hacer asignaciones directas a empresas internacionales y sin traer un montón de turistas sin haber atendido antes la problemática local ambiental”, alertó Sergio Madrid, director del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible.

Entre los problemas que deben resolverse antes, dijo, está el esquema de gestión de residuos sólidos urbanos y la contaminación hídrica.

Durante su participación en el “DEBA-TREN ‘MAYA’”, que tuvo lugar en esta comunidad, Leticia Merino, investigadora de la UNAM, alertó sobre el riesgo de despojo de tierras a las comunidades.

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COMUNICADO DEL CNI-CIG Y EL EZLN ANTE LA VIOLENCIA DESATADA CONTRA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

A los pueblos del mundo
A las redes de apoyo al CIG
A la sexta nacional e internacional
A los medios de comunicación

El paso del capitalismo neoliberal está marcando sus pasos con la sangre de nuestros pueblos, donde la guerra arrecia porque no cedemos nuestra tierra, cultura, nuestra paz y organización colectiva; porque no cedemos en nuestra resistencia ni nos resignamos a morirnos.

Denunciamos el cobarde ataque perpetrado el pasado 31 de mayo a la comunidad indígena nahua de Zacualpan, miembros del Congreso Nacional Indígena en el municipio de Comala, Colima, en la que un narco paramilitar disparó armas de grueso calibre contra un grupo de jóvenes, asesinando a uno de ellos y dejando gravemente heridos a tres más.

Ante los graves hechos, hacemos responsable a los tres niveles del mal gobierno que permiten la operación de estos grupos narco paramilitares en la región, principalmente el director de seguridad pública Javier Montes García. Exigimos el pleno respeto a los usos y costumbres de la comunidad indígena nahua de Zacualpan.

Condenamos la agresión y destrucción ocurridos la madrugada del 31 de mayo en las localidades de Rebollero y Rio Minas, pertenecientes a la comunidad binizza de San Pablo Cuatro Venados en el municipio de Zachila, Oaxaca, a manos de un grupo armado, que con violencia destruyeron la casa de decenas de familias.

Un numeroso grupo de personas llegó a la localidad disparando armas de grueso calibre y acompañados de maquinaria pesada, tras muchos disparos derribaron las casas, obligando a salir y refugiarse en el monte a las y los compañer@s, entre los que se encontraban menores de edad.

Derribaron 24 viviendas, quemaron maíz y otros granos almacenados como semillas para la siembra, quemaron las pertenencias personales de la comunidad como ropa y zapatos. Además, se robaron ganado, plantas generadoras de energía y bombas de agua.

Condenamos la represión y despojo cometido en contra de nuestros compañeros y compañeras de la comunidad indígena otomí residente en la Ciudad de México que de forma violenta, fueron desalojados por grupos de choque al servicio del mal gobierno y las empresas inmobiliarias, junto con cientos de granaderos al servicio de Néstor Núñez, titular de la Alcaldía de Cuauhtémoc, el pasado 30 de mayo a las 11:00 horas en el campamento que mantenían sobre la calle de Londres No. 7, Col. Juárez, desde donde la comunidad otomí mantiene campamentos temporales desde el sismo ocurrido el 19 de septiembre de 2017.

Condenamos el cerco narco paramilitar que grupos criminales, solapados y apoyados por los tres niveles del mal gobierno y todos los partidos políticos, mantienen en contra de las comunidades del Concejo Indígena y Popular de Guerrero- Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) en el municipio de Chilapa y José Joaquín de Herrera, que con autonomía construyen la paz con su lucha.

Hacemos un llamado a los pueblos de México y el mundo a estar atentos y solidarios con la lucha de los pueblos de Guerrero, a romper el cerco que impone la violencia por la apropiación capitalista de los territorios indígenas, que limita el ingreso de alimentos y medicamentos. Llamamos a apoyar el acopio de víveres que serán destinados a las comunidades afectadas, y que recibirá productos como maíz, arroz, frijol, chiles de lata, azúcar, sardina, atún, papel de baño, pañales y medicamentos, en el local de UNIOS, ubicado en la calle Dr. Carmona y Valle No. 32, colonia Doctores, en la Ciudad de México.

Reiteramos que nuestra madre tierra no está en venta al gran capital ni a nadie, nuestra existencia no se negocia y por lo tanto tampoco la resistencia de nuestros pueblos.

Atentamente
Junio de 2019
Por la reconstitución integral de nuestros pueblos
Nunca más un México sin nosotros
Congreso Nacional Indígena
Concejo Indígena de Gobierno
Ejército Zapatista de Liberación Nacional

(Fuente: Enlace Zapatista)

En México, se realizan acciones en más de 10 estados.

En tan sólo tres meses, cinco defensores del territorio que se organizaban en torno al Congreso Nacional Indígena (CNI) han sido asesinados. Se trata de Samir Flores Soberanesde Amilcingo, en el estado de Morelos y de Bartolo Hilario Morales, Isaías Xanteco Ahuejote, Bartolo Faustino y Modesto Verales Sebastián; estos últimos pertenecientes al Consejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata.

En el mismo lapso de tiempo, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas publicó un informe en el que da cuenta de la intensificación de la estrategia contrainsurgente  contra Pueblos Originarios Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ahí se informa que “desde fines del 2018, se duplicó el número de incursiones del Ejército mexicano a la sede de la Junta de Buen Gobierno (JBG) Hacia la Esperanza, en el Caracol de La Realidad (Municipio oficial de Las Margaritas). Las BriCo observaron 19 patrullajes terrestres, (con soldados armados con metralletas) y 5 sobrevuelos desde helicópteros, de enero a abril de 2019. Preocupante es la regularización de los sobrevuelos a las comunidades y el aumento de los movimientos militares en el último mes”.

Ante esta grave situación, organizaciones, redes, colectivos e invidualidades se han dado a la tarea de organizar una serie de movilizaciones en diferentes partes de México y del mundo para mostrar su solidaridad con el EZLN, y reivindicar la lucha por la Vida y contra la Guerra en todo el mundo.

Hasta el miércoles 29 de mayo, había registradas más de 20 acciones en México, Argentina, EUA, Grecia, Francia y Austria. La información sobre dichas actividades pueden consultarse en la página Porque Acordamos Viviry registrarse al porqueacordamosvivir@gmail.com

Para sumarse a la acción desde redes sociales, también se convoca a utilizar los #NosotrxsConElEZLN #NosotrxsConElCNI y #JornadasPorLaVidaEZLNyCNI

En la Ciudad de México, la cita fue a las 07:00am en la entrada de Palacio Nacional, por la tarde también se llevaron a cabo otras actividades.

Por Eugenia López

El primer y segundo tribunales colegiados en materia administrativa dieron la razón a ocho comunidades de Puebla, Morelos y Tlaxcala que se oponen al Proyecto Integral Morelos (PIM).

Uno de los objetivos principales del PIM es el transporte de gas para una termoeléctrica para responder al crecimiento y desarrollo industrial de la zona. El camino del gasoducto atraviesa toda la zona del volcán Popocatépetl, desde Tlaxcala hasta por Puebla. La inversión total, asumida por las empresas españolas Elecnor y Abengoa, es cercana a los 1,600 millones de dólares.

Los tribunales ordenaron a los jueces que acepten el amparo que interpusieron en febrero pasado las comunidades de Huexca, Jantetelco, Amayuca, Amilcingo, Santa María Zacatepec, San Damian Texoloc, San Jorge Tezoquipan y San Vicente Xiloxochitla contra la Consulta Ciudadana efectuada por el gobierno federal para resolver sobre la viabilidad del PIM.

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El amparo, por el mal uso de las consultas

El pasado 18 de febrero, dos días antes del asesinato del indígena Nahua Samir Flores, las comunidades mencionadas habían promovido las demandas 199/2019 y 209/2019 ante los juzgados Primero y Cuarto de Distrito.

De acuerdo con integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, con esas demandas las comunidades se oponían al hecho de que el proyecto pueda ser aprobado mediante la Consulta Ciudadana promovida y realizada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Si bien, el mandatario declaró que gracias a esa consulta la decisión recaerá “en el pueblo”, las comunidades indígenas afectadas lo acusan de violar sus derechos a la consulta previa, libre, informada y de buena fe, así como a la autodeterminación, reconocidos por la Constitución de México y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Como lo afirmaron las comunidades, la Consulta Ciudadana no remplaza la obligación del Gobierno Federal de realizar una Consulta Previa e Informada enmarcada en los estándares internacionales.

Rechazo

En una primera instancia, los juzgados primero y cuarto rechazaron las demandas de las comunidades indígenas, alegando que le presidente no es “autoridad responsable” del supuesto agravio y que usó la consulta como fundamento moral y no legal, para dar continuidad a la termoeléctrica, acueducto y gasoducto.

Además, citando como antecedente la consulta pública para decidir el futuro del aeropuerto en Texcoco realizada en noviembre de 2018, sostuvieron que en la zona directamente involucrada no existen comunidades consideradas indígenas, sino comunidades con un interés “simple”, como “el resto de los mexicanos”.

En respuesta, los pueblos acudieron a los tribunales colegiados.

Reconocen daños a derechos de pueblos

El primer y segundo tribunal colegiados determinaron que fueron erróneos los criterios emitidos por los jueces primero y cuarto de distrito con sede en Puebla, al desechar los amparos 199/2019 y 209/2019 y permitir la realización de la consulta, a pesar de que incumplía con la ley.

El primer tribunal colegiado reconoció que los quejosos acreditaron violaciones a la ley que los dejaron sin defensa. El juez consideró que los juzgados de Distrito no habían tomado en cuenta el acervo probatorio ofrecido por los quejosos y validó como pruebas del interés de los quejosos sus constancias de residencia, el acta de hechos de su asamblea general, las múltiples firmas en hojas anexas, donde manifestaban «yo no estoy de acuerdo por el paso de gasoducto por mi comunidad», así como las actas de Cabildo que negaban autorización al PIM.

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Por su parte, el segundo tribunal aceptó que la consulta abrió la puerta a la continuación del proyecto, sin garantizar la participación efectiva de los pueblos en las medidas administrativas que puedan impactar su entorno o hábitat. También reconoció el argumento de que la metodología de aplicación no cumplió con los parámetros del Convenio 169 de la OIT, para dar a los interesados una adecuada participación.

En un comunicado, las comunidades agraviadas pidieron que el criterio del segundo tribunal colegiado sobre el PIM siente precedente para otros casos de resistencia a megaproyectos como los trenes Transístmico y Maya en el sureste del país.

TRES MESES DESDE EL ASESINATO DE SAMIR SIN JUSTICIA Y CASTIGO A LOS CULPABLES

El día de hoy 20 de mayo del 2019 se cumplen tres meses del asesinato de nuestro compañero Samir Flores Soberanes, incansable luchador social y defensor del territorio y los derechos humanos. Tres meses ya han pasado y no hay ningún avance en las investigaciones sobre su asesinato desde la Fiscalía General del Estado.

Aunque las líneas de investigación se ampliaron hacia su labor tanto de periodística, como de sus actividades de lucha ante el PIM, los avances sobre estas líneas son nulos. La falta de seriedad y las formas de cómo se ha ido ejecutando la investigación nos preocupa.

Casi un mes después del asesinato de Samir se presentaron los investigadores de la Fiscalía al lugar de los hechos para levantar pruebas, incluso se les tuvo que prestar herramientas, ya que no iban preparados con lo necesario. Solo se han presentado a declarar a personas sospechosas pero a la par, hemos recibido citatorios compañeros que defendemos el territorio, con el argumento de ser parte de la investigación, situación que pareciese, más que una investigación, una forma de amedrentarnos.

Los abogados de la familia han dado elementos para que se citen a ciudadanos que pueden aportar para la investigación pero pareciera que para la Fiscalía no es importante ya que ha postergado citarlos para declarar. El Fiscal del Estado está más preocupado en dar declaraciones irresponsables para justificarse diciendo que “todo va bien y que están por salir ordenes de aprehensión contra los presuntos responsables materiales”, sin que haya sucedido nada, a casi un mes de las declaraciones.

Por su parte el super delegado federal Hugo Erik Flores declara que el asesinato de Samir fue por la delincuencia organizada debido a su labor periodística, sin explicar cómo obtiene la información que asegura, ya que no puede conocer la carpeta de investigación sin haber sido citado antes, por ser uno de los sospechosos en las líneas de investigación. Declaraciones del delegado sin fundamento, ya que Samir, durante su labor periodística, no hablaba o se refería a situaciones realizadas por la delincuencia organizada, por lo que esta versión del super delegado, pretende posicionarse como una verdad histórica para quitarle el peso político a su asesinato y reducirlo solo a un hecho de la delincuencia.

A raíz de la muerte de Samir, diversos compañeros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua y de la Resistencia de Amilcingo han temido por su seguridad e integridad física, además de actos de hostigamiento y amedrentamiento laboral que han sufrido algunos, situación que los llevó a incorporarse al Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, a petición del mismo Mecanismo, pues señalaron, “el Gobierno Federal está muy preocupado por nuestra seguridad”, pero lamentablemente hasta el momento se han implementado una mínima parte de todas las medidas que se evaluaron eran necesarias para la protección de las y los compañeros. Por lo que exigimos al Mecanismo de protección cumpla ya con las medidas programadas para mejorar las condiciones de seguridad de la comunidad de Amilcingo y de los compañeros en riesgo. También nos preocupa la falta de información y conocimiento de las autoridades gubernamentales y educativas respecto a las implicaciones de estar incorporado al
mecanismo, situación que está generando complicaciones y posibles represalias laborales hacia algunos de los beneficiarios de este mecanismo. Exigimos se respeten las medidas estipuladas por el mecanismo que permitan garantizar la seguridad e integridad de nuestros compañeros.

Denunciamos que la complicidad de los poderes de gobierno para imponer el Proyecto Integral Morelos continúa para Amilcingo, pues en el mes de abril, el ejido de Amilcingo interpuso un amparo contra la ilegal instalación del Gasoducto Morelos en tierras ejidales, sin embargo, el Juez Noveno de Distrito con sede en Morelos, desechó infundadamente el amparo al señalar que el ejido tenía 15 días para ampararse, cuando el plazo establecido en la Ley de Amparo para núcleos agrarios es de 7 años.

¿Cómo quieren que no pensemos que el gobierno no está involucrado en el asesinato de Samir por su oposición al PIM, si fue asesinado en medio de un ambiente de discurso de descalificación y odio promovido por López Obrador? ¿Si fue asesinado 3 días antes de la consulta y la consulta se impuso a la fuerza? ¿Si los amparos interpuestos por la consulta dos días antes de la muerte de Samir fueron desechados de manera injusta para permitir la consulta? ¿Si el super delegado Hugo Erik declara conclusiones de la investigación sin tener acceso a la misma? ¿Si aunque existe la línea de investigación sobre el asesinato a Samir a causa del PIM, esta línea no ha avanzado en nada, permitiendo a los sospechosos como Hugo Erik Flores, querer sembrar verdades históricas en la opinión pública? ¿Si el proyecto se quiere seguir imponiendo a través de diversos operadores, ocultando todas las irregularidades que tiene? ¿Si a las comunidades indígenas y ejidos que no queremos el PIM se nos desechan los amparos de diversas formas tan ridículas? ¿A quién le conviene que las comunidades y defensores contra el PIM vivan con miedo y sin medidas de protección para seguir realizando su labor de organización y defensa?

Ya son tres meses sin nuestro compañero, tres meses sin sus programas al aire, sin su presencia en la asamblea, en su casa, en nuestras vidas. Tres meses que el pueblo de Amilcingo junto con otros pueblos, colectivos, organizaciones hemos exigido justicia. No permitiremos que su caso quede impune, no permitiremos que nos quieran imponer “verdades históricas” ni chivos expiatorios sobre su asesinato.

El asesinato de Samir es un asesinato político, porque sucedió en un contexto político y fue por su labor de defensa de derechos humanos y comunicador indígena. No permitiremos que desdibujen las razones de su muerte a versiones infundadas que pretendan desviar la gravedad de su asesinato en un contexto donde se ha incrementado gravemente el asesinato de defensores de derechos humanos, del territorio y periodistas en México, sin que el gobierno haga nada para detener este ataque.

¡Exigimos que la Fiscalía General del Estado realice su trabajo seria y verazmente!
¡Exigimos que el Mecanismo de protección a periodistas y defensores proteja verdaderamente a los defensores y periodistas!
¡Justicia para Samir! ¡No al PIM! ¡Ni perdón, ni olvido, castigo a los asesinos!

Redes de Resistencia y Rebeldía en Apoyo al CNI-CIG, individuos y colectivos adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, así como organizaciones que luchan contra el capitalismo y el mal gobierno en México y el mundo, reunidos en la Ciudad de México, el 8 de mayo de 2019, DENUNCIAMOS que:

A tan solo 5 meses de gobierno, Andrés Manuel López Obrador ha declarado una guerra en contra de las comunidades autónomas zapatistas y de los integrantes del CNI-CIG, aumentando la presencia de efectivos y operaciones militares en territorios zapatistas; permitiendo el asesinato de Samir Flores Soberanes, defensor del agua y opositor al Proyecto Integral Morelos (PIM); así como los recientes secuestros y asesinatos del concejal José Lucio Bartolo Faustino y del delegado Modesto Verales Sebastián, ambos integrantes del Congreso Nacional Indígena y promotores del Concejo Indígena y Popular de Guerrero- Emiliano Zapata.

Existe una guerra contrainsurgente llevada a cabo por el ejército, la policía y los grupos narco paramilitares que operan en el país con el propósito de continuar con las políticas de despojo del territorio a los pueblos originarios; evidencia de esto son el incremento de la frecuencia y agresividad de estos grupos y la incursión de espías e informantes en territorio zapatista, así como la reaparición de sobrevuelos de aviones, helicópteros militares y vehículos artillados.

Con falsas consultas y violando el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas a cuidar y conservar su territorio, el mal gobierno se empeña en imponer el “Tren Maya”, el Corredor Transístmico, el Proyecto Integral Morelos, la siembra de monocultivos en territorios indígenas y los megaproyectos mineros e hidroeléctricos; pese a la oposición de los pueblos que se han declarado en contra, porque sólo traerán beneficios económicos a los empresarios; porque las fuentes de empleo que estos proyectos generarán, solo ofrecen a los hombres y a las mujeres indígenas trabajos como servidumbre y mano de obra barata;  porque significa la destrucción y contaminación de la tierra.

La guerra contra la vida se extiende por todo el país y es una guerra contra los pueblos originarios, contra las mujeres, contra la infancia, contra nuestra madre tierra. Es una guerra que nos afecta a todas y a todos. Es por ello que frente a esta terrible guerra que padecemos es necesario organizarnos para la defensa de la vida, del camino de la autonomía y de la digna resistencia que encabezan el EZLN y el CNI-CIG contra los megaproyectos de muerte.

Por todo lo anterior colectivos y colectivas de la Sexta nacional e internacional, redes de resistencia y rebeldía de México y el mundo, hombres y mujeres anticapitalistas y antipatriarcales, nos conformamos como COMITÉ ORGANIZADOR y anunciamos que damos inicio a las JORNADAS POR LA VIDA Y CONTRA LA GUERRA, con el fin de llevar adelante tareas que en conjunto, nos permitan visibilizar esta guerra de despojo, explotación, desprecio y represión. Es por esto que

CONVOCAMOS

A las Redes de Resistencia y Rebeldía en Apoyo al CNI-CIG, a las y los colectivos Adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona,  a las organizaciones que luchan contra el capitalismo y el mal gobierno en México y el mundo, a todos los hombres y las mujeres honestas y de buen corazón; a formar parte y fortalecer entre tod@s las  JORNADAS POR LA VIDA Y CONTRA LA GUERRA, a partir de las siguientes

ACCIONES

UNO: Tal como lo hemos hecho en ocasiones anteriores, salir a las calles a informar, visibilizar y denunciar –con perifoneos, volanteo, exposiciones, teatro, música, cine, utilizando las ciencias y las artes– este escenario de guerra. Instalar mesas informativas en diversos puntos de la Ciudad de México, en otras ciudades del país y fuera de México. (Continuar leyendo…)

La militarización de Chiapas se da en el contexto de una apuesta del Estado mexicano por el paradigma de la guerra. El Frayba ha documentando hostigamientos en contra de pueblos que construyen autonomía y defienden su derecho al territorio. En esta región históricamente el Ejército mexicano es responsable de crímenes de lesa humanidad.

Por Frédéric Mousseau, Oakland Institute
Mayo 2019

SUMARIO

El Banco Mundial está lanzando un ataque sin precedentes contra los bienes comunes al presionar por la privatización de las tierras consuetudinarias y públicas y su venta por subasta al mejor postor. El indicador de tierras de las clasificaciones del Banco en Facilitando los Negocios en la Agricultura prescribe reformas de políticas para facilitar el acceso a la tierra para la agroindustria, a expensas de los agricultores familiares, los pastores y los Pueblos Indígenas.

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Los efectos de la rápida expansión de agricultura industrial a gran escala para aceite de palma y otros productos han sido devastadores en todo el Sur Global en los últimos años. Se está desplazando a mucha gente de sus tierras y se están destruyendo los medios de vida de millones, contribuyendo al mismo tiempo al cambio climático a través de la deforestación y la destrucción ambiental. La tendencia se ha intensificado desde la crisis alimentaria y financiera de 2008, cuando los altos precios de los productos básicos provocaron un aumento del interés en la agricultura a gran escala para los cultivos de alimentos y biocombustibles. Hoy continúa con millones de hectáreas de bosques, áreas de pastoreo y tierras de cultivo convertidas en plantaciones cada año.

El papel central del Banco Mundial en la expansión de plantaciones agrícolas a gran escala

El Banco Mundial ha desempeñado un papel fundamental en la promoción de estos acuerdos de tierras a gran escala. Durante años, a través de diferentes mecanismos que incluyen asistencia técnica y servicios de asesoría a gobiernos, condicionalidad de la ayuda y clasificaciones de negocios, el Banco ha alentado reformas regulatorias dirigidas a atraer inversión privada extranjera para el crecimiento económico y el desarrollo. Para 2014, la Corporación Financiera Internacional (CFI), la rama del sector privado del Banco Mundial, estaba administrando 156 proyectos en 34 países por un valor de $ 260 millones para servicios de asesoría para promover el desarrollo del sector privado.

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