^{En portada: Funcionarios del gobierno estatal junto a representantes del sector privado y el embajador de EEUU en el anuncio de la “Iniciativa Oaxaca”}

Acompañados del embajador de los Estados Unidos, Ken Salazar, el pasado miércoles (20), se firmó la llamada “Iniciativa Oaxaca” entre el gobernador de esta entidad, Salomón Jara, y el Consejo Coordinador Empresarial, máximo órgano de representación del sector privado en México, representado por 14 organizaciones líderes.

“Ellos están aquí porque ven grandes oportunidades en Oaxaca”, destacó Jara haciendo alusión a los llamados “proyectos estratégicos” del gobierno federal, entre ellos el Corredor Interoceánico, establecido en el Istmo de Tehuantepec, en los estados de Oaxaca y Veracruz.

En la presentación de esta iniciativa, se señaló que uno de los principales objetivos es fortalecer las cadenas de suministro de América del Norte, permitiendo aprovechar más ampliamente el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Resaltaron que el Corredor Interoceánico será un centro logístico que, hasta el momento, conecta con 50 mercados a través de 15 acuerdos comerciales internacionales con EEUU, Asia y Europa.

El gobernador oaxaqueño hizo énfasis en que su gobierno es un aliado de los inversionistas y que serán respaldados por la gobernabilidad, la seguridad y la paz que se ofrece en su mandato en Oaxaca. “El proyecto que hoy firmamos es una muestra más de que vamos por la ruta correcta, el desarrollo, la justicia y el bienestar que espera y merece el estado de Oaxaca”, dijo Jara, quien presentó al embajador como un testigo de honor de este acuerdo.

Salazar por su parte anunció que el sur-sureste de México es una prioridad para ellos, por tanto “desde la Embajada de los Estados Unidos hemos impulsado esta agenda con socios del sector privado, principalmente de la American Chamber of Commerce (AmCham), así como con las autoridades mexicanas”, puntualizó, recordando que el año pasado (2022), en la Casa Blanca, los presidentes Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador destacaron que las inversiones en puertos, aeropuertos y el Interoceánico potencializarán las economías de ambos países.

Continuidad

En septiembre del 2022, el embajador de EEUU, junto a empresas como Visa, Amazon, Facebook, AT&T, META, Google, Mercado Libre, FEMSA y el exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, realizaron el sexto encuentro de gobernadores del sur-sureste de México, puntualizando que el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec es uno de los más importantes. Jara, quien apenas iba a suceder a Murat, dijo que iba a dar continuidad, “vamos a trabajar para que nuestro estado sea motor del desarrollo nacional y del sur del país”.

También, la AmCham, la federación empresarial más grande del mundo, que ha participado en diversas reuniones que abordan los proyectos estratégicos desde 2021,  anunció que invertirán más de 600 millones de pesos en la región, declaró el embajador el pasado mes de abril.

^{En portada: Habitantes del municipio de Motozintla se han manifestado contra el aumento de la violencia y la omisión de las autoridades de los tres niveles de gobierno.}

En los últimos tres días han circulado, mediante redes sociales, imágenes de caravanas de camionetas blindadas, adaptadas como tanquetas de guerra, con hombres fuertemente armados. Esto ocurrió en carreteras de Motozintla y en la localidad de Chamic, en el municipio de Frontera Comalapa, Chiapas, zona fronteriza entre México y Guatemala, en una clara señal de que la disputa entre cárteles en el estado solo se está recrudeciendo.

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Personas formadas en filas, en las orillas de la carretera, aparecen gritando¡Puro Sinaloa!, en alusión al Cartel de Sinaloa, en un mensaje de guerra dirigido al cártel opuesto, el Jalisco Nueva Generación.

Las ejecuciones también se han recrudecido en la región tras las caravanas, denuncian habitantes de la zona.

La disputa, que se intensificó en los últimos meses, ha transformado en territorio de guerra principalmente a los municipios Frontera Comalapa, Chicomuselo, Motozintla, Siltepec, Amatenango de la Frontera, Mazapa de Madero, La Grandeza y El Porvenir.

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En la conferencia de prensa matutina de este lunes, 25 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador trató de minimizar los hechos que han ocurrido en Chiapas, diciendo que ha habido mucha “propaganda” y que las críticas recientes obedecen a “motivos políticos”.

“Sacaron un video donde hay gentes recibiéndolos y sí pueden ser bases de apoyo porque les entregan despensas o por miedo, pero no es un asunto general y ya se está atendiendo y está la Guardia Nacional”, dijo el mandatario.

El gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, también del partido Morena, ha evadido pronunciarse sobre la violencia que se ha extendido en la región sur del estado chiapaneco. Tampoco ha mencionado posibles acciones del gobierno del Estado para interferir en la situación.

Escandón fue invitado por el presidente López Obrador en la conferencia de prensa de este mismo lunes. Sin embargo, el tema abordado por el mandatario estatal fue la construcción del megaproyecto Tren Maya. “En Chiapas estamos muy contentos con la obra del Tren Maya, porque ha fortalecido la economía y el desarrollo del estado”, dijo el gobernador en sus redes sociales, sin mencionar la situación crítica que ha vivido la población de Chiapas.

Durante la conferencia de prensa, López Obrador evitó que el gobernador de Chiapas contestara preguntas de los periodistas sobre la disputa del territorio por los cárteles. Cuando Escandón fue cuestionado sobre los hechos del final de semana, el presidente contestó, “yo les voy a contestar esto, nada más”.

Mientras los mandatarios, estatal y federal, utilizan la estrategia del silencio o simplemente minimizan la situación, la sociedad civil y comunidades han denunciando hace meses la crisis social, la represión y la presencia de grupos criminales.

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El mismo sábado, 23 de septiembre, cuando empezaron a circular los videos, la Diócesis de San Cristóbal de las Casas lanzó un comunicado titulado Chiapas desgarrado por el crimen organizado. “Los grupos delincuenciales se han apoderado de nuestro territorio y nos encontramos en estado de sitio, bajo psicosis social con narco bloqueos, que usan como barrera humana a la sociedad civil, obligándolos a estar y poner en riesgo su vida y la de su familia”, sostiene.

Entre las violencias señaladas por la Diócesis están: la presión y el control social, político y psicológico para que el pueblo tome partido por uno o por otro grupo criminal; el desabasto de alimentos, granos básicos y la falta de atención médica y medicamentos, debido a la continua violencia; los reclutamientos forzados, “dejando a las familias destrozadas”; el control del territorio, saqueo, extracción y explotación minera; y cobro por “derecho de piso” y “de paso”.

El silencio de las autoridades “demuestra un estado fallido y rebasado y/o coludido con los grupos delincuenciales, desde los fiscales municipales y regionales, presidentes municipales, el gobierno del estado y federal”, dice el comunicado.

^{En portada: Doña Lupe y su nieto recorren un área de su comunidad, El Bosque, donde yacían una escuela y casas. Ahora, solo quedan ruinas debido al avance del mar que amenaza con desaparecer totalmente al poblado pesquero ubicado en las costas de Tabasco. Foto: Aldo Santiago}

Los objetivos que han asumido los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas y corporaciones transnacionales, enmarcados en el Acuerdo de París como hoja de ruta a seguir para detener el aumento de la temperatura planetaria a 1.5 grados centígrados (°C) por encima de los niveles preindustriales, no se están cumpliendo advierte Naciones Unidas.

Con el Acuerdo de París se trazó como principal objetivo un proceso de descarbonización de la economía, entendido como la sustitución de los combustibles fósiles por nueva tecnología que emitiera menos gases de efecto invernadero, responsable del cambio climático, según la ONU.

Desde entonces, países y empresas han desarrollado acciones que las han llamado “transición energética” que, llevadas a cabo, deberían limitar, según el acuerdo, el calentamiento global a 1,5 °C, esto implica reducir las emisiones a casi la mitad en 2030 y alcanzar el cero neto en el año 2050.

El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas advierte, en su informe 175 de Análisis Económico publicado este mes de septiembre, que no se están alcanzando los objetivos planeados. Incluso, ha proyectado sobre un escenario de temperaturas mundiales de 2 °C, 2,6 °C y hasta 3°C por encima de los niveles preindustriales. En este escenario se avisora una caída de hasta el 18% de la producción mundial de bienes y servicios reflejada en el Producto Interno Bruto munidal (PIB).

En entrevista para Avispa Mídia la ingeniera industrial Beatriz Olivera señala que esa advertencia es preocupante ya que supone que, “el mundo de alguna manera sigue anclado en los combustibles fósiles y es muy probable que no haya cambios en el corto plazo”, por tanto, no se estaría cumpliendo con el Acuerdo de París y tampoco con los llamados Objetivos de Desarrollo Sustentable enmarcados en la Agenda 2030 de la ONU.

Además de la posible caída en la producción mundial de bienes y servicios, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático estima que este contexto podría sumir en la pobreza a 100 millones de personas más de aquí a 2030, si no se adoptan medidas de adaptación al cambio climático y mitigación adecuadas. Aunque en 2019 las cifras ya destacaban un crecimiento de al menos 1300 millones de seres humanos en estas condiciones.

La ingeniera mexicana, quien participó en una investigación llamada Minerales críticos para la transición energética, arremete diciendo que, “deberíamos estar muy preocupados porque países como el nuestro (México) serán de los más impactados”, advirtiendo que las comunidades más vulnerables de este país ya están sufriendo las consecuencias del aumento del nivel del mar, las sequías, las oleadas de calor y las inundaciones.

El costo de la “transición”

El Banco Mundial (BM) ha advertido que esta “transición” requiere al menos un aumento de casi 500% de más minerales hasta 2050, lo que implica mayor extractivismo en diversas geografías y, con ello, más impactos ambientales y sociales. Esta entidad financiera tiene clasificado al menos 24 tipos de minerales necesarios para el remplazo de la matriz tecnológica de combustibles fósiles a energías renovables, como los complejos de energía solar fotovoltaica y de concentración, eólica, geotérmica e hidroeléctrica.

Sin embargo, solamente los complejos eólicos, además de grandes cantidades de concreto, “1,200 toneladas por cada aerogenerador de 3 mega watts”, según la ingeniera Olivera, también requiere al menos 14 tipos de minerales como Aluminio, Bauxita, Bario, Boro, Cobalto, Tierras Raras, Cobre, Plomo, Níquel, Zinc, entre otros.

La tecnología solar ocupa casi los mismos minerales, además, del Cadmio, Estaño, Galio Germanio, Indio, Manganeso, Molibdeno, Plata, Selenio, Silicio y Telurio. Un total de 17 tipos de metales.

“Uno de los minerales que va a tener mayor demanda, a medida que se acelere la transición, será el cobre, el litio, grafito y cobalto. El litio es para las baterías de los automóviles. De manera que no se puede dejar de pensar en estos minerales cuando se habla de transición energética”, puntualiza la investigadora Olivera.

El BM estima que la demanda de estos minerales se disparará conforme avanza el cambio de matriz tecnología. La demanda del litio aumentará en un 488% y casi de forma similar el grafito ascenderá a 494%, mientras que el cobalto en 460%, según los datos de esta instancia financiera.

¿Quién pierde y quién gana?

Por su parte, a las grandes corporaciones y a las principales económicas del mundo, lo que más les preocupa es la disminución del crecimiento económico mundial. Se justifica acelerar la inversión en energías renovables para que se mantenga el ritmo de crecimiento de la economía.

El pasado mes de junio, los integrantes de la Asamblea Parlamentaria de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN, alianza militar de países de Europa y Norteamérica), debatieron diversos temas, entre ellos, los llamados “minerales críticos y tierras raras” que requiere la “transición energética”. Certeramente pusieron especial atención en el cobre, litio, níquel y cobalto, resaltando que su demanda “ya es muy elevada y aumentará a medida que avance” el reemplazo tecnológico, advierten.

Además, la OTAN destaca que la demanda no necesariamente está cubierta, es decir, hay escasez, por eso son considerados críticos. En todo caso, “si no se produce un cambio sustancial en la oferta, los precios de estas materias primas preciosas se dispararán, y los países podrían tener que tomar decisiones difíciles sobre si destinar estos insumos al sector de la energía sostenible o al de la defensa”, reza el documento publicado en julio pasado.

Siguiendo estos mismos lineamientos, la ONU hace hincapié, “por encima de todo, la transición energética es esencial para la consecución de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, y que, con ello, se espera que “cambie la estructura del comercio internacional y los flujos de capital”.

El bloque de la OTAN tiene claro que los países que controlen estos suministros “adquirirán probablemente una enorme influencia en el mercado y, presumiblemente, también diplomática”, haciendo alusión que tienen un gran desafío por delante, que es China. Este país asiático, en 2022, figuró como el principal productor de tierras raras cubriendo el 70% del mercado, seguida de Estados Unidos, Australia, Myanmar y Tailandia, según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

La investigadora Olivera argumenta que no hay que esperar que las soluciones provengan siempre de las élites, sino que debemos de tomar partido en el asunto y buscar soluciones desde abajo, como las cooperativas o redes de solidaridad.

Por eso es importante “que nosotros no hablemos de transición energética sino de transformación, porque tenemos que reinventar, reconfigurar la nueva manera de producir y de generar energía; es posible, pero nos falta creatividad”, dice la ingeniera.

Olivera considera que esta llamada “transición” es lo más próximo a una mera sustitución de tecnológica. “Quienes perdemos somos las poblaciones, los países, la gente que está en los territorios donde se van a extraer estos minerales. Gana un puñado de élites. Así como las personas que van a poder acceder a un auto eléctrico (…), y pues las empresas, las mismas de energía renovable”, que serán las que delimiten los márgenes del nuevo mercado.

Para los miembros de la OTAN, el objetivo es claro, “con el tiempo, las industrias energéticas sostenibles repartirán el mercado y el poder político de formas diferentes y a veces inesperadas. Los países productores de los minerales críticos necesarios para la producción de baterías y la generación eléctrica adquirirán nuevas fuentes de riqueza e influencia”, reza el documento derivado de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN.

Tras esta reconfiguración de una nueva división internacional del trabajo definida a partir de esta “transición”, hay países y empresas que serán beneficiados y hay quienes seguirán sufriendo las externalidades negativas de esta nueva oleada. “Es un modelo injusto y muy poco democrático que va a apuntar a profundizar desigualdades que de por sí ya existen en los países. Creando incluso, lo que algunos están llamando como zonas de sacrificio, lugares donde se extraen tierras raras, cobalto, etc.”, resalta Olivera.

Para Olivera estas llamadas zonas de sacrificio, “se van a profundizar en aras de un desarrollo sustentable o más limpio, creando otras zonas que serán las beneficiadas, lo que es totalmente injusto”, por ello, arremete la investigadora, “es urgente pensar alternativas desde abajo”.

^{En portada: Manifestación para exigir la libertad de Miguel Peralta. Septiembre, 2019. Foto: Daliri Oropeza}

La resolución de un amparo interpuesto por la defensa del ex preso político mazateco, Miguel Peralta, para revertir una sentencia condenatoria, coloca en riesgo su libertad. Integrante de la asamblea comunitaria de Eloxochitlán de Flores Magón, en Oaxaca, él es uno de los 35 miembros que han sido perseguidos, señalados por el homicidio de Manuel Zepeda Lagunas y tentativa de homicidio contra su hermana, Elisa Zepeda, ambos miembros de la misma comunidad mazateca.

La raíz de lo que la defensa de Peralta argumenta como criminalización, se encuentra en los hechos violentos ocurridos en diciembre del 2014, cuando la asamblea comunitaria fue atacada por un grupo armado, el cual pobladores acusan que opera bajo el mando del grupo caciquil de la familia Zepeda.

Miembros de la asamblea comunitaria sostienen que, desde 2010, cuando el padre de Elisa, Manuel Zepeda Cortés, arribó a la presidencia municipal, emprendió una campaña de represión contra la organización comunitaria para consolidar su poder en la comunidad mazateca.

Roberto López, miembro del colectivo Los Otros Abogadoz y defensor de Peralta cuenta que, mientras la asamblea se reunía en el centro del pueblo para la elección de autoridades municipales aquel invierno del 2014, se registraron disparos en su contra procedentes de la presidencia municipal, donde previamente Elisa y Manuel Zepeda se habían atrincherado.

Las agresiones dejaron heridos por arma de fuego, así como provocaron la muerte del hermano de Elisa, Manuel Zepeda Lagunas, quien en el momento en que fue detenido por los habitantes de Eloxochitlán para ponerlo a disposición del Ministerio Público (MP), portaba armas de uso exclusivo del ejército. “Desafortunadamente para ellos, él fallece y en ese momento, en lugar de ponerlo a disposición, los pasan a declarar ya como probables responsables de ese homicidio”, señala el abogado.

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Según su defensa, pese a que Peralta se encontraba en la ciudad de México en el momento de los hechos, fue acusado por homicidio, detenido arbitrariamente y trasladado a un penal de Oaxaca. Peralta permaneció más de cuatro años recluido hasta que, en octubre del 2019, fue liberado.

No obstante, su sentencia recibió un revés en marzo del 2022. Tras apelación de la parte acusadora, se giró una nueva orden de aprehensión en su contra para cumplir una condena de 50 años en prisión. Ante ello, la defensa legal del mazateco interpuso un amparo contra la sentencia por violaciones procesales y fabricación de pruebas.

El pasado 17 de agosto, un tribunal colegiado federal dictó sentencia al amparo, la cual, argumenta Roberto López, perjudica aún más la situación legal del ex preso político. “Nos regresa siete años en el tiempo”, aclara el abogado, quien especifica que se les envía de nuevo a reponer parte del proceso previo a la sentencia, para la presentación de pruebas.

“Nos regresa justo al momento en que están los otros presos (en referencia a otros presos políticos de Eloxochitlán), que no han recibido sentencia (…) porque no entraron al fondo del asunto, solo se fueron por una cuestión cosmética (reposición de careos), que ellos disfrazan como una violación al proceso, pero que, en realidad, pues es toda la intención de seguirle dando el control del proceso a Elisa”, sostiene el abogado de Peralta.

López asevera que, durante todo el proceso, una estrategia de dilación del proceso legal, ejecutada por Manuel y Elisa Zepeda, ha administrado el conflicto y mantiene “rehenes” a otros presos relacionados con los eventos de 2014.

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El peligro, acentúa el abogado, es que, para reponer dicha parte del proceso, Peralta tendría que enfrentarlo recluido. “Esto conlleva a una regresión de por lo menos siete años del trayecto jurídico de mi proceso y a la insistencia de la privación de mi libertad”, reclamó el mazateco mediante carta difundida la semana pasada. Por ello, la defensa legal interpuso un recurso de revisión, con la intención de que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quien resuelva el amparo, lo cual puede suceder en los próximos cuatro a cinco meses.

A continuación, compartimos extractos de la conversación con Roberto López, quien alerta, la persecución contra Peralta se intensifica.

Avispa Mídia (AM): Con la última resolución, ¿cuál es la etapa del proceso que se debe reponer?

Roberto López (RL): Nos regresaron a una etapa inmediatamente anterior que son los careos (…), una parte del proceso donde ellos se niegan a asistir. Donde al no comparecer, nos vamos a tener que esperar hasta que lo hagan para que se pueda llevar los careos, se presente las conclusiones, se lleve a cabo la audiencia final y se dicte de nuevo la sentencia. Yo no exagero cuando digo que nos regresan aproximadamente siete años en el tiempo. Siguen teniendo el control del conflicto. Con esta resolución el tribunal colegiado le da un espaldarazo a Elisa para seguir teniendo el control del proceso.

Los hechos ocurren el 14 de diciembre del 2014. Para empezar nosotros a presentar pruebas, una de las primeras audiencias fue hasta el 30 de enero del 2017. Ahí compareció Manuel Zepeda y Vicente Zepeda, porque este día ellos tenían una audiencia en calidad de procesados, por hechos que la asamblea comunitaria había denunciado, lesiones y tortura, que el Ministerio Público (MP) consignó.

Elisa estaba asesorada y sus abogados le recomendaban que no se presentara y el juzgado jamás fue capaz de multarlos, de arrestarlos por no asistir a declarar. El juzgado nunca lo hizo. Hasta que ella y tres de sus testigos se presentaron a declarar, el 30 de septiembre del 2017.

AM: ¿Cuáles son las principales contradicciones en los testimonios que no fueron retomadas en la resolución?

RL: Cuando nosotros presentamos el amparo en 2022, nos fuimos a esta parte esencial en el proceso, que son las declaraciones en contra de Miguel. La declaración de Elisa Zepeda, de su papá y de seis testigos que lo acusan. Esa es la parte fundamental que había que poner en duda, y de hecho se hizo durante el proceso. Ha sido fundamental para que hubiera otras libertades de otros co-procesados que, haciendo énfasis en estas contradicciones, pues habían obtenido libertad.

Hicimos un análisis de lo que dijo Elisa Zepeda en un primer momento en el Ministerio Público y los testigos, y lo que contestaron en las audiencias ante el juzgado. Fueron cuestiones distintas, contradictorias.

Hubo un testigo, Eleazar Hernández Ordaz, un señor ya grande que, en el Ministerio Público, señala y acusa a Miguel. Su declaración es una copia integral de la declaración de Manuel Zepeda, del papá de Elisa. En el juzgado, cuando le toca declarar, le leen la declaración y dice que él nunca declaro eso. Le enseñan la declaración. – ¿Está es su firma? “Sí es mi firma, pero yo no recuerdo”. Fernando Ramírez Carrera, otro testigo, dice que él nunca emitió ninguna declaración en ese sentido. Aparece su firma, pero dice que nunca declaró al MP.

El tío de Elisa, Vicente Zepeda, dice que, en todo momento, él estuvo con Elisa. Ella hace una declaración extensísima con muchos detalles que no da Vicente, que cuando ya se le fue interrogado en la audiencia, él, al ver que pues había muchas cosas que no había dicho, dice ‘Vi cuando entraron, pero me dieron un golpe en la cabeza, perdí el sentido, me desmayé y ya no supe nada’, para no contradecirse más con Elisa.

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Van a permanecer cada quien en su dicho y así nos vamos a ir a sentencia, eso en nada cambia el sentido de la resolución que viene. Al reiterar Elisa la acusación y sus testigos, evidentemente van a decir que lo reconocen (a Peralta), que lo ubican en el lugar de los hechos, y luego entonces eso va a ser una sentencia condenatoria. Y eso nos va a llevar otra vez a la apelación.

AM: ¿Cuáles elementos consideran fueron decisivos para la más reciente resolución del amparo?

RL: Los hechos ocurren en 2014. A partir de ahí, Elisa empieza a construir un discurso de víctima. Se acerca a algunas organizaciones de derechos humanos y la arropan como defensora de derechos de las mujeres y así llega a la presidencia municipal de Eloxochitlán. Está un año, renuncia, deja su suplente para postularse para diputada local a la 64 legislatura del Congreso del Estado. Gana por Morena, está tres años, es nombrada presidenta de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Estado. Esto quiere decir que son los encargados de nombrar jueces, magistrados, al Ministerio Público. Empieza a tener relación con gente de la Procuraduría del Estado, quien acusa, y gente del Poder Judicial, quien sentencia, desde mi perspectiva teje esas redes y alianzas.

Y eso hace posible que, en 2022, la sentencia de Miguel fuera revocada. Había habido ya muchas resoluciones de libertad de los otros presos y pocas habían sido revertidas. La de Miguel se echa para atrás y, para mí, es producto de esa situación que ella logra, con simpatías de gente del Poder Judicial, favores.

Después, viene la campaña para gobernador de Salomón Jara. Ella se suma a su equipo y al final la nombran secretaria de la mujer, tiene una secretaría en el gobierno de Salomón Jara. Desde esa posición de funcionaria, pues sigue utilizando los recursos que tiene, sigue utilizando sus influencias para incidir.

Para nosotros incidió en la resolución del Tribunal Colegiado de Circuito que resolvió el amparo de Miguel. Hasta ese nivel ha llegado, porque ese amparo era para una libertad. Por todas las violaciones, por todos los antecedentes y no, al contrario, nos regresan siete años en el proceso. Por eso decimos nosotros, esto más que jurídico, es político, porque ella ha utilizado la muerte de su hermano para mantenerse en el poder, para encumbrarse e ir escalando posiciones políticas. A ella no le conviene que su discurso se venga abajo porque si se viene abajo, se va a demostrar que todo lo que ella construyó, su camino político, fue una mentira.

Desde esa posición de poder está enfrentando a los presos de Eloxochitlán. A los que todavía permanecen en prisión, y a los perseguidos como es el caso de Miguel (…), sigue en esta sed de venganza en contra de los presos, porque si todos obtienen la libertad, se le cae su discurso.

AM: ¿Cuál es su respuesta ante la reciente resolución?

RL: La analizamos y decimos no, esto es una trampa, porque quieren que Miguel regrese y encerrarlo con el pretexto de que reponen el proceso para que se caree con Elisa. Ese amparo no nos funciona. Por eso vamos al recurso de revisión del amparo, y que sea este que le dé entrada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Que sean los ministros quienes determinen si ese amparo estuvo bien dictado, si la resolución es correcta.

Queremos que la Suprema Corte le dé entrada a esa revisión de la sentencia del amparo y realmente se pronuncie respecto a las violaciones de fondo fundamentales que hay en ese proceso. Entre ellas las falsas acusaciones de Elisa y sus testigos, que ya han sido cuestionadas, que han sido puestas en duda, que hay sentencias de libertad de los otros co-procesados, lo avalan, hay resoluciones, incluso de salas del propio Tribunal Superior de Justicia del Estado; de Juzgados de Distrito, donde dicen que las declaraciones de Elisa y de sus testigos no son creíbles, hay contradicciones, hay inconsistencias y nosotros queremos que la Corte no evada esa responsabilidad, que el asunto de los presos políticos es un asunto trascendente de vital importancia para la sociedad, pues no podemos permitir que a través del poder, una persona que esté desde ahí incidiendo en el Poder Judicial y teniendo en contra de su voluntad, acusados, falsamente, a personas que se opusieron al proyecto caciquil de su familia.

Entre las contradicciones de los testigos, la dilación del proceso para llegar a la sentencia de Miguel, tuvimos que enfrentar mucha parcialidad por parte del juzgado. Aunado a esas contradicciones, los jueces, el secretario de acuerdos, el Ministerio Público, que en nueve años que lleva el proceso, es el mismo. Han cambiado muchos jueces, han cambiado secretarios de acuerdos, pero el Ministerio Público, que empezó el proceso, sigue ahí porque es una ficha clave para Elisa Zepeda, para Manuel Zepeda.

Es trascendente para la sociedad y la SCJN tendría que atraer en revisión ese amparo. Si nos batea prácticamente ahí estaremos comprobando que el acceso a la justicia en este país sigue siendo nulo, porque al final, pues ya se agotaría ahí el camino. Que realmente asuman la responsabilidad que tienen y demuestren esa independencia que debe de existir entre el Poder Judicial y el poder de los gobernadores. Nos hemos enfrentado a una contienda desigual, con muchas irregularidades procesales, parcialidad a favor de ellos y muchas contradicciones en los testigos. Este conflicto, más que jurídico es político y lo está administrando Elisa Zepeda a su antojo. Nueve años y no hay sentencia ya para nadie. Miguel está igual que los otros presos. Casi nueve años de proceso y sin sentencia, eso yo creo que es trascendente, en este tipo de procesos, y cualquier juez honesto, imparcial, lo observaría y tendría que otorgar la libertad de fondo

La región de la sierra madre y la frontera sur, entre Chiapas y Guatemala, arde. La omisión de las autoridades incrementa el riesgo para la población ante los constantes enfrentamientos armados, las desapariciones, el reclutamiento y desplazamientos forzados, acusan organizaciones sociales chiapanecas y nacionales.

Extorsiones, amenazas y secuestros son parte de la cotidianidad. También la cooptación e integración forzada de organizaciones sociales, campesinas, comerciantes y transportistas para participar en actividades criminales; además de la desaparición de líderes y autoridades comunitarias.

A lo anterior se suma la repercusión negativa en la economía tras casi dos semanas de bloqueos carreteros que impiden el traslado de mercancías y alimentos básicos, que ya alcanzan precios estratosféricos por la escasez. Además, funcionarios educativos anunciaron la suspensión de clases desde esta semana, como una medida para preservar la seguridad de maestros y alumnos ante la violencia que azota la región.

“Ante el pánico e incertidumbre provocados a la sociedad, determinamos suspender temporalmente las actividades laborales en todos los planteles de la zona escolar para no exponer a alumnos, maestros, personal docente y padres de familia”, resalta el oficio de las autoridades escolares.

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Ante esta situación, organizaciones como la Mesa de Coordinación Transfronteriza Migraciones y Género Guatemala – México (MTMG), el Colectivo de Monitoreo Frontera Sur y la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), a través de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT), difundieron un comunicado para alertar que, a más de tres meses del enfrentamiento armado entre grupos de la delincuencia organizada en la comunidad de Nueva Independencia, conocida también como Lajerío, y comunidades vecinas del municipio de Frontera Comalapa, “aún no existe un plan integral de atención por parte del Estado mexicano que garantice la vida y seguridad de la población civil de esa, y otras comunidades de la región”.

En medio de la guerra

Los testimonios del enfrentamiento en Nueva Independencia señalan que, en la mañana del 23 de mayo, grupos antagónicos del crimen organizado utilizaron armamento de guerra. “Detonaciones de armas de alto calibre, explosiones de granadas, drones artillados y otros artefactos explosivos, así como el uso de vehículos ‘monstruos’ blindados”, fueron utilizados en medio de la población civil.

La violencia desbordó y provocó el desplazamiento forzoso de aproximadamente 3,500 personas. Por casi cuatro días no hubo presencia ni intervención alguna del Estado. Fue hasta el 30 de mayo cuando alrededor de 1,500 elementos de la Guardia Nacional (GN) y del Ejército arribaron al lugar.

“Hasta la fecha, no hay ninguna persona detenida; su presencia (militares y GN) tampoco ha implicado que los grupos de la delincuencia organizada paren sus actividades ilícitas, pues las extorsiones y las amenazas continúan”, sostienen las organizaciones sociales.

De acuerdo a un documento filtrado de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con fecha de junio del 2022, el cártel de Sinaloa mantiene la hegemonía en Chiapas, pero desde el asesinato de Ramón Gilberto Rivera Beltrán, El Junior, sucedido en julio de 2021, se “provocó un vacío en el liderazgo en el grupo delictivo que encabezaba (cártel de Sinaloa), originando pugnas y diferencias entre las células que lo integran, considerando una fractura en el interior de la estructura del cártel.”

Las organizaciones sociales también identifican este evento como un parteaguas en el incremento de los enfrentamientos en distintas regiones de Chiapas. “Se tomó paulatinamente el control territorial de la región frontera, particularmente del corredor frontera-centro. Los municipios de Frontera Comalapa, Chicomuselo, La Trinitaria y Comitán de Domínguez son vías utilizadas para el trasiego de drogas, tráfico y trata de personas; robo de vehículos, comercio de armas y secuestro; además de ser rutas de tránsito y movilidad de personas migrantes provenientes de Centro y Sudamérica”, contextualizan.

Según la denuncia, tras la guerra de mayo, la violencia se expandió hacia comunidades y ejidos de municipios colindantes a Frontera Comalapa, como Chicomuselo y La Trinitaria, “en los que la delincuencia organizada llega a ofrecer proyectos y protección, para continuar creciendo su control territorial. También, es notorio que lejos de estarse resolviendo los conflictos y estableciéndose bases para la paz, se siguen permitiendo las condiciones para el crecimiento y expansión de estos grupos delictivos”.

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Cabe resaltar que durante las últimas semanas se registran bloqueos, retenes, agresiones y enfrentamientos entre grupos del crimen organizado en los municipios de Chicomuselo, Siltepec, Frontera Comalapa, Amatenango de la Frontera, Mazapa de Madero, Motozintla, Bella Vista, La Concordia, Villacorzo y El Parral; además de un aumento en la presencia de personas armadas en la región. “Todo esto no hace más que mantener vigente la agudeza de la violencia en la región, así como la responsabilidad del gobierno Federal y el de Chiapas en ser omiso en presentar rutas de atención duradera a las problemáticas”, acusan mediante comunicado.

Las organizaciones enfatizan que el cierre de comercios, escuelas, así como la falta de servicios de salud y transporte implica daños al patrimonio y medios de vida de las familias en la región.

Esto coloca en mayor riesgo su seguridad alimentaria, además de impactar negativamente en la salud física y mental de las personas que viven con temor de nuevas agresiones.

Medios nacionales han reportado que se han disparado los costos de alimentos básicos, las tortillerías no funcionan y escasea el combustible. En municipios de la región fronteriza y sierra, desde hace 10 días incrementaron los bloqueos sobre la carretera Panamericana. También aumentaron los asesinatos y secuestros, por lo que los comercios cerraron sus puertas y la población se resguarda en sus hogares.

Testimonios de los lugareños señalan que los bloqueos cerca del crucero de Chamic y la carretera que cruza a la sierra, a la altura del municipio de Motozintla, mantienen permanentemente incomunicado al municipio de Frontera Comalapa, y también afecta a los municipios de Mazapa de Madero y Amatenango de la Frontera. En la región habitan aproximadamente más de 130 mil personas.

Este lunes (18), alrededor de 8 mil personas marcharon en Frontera Comalapa para demandar el retiro de los bloqueos carreteros, que adjudican a integrantes del cártel de Sinaloa. Medios locales señalan que la manifestación fue promovida por la agrupación El Maíz, la cual vinculan al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Según testimonios de la población, estos fueron amenazados para participar en la protesta.

Autoridades omisas

Las organizaciones defensoras de derechos humanos sostienen que la región vive un total sometimiento y silenciamiento de la población, y señalan que esto acontece en medio de la complicidad de las autoridades municipales, las cuales carecen de confianza ante la población para atender denuncias y brindar apoyo para los habitantes.

A lo anterior, se suma la falta de certeza en la función que realizan los elementos del ejército que arribaron a la región desde mayo. “La población advierte de posibles enfrentamientos; además, se tienen noticias de que varias de las familias desplazadas fueron presionadas a regresar a sus hogares, aun cuando no existían las condiciones de seguridad para su retorno. Este alto grado de incertidumbre genera miedo, preocupación e inseguridad, lo que implica una constante revictimización de la población”, acusan.

En el municipio de Chicomuselo, mediante acuerdos de asamblea, se solicitó que la presencia de los cuerpos de seguridad y fuerzas armadas respetaran los derechos humanos de la población, ante el temor de que realizaran abusos contra los pobladores, como se reporta en otras partes del país.

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“Existe una violencia sistemática que sigue escalando bajo la impunidad con la que opera la delincuencia organizada de la región, con aquiescencia de los gobiernos municipal, estatal y federal. El abandono y las reiteradas omisiones del Estado en todos sus niveles para garantizar la integridad y seguridad de la población de la región y la minimización de la situación por parte de la administración Federal, colocan en una situación de mayor riesgo y vulnerabilidad a la población civil, periodistas y personas defensoras de derechos humanos”, sentencian las organizaciones.

Desde el pasado 9 de septiembre, la Sedena anunció la incorporación de 500 soldados, pertenecientes a la 39 zona militar, para la instalación de puntos de control entre los municipios de La Trinitaria, Frontera Comalapa, Chicomuselo, Mazapa de Madero y Motozintla. No obstante, lejos de que la violencia cese, se registra un aumento de las agresiones por parte del crimen organizado.