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El caso de Alberto Patishtán: La masacre de Simojovel
Caso Alberto Patishtán
Masacre de Simojovel
Crónica de una matanza de policías (casi) olvidada
Siete uniformados fueron emboscados y asesinados el 12 de junio de 2000
Se acusó al EPR, a paramilitares y a zapatistas
Una semana después se detuvo al profesor Alberto Patishtán
El indígena Salvador López fue culpado también por la PGJE
Un anciano camina por las calles del municipio El Bosque, en Chiapas, de donde es originario el profesor Alberto Patishtán GómezFoto Moysés Zúñiga Santiago
Hermann Bellinghausen
Enviado
Periódico La Jornada
Sábado 23 de marzo de 2013, p. 2
Sábado 23 de marzo de 2013, p. 2
San Cristóbal de las Casas, Chis. 22 de marzo.
La notoriedad alcanzada por la lucha de Alberto Patishtán Gómez para conseguir su libertad ha impedido que el crimen que dio origen a su personal desgracia de 12 años en prisión (y 48 más que le faltan, según su sentencia) fuera olvidado, lo cual de seguro contraría a muchas autoridades, al menos estatales, desde 2000 hasta el presente, tras cuatro gobernadores de, literalmente, todos los partidos. ¿Qué sucedió la mañana del 12 de junio de 2000 en el paraje Las Lagunas de Las Limas, Simojovel? ¿Cuál pudo ser el móvil de los perpetradores? ¿Qué estaba sucediendo ahí por esos días?
El asesinato de siete policías –el comandante estatal Francisco Pérez Morales, cinco agentes bajo sus órdenes y el comandante municipal de El Bosque, Alejandro Pérez Cruz–, representaba un hecho de enorme gravedad. Hoy tal vez nos hemos acostumbrado a noticias de ese calibre, pero en ese entonces, incluso para el Chiapas militarizado y paramilitarizado, resultaba extraordinario. Ocupó por supuesto todos los titulares periodísticos del día siguiente.
En tres semanas más se celebrarían los comicios en los que el PRI habría de perder la Presidencia, y en agosto la gubernatura. El presidente Ernesto Zedillo, histórica y personalmente involucrado con el desarrollo de la guerra contra los indígenas de Chiapas, en general, y de los de El Bosque, en particular, se disponía a visitar la entidad el martes 13 para inaugurar una carretera en la selva Lacandona, pero suspendió la gira. El candidato priísta a gobernador, Sami David, hizo lo propio. El Ejército federal envió centenares de efectivos, ocupó el lugar de la emboscada, la cabecera municipal, los caminos, e incursionó enseguida en las comunidades zapatistas. Sin embargo, la primera hipótesis de la Secretaría de la Defensa Nacional fue que podía tratarse de una célula del Ejército Popular Revolucionario (EPR)
(La Jornada 13/06/2000), algo que sorprendió pues ni entonces, ni nunca, éste tuvo presencia en la zona.
Más creíble pareció la hipótesis, el mismo día, de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), esa sí con presencia histórica en la región: pudieron ser paramilitares del Mira
(aunque visto en perspectiva, el grupo paramilitar en El Bosque, temible y letal, era conocido como Los Plátanos por el nombre de la comunidad donde se asentaban, junto con policías judiciales, desde donde habían salido el 10 de junio de 1998 para participar en la masacre de zapatistas en Unión Progreso; en Los Plátanos, este reportero presenció, meses antes de la emboscada, una quema mediática
de plantíos de mariguana con la pretensión, a la postre fallida, de culpar al EZLN).
La policía federal habló inicialmente de narcotraficantes; no era ningún secreto el trasiego de mariguana procedente de Huitiupán.
La masacre fue un lunes. El sábado previo los zapatistas habían conmemorado el segundo aniversario de la ocurrida en Unión Progreso y Chavajeval y el encarcelamiento de las autoridades autónomas de San Juan de la Libertad. Diego Cadenas, entonces joven abogado del Frayba, declaró a La Jornada el día de la emboscada que ese 10 de junio, cuando viajaba a Unión Progreso para participar en los actos religiosos por el segundo aniversario de la masacre de 1998, en los retenes militares de Puerto Caté y San Andrés Larráinzar los militares le dijeron que estaban suspendidas las garantías individuales
. No era sí.
Dos días después, un comando de entre 10 y 15 individuos, con parapetos construidos y armas de alto poder, emboscó eficazmente la pick up verde oscuro en que se trasladaban, procedentes de Simojovel, ocho policías y el chofer oficial del ayuntamiento de El Bosque, menor de edad e hijo del alcalde Manuel Gómez Ruiz. Gravemente heridos, el joven Rosemberg Gómez Pérez, quien conducía el vehículo con los dos comandantes en la cabina, y el agente de Seguridad Pública Belisario Gómez Pérez en la góndola con sus compañeros de corporación, habrían sido dados por muertos por los atacantes, y al sobrevivir devendrían los únicos testigos presenciales.
La Jornada informaba también que en lo que iba de 2000, esta era la octava emboscada
; los ataques ya habían dejado 20 muertos y un número igual de lesionados. Los policías caídos en Las Lagunas fueron Francisco Escobar Sánchez, Rodolfo Gómez Domínguez, Guadalupe Margarito Rodríguez Félix, Arbey Vázquez Gómez y Francisco Pérez Mendoza. Dos de ellos todavía hoy son recordados por sendas cruces de cemento en la curva donde fueron acribillados. Se contaron 85 impactos de AK-47 y R-15.
El EZLN se deslinda e investiga
Al día siguiente de la emboscada, el Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del EZLN se pronunció con un breve comunicado: “De acuerdo con los datos, el ataque fue realizado con tácticas de narcotraficantes, paramilitares o militares. El uso del llamado ‘tiro de gracia’ es recurrente en estos grupos armados. El ataque se realizó en una zona saturada de tropas gubernamentales (Ejército y policía), en la que es muy difícil que se pueda movilizar un grupo armado sin ser detectado y sin la complicidad de las autoridades. El grupo atacante contaba con información privilegiada sobre los movimientos y número de personas emboscadas. Dicha información sólo podría ser obtenida por gente del gobierno o cercana a él”.
La comandancia rebelde señalaba: “El EZLN está investigando para esclarecer la identidad y motivos del grupo atacante. Todo apunta a que fueron del gobierno (o con el auspicio gubernamental) las personas que realizaron la agresión, ya que así tendrían el pretexto para aumentar la militarización en Chiapas, y para justificar el ataque a comunidades zapatistas o al EZLN. Es de notar que este hecho refuerza el clima de inestabilidad con el que amenaza el candidato oficial si no gana.
Franca provocación o no, el hecho violento es ya un argumento para aumentar la presencia militar en todo el estado, incluso en zonas muy alejadas del lugar de la agresión
, añade el comunicado (13/6/2000), detallando que en las últimas horas se han reforzado aún más los cuarteles federales de Guadalupe Tepeyac, en Las Margaritas; Cuxuljá, en Ocosingo; Caté, en El Bosque, y las cabeceras municipales de Simojovel y El Bosque. Así mismo se ha incrementado el número de aeronaves artilladas y de sus sobrevuelos en las zonas Altos, selva y norte
. Y finalmente, el EZLN se deslinda de este acto y hace un llamado a la opinión pública para que no se deje engañar
.
La captura de Patishtán
No obstante, el gobierno estatal de Roberto Albores Guillén, a través de su procurador Eduardo Montoya Liévano, impulsó enseguida la hipótesis de que los atacantes pudieron ser zapatistas, en presunta venganza por la masacre contra ellos ordenada por el propio Albores Guillén dos años atrás, aunque tambien reconoce que pudieron ser asaltantes
. El convoy atacado, se dijo, patrullaba para combatir gavilleros
.
Alberto Patishtán Gómez durante una revisión médica en el Hospital de La Vida, en septiembre de 2012. El profesor indígena se encuentra preso en el penal número 5 de San Cristóbal de las CasasFoto Moysés Zúñiga Santiago
El senador Carlos Payán Velver, miembro de la Cocopa, propuso que la instancia legislativa viajara a la entidad, pues la situación era grave y crítica
. El diputado Gilberto López y Rivas, también de la Cocopa, señaló que aquello tenía visos de una provocación de los paramilitares que se fomentan desde el gobierno mismo del estado
(La Jornada 14/6/2000).
En la misma fecha, Víctor Manuel Pérez López, dirigente de la CIOAC, reveló que el gobierno de Chiapas armó y financió en 1997 a disidentes del Partido del Trabajo
para combatir al fugaz gobierno municipal de dicho partido y la CIOAC. Cualquiera en la zona sabe quiénes son
, dijo, y que una vez cumplido el objetivo
de devolver al PRI la alcaldía, estos se dedicaron al asalto y el narcotráfico
. Actúan, añadió, en completa impunidad, en pleno día, aun cuando militares y policías realizan patrullajes frecuentes
.
Para entonces, en dos emboscadas previas, habían sido asesinadas cuatro personas, según la CIOAC bases zapatistas
. El 13 de enero, en el camino a Chavajeval, fue asesinado Martín Sánchez Hernández por encapuchados fuertemente armados, y luego, el primero de febrero, Rodolfo Gómez Ruiz, Lorenzo Pérez Hernández y Martín Gómez. Todos tzotziles.
Diputados del PRD y el PAN acusaron de negligencia al secretario de Gobierno Mario Lescieur Talavera, y dijeron que la emboscada serviría de pretexto para el arribo de más elementos de la Policía Federal Preventiva. Los tanques, helicópteros y artillería del Ejército federal ya habían llegado.
El episodio se salía de cauce. Urgía un control de daños. El gobierno creyó lograrlo, así que el presidente Zedillo pudo viajar el 19 de junio a Marqués de Comillas para inaugurar su carretera. Ese mismo día, en la cabecera municipal de El Bosque, el Ejército y la PFP capturaron, sin mostrar orden de aprehensión, al maestro Alberto Patishtán Gómez. Un grupo de pobladores, identificados como miembros del PRI, visiblemente conmocionados
(La Jornada, 20/6/2000), solicitaron la intervención del Congreso estatal, sostuvieron que el detenido era inocente, se deslindaron de los hechos violentos del 12 de junio
, y argumentaron no estar armados ni pertenecer a ningún grupo paramilitar. No les hicieron caso, antes bien los amenazaron.
Patishtán permaneció un mes ilegalmente arraigado
en el hotel Safari de Tuxtla Gutiérrez. Sus familiares, amigos y correligionarios ocuparon la presidencia municipal y demandaron la liberación del profesor. Ni siquiera su propio partido los respaldó. Y no sólo eso. El entonces diputado priísta Ramiro Miceli Maza, compadre del alcalde, o sea padrino de bautizo del joven Rosemberg, resultó pieza clave para amedrentarlos e inculpar al maestro y líder comunitario, quien terminó encarcelado en el penal de Cerro Hueco.
También aquel 19 de junio, al pronunciarse respecto a los inminentes comicios del 3 de julio de 2000, el subcomandante Marcos escribió: “Mientras tanto, acá estamos temblando. Y no porque el ‘croquetas’ Albores haya contratado al Alazraki para que le ‘levante’ su imagen (probablemente Albores ya busca chamba en la promoción de alimento para perros), ni por los seiscientos mil dólares que le va a pagar (con dinero destinado originalmente a ‘resolver las condiciones de pobreza y marginación de los indígenas chiapanecos’, Zedillo dixit). Tampoco por los ladridos del ‘cachorro’ Montoya Liévano (más que ahora está nervioso porque ya se está descubriendo que fueron sus ‘muchachos’ –es decir, sus paramilitares– los responsables del ataque a la Seguridad Pública en El Bosque, el pasado 12 de junio). No, estamos temblando porque estamos empapados por la lluvia. Y es que, entre helicópteros y tormentas, no encuentra uno buen techo”.
Ahora contra los zapatistas
El 10 de julio siguiente, pasados los comicios federales, un mes después de la emboscada, la policía estatal detuvo en Bochil a dos bases de apoyo del EZLN residentes de Unión Progreso, acusándolos de participar en el crimen. Ello, aunque la Procuraduría General de la República sostenía que los atacantes habían sido un grupo de priístas disidentes, entre ellos Patishtán; estos cruzaban acusaciones con el alcalde Manuel Gómez Pérez, a quien impugnaban desde meses atrás por su escandalosa corrupción.
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) tenía sus propias líneas de investigación. Recurriendo a la policía destacada en Los Plátanos, que sabe de eso, las autoridades sembraron magras evidencias de delito en dos indígenas de Unión Progreso
(La Jornada, 15/7/2000). Uno de ellos, Salvador López González, torturado e interrogado sin traductor, firmó una declaración inculpatoria ad hoc y fue encarcelado. En prisión se encontró con su coacusado: Patishtán. Sin conocerse siquiera, ambos cargaron con todo el peso de la emboscada.
La Jornada informó desde Unión Progreso: “El destacamento policiaco que detuvo a los zapatistas ha tenido a la vista, durante largo tiempo, los cultivos de mariguana que hay en Los Plátanos. La violencia interna en esa población, controlada por un conocido grupo paramilitar, ha servido siempre de pretexto para acusar y atacar a los vecinos zapatistas. Según el representante de Unión Progreso, ‘nos acusan de lo que ellos hacen’. El Ejército federal ha ingresado a Los Plátanos para destruir estos plantíos, los únicos detectados en la región. Al menos en dos ocasiones, aunque sin detenidos”.
Salvador y su hermano Manuel fueron agarrados
el 10 de julio; sus familiares declararon: Los de Seguridad Pública (SP) los golpearon, descalzaron y desnudaron, y dejaron inconciente a Salvador
. Con los detenidos se encontraban un niño (que lloraba mucho
) y un adolescente, quienes vinieron a avisar que a los compañeros se los habían llevado
.
Como los captores no eran de Bochil sino de El Bosque, alquilaron la cárcel un rato
. Enseguida los detenidos fueron remitidos a Cerro Hueco. Los de la SP les pusieron un puñito de mariguana y un puñito de bala
y les robaron 28 cajas de refrescos. Manuel sería pronto liberado.
Exactamente un mes atrás, el 10 de junio, horas antes de la matanza de policías, la SP acantonada en Los Plátanos interceptó una camioneta de Unión Progreso. El chofer era el mismo Salvador. Lo interrogaron sobre una lista de nombres. Desde entonces querían culpar a los compañeros
, declaró un representante de su comunidad: No sabemos cuántos están en la lista. A lo mejor estamos acusados todos
. (Curiosamente, casi con las mismas palabras habían expresado su respectivo temor los correligionarios de Patishtán cuando éste fue detenido).
Con dos chivos expiatorios tan disímbolos como Alberto y Salvador, el caso comenzaba a ser resuelto
, o al menos olvidado por los medios nacionales.
Informe Frayba: Entre la política sistémica y las alternativas de vida
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
19 de marzo de 2013
Boletín de prensa No. 07
Entre la política sistémica y las alternativas de vida
Informe sobre la situación de los derechos humanos en Chiapas durante los gobiernos federal y estatal 2006-2012
Este Centro de Derechos Humanos presenta “Entre la política sistémica y las alternativas de vida, Informe sobre la situación de los derechos humanos en Chiapas durante los gobiernos, federal y estatal 2006-2012”.
Desde las tareas cotidianas de documentación, durante el período, corroboramos que el sexenio pasado se caracterizó por dar continuidad y profundizar de manera sistemática, violaciones a los derechos humanos en contra de la población en el territorio nacional.
En primer término, se destaca: las violaciones a los derechos humanos hacia la población civil en general, con el argumento y en nombre de la seguridad, utilizando mecanismos de control territorial a través de la militarización del país; la tortura como método de investigación y destrucción de la persona; el aumento desbordado de las personas desaparecidas forzadamente; el incremento de los feminicidios y asesinatos que se suman a la larga lista de casos en impunidad.
En segundo término: las acciones represivas en contras de las comunidades y pueblos que resisten y reivindican derechos específicos, en particular las agresiones al territorio de las Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN), como continuidad de la estrategia contrainsurgente implementada por el gobierno mexicano.
De lo anterior, también podemos sostener que en el sexenio que concluyó, la brecha entre los derechos reconocidos a los pueblos indígenas y el ejercicio y práctica de éstos, fue cada vez más amplia.
Así mismo en el informe presentamos que en la disputa por el territorio la legalidad del despojo territorial de los pueblos indígenas ha seguido su marcha, a través de proyectos neoliberales que contemplan elementos de seguridad nacional y protección a la inversión de empresas ligadas a los gobiernos que tienen intereses en estos territorios de gran riqueza natural.
La libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos se siguen realizando en un contexto de guerra: La criminalización de la protesta social y la persecución a los líderes sociales, por un lado; el acoso y persecución a las defensoras y defensores de los derechos humanos, por el otro. Esto nos habla de un Estado represor con métodos de control social al pueblo organizado.
El conflicto armado interno en Chiapas se caracterizó, en este sexenio por la continua y amplia presencia militar, sobre todo en las comunidades indígenas en la zona de influencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. La estrategia contrainsurgente implementada va desde la confrontación directa hasta la implementación de proyectos sociales en conjunto con algunas agencias de las Naciones Unidas en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
La estrategia se ha afinado, se ha adecuado a las nuevas situaciones, se ha deslizado hacia nuevas tácticas de la guerra integral de desgaste; ha utilizado los argumentos con un lenguaje en pro de los derechos humanos, con énfasis en los derechos colectivos de los pueblos indígenas y de un discurso de respeto a las comunidades autónomas y a las Juntas de Buen Gobierno; discursos falsos y vacíos de contenido, ya que en el fondo está la intención de acallar y controlar, apropiarse de sus argumentos y recursos, dividiendo y provocando enfrentamientos en las comunidades.
Estos énfasis de violaciones a los derechos humanos que hacemos patente continúan con el gobierno en el poder del Partido Revolucionario Institucional, que por antonomasia se ha caracterizado por ser represivo, demagógico y controlador de la vida de los ciudadanos, copta a medios masivos y a cualquier otro grupo que quiera hacer sombra al sistema de gobierno.
Ante estos tiempos adversos las comunidades, los pueblos, las y los sobrevivientes de violaciones a los derechos humanos, encuentran nuevas fuerzas, nuevas energías de esperanza para continuar con la exigencia de justicia.
Como respuesta a este contexto de impunidad las personas se organizan desde la memoria y en construcción dealternativas que reinventan buenas y nuevas formas de vida en la defensa y ejercicio efectivo de sus derechos como pueblos.
Las comunidades y pueblos en resistencia, continúan en la defensa de sus territorios, su marco de derechos son los Acuerdos de San Andrés y demás leyes y costumbres emanadas desde la autonomía, los cuales se han ampliado en la construcción de su Gobierno alternativo y ejemplar. un buen gobierno: justicia, salud y educación acorde con sus necesidades, una producción con respeto a la vida, la naturaleza y una democracia directa y radical.
Acá el informe completo:
Informe Frayba “Entre la política sistémica y las alternativas de vida” by Frayba Derechos Humanos
