PUELMAPU ARGENTINA: Cobertura Especial sobre los incendios y la represión al pueblo Mapuche en El Bolsón. Detenciones, allanamientos, y criminalización de los pueblos que luchan por la vida, el territorio y la esperanza. Fuente: FM Quimunche, FM Alas en Bolsón y la Red enfoques.
OAXACA Y GUERRERO: Platicando con el Observatorio Memoria y Libertad sobre las y los presos políticos en la región mexicana. La injusta prisión de dos profesores indígenas de San José Independencia en Oaxaca y el caso de Kenia Hernández, mujer indígena presa de la 4T por protestar junto a su comunidad en el Estado de Guerrero. Fuentes: Observatorio Memoria y Libertad | Presos políticos de San Jose Independencia | Libertad para Kenia
Texto: Radio Zapatista | Fotos: Teia dos Povos | Videos: Teia dos Povos y Radio Zapatista
Mientras alrededor del mundo el odio, la intolerancia y la imposición del mundo único se propagan como un virus, en Brasil miles de personas se reúnen en la VIII Jornada de Agroecología de Bahía, organizada por la Teia dos Povos (Tejido o Red de los Pueblos), una gran alianza negra, indígena y de abajo del campo y la ciudad, para reflexionar sobre el estado de nuestro mundo, continuar construyendo autonomías y celebrar la gran pluralidad de formas de ser, vivir, resistir y crear vida al margen del capital y del Estado.
La Teia dos Povos nació en 2012 ante la comprensión de que ni los pueblos indígenas, ni los pueblos afrodescendientes, ni los pueblos campesinos, ni los sin tierra, ni las luchas urbanas de abajo podrán enfrentar por sí solos el despojo y la violencia de un sistema cada vez más voraz. Fue así que se empezó a construir esa gran articulación de movimientos sociales autonomistas de abajo y a la izquierda en el campo y la ciudad, que hoy incluye un gran número de núcleos en diez estados del país.
La Teia dos Povos se organiza en núcleos de base —territorios donde se construye y defiende la autonomía— vinculados en red por medio de eslabones de la red —organizaciones, colectivos e individuos sin un territorio propio, que sirven de apoyo y vinculación entre los diferentes núcleos—. Cada dos años, la Jornada de Agroecología reúne miles de miembros de pueblos indígenas, afros y de abajo del campo y la ciudad para seguir construyendo esa gran articulación de autonomías.
Esta VIII Jornada se realizó por primera vez en la ciudad de Salvador, Bahía: la ciudad más negra de Brasil, con una población de alrededor de 80% afrodescendiente, con una rica cultura derivada de siglos de resistencia en un contexto de racismo sistémico y de represión por parte de las fuerzas policiales, que en Bahía son las más mortales del país, como denunció Thiago Torres durante la Jornada. Con el tema “Alianza del campo y la ciudad por el combate al hambre y a la pobreza”, la VIII Jornada reunió a varios miles de personas de diversos estados de Brasil del 29 de enero al 2 de febrero de 2025.
Ancestralidad viva
Los pueblos resisten y construyen otras realidades a partir de su propia visión de mundo, diferente y opuesta a la impuesta por el capitalismo, y de su conexión con una ancestralidad que es el fundamento de dicha visión. Así, entre las reflexiones y denuncias de las diversas violencias sufridas por los diferentes pueblos reunidos, la celebración de la ancestralidad está siempre presente. Es por eso que la inauguración de la Jornada el 29 de enero inició con un ritual de apertura de los pueblos indígenas y otro de los pueblos negros:
Se trata de una espiritualidad nunca desvinculada de lo político, una espiritualidad que da sentido a la lucha por la vida y por el cuidado de los territorios, en su dimensión sagrada tan diferente del pensamiento utilitario capitalista. Una espiritualidad que celebra la vida con alegría, con los orixás, inquices y voduns africanos y los encantados indígenas y otras entidades danzando, celebrando, luchando, resistiendo y reexistiendo entre los vivos.
PRONUNCIAMIENTO DEL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA Y EL EZLN EN APOYO A QUIENES RESISTEN EN EL ISTMO.
A los pueblos indígenas de México y del mundo A las organizaciones en resistencia A la sociedad civil nacional e internacional
Hermanas y hermanos:
Desde el Congreso Nacional Indígena (CNI) y el EZLN condenamos la emboscada ocurrida en la zona limítrofe entre Santo Domingo Petapa y San Juan Mazatlán, Oaxaca, en la que fueron asesinados tres compañeros de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI).
Denunciamos que esta violencia no es un hecho aislado, sino parte de la guerra de exterminio que los malos gobiernos, los caciques y los intereses capitalistas imponen contra nuestros pueblos. Buscan despojarnos de nuestras tierras con terror, persecución y muerte, al servicio de intereses oscuros.
Exigimos justicia para nuestros hermanos caídos, el respeto a la autonomía de las comunidades indígenas y la garantía de seguridad para la población de El Platanillo. Responsabilizamos a los gobiernos estatal y federal por su omisión y complicidad en esta escalada de violencia.
Todo aquel que no baja la cabeza y se convierte en siervo de la 4T es perseguido, desplazado, encarcelado y asesinado. Son lo mismo y son los mismos. Frente a sus golpes: ¡resistencia y rebeldía! en defensa de la madre tierra y sus guardianes.
Nos solidarizamos con UCIZONI y con todas las comunidades indígenas que, a pesar de la represión, siguen en pie de lucha, defendiendo la vida y la dignidad.
¡Alto a la guerra contra los pueblos indígenas! ¡No al despojo, no a la represión! ¡Justicia para las víctimas de Santo Domingo Petapa!
Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de Gobierno Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó a mediados de enero el Plan México, anunciado como una estrategia de “desarrollo nacional” junto al sector privado, para transformar el país en la décima economía del mundo, que hoy ocupa el lugar número 12. Para eso se ha propuesto un portafolio de inversiones, nacionales y extranjeras, de 277 mil millones de dólares en diversos sectores económicos.
El sector minero está dentro de este paquete, industria que será incentivada y que atraerá nuevas inversiones con más proyectos. El anuncio ha sido tomado por el sector como una posibilidad de reactivación de las actividades de mineríaen el país.
Diversas organizaciones sociales, comunidades y académicos reunidos en la Colectiva ¡CambiémoslaYa! sostienen que la intención de promover proyectos mineros en el país genera “incertidumbre y preocupación”, favoreciendo inversiones de empresas como Grupo México, “cuya negligencia criminal ha causado daños irreversibles al ambiente y a la salud, que permanecen desatendidos e impunes”, señalan.
Si bien las informaciones públicas sobre el plan son escasas – hasta ahora se cuenta solamente con las presentadas en un evento público el 13 de enero por Sheinbaum -, uno de los puntos divulgados por la mandataria prendió el foco rojo entre las organizaciones. El plan especifica que la Secretaría de Economía debe promover una nueva reformar a la Ley Minera – una reforma fue realizada en 2023 – en un plazo de 100 días para permitir la exploración privada (etapa anterior a la explotación minera, en la cual se busca y evalúa el yacimiento de minerales).
CONVOCATORIA ABIERTA A SUMARSE A LAS JORNADAS GLOBALES: ¡JUSTICIA PARA SAMIR FLORES SOBERANES! 6 AÑOS DE IMPUNIDAD
Los días 19, 20, 21, 22, 23 de febrero o cualquier otras fechas que a sus tiempos consideren.
Considerando que son 6 años de impunidad desde aquel 20 de febrero de 2019 en que fue asesinado nuestro hermano Samir Flores Soberanes en manos del “crimen organizado con el mal gobierno”, que impulsó la consulta sangrienta del Proyecto Integral Morelos (PIM).
Que son los megaproyectos un cáncer que el capitalismo, en cualquiera de sus caras populistas o fascistas, impone en nuestros territorios matando a la madre tierra y matándonos a nosotros en ella.
Que Samir fue asesinado por el narcoestado que niega Claudia Sheinbaum que exista, pero que millones en México lo vemos y lo sufrimos.
Que por organizarse y decir la verdad sobre el Proyecto Integral Morelos, el crimen organizado y el mal gobierno mataron a Samir, por defender la vida y denunciar la traición de Obrador que prometió cancelar el PIM de llegar a la Presidencia.
Que es una realidad vista a plenos ojos el incremento del crimen organizado en todo el territorio nacional, ciudades con toque de queda y cobro de piso, pueblos desplazados y asediados en Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Sonora, Michoacán, Morelos, Colima, Veracruz, Jalisco y prácticamente todo el país, desaparecidas y desaparecidos… megaproyectos de destrucción ambiental, vienen acompañados del crimen “organizado”, pero organizado con el mal gobierno, a nivel municipal, estatal y federal, generando condiciones en el país de terror y guerra.
De esa guerra extendida por todo el mundo, que pretende con descaro despoblar al pueblo palestino de Gazza y repoblar de capitalismo israelí y gringo; allá bombardean desde arriba, aquí nos atacan desde abajo, pero por igual razón de despoblarnos de nuestros territorios.
Que la guerra se extiende con la deportación masiva de nuestros hermanos del norte del país que están en lo que llama el capitalismo Estados Unidos, sin respetar el derecho que todo ser humano debe tener, de vivir y trabajar honestamente en cualquier parte del mundo.
Que la guerra, la tormenta, está en cualquier parte, en miles de pueblos y ciudades de América, Europa, Asia, África u Oceanía. Infundiendo miedo, desorganizando la vida, incrementando en México, en el periodo que va de la 4T, el asesinato y desaparición de cada vez más compañeras y compañeros que defienden la vida, investigan y difunden la verdad como Samir. Por eso Samir está en muchas partes, tiene muchos nombres y diferente género, pero con un signo común: la rebeldía.
Que a pesar de la tormenta y con motivo de ella, aquí estamos, la lucha por la vida, la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la tierra.
Por lo que, para crecer más nuestra palabra, nuestro grito, nuestra exigencia de justicia para Samir y para los pueblos de México y del mundo, hoy nos convocamos a encontrarnos a construir justicia y memoria para nuestro hermano Samir Flores Soberanes; registrándose a la fecha las siguientes actividades:
Las familias de personas desaparecidas en Chiapas que integran el colectivo Madres en Resistencia dieron el plazo de un mes a Jesús Jubilian Sarmiento Santos, fiscal Contra la Desaparición Forzada de Personas y la Cometida por Particulares, para que inicie las investigaciones de los casos de desaparecidos, de lo contrario exigirán su renuncia.
Las madres, hermanas e hijas de personas desaparecidas se reunieronel 23 de enero con el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar para el diálogo, que lograron tras un mes de hacer manifestaciones, entre ellas, una huelga de hambre de una semana.
Entre otros temas, cuestionaron al gobernador la permanencia de Jubilian Sarmiento y de Néstor Fabián Mejía Sarmiento en la Fiscalía de Personas Desaparecidas, el último es el policía de investigación a cargo de los casos del colectivo Madres en Resistencia.
“Él [el gobernador] puso cara de asombro. Le dijo a sus asistentes, apúntame los dos nombres, el de Jubilian y de su primo [Néstor]”, sostiene Isabel Torres, madre de Cassandra Arias e integrante del colectivo.
“El gobernador dijo que si Jorge Luis Llaven Abarca [fiscal general]dejó ahí a Jubilian, es por algo. El gobernador nos pidió que le diéramos una oportunidad”, pero la respuesta contundente del colectivo fue, “no queremos a Jubilian”.
Este viernes 7 de febrero 2025, la Corte Suprema de Justicia de Honduras confirmó la sentencia a 30 años de prisión contra Sergio Rodríguez Orellana, uno de los autores del asesinato de la ambientalista lenca Berta Cáceres ocurrido en marzo de 2016.
Rodríguez se desempeñó como gerente ambiental y social de la empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA), la cual buscó imponer el proyecto Agua Zarca, que consistía en una hidroeléctrica en el río Gualcarque, afluente sagrado de la población lenca. El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), el cual coordinaba Cáceres, mantuvo una férrea oposición al proyecto y detuvo su construcción.
En un comunicado tras la difusión de la sentencia, el Copinh sostuvo que Rodríguez es parte de una estructura criminal que aterrorizó a la comunidad lenca de Río Blanco, desde el año 2013, con la intención de imponer la hidroeléctrica Agua Zarca en beneficio económico de la familia Atala Zablah, la mayor promotora de DESA a través de la empresa “Inversiones Las Jacarandas”.
Tras la confirmación de esta sentencia, en total han sido condenadas ocho personas por su participación en el homicidio de Cáceres. Seis de ellas como autores materiales, así como Roberto David Castillo Mejía, en el grado de autoría material intermedia y, ahora, contra Rodríguez Orellana como autor por inducción, es decir, aquél que no comete el delito, pero quien induce o instiga para que sea cometido.
“Su rol, disfrazado de gerente ambiental y social, era el de infiltrar, enemistar y agredir a la comunidad lenca y de vigilar e identificar los liderazgos como objetivo de ataque de la empresa criminal de los Atala”, enfatiza el Copinh, organización que exige sean investigados diversos miembros de la familia Atala involucrados con la promoción del proyecto Agua Zarca.
Al cumplirse cinco meses de la represión ocurrida el 5 de septiembre del 2024, durante la cual manifestantes fueron agredidos por grupos de choque y policías en las alcaldías de Xochimilco y Tlalpan, al sur de la Ciudad de México, este miércoles (5), personas heridas aquel día se presentaron a una audiencia para exigir el desistimiento de la acción penal que, acusan, realizan funcionarios locales para criminalizar la protesta social.
Activistas, estudiantes, periodistas e integrantes de la comunidad Otomí – quienes fueron atacados en dos distintos momentos durante una jornada violenta de casi 12 horas – se presentaron en la Fiscalía de Investigación Territorial de Tlalpan donde se les informó el cierre de las indagatorias en un plazo de, máximo, dos semanas. Esto se debe a que, un día antes, funcionarios de Xochimilco, quienes señalaban a los detenidos por los delitos de resistencia de particulares, motín y lesiones, se presentaron para desistir de las acusaciones penales.
“No hay pruebas suficientes para poder seguir con el proceso”, anunció la joven Otomí Anselma Margarito, quien también fue objeto de agresiones durante el 5 de septiembre pasado, cuando en una jornada en solidaridad con la activista xochimilca Hortensia Flores –también criminalizada-, un grupo de choque atacó violentamente a los manifestantes, mientras los policías se negaron a intervenir y sólo actuaron, posteriomente, para detener a las y los agredidos.
El pasado 13 de febrero del 2024, Representantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, así cómo también, miembros del Congreso Nacional Indígena (CNI), Padres de Ayotzinapa, UPREZ Benito Juárez, entre otras organizaciones solidarias, ofrecieron una conferencia de prensa frente a la Fiscalía General de la República (FGR) en la CDMX. Durante la conferencia se exigió justicia para Samir Flores y se presentó una teoría sobre el caso, la cual expone que:
“Existe una relación entre la célula criminal de “Los Aparicio”, autores materiales del asesinato de Samir, con el CJNG y el Proyecto Integral Morelos (PIM) y a su vez el CJNG con Cuauhtémoc Blanco y Hugo Erik Flores quien fue el operador de López Obrador para imponer la consulta y el PIM en Morelos y quien señaló a Samir de «radical de izquierda» , «que llamó a no votar» , haciendo una supuesta alusión al CNI y los zapatistas.”
Explicación de la teoría:
Durante la conferencia se recordó la historia de lucha de Samir Flores, así como también, los incidentes con representantes del gobierno local y Federal, días antes de su asesinato, mismos que hoy forman parte de la teoría sobre el caso, presentada ante la FGR.
Sobre el estado del Proyecto Integral Morelos (PIM) en Amilcingo:
Palabras de los padres de Ayotzinapa.
Los convocantes a la conferencia también anunciaron las actividades de la Jornada global, e hicieron la invitación a una marcha el próximo el 21 de febrero en la Ciudad de México.
En portada: El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, acompañado del secretario de seguridad, Oscar Aparicio Avendaño, y el fiscal, Jorge Luis Llaven Abarca presentan equipamento táctico destinado a las operaciones del nuevo cuerpo policiaco, conocido popularmente como “pakales”.
Desde entonces las estrategias que coordinan la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) y la Fiscalía General del Estado (FGE) han sido muy difundidas principalmente en medios de comunicación locales.
A la mañana siguiente de la toma de protesta (9 de diciembre) en Tapachula, el gobernador, el comisario, Oscar Aparicio Avendaño, y el fiscal, Jorge Luis Llaven Abarca, dieron el banderazo al arranque operativo de 500 agentes especiales de la FRIP, con capacidades técnicas y tácticas, fuertemente armados, con 200 vehículos, 10 unidades blindadas y dos drones.
El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, acompañado del secretario de seguridad, Oscar Aparicio Avendaño, y el fiscal, Jorge Luis Llaven Abarca presentan equipamento táctico destinado a las operaciones del nuevo cuerpo policiaco, conocido popularmente como “pakales”.
Esta estrategia de seguridad fue definida durante los primeros días de gobierno y, de acuerdo al fiscal, está enfocada en dos puntos: cambiar la percepción de inseguridad junto a las cámaras empresariales, empresarios, líderes de opinión y medios de comunicación; y en segundo combatir la incidencia delictiva de tres delitos: homicidio, robo de vehículo y extorsión o derecho de piso.
Se informó, además, que el presupuesto para la seguridad aumenta mil millones de pesos este 2025. Los argumentos son que los salarios de la FRIP son altos para que los elementos no puedan ser corrompidos e invertirán en inteligencia e investigación; y dieron a conocer que ya cuentan con cuatro helicópteros para patrullajes y ambulancia aérea.
El grupo de élite primero se presentó y realizó acciones en el Soconusco, continuó por la zona Costa y Centro, luego llegó a la Meseta Comiteca, los Altos, la Sierra Mariscal y la Frailesca. Entre otras actividades también patrullan las carreteras y se coordinan con la Policía de Investigación para los operativos Carreteras Seguras y Cero Impunidad, respectivamente.
Habitantes de la Sierra, contactados para este reportaje, manifestaron que el miedo y la incertidumbre continúan porque, aseguraron a Avispa Mídia, que los líderes de los grupos delictivos siguen libres y algunos caminan tranquilos por las calles.
“Muchos tenemos miedo de usar las carreteras o salir porque sabemos dónde tienen a la gente que secuestran, pero ahí no han entrado los Pakales (FRIP). Sabemos que algunos líderes huyeron a Guatemala, siguen sueltos”, dijo Luis, habitante de Frontera Comalapa.
Hace unos días, Óscar Aparicio Avendaño anunció que el trabajo en la frontera continúa y han dialogado con los Kaibiles, el grupo de élite del Ejército de Guatemala, para acordar la vigilancia espejo con el vecino país.
Hasta ahora las acciones en Chiapas han resultado, según informa el gobierno, en el rescate de personas secuestradas; desmantelamiento de cámaras de video vigilancia en las calles propiedad del crimen organizado en, al menos, cuatro municipios; hallazgos de fosas, cateos, decomiso de armas; detenciones de narcomenudistas, policías y de los alcaldes de Frontera Comalapa, Juan Antonio “N”, y de Bellavista, Rosember “N”.
El operativo de Comitán fue uno de los más mediáticos por la detención de 92 policías municipales y de otras 30 personas, el 15 de diciembre de 2024. Casi de inmediato, un total de 45 uniformados fueron ingresados al Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados (CERSS) número 14, así también Santiago “A”, extitular de la Secretaría de Seguridad Pública de Comitán, por delitos de motín, ejercicio ilegal del servicio público y asociación delictuosa.
¿Un equívoco?
Karla Nicol Mejía Sosa, tiene 18 años, es de origen hondureño, cuenta con solicitud de refugio ante Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y fue detenida en los operativos encabezados por la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) y la Fiscalía General del Estado (FGE) en Comitán, el pasado 15 de diciembre de 2024.
Karla Nicol era la encargada de los locales de la pequeña empresa donde labora y, cuando fue detenida, se dirigía a bordo de una motocicleta a la segunda sucursal para retirar las ganancias del día y cerrar.
“Mi sobrina me llamó y me dijo: Tía, ¿qué hago?, me están tirando bala, me arden los ojos. Por qué me están tirando gas, tía ¿qué hago? Le dije agarra la moto y corre para que avances más rápido. Escuché todo, en ese momento mi sobrina dijo: Esa moto es mía. Pero ella pensó que los policías la iban a ayudar y fue ahí cuando ellos la jalonearon porque se escuchó, y le gritaban: ¡Con quién hablas!, ¡a quién llamas!, ¡contesta! Y mi sobrina respondió: ¡No, no ya no hablo, ya no hablo!”, relataron a Avispa Mídia los familiares de Karla Nicol, quienes prefirieron omitir sus nombres.
“La trataron como si fuera delincuente y la detuvieron. Eran hombres, no policías mujeres como según dicen ellos (la FGE). Y quedó la llamada, luego se escuchó al fondo que personas gritaban desesperadas y los policías decían: ¡Todas las motos que vean ahí súbanlas, todas! Luego corté la llamada porque se escuchaba que los andaban revisando y si miraban la llamada la podían a perjudicar más”.
Los familiares narraron que acudieron a la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra en Comitán y la única información que consiguieron es que los detenidos estaban en la Fiscalía General del Estado (FGE), ubicada en Tuxtla Gutiérrez, a 146 kilómetros de distancia.
“Llegamos y nos dijeron que sí estaba en la fiscalía, pero que volviéramos al día siguiente y ahí estuvimos afuera, esperando desde temprano y no nos dieron noticia. Seguimos insistiendo por información y nada”.
Hasta 24 horas después les pidieron que hicieran una fila para recibir información, pues había más personas esperando. Les dijeron que Karla Nicol ya había sido llevada al Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 5 de San Cristóbal de Las Casas, para la primera audiencia.
Operativo de la FRIP Pakal en carreteras de Chiapas
Se trasladaron al penal de los Altos de Chiapas, pero no les permitieron verla. Después de muchas horas les dieron muy poco tiempo para verla y Karla siempre estuvo custodiada. “Solo me dieron tres minutos, pero no pude hablar bien con ella, solo logró decirme que la tratan mal, le repiten que es delincuente y la desnudaron. Es difícil todo el trauma que está viviendo porque ella es inocente”.
“Tenemos dos grabaciones, se ve cuando ella sale del local, se pone su casco acomoda la tara que lleva atrás la moto, se sube y se va. En la siguiente esquina se ve que está platicando con la vecina de otro local y se ve que igual, se va y no lleva nada ni machete ni palos como ellos [la autoridad] dicen”. La familia informó que todas las pruebas fueron presentadas por la defensa en una segunda audiencia sobre el caso, pero que sigue reuniendo evidencias.
Las pertenencias que traía ese día como celular, las llaves de los locales y dinero en efectivo quedó en manos de los policías que la detuvieron.
“Nosotros como familiares buscamos que la desvinculen, porque mi sobrina iba pasando y no es el único caso, pero nosotros estamos enfocados en ella. Las autoridades no nos dan información clara, nos mandan de fiscalía en fiscalía y se lavan las manos. Ahora consideramos que es un tema político, no de justicia”.
La familia aseguró que en la oficina de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en Comitán fueron omisos y se negaron a emitir algún pronunciamiento. “Nosotros no queremos reparación de daño, queremos que dejen en libertad a nuestra sobrina”.
A partir de los operativos que iniciaron el 9 de diciembre de 2024, hasta el 1 de febrero, la FGE de Chiapas dijo aAvispa Mídia que inició 336 carpetas de investigación por narcomenudeo, 181 por robo de vehículo, 144 por homicidio culposo, 74 por homicidio doloso, 26 por extorsión y 85 por ataques a las vías de comunicación, “incluye bloqueos”.
100 días
La inmediatez de las operaciones ha provocado preocupación en organizaciones por las posibles violaciones a los Derechos Humanos.
“No pensamos que en 100 días se puedan dar resultados para poder ordenar un Estado golpeado, olvidado, sumido en la violencia. Es imposible. No hay un plan de gobierno que pueda hacer eso. Para ello es importantísimo el diálogo con las personas víctimas de toda esta violencia. Es una tarea de Estado, de todo gobernante y es transexenal”, precisó Víctor Hugo López Rodríguez, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes (Red TDT), a Avispa Mídia.
Recalcó que la presencia militar, policiaca y, ahora, de los grupos especiales debe ser respetuosa de las garantías individuales de la población. En su trayectoria como defensor ha sido testigo del robustecimiento de las fuerzas públicas en otros Estados, que ha traído como consecuencia violaciones a los Derechos Humanos. “No pueden ser que cuerpos de seguridad de pronto se encarguen o se hagan cargo de delitos comunes o resguardando el orden de la seguridad pública”, dijo López Rodríguez.
El abogado defensor de Derechos Humanos, Federico Anaya Gallardo, consideró que el gobierno anterior dejó una situación de vacío institucional y, ahora, pareciera lo contrario. Pero especificó que esta presencia del Estado debe ser controlada, porque la guerra no es con la sociedad.
Otro punto señalado por el secretario ejecutivo la Red TDT es que el gobierno de Chiapas ha echado mano de todos los recursos mediáticos para difundir cada uno de los resultados obtenidos por los operativos de seguridad y colocó anuncios espectaculares, incluso en las carreteras, con imágenes de agentes de la FRIP.
Propaganda del nuevo cuerpo policial chiapaneco inunda las calles de diferentes ciudades en la entidad al sur de México.
Incremento de violencia
En el último trienio, la Red TDT documentó un incremento de la violencia en Chiapas con graves consecuencias para la población. Para la red, la prioridad es reconocer la dimensión de la emergencia humanitaria y la atención a la población que es desplazada y reclutada forzadamente. Además, el avance substancial en las investigaciones por casos de desaparición, tortura, homicidio y desplazamiento, “es importantísimo”.
Así mismo, la desarticulación de los recursos con los que opera el crimen organizado es fundamental, es decir, identificar cuáles son aquellas fuentes financieras que tienen, pues no solo el aseguramiento de automóviles, cargamento y armas es relevante.
El gobierno federal anunció que parte de esta estrategia de seguridad es de investigación, pero, hasta ahora, la Red no ha identificado la incautación de cuentas bancarias o la detención de personas clave en el tráfico ilícito de sustancias en el país o en Chiapas concretamente.
Para López Rodríguez un cuerpo de élite o de policía no va a representar avances en el sistema de justicia. La mayor exigencia de las organizaciones de Derechos Humanos es la investigación por los crímenes cometidos contra la población civil y, concretamente, contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
Antecedentes
“Es un hombre que goza de mi confianza plena y sus resultados los sentirá el pueblo de Chiapas en los próximos días”, dijo Eduardo Ramírez cuando presentó al secretario de Seguridad, piloto aviador de profesión, según el perfil que difundió el gobierno de Chiapas.
Óscar Alberto Aparicio Avendaño es de Tuxtla Gutiérrez. Tiene formación como francotirador por parte de la Administración de Control de Drogas (DEA) en Estados Unidos; policial en la Procuraduría General de la República (PGR); y de cartografía en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
En 1999 inició su trayectoria en la PGR durante una campaña contra el narcotráfico. En 2007 estuvo en la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua. En 2009 ingresó a la Policía Federal y fue director de Seguridad Pública en Apatzingán, Michoacán. A finales de 2024, Aparicio Avendaño renunció como subsecretario de Operación Policial de la SSP de Zacatecas.
Óscar Alberto Aparicio Avendaño, nuevo director de seguridad pública en Chiapas tiene a su cargo la dirección de la FRIP Pakal.
A principios de diciembre, cuando tomó el cargo como secretario de Seguridad del Pueblo (SSP) anunció la creación de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), una réplica de la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas (FRIZ) que se formó cuando él fungió como subsecretario Operación Policial.
La FRIZ ha sido relacionada públicamente con hechos delictivos que van desde desaparición de personas hasta homicidios. “Aparicio tenía una encomienda muy similar en Zacatecas … entonces la comparación es obligada”, comenta Anaya Gallardo. Para el abogado, la experiencia con el grupo táctico en Zacatecas abre la probabilidad de riesgo de abuso de la fuerza también en Chiapas.
El 3 de diciembre de 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada por los riesgos que puede traer a la estrategia de seguridad a nivel federal el nombramiento de Aparicio Avendaño como secretario de seguridad en un Estado avasallado por la violencia. Ella respondió: “todos tienen que pasar el examen de confianza… tendrían que presentarse pruebas para que pudiéramos actuar”.
Mientras que también persiste la preocupación por los antecedentes del fiscal Jorge Luis Llaven Abarca. La Red TDT, integrada por defensores de todo el país, firmó un documento en el que expresa el desacuerdo, junto a 60 organizaciones y más redes, a su nombramiento al representar un mensaje negativo para las víctimas de represión y tortura de Llaven Abarca.
El fiscal ha tenido una carrera pública extensa, pero también ha sido objeto de críticas y controversias. Como Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana en el gobierno de Manuel Velasco Coello, se documentó el uso excesivo de la fuerza pública, represión a defensores de derechos humanos, detenciones arbitrarias y torturas. Además, ha sido señalado como responsable de tortura y otros tratos inhumanos y degradantes en su cargo en la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada (FECDO).
