El pasado domingo (1) por la noche, al menos ocho individuos armados llegaron a la casa de Zury Quintanilla, secretaria del patronato y presidenta del comité de salud de la comunidad garífuna de Rio Tinto, en el caribe hondureño.
En aquel lugar se encontraba Alonso Salgado Cabalero, dirigente de la comunidad, a quien, sin mediar palabra, los agresores le dispararon quitándole la vida. Después se dirigieron al interior de la vivienda en donde dispararon también contra Quintanilla, dejándola gravemente herida.
Mediante comunicado, la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) declaró que este constituye un acto más en contra de la comunidad de Rio Tinto, donde fue asesinado el dirigente Edwin Fernandez en 2020, cuyo caso no ha tenido ninguna investigación policial por lo que se mantiene en impunidad, reclamó la organización.
Desde hace meses, la Ofraneh ha denunciado incidentes en los que personas han llegado a amenazar y causar daños a la comunidad; sin embargo, las fuerzas de seguridad hondureñas no han investigado las agresiones. (Continuar leyendo…)
Al Congreso Nacional Indígena
A la Sexta nacional e internacional
A las Redes de Resistencias y Rebeldías
Al quienes firman la Declaración por la Vida
A las personas que siembran Dignidad y Organización
Compañeros y compañeras sigue la persistencia del mal gobierno de México por fomentar la Guerra / Contrainsurgencia hacia los territorios del EZLN.
El grupo paramilitar de la ORCAO (Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo) esta vez desplaza de manera forzada a 83 personas BAEZLN de los Pueblos Emiliano Zapata y la Resistencia, perteneciente a la Junta de Buen Gobierno de la región Patria Nueva.
La Red de Resistencia y Rebeldía Ajmaq ha estado documentando, denunciando y acompañando a las comunidades Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN) en el territorio, donde se han realizado caravanas de observación y documentación y se han denunciado las situaciones de Moisés y Gandhi y Nuevo San Gregorio.
El día de ayer 4 de mayo y hoy 5 de mayo recibimos la información de la Junta de Buen Gobierno “Nuevo Amanecer en Resistencia por la Vida y la Humanidad” Caracol 10 “Floreciendo la Semilla Rebelde” relacionada a otra escalada más de violencia por parte de la ORCAO que ha estado agrediendo de manera armada hacia nuestras compañeras y compañeros BAEZLN, consistente en una serie de ataques armados, por dicho grupo paramilitar, las agresiones armadas comenzaron el 02 de mayo de 2022, alrededor de la 20:00 hrs. hacia al Pueblo Emiliano Zapata, las BAEZLN se replegaron hacia la escuela autónoma protegiéndose de los disparos: primero aproximadamente a 300 mts., después a 50 mts, y posterior a 30 mts. ya que el grupo paramilitar se acercaba cada vez más. Dada las circunstancias de amenaza a la vida las BAEZLN optaron por desplazarse 11 familias, 54 personas (entre mujeres, hombres, jóvenes y jóvenas, niñas, niños, ancianas y ancianos) por esta violencia que ha persistido desde hace ya tres años y que ha aumentado en los últimos meses.
La violencia sigue, tenemos testimonios que las acciones armadas del grupo paramilitar de la ORCAO continua pues, el día de hoy 5 de mayo a las 12:59 am los ORCAO de San Felipe disparan cerca de 32 tiros de calibre 22 hacia el Pueblo zapatista de la Resistencia, a la 1:30 am continua las agresiones por parte de la ORCAO de San Felipe cuando un grupo de ellos llegaron a quemar la escuelita autónoma zapatistas y garage de una de las BAEZLN del Pueblo la Resistencia, las casas de las BAEZLN se encuentran 10 mts, donde quemaron la casa de la escuelita autónoma, en ese contexto de la quema de la escuelita se siguen escuchando disparos por esta situación 29 personas (entre mujeres, hombres, jóvenes y jóvenas, niñas, niños, ancianas y ancianos)se desplazan más de la comunidad de La Resistencia, hasta el momento en el último reporte se reporta que ven las casas de las BAEZLN están abiertas sin saber ahora exactamente los daños que realizó este grupo paramilitar de la ORCAO.
En cuanto a los hechos del 2 de mayo testimonios refieren lo siguiente:
Este lunes (2), una comisión de mujeres indígenas chontales acudió a las oficinas del comisionado del Registro Agrario Nacional (RAN), en Oaxaca, para entregar dos solicitudes que demandan el reconocimiento de 39 mujeres como comuneras ante el órgano estatal.
Para ellas, este trámite está en sincronía con acciones que han emprendido sus comunidades para la defensa del territorio. “Para nosotras, la tierra significa trabajarla, cuidarla y el territorio, cuidar de nuestros aguajes, de nuestros bosques, de toda la fauna”, comparte la comisión en entrevista con Avispa Midia.
Las mujeres señalan la importancia de esta iniciativa, pues en el pasado no eran consideradas en las tomas de decisiones en el interior de sus comunidades. “Estamos luchando para ser reconocidas como comuneras, ya nos dieron ese derecho y nos reconocieron en la comunidad, ahora nada más estamos esperando la respuesta legalmente”.
Los pueblos originarios y comunidades campesinas del Perú requieren participar en las decisiones sobre el uso de sus territorios y recursos naturales. En el papel, la consulta previa, promulgada por ley en 2011, es un mecanismo para el diálogo, el consenso. Un derecho que el Tribunal Constitucional desconoció como fundamental en una sentencia dictada en febrero de este año, en contra de convenios internacionales.
Frente a la desatención de la justicia del Estado en favor de los extractivismos, hay voces en las comunidades que proponen alternativas de participación directa, en un país que no ratificó el Acuerdo de Escazú y que en 2021 fue el quinto con mayor deforestación en el mundo, de acuerdo a Global Forest Watch.
Para las lideresas indígenas, el problema radica en replantear el mecanismo. Cuestionan cuándo y con qué fines se les consulta, por qué de antemano la condición es la ejecución de actividades industriales, las que contaminan el medio ambiente y destruyen sus fuentes de vida. (Continuar leyendo…)
La familia de Mariano Abarca Robledo solicitó investigar a la Embajada de Canadá en México por la presión que ejerció sobre el Gobierno de Chiapas para detener las protestas contra las operaciones de la minera Blackfire Exploration en el municipio de Chicomuselo.
A sus 52 años de edad, Mariano Abarca fue asesinado el 27 de noviembre de 2009, pero dos años antes la Embajada de Canadá comenzó a monitorear la resistencia que él encabezó contra la minera canadiense.
Las autoridades mexicanas nunca investigaron y liberaron a las personas que en su momento fueron detenidas. Esta falta de acceso a la justicia llevó a la familia de Mariano a iniciar una indagación independiente sobre los hechos.
Organización Vineketik en resistencia. Adherente a la Sexta declaración de la Selva Lacandona E.Z.L.N.
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
A los y las defensoras de derechos humanos.
A la sexta nacional e internacional.
Al Congreso Nacional Indígena.
Al Consejo Indígena de Gobierno.
A los medios de comunicación.
Al Pueblo Creyente.
A la sociedad civil organizada.
Al pueblo de México y al mundo.
En este día tan especial del día del niñx con todo cariño me dirijo a todxs ellxs y les deseo todo lo mejor del mundo y que disfruten de la presencia y el apoyo de sus padres y de sus madres, que siempre están al cuidado de ellxs.
Lamentablemente y debido a las injusticias que hemos padecido muchxs padres y madres que han sido perseguidxs y presxs políticxs se nos ha privado de nuestra libertad y hemos tenido que dejar abandonado a nuestrxs hijxs, a esxs niñxs al amparo de la sociedad y de la pobreza, que lejos de ayudarlos sufren marginación, sufriendo maltratos, con riesgos de diferentes formas por la separación de las familias a causas de las injusticias del mal gobierno.
Considerando solamente registros del 2019, la Unión Europea (UE) exportó más de 6,5 millones de kilogramos de plaguicidas prohibidos o nunca autorizados en su territorio hacia los países que forman el bloque comercial del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay).
Empresas trasnacionales como Bayer/Monsanto, BASF y Syngenta, líderes en la producción de agrotóxicos en Europa, en alianza con grupos de presión favorables a los agroquímicos como SINDIVEG y Croplife Brasil, son los principales promotores del acuerdo comercial que permite la venta de peligrosos productos químicos en Sudamérica.
En portada: Pobladores del norte de Chiapas participaron de una movilización para manifestarse en contra de las operaciones del cuartel de la Guardia Nacional en su territorio. Foto de CDH Frayba
“Se requiere Guardia Nacional (GN) en ciudades o donde hay grupos paramilitares, nosotros somos un ejido y no necesitamos. El presidente quiere la GN por algo, le está sirviendo a él no a nosotros”, dijo Juana Hernández Morales, Concejala del Gobierno Comunitario en Bachajón, municipio de Chilón.
La edificación del cuartel de la Guardia Nacional en este municipio, al norte de Chiapas, comenzó como un rumor. A mediados de 2020 iniciaron la obra y con ella se levantó la resistencia de los pueblos contra una nueva militarización de sus territorios. (Continuar leyendo…)
por Colectivo Geocomunes / Foto de portada: Santiago Navarro F.
La siguiente es la primera de una serie de tres publicaciones para documentar los efectos que, sobre los bienes comunes de la región del Istmo de Tehuantepec, se empiezan a observar con el despliegue del proyecto Corredor Interoceánico. Pondremos atención a tres bienes comunes, esenciales para la vida y cultura de la región, pero que también son insumos indispensables a la instalación de actividades industriales: la tierra, el agua y la energía.
En esta entrega analizamos cómo se genera un proceso de industrialización y el efecto que causa en la privatización y especulación de la tierra, conllevando un cambio profundo en el uso que tienen en las comunidades de Veracruz y Oaxaca que hoy en día las poseen.
El proyecto de Corredor Interoceánico prevé, en una primera etapa, la instalación de 10 parques industriales (cinco en Veracruz y cinco en Oaxaca) llamados oficialmente “Polos de Desarrollo para el Bienestar” (PODEBI).
Esas superficies son indicativas ya que luego pueden variar un poco entre distintos documentos
A este listado se puede agregar el PODEBI de San Blas Atempa en Oaxaca, un polo de desarrollo que si bien no aparece en los últimos documentos oficiales del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), corresponde a un caso donde se llevó a cabo un proceso de consulta para la instalación de un parque industrial, en la comunidad de Puente Madera, y que ha generado un rechazo de la población por la serie de simulaciones e irregularidades en el proceso de consulta para la aprobación del parque.
Entre los diez polos industriales que se pretenden instalar en el Corredor Interoceánico, en San Blas Atempa, se tiene proyectado instalar uno de ellos. Pero los indígenas están en resistencia.
Cuatro de estos once parques tienen los terrenos adquiridos, mientras que los demás siguen en proceso de negociación con los dueños de la tierra, que son principalmente núcleos agrarios. Por ello, el proceso de negociación para la posible venta de terrenos para los otros seis parques pone en riesgo de privatización 1,566 hectáreas de tierras ejidales y 866 hectáreas de tierras comunales, principalmente ubicadas en el istmo sur.
Elaboración: Colectivo Geocomunes
Tan sólo considerando la superficie directamente afectada por los 10 parques industriales planeados, se trata de 3,542 hectáreas. A esto hay que sumar las 334 hectáreas del polo proyectado en San Blas Atempa, Oaxaca, y considerar que el de Jáltipan, en Veracruz, aún no especifica superficie.
En Veracruz, desalojan con violencia tierras destinadas al Corredor Interoceánico. Audio por Avispa Midia
Además, en un documento oficial del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec se menciona que se estima una demanda de suelo para industrias de 15,700 hectáreas en la región, lo que representa 4.5 veces más que la superficie anunciada para esos 11 parques industriales. Esto se explica por el hecho que a los 10 u 11 primeros parques industriales, llamados zona primaria, se planea sumar posteriormente otros 19 parques (10 en Oaxaca y 9 en Veracruz) en lo que en el documento oficial llaman zonas secundarias y marginales.
Puedes visualizar la ubicación, la superficie ocupada y la tenencia de la tierra de los parques industriales previstos en el siguiente mapa interactivo:
Para ver las poligonales previstas para los parques industriales (PODEBIS) de la zona primaria, la capa Polígonos PODEBIS (parque industrial) tiene que estar activada y hay que hacer zoom al mapa. La ubicación de los puntos de los parques de la zonas secundarias y marginales es indicativa ya que no existe información todavía sobre la ubicación exacta de esos parques.
Si la implementación de parques industriales para las zonas “secundarias” sigue siendo a lo largo de las vías del tren Coatzacoalcos a Salina Cruz, para las zonas “marginales” se expande hacia otras zonas istmeñas, principalmente hacia pueblos que quedan cerca de las vías del tren en proceso de rehabilitación, entre Coatzacoalcos y Palenque, para conectarse con el Tren Maya (como Agua Dulce o las Chopas), o entre Ixtepec y Tapachula (como Unión Hidalgo o Chahuites). Llama la atención los parques industriales previstos en la zona de los Tuxtlas (San Andrés Tuxtlas y Catemaco), regiones que quedan alejadas de las vías del tren, pero que se pretenden conectar con la llamada modernización (ampliación y rehabilitación) de distintas carreteras.
Especulación sobre las tierras
Ahora bien, para considerar la afectación real que la puesta en marcha de estos polos de desarrollo tendría sobre la propiedad de la tierra, habría que considerar la privatización y cercamiento de tierras que se dispararía por el proceso de expansión urbana, siempre asociado a la creación de nuevos polos industriales.
También es necesario considerar el peso que la apertura de procesos de especulación tendría sobre la privatización de tierra, derivado de la puesta en venta de lotes de inversión situados a proximidad de los parques industriales anunciados o a lo largo de las vías del tren.
Este fenómeno especulativo, que dio inicio desde que se dieron los primeros anuncios del proyecto, tiene como resultado una presión sobre la venta o renta de tierra de propiedad social. Algo que detona conflictos en las asambleas agrarias, por la intervención de intereses individuales internos o ajenos en los procesos de toma de decisión, en un contexto de presión para que algunas parcelas del núcleo agrario pasen a dominio pleno, para luego poder venderlas como parcelas privadas para usos industriales o inmobiliarios.
Algunos ejemplos de anuncios de ventas de terrenos en las cercanías del Corredor Interocéanico:
Predios en venta en las cercanías del Corredor Interoceánico. Fuente: https://www.vivanuncios.com.mx/
Al momento de dimensionar los posibles impactos y el alcance territorial de este proceso de industrialización y urbanización es importante tomar en cuenta que el corredor transístmico forma parte de un proceso más amplio de reconfiguración territorial del sureste de México, donde se relaciona con otros proyectos, como el llamado Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas, el Programa Sembrando Vida y la Guardia Nacional.
Estos proyectos buscan funcionar juntos para permitir la circulación de mercancías, muchas de las cuales serán producidas en estos corredores industriales, así como la extracción de recursos como el petróleo, los minerales, el agua, la tierra, la biodiversidad y su tránsito por tren (Tren Maya y Transístmico) para exportarlos a mercados en Asia, Estados Unidos, y Europa.
Además, forman parte de la estrategia de control migratorio que exige Estados Unidos a México para hacer “tapones” que bloquen el tránsito de la población de migrantes más allá de la zona del istmo, insertándola como mano de obra barata en estos corredores industriales.
Por el medio de la rehabilitación de las vías del tren de Coatzacoalcos a Palenque y de Ixtepec a Tapachula, se conectarán los proyectos del Tren Transístmico con el Tren Maya. Existe también la posibilidad de conectarlos con otros dos proyectos ferroviarios anunciados en Guatemala: el Tren Bicentenario Ecológico (interconexión con México en Ciudad Hidalgo y trazo hasta Tecún Umçan y Puerto Quetzal en el Pacífico) y el Tren Rápido (que conectará hacia el mar del Caribe en Puerto Barrios).
Elaboración: Colectivo Geocomunes
Con la puesta en marcha y la interconexión de esos proyectos ferroviarios entre ambos países se completará uno de los objetivos previstos en el Plan Puebla Panamá y en el posteriormente llamado Proyecto Mesoamérica: interconectar los países mesoamericanos con EEUU por el medio de carreteras, red eléctrica y vías de tren.
Elaboración: Colectivo Geocomunes
Con la construcción del CIIT el riesgo de división comunitaria, de erosión, especulación y privatización de la propiedad social es muy alto.
Una vez que la tierra comunal o ejidal se renta o se vende para cualquiera de estos proyectos, no hay vuelta atrás: al desarrollar los parques industriales, se despliegan actividades sumamente contaminantes, y no hay manera que se vuelva a reconstituir en esas tierras la vida comunitaria que se sostenía antes.
Es el territorio el que sostiene a la comunidad y por esto resulta imposible mantener o recuperarla cuando ésta se enajena. Si los pueblos y sus comunidades dejan entrar estos proyectos, las tierras dejarán de sostener la seguridad alimentaria de los pueblos, y convertirán sus tierras en áreas de vocación industrial, y a ellos mismos en mano de obra para las fábricas propuestas, o en migrantes desposeídos navegando en grandes urbes.
En la segunda parte de esta entrega, abordaremos el tema de cómo la instalación de estos parques industriales ejercerá una presión fuerte sobre el agua, en una región donde los problemas hídricos son ya patentes, tanto para los propios hogares como para las actuales actividades productivas.
En portada: Aspectos de la mina de oro en el cerro de San Pedro, San Luis Potosí, donde la actividad a cielo abierto se realiza a escasos metros de la comunidad, lo que orillo el desplazamiento de cientos de familias. Foto: Aldo Santiago
El pasado 20 de abril se hicieron públicas las más recientes reformas a la ley Minera en México, las cuales se centraron en colocar la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio para ser realizada de manera exclusiva por el Estado.
En un contexto de disputa entre la inversión privada y estatal por el aprovechamiento del mineral, la discusión para cambiar la ley minera dejó a un lado los daños sociales y ambientales de dicha industria que han sido denunciados por organizaciones como la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA).
“La auto-llamada 4T no ha respondido a la demanda de alto a la minería que desde muchas organizaciones sociales hacemos, ni ha respondido a la exigencia de justicia por la persecución, crímenes y daños que la minería ha generado en el país”, enfatiza la REMA mediante comunicado difundido este viernes (29).
Comunidades se manifiestan contra Semarnat por autorizar la ampliación de la concesión minera a la empresa Cuzcatlán en Oaxaca
En México, actualmente existen más de 24 mil concesiones vigentes para la extracción minera, las cuales cubren una superficie de más de 17 millones de hectáreas y pese al discurso oficial de no otorgar más concesiones, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha continuado con la autorización de proyectos de exploración y explotación minera.
De acuerdo a la REMA, sólo en los últimos tres meses de este 2022, el valor del litio se ha incrementado en un 250%. Esto se debe a que este mineral es considerado fundamental para la denominada transición energética.
“Pero sabemos también los gravísimos daños sociales y ambientales que han dejado la explotación de este mineral en el mundo y por ello, desde la REMA, llamamos a la sociedad a debatir más allá de las narrativas dicotómicas y simplistas sobre lo público y lo privado, impuestas por los partidos políticos, empresas y algunos medios de comunicación”, remarca la red en el documento.
Reforma
Pese a la propaganda oficial, la REMA asegura que con la reforma a la ley minera aún existe la posibilidad de que la empresa pública y descentralizada que se conforme para la explotación del litio se pueda asociar con capitales privados, tanto nacionales como extranjeros.
“Empresas como Peñoles (de los Bailleres), Frisco (de Slim) y Grupo México (de los Larrea), empresas sobre las que penden grandes exigencias de rendición de cuentas, remediación de daños, y señalamientos sobre crímenes, podrían sumarse a este festín. Eso sí, en compañía de la instancia creada para tal fin por el Estado”, advierte la red.
A esto, se suma la preocupación por el anuncio del Servicio Geológico Mexicano (SGM) que llevará a cabo trabajos de prospección para identificar posibles yacimientos de litio en 82 localidades de 18 estados de la república: Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, y Zacatecas.
El futuro ineludible de la minería. Extracción de ilmenita en Chiapas. Foto: Santiago Navarro F.
“¿Qué pasará con las comunidades donde se encontrarán cantidades suficientes de litio para ser explotadas? Seguramente el gobierno desplegará todas sus fuerzas para avanzar con esos proyectos, sin importar lo que opinan las comunidades locales, acelerando y/o brincándose los permisos necesarios, manejando información a modo, como está pasando ahora con otros proyectos emblemáticos de la 4T como el Corredor Interoceánico o el Tren Maya”, cuestiona la REMA.
También, la red añade que existe el riesgo que se lleven a cabo procesos de expropiaciones, con el pretexto de “utilidad pública” y bajo el discurso de la soberanía energética nacional.
Estrés hídrico
Según la REMA, en los estados donde el SGM llevará cabo los trabajos de prospección para extraer litio ya sufren estrés hídrico, así como problemas de escasez y contaminación del agua.
Por ello, enfatizan su preocupación frente a la explotación del mineral, dado que uno de los principales impactos denunciados por los pueblos de la región de los salares andinos en Sudamérica es la alta cantidad de agua que requiere el proceso de evaporación, ligado a la extracción de litio en salares o salmueras.
“Por esta razón la extracción del litio ha sido denominada ‘minería del agua’. Ciertos estudios realizados en el salar de Atacama señalan que ‘Para producir una tonelada de litio se evaporan 2 millones de litros de agua desde las pozas, es decir, 2 mil toneladas de agua que no es posible recircular’”, detalla REMA.
Otra de las consecuencias de la extracción del litio, son las graves modificaciones sobre los flujos de aguas subterráneas. “¿Cómo se puede hablar de un decreto y una propuesta ‘en favor del pueblo mexicano’ cuando pondrá en peligro uno de sus bienes más importantes y, tal vez, el más vital, como lo es el agua?”, cuestiona la red.
Demandas
Aunque el discurso oficial menciona que se cancelaran los permisos para privados en la explotación del litio, la REMA aclara que esto no es sencillo, pues existen mecanismos para que las empresas recurran a tribunales de arbitrajes privados como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, mediante los cuales pueden exigir una indemnización por la cancelación de sus proyectos en México.
Un ejemplo de esto es el caso del proyecto minero de Bacanora en Sonora, adquirida por la empresa china Ganfeng Lithium, quien controla actualmente la mitad de la producción mundial de litio, “y quién seguramente no se saldrá tan sencillamente de este jugoso negocio”, remarca REMA.
“Esos mecanismos son permitidos por los 14 Tratados de Libre Comercio que México ha firmado con 50 países y los 30 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIs). Tratados que han sido en ciertos casos reafirmados por el gobierno de la 4T y sobre los cuales no existen el mismo supuesto discurso crítico cuando, de fondo, son los mecanismos que realmente ponen en jaque una posible soberanía nacional”, afirma el comunicado.
