Lebil smulik jkanan lumk’inaletik
Fabricación de culpables contra defensores de pueblos originarios en Chiapas
Existe un patrón de criminalización contra personas defensoras de Derechos Humanos quienes suelen ser acusados de delitos que no cometieron; detenidos arbitrariamente; en varios casos torturados, y prolongada su detención a través de la prisión preventiva oficiosa. Todos mayas tseltales e n medio de un racismo estructural. De lo anterior son ejemplo:
a) Manuel Gómez Vázquez (diciembre de 2020): Se trata de un joven maya tseltal, integrante de las bases civiles del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Fue falsamente acusado de un delito que no cometió por autoridades comunitarias, torturado por estas y después procesado penalmente bajo la intervención en complicidad de la Fiscalía de Justicia Indígena quien participó en la prolongación de su detención, desaparición forzada y fabricación de pruebas en su contra.
b) Los 5 de San Juan Cancuc, Manuel Santiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Velasco (mayo de 2022), cinco pobladores tseltales del municipio de Cancuc. A través de la organización comunitaria han resistido ante la militarización de su territorio y la instalación de megaproyectos. Actualmente se encuentran detenidos en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a raíz de un delito fabricado por la Fiscalía de Justicia Indígena. Todos fueron condenados por homicidio calificado, a pesar de haberse evidenciado que las pruebas eran inconsistentes al tratarse de un delito fabricado.
Luchamos por la libertad absolutoria para los 6 mayas tseltales, y se repare el daño por la detención arbitraria, así como a sus familiares por las afectaciones psicosociales; hacemos énfasis en la obtención de su libertad.
Frente al patrón de detenciones arbitrarias cometidas contra defensores de pueblos indígenas, se apliquen medidas de no repetición a fin de que cese esta dinámica sistemática.
El patrón sistemático de criminalización a defensores indígenas del gobierno de Chiapas tiene las siguientes características:
• Colusión entre Fiscalía del Estado y el Poder Judicial del estado de Chiapas para la fábrica de culpables.
• Participación cómplice de la Fiscalía de Justicia Indigena utilizada para el control de los pueblos a través de la criminalización del ejercicio de sus derechos políticos, a la autonomía y autodeterminación;
• Acusaciones falsas, tortura, uso excesivo de la prisión preventiva oficiosa y de testigos falsos, así como la participación de autoridades comunitarias, Privaciones Arbitrarias a la Libertad (PAL).
• Detenciones con la participación de efectivos del Ejército, la Guardia Nacional (GN); un Poder Judicial cómplice inactivo.
• Detenciones arbitrarias que buscan castigar ejemplarmente la defensa de los derechos humanos, de la tierra y el territorio.
La criminalización a defensores comunitarios no afecta solamente a las personas y sus familias, sino que se trata de una agresión a toda la comunidad, ya que el gobierno con sus instituciones de justicia intentan generar un estado de shock hacia la colectividad, sosteniendo un mecanismo de represión, buscando anular a quienes defienden el territorio y la vida desde su propia identidad y formas de ver el mundo como parte de su ser pueblos originarios.
Frayba denuncia ante la ONU, al Estado mexicano por patrón de tortura y fabricación de culpables contra defensores indígenas en Chiapas Leer el boletin
La Suprema Corte de Justicia de la Nación actor clave de la impunidad en México
Justicia y verdad son pendientes del gobierno mexicano, sigue siendo una deuda histórica de los crímenes de lesa humanidad acontecidos en la década de los noventa en Chiapas.
El crimen de Estado que se perpetró el 22 de diciembre de 1997, es una herida abierta conocida como la Masacre de Acteal. Dentro de ese proceso hay una situación de otras violaciones a los derechos humanos como la acción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que se negó a investigar el fondo del caso y dio paso a la liberación de un grupo de autores materiales, fijando la falta de acceso a la justicia y reconocimiento de la verdad.
Derivado de esta impunidad activa en la actualidad se ha favorecido el aumento de violencia en la zona Altos de Chiapas, por los sucesores del paramilitarismo que quieren implementar un control territorial con la permisividad de los tres niveles del gobierno.
Lo anterior también ahonda situaciones de inseguridad, a través de grupos que ejercen la violencia armada para controlar el territorio. Estos hechos se dan con la colusión de los funcionarios e instituciones implicadas en fomentar el actual contexto en el que nos encontramos, con impactos psicosociales en la población más vulnerable como las niñas, niños, adolescentes, mujeres y personas mayores en las regiones de los Altos, pero también en el Centro, Selva, Frontera y Costa de Chiapas.
Las autoridades gubernamentales que han atendido la situación han recaído en acciones y acuerdos con grupos que no representan a la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal (Las Abejas de Acteal), lo que ha profundizado la ruptura del tejido social en las comunidades con presencia histórica y actual de la organización.
El Lekil Chapanel[1], no llegará completo por parte del Estado mexicano, por ello no cesaremos de señalar a las instancias del Estado que son perpetradoras, como la SCJN, y ahora el gobierno de la llamada cuarta transformación que ha continuado con la contrainsurgencia y no reconocimiento de la impunidad perpetrada por los gobiernos anteriores abonando a una perpetuidad. Combatir estas formas de violencia que han lacerado a los pueblos y comunidades en Chiapas es un deber para la Justicia y Paz en los territorios vulnerados.
Nos sumamos a la denuncia de Las Abejas de Acteal y a su caminar de dignidad y persistente lucha por el ejercicio de sus derechos como pueblo tsotsil, reivindicado la Memoria, Verdad, y Justicia, construcción de autonomía y paz; ejemplo de la resistencia rebelde que construye horizontes de vida.
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[1] Justicia verdadera en idioma tsotsil, implica el reconocimiento del delito y formas de reparación integral.
Al Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas
A las y los Defensores de los derechos humanos
A los Medios libres y alternativos
A los Medios de comunicación nacional e internacional
A la Sociedad Civil Nacional e Internacional
Hermanas y hermanos, acudimos hoy a esta ciudad de San Cristóbal de las Casas para manifestar nuestra indignación, nuestra inquietud y nuestro dolor. Hace 14 años, un 12 de agosto del 2009, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la máxima autoridad de nuestro país, tomaron una decisión tan vergonzosa sobre la masacre Acteal, argumentando que hubo violación al debido proceso de los paramilitares, y por mayoría aprobaron que podrían dejar en libertad a los responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos el 22 de diciembre de 1997.
Con este hecho se reveló totalmente que los Ministros de la Suprema Corte son cómplices de la matanza de Acteal, favoreciendo a los criminales, pues los que participaron directamente en este acto de horror, ya habían confesado que realmente sí llegaron a masacrar y muchos ya habían sido sentenciados. Es decir que de nada sirvieron la investigación y las indagatorias hechas por el Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Circuito, ni las de la Procuraduría General de la República. Además, con la liberación de todos los autores materiales también se hicieron directamente cómplices de los autores intelectuales, quienes fueron los más beneficiados de que los ex paramilitares fueran liberados y premiados Además, con su liberación también se hicieron directamente cómplices de los autores intelectuales, quienes fueron los más beneficiados de que los ex paramilitares fueran liberados y premiados, pues así cancelaron definitivamente el interés que los perpetradores pudieran tener en decir la verdad sobre quiénes coordinaron, financiaron y encubrieron sus acciones en los diferentes niveles de gobierno. Y ésa fue siempre su intención, hacer que fuera cada vez más difícil probar la responsabilidad de quienes aprobaron, gestionaron e implementaron el Plan de Campaña Chiapas 1994, así como quienes fueron negligentes en atender las denuncias que se hicieron para tomar medidas que evitaran la Masacre, e incluso el socorro a sus víctimas durante todas las horas que duró la realización de este crimen de lesa humanidad.
Como sobrevivientes de la Masacre de Acteal ya hemos presentado pruebas suficientes de estos hechos. La Suprema Corte nunca tomó en cuenta nuestras aclaraciones. Y durante muchos años trataron de tergiversar el sentido de la Masacre. Como resultado, hoy ninguno está en la cárcel pues los asesinos todos están premiados. Ante esta decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es claro que en México persiste realmente el racismo y la incapacidad de impartir la justicia conforme a la vía de la legalidad.
Violando el derecho de las víctimas, como que si no hubiera pasado nada, como si nadie hubiera participado en la masacre de Acteal. Pero en todo esto, claramente estuvieron buscando muchas maneras para deslindar la responsabilidad del Estado y encubrir estas acciones tan terribles que sólo sembraron la semilla del terror. Hoy, 25 después de la Masacre, nunca llegó el desarme, el castigo a los responsables materiales e intelectuales ni ninguna otra medida que pudieran garantizar la no repetición de Acteal.
Hoy persiste la impunidad y la injusticia, cientos y miles de personas indígenas y no indígenas claman justicia ante esta situación y ante la inestabilidad social en nuestro país.
Hoy reafirmamos que la paz social en nuestro estado se sigue deteriorando cada vez más, aunque se encuentran desplegados los ejércitos y la guardia nacional, la verdad es que cada vez se han aumentado más los crímenes. El ejemplo más claro está con nuestro amigo y compañero Simón Pedro Pérez López (Simón Pedro), expresidente de la mesa directiva de Las Abejas de Acteal, quien fue cobardemente asesinado el 5 de julio de 2021, en la cabecera municipal de Simojovel, Allende, Chiapas, en lo que han querido hacer pasar por un hecho aislado. Pero nosotros sabemos bien que el principal móvil de su asesinato responde a un contexto social y político vinculado con su trabajo de defensa de los derechos humanos, mismo que realizaba desde nuestra Organización Sociedad Civil las Abejas de Acteal, en medio de lo que continuó las acciones de contrainsurgencia en nuestra región, que hemos visto como la aparición de varios grupos armados criminales que se pelean el control del territorio; esto junto con los intentos de acabar con nuestra organización pacifista y no violenta que en realidad nunca han parado en nuestro Municipio. Y otra cosa que el juez de su caso no quiso tomar en cuenta fue todo el trabajo político, social y organizativo que realizaba desde la Parroquia católica de Santa Catarina en Pantelhó.
El hecho de que desde el pasado 28 de abril se siga apelando por la libertad del responsable material de este crimen, siendo su abogada de oficio la licenciada con el nombre de Patricia López Girón, aunque este delito ya se había juzgado, condenado y sentenciado el pasado 14 de abril del 2023, sigue favoreciendo a que haya más crímenes contra los que buscan la paz. Por eso hemos señalado que la violencia está institucionalizada por el mismo estado. Esta apelación la va a resolver la Sala Regional Colegiada Mixta de Pichucalco, Chiapas, así que les rogamos a todas las hermanas y hermanos que han apoyado a nuestra organización y a la familia de nuestro compañero Simón Pedro, que sigan con nosotros, pendientes del desarrollo de este proceso.
Compañeros y compañeras, ante esta situación que se vive en Chiapas y en México, para nosotros no ha llegado la cuarta transformación, sino que los problemas y la impunidad empeoran cada vez más. Por eso, los sobrevivientes de esta organización y todos sus miembros que luchamos por la paz de manera no violenta, no olvidamos la cruel fecha del 12 agosto y venimos a esta ciudad a denunciar los últimos acontecimientos y anunciar la injusticia que se prepara, ya que si no lo hacemos, las piedras gritarán, como dice la Santa Biblia.
Hoy debemos asumir una responsabilidad pacifista, como lo hizo nuestro compañero Simón Pedro, conforme a lo que nos enseña el Evangelio de San Mateo 5, versículo 9: “Bienaventurados los que luchan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios”.
Hermanos y hermanas, les pedimos a los hermanos de todas las denominaciones religiosas que no seamos cómplices de esta situación de violencia generalizada, porque hay muchos que están buscando su beneficio personal, especialmente en este arranque de las campañas electorales.
Dejemos atrás esta ignorancia, pues es momento de ver en el Horizonte dónde está la claridad y no dejarnos manipular. Sepamos distinguir lo derecho de lo torcido, veamos la claridad y no la oscuridad.
Hermanos y hermanas, nosotros como sobrevivientes de la Masacre de Acteal y miembros de la organización de Las Abejas de Acteal, exigimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que dicte ya el informe de fondo del Caso 12.790 Manuel Santiz Culebra y otros (Masacre de Acteal).
Y también exigimos que se reconozca la verdadera razón por la que asesinaron a nuestro compañero, de forma que se continúen las investigaciones de su caso, hasta dar con los autores intelectuales para que se sepa la verdad y también sean enjuiciados. Y, por supuesto, que no liberen del Cereso No. 14 “El Amate” al probado responsable material del asesinato de nuestro compañero Simón Pérez López, quien por lo menos debe purgar la condena de 25 años con la que fue sentenciado.
¡No a la impunidad!
¡Sí a la justicia!
¡Castigo a los responsables materiales e intelectuales de la Masacre de Acteal!
Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a 14 de agosto de 2023.
Atentamente,
La Voz de la Organización sociedad Civil Las Abejas de Acteal.
Que nuestros ojos puedan descubrir los caminos que no terminan,
Los que nos llevan a los lugares de libertad, de justicia y de paz.
Que aprendamos a encender la luz en cualquier circunstancia:
En la oscuridad y cuando parece que nos cercan y no nos dejen avanzar.
Que no olvidemos que hay una luz interior que nos mantiene vivos y vivas.
Es importante iluminar los espacios y sobre todo el corazón de todas y todos.
Abrir el horizonte y disponernos cada día a recibir la luz del amanecer.
JS
Posicionamiento de la Segunda Asamblea Frayba
Reconocemos en los procesos sociales la luz de los caminos.
Nuestro compromiso es acompañar la defensa por la vida.
Quienes somos parte del caminar del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) llevamos a cabo la Segunda Asamblea “Tejiendo caminos hacia la paz, la Otra Justicia y la Vida”, celebrada el 7 y 8 de agosto de 2023, en donde reflexionamos el contexto actual y los desafíos para la defensa de la vida y el ejercicio de los derechos humanos en Chiapas.
Durante los últimos años hemos atestiguado un escalamiento y diversificación de las violencias en Chiapas, con enormes costos sociales, humanos y de los bienes comunes, así como profundos impactos en la vida de las comunidades, especialmente de los pueblos originarios, las juventudes y personas migrantes, aumentando también los riesgos para la labor de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
Las raíces estructurales de esta situación radican en un violento proceso de acumulación, basado en un modelo extractivista de carácter neodesarrollista que genera devastación, desigualdad y dependencia social. Este modelo profundiza la ruptura del tejido comunitario y social, así como la extracción de riqueza material y humana por empresas ilícitas que operan impunemente en colusión con agentes del Estado, a partir del control político, social y cultural, para la reconfiguración de los territorios al servicio de estos poderes económicos legales e ilegales.
Nos preocupa el creciente proceso de remilitarización y militarismo que se vive en el país, especialmente en Chiapas y la región sureste, cuyo territorio es de una gran relevancia geoestratégica para las obras de infraestructura del gobierno mexicano que lleva en su esencia la continuidad del despojo hacia los pueblos (Tren Maya, Corredor interoceánico del Itsmo de Tehuantepec y la Refinería Olmeca en Dos Bocas).
En este difícil contexto, desde el Frayba, interpelamos al Estado mexicano para cumplir con su obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en nuestro país.
Reconocemos los procesos sociales que se impulsan desde distintas experiencias y actores, apostando por la construcción de sujetos sociales colectivos que ponen en marcha su autonomía, con alternativas diversas para hacer frente al contexto actual y prefigurar un nuevo mundo posible para el buen vivir.
Mantenemos el compromiso de caminar y dejarnos acompañar por los pueblos, con quienes tejemos alianzas y redes para la vida. Encontramos en nuestra memoria histórica y viva, las claves de las resistencias profundas para el mundo que anhelamos construir.
Ciudad de México, 2 de agosto de 2023.- Convocadas por la Coordinación Nacional “Alto ala guerra contra los pueblos zapatistas”, más de cien de personas acudieron al Foro Nacional “Del horror a la guerra a la resistencia por la vida”, en el que se denunciaron diversas agresiones que han sufrido las comunidades indígenas zapatistas por parte los tres niveles de gobierno. Reunidos en el Centro de Derechos Humanos Pro Juarez, en Serapio Rendón #57, en la Colonia San Rafael de la Ciudad de México escucharon testimonios y reflexiones desde el México de abajo.
El foro estuvo organizado en cuatro mesas que abordaron los temas de Violencia (mesa 1), Justicia (mesa 2), Paz (mesa 3) y Arte (Mesa 4). En ellas participaron concejales del Concejo Indígena de Gobierno, delegados del Congreso Nacional Indígena, defensores de derechos humanos, profesoras, buscadoras de desaparecidos, y artistas que practican diferentes artes.
En la primera mesa, con el tema de “Violencia” Jesús Plácido del Concejo Indígena y Popular de Guerrero- Emiliano Zapata habló sobre la lucha de las comunidades Ñuu Savi por la construcción de la autonomía en la región de la Montaña en Guerrero y explicó la forma en la que los grupos del crimen organizado, coludidos con los tres diferentes niveles de gobierno y con la protección por parte del ejército, agreden las comunidades mediante desapariciones, asesinatos y ataques con drones. Pero inisistió en que no van a dejar de construir autonomía. Gilberto López y Rivas del colectivo “Llegó la hora de los pueblos” denunció la estrategia de guerra irregular del gobierno federal mediante grupos paramilitares por parte del ejército mexicano contra las comunidades zapatistas de Chiapas y la continuidad de esas agresiones desde 1999 hasta la fecha, mientras el actual ejecutivo federal insiste en una defensa a ultranza del ejército represor. En su oportunidad, Carlos Ogaz, del Centro de Derechos Humanos Fray Batolomé de las Casas documentó el proceso de violencia reciente contra las comunidades zapatistas en Chiapas y como la violencia en este caso está marcada por el racismo y la desigualdad estructural y a partir del gobierno de la 4T está asociada al saqueo de recursos naturales y a los objetivos capitalistas del desarrollo industrial. Por último Volga de Pina del Observatorio sobre desaparición e impunidad comentó sobre las continuidades y discontinuidades en la violencia contra los pueblos así como en la resistencia de lo mismos.
En la segunda mesa, con el tema de “Justicia”, la compañera Myrna Valencia, concejala del CIG por el pueblo Mayo-Yoreme habló de cómo los pueblos indígenas de México han vivido en la pelea por justicia y en defena de sus tierras y de cómo esa historia ha persistido a través la narración oral. Posteriormente Juan Carlos Flores del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua y parte de la Comisión Jurídica del CNI, reflexionó sobre las formas de resistir y luchar por la justicia durante la IV Guerra mundial, en la que el capital busca conquistar los territorios de los pueblos, especialmente en la escalada del despojo violento por parte de la política de la llamada Cuarta transformación. María Herrera, de la Brigada Nacional de Búsqueda de desaparecidos habló de cómo frente la injusticia por parte del Estado es necesaria la unión y la organización como sociedad para poder vivir en paz, pues de otro modo desde del Estado solo llega injusticia, que intenta esconderse tras las migajas de los programas sociales. Finalmente, Giovanna Gasparello, del INAH, hizo un comentario sobre las intervenciones y el hecho de que el despojo y los ataques contra el territorio, si bien se originaron hace mucho, en la actualidad, presentan una forma brutal en la acción coordinada del Estado y el crimen organizado; de ahí que el Estado ha dejado de ser un espacio para buscar justicia.
En la tercera mesa cuyo tema era “Paz”, Carlos González, del Congreso Nacional Indígena, reflexionó sobre cómo lamentablemente no podemos pensar la paz sin hablar sobre la guerra que recorre nuestro país además de apuntar cómo hay un nuevo tipo de mezcla entre organizaciones paramilitares y cárteles de crimen organizado que se está generalizando en nuestro territorio; Araceli Osorio, madre de Lesby, afirmó lo importante que era hablar sobre la paz que queremos y no tenemos, porque solo a partir de imaginarla y discutirla podremos empezar a construirla; Dolores González de SERAPAZ, reflexionó sobre lo específico del momento de acumulación del capital y del muy particular lugar que ocupa México en la geopolítica global, así como el fenómeno actual de la economía criminal.
Durante la cuarta mesa, dedicada al “Arte” como una otra forma de resistencia y lucha, una otra mirada y experiencia sobre lo que acontece, Hugo Molina bailarín, presentó una coreografía inspirada en el texto En (auto)defensa de las jirafas; la compañera Libertad Hernández, nos presentó una coreografía de Argelia Guerrero sobre la pieza “La ‘Esperanza’ es zapatista” con música de Víctor Jara; Arturo Torres cantó canciones rebeldes con su guitarra y armónica; Jesús Peredo platicó y cantó corridos revolucionarios; y el grupo La revuelta de las Semillas nos invitó a bailar con sus ritmos fusión.
San Juan Cancuc, Chiapas, México, A 03 de agosto de 2023
Mateo 5, 12 “DICHOSOS LOS QUE TIENEN HAMBRE Y SED JUSTICIA, POR QUE SERÁN SACIADOS DICHOSOS LOS QUE TRABAJAN POR LA PAZ, POR QUE SE LES LLAMARA HIJOS DE DIOS
DENUNCIA PUBLICA
a los 14 meses de detención, encarcelamiento y condena de 15 años de cárcel, el dia 01 de agosto de 2023 se llevaría a cabo la audiencia de apelación de los compañeros: Manuel Santiz Cruz, Martín Pérez Domínguez, Agustín Pérez Velasco, Agustín Pérez Domínguez y Juan Velasco Aguilar la cual se canceló porque alguno de los magistrados no estaba presente.
Como pueblo creyente, derechos humanos y modevite nos unimos a las familias de los compañeros mencionados anteriormente, para denunciar a la fiscalía y la jueza Maria Guadalupe Flores Rocha por su falta de seriedad y responsabilidad en el juicio de investigación del caso de los acusados: por ejemplo la contradicción de los testigos acusatorios, la necropsia, del cuerpo realizada hasta los 40 días después del fallecido y no se hizo la prueba de taxología, alteración de acta de defunción corregida a mano, y con corrector, ni tampoco investigaron la patrulla en la que murió, no realizaron ninguna investigación en el lugar de los hechos, la policía recogió con vida al señor Antonio Aguilar Pérez a las 5 am y hasta las 10 de la mañana lo entregaron a su familia ya muerto.
Esta muerte es responsabilidad de la policía municipal, por que habiendo una clínica con urgencias no lo llevaron y lo dejaron morir en la comandancia municipal.
Vemos que para el sistema de justicia y los políticos la justicia es una cuestión de cifras y números para tratar de aparentar que no hay impunidad en Chiapas, pero que acaba con las vidas de personas inocentes y sus familias como el caso de nuestros compañeros quienes se encuentran injustamente presos.
Exigimos a los magistrados la inmediata liberación de los compañeros, ya que se ve claro la fabricación de delitos por parte de la fiscalía y la conclusión con los jueces.
Pueblo Creyente de San Juan Cancuc
Comité de Derechos Humanos de la Parroquia San Juan Evangelista de San Juan Cancuc
Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite)
Somos los presos de San Juan Cancuc estamos detenidos injustamente 15 meses preso estamos sentenciados 25 años de prisión injustamente estamos detenidos injustamente:
Por la guardia nacional, ejercito mexicano, y la fabrico el delito de portación de droga y después el homicidio calificado aquí seguimos resistiendo la injusticia y vamos a seguir luchando la libertad.
A la diosis de San Cristóbal
A los derechos humanos
Pueblos creyentes – caritas
y nuestros familiares,
Que no nos dejan solo que siguen luchando por nosotros
Denunciamos ante la ONU, al Estado mexicano por patrón de tortura y fábrica de culpables contra defensores indígenas de derechos humanos
Presentamos ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias los casos de Manuel Gómez Vázquez, Base de Apoyo del EZLN y los 5 defensores del territorio de San Juan Cancuc.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), presentó una denuncia ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias (GTDA) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la que posicionamos dos casos que ejemplifican que en Chiapas existe un patrón de fabricación de culpables para criminalizar a defensores de derechos humanos de pueblos originarios.
El primero de ellos es el de Manuel Gómez Vázquez, Base de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) quien permanece Privado Arbitrariamente de la Libertad (PAL) desde diciembre de 2020. Manuel fue acusado falsamente de un delito que no cometió, sometido a actos de tortura, desaparecido de manera forzada, y después procesado penalmente.
De acuerdo con una investigación de la Junta de Buen Gobierno “El Pensamiento Rebelde de los Pueblos Originarios” en Nueva Jerusalén (JBG Nueva Jerusalén), la acusación en su contra fue un acto de criminalización a su adherencia zapatista. A más de dos años y medio de su detención es mantenido en reclusión de manera arbitraria bajo la medida cautelar de prisión preventiva, es decir sin haber recibido una sentencia, aún cuando la Constitución mexicana establezca un límite de dos años.
El segundo caso presentado son las detenciones de Manuel Santiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Velasco, cinco indígenas tseltales del municipio de San Juan Cancuc, defensores de derechos humanos, que fueron sustraídos de su comunidad por elementos policiales acompañados de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas, se inventó un informe de detención con hechos falsos acusándolos de una supuesta detención por portación de drogas en otro municipio. Los detenidos fueron después procesados y sentenciados por un homicidio que no cometieron. El objetivo de esta criminalización fue el de enviar un mensaje ejemplar hacia la población a fin de que no se organicen contra la imposición de proyectos de infraestructura carretera en su territorio y lo defiendan de la militarización.
La documentación del Frayba confirma el patrón sistemático de criminalización a defensores indígenas por el gobierno de Chiapas entre cuyas características se encuentra: participación cómplice de la Fiscalía de Justicia Indigena utilizada para el control de los pueblos a través de la criminalización del ejercicio de sus derechos políticos, a la autonomía y autodeterminación como pueblos originarios, acusaciones falsas, tortura, uso excesivo de la prisión preventiva oficiosa y de testigos falsos, participación de autoridades comunitarias, Privaciones Arbitrarias a la Libertad (PAL), detenciones con la participación de efectivos del Ejército, la Guardia Nacional (GN), un Poder Judicial cómplice sin acción judicial en su conjunto son detenciones arbitrarias que buscan castigar ejemplarmente la defensa de los derechos humanos, de la tierra y el territorio.
Para el Frayba, la criminalización a defensores comunitarios no afecta solamente a las personas y sus familias, sino que se trata de una agresión a toda la comunidad, ya que el gobierno con sus instituciones de justicia intentan generar un estado de shock hacia la colectividad, sosteniendo un mecanismo de represión, buscando anular a quienes defienden el territorio y la vida desde su propia identidad y formas de ver el mundo como parte de su ser pueblos originarios.
Llamamos la atención hacia el Estado mexicano a través de la denuncia presentada ante el Grupo de Trabajo de la ONU, con el objetivo de censen las patrones de criminalización y represión hacia los pueblos originarios, en específico hacia las personas vulneradas en sus derechos por estos mecanismos de violencia institucional, además de que se han resarcidos los derechos humanos bajo los ms altos estándares internacionales incluidos el de la libertad absoluta.
Con este foro buscamos proveer información y convocar a la sociedad a reconocer que, en México, y particularmente en Chiapas, se vive una guerra. Violencia, Justicia, Paz y Arte, son los ejes temáticos que serán analizados en cuatro mesas de trabajo, con el fin de aportar herramientas que permitan combatir las violencias y promover la justicia y la paz con autonomía, desde abajo!
31 de julio y 1 de agosto Centro ProDH, Ciudad de México.
CONVOCA Coordinación Nacional Alto a la Guerra Contra los Pueblos Zapatistas
En homenaje al recién fallecido compañero Adolfo Gilly, quien tanto aportó al pensamiento crítico en nuestro país, compartimos aquí el libro Discusión sobre la historia, por Adolfo Gilly, Subcomandante Insurgente Marcos y Carlo Ginzburg. Agradecimientos a Archivo Obrero por compartir la obra, que añadimos a nuestra colección de libros para descargar.
Discusión sobre la historia es el resultado de un intercambio epistolar en torno al ensayo del historiador italiano Carlo Ginzburg, “Señales, Raíces de un paradigma indiciario”. Gilly hizo llegar este ensayo al Subcomandante Marcos. En octubre de 1994, éste respondió con un extenso comentario. En febrero de 1995, Gilly escribió a su vez al Subcomandante sus opiniones y razones sobre el trabajo del historiador italiano. En este libro se presentan los tres escritos. Un apéndice cierra el volumen: la historia de Marcos y de los orígenes de la implantación zapatista entre la scomunidades indígenas de Chiapas, contada por el Subcomandante a Tessa Brisac y Carmen Castillo.