Ciudad de México, 20/03/2017.- Ayer en la noche mientras se realizaba el cierre del tercer encuentro de medios libres y radios comunitarias en el municipio de Asunción Nochixtlan, una suburban abrió fuego frente al domicilio del compañero Felipe Montesinos, integrante del Comité de Víctimas por Verdad y Justicia 19 de junio Nochixtlán (COVIC). En una entrevista realizada por el medio libre Surco Informativo Montesinos refirió que las intimidaciones son el resultado de que el comité continúe unido como grupo para denunciar los crimenes de lesa humanidad del 19 de Junio del 2016 .

EL día 5 de Marzo, Santigo Ambrosio, presidente del (COVIC)  y el profesor Felipe Montesinos Sánchez, sufrieron un fuerte atentado en el trayecto de Nochixtlán y la comunidad de La Cumbre. Aproximadamente a siete kilómetros de Nochixtlán, de la oscuridad salió una persona que comenzó a hacer disparos con un arma de alto calibre, del lado derecho entraron dos tiros por el parabrisas, otros dos del lado derechos a la altura de la puerta, hiriendo a profesor Santiago Ambrosio en la pierna derecha.

Ponencia del COMITÉ DE VICTIMAS POR JUSTICIA Y VERDAD 19 DE JUNIO (COVIC) de Nochixtlán Oaxaca sobre la Criminalización de la protesta social durante el XIII Congreso Ordinario estatal de la CNTE (vía NoticiasdeabajoML):

>>Para iniciar, agradezco la oportunidad que me han brindado los delegados efectivos y delegados fraternos asistentes a este XIII CONGRESO ORDINARIO ESTATAL DE LA CNTE.

Ante la violación sistemática de los derechos humanos en nuestro país, por lo menos en los últimos años, estaríamos en presencia de la comisión de crímenes contra la humanidad o crímenes de lesa humanidad. Al respecto, conforme al Estatuto de la corte internacional de julio de 1998, por crimen contra la humanidad, o crimen de lesa humanidad, se clasifican diferentes tipos de actos inhumanos graves cuando reúnan dos requisitos: “la comisión como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, y con conocimiento de dicho ataque”.

El referente más actual, son los numerosos casos de tortura, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales en el contexto de seguridad pública vigente que han sido denunciados por las ONGs como casos sistemáticos; la administración de justicia y derechos humanos tiene indicadores que generan muchísima preocupación; el reconocimiento de estos delitos cometidos en México, deben entenderse desde ahora como “crímenes de lesa humanidad” en una perspectiva del derecho penal internacional.

Ataques como los que vivió la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) en el 2006, con las consecuencias fatales que sufrieron sus simpatizantes, como lo registra el informe de la Comisión de la Verdad de Oaxaca, 10 años después de los hechos del conflicto. Los casos más recientes de los presos políticos de la organizaciones sociales y magisteriales en Oaxaca, que suman un total de 67 , así como la Masacre por la policía de 11 pobladores en Nochixtlán, Oax., el 19 de junio del 2016, ilustran que hay violencia sistemática contra los pueblos y los trabajadores.

La actual política de seguridad interior es el mecanismo principal de contención social, cuyo objetivo es combatir y abatir “delincuentes”, partiendo de la criminalización de la protesta social, dándole una salida policiaco militar a la protestas de las organizaciones sociales y de planes contrainsurgentes, creando un andamiaje de planes criminales, represivos, con las consabidas atrocidades como en Tlatlaya y Ayotzinapa, de las cuales se desprenden según el discurso oficial problemas de seguridad nacional. Así con campañas de odio, filtraciones de contra información hacia los maestros democráticos de la CNTE y de las organizaciones sociales, han diseñado análisis de riesgos y supuestas vinculaciones de estas con la guerrilla en nuestro país.

Dicho esquema contrainsurgente bajo la operación del CISEN, puso en funcionamiento la Operación “Pinza de Oro” desde las oficinas del círculo más cercano de la Presidencia de la Republica, anunciado en forma reveladora por Raymundo Riva Palacio (Eje Central, 10 de julio de 2015). En su análisis la “CNTE: La larga noche” describe las debilidades de una de las reformas estructurales más importantes como lo es la educativa; señala “una incapacidad de gestión”, por una incorrecta y “despilfarrada” política de negocios con la CNTE y que debía cancelar esa mala política; de esta operación cuasi criminal del gobierno federal existen pruebas irrefutables que demostrarían su responsabilidad en los hechos que fueron escalando hasta las consecuencias asesinas de la masacre de Nochixtlan.

Las Victimas de Nochixtlan han manifestado su dolor por la sangre de los hermanos Mixtecos caídos, de centenares de heridos, golpeados, torturados y ejecutados cobardemente por las balas asesinas de las policías racistas, también el ataque indiscriminado a la colonia 20 de noviembre y a los niños y sus madres, como si se tratare de fuerzas beligerantes en conflicto como respuesta al “Operativo Oaxaca”, es publica la responsabilidad de dicho ataque, en este ataque el gobierno no vio población civil en resistencia y movilización pacífica que, pedía y exigía dialogo, dialogo con los maestros apoyados en los padres de familia de las escuelas. Porque no lo entendieron, era solo una exigencia de dialogo público, pero tomaron la decisión criminal no solo de desbloquear las vías carreteras sino de atacar a la población en su conjunto.

El Plan criminal empezó a las 6:40 am., ese día fatal y sangriento 19 de junio, para la historia de los de abajo, de los siempre derrotados, de los que hacen la historia, de nuestros pueblos. Lo que sucedió fue una extensión autoritaria de hace 10 años. Este plan criminal empezó desde antes de la ofensiva represiva, hay pruebas para derrotar las mentiras y falsificaciones de los hechos, las pruebas que se expondrán y estamos seguros que haremos morder el polvo a su verdad histórica oficial; los primeros embates con las fuerzas federales y las fuerza especiales de la Gendarmería, empezó el día 13 de junio, cuando pretendieron desalojar la barricada de Nochixtlán, fueron rechazadas por los pueblos y no por gente extraña ajena al movimiento o por infiltrados de organizaciones sociales, no es así, no es así, las pruebas son públicas y hay cientos de testimoniales que así lo atestiguan, porque insiste el gobierno federal y estatal, la PGR y sus “informes de inteligencia”, en construir su versión oficial, tratando con ello de librar la responsabilidad del gobierno local y federal.

Con un plan poco inteligente, comenzó una semana antes del 19 de junio, el plan de ataque orquestado en el “operativo Oaxaca” con la orden del Estado mexicano, de lanzar una ofensiva total sobre el movimiento popular en Oaxaca. El Gobierno Peñista, entra en acción, inicia el pase de revista a su policía criminal, “856 elementos entrenados y capacitados para matar” (hombres-arma), los informes oficiales, así lo han señalado en la Línea de tiempo de los hechos; los mandos contabilizaron a los uniformados y movilizaron a grupos paramilitares, procesaron sus informes de inteligencia con su muy tristes resultados; los armaron hasta los dientes, dispusieron de equipo logístico, camiones, camionetas y helicópteros, y calcularon la cuota de sangre y el número de vidas que tendrían que arrebatarle al magisterio y a los pueblos mixtecos que habitan en esa región, con la orden de “mátelos en caliente” y así dar un verdadero ejemplo autoritario, un escarmiento de terror fascista ante los pueblos de México y el mundo.

Esta batalla que empezó a temprana hora de la mañana y que duró más de 8 horas, con ofensivas y repliegues, ante según ellos una turba radical de mixtecos huarachudos, los cuerpos represivos, mediante maniobras militares criminales, con equipo terrestre y aéreo, se lanzaron sobre los maestros y pobladores que, desde distintos rincones de la mixteca oaxaqueña, Huajuapan de León, Tlaxiaco y municipios circunvecinos en el Distrito, llegaron a apoyar y en valiente batalla campal, se impidió el paso de las fuerzas federales, con un lamentable saldo de 8 ejecuciones extrajudiciales, 150 heridos de bala, torturados y 27 detenciones arbitrarias de personas que se encontraban en el panteón municipal, centenares de lastimados y golpeados, con un total abuso de autoridad, delitos del fuero común y federal, actos que constituyen violaciones graves a Derechos Humanos. Las agresiones de Nochixtlán, en pocas horas se convirtió en un polvorín nacional, para esa coyuntura, en el punto de quiebre de la correlación de fuerzas entre el Estado y el movimiento magisterial y popular, según la Comisión Permanente del Congreso en su informe sostienen que, “…es equívoco que el domingo 19 de junio ambos bandos participantes (policías y población civil) recurrieron al uso de la violencia”, (pág. 148, inf. Citado), con falsos testimonios, califican de manera temeraria y simple como violencia, nosotros decimos contundentemente, la población no ataco y tampoco agredió, solo se defendió tanto su dignidad como la vida, a pesar de la sangre derramada, se logró impedir el paso de las fuerzas del Estado.

Los diputados y senadores integrantes de Comisión Permanente del Congreso de la Unión, insisten que se investigue a seis organizaciones sociales y a los padres de familia de las escuelas, así como, a las comunidades indígenas que no son ajenos al magisterio; por ello es demasiado temerario e irresponsable solicitar“…que investigue la presencia de al menos 6 grupos ajenos al magisterio que se señala en diversos testimonios que ese día tuvieron presencia en Nochixtlán y que podrían haber participado activamente en hechos graves de violencia”, en el desalojo se encontraron y confrontaron fuerzas desiguales, por un lado el pueblo con mantas, carteles, con palos y piedras y, por el otro el gobierno y sus agentes, la policía federal y estatal, con armas de alto poder, franco tiradores, helicópteros desde donde policías dispararon balas y gases lacrimógenos contra población civil. La presencia de las fuerzas policiacas, es decir, quedo evidenciado que las autoridades no solo excedieron el uso de la fuerza de manera irracional con consecuencias fatales, por ende el gobierno actuó contrario a su responsabilidad de proteger a la comunidad.

Criminalizar al movimiento social de Oaxaca, no es una ocurrencia, la tendencia mediática han pretendido hacernos responsables de esta acción criminal y de imponer su verdad histórica oficial; criminalizando a las víctimas de la masacre, además a las organizaciones sociales, al señalar que “…Deben agotarse todas las líneas de investigación que permitan perseguir y someter ante la autoridad jurisdiccional a los responsables de los delitos relacionados con los hechos de Nochixtlán, entre ellos: Daño en propiedad ajena, ataques a las vías generales de comunicación, robo, privación ilegal de la libertad, lesiones, resistencia de particulares, violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y homicidio” (pág. 149, inf. De la Comisión permanente).

Es clara el método de la SEGOB y PGR de fraccionar en 29 carpetas de investigación, 11 por homicidio y más de 97 carpetas revictimizando a las verdaderas víctimas, en su teoría del caso oficial, de la masacre de Nochixtlan, individualizando la presunta responsabilidad y evadir con su verdad histórica la responsabilidad del Estado mexicano. Sin embargo, dicen las víctimas, somos los sobrevivientes del artero y fallido plan criminal ejecutado por el Estado Mexicano y daremos testimonio directo, porque nos asiste la verdad y como consecuencia los asesinos deben de ir a la cárcel, pues esas ejecuciones y delitos no son solo del orden federal o local, si no también son delitos del Orden Penal Internacional por ser de Lesa Humanidad.

Por estos posibles delitos de corte internacional, normados por el Estatuto de Roma, su observancia seria como dicen los juristas “una buena técnica contra la impunidad”, que no sería más que proteger, respetar y salvaguardar los derechos humanos, con ello se estaría evitando que haya impunidad de los crímenes internacionales que configuren en estos hechos.

Nuestra insistencia en el tema es contribuir, con la información y los testimonios de las víctimas. Ya que la lógica de los hechos impone la necesidad vital de esclarecer la Orden General de Operaciones; la División de Gendarmería de la Policía Federal según, recibió una llamada desde la Mesa de Coordinación que se conformaba por la Policía Federal, la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Oaxaca y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, en la que se les instruyó dar auxilio y rescatar a los integrantes de Policía Federal, Estatal y Ministerial que se encontraban realizando el “Operativo Oaxaca”, a las afueras de Asunción Nochixtlán. Asimismo, lo relativo al momento preciso en que se escucharon las primeras detonaciones de arma de fuego y, quienes son los responsables en la cadena de mando, de dar la Orden de Matar.

Acudiremos como Victimas ante la jurisdicción internacional, ya que en estos hechos criminales, concurren los elementos que configuran un delito de trascendencia internacional, son aquellos que se comenten contra de la población civil de manera generalizado y sistemático; y quienes comentan el delito tengan conocimiento del ataque, es decir, que se haya planeado con anticipación la manera en que se cometería el ilícito penal, además, que ese ataque causa un grave perjuicio en contra de la población. La procedencia de nuestra apelación estará afianzada en los elementos fundamentales de Imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, en la exigencia del derecho a la verdad, en las normas imperativas de ius cogens, en las garantías de no repetición y en la reparación a la víctimas.

Nos acogeríamos a un juicio internacional, tomando como base el principio de complementariedad que está regulado en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, dicho principio se refiere a que el Estado parte tiene el derecho y la obligación de juzgar a los nacionales que cometen delitos de lesa humanidad de acuerdo a su legislación, tal como lo explica el Lic. Edgar Eduardo Téllez Padrón, en su artículo, (…)“los crímenes que establece el (ESTATUTO DE ROMA) ya forman parte de la legislación nacional y los jueces tienen la facultad de aplicar directamente este tratado si se comenten algunos de los crímenes establecidos , (…) si en el país se cometiera un crimen de lesa humanidad, sin importar que lo realizara una persona civil o un integrante del Ejército, el caso debería ser juzgado por un tribunal penal federal del fuero civil autorizado para conocer de las controversias de orden criminal o de cumplimiento de los tratados internacionales, de acuerdo con el artículo 104 de la Constitución. (…) la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece en su artículo 50 que los jueces federales penales conocerán de los delitos del orden federal previstos en las leyes federales y en los tratados internacionales”. (Revista Defensor, Núm. 07, julio 2011).

Con los elementos que contamos, iniciaremos nuestro juicio en ejercicio de la competencia del ESTATUTO DE ROMA, en una línea de conducta que implique la comisión múltiple de los actos a que se refiere el párrafo 1 del artículo 7 del Estatuto contra una población civil. En caso de que el Estado Mexicano no lo haga, ya sea por falta de disposición o por falta de capacidad, tiene el derecho la CPI de juzgar a los responsables por la comisión de los mismos. La CPI se encuentra revestida de un carácter de complementariedad, el cual hace que su competencia pueda anteponerse a la jurisdicción de un tribunal nacional, en aquellos casos establecidos por la falta de voluntad del Estado para investigar o procesar a los agentes del estado o funcionarios gubernamentales responsables.

Los agentes del Estado implicados en la masacre de Nochixtlan, planificaron y calcularon todo su actuar, prepararon su masacre hasta en sus últimos detalles, hasta para impedir los servicios médicos para los heridos tanto maestros como población civil, ( como en un escenario de guerra civil o en un estado de conflicto interno con suspensión de garantías constitucionales), todo fue previsto; sin embargo, hay una cosa que no considero el Estado que, los pueblos acudirían a sumarse a esta gran batalla popular para impedir a toda costa el paso de los criminales y evitar que la masacre se extendiera más, por el territorio oaxaqueño, haciendo uso de la legítima defensa y de la violencia popular como un legítimo recurso humano de autodefensa de las masas populares; la legitima defensa es humana y es legal . Así ocurrió, y con el objetivo de esclarecer los hechos, castigar a los presuntos culpables, la reparación de daños a las víctimas y la no repetición. Ensimismo, las premisas de la verdad que tienen que ver con las investigaciones imparciales que se deben de realizar de manera profesional y, en el marco de los estándares internacionales de derechos humanos. ¿Pero cómo el Estado Mexicano garantizara estos estándares Internacionales? Si no preservaron de manera debida las providencias esenciales del debido proceso que son resguardar la cadena de custodia del lugar de los hechos.

Al entrar en vigor el nuevo Sistema Penal Acusatorio de corte adversarial, las autoridades de procuración y administración de Justicia deben estar preparadas para llevar a cabo una serie de acciones; tales como garantizar la autenticidad de los indicios o elementos probatorios, mediante registros que demuestren la continuidad y trazabilidad de la cadena de custodia, sin embargo, todos ellos fueron borrados de la escena de la represión y no se levantaron evidencias, como fue público por peritos de la Fiscalía Estatal del Estado de Oaxaca. ¿Cómo darían cumplimiento a lo dispuesto al artículo 277 del Código Nacional d Procedimientos Penales y al Acuerdo A/009/15, de la Procuraduría General de la República?, en los cuales se establecen las directrices que deberán observar los servidores públicos que intervengan en materia de cadena de custodia, tal como lo hace notar la Comisión Permanente del Congreso “…que la preservación del lugar de los hechos, previo a la cadena de custodia, y que inicia con el arribo del primer respondiente, incluye la evaluación inicial, la protección del lugar y la administración del sitio, y finaliza con su liberación una vez agotados los trabajos de investigación”. (pag.118, inf. Citado). Si días después, limpiaron y manipularon el lugar de los hechos, sembrando, además, evidencias para construir el inicio de su verdad histórica oficial y desvirtuar totalmente el destino manifiesto de la investigación y el deslinde de responsabilidades.

Termino diciendo, la justicia tardía no es justicia… Hasta hoy no han avanzado las investigaciones ni en lo más mínimo, por parte de la PGR.

Asunción Nochixtlan, Oaxaca a 18 de Marzo del año 2017.

Por: Niñx Salvaje/Trabajo colectivo desde la batukada feminista de Oaxaca

Con el sonido de los tambores, al ritmo de las consignas, en bicicleta, moto, coche o de pie, las mujeres de Oaxaca nos organizamos este 8 de Marzo para salir a las calles y gritar ¡YA NO TENEMOS MIEDO!

Teniendo como ruta diferentes espacios en donde nuestra presencia es una amenaza tan grande que se hace necesaria una estrategia de producción de miedo para la sumisión y la obediencia; espacios que nos amenazan física y verbalmente, con la intención de mantenernos ausentes. Por ello hemos decidido ocuparlos, salir y retumbar Oaxaca, en donde no nos quieren, ahí estaremos.

El Tule, en donde hace apenas 6 meses, dos compañeras sobrevivientes fueron violadas por el conductor de un Taxi Foráneo y un cómplice más. Por ello, prendimos Fuego. “Taxi foráneo del Tule, quemado por Feministas exigiendo transporte seguro”; titular que pudo enmarcar el mensaje dado a todos aquellos que observaron el taxi, hecho de cartón, que ardía mientras gritábamos: Esto les pasará a todos los que continúen violentándonos, NINGUNA AGRESIÓN SIN RESPUESTA.

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Comunidades de Oaxaca solicitan amparo ante la llegada de megaproyectos eólicos

Por Ricardo Ortíz

CDMX 21/03/2017. La Articulación de Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño en Defensa del Territorio (APOYO), anunció la intromisión de una nueva serie de megaproyectos que afectarán a diversos pueblos y organizaciones sociales, Binnizá, Ikoots, Mixes, Chontales y Zoques del Istmo de Tehuantepec.

Así mismo, denunciaron que las transnacionales de empresas eólicas y mineras, han ocasionado una serie de despojos impulsados desde el Gobierno Federal, lo cual ha detonado conflictos comunitarios y territoriales en la zona, por lo que señalaron, se ha decidido crear “organización” bajo el principio por la defensa de la vida, la tierra y el territorio.

El pasado 16 de marzo, se presentó un amparo colectivo, donde estuvieron presentes pobladores de los pueblos indígenas de los municipios de Chahuites, Ciudad Ixtepec, Juchitán, San Blas Atempa, San Francisco Del Mar, San Francisco Ixhuatan, San Mateo Del Mar, Santa María Xadani, Tapanatepec, Tehuantepec y Zanatepec; donde ante el Juzgado Sexto de Distrito de Salina Cruz, se interpuso un amparo regional.

Dicho amparo constata, que tiene como objetivo el proteger los derechos de los pueblos indígenas del Istmo de Tehuantepec, respecto de la infraestructura que se pretende construir en sus territorios sin consulta previa y sin obtener su consentimiento libre, previo e informado ante la nueva etapa de instalación de parques eólicos en las distintas regiones.

Pobladores han señalado que dicho megaproyecto desconoce la existencia de los pueblos indígenas de la región en la que se pretende instalar la infraestructura, “en consecuencia, el Estado pretende evitar la garantía de todos los derechos reconocidos a nivel nacional e internacional en materia de pueblos indígenas”.

“Desde hace varios años hemos visto como se han impuesto en nuestras comunidades parques eólicos que han afectado seriamente nuestra vida, cultura y bienes naturales vulnerando nuestro tejido comunitario, ahora el Gobierno Federal ha autorizado la construcción de infraestructura para una segunda fase de expansión eólica en el Istmo que será un adicional de 3,683 MW, lo cual implicaría triplicar la capacidad de generación eólica actualmente instalada en la región que son 2192 MW, con alrededor de 1900 aerogeneradores en 22 parques eólicos”.

Afirmaron que la segunda fase eólica está llegando de manera impuesta con promesas de desarrollo y crecimiento, sin embargo, denunciaron que “los resultados reales que se han visto en más de 10 años de presencia son el acaparamiento de tierras de miles de hectáreas, los altos niveles de pobreza, aumento de la desigualdad y marginalidad, falta de fuentes de trabajo, disminución de la producción agrícola e incremento del crimen organizado”.

“La migración de familias enteras de la población campesina de comunidades de Oaxaca ha ido en aumento, además, se han observado impactos en la desecación de los suelos, los aceites que riegan las turbinas contaminan los suelo, el agua, y el mar; las luces y el ruido de los aerogeneradores afectan la pesca y la salud de las personas que se encuentran en contacto permanente con los aerogeneradores”, puntualizaron.

Finalmente, denunciaron que la segunda fase de desarrollo eólico es “la punta de lanza de las Zonas Económicas Especiales, que se caracteriza por tener leyes y reglamentos muy específicos que violan los derechos individuales y colectivos de las comunidades, donde solo benefician las empresas privadas y la validación de una política económica de despojo”.

A LOS PUEBLOS, COMUNIDADES, ORGANIZACIONES Y PERSONAS DEL ESTADO DE MORELOS Y SUS CERCANÍAS:

La palabra de los pueblos hizo retemblar la tierra, convocada/invocada por vientos del sureste. Las voces de la tierra hablan, preguntan, crean. Quienes queremos escuchar y acompañar, nos preguntamos también a nuestro modo. Sabemos que en las preguntas compartidas se bordan horizontes, caminos, en el paisaje del silencio. Para entrecruzar los colores de esos hilos caminados y por caminar, es que invitamos a este ENCUENTRO-DISCUSIÓN EN TORNO A LA PROPUESTA POLÍTICA DEL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA respecto a la formación de un Concejo Indígena de Gobierno para nuestro país, y la propuesta de una Vocera Indígena que lo represente en la coyuntura política de 2018.

¿Qué significa para nosotr@s, para el país y más allá, en nuestro contexto histórico y en los tiempos que corren? ¿Cómo dimensionamos las tareas, en una perspectiva histórica y de largo plazo? ¿En qué condiciones toca hacerlo?

Es para explorar en conjunto esas y otras preguntas, que estamos convocando, hermanas, hermanos, hermanxs, a reunirnos en un conversatorio que además es HOMENAJE AL GENERAL EMILIANO ZAPATA SALAZAR EN SU 98 ANIVERSARIO LUCTUOSO, y conmemoración del CENTENARIO DEL MAYOR FÉLIX SERDÁN NÁJERA, Hermano Mayor, gran caminador y preguntón, compañero, guía y ejemplo.

La cita es en el Instituto Cultural Rubén Jaramillo, domicilio conocido en la Colonia Azuchilera, en Tehuixtla, Morelos, los días 8 y 9 de abril de 2017, a partir de las 10 horas del sábado 8. L@s organizador@s proveeremos alimentación y hospedaje en caso necesario, y desde luego será bienvenido el itacate y/o aportaciones para la “compartición”, y la previsión de llevar sleeping bags, colchonetas, cobijas etc., para reforzar la logística.

La agenda de discusión es abierta a partir de las preguntas expresadas arriba, y la organización pormenorizada del conversatorio se implementará al iniciarse el mismo.

Favor de confirmar asistencia detalladamente al correo encuentromayorfelix@gmail.com

Vaya y vuele este avioncito de papel amate, con el viento rebelde, abriendo grietas de abajo y a la izquierda.

Invitan Fraternalmente:

FAMILIARES DEL MAYOR HONORARIO FÉLIX SERDÁN NÁJERA

INSTITUTO CULTURAL RUBÉN JARAMILLO

Tehuixtla, Morelos; marzo de 2017.

EN EJIDO SAN SEBASTIAN BACHAJON ADERENTES A LA SEXTA DECLARACION DE LA SELVA LACANDONA. CHIAPAS, MEXICO. A 18 MARZO 2016.

A la Comandancia General Comité Clandestino Revolucionario Indígena del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

A las Juntas de Buen Gobierno

Al Congreso Nacional Indígena

A l@s compañer@s adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona de México y el Mundo

A los medios de comunicación masivos e alternativos

A la Red contra la Represión y por la Solidaridad

Al Movimiento de Justicia por el Barrio de Nueva York

A los defensores de derechos humanos nacional e internacional

Al pueblo de México y el mundo

Jmololabex ants winiketik icha spatil a wotanik ta pisilik machatik nokol skoltabel te lum kinalik te yuun ta skuenta te nokol spojbel te chopol ajwalil.

Compañeros y compañeras, reciban nuestros saludos combativos de parte de los adherentes a la Sexta Declaración del ejido San Sebastián Bachajón, Chiapas.

En este medio compartimos con ustedes y damos a conocer la libertad de nuestro compañero adherente a la sexta que salió libre el día 16 de marzo del presente año, nuestro compañero Emilio Jiménez Gómez que se encontraba preso en Playas de Catazaja, Chiapas (CERSS #17) hoy en día ya se encuentra con sus familiares y en medio de todos nosotros, a pesar de que se vulneraron sus derechos aun así estuvo años en prisión, secuestrado por el mal gobierno dentro de un muro, hasta hoy obtiene su libertad.

En nuestras voces exigiendo su libertad y las voces de otras organizaciones, quienes participaron, apoyaron, creyeron y lucharon con nosotros por cambiar el mundo, el futuro de nuestros hijos.

Estamos resistiendo y luchando juntos para decir ya basta, para demostrar que no somos cómplices de un sistema que encarcela al pobre, donde por alzar la voz somos atacados, somos mandados a la cárcel, por no querer ser partícipes de un negocio corrupto, al que vende nuestras tierras a empresas privaras para hacerse millonario, por eso estamos construyendo nuestra autonomía, solidarizándose en el camino de la lucha para que nadie nos juzgue y ni sean juzgados, siempre buscando un futuro en libertad.

Vamos a seguir luchando y le decimos a este gobierno capitalista represor que no tenemos miedo, nunca vamos a agachar la cabeza, nunca vamos a callarnos, ni hoy ni mañana vamos a dejar de exigir libertad a nuestros compañeros que aún están secuestrados por el estado, Esteban Gómez Jiménez preso en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, (CERSS #5) y Santiago Moreno Pérez, preso en Playas de Catazaja, Chiapas (CERSS #17) que fueron detenidos de manera arbitraria, por el hecho de defender nuestros recursos naturales, por tener el compromiso de luchar en contra de las malas acciones del mal gobierno, eso fue el delito que cometieron, por alzar la voz y defender la vida y el territorio

Nuestra lucha lo vamos a mantener en pie, no vamos a rendirnos porque el camino a la justicia para el pueblo es larga y más que nunca hoy necesitamos fortalecer nuestra solidaridad y nuestras luchas.

Desde la zona norte del estado de Chiapas las mujeres y hombres de San Sebastián Bachajón enviamos saludos combativos a todos los compañeros y compañeras, comunidades y pueblos de México y del mundo que están en la lucha y resistencia contra los malos gobernantes.

Nunca más un México sin nosotros

Tierra y libertad

¡Zapata vive!

¡Hasta la victoria siempre!

Presos políticos ¡libertad!

¡Juan Vázquez guzmán vive, la lucha de Bachajón sigue!

¡Juan Carlos Gómez Silvano vive, la lucha de Bachajón sigue!

¡No al despojo de los territorios indígenas!

¡Fuera los policías estatales de nuestro territorio indígena!

¡Presentación inmediata a los compañeros desaparecidos y asesinados de la Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa!

¡Viva la digna lucha de los compañeros y compañeras choles del ejido tila!

Viva la digna lucha de los compañeros y compañeras de San Francisco Xochicuautla!

¡Vivan los pueblos que luchan por su autonomía y libertad!

¡JUSTICIA PARA NUESTRO COMPAÑERO JUAN VAZQUEZ GUZMAN, AYOTZINAPA, ACTEAL, ABC, ATENCO!

Traduzione italiano
Deutsch Übersetzung
Tradução em portugês
English translation

EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL.
MÉXICO

Marzo del 2017.

A la Sexta en el mundo:

Compas:

Pues como les habíamos dicho que íbamos a ver el modo de apoyarles a ustedes para que, a su vez, apoyen la resistencia y la rebeldía de quienes son perseguidos y separados por muros, pues ya tenemos un pequeño avance.

Ya está lista la primera tonelada de café zapatista para la campaña “Frente a los muros del Capital: la resistencia, la rebeldía, la solidaridad y el apoyo de abajo y a la izquierda”.

Es café 100 % zapatista.  Cultivado en tierras zapatistas por manos zapatistas; cosechado por zapatistas; secado bajo el sol zapatista; molido en máquina zapatista; el molino zapatista se descompuso por culpa de zapatistas; fue arreglado por zapatistas (era un balero no zapatista); luego empaquetado por zapatistas, etiquetado por zapatistas y transportado por zapatistas.

Esta primera tonelada se consiguió con la participación de los 5 caracoles, con sus Juntas de Buen Gobierno, sus MAREZ y los colectivos de las comunidades, y ya se encuentra en el CIDECI-UniTierra de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México rebelde.

Este café zapatista sabe más sabroso si se toma luchando.  Aquí les ponemos un pequeño video que hicieron los Tercios Compas donde se mira el proceso: desde el cafetal, hasta la bodega.

También ya estamos clasificando y empacando las obras con las que participaron l@s zapatistas en el pasado CompArte, mismas que también les mandaremos para apoyar sus actividades.

Esperamos que podremos entregar en el evento de abril para que ya se vaya moviendo todo eso a los diferentes rincones del mundo donde hay Sexta, es decir, donde hay resistencia y rebeldía.

Esperamos que con este primer apoyo puedan iniciar o continuar su trabajo de apoyo a tod@s l@s perseguid@s y discriminad@s del mundo.

Tal vez ustedes se pregunten cómo es que va a llegar eso hasta sus rincones.  Pues de la misma forma en que se produjo, es decir, organizándose.

O sea que se les pide que se organicen no sólo para eso, también y sobre todo para hacer actividades de apoyo a toda esa gente que hoy se encuentra perseguida simplemente por tener un color de piel, una cultura, una creencia, un origen, una historia, una vida.

Y no es todo por ahora: recuerden siempre que hay que resistir, hay que rebelarse, hay que luchar, hay que organizarse.

Ah, y preguntamos cómo se dice esto que queremos decir, pero de modo que lo entienda ése:

¡Fuck Trump!

(y de una vez los demás también –o sea los Peña Nieto, Macri, Temer, Rajoy, Putin, Merkel, May, Le Pen, Berlusconi, Jinping, Netanyahu, al-Ásad, y ahí agréguenle como se llame o se vaya a llamar el muro que haya que derribar, de modo que todos los muros reciban el mensaje-).

(O sea que es la primera de varias toneladas y la primera de varias mentadas -que no son de menta-).

Desde las montañas del Sureste Mexicano.

Subcomandante Insurgente Moisés.
Subcomandante Insurgente Galeano.

México, marzo del 2017.

El video de los tercios compas que acompaña el comunicado. Con la canción “Somos sur”, letra y música de Ana Tijoux, acompaña Shadia Mansour.

Señor Presidente, Jimmy Morales Cabrera:

Quienes suscribimos la presente, mujeres y hombres Defensores de Derechos Humanos, expresamos al Pueblo de Guatemala nuestras condolencias por los graves acontecimientos ocurridos el pasado 8 de marzo en el Hogar Seguro “Virgen de la Asunción”, ubicado en el Municipio de San José Pinula, Departamento de Guatemala.

Desde recién sucedidos los trágicos hechos hemos estado recibiendo información a través de personas, organizaciones y comunidades de Guatemala sobre la negligente actuación de las autoridades a su cargo que han incumplido con las obligaciones derivadas de las Leyes nacionales y el Derecho Internacional.

Una de estas graves omisiones fue no atender de manera diligente la sentencia del Juzgado Sexto de Niñez y Adolescencia del Área Metropolitana que, en Diciembre del año pasado, condenó al Estado de Guatemala por graves violaciones a derechos humanos, mismas que distintas dependencias estatales documentaron,

haciendo visible y denunciando las precarias condiciones del albergue, malos tratos, abuso sexual, actos de tortura, privación de la libertad, así como la probable operación de una red de trata de personas que explotaba a niñas y jóvenes menores de edad en complicidad con funcionarios a cargo del Hogar Seguro.

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Manifiesto Seguridad sin guerra

• México necesita autoridades civiles capaces de solucionar la crisis de inseguridad y violencia.
• Es indispensable regular a las Fuerzas Armadas. Una Ley de seguridad interior no es la vía adecuada.
• Imprescindible trazar un plan de regreso escalonado de las Fuerzas Armadas a sus cuarteles y un programa de profesionalización policial.

Las tareas de seguridad pública no son propias de la autoridad militar. Así lo han expresado múltiples organismos nacionales e internacionales, expertos en la materia y el propio Secretario de la Defensa. Así también lo ordena la Constitución. Sin embargo, la realidad es que las Fuerzas Armadas (FFAA) mexicanas llevan años auxiliando a las autoridades civiles en labores de seguridad pública y, especialmente, desde hace 10 esta participación se ha vuelto más común y menos auxiliar, siendo en ocasiones éstas las únicas con capacidad de realizar las labores que corresponden a la autoridad civil.

En este contexto, se ha planteado la necesidad de dar a las FFAA un marco legal para definir los alcances de su participación en las tareas de seguridad pública. Coincidimos en que es indispensable regular a las Fuerzas Armadas. Sin embargo, no creemos que una Ley de seguridad interior sea una vía que dé certidumbre a las Fuerzas Amadas ni a la ciudadanía. Se trata de una respuesta que no atiende los problemas que han llevado a que las FFAA hoy sean las únicas capaces de proveer seguridad a la ciudadanía. La propuesta de ley tampoco toma en cuenta los efectos negativos que ha tenido la actual estrategia de seguridad militarizada.

La crisis de la violencia y de violaciones a los derechos humanos en México no cede. Los homicidios violentos están nuevamente en crecimiento en el promedio nacional. La propuesta de crear una Ley de seguridad interior a fin de regularizar la intervención militar en tareas de seguridad pública y de procuración de justicia no es la solución a estos problemas. La evidencia demuestra que el despliegue militar no ha reducido la violencia y sí, en cambio ha desgastado a las Fuerzas Armadas en tareas que no les corresponden constitucionalmente y para las que no están preparados, tal como lo ha reconocido el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional.

México necesita autoridades civiles capaces de solucionar la crisis de inseguridad y violencia. Antes que una Ley de seguridad interior, se requiere construir policías confiables y capacidad preventiva por parte de las autoridades civiles. Para ello, es indispensable trazar un plan de regreso escalonado de las Fuerzas Armadas a sus cuarteles y un programa de profesionalización policial que en verdad logre instituciones policiales eficaces y confiables. El anterior presidente Felipe Calderón y el actual presidente Enrique Peña así lo han ofrecido. Ambos han incumplido.

El concepto de  seguridad interior es poco claro. Confunde las funciones –y tareas- de seguridad nacional y de seguridad pública. Las propuestas de Ley en la materia proponen un régimen de excepción en el que se violentan los derechos de libre tránsito, debido proceso, presunción de inocencia entre otros, a la vez que no presenta ninguna ruta para enmendar esta situación. Se trata de un régimen incompatible con la Constitución y que deja además sin escuchar las voces de las víctimas que ha dejado la actual estrategia de seguridad.

La Ley de seguridad interior no es el mejor ni el único camino en la actual encrucijada.  Como colectivo proponemos:

1. Promulgar la Ley reglamentaria del artículo 29 constitucional, mismo que prevé las bases para decretar la suspensión temporal de garantías. En esta ley se debe:

• Incluir fuertes contrapesos del poder legislativo y judicial.
• Fijar objetivos precisos así como límites de tiempo, claros e improrrogables.
• Incluir mecanismos de responsabilidad económica y política para los gobiernos locales que se declaren incapaces de cumplir con su mandato constitucional de proveer seguridad pública.
• Considerar un modelo de controles múltiples en terreno que permitan la supervisión de las operaciones y la revisión en periodos cortos por parte del propio Congreso, tales como la integración de comisiones adhoc que soliciten información y realicen inspecciones en los lugares donde se desplieguen las FFAA.

2. Las intervenciones de las Fuerzas Armadas en estos operativos deben ir aparejadas con una normatividad de uso de la fuerza, armamento y rendición de cuentas, apropiada para las tareas de seguridad pública.

3. Crear una comisión plural de trabajo entre representantes del Ejecutivo Federal, del Congreso de la Unión, de la academia, de las víctimas de la violencia a lo largo de estos diez años de seguridad militarizada, y de la sociedad civil organizada que construya el consenso que soporte esta ley reglamentaria, con base en diagnósticos y evidencia empírica.

4. Construir en el seno de la misma comisión un plan de regreso de los militares a los cuarteles, sujeto a condiciones y estándares precisos de contención y reducción de la violencia a manos de autoridades civiles competentes y confiables. El plan puede ser incluido en los artículos transitorios de la ley reglamentaria referida.

5. El plan de regreso debe incluir el diseño de un perfil de competencias profesionales y de herramientas de supervisión sobre las tareas de policía y de investigación que actualmente desempeñan las autoridades militares, así como mecanismos anticorrupción en todas las instancias de seguridad.

6. Igualmente, esta comisión debe diseñar los ajustes necesarios al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) para forzarlo a cumplir con la profesionalización policial, sujeto a plazos y establecer consecuencias ante el incumplimiento.

7. El plan debe considerar que se restablezca una instancia de coordinación para la consolidación del sistema de justicia penal acusatorio, estableciendo un programa coherente y consistente de combate a la impunidad.

8. Se debe asegurar una supervisión independiente, imparcial y expedita de las violaciones a los derechos fundamentales.

No se debe normalizar la excepción, sino hacer frente a la emergencia y corregir las fallas que existen de fondo. La Ley de seguridad interior es el síntoma extremo de un paradigma de seguridad que fracasó. Esto es constatable con la alta proporción de víctimas de todo tipo de delitos y violaciones graves a los derechos humanos, la extendida percepción de inseguridad, la sub denuncia desproporcionada y la masiva desconfianza social hacia las instituciones que la deberían proteger. El despliegue militar afecta cada vez más a las propias autoridades militares, cuyos estándares de uso máximo de la fuerza no son propios de las tareas policiales y de investigación de delitos. Es hora de cambiar la ruta para lograr una seguridad sin guerra.

Ciudad de México a 12 de marzo de 2017

 #SeguridadSinGuerra

Alan García Huitrón, Alberto Athié. Aleida Calleja, Alejandra Nuño, Alejandro Anaya, Alejandro Madrazo, Ana Lorena Delgadillo, Alma Gómez Caballero, Álvaro Santos, Ana Lidia Murillo Camacho, Angélica Nadurille Álvarez, Antonio Cervantes Guerrero, Carlos Antonio Flores Pérez, Carlos Cruz Santiago, Carlos Fazio, Carlos Ventura Callejas, Carolina Pimentel, Carolina Robledo Silvestre, Catalina Pérez Correa, Cecilia Bárcenas, Celina Izquierdo Sánchez, Clara Jusidman, Claudia Janette Soto, Consuelo Morales, Cuba Flores. Cynthia Salazar, Cinthia Eslava Montiel, Dafne Estefanía Gómez, Daniel Gershenson, David Fernández Dávalos, Deborah Ruíz Verduzco, Denise Dresser, Diana Paola Olvera Feregrino, Diego Enrique Osorno, Edgar Cortez, Eduardo Gallo, Elena Azaola Garrido, Eliana García, Enrique González Ruiz, Enrique Pasta Muñuzuri, Ernesto López Portillo, Erika Llanos Hernández, Eurídice Román De Dios. Fernando Belaunzarán, Fernando Ríos Martínez, Francisco Saucedo Pérez, Guadalupe Aguilar, Helena Varela Guinot, Imelda Marrufo, Irma Rosa Martínez Arellano, Isabel Mejía Echarri, Jacobo Dayán, Javier Sicilia, Jesús Mendoza Zaragoza, Jesús Robles Maloof, Jorge Fernández Mendiburu, Jorge Fernández Souza, Jorge González de León, Jorge Javier Romero Vadillo, José Carlos Bustamante Luna, José Luis Caballero, José Salcido, Julián Mejía Berdeja, Julio Mata. Julio Ríos, Karina Ansolabehere, Layda Negrete, Leticia Gutiérrez Valderrama, Leticia Vázquez, Lisa Sánchez, Lucha Castro, Lucia Baca Baca, Luis Daniel Vázquez Valencia, Luis F. Fernández, Luis González Plascencia, Maite Azuela, Mara Hernández, Margarita Espino del Castillo, Margarita López, María Guadalupe Morfín Otero, Mariana Bernárdez, Mariclaire Acosta, Mario Saucedo Pérez, May-ek Querales Mendoza, Miguel Álvarez Gándara, Miguel Barrera, Miguel Concha Malo, Miguel Sarre Iñiguez, Nasheli Ramírez, Norma González Benítez, Olga Noriega, Pablo Girault, Pablo Reyna Esteves, Pablo Romo Cedano, Paulina Vega, Pilar Noriega García, Quetzalcoatl G. Fontanot, Ramón Gracida Gómez, Roberto Hernández, Rocío Culebro, Rogelio Gómez Hermosillo, Santiago Aguirre, Samia Cruz Rivera, Sarah Aguilar, Séverine Durin, Silvano Cantú Martínez, Silvia Eslava Montiel, Teresa Carmona Lobo, Vanesa González-Rizzo. Yolanda Tello Mondragón.

 Organizaciones

Asociación Sinaloense de Universitarias, AC
Albergue Tochán
Causa en Común, A. C.
Cauce Ciudadano AC
Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, A.C. (Guerrero)
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A. C.
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, A. C. (Chiapas)
Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A.C
Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi A. C. (Coahuila)
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. A. C.
Centro de Derechos Humanos Paso del Norte A. C.
Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios A. C.
Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, A. C.
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A. C.
Colectiva Ciudad y Género, A. C.
Colectivo Colibrí
Colectivo Ni Una Menos. Cancún
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH)
Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo
Comité Solidario y Derechos Humanos Monseñor Romero
Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad (Oaxaca)
Dirección de Programas de Incidencia de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México
Enjambre Digital
Espacio libre independiente Marabunta
Familiares en Búsqueda María Herrera
Familiares en Búsqueda María Herrera-Xalapa
Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México
Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (FUNDEM)
Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD)
Indignación, A. C.
Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ. Universidad Iberoamericana Puebla
Instituto de Justicia Procesal Penal, AC
Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB)
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A. C. (IMDHD)
Instituto para la Seguridad y la Democracia, (Insyde)
Justicia para Nuestras Hijas, A. C.
La Alameda Morelos
Laboratorio de Innovación para la Paz
México Unido contra la Delincuencia A.C.
Mi Ciudad Mx
Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad
Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
Participando por México A.C.
Plataforma Internacional contra la Impunidad (Guatemala)
Programa de Asuntos Migratorios (PRAMI) de la Universidad Iberoamericana CDMX
Programa de Atención a Víctimas de la Universidad Autónoma de Morelos
Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana CDMX
Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz, ITESO (Guadalajara)
Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez
Red retoño
Red Solidaria Década Contra la Impunidad AC
Regresando a Casa Morelos, A. C.
Renacer Lagunero
Ririki Intervención Social
Scalabrinianas Misión con Migrantes y Refugiado, SMR
Sicsal México (Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con América Latina)
Unidos por los Desaparecidos en Baja California
Uniendo Cristales
Desaparecidos Justicia A.C.

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 80 organizaciones en 21 estados de la República mexicana):

Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México), Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristóbal de las Casas, Chiapas).