V Caravana Internacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas Michoacán 2019

La Quinta Caravana Internacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas recorrerá algunos municipios del estado de Michoacán, debido a ello, la coordinación ha estado realizando reuniones previas con distintas autoridades y representantes del gobierno estatal y federal para garantizar la logística y la seguridad de las familias que realizan esta valiente labor.

Por ello, el 25 de febrero de 2019, representantes de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, Policía Federal y Secretaría de la Defensa Nacional se reunieron con miembros de la coordinación de la caravana para establecer las necesidades en materia de seguridad. Como seguimiento a este primer encuentro se llevó a cabo una segunda reunión el 12 de abril, en donde las instituciones acordaron brindar seguridad las 24 horas todos los días que dure el recorrido. Finalmente, una vez iniciada la movilización de búsqueda, se refrendó este compromiso con autoridades estatales y federales.

Sin embargo, durante la primera etapa de esta caravana solamente elementos de tránsito y vialidad de la policía estatal se hicieron presentes y policía municipal no tiene la capacidad de absorber todas las responsabilidades en materia de seguridad; por su parte, la policía federal solamente ha acompañado a la caravana en los tramos carreteros, la Fiscalía de Desaparición Forzada ha estado al pendiente pero los elementos del Ejército Mexicano ni siquiera se han presentado, al menos de manera visible.

La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas CEEAV es una de las pocas instituciones que ha procurado la presencia de la seguridad, ya que junto a las familias hace la exigencia de que los acuerdos previos se cumplan pero nuestras súplicas parecen llegar a oídos sordos.

La caravana pasará por territorios donde los altos índices de violencia causan preocupación a quienes integramos este esfuerzo, mismo que –para recordar– no deberíamos hacer sólo nosotros sino en conjunto con la Comisión Nacional de Búsqueda.

Hacemos pública esta preocupación para solicitar el cumplimiento de los acuerdos de seguridad a los que se llegó con las instituciones mencionadas para evitar cualquier incidente o cualquier situación que pueda poner en riesgo la integridad de algún miembro de la caravana y exigimos que se cumplan con los acuerdos en materia de seguridad al pie de la letra.

• A 5 meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se intensifica la estrategia contrainsurgente a Pueblos Originarios BAEZLN.

A 5 años de la impune ejecución extrajudicial de José Luis Solís López,(1) maestro Galeano, durante una agresión al proyecto autónomo zapatista, en la comunidad de La Realidad, el Estado mexicano reafirma su apuesta por la guerra en una región donde Pueblos Originarios construyen Vida Digna.

Desde diciembre de 2018, el Estado mexicano incrementó la militarización a territorios de Pueblos Originarios Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN) especialmente en la región de la Selva Lacandona,(2) como parte de la continuación de la estrategia contrainsurgente para erosionar proyectos de autonomía en Chiapas, México.

El Centro de derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), a través de la documentación que realizan las Brigadas Civiles de Observación (BriCO), registró que desde fines del 2018, se duplicó el número de incursiones del Ejército mexicano a la sede de la Junta de Buen Gobierno (JBG) Hacia la Esperanza, en el Caracol de La Realidad (Municipio oficial de Las Margaritas). Las BriCo observaron 19 patrullajes terrestres, (con soldados armados con metralletas) y 5 sobrevuelos desde helicópteros, de enero a abril de 2019. Preocupante es la regularización de los sobrevuelos a las comunidades y el aumento de los movimientos militares en el último mes.(3)

Las incursiones militares constituyen actos de intimidación y hostigamiento en contra de los Pueblos Originarios zapatistas en resistencia, significan una agresión a su derecho a la autonomía y representan un riesgo a la vida, integridad y seguridad de toda la población: «Se observó que los vehículos militares muchas veces pasan a alta velocidad por las comunidades, sin preocuparse de personas, niñas y niños o animales en el camino».

Además en lo que va del presente año, el Frayba registró dos actos de espionaje en contra de las BriCo, en el campamento de observación internacional ubicado en La Realidad. Esta acción vulnera la integridad y seguridad personal de quienes realizan monitoreo de violaciones de derechos humanos en la región y cuya labor se fundamenta en la Declaración Sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidas, de la Organización de Las Naciones Unidas.

El Frayba constata con los datos recabados por las BriCo la denuncia que publicó el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en su comunicado del pasado 10 de abril: «En nuestras montañas y valles ha aumentado la presencia militar, policíaca, paramilitar, y de espías, orejas e informantes. Han reaparecido los sobrevuelos de aviones y helicópteros militares, así como de vehículos artillados (4)».

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El Congreso Nacional Indígena y el Concejo Indígena de Gobierno denunciaron que el pasado 25 y 27 de abril un grupo de personas fuertemente armado irrumpieorn en la comunidad Chol de San José El Bascán, en el municipio de Salto de Agua, Chiapas, agrediendo a uno de los delegados del CNI de esa comunidad. Según la denuncia del CNI-CIG, el grupo está liderado por Artemio Álvaro Vázquez, autoproclamado dueño de las tierras de la comunidad, e incluye autoridades de la comunidad de Tioquipá El Bascán y otras 86 personas, convencidas por medio de promesas de regalo de tierras.

A continuación, la denuncia del CNI-CIG.

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El pasado 13 de octubre de 2018 salió de San Pedro Sula, Honduras, el primer grupo de la llamada “Caravana de migrantes” centroamericanos, conformado por más de 7,000 personas, desplazadas por el contexto de violencia y pobreza generalizadas en Centroamérica. Este grupo estaba integrado por miles de personas con necesidades de protección específicas, entre ellas niñas, niños, adolescentes, familias, mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con discapacidades, periodistas, integrantes de la comunidad LGBTTI, víctimas de persecución, sobrevivientes de violencia sexual y de género, defensores y defensoras de derechos humanos. Posteriormente, durante octubre y noviembre, se sumaron otros grupos, complejizando las características de este gran movimiento migratorio, y con ello, los retos para atender a sus necesidades, y defender y garantizar sus derechos humanos.

Este fenómeno, también llamado “Éxodo”, demuestra que la región centroamericana se encuentra ante un nuevo paradigma migratorio. Frente a las políticas de violencia, exclusión y despojo vigentes en los países de origen, las personas salieron de la “clandestinidad” para conformar un sujeto migrante colectivo, con voz propia, que decidió caminar en grupo para reducir los costos y los peligros a los que están usualmente expuestos en la ruta migratoria. Las causas sistémicas que motivan a las personas centroamericanas a partir de sus lugares de origen existen y persisten desde hace muchos años, pero la diferencia en la dinámica migratoria actual se ha dado por la coincidencia de diferentes perfiles sociales y en el número de personas que se han ido movilizando contemporáneamente. La crisis social no es nueva en su centralidad como motor de esta migración. El sistema mortal que la nutre la hace cada vez más virulenta e insoportable, y genera, como en esta ocasión un Éxodo Centroamericano continuo y masivo.

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Comunicado del Consejo Supremo Indígena de Michoacán ante la desaparición forzada de Nilda Rosario Francisco de la Cruz

¡Vivos se los llevaron, Vivos los queremos!
¡Presentación con vida de Nilda Rosario!

Comunidades P´urhépecha a 30 de abril del 2019.

Al Gobierno Federal. Al Gobierno de Michoacán.
A la Fiscalia General de la República. A la Fiscalia General del Estado de Michoacán.
A los Medios de Comunicación. Al Pueblo de Michoacán.

El Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), consejo autónomo e independiente de gobiernos, partidos políticos y órdenes religiosas, conformado por autoridades civiles, comunales y tradicionales de más de 50 comunidades originarias, manifestamos por medio del presente comunicado lo siguiente:

En Michoacán, la desaparición forzada es una política de Estado presente desde 1974, fecha en que ocurrieron las desapariciones forzadas de 5 integrantes de la familia p´urhépecha Guzmán Cruz originaria de Tarejero, a 45 años de inicio de la desaparición forzada en la entidad, el Estado mexicano, entendido por las instituciones burocráticas federales y estatales, no ha sido capaz de resolver ni un sólo caso de desaparición forzada, esto con independencia de la filiación política del partido en el poder.

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• Cese de hostigamientos a quienes defienden derechos humanos en Chicomuselo.

Integrantes del 101 Batallón de Infantería, pertenecientes al Ejército mexicano, realizaron actos de espionaje durante el encuentro de defensoras del territorio: “Los Derechos de las Mujeres también son Derechos Humanos”, el pasado 23 de marzo de 2019, en la comunidad Lázaro Cárdenas, del municipio de Chicomuselo, Chiapas, México.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) documentó que Victorino Morales Morales y Alejandro Yera Reyes, militares vestidos de civil, vigilaban y fotografiaban la actividad convocada por la Coordinación Diocesana de Mujeres (CODIMUJ), de la Parroquia San Pedro y San Pablo. Lo anterior constituye una violación al derecho de libertad de reunión y asociación, así como un riesgo a la seguridad e integridad personal de quienes defienden derechos humanos en Chicomuselo.

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30 DE ABRIL “DÍA DE LOS DERECHOS DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTES” EN MÉXICO

1924-2019

La conmemoración del niño y la niña tiene su origen en la devastación causada por la primera Guerra Mundial, y en México se conmemora el 30 de abril. Eglantyne Jebb luchó para hacer visibles los efectos de este periodo bélico en esta  vulnerable población, y de sus denuncias se desprendieron la Declaración de los Derechos Humanos en 1948, la Declaración de los Derechos del Niño en 1959 y la Convención sobre los Derechos del niño en 1989.

En febrero de 1924 la Liga de las Naciones acordó la Primera Declaración de los Derechos de los Niños, conocida como declaración de Ginebra, propuesta  redactada por Eglantyne en cinco puntos con una base científica de investigación y observación de los efectos de la guerra en los niños y niñas. Partiendo de estos antecedentes, es necesario reconocer que en la actualidad no hay razones para celebrar, pues las condiciones de participación, protección, supervivencia y bienestar de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país son más bien preocupantes. Convertir esta conmemoración en celebración contribuye a invisibilizar la situación que vive la infancia en México, y fortalece la omisión institucional y de las autoridades que en el ámbito de su competencia, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.

El informe anual 2017 de la UNICEF muestra que en México residen 39.2 millones de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años, lo que representa el 32.8% de la población total.  La mitad de ellos viven en la pobreza,  y dos de cada diez en pobreza extrema. Por otro lado, a pesar de los avances en materia educativa, más de cuatro millones de niñas, niños y adolescentes están fuera de la escuela y más de 600 mil se encuentran en riesgo de dejarla.

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¡Todo el bosque es sagrado! nos dice enérgicamente, pero con los ojos llorosos y la voz entrecortada América Morales, una mujer indígena otomí de la comunidad indígena Otomí de San Francisco Xochicuautla, municipio de Lerma en el Estado de México. Ella, junto con un grupo de comuneros y habitantes que se reivindican como indígenas, enfrentan cotidianamente a los trabajadores de las empresas Autopistas de Vanguardia S.A. de C.V. (Autovan), Constructora Teya, S.A. de C.V. (Teya), –ambas filiales de Grupo Higa– y también recientemente a la constructora Grupo Carso. Las y los comuneros nos dicen que las constructoras han intensificado sus incursiones a la comunidad desde septiembre del 2018 y, específicamente el 25 de marzo de 2019 –día en que pudimos estar presentes– se atrevieron a presentarse en el paraje Zarzamora con un grupo de golpeadores contratados por las mencionadas constructoras. Subversiones pudo constatar que: 1) estos golpeadores no son trabajadores regulares de las constructoras, es decir, no operan maquinaria ni realizan labores de construcción, exclusivamente –dijeron– «venimos a la negociación»; 2) eran alrededor de cuarenta hombres visiblemente agresivos que se estuvieron drogando cómodamente frente a los representantes de las empresas, los medios de comunicación que ahí estábamos y frente a las y los comuneros y habitantes indígenas; 3) amenazaron directamente a las y los comuneros, diciéndoles que «es mejor arreglarse así entre pocos» porque «es como todo, el dinero puede más, si tú me traes 100 yo te traigo 200 y si tú me traes 200 yo te traigo 300».

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