Celebran familiares de los normalistas la valentía de los magistrados y agradecen a la CIDH por abrir caminos para la verdad.

Ciudad de México, 07 de junio de 2017. Ante la sentencia inapelable de un tribunal colegiado federal, que ordenó reponer la investigación del caso Iguala y generar una comisión investigadora especial, las madres y padres de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos le exigieron al titular del Poder Ejecutivo federal una señal de que cumplirá lo ordenado por los magistrados. 

“Los 43 padres sabemos perfectamente que es el mismo gobierno que no nos ha dado respuesta durante cuatro años, pero es una oportunidad para el señor presidente de tener un poquito de dignidad y apoyar la nueva comisión”, sostuvo don Mario González, quien recordó que la sentencia es de obligatorio cumplimiento y acusó la actitud ambigua de la PGR al decir que no comparte el criterio del tribunal.

En conferencia de prensa, las familias resaltaron que la sentencia del tribunal nacional da la razón a lo que ellas han sostenido durante casi cuatro años y a los informes presentados por organismos internacionales. “Lo dijo el GIEI y lo corrieron, lo dijo la ONU y los maltrataron, ahora lo dice un tribunal mexicano con valentía: la teoría del basurero está sepultada”, sentenció la señora María Elena Guerrero.

Los representantes legales de los normalistas precisaron que la comisión ordenada por el tribunal colegiado es un mecanismo extraordinario de investigación que no quita a la PGR la potestad de investigar, pero sí establece la participación de víctimas, CNDH y organismos internacionales como controles externos para dar condiciones de independencia e imparcialidad, considerando el cúmulo de las irregularidades en el caso. Además, recordaron, el incumplimiento de lo ordenado por el tribunal podría generar responsabilidades penales para las autoridades omisas.

“La Comisión es una buena oportunidad para que regresen los expertos del GIEI, es lo que queremos, porque ellos descubrieron anomalías y dejaron líneas de investigación que no se han cumplido”, demandó la señora Blanca Nava. Los representantes legales destacaron que la sentencia establece que la CNDH y las víctimas tienen la facultad de nombrar a quienes integrarán la comisión, y que expresamente se recomienda al GIEI.

Ante las dudas suscitadas en la opinión pública, el jurista Humberto Guerrero, de Fundar Centro de Análisis e Investigación, precisó que la comisión especial de investigación tiene pleno fundamento en el derecho internacional, “que también es parte de nuestro marco jurídico. Es falso que sea ilegal ordenar su creación”.

A pregunta expresa, las familias indicaron que la posible liberación de personas que participaron en hechos por violación al debido proceso es producto de deficiencias de la PGR y puede afectar su derecho a la verdad, por lo que pidieron que esa instancia adopte medidas para que no se pierda la información que esas personas pueden tener.

Las familias resaltaron la coincidencia entre el informe de la CIDH –que acusó falta de profundidad y resultados, así como lentitud en la investigación oficial- y la “devastadora” sentencia del tribunal, que señaló que la investigación de PGR carece de imparcialidad, independencia y autonomía, no ha sido eficaz y tiene sesgo hacia una teoría del caso sin asidero.

“Conocer la verdad es nuestro derecho, como dijo ayer la CIDH. El Estado está obligado a garantizarlo. Agradecemos a la comisionada Esmeralda, al comisionado Vargas y a todos los comisionados y comisionadas por acompañar nuestro caminar”, finalizó doña Cristina Bautista.

Cuetzalan del Progreso, Puebla a 2 de junio de 2018.

                Desde julio de 2016 y hasta diciembre de 2017 ocurrieron ocho agresiones contra personas, comunidades u organizaciones defensoras del medio ambiente en Puebla, con lo que la entidad se ubicó como la segunda del país con más casos de este tipo, solo después del Estado de México donde hubo 10 ataques, según la el informe del Centro Mexicano de Derecho  Ambiental  dado a conocer en este año.

En lo que va de este año en el país al menos se han registrado el asesinato de 4 defensores de la tierra y el territorio. Guadalupe Campanur, el compañero Manuel Gaspar Rodríguez, Miguel Vázquez y el pasado miércoles, Adrián Tihuilit.

Ante la insistencia de instancias internacionales de derechos humanos en su preocupación por el papel  que ha jugado el estado mexicano en cuanto al trato para con los defensores de derechos humanos, las autoridades mexicanas han sido omisas. No terminan de comprender las autoridades mexicanas en todos los niveles, que el ejercicio de los derechos humanos debe pasar de ser una mera declaración a la posibilidad de proporcionar un ambiente de libertad y de igualdad y cumplir con ellos con principio básico de garantizar la dignidad del ser humano a través de respetar ciertos derechos mínimos que le son reconocidos a los individuos en su sola condición de seres humanos.

La sierra norte del estado de Puebla es una de las más ricas en cuanto a diversidad bilógica y cultural del estado, a raíz de la reforma energética y de la política de despojo e imposición que han promovido las autoridades en su tres niveles de gobierno desde 2013, igualmente la sierra norte ha sido parte del estado más afectada en cuanto a concesiones mineras (equivalente al 28% del territorio poblano), proyectos hidroeléctricos (8 con algún tipo de permiso), fracking (10 mil 92 pozos proyectados) y otros proyectos de infraestructura para el desarrollo de empresas nacionales y extranjeras, según información de la organización PODER, (www.colaboratorio.org) y Jaime Patiño Ruíz, ex presidente de la Asociación Mexicana de Geólogos Petroleros (http://www.e-consulta.com/nota/2017-08-24/sociedad/mas-de-10-mil-pozos-planean-perforar-con-fracking-en-puebla-denuncian).

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La comunidad indígena de Azqueltán, municipio de Villa Guerrero, Jalisco comenzó desde hace poco más de tres años un litigio para obtener la restitución de 38,000 de las 94,000 hectáreas que le fueron concedidas en 1733 a través de una ordenanza virreinal. En aquel entonces México no existía como nación ni como idea, su territorio estaba dividido en virreinatos y ellos, a su vez, dependían de la coronal española. Las identidades eran otras, los pueblos que en aquel entonces recibieron estas ordenanzas han desaparecido casi en su totalidad.

Sigue este enlace a Regeneración Radio para el Fotorreportaje: Azqueltán y la defensa del territorio en el Norte de Jalisco, México: http://regeneracionradio.org/Galerias/Imagenes/68-Azqueltan-y-la-defensa-del-territorio/

Violencia, feminicidios, desapariciones, devastación y ataques a DDHH es lo que vive Chihuahua: Caravana Norte

Por Lucía Joselin Muñoz

CdMx. 25/05/18 (Surco Informativo).- La Caravana de la Realidad Norte llegó el día de ayer a la Ciudad de México, partió de Chihuahua el pasado 19 de mayo con el objetivo de denunciar la situación que se vive en el estado: “violencia agudizada, feminicidios, desapariciones forzadas, devastación de la naturaleza por los megaproyectos mineros, ataques a los derechos humanos, estigmatización de la protesta y las resistencias” denunció el académico Rosalio Morales, integrante de la caravana en conferencia de prensa.

Señaló también que hay una enorme pasividad e indolencia por parte del gobierno del estado que está pasmado “ante el desenfreno de la ganancia obscena”, asegurando que hay una discordancia entre el decir y el hacer del gobernador Javier Corral, quien por un lado proclama la soberanía de Chihuahua pero viaja a Canadá a entregar los recursos a las mineras, quien dice estar en contra de la Ley de Seguridad Nacional pero reclama la militarización del estado y a la Policía Federal en sus calles.

Otra de las contradicciones en que hizo hincapié la Caravana, es el hecho de que Javier Corral presuma la eficiencia de la Fiscalía del Estado, sin embargo, ésta no da resultados y recordaron casos como el de la periodista Miroslava Breach, asesinada el 27 de marzo de 2017 que aún sigue impune y como el de ella, apuntaron, hay muchos más en el estado.

Alejandro González, arquitecto originario de Valle de Juárez, denunció que la violencia es tal en Chihuahua que en su pueblo 19 casas de cada 20 están abandonadas debido a que los ciudadanos que las habitaban fueron asesinados o están desplazados, e indicó que la misma situación prevalece en todo el Valle de Juárez.

El arquitecto indicó que luego de más de diez años de supuesta guerra contra el narcotráfico, se puso a estudiar los efectos de la militarización, en los patrones del “ejecutómetro”. Cotejando con mapas de Pemex, encontró que los puntos de mayor índice de asesinatos coinciden en los mapas con puntos estratégicos de recursos naturales, “entonces, se despoblaron zonas de interés para el capital internacional, es el caso de Valle de Juárez”, por lo cual, no se le hace extraño, pero si alarmante que algunas organizaciones señales que hay un 99% de impunidad ante los crímenes cometidos:

“Eso significa que si alguien asesina a alguno de los que estamos senados en esta mesa, o a alguno de ustedes, tiene el 99% de probabilidades de quedar libre, de salirse con la suya. Por eso estamos aquí, esta es una caravana por nosotros y por todos, porque como jóvenes le toca a nuestra generación cambiar las cosas, tenemos la responsabilidad de actuar para cambiar las cosas” terminó.

Otro tema que expusieron fue el ahorcamiento presupuestal de la Normal Rural Ricardo Flores Magón, ubicada en Saucillo, al sur de Chihuahua, señalando que al ser las normales semillas de movimientos sociales quieren exterminarlas. En el caso concreto de la Flores Magón, el presupuesto debe venir parte del gobierno federal y parte del gobierno estatal, sin embargo, éste último ha abandonado su obligación en Saucillo.

Posteriormente, en la tarde familiares de personas desaparecidas y de víctimas de feminicidio participaron en un foro en las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Ahí compartieron sus historias de dolor y lucha por la justicia en un estado de impunidad, inclusive, uno de los padres denunció haber sido encarcelado por exigir al gobierno de Chihuahua se esclarezca el caso de su hija Esmeralda Castillo Rincón. Otras familias denunciaron que las autoridades les han entregado restos parciales alegando ser su familiar buscado, sin embargo, ellos no están seguros de que esos restos pertenezcan a quien buscan, or tanto exigen las confrontas adecuadas, como es el caso de María Elena Chávez Caldera.

Así, la caravana recorrió Saucillo, Jiménez, Torreón, Zacatecas, San Luis Potosí y Querétaro antes de llegar a la Ciudad de México, no sólo compartiendo los testimonios de su dolorosa realidad norte, sino recogiendo también las situaciones que en otros estados se están viviendo, dándose cuenta que viven las mismas problemáticas ante la indolencia, pasividad y pasmo de las autoridades.  Mañana cerraran sus actividades uniéndose a la marcha por los 43 de Ayotzinapa, pues relataron que en su camino encontraron también una solidaridad sin límites y una enorme generosidad que les hacen pensar que otro mundo es posible pero hay que tomar acción y levantar la voz.

#ROMPIENDOFRONTERAS

A la opinión pública

Al Congreso Nacional Indígena

Al Ejercicio Zapatista de Liberación Nacional

A los medios de comunicación libres nacionales e internacionales

A las comunidades indígenas hermanas de México y del mundo

A la sociedad civil nacional e internacional

Informamos que el día de ayer 22 de mayo del 2018, la comunidad indígena de Nurio sufrió la inclusión de un grupo delincuencial fuertemente armado con propósitos de intimidar, asesinar y destruir nuestra forma de organización comunal, disparando con armas de alto calibre a mujeres, niños y ancianos. Ante esta agresion la comunidad de Nurio se unifica como históricamente lo hemos hecho, protegiendo escuelas, plazas públicas, nuestro barrio, nuestra iglesia, nuestras calles,accesos, salidas y los pequeños negocios con los que contamos.

Ante estos hechos:
1. Denunciamos el asesinato de nuestro hermano Jesús Álvarez Chávez, porqué consideramos que defender el territorio, su gente, su forma de organizativa no es un delito, es una obligación y deber de un p’urhe.

1. 2. La rabia que nos mantiene de ver a nuestros hermanos lesionados físicamente, el dolor y la angustia de sentir latir el corazóno con miedo de nuestros niños, niñas y mujeres, no quedará impune.

Responsabilizamos al gobierno federal,estatal y municipal de esta agresion a la vida, a la comunidad, a la armonía, a la autonomía, y al respeto a la forma de vida histórica de los pueblos originarios. Por qué indiscutiblemente estos grupos delincuenciales nacen, crecen y son formados por la cúpula del poder del sistema capitalista.

Atentamente

Comunidad Purépecha de Nurio
Congreso Nacional Indígena
Nunca Más un México Sin Nosotros