En el contexto de la estrategia diseñada e implementada desde el Plan de Campaña Chiapas 94, el Ejército mexicano ocupó territorios de los pueblos originarios ocasionando violaciones a derechos humanos. Escuchemos dos historias de crímenes de lesa humanidad que permanecen en la impunidad: Las ejecución de Gilberto Jiménez Hernández y de José Tila López García.

Chilón, Chiapas, a 16 febrero de 2018.

A LAS COMUNIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE CHILÓN Y SITALÁ.
A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES.
AL PÚBLICO EN GENERAL

Desde el mes de octubre del año pasado, en los municipios de Chilón y Sitalá se ha desatado una serie de actos delictivos y violentos que han mantenido a las poblaciones en un estado de vulnerabilidad y miedo.

La Misión de Bachajón, preocupada por los sucesos acontecidos acudió al Centro de Derechos Indígenas, A.C. (CEDIAC) para denunciar públicamente una serie de hechos delictivos:

1. El intento de robo a la cooperativa de mujeres “Luchiyej Nichimetic”, acontecido en fecha 11 de febrero del presente A este acto se suma al robo del mes pasado, donde un grupo de personas entró y robó bordados y productos en general con los cuales las compañeras se mantienen y apoyan a sus familias.

2. La amenaza hacia los promotores del gobierno comunitario. Las amenazas han sido expresas y abiertas diciendo que los matarán o secuestrarán. Tememos por su seguridad y por su vida.

Ante esto DECLARAMOS:

• SE EXIGE A LAS AUTORIDADES mantener la seguridad de los municipios y cumplir con su trabajo de garantizar una vida segura y en paz para todas las personas que los integran y para los trabajadores y servidores de la Misión de Bachajón.
• A LOS DELINCUENTES INVOLUCRADOS EN LOS SUCESOS DEL ROBO Y LAS AMENAZAS: los tenemos claramente identificados, sabemos quienes son y no dudaremos en llevar a cabo todas las acciones legales necesarias para hacer justicia. Los hacemos responsables de lo que pueda suceder a los trabajadores o servidores de la Misión de Bachajón, ante cualquier cosa que pueda ocurrirles a ellos y sus familias.
• SE HACE UN LLAMADO A TODAS LAS COMUNIDADES a mantenerse unidas en este periodo electoral. Ta que los intereses partidistas buscan dividir a las comunidades.

Por lo demás, se hace clara la postura de que estamos a la observancia de todos los hechos que están sucediendo durante este periodo electoral e informaremos a las autoridades pertinentes a fin de exigir que cumplan con sus responsabilidades.

CENTRO DE DERECHOS INDÍGENAS, A.C.
CEDIAC.

Fuente: Chiapas Denuncia Pública

Es obligación de los gobiernos estatal y municipal garantizar la protección de
todos los Derechos de todas las niñas, niños y adolescentes afectados por conflictos sociales.
PRONUNCIAMIENTO

19 de febrero de 2018, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas – El pasado 16 de febrero, 4 adolescentes de entre 12 y 14 años de edad fueron lesionados por arma de fuego, y un joven de 20 años perdió la vida, luego de que un grupo de alrededor de 50 personas armadas fuertemente intentó desalojar a los habitantes de predio la Libertad antes INI, al norte de la ciudad. En el enfrentamiento varias casas resultaron incendiadas. La disputa por este predio data de 2015, cuando en un enfrentamiento entre integrantes de la Asociación de Locatarios de Mercados Tradicionales de Chiapas (ALMETRACH) y la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), una adolescente resultó lesionada.

Diversos testimonios indican disparos con armas de fuego de armas de alto poder en los días previos y posteriores a los lamentables sucesos, y tensión en la zona, poniendo riesgo a la vida e integridad de las familias que habitan y transitan en esta parte de la ciudad, afectando notablemente su salud emocional, siendo las niñas y niños los más afectados y vulnerables.

Atender y prevenir los conflictos, en el marco del respeto de los derechos humanos y en apego a las obligaciones establecidas por la ley, es una obligación de los gobiernos estatal y municipal. Además, la Procuraduría de Atención a la Infancia y Adolescencia debe tomar medidas urgentes para proteger a niñas, niños y adolescentes cuyas familias y comunidades se encuentran en disputas por conflictos agrarios, políticos, económicos , religiosos o de cualquier otra índole.

Las organizaciones que integramos la Red por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en Chiapas (REDIAS), demandamos urgentemente:

• Se realicen investigaciones exhaustivas e imparciales para esclarecer las agresiones y sancionar a los culpables.
• Se investigue la presencia de grupos armados en el municipio, los cuales actúan con impunidad ante la aquiescencia de las autoridades municipales y estatales.

Atentamente:

Red por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en Chiapas (REDIAS): Aldeas Infantiles SOS México en Chiapas, Alianza por la Salud, Alimentación y Nutrición en Chiapas (ASAN), Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C., Chantiik Taj Tajinkutik A.C., Desarrollo Educativo Sueniños A.C., Foro para el Desarrollo Sustentable A.C., Melel Xojobal A.C., Tierra Roja Cuxtitali Centro Comunitario A.C., Voces Mesoamericanas. Acción con Pueblos Migrantes A.C., World Vision México.

#NiñezPrimero / Facebook: @REDIAS / Twitter: @REDIAS / URL: www.redias.wordpress.com

A 23 años de la ejecución de Gilberto Jiménez Hernández y 20 años de la ejecución de José Tila López García

El Estado mexicano garantiza impunidad en violaciones a derechos humanos cometidas por militares y por paramilitares, en territorios de pueblos originarios ocupados militarmente, como parte de una política contrainsurgente cuyo objetivo ha sido eliminar la resistencia zapatista y otros proyectos de organización autónoma. En el contexto de la estrategia diseñada e implementada desde el Plan de Campaña Chiapas 94, el Ejército mexicano provocó crímenes de lesa humanidad que permanecen en la impunidad.

El 18 de febrero de 1995 inició la incursión militar en el ejido La Grandeza, municipio de Altamirano, Chiapas, al día siguiente las familias se desplazaron forzadamente a la montaña por miedo, la mayoría eran mujeres, niñas, niños y personas mayores. El 20 de febrero, la patrulla de reconocimiento del 17º Batallón de Infantería compuesta por 54 soldados llegó al refugio de la población desplazada donde se encontraba Gilberto Jiménez Hernández con su esposa y sus diez hijos. Mientras buscaba refugio, un militar le ordenó detenerse, él se tendió en el piso pero el soldado Abner García Torres “sin ningún aviso ni motivo, le disparó, sin importar que Gilberto llevara a su hija en la espalda, desde una distancia aproximada de ocho metros.”

El 30 de noviembre de 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó la responsabilidad del Ejército mexicano en la ejecución extrajudicial del campesino, indígena tseltal, Gilberto Jiménez Hernández (conocido como Caso La Grandeza) y recomendó al Estado mexicano investigar y reparar adecuadamente las violaciones a derechos humanos “considerando el daño a los familiares, así como los efectos comunitarios, en el marco del Plan de Campaña Chiapas 94.”[1]

El Informe de la CIDH significa el reconocimiento de una política genocida en contra de los pueblos originarios en Chiapas y es un avance para garantizar a las víctimas el derecho a la verdad, en la exigencia de no repetición. Dignifica la persistente acción en demanda de justicia por parte de los familiares de Gilberto Jiménez Hernández, testigos directos de la ejecución extrajudicial.

Sin embargo, el caso La Grandeza se encuentra en la impunidad, las acciones del Ejército mexicano han sido encubiertas deliberadamente. No ha habido una investigación adecuada, imparcial y efectiva de los hechos por parte de las instituciones de procuración de justicia civil. Se llevó el proceso jurídico en la misma instancia militar que cometió la violación a derechos humanos y los responsables no han sido sancionados.

Es preciso señalar que la violencia directa respondía a una lógica de guerra en contra de la población civil. En la zona norte de Chiapas el gobierno mexicano formó grupos paramilitares responsables de violaciones a derechos humanos, que actuaban con la omisión y permisividad del Ejército, como parte del Plan de Campaña Chiapas 94, un documento firmado por la Secretaría de la Defensa Nacional.

Otro crímen de lesa humanidad es la ejecución extrajudicial de José Tila López García2, indígena chol, el 21 de febrero de 1998, en la zona baja de Tila, por integrantes del grupo paramilitar3 Organización Desarrollo Paz y Justicia. José Tila fue ejecutado cuando regresaba de denunciar la violencia generalizada en la región ante la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH). Su caso es conocido por la Relatoría Especial para Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de la Organización de las Naciones Unidas.

En este contexto, la Ley de Seguridad Interior es un instrumento más para el ciclo de violencia y corrupción generado desde las estrategias de contrainsurgencia creadas por el Estado y ejecutadas por el Ejercito mexicano. La Ley permite el uso “legitimo” del Ejército mexicano para actuar en el ámbito de seguridad desde una lógica de guerra. La experiencia histórica en Chiapas refiere que la militarización genera violaciones a derechos humanos y mantiene la impunidad en crímenes de lesa humanidad, como las ejecuciones extrajudiciales de Gilberto Jiménez Hernández y José Tila López García.

La actuación del Ejército mexicano, en “apoyo” a las tareas de seguridad pública, responde a la criminalización de las personas y organizaciones sociales que luchan por los derechos humanos, legitima las injusticias cometidas en el pasado por militares y es un riesgo actual para las luchas por la autonomía y en defensa de sus territorios.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.
20 de febrero de 2018

Boletín No. 06

[1] Informe de Admisibilidad y Fondo No. 51/16 publicado el 17 de abril de 2017 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2016/mxpu11564es.pdf

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 8 de febrero de 2018

COLEGAS, INSTITUCIONES ACADÉMICAS, ORGANIZACIONES SOCIALES Y SOCIEDAD EN GENERAL

Por este medio saludamos y agradecemos el gesto solidario y contundente que han expresado frente a nuestra posición de rechazo por el acuerdo tomado por el Consejo Universitario de la UNICACH, el 2 de febrero del presente año, de otorgar el Doctorado Honoris Causa al General Salvador Cienfuegos Zepeda, Secretario de la Defensa Nacional.

A nuestra protesta se sumó la renuncia de nuestra colega y compañera, la Dra. Mercedes Olivera, al Doctorado Honoris Causa que le otorgó la UNICAH en marzo de 2012. Este acto de honestidad intelectual fue secundado por el Dr. Andrés Fábregas Puig, fundador y primer rector de nuestra universidad, quien también devolvió el mismo reconocimiento, otorgado en el mes de mayo de 2015. Ambas personalidades, de amplia trayectoria académica en el ámbito de la antropología, tanto en México como en el extranjero, y un serio compromiso social, nos dieron un claro ejemplo de coherencia y dignidad universitaria, comprometida con el desarrollo científico, artístico y humanístico.

También se han sumado a este acto de rechazo, miembros distinguidos de la comunidad del Instituto de Ciencias Biológicas de nuestra Universidad. El rechazo sigue creciendo, como lo expresan las redes sociales y los distintos medios de comunicación, nacionales e internacionales, y junto a esto, se amplían las manifestaciones de apoyo a nuestra comunidad académica y de rechazo al otorgamiento del Honoris Causa referido.

Frente a las protestas generadas por el acuerdo del Consejo Universitario, la UNICACH emitió una carta el pasado día 7 de febrero, en el cual anuncia la “suspensión” del otorgamiento del Honoris Causa mencionado. Ello no representa, sin embargo, su cancelación, como ha sido exigido por la opinión pública y las más connotadas voces de académicos de nuestro país.

Por ello, exigimos que el rector de la Universidad, en uso de las facultades que le confiere la legislación universitaria, vete la decisión del Consejo Universitario, anteponiendo así los principios universitarios fundamentales. La Universidad es por excelencia la casa donde se cultiva el conocimiento, es fuente de producción de cultura y de principios humanísticos que contribuyen al engrandecimiento de nuestros pueblos. El rector y todos los que conformamos la comunidad universitaria tenemos el deber irrenunciable de cuidar estos fundamentos.

Atentamente

Personal académico, administrativo, estudiantes y egresados de los programas de posgrado de Maestría y Doctorado del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica (CESMECA-UNICACH)

FIRMAS

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PRONUNCIAMIENTO DEL 9 DE FEBRERO DE 2018.

AL DR. JOSÉ RODOLFO CALVO FONSECA, RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS (UNICACH) Y PRESIDENTE DEL CONSEJO UNIVERSITARIO DEL UNICACH

AL MTRO. RICARDO PANIAGUA RODAS, SECRETARIO GENERAL Y DEL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNICACH.

A LA DRA. FLOR MARINA BERMÚDEZ URBINA, SECRETARIA ACADÉMICA Y PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE GRADOS Y RECONOCIMIENTOS HONORÍFICOS DEL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNICACH.

A LOS Y LAS MIEMBROS DEL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNICACH.

A LA SOCIEDAD CIVIL NACIONAL E INTERNACIONAL.

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES.

A LOS MEDIOS ALTERNATIVOS NACIONALES E INTERNACIONALES.

Los abajo firmantes trabajadores de las ciencias sociales y de las humanidades expresamos nuestra profunda preocupación e indignación por la decisión de la UNICACH de otorgar el título de Doctor Honoris Causa al General Salvador Cienfuegos Zepeda y nos sumamos a las exigencias de cancelación total de dicho doctorado vía el ejercicio del veto de la autoridad correspondiente, es decir, el rector de la UNICACH. Esta exigencia la sustentamos en los argumentos que a continuación enumeramos y que hacen eco de los muchos rechazos masivos, públicos y rotundos que ha recibido dicha decisión y que, hasta el día de hoy, 8 de febrero de 2018, solamente ha sido “suspendida” según un oficio circulado en las redes sociales y firmado por el Secretario General de dicha institución. Enlistamos brevemente nuestros argumentos:

Uno. Como se ha dicho reiteradamente el General Cienfuegos no sólo no cuenta con los méritos académicos para recibir este reconocimiento universitario sino que es parte medular, desde 2012, de la estrategia militarista de seguridad nacional al ser el jefe de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) del actual gobierno mexicano. Estrategia que ha contribuido a la agudización de la guerra interior en curso, ocasionando miles de desaparecidos, asesinados, feminicidios, desplazados y masacrados. En Chiapas, la memoria del agravio pasa también por una larga noche de contrainsurgencia desde el 1994 en la que las fuerzas armadas han sido actores, no únicos, pero sí centrales. Coincidimos con quienes han afirmado que premiar al General Cienfuegos, es premiar a su institución y esas estrategias en agravio de la sociedad civil mexicana que se encuentra clamando, de diferentes maneras, justicia, verdad y alto a la guerra.

Dos. Nos preguntamos por las razones profundas que tuvo quien propuso la iniciativa y los Consejeros Universitarios que la aprobaron. Nos preguntamos sobre su entendimiento y compromiso con la autonomía universitaria y las razones de fondo que los mueve, pues no podemos dejar de lado la existencia de prácticas corporativas y clientelares de la cultura política mexicana y su actuar en esta actual coyuntura electoral, así como la recientemente aprobada Ley de Seguridad Interior, de la que el homenajeado fue promotor. Una ley, por cierto, también altamente cuestionada en lo nacional y en lo internacional por parte importante de la sociedad civil, los medios independientes y organismos defensores de los derechos humanos. Una ley hoy en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien emitirá su dictamen sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la misma.

Tres. Exigimos también a las autoridades de la UNICACH otorgar las medidas de seguridad correspondientes a toda la comunidad estudiantil, académica y administrativa del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica (CESMECA-UNICACH) así como a sus consejales universitarios y a los de otras unidades quienes, sustentados en criterios académicos y humanísticos, se han opuesto a dicho reconocimiento. Hacemos responsables de la integridad de cada uno de ellos y ellas a las autoridades correspondientes y hacemos firmes votos porque este obscuro capítulo de la vida de la UNICACH se cierre con la total cancelación y no sólo la simple suspensión del Doctorado Honoris Causa referido.

Firmas: Xochitl Leyva (CIESAS, Chiapas, México), Gustavo Esteva (Unitierra-Oaxaca, México), Jorge Alonso (CIESAS, Guadalajara, México), Rosalva Aída Hernández (CIESAS, Ciudad de México), Ana Esther Ceceña (IIE-UNAM, México), Walter Mignolo (Duke University, USA), Raquel Gutiérrez (ICSYH-BUAP, México), Claudia Briones (Universidad Nacional de Río Negro, Patagonia, Argentina), Armando Bartra (UAM, Ciudad de México), Betty Ruth Lozano (Unibautista, Cali, Colombia), John Glehill (Universidad de Manchester, UK), Magdalena Gómez (UPN, Ajusco, Ciudad de México), John Holloway (BUAP, Puebla, México), Catherine Walsh (Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador) Pablo Vommaro (Universidad de Buenos Aires, Argentina), Shannon Speed (University of California, Los Ángeles, USA), Jaime Preciado (Universidad de Guadalajara, México), Guillermo de la Peña (CIESAS, Guadalajara, México), Joanne Rappaport (Georgetown University, USA), Gisela Espinosa (UAM, México), Francisco Morfín (ITESO, Guadalajara, México), María Teresa Sierra (CIESAS, Ciudad de México), Rosalba Icaza (Institute of Social Sciences-La Haya, Holanda), María Bertely (CIESAS, CDMX), Rolando Vázquez (Universidad de Utrecht, Holanda), Patricia Safa (CIESAS, Guadalajara, México), Gilberto Valdés (Instituto de Filosofía, Cuba), Alejandra Aguilar (CIESAS, Guadalajara, México), Yohanka León (Instituto de Filosofía, Cuba), Mercedes González de la Rocha (CIESAS, Guadalajara, México), Elena Nava Morales (IIS-UNAM, México), Santiago Bastos (CIESAS, Guadalajara, México), Raphael Hoetmer (Programa Democracia y Transformación Global, Holanda/Perú), Susan Street (CIESAS, Guadalajara, México), Gerardo González (ECOSUR, Chiapas, México), Reneé de la Torre (CIESAS, Guadalajara, México), Fernando García, (FLACSO Ecuador, Quito), Magadalena Villareal (CIESAS, Guadalajara, México), Mónica Carrasco (CIESAS, Chiapas, México), Jorge Aceves (CIESAS, Guadalajara, México), María Teresa Fernández (CIESAS, Guadalajara, México), Julia Preciado (CIESAS, Guadalajara, México), Humberto González (CIESAS, Guadalajara, México), Luis Gabriel Torres (CIESAS, Guadalajara, México).

Nota este comunicado une su voz a las muchas expresiones públicas de rechazo de la sociedad civil y a las 17, 699 firmas que exigen la cancelación del citado Doctorado, ver el sitio: https://www.change.org/p/consejo-universitario-de-la-unicach-que-unicach-cancele-el-honoris-causa-al-general-cienfuegos

El pasado 2 de febrero, el Consejo Universitario de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH) otorgó el título de Doctor Honoris Causa al Gral. Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

Dicho acto ha provocado la indignación de la comunidad académica, de organismos de derechos humanos y de muchos individuos de la sociedad civil. Como denuncia el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas (en comunicado abajo), esta decisión representa “un mensaje claro de desprecio para las miles de víctimas en este país que han padecido los costos de la violencia institucionalizada, una afrenta para las organizaciones de Derechos Humanos que tenemos documentados los saldos trágicos por la actuación del Ejército Mexicano en labores de seguridad ciudadana y un claro mensaje de avalar el escenario de guerra que un personaje como Cienfuegos, en este sexenio, ha defendido de manera perversa presionando al Presidente de la República y el Congreso de la Unión para que se aprobara la LSI, otorgando de facto un poder desmedido similar al que hemos visto en las dictaduras militares en América Latina”.

En conferencia de prensa realizada el pasado viernes en San Cristóbal de Las Casas, la académica y activista Mercedes Oliveira renunció públicamente al Doctorado Honoris Causa otorgado a ella por la misma institución. Compartimos aquí las palabras pronunciadas durante la conferencia de prensa:

Ve también:

Pronunciamiento de estudiantes de posgrado del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica (CESMECA)

Pronunciamiento de la comunidad del CESMECA

Comunicado del posgrado en feminismo del CESMECA

Pronunciamiento público 001
Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas

Honoris Causa a la Infamia

• Rodolfo Calvo Fonseca, Rector de la UNICACH otorga la distinción a Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de la SEDENA.
• En protesta, la reconocida académica feminista Mercedes Olivera Bustamante renunció al mérito que recibió por la misma institución en el año 2012.

San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a 05 de febrero de 2018 / En el marco de la controvertida aprobación de la Ley de Seguridad Interior (LSI) en México, la vigencia del Conflicto Armado Interno No Resuelto en Chiapas y en un contexto de marcado descrédito de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) por los múltiples señalamientos de violaciones a Derechos Humanos; el pasado 02 de febrero, el Consejo Universitario de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH) decidió otorgar el título de Doctor Honoris Causa al Gral. Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de la institución castrense.

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Comunicado del posgrado en feminismo del centro de estudios superiores de México y Centroamérica (CESMECA)

Fuente: Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas

San Cristóbal de Las Casas, 2 de febrero 2018

Las estudiantes del posgrado en estudios e intervención feministas del centro de estudios superiores de México y Centroamérica miramos con preocupación la determinación tomada por mayoría de votos el día de hoy dentro de la sexagesima sesión extraordinaria del consejo universitario de la universidad de ciencias y artes de Chiapas respecto de la aprobación del dictámen de fecha 26 de enero de 2018 emitido por la comisión de otorgamiento de grados para reconocer con grado de doctor honoris causa al general salvador Cienfuegos zepeda. Dado que es evidente que el general en cuestión carece de una trayectoria académica sobresaliente, asumimos, como ya se ha dicho que el premio obedece a la naturaleza de las funciones al frente de la institución castrense del estado mexicano, como ya se ha dicho aquí. Por lo que, en virtud de que el premio es otorgado a la institución del ejército y que se ha abundado ya acerca del papel que ha jugado en el ocultamiento de crímenes de lesa humanidad, las ejecuciones extrajudiciales, el hermetismo y obstrucción de la justica civil, querríamos hablar aquí acerca de lo que las prácticas castrenses significan para las mujeres y que en este caso son estas prácticas las que son premiadas al reconocer con honores al mando de esa institución. Rita Segato ha sostenido en torno a investigaciones que involucran el actuar castrense, que en las últimas décadas los cuerpos de las mujeres o los cuerpos feminizados han sido objeto de agresiones sexuales que han pasado a ocupar una posición central como arma de guerra productora de crueldad y letalidad, ejemplos de ello hay innumerables pero por mencionar algunos de los más emblemáticos, tenemos el caso de Valentina Rosendo Cantú y Yenys Bernardino Sierra quienes en un contexto de presencia militar en el estado de guerrero fueron objeto de tortura y Agresión sexual por parte de elementos militares en funciones, también está el caso de Inés Fernández Ortega por la violación sexual cometida en su perjuicio por parte de agentes militares también, estos casos resuenan porque fueron llevados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y condenado el Estado mexicano por vulnerar el Derecho a la honra, a la intimidad, a la integridad personal, a la Dignidad, a la Igualdad ante la ley, a la Protección judicial, entre otros, en ambos fue un elemento común la falta de investigación y sanción de los responsables quienes fueron militares con mandos superiores como lo es ahora el general Cienfuegos. Fue un agente castrense el que agredió sexualmente y asesinó con brutalidad a Sabina Patricia en 2008 y fue también un elemento del ejército el que cometió el primer feminicidio del 2018 en Chiapas. No podemos ignorar que cada vez que existe la presencia militar, la violencia sexual y feminicida se multiplica. También coincidimos en reconocer el enlace lógico que resulta de conectar las reformas estructurales, el plan Mesoamérica que potencia los megaproyectos extractivistas, la ley de seguridad interior y el intento por consolidar la reputación de una institución indefendible que será la que intente materializar esos megaproyectos y consideramos nuestra responsabilidad denunciar y realizar acciones en oposición a esta estrategia por pertenecer a un centro de estudios que se posiciona desde el pensamiento crítico, incluyendo el feminista. Con las compañeras, coincidimos en lo aberrante que sería la entrega de este premio también pensando en el próximo proceso electoral en el que Chiapas es considerado foco rojo. Con la aprobación de la Ley de Seguridad Interior impulsada por Cienfuegos se avisora una represión “legalizada” y nos preguntamos cuáles fueron los motivos al interior de la universidad para proponer esta premiación a la ignominia. El Estatuto General de la UNICACH señala en su artículo cinco que los valores que debe cultivar son la equidad social, el humanismo, la igualdad, la honestidad, la solidaridad, la diversidad, justicia y respeto. ¿Acaso reconocer a un hombre artífice de la represión, que no actúa con claridad, honestidad, solidaridad y que obstaculiza la justica y no respeta la vida y la memoria de los jóvenes de Ayotzinapa no atenta contra estos principios?

Proponemos que se realicen acciones en torno a esta decisión vergonzosa, desde la puesta de mantas hasta ir al evento a recordarle al general lo que ha hecho y evidenciar a las autoridades que someten a la universidad al aparato militar y a decisiones centralizadas del ejecutivo.

Posgrado en feminismos del CESMECA

A 8 meses de la huelga de hambre de enfermeras que evidenciaron la corrupción y crisis en el sistema de salud, el gobierno de Chiapas criminaliza a Jesús Espinoza de los Santos y a quienes defienden los derechos de expresión, manifestación, laborales y de salud.

Enfermeras anuncian posible tercera huelga de hambre si el gobierno del Estado de Chiapas no cumple los acuerdos firmados en mayo de 2017.

 
Foto de portada: Emeequis

(Firma la Acción Urgente aquí.)

Las organizaciones civiles firmantes hacemos un llamado a la sociedad civil nacional e internacional para que se pronuncie ante la inminente agresión de un grupo civil armado en contra de la población del municipio de Oxchuc, Chiapas. Se ha hecho de nuestro conocimiento que el día de ayer 24 de enero, aproximadamente a las 11:00 de la mañana, comenzaron a escucharse disparos en algunas comunidades y en la cabecera municipal, lo que ocasionó temor.

Personas del municipio nos informaron que ante la inseguridad, por órdenes del gobierno estatal tuvieron que desalojar a niñas, niños y docentes de las escuelas, así como pacientes, personal médico y de enfermería de los centros hospitalarios, lo que denota una situación de riesgo que vulnera la seguridad e integridad de las mujeres, niñas, niños y demás población.

De acuerdo a información proporcionada por vecinos del municipio, hasta el momento se reportan 20 personas desaparecidas, que se desconoce su genero y edad; 17 heridos, entre ellos se encuentran Juan Gabriel Méndez López de 36 años (abogado comunitario del Movimiento con Justicia y Paz para el pueblo de Oxchuc y quien representó a la comunidad en el Amparo promovido para rechazar las presencia de partidos políticos en el municipio, recientemente promovió un Amparo contra la Ley de Seguridad Interior), Julio Cesar Gómez Santíz de 24 años de edad, Manuel Gómez López de 39 años, Bonifacio López Gómez de 39 años y el adolescente Néstor Avidal López Gómez de 15 años, José Alfredo Gómez López, de 20 años de edad, Moises Santiz Gómez de 27 años de edad, Alonso López Santiz de 36, Eliseo Góme Santiz, de 17 años, Javier Santiz Gómez de 37 años, Hugo Santiz Gómez de 21 años, Alexander López Gómez de 16 años, Juan Gómez López de 17 años, Edagar Jhovani Santiz Gómez de 24 años, Rafael López Santiz de 16 años, Marcelo Santiz Santiz de 31 años; y tres personas muertas, Ovidio López Sántiz, Víctor Sántiz Gómez y Francisco Méndez López, dos de ellos pertenecen a la comunidad Media Luna y el otro a la comunidad Cruxilja cuyo cuerpo aún permanece en el lugar de los hechos.

De igual forma, existe la amenaza de que en los próximos días la cabecera municipal sea ocupada por un grupo civil armado, que según fuentes locales, se concentra en las comunidades: Piedra Escrita, El Mash (colinda con Chanal), Cruxton (colinda con San Juan Cancuc) y Yochib (que colinda con Tenejapa). Por la manera en que se suscitaron los hechos de violencia, la población considera que se trata de personas ajenas al municipio, que tienen entrenamiento y portan armas de grueso calibre.
El temor persiste y es real, ya que el día de hoy, 25 de enero, alrededor de las ocho de la mañana nuevamente se escucharon disparos cerca de la comunidad Piedra Escrita y el crucero de Cruzton, de Oxchuc, no se ha reportado el cese de las detonaciones. Asimismo no se tiene certeza de la existencia de personas heridas o muertas porque la población vecina no ha podido ingresar y tampoco hay presencia la policía estatal.

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