Chiapas
Ejército mexicano responsable de crímenes de lesa humanidad
A 23 años de la ejecución de Gilberto Jiménez Hernández y 20 años de la ejecución de José Tila López García
El Estado mexicano garantiza impunidad en violaciones a derechos humanos cometidas por militares y por paramilitares, en territorios de pueblos originarios ocupados militarmente, como parte de una política contrainsurgente cuyo objetivo ha sido eliminar la resistencia zapatista y otros proyectos de organización autónoma. En el contexto de la estrategia diseñada e implementada desde el Plan de Campaña Chiapas 94, el Ejército mexicano provocó crímenes de lesa humanidad que permanecen en la impunidad.
El 18 de febrero de 1995 inició la incursión militar en el ejido La Grandeza, municipio de Altamirano, Chiapas, al día siguiente las familias se desplazaron forzadamente a la montaña por miedo, la mayoría eran mujeres, niñas, niños y personas mayores. El 20 de febrero, la patrulla de reconocimiento del 17º Batallón de Infantería compuesta por 54 soldados llegó al refugio de la población desplazada donde se encontraba Gilberto Jiménez Hernández con su esposa y sus diez hijos. Mientras buscaba refugio, un militar le ordenó detenerse, él se tendió en el piso pero el soldado Abner García Torres “sin ningún aviso ni motivo, le disparó, sin importar que Gilberto llevara a su hija en la espalda, desde una distancia aproximada de ocho metros.”
El 30 de noviembre de 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó la responsabilidad del Ejército mexicano en la ejecución extrajudicial del campesino, indígena tseltal, Gilberto Jiménez Hernández (conocido como Caso La Grandeza) y recomendó al Estado mexicano investigar y reparar adecuadamente las violaciones a derechos humanos “considerando el daño a los familiares, así como los efectos comunitarios, en el marco del Plan de Campaña Chiapas 94.”[1]
El Informe de la CIDH significa el reconocimiento de una política genocida en contra de los pueblos originarios en Chiapas y es un avance para garantizar a las víctimas el derecho a la verdad, en la exigencia de no repetición. Dignifica la persistente acción en demanda de justicia por parte de los familiares de Gilberto Jiménez Hernández, testigos directos de la ejecución extrajudicial.
Sin embargo, el caso La Grandeza se encuentra en la impunidad, las acciones del Ejército mexicano han sido encubiertas deliberadamente. No ha habido una investigación adecuada, imparcial y efectiva de los hechos por parte de las instituciones de procuración de justicia civil. Se llevó el proceso jurídico en la misma instancia militar que cometió la violación a derechos humanos y los responsables no han sido sancionados.
Es preciso señalar que la violencia directa respondía a una lógica de guerra en contra de la población civil. En la zona norte de Chiapas el gobierno mexicano formó grupos paramilitares responsables de violaciones a derechos humanos, que actuaban con la omisión y permisividad del Ejército, como parte del Plan de Campaña Chiapas 94, un documento firmado por la Secretaría de la Defensa Nacional.
Otro crímen de lesa humanidad es la ejecución extrajudicial de José Tila López García2, indígena chol, el 21 de febrero de 1998, en la zona baja de Tila, por integrantes del grupo paramilitar3 Organización Desarrollo Paz y Justicia. José Tila fue ejecutado cuando regresaba de denunciar la violencia generalizada en la región ante la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH). Su caso es conocido por la Relatoría Especial para Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de la Organización de las Naciones Unidas.
En este contexto, la Ley de Seguridad Interior es un instrumento más para el ciclo de violencia y corrupción generado desde las estrategias de contrainsurgencia creadas por el Estado y ejecutadas por el Ejercito mexicano. La Ley permite el uso “legitimo” del Ejército mexicano para actuar en el ámbito de seguridad desde una lógica de guerra. La experiencia histórica en Chiapas refiere que la militarización genera violaciones a derechos humanos y mantiene la impunidad en crímenes de lesa humanidad, como las ejecuciones extrajudiciales de Gilberto Jiménez Hernández y José Tila López García.
La actuación del Ejército mexicano, en “apoyo” a las tareas de seguridad pública, responde a la criminalización de las personas y organizaciones sociales que luchan por los derechos humanos, legitima las injusticias cometidas en el pasado por militares y es un riesgo actual para las luchas por la autonomía y en defensa de sus territorios.
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.
20 de febrero de 2018
Boletín No. 06
[1] Informe de Admisibilidad y Fondo No. 51/16 publicado el 17 de abril de 2017 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2016/mxpu11564es.pdf
Personal y estudiantes del CESMECA-UNICACH agradecen apoyo y reiteran repudio a Honoris Causa
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 8 de febrero de 2018
COLEGAS, INSTITUCIONES ACADÉMICAS, ORGANIZACIONES SOCIALES Y SOCIEDAD EN GENERAL
Por este medio saludamos y agradecemos el gesto solidario y contundente que han expresado frente a nuestra posición de rechazo por el acuerdo tomado por el Consejo Universitario de la UNICACH, el 2 de febrero del presente año, de otorgar el Doctorado Honoris Causa al General Salvador Cienfuegos Zepeda, Secretario de la Defensa Nacional.
A nuestra protesta se sumó la renuncia de nuestra colega y compañera, la Dra. Mercedes Olivera, al Doctorado Honoris Causa que le otorgó la UNICAH en marzo de 2012. Este acto de honestidad intelectual fue secundado por el Dr. Andrés Fábregas Puig, fundador y primer rector de nuestra universidad, quien también devolvió el mismo reconocimiento, otorgado en el mes de mayo de 2015. Ambas personalidades, de amplia trayectoria académica en el ámbito de la antropología, tanto en México como en el extranjero, y un serio compromiso social, nos dieron un claro ejemplo de coherencia y dignidad universitaria, comprometida con el desarrollo científico, artístico y humanístico.
También se han sumado a este acto de rechazo, miembros distinguidos de la comunidad del Instituto de Ciencias Biológicas de nuestra Universidad. El rechazo sigue creciendo, como lo expresan las redes sociales y los distintos medios de comunicación, nacionales e internacionales, y junto a esto, se amplían las manifestaciones de apoyo a nuestra comunidad académica y de rechazo al otorgamiento del Honoris Causa referido.
Frente a las protestas generadas por el acuerdo del Consejo Universitario, la UNICACH emitió una carta el pasado día 7 de febrero, en el cual anuncia la “suspensión” del otorgamiento del Honoris Causa mencionado. Ello no representa, sin embargo, su cancelación, como ha sido exigido por la opinión pública y las más connotadas voces de académicos de nuestro país.
Por ello, exigimos que el rector de la Universidad, en uso de las facultades que le confiere la legislación universitaria, vete la decisión del Consejo Universitario, anteponiendo así los principios universitarios fundamentales. La Universidad es por excelencia la casa donde se cultiva el conocimiento, es fuente de producción de cultura y de principios humanísticos que contribuyen al engrandecimiento de nuestros pueblos. El rector y todos los que conformamos la comunidad universitaria tenemos el deber irrenunciable de cuidar estos fundamentos.
Atentamente
Personal académico, administrativo, estudiantes y egresados de los programas de posgrado de Maestría y Doctorado del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica (CESMECA-UNICACH)
FIRMAS