San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.
14 de septiembre de 2026
Boletín No. 15

Preocupa el negacionismo frente a la situación de las víctimas del
desplazamiento forzado interno en Chiapas

• Gobierno de Chiapas experto en ocultar la violencia, que persiste en los territorios, en complicidad con la delincuencia organizada

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), tiene documentado, a la fecha, 24,510 víctimas de Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en Chiapas, todas ellas incluidas en la investigación realizada por el Grupo de Trabajo Región Frontera, que se dio a conocer con el informe Chiapas: la Paz Pendiente;¹ y en nuestro balance anual: Chiapas, en la espiral de la violencia armada y criminal.²

En la región fronteriza, particularmente en los municipios de Amatenango de la Frontera, Frontera Comalapa y Chicomuselo, persiste una situación crítica de violencia armada y control territorial por parte de grupos criminales, que ha provocado el desplazamiento de cientos de familias desde 2021 a la fecha. Muchas de estas personas continúan en movilidad forzada, sin acceso a refugios seguros, sin atención humanitaria y expuestas a nuevas agresiones durante su tránsito. La ausencia de una respuesta estatal integral -y la falta de aplicación efectiva de la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno, cuyo reglamento permanece desde 2012 inexplicablemente sin ser promulgado-, agravan la vulnerabilidad de estas comunidades, que continúan sin reconocimiento oficial y sin rutas claras para su protección y eventual retorno.

Estos datos evidencian la magnitud de una problemática que el Gobierno continúa negando, mientras mantiene una respuesta insuficiente y simula atender a las víctimas, sin garantizar de manera efectiva sus derechos, su protección ni las condiciones necesarias para un retorno seguro y digno. Persisten personas en desplazamiento forzado pleno e intermitente, así como comunidades que viven bajo asedio y en constante vulnerabilidad frente a grupos de la delincuencia organizada que operan en complicidad con autoridades municipales, estatales y fuerzas de seguridad federales.

Entre estas se encuentran las Fuerzas de Reacción Inmediata Pakal; la Guardia Estatal bajo las órdenes del Secretario de Seguridad del Pueblo; las Fiscalías Regionales subordinadas al Fiscal General del Estado de Chiapas; así como el Ejército mexicano, bajo mando del Gobierno Federal. Esta articulación de actores armados y autoridades permite la continuidad de la violencia y profundiza la crisis humanitaria que enfrentan las comunidades desplazadas.

Recientemente, hemos documentado la situación de DFI de familias originarias del ejido Nueva Independencia, municipio de Ángel Albino Corzo, quienes fueron desplazadas, entre la segunda mitad de 2024 y principios de 2025, como consecuencia de la violencia desatada en la zona que se intensificó después de la elección del presidente municipal, Manuel de Jesús Moreno Fernández, del Partido Verde Ecologista de México. Testimonios refieren que el presidente municipal estaría brindando protección a un grupo de poder político “Los Robleros”, al que las personas afectadas señalan vínculos directos con agentes de la delincuencia organizada.

Al mismo tiempo recordamos a las víctimas del DFI de Nueva Palestina, municipio de Ocosingo, que, desde diciembre de 2021 a la fecha, se encuentran en la misma condición, sin recibir una atención humanitaria emergente adecuada y sin acceso efectivo a la justicia; lo que evidencia la falta de una respuesta integral y oportuna por parte de las autoridades para atender y garantizar sus derechos.

También el desplazamiento forzado del pueblo Maya Lacandón, ocurrido el 13 de septiembre de 2023, en la comunidad Lacanjá Chansayab, ubicada dentro del perímetro de los Bienes Comunales de la Zona Lacandona, municipio de Ocosingo. A tres años de estos hechos, las personas defensoras del territorio continúan en condición de desplazamiento, despojadas de sus viviendas, su territorio y patrimonio comunitario.

De manera particularmente grave, las autoridades se niegan a reconocer su condición de personas en situación de DFI y las reclasifican como personas en situación de vulnerabilidad. Esta actuación invisibiliza la violencia que provocó su desplazamiento, desconoce las obligaciones del Estado frente a las víctimas y obstaculiza el acceso a las medidas de atención, protección, reparación y restitución de sus derechos.

De esta manera, se encuentran en condición de DFI personas originarias de Tzanembolom, municipio de Chenalhó, quienes se vieron obligadas, en el primer semestre del 2024, a abandonar su lugar de origen debido a su negativa a incorporarse y colaborar con el grupo denominado “Los Herreras”. A la fecha, estas familias permanecen enfrentando condiciones de vulnerabilidad y sin que se hayan generado las coyunturas necesarias para garantizar un retorno seguro, digno y con garantías de no repetición.

Recordamos, por último, el evento de DFI ocurrido en febrero de 2026, en el ejido Jotolá, Chilón, Chiapas, cuyas víctimas son integrantes del Congreso Nacional Indígena, quienes llevan poco más de siete meses enfrentado esta grave crisis.

Debido a esta situación, nos preocupan las declaraciones del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, quien afirma que en Chiapas ya no existe desplazamiento forzado, que el 95% de las personas desplazadas han retornado y que quienes no quieren, no lo han hecho porque ya han decidido vivir en otro lugar. Esta afirmación presenta el desplazamiento como si se tratara de una libre elección de las personas, invisibilizando las condiciones y causas de la violencia, inseguridad y falta de garantías.

Nos inquieta, además, la actitud del Gobierno y la tergiversación de la realidad con el propósito de responder a un interés político, al proyectar la imagen de un estado en paz, tranquilo y sin graves problemas de violencia. Sin embargo, los datos con los que cuenta el Frayba y, sobre todo, los testimonios de las personas sobrevivientes muestran una realidad que va en sentido contrario.

Es lamentable y sumamente grave reducir una situación de violaciones graves a los derechos humanos, como el desplazamiento forzado, a un simple porcentaje, como si las múltiples afectaciones que acompañan estos hechos pudieran registrarse únicamente en tablas y cifras. El desplazamiento forzado implica, entre otras consecuencias, la pérdida del territorio, de los bienes, de los medios de subsistencia, de los vínculos comunitarios, afectando principalmente a las mujeres, las infancias y las personas adultas mayores; además representa la interrupción abrupta de proyectos de vida. Esta falta de sensibilidad resulta aún más grave cuando proviene de un Gobierno que se autodefine como humanista.

Recordamos al Gobierno que el Estado mexicano ha firmado y ratificado instrumentos regionales e internacionales de carácter vinculante, y que cuenta con una Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno que, hasta la fecha, permanece inaplicada. A ello se suma la deliberada acción de no promulgar el reglamento interno necesario para hacer efectiva dicha ley. En lugar de cumplir con este marco jurídico y garantizar su aplicación, se pretende promulgar, de manera inoficiosa, una nueva ley.

Por ello, desde el Frayba, hacemos un llamado urgente a las autoridades para que atiendan de manera integral las situaciones de DFI, garanticen una atención adecuada y oportuna a las personas afectadas y generen las condiciones necesarias para que puedan regresar a sus hogares de manera segura, digna y con pleno respeto a sus derechos humanos.

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1 Grupo de Trabajo Región Frontera. (2025). Chiapas: la paz pendiente. Frayba. https://frayba.org.mx/

2 Frayba. (2025). Chiapas, en la espiral de la violencia armada y criminal: Entre el caos gubernamental, la delincuencia organizada y los caminos de la lucha y resistencia. https://frayba.org.mx/