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Noticias de Abajo

Noticias de abajo 20 de septiembre 2022

ROMPIENDO FRONTERAS

—PANAMÁ: Hablan los medios alternativos y radios comunitarias [Serie radiofónica] Radio Temblor.

—GRECIA:  Sube la tensión en las calles de Atenas contra la «Policía Universitaria», cuerpo creado para patrullar los campus con el objetivo de vigilar y reprimir toda actividad política anticapitalista. Perseus999 Y @savvaskarma

—COLOMBIA: No cesó la noche Uribe: Continúa criminalización de manifestantes del Paro Nacional en Colombia. Avispa Midia.

—COSTA RICA: Sobre el Segundo Informe a Violaciones a Derechos Humanos en el Sur de Costa Rica en afectación a pueblos indígenas. Entrevista a Nery Chavez.

DESDE EL OMBLIGO DEL MONSTRUO

—MÉXICO Ayotzinapa 8 años de un Estado Criminal. Fuertes jornadas de protestas en Guerrero y siguen ahora en CDMX. Exigen fin a las «mentiras históricas».

—MICHOACÁN CDMX: Comunidades indígenas de Michoacán se movilizan en defensa de las autonomías frente a la Corte. CNI

—MICHOACÁN Amenazan con desarmar a las guardias comunales del municipio autónomo de Ostula. Desinformemonos.

—MANTA POR #16AñosDeImpunidadMilitar ¿Para cuándo nuestra independencia del Ejército? Acción del colectivo de mujeres #HastaEncontrarte de Guanajuato, para protestar contra la militarización del país.

—OAXACA: Continua campaña por la Libertad de los presos de Eloxochitlan con murales en Oaxaca y una serie de lecturas de la obra epistolar de Ricardo Flores Magón.

—OAXACA: Pronunciamiento  de indignación por ataque a organización popular por grupo armado de choque adepto a las autoridades locales. Varios heridos y desaparecidos. Varias Organizaciones oaxaqueñas.

—CHIAPAS:  Amenazas y agresión durante documentación en el Poblado de Nuevo San Gregorio. Frayba

música:

la trova pank -llueve

Yezli Mic – Legalice

Ayotzinapa – Sonora Criminal

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CONSEJO SUPREMO INDÍGENA DE MICHOACÁN

Movilización nacional en defensa de las autonomías!: CSIM

A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

 

A LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES ORIGINARIAS

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

AL PUEBLO DE MÉXICO

AL ESTADO MEXICANO

 

Ciudad de México a 19 de septiembre de 2022.

 

K´eri Kunkorhekua Iretecheri, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán #CSIM, Consejo Libre y Autónomo de los Pueblos Originarios de Michoacán, independiente de gobiernos, partidos políticos y órdenes religiosas, Asamblea General de Autoridades Indígenas de 65 comunidades originarias, por medio del presente, declaramos conjuntamente lo siguiente:

 

Por decisión de Asamblea General de Autoridades, el #CSIM se moviliza el día de hoy ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación #SCJN en defensa de las autonomías indígenas, las cuales sostenemos, son un derecho histórico, colectivo, constitucional e internacional de nuestros pueblos. Consideramos que las recientes resoluciones emitidas por la SCJN respecto a las controversias constitucionales de los ayuntamientos de Tangamandapio y Nahuatzen, representan un grave retroceso a los derechos colectivos de las comunidades y una traición a los pueblos indígenas.

 

Ante estas resoluciones que atentan en contra de los autogobiernos indígenas, respondemos comunalmente con tácticas jurídicas, políticas, sociales y legislativas. Hoy, en lo social, realizamos una movilización nacional, desde nuestros pueblos, venimos a decirle a la SCJN que no permitiremos qué transgredan nuestro derecho a la autonomía, que tanto ha costado a muchos pueblos y comunidades originarias. Es herencia de las luchas de los abuelos en el camino.

 

En lo jurídico, presentaremos una queja en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque pensamos que el reconocimiento de un derecho, no debe ser en detrimento de otro. En lo político, fortaleceremos los procesos de autonomía, creando más autogobiernos, la semana pasada reiniciamos la autodeterminación de la comunidad de Sicuicho y continuaremos esta semana con el pueblo de Pamatácuaro. En lo legislativo, en el Congreso de la Unión, presentaremos iniciativas de ley para el reconocimiento pleno y constitucional de las autonomías y los Consejos de Gobierno, así mismo, en el Congreso de Michoacán presentaremos iniciativas para que las encargaturas del orden, es decir, pueblos indígenas pequeños, puedan acceder al presupuesto directo y no sean discriminados en la entidad.

 

Finalmente, exigimos a la #SCJN que resuelva las subsiguientes controversias constitucionales en materia indígena, conforme los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos. ¡Exigimos respeto a la libre autodeterminación de las comunidades indígenas! ¡Nunca más un México sin nosotros!

 

¡RESPALDO TOTAL A LAS LUCHAS POR LA AUTONOMÍA Y DEFENSA DEL TERRITORIO!

 

CONSEJO SUPREMO INDÍGENA DE MICHOACÁN #CSIM

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CDH Fray Bartolomé de las Casas

Pronunciamiento de PADUC en su quinto aniversario

A LA OPINIÓN PÚBLICA
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL
A LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES SOCIALES
AL PUBLICO EN GENERAL.

PRONUNCIAMIENTO

Hace  5 años, éramos victimas de extorsiones, de intimidaciones y de falta de respeto hacia nuestros derechos humanos, del libre tránsito de nuestros productos del campo.

Al día de hoy, ya no solo abarca el libre tránsito de nuestros productos del campo, tenemos comisiones de ganadería, transporte, derechos humanos, agraria, luz y una comisión de salud.

Nuestros objetivos como organización es la defensa de nuestros derechos y nuestros usos y costumbres como pueblos originarios.

Estamos conformados por comunidades, rancherías de los municipios de Palenque, Ocosingo, Chilón, Salto de Agua, la Libertad, Benemérito de las Américas, Playas de Catazajá, así como comunidades pertenecientes a los municipios de Emiliano Zapata y Tenosique, Tabasco.

Como organización buscamos orientar, proteger, proponer y asesorar a nuestros pueblos originarios, actuamos de forma civil y pacífica, buscamos siempre el respeto mutuo ante las instituciones gubernamentales. Nuestros valores es impulsar  el respeto a la diferencia, no buscamos conflictos, buscamos siempre la paz social en nuestros territorios.

Somos independientes de las instituciones de gobierno y de los partidos políticos.  Buscamos nuestra autosustentabilidad en el trabajo y colaboración de quines integramos la organización.

Como organización PADUC somos respetuosos de las demás organizaciones sociales, movimientos o grupos que se organizan para defender sus derechos, pero no compartimos las acciones que se realizan a través de la violencia. Nuestras acciones son a través del diálogo, lucharemos a través de la fuerza de nuestra palabra y la concientización.

Queremos enfatizar nuestra postura como organización ante los sucesos en que estamos viviendo hoy, el alto índice de violencia en los territorios de los pueblos indígenas, los desplazamientos forzados, la persecución a los defensores de la tierra y de los derechos humanos, como es el caso de César Hernández Feliciano y José Luis Gutiérrez Hernández, del ejido san Jerónimo Bachajón, municipio de Chilón, por protestar ante la construcción del cuartel de la Guardia Nacional en su territorio. Por lo que exigimos se cancele el proceso judicial en su contra.

Sufren la cárcel los hermanos Manuel Sántiz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Velasco, Martín Pérez Domínguez, defensores de derechos humanos de la parroquia de San Juan Cancuc. Por lo que exigimos su total libertad.

Condenamos la persecución del párroco Marcelo Pérez Pérez integrante de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, por su labor en defensa de los más desprotegidos.

Nuestro andar es y siempre será a favor de la justicia y de la paz. A las personas, comunidades y pueblos que integran nuestra organización les exhortamos a que nos dediquemos  a trabajos lícitos y honestos, a construir la vida digna de las personas.

Agradecemos a todas y todos los que estamos aquí marchando, que vinieron desde comunidades muy lejanas, que se levantaron temprano, que tomaron su morral y su pozol para caminar y estar aquí en esta acción. Hermanos, hermanas, estamos aquí por dos objetivos:

Primero, nuestras voces claman Si  a la paz, No a la violencia en nuestros municipios, en Chiapas, en México y en el mundo.

El segundo es, celebrar el quinto aniversario de nuestra organización Pueblos Autónomos en Defensa de los Usos y Costumbres. En estos cinco años hemos ido aprendiendo para mejorar nuestra organización.

Enviamos un saludo a todos nuestros integrantes, a las demás organizaciones sociales que luchan por la defensa de los territorios de los pueblos indígenas y a toda persona que lucha por los derechos humanos.

Como organización exigimos:

Respeto a la libre autodeterminación de los pueblos indígenas
Respeto a los usos y costumbres que dan vida
Respeto a nuestros derechos humanos
Respeto a nuestra identidad social, cultural, costumbres y tradiciones
Ato a la criminalización y persecución a los defensores de derechos humanos

Palenque, Chiapas, 18 de septiembre de 2022.

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Radio Zapote

Padres y Madres de los 43: Nuestra solidaridad con los damnificados y las victimas

Ayotzinapa, Guerrero,a 19 de septiembre de 2022.-

Las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos continuamos en nuestra jornada de lucha a días de cumplirse ocho años de su desaparición forzada.

Dadas las condiciones de devastación que sufre la población de Guerrero y Acapulco a consecuencia del paso de la tormenta tropical Lester, a los damnificados les expresamos nuestra solidaridad y nos unimos a su exigencia al gobierno estatal y federal de dar respuestas mediante un fondo de apoyo suficiente para restaurar los daños que sufren las familias.

Por tales razones hemos decidido suspender nuestras actividades de protesta que se tenía programada para este día en el puerto de Acapulco y concentraremos los contingentes en la Ciudad de México para continuar con nuestra lucha y exigencia de presentación con vida de nuestros hijos.

La Normal Rural de Ayotzinapa y las madres y padres de los 43, estarán siempre al lado de la gente de abajo que como nosotros sufre ya por la acción de los malos gobiernos o por las inclemencias de la naturaleza y la inacción de gobiernos insensibles e indiferentes a nuestro dolor.

Atentamente

 

Comité de Padres y Madres de los 43

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CDH Fray Bartolomé de las Casas

La militarización aumenta la violencia y perpetúa las violaciones a Derechos Humanos y a los territorios de los Pueblos

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
18 de septiembre de 2022
Boletín No. 30

  • Las reformas constitucionales en materia de seguridad vulneran los procesos de construcción de paz de los pueblos.

En Chiapas se tiene planeado concluir la construcción de 24 cuarteles de la Guardia Nacional (GN) de los 500 proyectados a nivel nacional. Contará con 3522 efectivos, de 223 000 elementos que forman esa institución y distribuidos en 266 coordinaciones regionales a nivel nacional. Los cuarteles se han instalado en territorios de Pueblos Originarios que se oponen al despojo de sus espacios de vida a través de los megaproyectos del Gobierno Federal, como el tren maya, el corredor interoceánico, la Refinería Dos Bocas o la infraestructura carretera que los conectan.

En este contexto, las fuerzas armadas en el estado Chiapas han servido como elementos coercitivos que busca desmovilizar a los pueblos y comunidades que defienden su tierra y territorio. El Ejército mexicano en el año 2018 implementó un aparato de espionaje, hostigamiento, intimidación y criminalización a la organización Pueblos Autónomos en Defensa de los Usos y Costumbre (PADUC), incursionando el 18 de febrero del mismo año en la Comunidad de Angel Albino Corzo, municipio de Palenque, Chiapas. El operativo se llevó a cabo, por efectivos militares (38 zona militar, 18 de infantería y la séptima región militar) Policías Federales y Estatales, así como policías ministeriales, quienes bajo el argumento de aplicar la derogada “Ley de Seguridad Interior” tendieron un cerco a la comunidad, les cortaron la energía eléctrica, generando terror contra  representantes de decenas de comunidades.

El pueblo tseltal de Chilón se manifestó el 15 de octubre del 2020, en contra de la construcción del cuartel de la GN que se construyó en su territorio sin su consentimiento, siendo fuertemente reprimidos por Policías Municipales de Ocosingo y Chilón, así como por la Policía Estatal, con el apoyo de la GN, quienes agredieron con piedras, palos, gases lacrimógenos, golpearon a personas y vehículos, causando lesiones, daños materiales y la detención arbitraria de César Hernández Feliciano y José Luis Gutiérrez Hernández, quienes además de haber sido torturados, enfrentan un proceso penal injusto por el delito de Motín que da cuenta del sentido represivo del gobierno de Chiapas.

En medio de la remilitarización actual de Chiapas, se ha intensificado el tráfico y consumo de drogas, persisten las desapariciones y los homicidios. Lo que da evidencia que como en los noventas la estrategia es fallida. Dentro de los impactos de la violencia esta: comunidades agredidas y obligadas a desplazarse, en otras se han impuesto toques de queda por grupos criminales y zonas de silenciamiento. Estamos ante un Estado omiso y ante el fracaso de la estrategia militar.

El Gobierno Federal ignora lo señalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quienes han expresado su preocupación por el rol de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública. Han exhortado al Estado mexicano cambiar el enfoque militarizado de la seguridad.

Sin embargo, el titular del ejecutivo, con la aprobación del Congreso de la Unión, otorgaron el control a la Secretaría de la Defensa Nacional de la operación y administración de la GN. Con esta iniciativa el gobierno profundiza la militarización del país, poniendo en riesgo e inseguridad a quienes se organizan para la defensa de sus derechos y del territorio.

En la memoria persiste la forma en que el Ejército mexicano ocupó territorios zapatistas desde 1994, entrenó, financió y ejecutó el plan de contrainsurgencia llamado Plan de Campaña Chiapas 94, creando diversos grupos de paramilitares. No se olvidan las diversas represiones al movimiento social  como en Atenco, a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, Xoxocotla, las ejecuciones sumarias como Tlatlaya, así como la participación directa en el crimen de Estado que es la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

En el Frayba, expresamos nuestra preocupación ante la aprobación de las reformas constituciones en materia de seguridad que vulneran los procesos de construcción de paz de los pueblos, comunidades y colectivos. Hacemos un llamado para caminar en la construcción de un modelo de seguridad distinto que impulse soluciones al ambiente de violencia que impera en Chiapas y en nuestros país.

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La militarización aumenta la violencia y perpetúa las violaciones a Derechos Humanos y a los territorios de los Pueblos (166.34 KB)

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Avispa Midia

Fuerzas Armadas se mantendrán en las calles de México hasta 2028

Fuente: Avispa Midia

Por Ñaní Pinto

Este miércoles (14), diputados del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en alianza con el Partido del Trabajo (PT), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido Revolucionario Institucional (PRI), aprobaron una reforma constitucional para extender hasta 2028 las labores de las Fuerzas Armadas en seguridad pública.

Al mismo tiempo, en las inmediaciones del recinto legislativo, familiares de estudiantes y alumnos de la escuela normal rural de Ayotzinapa, Guerrero, se manifestaban contra la permanencia del ejército en las calles sin que ningún congresista atendiera sus demandas.

Ante la continuación de la política de militarización en México, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) aseveró que existen múltiples razones que evidencian la inutilidad y perjuicio de mantener a los militares en tareas de seguridad. Entre ellas destacan el aumento en el riesgo de violaciones a derechos humanos, como dan cuenta los hechos ocurridos en Tlatlaya, Ayotzinapa y recientemente con el asesinato de la niña Heidi a manos de elementos del ejército mexicano en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

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Para la organización defensora de derechos humanos es fundamental destacar que esta política pública, que se ha desplegado durante los últimos 15 años con el pretexto del combate al crimen organizado, no ha conseguido disminuir la violencia.

Datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) indican que en el primer semestre del 2022 se han registrado más de 18 mil homicidios en el país, con lo cual argumentan una “tendencia a la baja” en palabras de Rosa Icela Rodríguez, titular de dicha dependencia.

Hechos violentos en distintos estados de México acapararon los titulares de noticias durante julio y agosto del 2022.

En contraste, la organización Save Democracy denunció que México enfrenta una creciente espiral de violencia criminal desde hace dos décadas que hoy alcanza niveles sin precedentes. Mediante informe, la ONG señaló que entre los meses de julio y agosto se vivió un “clima de auténtico terror” en los estados de Guanajuato, Jalisco, Chihuahua, Baja California y Michoacán, donde ocurrieron incidentes criminales que involucraron la quema de vehículos y comercios, así como constantes enfrentamientos entre civiles armados y miembros del ejército.

Militares, con más poder

Según el Centro Prodh, otro punto de preocupación es el desequilibrio en la relación cívico y militar, pues considera que se fortalece el poder del sector castrense con iniciativas recientes como el traslado de las funciones administrativas y operativas de la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas, lo cual genera riesgos a la democracia. Esto, reitera la organización, se evidencia en el caso de que las Fuerzas Armadas no cuentan con controles civiles, ni internos mucho menos externos, para la rendición de cuentas ante las denuncias por los abusos de sus elementos.

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Entre las argumentaciones para mantener a los militares en las calles, diputados resaltaron la falta de preparación de las corporaciones policiacas locales. “Todas y todos sabemos que en 2024 la Guardia Nacional y las policías estatales y municipales no estarán listas para atender la inseguridad que vive México”, expuso la diputada priista Yolanda de la Torre, quien promovió esta reforma.

No obstante, hubo reclamos por partidos de la oposición, como el de Ricardo Villareal del PAN quien señaló que, desde el gobierno federal, en el periodo del año 2020 y hasta el 2022, se le ha quitado recursos a la policía civil.

El Centro Prodh también retoma este punto pues asevera que “la militarización no incentiva la profesionalización de la policía civil, indispensable para atender contextos locales y comunitarios”.

Ahora, con la aprobación de la reforma por los diputados, deberá pasar al Senado donde se prevé la sesión para el próximo martes 20 de septiembre.

Derechos humanos respalda militarización

Integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reclamaron al organismo autónomo tras difundir públicamente que no impugnará la reciente reforma que traslada a la Guardia Nacional bajo el control de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

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El reclamo proviene de ocho de nueve integrantes del Consejo después que la CNDH anunció que declinará ejercer su facultad de presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como exigen múltiples organizaciones civiles.

Operativo de seguridad conjunto entre elementos del ejército y guardia nacional

“En México será necesario que la Guardia Nacional, bajo la administración de la Sedena, vaya de la mano con instituciones del Estado y de organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para construir protocolos y normativas que garanticen la formación y profesionalización de sus integrantes y, desde luego, su actuación con un enfoque de derechos humanos”, añade la CNDH para quien esta modificación legal no contraviene las normas del país.

Cabe destacar que, aún cuando el Sistema Nacional de Alerta de la CNDH contabiliza más de 2 mil quejas por violaciones a derechos humanos que involucran a la Sedena y la Guardia Nacional durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, solo en junio de 2021 el organismo de derechos humanos emitió la primera recomendación que cataloga como violación grave a los derechos humanos la actuación de los elementos de la Guardia Nacional por el asesinato de una civil en Chihuahua.

Mediante comunicado, los consejeros de la CNDH advirtieron sobre el impacto negativo de la modificación legal de la semana pasada. “Lamentamos que la decisión de la CNDH no considere el marco constitucional, los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos ratificados por México ni las diversas sentencias y criterios en la materia”, señalaron.

Sus argumentos se suman a los de organizaciones civiles y activistas quienes sostienen que pasar el control de la Guardia Nacional al Ejército profundizará la militarización de la estrategia de seguridad pública y, con ello, dará pie a más violaciones a los derechos humanos.

Tras la publicación de la reforma el viernes pasado, se abrió un plazo de 30 días para que actores públicos con facultades la impugnen ante la SCJN. Existen ya anuncios de congresistas de que así lo harán, pero para ello requieren contar con el apoyo de una tercera parte de cualquiera de las cámaras del Congreso.

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CDH Fray Bartolomé de las Casas

Amenazas y agresión durante documentación en el Poblado de Nuevo San Gregorio

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México,
14 de septiembre de 2022.
Boletín No. 29

•    El gobierno de Chiapas propicia la impunidad y la violencia en los territorios.
•    Destrucción y despojo continúa contra Bases de Apoyo Zapatista. 

La comunidad Nuevo Poblado San Gregorio (Nuevo San Gregorio), municipio de Huixtán, es territorio recuperado en 1994 por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), se encuentra en la región Altos de Chiapas, vulnerado por la violencia y bajo un continuo asedio por parte de un grupo agresor, quienes han fraccionado las tierras y despojado el 95% de las tierras que forman parte del territorio colectivo del municipio Autónomo Rebelde Zapatista Lucio Cabañas , del Caracol 10 “Floreciendo la Semilla Rebelde”, de la Junta de Buen Gobierno “Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad” en Chiapas, México.

En el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), hemos documentado de nueva cuenta cómo este grupo actúa con total impunidad, saqueando casas y la escuela autónoma donde destruyen y despojan, lo que constata la omisión y aquiescencia de los gobiernos federal y estatal, donde los grupos delictivos actúan con toda normalidad en el aumento de violencia y agrediendo la autonomía zapatista.

Los hechos de violencia continuada perpetrada el 8 de septiembre de 2022, en la que constatamos el robo de una casa y escuela autónoma, el cual se dio alrededor de las 14:11 hrs., empezó el saqueo por un grupo de personas que robaron los bienes tanto de la casa como de la escuela zapatista donde se llevaron insumos de trabajo para el campo, escolares y para la vida diaria. El saqueo duró cerca de 4 horas.

El 10 de septiembre, al acudir a documentar el asedio, robo y saqueo hacia la casa y escuela zapatista, nuestra estancia fue vigilada; cuando salíamos de la comunidad, al tomar el camino de terracería a la altura de Rancho Alegre, fuimos objeto de agresiones por personas que infirieron agresiones verbales, además trataron de obstruir la carretera con un tronco de madera y autos estacionados en el camino. Lo anterior configura el aumento de la violencia, junto a una búsqueda de obstaculizar el trabajo de observación y documentación de derechos humanos y la solidaridad frente a las acciones de contrainsurgencia contra la autonomía zapatista que coloca el escenario en un contexto complejo que puede derivar en desplazamiento forzado interno, así como otros hechos graves y costos de difícil o imposible reparación.

Nos preocupan los hechos que prefiguran el territorio violentado por el sentido de acumulación y de odio hacia los pueblos zapatistas que van construyendo vida digna desde la autonomía. Insistimos en convocar a la solidaridad nacional e internacional que exprese el repudio de las agresiones hacia los pueblos en lucha y resistencia, en específico de Nuevo San Gregorio ante la persistente necedad de seguir vulnerado los territorios zapatistas.

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Camino al Andar

Comunicado urgente: Alto a la amenaza del gobierno de Michoacán contra la Guardia Comunal de Ostula

Publicado en Camino al Andar

14 de septiembre de 2022
Por Llegó la Hora de los Pueblos

La comunidad nahua de Santa María Ostula, Michoacán, quien ejerce el autogobierno y mantiene la operación de su Guardia Comunal desde el 2009, se ha manifestado después de que el pasado 6 de septiembre el gobernador de la entidad, Alfredo Ramírez Bedolla, amenazó con retirar los puntos de control que resguardan lxs integrantes de su sistema de seguridad comunitario.

Mediante comunicado, el gobernador de Michoacán anunció que retirará las “barricadas” en referencia a los filtros de seguridad que la comunidad nahua mantiene sobre la carretera federal 200. A su vez, el funcionario lanzó acusaciones para criminalizar a los civiles armados a quienes señaló de estar “al margen de la ley”.

La comunidad nahua de Ostula reiteró su rechazo a que cualquier gobierno externo ingrese a sus territorios con el pretexto de la seguridad. Y respondió que la Guardia Comunal no impide el libre tránsito en los controles que mantiene, además de que en ella no existen grupos delincuenciales que atenten contra la integridad de las personas. Y reiteraron que “Nuestra Guardia Comunal está avalada por una Asamblea General que es la que rige nuestras leyes de usos y costumbres”.

Enfatizaron que “defenderemos la existencia, funcionamiento y permanencia de nuestra Guardia Comunal y de nuestro sistema de seguridad comunitaria por ser éstas y no las corrompidas corporaciones de seguridad gubernamentales, la garantía de la vida e integridad de los habitantes de la comunidad y del municipio”.

Exigieron respeto a sus leyes internas que legitiman la operación de la Guardia Comunal, la cual en conjunto con las autodefensas de los municipios de Chinicuila, Coahuayana y Aquila sostienen el sistema de seguridad comunitario en la región Sierra-Costa de Michoacán.

Como colectivo, nuestra preocupación se incrementa por la grave situación de inseguridad y violencia que se vive en el estado de Michoacán la cual ha enfrentado y logrado contener, la Guardia Comunal de Ostula…

Se trata de una amenaza que implica violación grave a la autonomía y libre determinación consagrada tanto en el artículo 2º constitucional como en el ámbito internacional. El gobierno de Michoacán se apoya en una reforma a la ley del Sistema de Seguridad, relacionada con la ley orgánica municipal, que pretende que solo se permita operar a las rondas y guardias comunales de comunidades con “autogobiernos” reconocidos por el Instituto Electoral y que ejerzan presupuesto directo. Condicionantes que deberían ser decididos por cada comunidad que así decida y lo solicite y no una imposición externa y generalizada.

 Por lo anterior, exigimos que el Gobierno del Estado de Michoacán se abstenga de violentar y suspenda toda acción que tenga como fin desarmar, difamar, estigmatizar, desmantelar o criminalizar a la Guardia Comunal de Santa María Ostula.

Colectivo de Apoyo al CNI-CIG –EZLN, Llegó la Hora de los Pueblos

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Avispa Midia

Pueblos indígenas registran más del 40% de desplazamientos forzados en México

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

En portada: 9,741 personas fueron obligadas a abandonar sus hogares durante 2020 cuando se registraron 24 episodios de desplazamiento forzado, con 25 municipios afectados. Foto: Cuartoscuro.

Este martes (13), Cecilia Jimenez-Damary, relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos humanos de los desplazados internos, presentó sus observaciones preliminares tras la visita que realizó a México entre el 29 de agosto y 9 de septiembre pasado.

Entre los hallazgos que destaca la relatora se encuentra que más del 40% de los casos de desplazamiento forzado registrados en el año 2020 afectaron a las comunidades originarias. Aunado a ello, Jimenez-Damary resaltó su preocupación ante la ausencia de perspectiva intercultural y de género en la atención a mujeres indígenas desplazadas.

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Durante su visita a México, la relatora escuchó testimonios de personas desplazadas sobre la dificultad para acceder de manera oportuna al registro de víctimas, a nivel nacional y estatal, por los retos para obtener la “calidad de víctima”, debido a que a nivel federal y en la mayoría de los estados el desplazamiento arbitrario no está tipificado como delito.

Jimenez-Damary recibió información que dicho estatus solo es reconocido por las autoridades hasta que exista una recomendación por parte de organismos autónomos de derechos humanos. “Lo anterior, impide que las personas desplazadas internas accedan oportunamente a los servicios de atención que como víctimas deben ser proporcionados por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y sus homólogas”, enfatizó la relatora.

De acuerdo a las observaciones de la funcionaria de la ONU, existe un enorme porcentaje de personas desplazadas internas que no acuden a las autoridades para presentar denuncias debido a la desconfianza en las autoridades o al temor a las represalias del crimen organizado. “Por lo tanto, es esencial que el reconocimiento de quienes son desplazados internos no se limite únicamente a los reconocidos jurídicamente como tales por estos mecanismos, sino también a los que no se acogen a ellos o no lo hacen”.

Amenaza conflicto con desplazar a más de 3 mil indígenas de Aldama, Chiapas. Foto: Jeny Pascacio

Por ello, entre los puntos que aborda la relatora se encuentra la solicitud al gobierno federal, con carácter de urgente, para la creación de un registro de víctimas de desplazamiento interno, tanto a nivel nacional como estatal. “Éste no solo debe incluir a quienes han sido reconocidos legalmente, sino también a quienes no cuentan con ese reconocimiento legal, pero son desplazadas de facto”, declaró Jimenez-Damary.

De acuerdo a la relatora, la creación de dicho registro permitirá la asignación de presupuesto suficiente para la atención integral a las víctimas de desplazamiento forzado al interior de México. “El registro no debe otorgar un estatus legal, pero debe tener el propósito de facilitar la protección y la asistencia humanitaria de acuerdo con las necesidades individuales y colectivas de las personas desplazadas internas”, recalcó.

La visita

El objetivo principal de la visita de Jimenez-Damary fue evaluar la situación de los derechos humanos de las personas desplazadas internas en el país debido a factores como la violencia, los conflictos agrarios, proyectos de desarrollo, la minería, tala ilegal, desastres ambientales, entre otros. Así, la relatora escuchó a víctimas de las comunidades afectadas en los estados de Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México y Guerrero.

La relatora subraya los testimonios sobre los impactos del desplazamiento en mujeres, migrantes, familiares de personas desaparecidas, miembros de pueblos y comunidades indígenas, periodistas, personas defensoras de derechos humanos y miembros de la comunidad LGBTI.

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“El desplazamiento interno debido a la violencia o los desastres ha existido desde hace mucho tiempo en México, aunque haya sido recientemente reconocido,” mencionó Jimenez-Damary en referencia a que fue hasta el año 2019 cuando las autoridades mexicanas reconocieron la existencia del desplazamiento interno en el país.

“México no cuenta todavía con cifras nacionales oficiales, con información desagregada, que nos permitan conocer la magnitud del desplazamiento interno en el país, así como los distintos perfiles de las personas desplazadas”, destacó la relatora, quien durante su visita se reunió con funcionarios federales y estatales, así como con organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos y agencias de la ONU y otras organizaciones internacionales.

El caso Chiapas

En el contexto de su visita, organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDH Frayba) y el Indigenous Peoples Rights International (IPRI), compartieron un informe para la relatora de la ONU mediante el cual destacaron que desde 2010 se ha documentado el desplazamiento de 14 mil 476 personas en Chiapas.

“Recientemente, la presencia del crimen organizado ha aumentado de manera exponencial y, con ello, un creciente tráfico de armas, robo de autos, tráfico y trata de personas, siembra y trasiego de drogas, control territorial mediante la imposición del terror en las comunidades, que ha provocado también que cientos de personas huyan de sus hogares”, resaltan las organizaciones defensoras de derechos humanos.

Mediante el informe enfatizan que el Estado no ha efectuado acciones para diagnosticar las causas de este fenómeno y menos aún para erradicarlo. “Por el contrario, las acciones y discursos oficiales parecen negar que exista un patrón grave de desplazamiento forzado en Chiapas y tratan el fenómeno como asuntos aislados”, denunciaron las organizaciones.

Familias desplazadas de Aldama, Chiapas. Foto: Sipaz

También destacaron que las mujeres están expuestas al acoso, la violación y tortura sexual como formas de violencia directa por parte diversos actores, quienes las despojan, persiguen, criminalizan y encarcelan. “Se enfrentan también al Estado Misógino que las ignora, las discrimina y las priva de los derechos de protección, asistencia humanitaria y reparación integral del daño”, subrayaron.

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Acerca de la situación de la niñez, las organizaciones señalaron que no existen datos oficiales respecto al desplazamiento para este sector de la población, pero “se calcula que tres de cada diez de las personas en condición de desplazamiento son niñas, niños y adolescentes, entre 4 mil 400 y 5 mil 500 de población total”.

Ante esta situación, las organizaciones sugieren a la relatora Cecilia Jiménez-Damaray a que exija al Estado mexicano respetar los derechos colectivos de los pueblos indígenas, en particular lo referente al derecho al territorio y a la autonomía; implementar un mecanismo que garantice el respeto de principios rectores para los desplazamientos forzados, con medidas de sanción en caso de incumplimientos, y cumplir con la Ley de Desplazamiento Forzado para el estado de Chiapas, entre otros puntos.

El informe completo sobre la visita de la relatora especial de la ONU se presentará al Consejo de Derechos Humanos en junio del 2023.

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Avispa Midia

Comuneros de Michoacán responden amenaza de criminalizar a su Guardia Comunal

Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Santiago

En portada: Guardia Comunal de Santa María Ostula. Foto: Regina López

La comunidad nahua de Santa María Ostula, Michoacán, quien ejerce el autogobierno y mantiene la operación de su Guardia Comunal desde el 2009, se ha manifestado después de que el pasado 6 de septiembre el gobernador de la entidad, Alfredo Ramírez Bedolla, amenazó con retirar los puntos de control que resguardan lxs integrantes de su sistema de seguridad comunitario.

Mediante comunicado, el gobernador de Michoacán anunció que retirará las “barricadas” en referencia a los filtros de seguridad que la comunidad nahua mantiene sobre la carretera federal 200. A su vez, el funcionario lanzó acusaciones para criminalizar a los civiles armados a quienes señaló de estar “al margen de la ley”.

En entrevista, integrantes del Consejo Comunitario de Ostula enfatizan las razones por las cuales mantienen la vigilancia en los accesos a su territorio. Lxs comuneros destacan el asesinato en 2015 de Hidelberto Reyes, niño de 12 años víctima de las agresiones que involucaran a siete elementos del ejército mexicano, quienes participaban en un operativo acompañados de policías y marinos para retirar un bloqueo carretero que mantenían lxs pobladores nahuas.

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El homicidio del niño Reyes a manos de militares que no han sido aprehendidos, selló la desconfianza de la comunidad nahua, quien mediante acta de Asamblea reiteró su rechazo a que cualquier gobierno externo ingrese a sus territorios con el pretexto de la seguridad. “Es la razón por la que nosotros no permitimos que ninguna fuerza del Estado entre a nuestra comunidad, así de claro”, sostuvieron lxs comuneros en entrevista con Avispa Midia.

La comunidad nahua también subraya que la Guardia Comunal no impide el libre tránsito en los controles que mantiene, además de que en ella no existen grupos delincuenciales que atenten contra la integridad de las personas. Al contrario, enfatizan que “defenderemos la existencia, funcionamiento y permanencia de nuestra Guardia Comunal y de nuestro sistema de seguridad comunitaria por ser éstas y no las corrompidas corporaciones de seguridad gubernamentales, la garantía de la vida e integridad de los habitantes de la comunidad y del municipio”.

Tras la amenaza del gobernador de Michoacán, el pasado jueves (8) habitantes de Ostula, perteneciente al municipio de Aquila, se manifestaron en el cuartel de la Guardia Nacional ubicado en las proximidades de la cabecera municipal. Ahí exigieron respeto a sus leyes internas que legitiman la operación de la Guardia Comunal, la cual en conjunto con las autodefensas de los municipios de Chinicuila, Coahuayana y Aquila sostienen el sistema de seguridad comunitario en la región Sierra-Costa de Michoacán.

Minería, detrás de la amenaza

Según información de la Secretaría de Economía, sólo en el municipio de Aquila existen 101 concesiones mineras, de las cuales 58 se mantienen vigentes. De acuerdo al Servicio Geológico Mexicano, en los distritos mineros de Aquila y San Pedro existen yacimientos importantes de hierro, plata, oro, cobre y manganeso.

Destaca la compañía Las Encinas, S.A., quien cuenta con la concesión de casi 150 mil hectáreas, de las cuales extrae toneladas de hierro, abarcando de las montañas de la sierra indígena nahua desde el sur de Jalisco en la sierra de Manantlán hasta la costa de Michoacán. En el municipio de Aquila opera una mina a cielo abierto, cuyos materiales se envían a Estación Alzada de Colima para la producción de aglomerados y la sinterización de hierro en la planta peletizadora propiedad de Ternium México S.A. de C.V.

Michoacán es el principal productor de mineral de hierro de México y ya en 2013 el gobierno había suspendido momentáneamente las exportaciones de este mineral debido a que el estratégico puerto de Lázaro Cárdenas, ubicado a poco más de 200 kilómetros de Ostula, era utilizado por el cártel de los Caballeros Templarios para exportar hierro ilegalmente hacia China.

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Ahora, detrás de la amenaza del gobernador, lxs integrantes del Consejo Comunitario apuntan al interés de la industria minera como una de las razones por las que se busca desarticular su sistema de seguridad comunitario.

“Nosotros tenemos (minería) por el perímetro norte de nuestra comunidad. En el municipio de Aquila es un terreno que tiene mineral. Pensamos que es la razón también por la que están tratando de someternos en este momento”, aseveran lxs comuneros quienes afirman que la comunidad nahua jamás vendió los terrenos donde se encuentran las concesiones.

Seguridad comunitaria

En la historia reciente de Ostula cobra relevancia el año 2009, cuando aproximadamente 2 mil comuneros tomaron la decisión de recuperar mil hectáreas de tierras de carácter comunal pertenecientes a la población nahua, pero que se encontraban en posesión de pequeños propietarios vinculados al cártel de los Caballeros Templarios.

En ese momento, cuentan lxs integrantes del Consejo Comunitario de Ostula, se vivía bajo el régimen de la narcopolítica pues el crimen organizado operaba bajo el cobijo de funcionarios y políticos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quienes propiciaban la división del tejido comunitario además de actuar violentamente contra lxs nahuas que reivindicaban la recuperación de tierras. Entre los años 2009 y 2014 asesinaron a 34 personas y 6 más fueron desaparecidas, entre autoridades agrarias y líderes comunales, como parte de la respuesta violenta del narcotráfico y el Estado.

Lxs comunerxs subrayan que durante ese momento la seguridad, a cargo de la policía municipal de Aquila, contaba con personas foráneas, quienes no conocían el contexto de la región y, aún peor, trabajaban bajo órdenes del crimen organizado, razón por la cual decidieron expulsar al cuerpo de seguridad local y retomar la estructura comunal. En ese contexto cobra relevancia la consolidación de la Guardia Comunal, cuya tarea es la de proteger no solo a lxs habitantes de la comunidad nahua de Santa María Ostula, sino también a otras poblaciones del municipio de Aquila.

Foto: Regina López

“Nuestra Guardia Comunal está avalada por una Asamblea General que es la que rige nuestras leyes de usos y costumbres”, explican lxs integrantes del Consejo Comunitario de Ostula quienes recalcan que la participación en el sistema de seguridad es una obligación de lxs comuneros al cumplir la mayoría de edad para prestar el servicio gratuito en beneficio de la población.

A su vez, el Consejo Comunal funciona como órgano donde se analizan y aprueban las propuestas que son enviadas a la Asamblea General, y donde resalta la determinación de mantener las funciones de la Guardia Comunitaria permanentemente.

Por su parte, el abogado Raymundo Martín considera que la intención de prohibir las actividades de la Guardia Comunal es “un atentado contra las prácticas autonómicas” de la comunidad nahua. Esto debido a que, a la par de las declaraciones del gobernador, existe en andamiento una reforma a la ley del sistema de seguridad pública de Michoacán, relacionada con la ley orgánica municipal, las cuales buscan otorgar validez solo a las guardias comunitarias que reconozca el Estado. No obstante, el sustento legal de las guardias recae en el artículo 2 de la Constitución mexicana, así como con tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT.

Lxs comuneros afirman que cuando recuperaron sus tierras y fundaron el poblado de San Diego Xayacalán no tenían armas, pero ahora que cuentan con ellas no piensan desarmarse pues de ello depende su defensa en un contexto de gran violencia en Michoacán. Por ello, enfatizan su preocupación por las declaraciones del gobernador del Estado pues apunta a desintegrar una estructura fundamental para la seguridad de la comunidad nahua, “lo que nos lleva a abrigar la sospecha de que la complicidad entre crimen organizado e instituciones de gobierno sigue imperando”, aseveran mediante comunicado.

Paz, en medio de la zozobra

La comunidad de Santa María Ostula es un oasis en medio de la espiral de violencia que se registra en Michoacán. Mientras lxs comuneros nahuas aseguran que no existen homicidios en el municipio de Aquila donde opera la Guardia Comunal, en contraste, solo de enero a julio de 2022, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) registra 1,270 asesinatos en el Estado, lo cual muestra un incremento sostenido pues comparado con el año 2018 el aumento es mayor al 70%.

La comunidad indígena de Ostula afirma que su lucha ha sido pacífica pero enérgica en la defensa de su territorio y organización. “Nuestra comunidad es una de las más seguras del país y en ella podemos vivir en un clima de paz y libertad, realizando nuestras actividades económicas y sociales cotidianas, pues, aquellos tiempos de violencia, miedo, zozobra y terror han quedado atrás”, enfatizan mediante comunicado público.

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“Él (gobernador) no entiende cómo nosotros estamos conformados. Creo que es el municipio más seguro del estado”, afirma uno de lxs comuneros entrevistados, quien incluso invita al gobernador a visitar la comunidad nahua; “que venga sin seguridad porque nosotros aquí se la vamos a dar”, asegura.

La población de Santa María Ostula asegura el sustento de su Guardia Comunal apelando al ejercicio de libre determinación y autonomía de la comunidad. Por su parte, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) difundió este lunes (12) un comunicado en el que asegura que la organización de Ostula cuenta con protección en términos constitucionales en materia de derechos humanos, “cuyo cumplimiento corresponde al Estado Mexicano, en su responsabilidad de velar por los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas”.

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