Fuente: Avispa Midia

Por Jeny Pascacio

Esta es la cuarta entrega de Desaparecer en la frontera sur de México, un trabajo de Avispa Mídia que da cuenta de la violencia que viven las comunidades y ciudades de la frontera de Chiapas con Guatemala, que forman parte de las rutas de trasiego en pugna por dos cárteles del crimen organizado.

En la primera parte, investigadoras y organizaciones explican cómo el crimen organizado se instaló en la geografía chiapaneca, en territorios que hoy se disputan con violencia desmesurada contra la población. En la segunda y tercera parte, las víctimas de desaparición y las comunidades narran el horror que viven por esta guerra, minimizada por el gobierno morenista de Andrés Manuel López Obrador.

Los testimonios ahora nos llevan a la historia de Cassandra Isabel Arias Torres que fue desaparecida por un grupo armado el 17 de diciembre de 2022 en el municipio de Berriozábal, ubicado en la zona Centro de Chiapas.

Primera parte

Segunda Parte

Tercera parte

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A partir de 2021, varios municipios de Chiapas comenzaron a percibir el incremento de la violencia e inseguridad, como ya fue reportado en esta serie. Además de las regiones limítrofes con Guatemala, en el centro de la entidad también incrementó la violencia.

El 17 de diciembre de 2022, Cassandra Isabel Arias Torres, de 18 años de edad, estaba muy emocionada por la boda de su madre, Isabel Torres, tanto que le regaló el vestido y le ayudó con los preparativos del festejo que iniciaba a las 14h en el salón Tierra Bonita, ubicado en la cabecera municipal de Berriozábal.

Durante la celebración, Cassandra se encontraba en una mesa al fondo del salón con otros familiares y su novio, mientras Isabel, su madre, atendía a los invitados junto a su ahora esposo. Cuando comenzó a oscurecer, pidieron al encargado del recinto encender las luces pero nunca respondió al llamado, entonces decidieron continuar la fiesta sólo con las lámparas de interior.

Alrededor de las 20h un grupo armado irrumpió en el lugar. Descendieron de tres camionetas blancas y dijeron ser de la Fiscalía General del Estado (FGE), portaban chalecos con las insignias oficiales, estaban encapuchados y vestidos de negro de pies a cabeza.

Al ingresar al salón de fiestas, dijeron: “¡Todos abajo!’, los invitados y yo nos metimos debajo de la mesa y escuché que mi hija (Cassandra) gritaba desesperada para saber dónde estaba su hijo”, relató Isabel.

Con agresividad, los encapuchados arrebataron los teléfonos móviles y carteras a varios de los asistentes. En un principio esposaron a diez personas para llevárselas, pero al final las dejaron en la entrada y sólo se llevaron a Cassandra, a su novio, a uno de sus tíos y al músico que amenizó el festejo.

En cuanto el grupo armado se retiró, Isabel y su esposo fueron tras ellos en otro vehículo pero no pudieron alcanzarlos. Otro de los familiares se dirigió a la comandancia municipal, pero los policías estaban “escondidos” y dijeron que no podían hacer nada, que no era de su competencia.

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Casi dos horas más tarde y después de varias llamadas al 911, al lugar de los hechos llegaron algunos elementos de la Policía Estatal, Guardia Nacional, Sedena y algunos municipales. Cuando algunos de los asistentes daban detalles de lo sucedido a las autoridades se escucharon disparos afuera del salón.

“Les dije que fueran a ver, qué tal que ahí tenían a mi hija y se quedaron viendo entre ellos (policías y militares), pero nadie se movió. Al terminar de dar la declaración le preguntaron a mi esposo si íbamos a meter la denuncia, respondimos que sí y el policía nos preguntó si estábamos seguros de que ‘podríamos’ contra esa gente”, dijo Isabel.

De acuerdo a la familia de Cassandra, los uniformados se limitaron a grabar en video las declaraciones que dieron y “nunca nos dijeron para qué”.

Al siguiente día (18 de diciembre), el músico y el tío de Cassandra fueron liberados al oriente de Tuxtla Gutiérrez, municipio a 23 kilómetros de distancia de Berriozábal. Los encapuchados les advirtieron no acudir a las autoridades de lo contrario Cassandra sería asesinada.

Cuando Isabel recibió el mensaje entró en pánico, por lo que decidió no acudir a la autoridad e iniciar una búsqueda por su cuenta. Entre las primeras acciones, difundió en redes sociales la imagen de Cassandra; pero los días pasaron y no hubo noticias del paradero.

Información oculta

El alcalde de Berriozábal, Jorge Arturo Acero Gómez, abanderado por Morena, se encargó de negar ante medios de comunicación la desaparición forzada de Cassandra y minimizó el hecho al decir que sólo se trató de una riña.

Pero el 10 de enero de 2023, con mucho temor y desesperación, Isabel acudió por primera vez a la Fiscalía en Tuxtla Gutiérrez para hacer la denuncia. Le sorprendió que el Ministerio Público tenía conocimiento del caso de Cassandra mucho antes de la declaración.

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Por meses, la única declaración que obró en la carpeta de investigación fue la de Isabel, pero después de varias protestas en las que exigió justicia, se integraron las declaraciones de su esposo, su padre y su hermano, quien fue privado de libertad junto con Cassandra.

De acuerdo con Isabel, falta el informe completo y actualizado de la geolocalización de los teléfonos móviles que se llevaron los encapuchados. Según datos de la FGE, algunos de los celulares siguen activos y han cambiado el chip en repetidas ocasiones.

A pesar de la evidencia, la Fiscalía se niega a realizar la búsqueda bajo el argumento de que las ubicaciones que se muestran son aproximadas. Ante esta incapacidad declarada por la propia Fiscalía, Isabel solicitó la renovación de la geolocalización y la intervención de expertos en tecnología.

“Cuando se actualice la geolocalización pediré que se haga la búsqueda en vida, porque tampoco quieren buscarla”. Isabel pidió, incluso, las imágenes del Centro de Atención y Vigilancia Permanente (CAVIP) que funciona con 47 cámaras colocadas en puntos estratégicos de la cabecera municipal, donde desaparecieron a Cassandra.

Para que la investigación avance también se pidió la declaración del secretario de Seguridad Pública municipal, Germán Alegría Santos y de cuatro policías municipales que acudieron al salón de fiestas con las fuerzas federales; pero tampoco hay respuesta.

Las madres que resisten 

En marzo de este año, Isabel acudió a las afueras de la Séptima Región Militar en Tuxtla Gutiérrez para interceptar al presidente, Andrés Manuel López Obrador, que visitó la entidad e instruyó a la Fiscalía investigar el caso. Pero los días pasaron y la justicia tampoco llegó.

Dos meses después, Isabel tuvo conocimiento de las acciones de protesta del colectivo de Madres en Resistencia, integrado en su mayoría por familias de víctimas de feminicidio, quienes no dudaron en brindar acompañamiento a Isabel Torres cuando lo solicitó.

Para finales del mismo mes, las madres se plantaron por más de una semana a las afueras del Palacio de Gobierno para exigir hablar directamente con el gobernador, Rutilio Escandón Cadenas, y el Fiscal General, Olaf Gómez Hernández.

El plantón fue levantado por un compromiso hecho por el propio mandatario estatal que ordenó revisar minuciosamente los casos, pero al final no se concretó ninguna acción. El nulo acceso a la justicia llevó a Isabel a encabezar otra campaña de búsqueda a pie, con marchas y mítines en la Fiscalía y Palacio de Gobierno.

De esas acciones logró dos búsquedas en campo por parte de la Comisión Estatal de Búsqueda, aunque para las Madres en Resistencia sólo sirvió para evidenciar las carencias e incapacidad de la autoridad que no tiene herramientas, planeación, comunicación y ni protocolos específicos de seguridad.

“La primera búsqueda fue en el mismo perímetro donde está un lugar llamado la Piedrona (en Berriozábal), la segunda fue en un terreno que está frente al primer perímetro. En la primera búsqueda no llegamos a ningún acuerdo, las autoridades trabajaron sin pedirnos opinión ni nos informaron cómo sería la búsqueda ni nada; llegan a echar relajo y a platicar”, explicó Isabel.

En la primera investigación en campo, un integrante de la propia Comisión de Búsqueda alertó sobre la presencia de una camioneta azul con cuatro hombres sospechosos a bordo. El vehículo pasó por la carretera, regresó y se detuvo frente a ellas, “únicamente descartaron que fueran personas de la Fiscalía pero no dieron seguimiento a pesar de que esa camioneta estaba vigilándonos”.

Hasta el último día 

Con ayuda de las abogadas feministas de Colectiva Cereza, Isabel consiguió que desde principios de septiembre, la Fiscalía ofrezca una recompensa de 500 mil pesos por información anónima sobre el paradero de Cassandra Isabel Arias Torres.

El pasado 12 de octubre, Isabel y las Madres en Resistencia cerraron la avenida principal de la capital de Chiapas para protestar por la ausencia de Cassandra en su cumpleaños número 19, “es el primero que ella no está, con nosotros, con su hijo”, un pequeño de 4 años que desde hace 10 meses se pregunta por su mamá.

“Pido a las personas que se llevaron a mi hija que si está con vida que me la regresen y si no está con vida que me digan dónde está para tener un lugar para llorarle y llevarle flores, porque no tengo paz en mi corazón de no saber dónde está. La sigo esperando con los brazos abiertos. Hija te amo, te sigo buscando y hasta el último día de mi vida te buscaré”.

Por ahora el activismo de Isabel la lleva a realizar labores que le corresponde a la Fiscalía, pues cada vez son más las familias de víctimas de desaparición forzada que buscan su acompañamiento para exigir justicia.

Reclaman a las autoridades que actúen, investiguen, sancionen a servidores públicos implicados en las desapariciones o con vínculos con el crimen organizado. De acuerdo a Colectiva Cereza, al menos cinco casos de los cuales acompaña fueron levantados por elementos de la policía de investigación de la FGE y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), y las pruebas ya fueron entregadas a Rutilio Escandón Cadenas.

Ejido Tila, Chiapas, México; a 17 de octubre de 2023

A los medios nacional e internacional no gubernamental
A las organizaciones nacional e internacional no gubernamental
Al centro de derechos humanos no gubernamental
Al congreso nacional indígena
Al consejo indígena de gobierno
A los pueblos que luchan por la tierra y el territorio
A los pueblos originarios en defensa de la madre tierra

De parte del ejido tila reciban un cordial saludo, a todos y a todas las y los hermanos en resistencia por la madre tierra.

En el ejido de tila se vive una tensa situación, a manos de grupos criminales, el pasado viernes 13 de octubre del presente año aproximadamente a la 7:30 de la noche a quemarropa mataron a dos jóvenes de nombre Juan Carlos Jiménez Jiménez de 19 años de edad y Oscar Pérez Pérez de 17 años hijos de ejidatarios de la comunidad de sañoja a mano de la delincuencia organizada, aliados a los pobladores quienes el 11 de septiembre de 2020 tiraron el portón para infiltrar negocios clandestinos como la venta de droga, alcohol y tráfico de armas que comanda Francisco Arturo Sánchez Martínez, Rodrigo Martínez Parcero, doctora Adelaida cruz de Santis Martínez Parcero y su grupo conformado por Juan López López, Rosalino Martínez Santiago, Marco Antonio Sánchez Martínez, Andrés García Martínez, Vicente Gómez López los trompudos, Eugenio Ramírez Jiménez, Alfredo Pérez López, Reynaldo Ramírez Martínez, Darío cordero y la profesora Cecilia Vázquez López entre otros, grupo que ya fueron denunciados ante la fiscalía del estado por varios delitos, dentro de ellos por violación de la sentencia de amparo donde crearon un panteón clandestino en complicidad, han solapado a Rodrigo Martínez Parcero y la doctora Adelaida Martínez Parcero por ser trabajadores de la secretaria de salud de igual forma la doctora Adelaida Martínez Parcero es plurinominal del ayuntamiento municipal.

El pasado sábado 14 de octubre aproximadamente a las 11:10 de la mañana ejecutaron a dos jóvenes dedicados a la venta clandestina de droga de nombre José Gutiérrez Ramírez de 30 años de edad y el joven José Nazario Vázquez Jiménez ese mismo día a las 8:30 de la noche, el C. Rodrigo Martínez Parcero hizo detonaciones de arma de grueso calibre en su domicilio para intimidar a los compañeros ejidatarios, con la finalidad de seguir su política en contra de los compañeros.

También circula en las redes sociales la voz del mismo contador Rodrigo haciendo mención que forma parte del cartel Jalisco nueva generación, mientras Eugenio Ramírez Jiménez menciona por radio de comunicación con integrantes del supuesto comisariado legal Eduardo Gutiérrez Martínez que forman parte del cartel de Sinaloa, lo cual confirma que ya tienen a dos sicarios de Sinaloa dentro del poblado del ejido tila Chiapas y ya tiene checando domicilio dentro del casco poblacional y que en bolsa tendrán que salir algunos compañeros como paso en el año 1994.

Y este lunes 16 de octubre se encuentra ejecutado con arma de grueso calibre al joven Daniel Jiménez López de 26 años de edad tirado en la carretera a la altura del crucero que comunica la comunidad de carrizal y mariscal esto con la intensión de que el comisariado ejidal Lorenzo Jiménez Ramírez llegue hacer el levantamiento le hagan una emboscada ya que es la autoridad que fue nombrado por la asamblea general de ejidatarios por mayoría.

Esto ha estado suscitando por la injusticia de los 5 responsables del gobierno del estado de Chiapas, tal como lo menciona la inejecución de sentencia 1302/2010 que ya fue discutido en la suprema corte de justicia de la nación el pasado 12 de septiembre de 2018. Lo cual la justicia de la unión da protección al ejido tila, al saber que el amparo promovido por el ejido salió a favor nombran Eduardo Gutiérrez Martínez bajo falsificación de firmas de compañeros ejidatarios y de finados para que le sea certificado su nombramiento ante el RAN en el periodo 2015 a 2018 y con la misma falsificación de firmas y huellas de los compañeros ejidatarios el RAN le otorga el nombramiento a Miguel Vázquez Gutiérrez en el periodo 2018-2021 para que ellos hagan negociación del amparo al saber la asamblea que tenían el nombramiento se inició un proceso ante el tribunal unitario agrario número 54 de Comitán por la inconformidad de los asambleístas ya que estas dos personas fueron nombradas por pobladores y en casa particular ya que estas dos personas no son asambleístas y Eduardo Gutiérrez Martínez se vuelve a reelegir como comisariado en este periodo 2021 a 2024 cuando el comisariado nombrado por la asamblea es Lorenzo Jiménez Ramírez.

Al saber que el ejido gana el amparo un grupo de pobladores ya antes mencionado tiran el portón de seguridad hecho por los ejidatarios y causan bloqueo afectando vía terrestre derivado de varias denuncias de los transeúntes el comisariado ejidal en ese periodo toma la decisión con la asamblea de desalojar el grupo de pobladores que estaban afectando, lo cual al llegar fueron recibidos a balazos con armas de fuego dejando varios heridos y muertos desde esa fecha se ha venido agudizando las persecuciones y han matado a varios compañeros a manos de los dirigentes e integrantes de pobladores y avecinados que son hijos del grupo paramilitar que operaron en la zona baja de tila.

Al ver que esta situación los ejidatarios tomaron la decisión de cercar el ingreso dentro del ejido tila hasta que se haga justica a los ejidatarios de tila y se ejecute la sentencia del amparo que bajo la corrupción del ayuntamiento municipal ha causado un conflicto y ha contratado la delincuencia organizada para seguir intimidando nuestro territorio ejidal bajo la complicidad de los 5 responsables del gobierno.

Nunca más un México sin nosotros

Atentamente

Tierra y libertad Ejido tila

Pronunciamiento del encuentro “Hasta la Justicia: Juntando Fuerzas Contra la Tortura”

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas a 15 de octubre de 2023.

PRONUNCIAMIENTO

A la Opinión Pública
A Organismos Internacionales de Derechos Humanos
A Organizaciones Civiles y Defensores de los Derechos Humanos
A Organismos Nacionales, Estatal e Independientes de Derechos Humanos
A los Medios de Comunicaciones Local, Estatal, Nacional, Internacional e Independientes

PRESENTE.

El día de hoy se dio por concluido el Encuentro “Hasta la Justicia: Juntando Fuerzas Contra la Tortura” 2023, en la que como Familias Unidas Contra la Tortura en Defensa de los Derechos Humanos, participamos junto con nuevas familias que esperamos sean parte de la lucha por la búsqueda de la justicia, reparación de daño, actos de no repetición y libertad a nuestros presos inocentes que el sistema de supuesta procuración y acceso a la justicia del Estado de Chiapas los mantiene encarcelados de manera arbitraría para aparentar una supuesta paz, tranquilidad y seguridad en el Estado, situación que el contexto, noticias y la realidad son falsas.

Los días 13, 14 y 15 de octubre, reflexionamos sobre la tortura, que una de las violaciones más atroces de los derechos humanos, y que sigue siendo un patrón generalizado en muchas partes de nuestro Estado, a pesar de las innumerables convenciones y tratados internacionales que la prohíben de manera categórica. Aún más alarmante es el hecho de que, en muchos casos, las autoridades estatales no solo pasan por alto este crimen, sino que también omiten investigar y perseguir a los perpetradores, siendo los agentes aprehensores, fiscalías y jueces.

En Chiapas no podemos acceder a una justicia pronta, expedita e imparcial, si tenemos a Juzgadoras y Juzgadores quienes solapan las malas actuaciones de las Fiscalías, sin considerar las vulneraciones a nuestros derechos humanos y sentenciando a inocentes, no podemos creer y confiar en un Estado de derecho en la que los Tribunales Judiciales están siendo marcados por la corrupción y mala impartición de justicia, ya que sentenciar a una persona inocente marca un número en el supuesto Chiapas seguro, siendo todo lo contrario.

Nuestra preocupación acerca del sistema judicial en Chiapas recae en la práctica, pareciera más fácil sentenciar a personas inocentes basándose en investigaciones sesgadas o deficientes que llevar a juicio y sentenciar a agentes de la policía o perpetradores de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Esta situación destaca una posible falta de imparcialidad y rendición de cuentas en el sistema judicial, lo que podría tener graves implicaciones para los derechos y la justicia de las personas involucradas en estos casos.

Esta preocupación también apunta a la necesidad de mejorar la efectividad y la transparencia en la investigación y el enjuiciamiento de casos relacionados con tortura y abusos policiales. Es esencial garantizar que las investigaciones sean exhaustivas, justas y oportunas, y que las personas responsables de abusos sean llevadas ante la justicia de manera adecuada.

La percepción de que es más fácil condenar a personas inocentes que llevar a la justicia a agentes de la policía o perpetradores de tortura subraya la importancia de fortalecer la independencia y la integridad del sistema judicial para garantizar que todos los casos se manejen de manera imparcial y justa, y que se respeten los derechos fundamentales de las personas en cuestión.

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Los martes (inglés) y jueves (castellano), 4PM, en SENDAS, Chiapas

Adelina Flores 50 centro de San Cristóbal de Las Casas

Por Anacleto Molinari | Contrahegemoníaweb

Al amanecer del sábado 7 de octubre de 2023 el universo humano dio un vuelco. El reloj del fin de la vida aceleró su mecanismo. Ese día, muy cerca de donde dicen que nació Jesús de Nazaret, militantes de una milicia islámica palestina conocida como Hamás, atacaron bélicamente y con armas de alto poder algunas poblaciones cercanas a la frontera de Gaza; causaron varios disturbios violentos, asesinaron a cientos de civiles, raptaron a otros tantos que mantienen como rehenes, desplegaron con destreza un arsenal importante de armas y dispararon innumerables misiles.

Esta agresión producida por guerrilleros musulmanes en el Medio Oriente, calificada por el primer ministro israelí como un “ataque sorpresivo y asesino contra Israel”, ha alterado inmediatamente la prioridad internacional del gobierno americano, al otro lado del globo. Washington que no tenía ojos más que para Ucrania en su guerra contra Rusia, hoy pone su atención desmedida al apoyo de la entidad sionista. Tal como lo apunta la periodista y geopolítica rusa Liu Sivaya, en una sola noche el mundo se ha vuelto más peligroso y todos los países donantes de Kiev podrían reconsiderar por ello su estrategia de asistencia militar a Ucrania y hasta cortarla, por su propia seguridad futura.

El gobierno israelí ha respondido a tan insolente provocación de Hamás con un talante vengativo y virulento y se ha ido en contra de la población palestina, la civil, inocente y en todo caso, vulnerable gente de a pie, en la Franja de Gaza, donde aviones israelíes han bombardeado en estos primeros días de conflicto, toneladas de misiles sobre el territorio densamente poblado, en la costa del Mediterráneo, además de cortar los suministros de energía y agua en los hogares, conminando a los palestinos a desterrarse voluntariamente, ante el advenimiento del infierno que les promete, montará sobre sus casas y sus muertos. Pero, ¡atención humanidad dormida! Occidente no condena esta guerra expansionista de Israel contra el pueblo palestino, definitivamente no emitirá sanciones económicas para su aliado mítico e incondicional. Por el contrario, en nombre del honor y a causa de la ofensa, los Estados Unidos se aprestan a apoyar y a defender el derecho de Israel a atacar gente inocente, cuyo territorio fue colonizado primero por la Gran Bretaña y posteriormente ocupado por lo que hoy es el Estado de Israel.

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Desde diciembre de 2020, Manuel Gómez Vázquez, joven maya tseltal, base de apoyo del EZLN, ha estado preso injustamente por un delito que no cometió. Fue falsamente acusado por autoridades comunitarias, torturado por éstas y después procesado penalmente bajo la intervención en complicidad de la Fiscalía de Justicia Indígena, quien participó en la prolongación de su detención, desaparición forzada y fabricación de pruebas en su contra.

La prisión de Manuel Gómez Vázquez es parte de un patrón sistemático de criminalización a defensores indígenas por parte del gobierno de Chiapas, por medio de acusaciones falsas, tortura, utilización de testigos falsos y otros medios, con la intención de castigar ejemplarmente la defensa de los derechos humanos, de la tierra y del territorio.

(Ve el sitio especial del Frayba “Fábrica de Culpables – Detención Arbitraria“.)

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional y al Congreso Nacional Indígena
A los pueblos de México y el mundo,
A las personas, colectividades y pueblos que defienden la Vida

El 12 de octubre de 1492 una nueva historia comenzó a escribirse: la Historia de la Dignidad Indígena. La fuerza y determinación de los pueblos originarios, aquella cultivada por más de 531 años, adquiere hoy nuevos sentidos: la resistencia anticolonial de los más primeros, la defensa de sus territorios y modos de habitar el mundo, son fuente de conocimiento e inspiración en la lucha contra el capitalismo depredador y ecocida.

En toda América, la historia de las luchas por la libertad y la justicia están marcadas por las resistencias de los pueblos indígenas. En México, resistieron a la guerra de conquista, fortalecieron a los ejércitos populares en la guerra de Independencia, lucharon contra el imperialismo norteamericano y sus intentos expansionistas, fueron parte de la resistencia contra el imperio francés, contra la dictadura porfirista y tuvieron un papel fundamental en la guerra de Revolución en los ejércitos encabezados por Villa y Zapata. Durante el régimen priísta, los pueblos originarios nutrieron a los ejércitos populares y de liberación nacional. Con el alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el 1 de enero de 1994, y la formación del Congreso Nacional Indígena, el 12 de octubre de 1996, los pueblos indígenas pasaron a la ofensiva contra la integración neoliberal y su acelerado despojo. Y como en el pasado, los pueblos indígenas resisten hoy al neodesarrollismo que intenta disfrazar el despojo de bienestar.

En los espejos de la realidad de la guerra que enfrentan quienes ancestralmente cuidan y defienden la madre tierra frente al despojo y la explotación capitalista y patriarcal; en los espejos del desprecio por sostener la dignidad de existir siendo quiénes son contra los intentos coloniales de exterminio; en los espejos de la persecución política, la desaparición, la cárcel y el asesinato por luchar, organizarse, resistir y cuidar la Vida. En esos espejos se refleja la guerra capitalista contra la naturaleza y la Vida, una guerra que hoy llena de sangre todo el territorio nacional y mundial.

La dimensión histórica del desafío de los pueblos zapatistas y del Congreso Nacional Indígena puede apreciarse en el sentido mismo de la Acción Global que estos días se realiza en más de 50 lugares del mundo: hacer frente a la guerra contra los pueblos de México y del Mundo. Exigir alto a la guerra contra las comunidades zapatistas y los pueblos del CNI. Luchar y organizarnos contra el avance de la militarización en México. Organizarnos para detener el avance y apertura de megaproyectos como el mal llamado Tren Maya, el Proyecto Integral Morelos, o el Corredor Transístmico. Defender el agua, la diversidad, la comunidad, la tierra, la vida digna.

A unos meses de que un sexenio más de mal gobierno termine, ante las múltiples evidencias de que mientras la hidra capitalista sea quien gobierne detrás de cualquier color, cualquier partido, el llamado de los pueblos marca un rumbo y un destino de dignidad. La guerra en México es una guerra contra la vida. Sus actores son los grupos del crimen organizado, los cuerpos represivos del Estado, formales e informales, la clase política en su conjunto, el Estado y sus instituciones que viven de la corrupción. Un Narco Estado Capitalista, como dicen CNI.

Y es que, aunque arriba pretenden ocultarla, abajo los pueblos vivimos cotidianamente esa guerra. Y para muestra de la brutalidad contra los pueblos originarios, un dato que apenas dimensiona el horror: en lo que va del actual sexenio, de este que prometió transformación, 50 compañeros y compañeras pertenecientes a organizaciones y pueblos vinculados al Congreso Nacional Indígena han sido asesinados y otras 6 personas se encuentran desaparecidas. Esto en los casos que tenemos denuncias y se han confirmado. A estos dolores, hay que sumar la prisión política, tortura, secuestros, desplazamientos forzados, amenazas, difamaciones mediáticas contra personas defensoras del territorio.

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Por Santiago Navarro F | Avispa Midia

^{Protesta llega a la presidencia municipal de Chicomuselo, Chiapas. Avispa Midia}

A muy tempranas horas de este día 12 de octubre, con cierta incertidumbre y cautela, uno a uno fue llegando cada contingente de familias, amigos y vecinos que se dieron cita en el lugar llamado El arco de los siete jaguares, en el municipio de Chicomuselo, Chiapas. El objetivo era realizar una manifestación hasta llegar a la presidencia del municipio.

Días previos a la manifestación comenzó a circular la convocatoria a la llamada “Marcha por la unidad, la justicia y la paz”, firmada por la Unidad de Pueblos, “conformada por comisariados ejidales por la paz social de Chicomuselo”. Llamaron a romper el silencio y marchar pacíficamente, reivindicando la manifestación de este día como un acto de resistencia de los pueblos indígenas y campesinos de México y América Latina.

En los últimos meses, en esta región que hace frontera con Guatemala, se desbordó el clima de violencia por enfrenamientos entre integrantes del Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quienes diputan el control de estos territorio. Estos grupos criminales sembraron el terror en localidades como Pacayalito, salida hacia el municipio de Motozintla, así como en el ejido Tres Maravillas y en Chicomuselo, donde se provocó un desplazamiento forzado y un toque de queda.

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Por este contexto de violencia, los comisariados organizados llamaron “a todos los sectores de la sociedad a unirse de manera pacífica como pueblo y como municipio para hacer un llamado al gobierno a que intervenga”, puntualizaron.

Incluso, hicieron alusión a la frase del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), “nadie por encima de la ley y nadie por debajo de ella”, para que actué en consecuencia. “Porque el pueblo ya está cansado de ver como los grupos que pretenden controlar nuestro territorio se imponen con total impunidad”, declararon los indígenas.

Los convocantes reafirmaron que la impunidad ha llevado al aumento de asesinatos, desapariciones, desplazamientos forzados, amenazas, reclutamiento, sometimiento, entre otros. “De los desaparecidos, cada familia está intentando encontrarlos. No hay ninguna autoridad en su búsqueda”, dijo uno de los manifestantes que, por su seguridad, omitió su nombre.

Aún con el miedo y la incertidumbre de rumores “de que la manifestación era para apoyar a uno de los dos carteles, el de Sinaloa, la gente salió a manifestarse contra todos los grupos que están provocando la violencia en nuestros territorios y para que nos escuche el presidente Obrador”, agregó el manifestante.

Desde antes que se agudizará el escenario de terror, en Chicomuselo ya habían denunciado la presencia del grupo narco-paramilitar MAIZ, vinculado al Cártel de Sinaloa, el cual “también quería desplazar a los comerciantes del mercado para que ellos pusieran a su gente”, señaló el entrevistado para Avispa Mídia vía telefónica.

Se movilizaron sectores del magisterio, transportistas, empleados de salud, deportistas, comerciantes, integrantes de organizaciones sociales, autoridades comunitarias y ganaderos.

Al finalizar la marcha, los organizadores contabilizaron que se manifestaron al menos diez mil personas y, llegando a la plaza principal de esta comunidad, entonaron consignas como ¡el pueblo unido jamás será vencido! ¡el pueblo callado jamás será escuchado!, terminando en relativa calma.

Fuente: Avispa Midia

Por Jeny Pascacio

Esta es la tercera entrega de la serie Chiapas: Desaparecer en la Frontera Sur de México, producida por Avispa Mídia.

La disputa entre grupos criminales ha cambiado la cotidianidad de pueblos y comunidades en el estado de Chiapas, de manera particular, de poblaciones de la Sierra Madre de Chiapas, fronterizas con Guatemala como Frontera Comalapa, Chicomuselo, Motozintla, Siltepec, Amatenango de la Frontera, Mazapa de Madero, La Grandeza y El Porvenir.

En la primera entrega de esta serie presentamos una contextualización del conflicto que ha iniciado por lo menos desde 2018 y ha explotado en los últimos meses.

En los textos que siguen, el objetivo es mostrar el rostro de las estadísticas que apuntan centenas de muertes y desaparecidos. En la segunda entrega, trajimos la historia de Armando Agustín, un taxista de Ciudad Cuauhtémoc que desapareció mientras trabajaba. Su familia sigue en su búsqueda.

Ahora, presentamos la historia de Rolando Rodríguez Morales, el Comisariado ejidal de Sinaloa, municipio de Frontera Comalapa, que desapareció después de proteger a su comunidad.

— * —

En julio de 2022 se intensificaron los hechos violentos en el ejido Sinaloa, municipio de Frontera Comalapa. El día 15, las niñeces se encontraban en la escuela cuando se escucharon las detonaciones de armas de fuego.

Los docentes de la escuela primaria Emiliano Zapata Salazar trataron de tranquilizar a las y los alumnos que lloraban de miedo. Mientras hombres armados entraron a las viviendas a realizar disturbios, dañaron la producción y el comercio de muchos.

Al ver la situación el Comisariado ejidal, Rolando Rodríguez Morales, decidió pedir ayuda a los militares. En menos de una hora regresó acompañado de los uniformados que lograron disipar el enfrentamiento que se suscitó por una supuesta traición entre grupos locales pertenecientes al cártel de Sinaloa, que en el ejido reconocen como “los mayos” y “los chapos” (aludiendo a los líderes).

El ejido Sinaloa se localiza a 23 kilómetros de San Gregorio Chamic, a 61 de la cabecera municipal de Frontera Comalapa y 53 del municipio de Chicomuselo. Es decir, es otro de los puntos estratégicos en las rutas que se disputan los grupos criminales en la Sierra Mariscal de Chiapas.

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