Ejido Tila Chiapas, México; a 15 de marzo de 2024

Denuncia publica

A la opinión publica
A los derechos humanos nacional e internacional no gubernamental

A los pueblos originarios en defensa de la tierra, territorio y la vida
A los compañeros y compañeras que luchan por la tierra a nivel nacional e internacional

Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno

Denunciamos públicamente los diferentes asesinatos que ha suscitado dentro del Ejido de Tila como hemos denunciado públicamente al grupo llamado KARMA es un grupo delincuencial que en varias ocasiones hemos señalado y hemos denunciado ante la fiscalía del estado quienes tienen coordinación con representantes de los llamados legales supuesto comisariado legal Eduardo Gutiérrez Martínez, Miguel Vázquez Gutiérrez, y el intelectual de organizar es Francisco Pérez lopez.

Ante varios crímenes de ejidatario así como Moisés Álvarez Pérez quien a golpes lo mató Francisco Arturo Sánchez Martínez 30 de enero de 2022 Javier Pérez Pérez fue ejecutado con arma de grueso calibre a manos del C. Ildefonso García Gutiérrez con su hermano Andrés García Gutiérrez asi como los compañeros miembros del CNI Congreso Nacional Indígena, Carmen López Lugo que este 12 de enero fue ejecutado y el compañero profesor Domingo Lugo Ramírez este jueves 14 de marzo fue ejecutado cuando se dirigía a su labor de enseñanza a las 7:00 am , todos estos compañeros están muriendo a manos del grupo del que ante se llamaban COREFULE DE POTICHI , aliados al grupo MOPOR, y después se llamaron grupo KARMA que el pasado 12 de noviembre de 2023 pusieron una manta con los diferentes nombres de los compañeros que ahora están siendo ejecutados y ahora la están cumpliendo.

Así mismos denunciamos a las dependencias de gobierno, el registro agrario nacional que corruptamente dio nombramiento a Eduardo Gutiérrez Martínez en el periodo 2015 a 2018 y el mismo registro agrario nacional le da nombramiento a Miguel Vázquez Gutiérrez, para que no cause ejecutoria la inejecución de sentencia que después de tener su nombramiento se presentó ante el juez primero para negociar que con sacrificio los ejidatarios lograron y el mismo juez no ha hecho justicia al Ejido Tila lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación este 12 de septiembre 2018. Le dio la razón al Ejido Tila por su resolución presidencial y es propiedad legítima de los 836 ejidatarios básicos.

Todas esta muertes hacemos mención que los responsables es el grupo KARMA, Los legales, el juez primero de distrito, el registro agrario nacional, la procuraduría agraria y otras instancias de gobierno que solo están viendo como los delincuentes están matando a la gente campesina
que solo se dedican a defender lo que es tierra y territorio y la vida, a mano del grupo delincuencial aliados al actual gobierno desde el orden federal, estatal y municipal.

Por lo que alertamos a todas las organizaciones estén al pendiente de los que puede seguir sucediendo dentro del Ejido Tila por defender la tierra, territorio y la vida d e igual forma reciban un cordial saludos de parte de los ejidatarios de Tila, Chiapas

NUNCA MÁS UN MUNDO SIN NOSOTROS.

ATENTAMENTE

REPRESENTACION EJIDAL

Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

                            Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal

Municipio de Chenalhó, Chiapas, México.

14 de marzo de 2024

Al Congreso Nacional Indígena

Al Consejo Indígena de Gobierno

A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

A las y los Defensores de los Derechos Humanos

A los Medios Libres y Alternativos

A los Medios de Comunicación Nacional e Internacional

A la Sociedad Civil, Nacional e Internacional

A las y los Defensores de la Madre Tierra, el agua y el territorio

Hermanas y hermanos:

Hermanos y hermanas de diferentes organizaciones, diferentes religiones, diferentes partidos u otros organismos que hoy compartimos este mundo que Dios padre y madre nos ha regalado durante nuestra trayectoria de vida, que la madre tierra nos ha dado para cuidar y no destruir, defender y cultivar para nuestra sobrevivencia como carne y sangre que somos. Todos sabemos que la tierra es de quien la trabaja. La Organización Sociedad Civil de las Abejas de Acteal se ha acostumbrado a realizar año con año esta acción en contra de los mega proyectos que han venido manteniendo, desde hace muchos años, la destrucción y saqueo de nuestras riquezas naturales.

Este día nos encontramos concentrados en nuestro municipio de San Pedro Chenalhó para realizar una acción de paz para concientizar a todo los hombres, mujeres, jóvenes, niños y niñas del mundo: a quienes todavía no saben de donde viene la muerte y la destrucción de nuestra madre tierra. Nuestras acciones el día de hoy consisten en difundir comunicados a través de diferentes medios de comunicación y realizamos pintas de postes de luz, muros y otros espacios visibles para la sociedad en general. Ejecutamos estas acciones con el objetivo de dar a conocer la lucha pacífica no violenta de las Abejas porque ya hace siglos hemos sufrido pobreza, marginación y discriminación. Sabemos que en nuestro país los gobernantes de cada sexenio no han respetado nuestro derecho como pueblo originario que somos. Hacen leyes sin la consulta de los ciudadanos mexicanos.

Les hacemos un llamado a todo el público a que juntos tomemos conciencia para poder defender lo que Dios nos ha ofrecido. Aunque tenemos las riquezas de nuestro país, el gobierno busca estrategias para eliminar a las organizaciones, callar la voz de quienes luchan a favor de la paz, así como a los defensores de derechos humanos, los grandes ambientalistas. Muchos de ellos han defendido los ríos, los mares, las zonas arqueológicas de nuestros abuelos en nuestro estado de Chiapas, pero están amenazados de muerte por los grandes megaproyectos como el tren maya, el canal transístmico, la refinería dos Bocas, los puertos y aeropuertos, los gasoductos, los parques eólicos, los proyectos extractivos como la minería, el gas y el petróleo, la palma de aceite y las represas.

Hoy, 14 de marzo, es el día mundial contra las represas, cuando nos unimos en la lucha con otras organizaciones quienes están pendientes de acontecimientos que ejercen los empresarios en nuestro país.

Hermanos y hermanas, la Organización de la Sociedad Civil de Las Abejas de Acteal nunca calla su voz para manifestar los acontecimientos que están causando muerte y destrucción de nuestro pueblo. Sabemos que muchos hermanos de diferentes pueblos se han quedado sin agua, sin luz y sin tierra para cultivar por la construcción de represas, la extracción minera, construcción de grandes carreteras, el tren maya, la siembra de maíz transgénico, la utilización de agroquímicos y otros proyectos que no son de beneficio para todos. Para nosotros es importante unir nuestra voz, construir un tejido social, no importa el color de la piel para mantener la paz en donde podemos convivir juntos para que en cada uno de nuestro pueblo vivamos sin importar lo que creemos.

Para finalizar nuestra palabra queremos decirles:

¡Ya basta la destrucción de las riquezas naturales!

¡Los ríos y los mares son para la vida, no para la muerte!

Desde Acteal, Casa de la Memoria y de la Esperanza.

Atentamente

La Voz de la Organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

Por la Mesa Directiva

Fuente: Avispa Midia

Por Renata Bessi

^{En portada: Empresarios, militares y el presidente de México durante la inauguración de la Linea Z del Tren Interoceanico. En el mismo evento se anunció el convenio para instalar una planta de hidrógeno verde por parte de la empresa Helax Istmo de capital danés. Salina Cruz, Oaxaca. Diciembre, 2023.}

El sur-sureste de México está viviendo una reconfiguración territorial debido a la oleada de megaproyectos de transporte – el Tren Interoceánico y el Tren Maya – a cuyos corredores se vinculan proyectos de energía e industrialización, inmobiliarios, de turismo, urbanización. Para sostener toda esta estructura, otra oleada de proyectos marcha a todo vapor, a pesar de ser menos visibles a los proyectos de producción de energía.

El colectivo GeoComunes, en una investigación, mapeó y divulgó, en un denso informe, la reestructuración del sector energético llevada a cabo especialmente por el sexenio de Andrés Manuel López Obrador para sostener los megaproyectos impulsados por su administración.

“Estos proyectos de inversión que se hacen sobre las dos regiones geográficas más ‘desarticuladas del país’, se relacionan con proyectos de ordenamiento territorial que, pese al discurso de cambio y radicalidad, proyectan fortalecer los sectores económicos que durante todo el neoliberalismo se desplegaron en estas regiones: la industria turística, agropecuaria, maquiladora, minera y del transporte mercantil”, sostienen en su informe.

Además, el proyecto de reestructuración regional se vincula con la agenda de “‘desarrollo’ subordinada a Estados Unidos, asociada con la militarización, la política de contención migratoria y de una reorganización territorial para acoger el nearshoring y el uso del territorio mexicano como plataforma de exportación del gas metano estadounidense”, señalan.

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Uno de los proyectos energéticos clave es el gasoducto submarino de 715 km Puerta al Sureste, en el Golfo de México, considerado en la investigación como el “articulador de la reestructuración territorial del sur-sureste”.

El proyecto es promovido por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y por la empresa TC Energy (anteriormente TransCanada). Con el que se busca transportar 1,390 Millones de pies cúbicos diarios (MMpcd) de gas metano desde Tuxpan hacia Coatzacoalcos, en Veracruz, y de ahí hasta Dos Bocas, en Tabasco. Este gasoducto es la prolongación de otro, también submarino, pero ya construido, con el que se importa metano desde Texas en Estados Unidos, hacia Tuxpan, Veracruz.

El metano que transportará este gasoducto abastecerá directamente las industrias de los 10 parques industriales previstos, las centrales eléctricas fósiles proyectadas y también las plantas de licuefacción que servirán para exportar el gas hacia Europa, Asia o Sudamérica. “Se busca también expandir la capacidad de exportación de energía y gas que viene de los Estados Unidos hacia otras partes del mundo. Esto es, convertir la región Sur-Sureste no sólo en una plataforma manufacturera, sino también de exportación del gas estadounidense”, sostienen.

Otros proyectos vinculados al metano

Además, la proyección de aumento en el consumo de gas metano está asociada a la expansión de otros proyectos de transporte de gas, según GeoComunes:

1.Terminal de licuefacción para la exportación de gas metano desde el puerto de Salina Cruz – La CFE impulsa la construcción de esta terminal, con una capacidad para exportar 430 MMpcd, y para lo cual firmó un Memorándum de Entendimiento con la empresa Sempra, con la intención de valorar la construcción de dicha terminal para la exportación de gas metano extraído en México o importado desde Estados Unidos hacia el mercado asiático.

2. Terminal de licuefacción en Coatzacoalcos – Este proyecto ha sido promovido por la CFE para exportar vía marítima aproximadamente unos 600 MMpcd de gas metano hacia los mercados de la cuenca Atlántica, principalmente Europa y Sudamérica. Esta terminal estaría alimentada por el gasoducto Puerta Sureste.

3. Gasoducto Jáltipan-Salina Cruz – Este proyecto se anunció desde el año 2015 como parte del paquete de nuevos gasoductos para extender por todo el país el alcance del gas metano importado desde Estados Unidos. En su última versión, anunciada en 2022, este gasoducto ya estaría conectado directamente a la terminal de licuefacción de Salina Cruz. Se contempla que, una vez construido, este gasoducto podría conectarse con un proyecto llamado Gasoducto Prosperidad con el que se pretende llevar gas metano desde el Istmo de Tehuantepec (en Ixtepec, Oaxaca) hasta la frontera con Guatemala (en Tapachula, Chiapas). Para que este gasoducto pueda enviar gas metano hacia el sur del Istmo, no sólo requiere ser construido y conectado al proyecto Gasoducto Puerta al Sureste, también requiere que se aumente la capacidad de la Estación de Compresión de Chinameca.

Más proyectos

Hoy la estructura de producción energética en el Istmo de Tehuantepec está concentrada en dos extremos, norte y sur del Istmo. “En la parte norte, estado de Veracruz, la producción de energía está en los alrededores de la zona industrial, petrolera y petroquímica; y se concentra en manos de Pemex y empresas privadas como Cydsa, Grupo Infra, Braskem Idesa, Contour Global PLC. Esto representa cerca de un tercio de la capacidad instalada del Istmo”, explica Yannick Deniau, integrante de GeoComunes, en una conferencia de presentación de la investigación.

Los otros dos tercios se ubican en el extremo sur de Istmo, en el estado de Oaxaca, donde están los 29 parques eólicos en operación, ocupando 30 mil hectáreas de territorio reconocidamente comunal o ejidal. La grande mayoría de esta producción está en manos de empresas privadas de capital europeo.

Sin embargo, de acuerdo con el documento Resumen Ejecutivo Plan Estratégico y Plan Maestro Conceptual del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, la producción actual no es suficiente. La demanda eléctrica ligada a las actividades industriales en el Istmo se multiplicará por 2.5 entre 2030 y 2050, pasando de 3,294 a 8,348 millones de watt/hora anuales.

Para abastecer este aumento de demanda, se prevé que se tendrían que instalar nuevas centrales eléctricas en la región, “aunque, por ahora, no hay información concreta sobre cuántas centrales serían, dónde se ubicarían, ni qué tecnologías se utilizarán”, dice el informe de la investigación.

GeoComunes hace mención que, además de los 10 parques industriales ya previstos, otros 19 parques – 10 en Oaxaca y 9 en Veracruz – deben ser instalados posteriormente.

La convocatoria para las licitaciones de empresas interesadas en invertir en los 10 primeros parques industriales se hizo en junio de 2023. En el mes de noviembre de 2023 se iniciaron las licitaciones para los demás parques industriales, con un fallo previsto para abril del 2024.

De los 10 parques industriales iniciales previstos, 4 de ellos – San Blas Atempa, Ciudad Ixtepec, Santa María Mixtequilla y Asunción Ixtaltepec – deben ser parques mixtos, es decir, además de industria, incluirán centrales eólicas para generar electricidad.

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“Las centrales eólicas van a ser construidas por empresas mexicanas o estadounidenses, serán administradas por la CFE, y tendrán inversión financiera de bancos estadounidenses”, dice el informe de GeoComunes.

Hidrógeno Verde

La empresa Helax Istmo, subsidiaria del fondo danés Copenhagen Infrastructure Partners, firmó un convenio con el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y con la Marina mexicana para instalar una planta que desarrollará energías renovables a partir de hidrógeno verde y combustibles marítimos verdes, “contribuyendo a los objetivos de desarrollo sostenible de México, así como a la descarbonización de la industria naviera a nivel mundial”, según argumentó la empresa a los medios de comunicación.

La planta deberá ser construida en uno de los 10 polos de desarrollo planeados a lo largo del Corredor Transístmico, en Ixtepec.

A pesar de la reciente reestructuración llevada a cabo, GeoComunes enfatiza que, desde la firma del Tratado de Libre Comercio en 1992, pasando por las reformas estructurales de las últimas tres décadas, la política energética ha mantenido un mismo rumbo, “abrir al capital privado este estratégico sector, y adecuar la infraestructura energética del país conforme a los intereses del capital predominantemente fósil y, particularmente, al capital fósil de origen estadounidense”.

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La investigación de GeoComunes también abarca la reestructuración energética de la Península de Yucatán y del noroeste del país. Temas que abordaremos en próximos textos.

FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES CAMPESINOS SOCIALISTAS DE MÉXICO (FECSM)

ESCUELA NORMAL RURAL “RAÚL ISIDRO BURGOS” DE AYOTZINAPA GUERRERO

A LA OPINIÓN PUBLICA, A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y ESTUDIANTILES.

Sean siempre capaces de sentir en lo más hondo, cualquier injusticia cometida contra cualquiera, en cualquier parte de mundo”

Los que suscriben el H. Comité Ejecutivo Ricardo Flores Magón, así como la base estudiantil de la siempre combativa Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa Guerrero condenamos la agresión armada de la policía el día 7 de marzo de 2024, que dejó un saldo de un compañero asesinado y tres detenidos de manera arbitraria y sometidos a malos tratos.

Desde hace décadas hemos sufrido la persecución, la criminalización, el asesinato y desaparición de 43 compañeros. Once hermanos han sido asesinados sin que a la fecha hayan tenido justicia. Todos los crímenes contra nuestros hermanos normalistas a la fecha están en la impunidad.

Cuando creíamos que el terrorismo de estado había pasado, el gobierno vuelve arremeter contra la Normal de Ayotzinapa, escalando la confrontación contra nuestro movimiento y asesinando a nuestro compañero Yanqui Kothan Gómez Peralta.

Nos acusan de violencia en nuestras protestas, nosotros nos preguntamos ¿no es violencia que la policía nos asesine? ¿no es violencia que nos desparezca? ¿No es violencia que por lo menos tres de los 43 estudiantes hayan sido identificados sus restos en condiciones de calcinamiento? Fueron asesinados con la mayor de las sañas, con total desprecio por la vida humana. A eso ¿cómo se le puede llamar si no violencia?

El siete de marzo por la noche, es decir, un día después de nuestra protesta en palacio nacional tres compañeros salieron a bordo de una camioneta Nissan de la Normal rumbo a Chilpancingo para traer a tres compañeras a nuestra escuela. Al llegar a la entrada de aquella ciudad pararon el vehículo para comprar, al momento se acercaron policías estatales en motocicletas. Con prepotencia y apuntándoles, los obligaban a descender. El compañero Yanqui Kothan que conducía el vehículo intentó arrancar para regresar a la Normal pero las balas se lo impidieron privándolo de la vida. En ese instante fue detenido el compañero que iba de copiloto y minutos después el que iba en los asientos traseros de la cabina junto con otro estudiante que acudió a la zona para ayudar.

Para evadir su responsabilidad, los policías sembraron armas y drogas en la camioneta y dijeron que los estudiantes dispararon primero.

No aseguraron la escena del crimen, movieron indicios del lugar, tales como la camioneta en que la iban nuestros compañeros, se negaron a entregar a tiempo los videos de las cámaras del C4, el arma encontrada no le hicieron las pruebas para verificar si fue disparada, no encontraron en la escena del crimen ningún casquillo que fuese disparado por tal arma.

Mientras los secretarios de seguridad pública y de gobierno declaraban haciendo suya la versión preliminar de la policía estatal y referían que pusieron a disposición al compañero detenido, estos se encontraban privados de su libertad siendo maltratados por la Policía Estatal. Diez horas después de su detención el compañero fue puesto a disposición de las autoridades competentes.

Al momento las pruebas no dejan lugar a dudas que los policías estatales dispararon contra los compañeros produciendo la muerte de Kothan, que alteraron los hechos, la escena del crimen y sembraron pruebas para ensuciar la investigación y evadir su responsabilidad. Los funcionarios de primer nivel hicieron suyas estas falencias para encubrir a los responsables y continuar criminalizando a la Normal Rural de Ayotzinapa. Tal como los gobiernos anteriores, el actual, culpa a las víctimas y encubre a sus policías.

• Los estudiantes de Ayotzinapa seguiremos en lucha por verdad y justicia para nuestros camaradas caídos y desaparecidos, por la educación pública y por un mundo mejor. Ningún gobierno logrará silenciar nuestra voz crítica. Ayotzinapa, morirá el día que muera el sol.
• POR LO ANTERIOR EXIGIMOS:
• Esclarecimiento de los hechos del 07 de marzo en el antiguo libramiento a Tixtla.
• Acceso a los videos del C4 de la zona donde ocurrieron los hechos.
• Castigo a los autores materiales e intelectuales de este crimen.
• Destitución del secretario de seguridad pública del estado.
• Destitución del actual coordinador de la policía estatal.
• Alto al hostigamiento y represión estudiantil por parte de la policía estatal y guardia nacional.
• Cese a la incriminación de las víctimas de este ataque.
• Aparición con vida de nuestros 43 compañeros desaparecidos.

H. Comité Ejecutivo Ricardo Flores Magón

¡Por la liberación de la juventud y la clase explotada, venceremos!

¡07 de marzo no se olvida, es de lucha combativa!

¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!

¡ll motivos, 43 razones para seguir luchando!

Marzo combativo

Fuente: Avispa Midia

Por Renata Bessi

^{En portada: Pobladores maya Q’eqchi’ de Santa Elena, en el departamento del Petén, son criminalizados por la empresa de palma aceitera Industria Chiquibul. Foto: Luis Hub / Prensa Comunitaria}

Santa Elena es una comunidad maya Q’eqchi’ ubicada en el municipio de Sayaxché, departamento de Petén, enclavada al norte de Guatemala, cerca del Río Salinas. En esta región el calor es intenso. Antes el agua acostumbraba fluir con abundancia y había un frondoso paisaje pintado por el bosque, hoy yace en cenizas bajo una inmensa plantación de palma africana.

La comunidad ha sido acorralada por la palma. En las escasas tierras que aún conservan los indígenas, cultivan maíz, frijol, chile, yuca. Pocas son las familias que crían animales. Por si fuera poco, a la sobrevivencia le acompaña la agonía de sus ríos y nacientes, ya que la contaminación del agua es un nuevo vecino que llegó con el monocultivo.

Con la escasez de la tierra y sin trabajo, una parte de la población, principalmente los hombres, migró a los Estados Unidos con la esperanza de mejorar sus condiciones de vida. Otros más se vieron obligados a someterse a condiciones degradantes de trabajo en las plantaciones de palma.

La Industria Chiquibul, filial de la empresa Unisource Holding, dedicada a la exportación de diversos commodities agrícolas como semilla de ajonjolí, aceite crudo de palma y cardamomo; y a la importación, comercialización y distribución de fertilizantes en los mercados latinoamericanos, hoy posee alrededor de 70 caballerías (aproximadamente 3 mil hectáreas) de plantaciones de palma aceitera que rodean esta comunidad Maya.

Este cultivo llegó a estas tierras en 2012, cuando empezó a comprar las tierras de las familias mayas Q’eqchi’. “Nos decían que nuestras tierras iban a quedar inundadas por el agua, porque iban a construir una hidroeléctrica sobre el Río Usumacinta”, recuerda el indígena maya Q’eqchi’, Mario Pop Tux, uno de los líderes comunitarios, durante una entrevista que dio para Avispa Mídia.

Este cultivo industrial también llegó con un destacamento militar que fue construido cerca de la comunidad. La presencia de militares, de la Policía Nacional Civil (PNC) y de elementos de la seguridad armada brindan seguridad a la empresa. “Hacen rondines durante el día, traen sus rostros tapados, como si fueran delincuentes”, comenta Pop Tux. El patrullaje también se da por aire. Los comunitarios acusan vuelos de drones, principalmente por las noches.

Las órdenes de captura son una amenaza constante. Según el maya Q’eqchi’, existen cinco órdenes de captura hacia miembros de Santa Elena, ex trabajadores de la empresa que han luchado por los derechos laborales. “Estamos conscientes de que pueden hacer lo mismo que hicieron en otro momento. Invadir a la comunidad, poner el terror en mujeres, niños, ancianos, bajo la justificación de que están buscando a nuestros compañeros criminalizados”, dijo.

En una asamblea, la máxima autoridad de la comunidad, realizada en febrero de este año, las autoridades locales, ancianos y miembros de la comunidad dejaron registrados en un acta distintos “incidentes” ocurridos en los últimos dos meses, que evidencian la intensificación de la violencia hacia Santa Elena.

Uno de estos hechos fue el intento de secuestro, el 31 de enero, de un miembro de la comunidad por parte de agentes de seguridad privada de la empresa, donde se ubica una garita de los guardias de seguridad.

Más tarde, el 2 de febrero, una camioneta sin placa, llevando a bordo a siete personas, estuvieron vigilando la casa de uno de los miembros de la comunidad. Después se dirigieron a las parcelas de la comunidad. Abordaron al presidente del Consejo Comunitarios de Desarrollo (Cocode) de Santa Elena, José Caal Pop, haciéndole preguntas y se negaron a identificarse.

Persecución por exigir derechos

La persecución de pobladores de Santa Elena no es de hoy. Después que Chiquibul compró las tierras, empezó a contratar mano de obra de distintas comunidades para derribar el bosque y sembrar la palma. Las condiciones de trabajo ofrecidas por la empresa fueron clasificadas como “esclavitud moderna”, por el abogado del Bufete para Pueblos Indígenas, Juan Castro. Trabajaban más de 12 horas por día por un pago de 35 quetzales (4.4 dólares).

La situación se volvió insostenible para los indígenas y explotó en 2019. La empresa contrató a 300 personas, sin embargo, cuando había finalizado el contrato de un año, Chiquibul no había pagado las prestaciones laborales acordadas. El comité de trabajadores, creado en 2016, visitó el Ministerio de Trabajo y se calculó que cada trabajador debería recibir – sumando indemnizaciones, salario, aguinaldo – 12 mil quetzales (1,500 dólares), pero la empresa había pagado 4,800 quetzales (615 dólares), es decir, menos de la mitad.

Fue entonces que estalló un paro general de los trabajadores. Los indígenas de Santa Elena y la propia comunidad hicieron una serie de acciones y denuncias contra la empresa. Aún así, la empresa no pagó a los trabajadores y, por el contrario, inició una serie de medidas para criminalizar a los miembros de la comunidad.

La empresa denunció en los órganos de justicia de Guatemala a los líderes de los trabajadores, lo que tuvo como consecuencia la emisión de seis órdenes de captura contra personas de la comunidad. En noviembre de 2020 fueron capturados y detenidos cuatro indígenas, incluyendo a Mario Pop Tux, acusados de plagio, extorsión, usurpación agravada y detención ilegal. “Estuvimos 73 días en la cárcel”, señala Pop Tux.

En febrero de 2021, la justicia guatemalteca dictó sentencia condenatoria contra los cuatro miembros de Santa Elena. “Vemos como el Estado a través de esta sentencia se consuma como un cómplice de estas formas de explotación moderna. Consideramos que no comprenden el contexto en el que se está dando el acaparamiento de tierras y la explotación de personas indígenas”, dijo el abogado que acompaña a los trabajadores miembros de esta comunidad, Juan Castro.

Fueron cuatro años de condena, con suspensión condicional de la pena, es decir, tendrán que presentarse mensualmente al Ministerio Público, en la cabecera municipal de Sayaxché para firmar. “Se considera que los responsables son los pueblos indígenas y no las empresas que están haciendo perjuicio al medio ambiente y a la vida humana de muchas comunidades”, abunda el abogado Juan Castro.

Había una expectativa que después de la condena de los indígenas maya Q’eqchi’ y el fin de los paros laborales – desde entonces es política de la empresa traer trabajadores de afuera –, se reduciría la persecución hacia a Santa Elena. Pero no fue eso lo que pasó. “Hasta hoy no nos dejan tranquilos. Hasta hoy nos están asustando, vigilando, controlando, no dejan de causarnos miedo”, sostiene Pop Tux.

Certificar los cultivos usando a los indígenas

A las 7 de la mañana del día 25 de enero de 2024, Carlos Cú, encargado de la empresa Chiquibul, acompañado de otras dos personas, buscaron al presidente del Consejo Comunitarios de Desarrollo (Cocode) de Santa Elena, José Caal Pop, en su casa. No estaba, había ido a su parcela a trabajar la tierra. Los enviados de la empresa decidieron irse. Alrededor de las 12h, Caal Pop regresa a su casa. Poco tiempo después, los tres señores vuelven a buscarlo.

Le presentan un documento para que el presidente del Cocode lo firmara. “Me estaban citando a una reunión para tratar sobre temas relacionados con la certificación de la empresa. Así me dijeron. Y querían que yo firmara el documento de la cita”.

Según el indígena maya Q’eqchi’, los trabajadores de Chiquibul quisieron minimizar los conflictos entre empresa y la comunidad. “Carlos Cú [uno de los firmantes del documento] me dijo: venimos a hablar personalmente, queremos que nos den la oportunidad. Nosotros sabemos que ya no hay problema [con la comunidad]. Queremos que nos firme este documento. Porque ya no hay problema”.

Caal Pop no se calló. “Les dije, ¿cómo no hay problema?, si estamos siendo vigilados todo el tiempo. No les gustó lo que dije y se fueron”, cuenta el maya Q’eqchi’.

La empresa inició en julio de 2023 el proceso para la certificación de su plantación de palma por la principal certificadora de palma del mundo, la RSPO (La Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible). El objetivo es obtener la certificación en este año 2024.

La certificación servirá para que la empresa amplíe sus ventas en los mercados norteamericano y europeo. El aceite de palma de Chiquibul ya hace parte de la cadena de suministros de las empresas europeas Dreyfus Company (LDC), Nestlé S.A., Upfield Holdings B.V., Henkel AG & Co. KGaA, PepsiCo, Inc., Vandemoortele. Dichas cadenas fueron rastreadas por la organización alemana Iniciativa Cristiana Romero (ICR) y publicadas recientemente en el informe Im Schatten der Ölpalme.

La empresa española Lipsa, la británica Unilever, la alemana Basf, las holandesas Lowis Dreyfus y Marie Olie y la francesa ADM-SIO también fueron rastreadas como compradoras del aceite producido por Chiquibul, en una investigación todavía inédita realizada por el proyecto holandés SOMO The Counter, encargada por la ICR.

De acuerdo con un reporte de Industria Chiquibul, el proceso de certificación ya está ocurriendo. “Un grupo de asesores externos visitaron nuestras plantaciones y juntos, con nuestro equipo de sostenibilidad, ha establecido un plan de acción centrado en personas, planeta y prosperidad para lograr nuestra sustentabilidad”, menciona la empresa en su documento.

Uno de los puntos obligatorios para la certificación es la realización de una consulta a los pueblos afectados por la palma, que se inició el 14 de febrero.

El documento presentado a Caal Pop para que lo firmara, al cual tuvo acceso el equipo de Avispa Mídia, se explicaba que es un proceso de “Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI)”, que busca “establecer una relación de confianza entre la empresa y sus comunidades de influencia, en donde las comunidades pueden conocer la empresa, y a la vez tengan claros sus derechos, y puedan manifestar sus preocupaciones e inquietudes en relación a las operaciones de la empresa”.

En su explicación no menciona que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece que los pueblos tienen el derecho de decir “no” a un proyecto que se pretende implementar en su territorio. En términos reales es un proceso que pasaron por alto, porque ya han deforestado y actualmente cultivan grandes extensiones de palma. “No participamos de la reunión y no vamos a participar de las próximas convocatorias. Lo que buscan es nuestra firma para tener la certificación, y no la va obtener, porque la consulta no existe”, dijo Mario Pop Tux.

De acuerdo con el indígena, alrededor de 18 aldeas son impactadas por las plantaciones de palma de Chiquibul en la región. Además de Santa Elena, por lo menos otras 10 aldeas no están de acuerdo con la presencia de la empresa, con las cuales implementó los mismos mecanismos. “Para esta primera reunión invitaron a todas las comunidades, muchas no fueron, también sufren persecuciones y tienen órdenes de captura”, dijo.

La empresa también llevará a cabo otros dos procesos. La Evaluación de Alto Valor de Conservación, que busca “identificar los valores ambientales y sociales de mayor relevancia tanto dentro de las áreas en donde la empresa desarrolla sus operaciones, como en sus áreas de influencia”, dice el documento. En realidad, van mapear los bosques que no pudieron deforestar, incluyendo bosques que no están en sus tierras, para establecer programas de conservación, fundamentales para la obtención de la certificación.

Además de ello, deben realizar el Estudio de Impacto Socioambiental (EISA), con el cual identificarán “aquellos impactos sociales y ambientales que la empresa pudiera estar generando, y a la vez generar un plan de gestión para controlar, mitigar o compensar estos impactos”, según el documento de Chiquibul.

Bio Terra Consultores Ambientales, contratada por Chiquibul, será la empresa responsable de llevar a cabo estos estudios.

Mientras tanto, la certificadora RSPO ha sido criticada por pueblos y organizaciones en todo el mundo por certificar empresas que han generado conflictos socioambientales. Al etiquetar los productos de aceite de palma como “sostenibles”, se rehabilita el aceite de palma dando la impresión de que el cultivo industrial de la palma aceitera es compatible con los exigentes principios ecológicos y de derechos humanos y ofrece una solución sostenible a largo plazo para el uso de la tierra. “Sin embargo, no es así”, señala ICR.

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De acuerdo con la organización alemana, la RSPO permite, por ejemplo, el uso parcial de plaguicidas que figuran en la lista de plaguicidas altamente peligrosos de la Red de Acción sobre Plaguicidas. Además, las auditorias para la certificación son contratadas por las propias empresas, como es el caso de la Bio Terra Consultores Ambientales, “lo que puede dar lugar a conflictos de intereses en la práctica. Existe riesgo de corrupción”.

La comunidad Santa Elena reiteró en asamblea el rechazo a la certificación: “Dichas certificaciones las rechazamos profundamente por las violaciones a nuestros derechos humanos. Amenazas, intimidaciones, contaminación al medioambiente, deforestación de bosques, ríos, riachuelos donde la comunidad toma agua para beber”.

Acta secuestrada

El presidente del Cocode también denuncia que el Ministerio Público tiene secuestrada el acta comunitaria de Santa Elena. “Este documento es muy importante para una comunidad maya Q’eqchi’. En él plasmamos los acuerdos, las normas, los compromisos de la comunidad, los resultados de las asambleas. Estas actas tienen un valor muy importante para cada una de las comunidades de nuestro pueblo Q’eqchi’”, explica Caal Pop para Avispa Mídia.

El 6 de mayo de 2021, cuenta Mario Pop Tux, fueron citadas las autoridades locales – el alcalde auxiliar y el representante del Cocode de Santa Elena – por parte del alcalde municipal. El día 7 de mayo ellos se presentaron al despacho del alcalde municipal. El alcalde no se encontraba y el que se presentó fue un fiscal del Ministerio Público. “Dicho fiscal secuestro el acta sin explicación”, sostiene.

De acuerdo con el presidente del Cocode, en el documento estaba registrado el compromiso asumido por el alcalde municipal, en asamblea de la comunidad, de que recuperaría siete caballerías, hoy en posesión de la empresa Chiquibul, a las familias de Santa Elena.

“Creemos que este acuerdo fue la razón por la cual secuestraron el acta. El valor de la palabra que está plasmado en este documento, tiene mucho valor para nosotros. Exigimos que nos entregue el acta en paz. Y que la cumpla el alcalde municipal”, dijo Caal Pop.

Petición

El Movimiento de Comunidades en Defensa del Agua, Qana’ Ch’och, la Coordinación de la ONG y Cooperativas (CONGCOOP) y el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM) lanzaron una petición exigiendo a las autoridades de Guatemala que tomen medidas urgentes contra los acosos y violaciones por parte de Industria Chiquibul contra la comunidad Santa Elena.

De acuerdo con las organizaciones, este patrón de violencia es intrínseco a la industria de la palma. En la última década, sostienen, la empresa Industria Chiquibul ha acumulado un rastro de violaciones a los derechos de las comunidades indígenas y campesinas, incluyendo la apropiación ilegal de tierras comunitarias en Aldea Carolina, contaminación del rio San Román, criminalización por medio de órdenes de captura y detenciones orquestadas por la empresa, violaciones laborales y deforestación.

Exigen un “basta de órdenes de captura contra miembros de la comunidad basadas en falsas acusaciones y que se detenga el proceso de certificación de Industria Chiquibul ante la RSPO”.

Palma en el Petén

En el departamento de Petén, donde está el municipio de Sayaxché y la comunidad Santa Elena, el cultivo de palma se ha incrementado exponencialmente. De acuerdo con el informe Dinámicas productivas en torno al cambio de uso del suelo y sus repercusiones en la Reserva de Biósfera Maya (RBM), del Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR), de 2021, en 2000 había 320 hectáreas y ha llegado en el 2020 a 78,921 hectáreas, 46% del área establecida a nivel nacional.

La tasa de crecimiento a nivel nacional entre 2005 y 2010 fue del 20%; en Petén, 192.4%.

La producción de palma en el municipio de Sayaxché representa el 87% de la producción a nivel del departamento Petén, según datos para 2018-2019 generados por la Gremial de Palma.

Indonesia, India, China y Unión Europea son los que más consumen aceite de palma, de acuerdo con el Servicio Exterior de Agricultura del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, con datos de julio de 2023. El consumo mundial ha aumentado más de un 80 % en los últimos 15 años.

“Como resultado, el cultivo en Centroamérica se está expandiendo, con consecuencias negativas para las comunidades locales y la naturaleza”, resume ICR.

Noticias de abajo 11 de marzo 2024. Noticiero de medios libres.

-GLOBAL MUJER #8M: De la Conmemoración de las trabajadoras a la Revuelta de las Mujeres.

-MUNDO: Llaman a transmisión y jornada global por Palestina desde las radios libres. 23 y 24 de marzo cadenazo radial por Palestina. Paremos el genocidio y derrotemos el fascismo. https://radiobot.yanapak.org/public/radiopalestina

-MEXICO GUERRERO: Policías asesinan a estudiante normalista e intentan sembrarles evidencias falsas. El gobierno criminaliza al movimiento de las madres y padres de Ayotzinapa tras manifestaciones en Palacio ante la falta de respuesta y diálogo.
https://www.facebook.com/PrensaPropagandaAyotzinapaGuerrero

-TLAXCALA: Convocan a la cuarta Asamblea nacional por el agua y la vida en Tlaxcala, acompañan a la lucha contra la represión a los que defienden su territorio.

Convocatoria 4ª Asamblea Nacional por el Agua y La Vida 23 y 24 de Marzo de 2024. La Magdalena Tlaltelulco, Tlaxcala

-MORELOS: Cinco años exigiendo justicia para Samir Flores asesinado con la complicidad de la 4t.

Samir Flores, cinco años exigiendo justicia

-CHIAPAS: Los datos del horror. Más de 2300 personas desplazadas de la frontera Chiapas documenta el Frayba y más de 10 mil desplazados en todo el Estado en doce municipios evidencia Avispa Media.

Gobierno niega conflicto armado en Chiapas, mientras violencia exacerba crisis humanitaria

https://archive.org/details/notifrayba_manuel_alta_202401

Fuente: Avispa Midia

Por Jeny Pascacio

El jueves 7 de marzo, Adriana Gómez e Isabel Torres llegaron a la Ciudad de México para exigir justicia, ante la inacción de las autoridades en Chiapas para investigar el feminicidio de la niña Jade Guadalupe Yuing Gómez en el Instituto del Deporte (Indeporte) y la desaparición de la adolescente Cassandra Isabel Arias Torres.

Ambas madres integran el Colectivo de Madres en Resistencia y se coordinaron con la activista y defensora de los derechos humanos Irinea Buendía, con las Mujeres en Busca de Fernanda Cayetana y las Madres Buscadoras de Quintana Roo para realizar una velada conmemorativa a propósito del Día Internacional de las Mujeres.

A las 16h del 7 de marzo, las madres y familiares de mujeres víctimas de diferentes violencias de Chiapas, Quintana Roo y Estado de México simularon un cementerio en el Zócalo de la Ciudad de México. Sobre tablas pusieron pasto sintético para hacer lápidas olvidadas por las autoridades, pero con mariposas posando sobre ellas.

Pusieron imágenes, flores, cruces color rosado y velas. En las vallas metálicas que escudan el edificio presidencial cada 8M, las madres escribieron “México feminicida”, “Chiapas feminicida” y junto a las frases, los nombres de sus hijas.

A unos metros de ese muro representativo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y a un costado de la instalación del cementerio, las madres de personas desaparecidas situaron las lonas con las exigencias y fichas de búsqueda.

La velación concluyó a las 9h del 8 de marzo. Horas más tarde las madres participaron en la mega marcha conmemorativa, acuerpadas por otras colectivas de madres en busca de justicia.

Alianza

“Tenemos que salir del Estado [de Chiapas] para exponer la realidad porque somos las madres que no vamos a parar, que no van a callar porque estamos hartas de toda la violencia en los Estados, de las anomalías de las autoridades”, expresó Adriana Gómez.

Gómez es fundadora de Madres en Resistencia Chiapas, pero su lucha inició desde el 10 de enero de 2020, cuando su hija, Jade Guadalupe Yuing Gómez de 13 años de edad fue asesinada durante el horario en el que practicaba judo en el Indeporte.

La dirección del lugar contaminó la escena del crimen, pero Adriana realizó su propia investigación y demostró que su hija no se suicidó, como han dicho. Incluso el cuerpo de la adolescente fue hallado con una lesión en el pie; y en un cuaderno escribió que le temía a su entrenador.

Las evidencias las presentó ante las autoridades chiapanecas, pero no hay avances, incluso le niegan el recurso para trabajar con forenses externos a la fiscalía. “Han sido cuatro años de desgaste físico, económico y emocional”, agrega Adriana.

En esta lucha, Adriana se conoció con la activista Irinea Buendía y madre de Mariana Lima Buendía que tenía 28 años cuando fue asesinada por su esposo el 28 de junio de 2010 en el Estado de México. Su caso, así como el de Jade, fue clasificado como suicidio.

Irinea, también activista, logró en su lucha que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenara reabrir el caso en 2015 para investigarlo como feminicidio.

Entonces se desprendió la sentencia Mariana Lima Buendía. La Sentencia es histórica y siembra un precedente, da garantías de no repetición. La Organización de los Estados Americanos la retomó para los países latinoamericanos, caso contrario a las 32 Fiscalías de las entidades mexicanas que se niegan a integrarla en los códigos de procedimientos penales.

“Resistir hasta encontrarte”

Isabel Torres se unió a Madres en Resistencia porque el 17 de diciembre de 2022 su hija Cassandra Isabel Arias Torres fue desaparecida por un grupo armado que irrumpió en su boda, y que portaba las insignias de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas.

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Los hechos ocurrieron en un salón de fiestas del municipio de Berriozábal, el mismo en el que recientemente fue velado Germán Alegría Estrada, secretario de Seguridad Pública Municipal, secuestrado el 23 de febrero y hallado sin vida unas horas después, junto a dos hombres más.

La madre de Cassandra ahora espera que la FGE notifique al alcalde de Berriozábal, Jorge Arturo Acero Gómez —que buscará la reelección con Morena—, para que se presente a declarar pues, en su momento, negó la desaparición de Cassandra y dijo que se trató de una simple riña.

De no tener avances para dar con el paradero de su hija, Isabel pide que la Fiscalía de Chiapas se declare incopetente para que el caso sea atraído por la autoridad federal y se investigue a los funcionarios involucrados.

Isabel, como parte de Madres en Resistencia, documenta la lucha en las redes sociales y, por ese medio, la contactó Deisy Noemí Blanco Chi, madre de la niña Fernanda Cayetana Canul Blanco, desaparecida el 21 de julio de 2020 en la zona Continental de Isla Mujeres, Quintana Roo.

La ficha de búsqueda de Fernanda Cayetana también fue expuesta en el zócalo de la Ciudad de México este 7 y 8 de marzo, porque ninguna autoridad ha dado continuidad a la investigación a pesar de que Deisy consiguió la pista del hombre y la mujer que se llevaron a su hija.

La investigación que hizo la llevó de Quintana Roo a San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, y en ese proceso buscó el acompañamiento de las Madres en Resistencia. Deysi cuenta que a pesar de que logró la detención de los ejecutores de la desaparición, la autoridad no ha conseguido que hablen sobre el paradero de Fernanda Cayetana y tampoco tiene apoyo del gobierno del Estado, mucho menos municipal.

El muro

Ante tales inconsistencias, las madres y familiares de víctimas aprovecharon las actividades en la Ciudad de México para exponer los casos ante la Cámara de Senadores y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De igual modo se reunieron con representantes del departamento de Asuntos Políticos de la Embajada de México.

“Nosotras como víctimas estamos pidiendo la ayuda de otros países”, reitera Adriana Gómez. Las madres puntualizan la necesidad de que el tema de las desapariciones y feminicidios se ponga en la agenda de los embajadores.

“Las personas que habitan los Altos y Sierra de Chiapas están siendo desplazadas por la violencia a manos del crimen organizado y tampoco hay respuesta”, señalan las madres chiapanecas que también han acompañado a algunas familias de esas regiones.

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A su regreso al sur de México, Isabel Torres comparte que le gustaría que la misma cantidad de mujeres en las marchas apoye las causas de las madres, hermanas, hijas de las víctimas de feminicidio y desaparición, para que al unísono se haga efectiva la frase: “si tocan a una, nos tocan a todas”.

En menos de un año Madres en Resistencia acompañó nueve casos de desaparición sólo en la región Centro del estado de Chiapas, sin contar las desapariciones en los municipios con “toque de queda” por parte del crimen organizado y donde la violencia se agudiza al tictac del reloj. “Cada día hay más desaparecidos, esa es mi opinión. En Chiapas todos los días asesinan a la gente o la desaparecen”, dice Isabel.

8M

Una representación de las madres marchó en la capital de Chiapas, donde la manifestación se vio empañada por el divisionismo provocado por la presencia de actoras políticas que, a propósito del proceso electoral, encabezaron contingentes.

En los próximos días las Madres en Resistencia emitirán un pronunciamiento contra esta vieja práctica de políticos mexicanos de colgarse y lucrar con las luchas de las mujeres.

“Sin lugar a dudas los avances que hemos tenido en México, como la Ley Olimpia, la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia, la Ley Ingrid y la Ley Malena, son producto del accionar de las mujeres en la protesta y las acciones detrás de la protesta: organización, estudio, de reunión y de generación de redes”, destaca Muñoz.