A los Pueblos Originarios de México
A la Sociedad Civil de México y del Mundo
A la Sexta Nacional e Internacional
A los Medios Libres de Comunicación

Hermanas y hermanos:

Las familias, barrios, tribus, naciones y pueblos originarios agrupados en el Congreso Nacional Indígena (CNI) denunciamos el allanamiento y robo perpetrado en la casa de Guadalupe Núñez Salaza, quien es concejal de la Costa de Chiapas ante el Concejo Indígena de Gobierno (CIG).

El 2 de octubre, siendo las 4:00 am, personas desconocidas se introdujeron en el domicilio de la compañera Guadalupe Núñez Salaza (ubicado en la Calle 1º de Mayo núm. 73 de la Colonia Evolución en la ciudad de Tonalá, Chiapas), de donde hurtaron dinero, aparatos electrónicos y documentos oficiales. Todos estos hecho se registran durante la etapa de apoyo que los concejales del CIG despliegan en las comunidades afectadas por el terremoto del 7 de septiembre de 2017, así como de la entrega de ayuda humanitaria, de la reconstrucción de viviendas y del proceso organizativo del Concejo Indígena de Gobierno.

Ante este contexto, los pueblos indígenas del CNI exigimos se desarrolle una investigación a fondo, para con ello dar cuenta tanto de los responsables directos de los hechos, así como de mostrar cómo estos mecanismos buscan intimidar a las personas, los pueblos y las luchas de resistencia. Es así como los pueblos exigimos verdad y justicia. De igual forma, señalamos que estos hechos representan una amenaza para la compañera Guadalupe Núñez Salaza y su familia, así como para los integrantes del Frente Cívico Tonalteco y del Concejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas, ante lo cual llamamos a los organismos de derechos humanos a estar atento sobre próximos actos intimidatorios.

Exigimos respeto ante el proceso organizativo que desde el Concejo Indígena de Gobierno se viene desarrollando por diversas regiones de México. Les recordamos que se llegó la hora del florecimiento de nuestros pueblos, por tanto les informamos que seguiremos construyendo la resistencia, la rebeldía y la autonomía desde abajo y a la izquierda, junto a los explotados de México y el mundo.

Nunca Más un México Sin Nosotros
Congreso Nacional Indígena
Concejo Indígena de Gobierno

2 de Octubre 2017: Reconstrucción nacional con dignidad y soberanía

Por Elis Monroy

Apenas a dos semanas del terremoto del 19 de septiembre, llegó el 2 de octubre, y con esta fecha, la necesidad de recordar que no podemos olvidar.

La marcha que conmemoró los 49 años de la matanza estudiantil perpetrada en Tlatelolco bajo las órdenes del entonces presidente priísta Gustavo Díaz Ordaz hoy era precedida por el lema «Reconstrucción nacional con dignidad y soberanía».

Si bien, después de la matanza de cientos de estudiantes en 1968 era necesaria una reconstrucción nacional, hoy este lema alude también a la reconstrucción de casas, escuelas, hospitales y vidas que se han venido abajo o se han quedado enclenques debido a los sismos ocurridos en varios estados de la república en las últimas semanas.

Igual que hace casi 50 años, el reclamo por una reconstrucción nacional no podría darse por completo sin exigir que ésta contemple dignidad y soberanía. Pues, como entonces, los intereses de la clase política, tan ajenos a la solidaridad que se evidenció durante los desastres, buscan tapar su ineptitud y responsabilidad, esta vez no con la desaparición de los cuerpos de estudiantes, sino maquillando las grietas, mintiendo, dando falsos diagnósticos, robando y desviando las donaciones y acopios. Lo que sí se repite es la desinformación, la aparente y conveniente incapacidad de investigar y dar a conocer las cifras de lxs entonces asesinadxs y lxs hoy muertxs y afectadxs por los sismos. Por otra parte, la reconstrucción que hoy se impone, favorece a las inmobiliarias y empresas privadas, haciendo a un lado una vez más a la estorbosa autodeterminación del territorio, de la vida en comunidad, que inminentemente vendrían acompañadas de la organización colectiva, de las exigencias y del desconocimiento del mal gobierno.

Desde la Plaza de las Tres Culturas hasta el Zócalo de la ciudad, miles de personas, principalmente estudiantes de diversas escuelas y estados, gritaron consignas, corrieron y bailaron de la mano de otras luchas que reclaman tampoco ser olvidadas, como la de Atenco y Ayotzinapa. La cita de este año se cumplió y entonces se refrendó la del siguiente, que cumplirá cinco décadas y estará llena de expectativas de reconstrucción, de despertar y de justicia.

(Continuar leyendo…)

Como Comité Cerezo México organización de derechos humanos hemos denunciado desde hace algunos años que México se encuentra bajo la implementación de una política estatal que se está construyendo como un Estado terrorista que, a condición de paliar la crisis capitalista, responde con la profundización de las medidas neoliberales. Esa profundización, en los hechos ha implicado, desde hace varios años, una política estatal que, por un lado, ha permitido e incluso está involucrada con la proliferación del mercado ilegal (pues genera mayores ganancias) y, por el otro, ha implicado el abandono total de las obligaciones estatales en materia de derechos humanos para con la población. En conjunto, estas dos estrategias implican arrebatar a la población las condiciones de vida digna que le pertenecían o el despojo de los derechos que como pueblo mexicano hemos ganado en nuestra lucha histórica, lo que en los hechos se realiza por medio de la instrumentación de diversos mecanismos entre los que se encuentra la privatización de bienes y servicios indispensables para la vida digna, la omisión ante los actos delictivos de empresas legales e ilegales que atentan contra la población en general y la protección por medio de la impunidad de los actores (estatales o no) que emprenden estas acciones.

Como si no fuera suficiente el grado de violencia socio política que estos hechos implican, el Estado ha desplegado una estrategia de control social de la población mexicana mediante el terror (por medio de la militarización, paramilitarización, polarización social, destrucción del tejido social y la omisión y fomento de la descomposición social que se traduce en el aumento de la delincuencia y la violencia común que no es frenada ni combatida por el Estado, sino más bien se fomenta por medio de la impunidad y la corrupción) que busca prevenir la organización popular para reaccionar ante la violencia estatal. Estrategia que se acompaña de una de represión política que implica la construcción de un enemigo interno (todo aquel que se oponga a las reformas de profundización neoliberal), la criminalización y judicialización de ese enemigo al que se ataca con mecanismos represivos tan violentos como la detención arbitraria, la ejecución extrajudicial, los ataques y el hostigamiento dirigido, las amenazas e incluso la desaparición forzada, actos de represión estatal que, pese a ser denunciados, quedan en la impunidad total.

México, incluso antes de los desastres naturales que vivimos en el mes de septiembre, era un país cuyo pueblo está siendo atacado violenta y continuamente por una política estatal que por un lado arrebata, niega y privatiza las condiciones indispensables para vivir; que condena a poblaciones enteras al miedo y el terror ante actos delictivos (muchos de los cuales se cometen en aquiescencia con el Estado) que no son castigados ni investigados, por el otro, despliega a sus fuerzas policiaco militares y paramilitares para impedir a toda costa que la población se organice y exija una vida digna; utiliza al ejército, la marina, la policía federal, estatal y del mando único no sólo para agredir indiscriminadamente a la población en general, sino para atacar de manera dirigida a aquellos que no respondan con docilidad ante la estrategia de control social mediante el terror. El pueblo de México, incluso antes de los terremotos del 7 y el 19 de septiembre era un pueblo atacado, robado, asesinado, desaparecido por el Estado mexicano cuya obligación es proteger, impulsar y dotar a la población de las condiciones necesarias para vivir dignamente.

El día 19 de septiembre de 2017 un terremoto de gran magnitud sacudió la Ciudad de México y los estados de Morelos, Estado de México, Puebla, Guerrero y Oaxaca. Un suceso natural afectaba directamente al pueblo mexicano que de por sí ya había visto mermada su calidad de vida debido al constante aumento de los precios, a los salarios precarizados, a los trabajos sin seguridad social y con jornadas que rebasan los límites establecidos, al limitado acceso a ciertos servicios de salud. Un suceso natural trajo más miedo al pueblo de México que ha tenido que horrorizarse ante los actos altamente delictivos y violentos que el Estado no detiene en sus poblaciones o colonias, ante la militarización que no ha traído sino nuevos abusos a la población, ante el actuar impune de elementos de la marina, ante las poblaciones que han sido abandonadas como tierra de nadie para que el narcotráfico (en muchos casos en contubernio con elementos estatales) haga en ellas lo que les plazca. El pueblo al que sacudió el sismo es el pueblo que ha visto quemarse a 49 bebés en la guardería ABC; a 19 ancianos en el asilo “Hermoso Atardecer”; es el pueblo que encontró la fosa en la que ocurrió la Masacre de San Fernando, Tamaulipas en la que asesinaron al menos a 289 personas; es el pueblo que ha mirado estupefacto cómo el Estado ha desaparecido a 43 jóvenes que aspiraban a ser maestros rurales, como el Estado ha matada a 22 civiles en Tlatlaya. Es un pueblo que ha mirado en los últimos años, uno tras otro, actos en los que se agrede a la población indefensa y el Estado no hace nada, actos en los que el mismo Estado agrede a la población indefensa. Al Estado no le alcanza con minar nuestra vida con sus políticas de robo y arrebato contra quienes diariamente trabajan para mantener a sus familias; les es preciso también, ejecutarnos, desaparecernos, encerrarnos.

El Estado mexicano, aún a pesar de la desgracia, aun sabiendo que había gente con vida enterrada bajo los escombros, aun sabiendo que había riesgo de regresar a algunos edificios, aun sabiendo que se necesitaban cosas difíciles de conseguir actuó exactamente igual que desde hace algunos años: frente a la emergencia del sismo, desplegó la estrategia de control social y de represión política en contra no sólo de la población más afectada por el temblor, sino en contra de la población que quería ayudar y solidarizarse con los afectados. El sismo no hace más que evidenciar de manera aún más cruda y descarnadamente lo que se ha venido denunciando por años: el Estado mexicano es un estado terrorista, que desplegó las siguientes estrategias sin importar la emergencia por la que atravesaba la población:

 1. Un estado omiso que privilegió las ganancias de las grandes empresas y no la seguridad de los mexicanos

Si bien el sismo fue muy fuerte y es un desastre natural que no se puede predecir, lo que es cierto es que es sabido que la CDMX es zona sísmica y existen leyes y regulaciones para los tipos de construcción y normas de seguridad necesarias para prevenir la pérdida de vidas humanas. Si bien la magnitud del sismo fue fuerte, esa magnitud se amplió a grados catastróficos debido a la omisión del Estado en la revisión y el cumplimiento de esas normas de seguridad. Lo primero que el sismo desnudó fue la política previa del Estado que prefirió favorecer a las empresas inmobiliarias y a escuelas particulares y se hizo de la vista gorda ante las evidentes violaciones a las normas de seguridad. Esto quiere decir que el Estado no supervisó, no hizo su trabajo o que lo hizo y aun sabiendo que se violaban esas normas dejó a las empresas seguir haciendo. También desnudó la política omisa del Estado quien no atendió ni reparó estructuras que habían quedado dañadas desde el terremoto de 1985. Esto es sólo un ejemplo más de cómo las políticas neoliberales y la política omisa del Estado que privilegia a empresas y sus ganancias no son sino actos graves que atentan directamente contra la seguridad de la población. Es una omisión igual a la del Estado al dejar que las mineras se apropien de territorio y lo contaminen, es la misma omisión que no castiga frente a los feminicidios, es la misma omisión que nos daña cotidianamente. Un Estado que no hace para proteger a la población y que deja hacer a otros aun en contra del bienestar de la población, desgraciadamente, el sismo la dejó ver con más nitidez porque en este caso, esa omisión agravó las consecuencias del desastre natural.

(Continuar leyendo…)

Militarización, hostigamiento y la obstinada lucha por el territorio y la dignidad en el TIPNIS

I PARTE:

El año 2014,  posterior a la Novena Marcha Indígena en defensa del Tipnis y a la resistencia a  la Ley 222 de “consulta previa” , circulaba un proyecto de Ley que tenía la clara intención de anular la Ley 180 de protección a ese territorio. La dirigencia no sabía quién lo había escrito, ni el verdadero peligro que éste representaba para el Tipnis. Según Emilio Noza, para entonces presidente de la Subcentral Sécure, había salido de alguna instancia gubernamental para que alguna dirigencia paralela la pudiese presentar al órgano legislativo.

El documento, según algunos comunarios del Tipnis, había sido filtrado por la dirigencia paralela afín al gobierno central.

Finalmente, el 3 de julio de 2017, indígenas afines a Evo Morales hicieron entrega del Proyecto de Ley de protección, desarrollo integral y sustentable del territorio indígena – TIPNIS, el cual anula la intangibilidad y da luz verde a la rechazada carretera que parte en dos el corazón de su territorio.

Los indígenas del Tipnis, habían sido traicionados por el presidente de su ente matriz, Domingo Nogales Morales. Nadie entendía que pasaba, y cómo Nogales Morales se pudo volcar tan rápido contra sus hermanxs.

La iniciativa de Nogales fue a título personal, dice el resto de dirigentxs de la Subcentral del Tipnis, no hubo consulta con la dirigencia y menos con las comunidades del territorio. Alguna hermana dice que hubo muchas “fichas”, ( dinero),  que convencieron a Nogales a tomar semejante decisión.

El colectivo Chaski Clandestinao, había entrevistado a Nogales los años 2012 y 2014. Según sus palabras, aquel entonces él seguía manteniendo una postura de rechazo a la carretera y su posición “firme” en la defensa de su territorio.

El año 2012, en plena resistencia de las comunidades del Tipnis a la consulta fraudulenta[1] y la construcción de la carretera,  nos decía lo siguiente:

(Continuar leyendo…)

En entrevista con Anna Curcio, Álvaro Reyes, miembro de El Kilombo, Carolina del Norte, analiza la situación actual en los Estados Unidos bajo la administración Trump, el resurgimiento de la supremacía blanca y el neonazismo, en particular a partir de los eventos en Charlottesville, así como las resistencias en el país.

El efecto ‘Hodor’ que paraliza la izquierda estadounidense

Anna Curcio: ¿Podría darnos un breve resumen de los eventos ocurridos en Charlottesville y ayudarnos a entender su contexto?

Alvaro Reyes: Como algunos de sus lectores sabrán, el 11 y 12 de agosto del presente año, unos 500 neonazis y supremacistas blancos marcharon por las calles de Charlottesville, Virginia, como parte de una manifestación que llamaron “Unir la Derecha” [Unite the Right]. El propósito de la marcha fue protestar contra el plan del gobierno local de retirar un monumento en honor a Robert E. Lee, el general que lideró al ejército de los Estados Confederados –el bando que defendía la permanencia de la esclavitud– durante la guerra civil estadounidense. Los organizadores de “Unir la Derecha” aclamaron a la manifestación como la mayor reunión de supremacistas blancos en varias décadas.

En respuesta, cientos de manifestantes antifascistas también convergieron en esa ciudad para repudiar lo que denunciaron correctamente como “terror racista”. En la tarde del día 12, James A. Fields, un neonazi vinculado al grupo de supremacistas blancos “La Vanguardia de América” (Vanguard America), atacó a los antifascistas, atropellándolos con su carro (una táctica que, como sabemos, las organizaciones de derecha promovieron en Internet durante los meses anteriores), hiriendo a 35 personas y matando a Heather Heyer, de 32 años, miembra de los Socialistas Democráticos de América (Democratic Socialists of America, DSA).

El furor suscitado por el asesinato de Heyer fue tal que por todo el país se extendió la exigencia de que de una vez por todas se removieran todos los monumentos a los confederados. El lunes 14 de agosto, aquí en Durham, Carolina del Norte, los manifestantes tomaron las calles y derrumbaron una estatua de un soldado confederado, tirándola de su pedestal al piso. La exigencia de retirar los monumentos confederados se ha propagado como incendio por el país y ha crecido hasta incluir una amplia gama de monumentos que conmemoran a figuras vinculadas a la esclavitud, el genocidio de los pueblos indígenas y la masacre de mexicanos en los Estados Unidos, e incluso monumentos del pasado más reciente: por ejemplo, un movimiento importante se ha formado en Filadelfia para exigir el derrumbe de una estatua en honor a Frank Rizzo, el comisario general de la policía y alcalde de esa ciudad de finales de los 1960 a principios de los 80, quien aterrorizaba a los filadelfianos negros y latinos con una política de “disparar primero, preguntar después”.

Creo que es importante señalar que, tanto para las fuerzas fascistas como las antifascistas, la lucha sobre estos monumentos tiene que ver no sólo con las formas de contar la historia, sino con dos visiones distintas de lo que deberíamos hacer con relación al extraordinario nivel de racismo presente hoy en el país. Los fascistas señalan a estos monumentos como un recordatorio de la supremacía blanca sobre la cual los Estados Unidos fueron constituidos, y argumentan que este precedente fundacional justifica plenamente la encarcelación de los negros, la criminalización y deportación de los migrantes latinos y la exclusión de los musulmanes. Mientras tanto, las fuerzas antifascistas señalan a los monumentos para argumentar que, a menos que enfrentemos la naturaleza fundacional de la supremacía blanca en este país –una supremacía blanca que, cabe recordar, sirvió como inspiración directa, aunque raras veces mencionada, para el fascismo hitleriano–, no podremos explicar de manera adecuada el auge contemporáneo del extremismo racista. Dicho de otra manera, es como si sólo en el momento en que las condiciones globales de posibilidad para este proyecto llamado Estados Unidos se desvanecen rápidamente, estuviéramos obligados a ver a ese proyecto por lo que verdaderamente es y sigue siendo.

(Continuar leyendo…)

Ayotzinapa, Guerrero a 26 de septiembre de 2017.- A tres años de la desaparición forzada de nuestros 43 hijos, los Padres y Madres de los normalistas, seguimos de pie, presentes en el corazón de la Patria para refrendar nuestra lucha al lado de las familias damnificadas, que en medio del desastre, buscan también a sus seres queridos. El dolor y la indignación nos han unido y en este abrazo solidario, enfrentamos a un gobierno que no atiende nuestros reclamos. Desde aquella noche funesta del 26 de septiembre, no hemos dado tregua al gobierno que mantiene intocado un pacto de impunidad con los perpetradores del estado coludidos con la delincuencia organizada. Nuestras noches de insomnio y los días de incertidumbre han marcado un nuevo derrotero en nuestras vidas; somos ahora un movimiento volcado a dar la batalla para desmontar la verdad histórica urdida por la PGR para dar con el paradero de nuestros hijos.

Las autoridades insensibles, displicentes y corruptas se han empecinado en mantener como conclusión de la investigación una mentira. Pese a que su verdad histórica ha quedado destruida científicamente y que no existen bases legales que la sustenten, en cada oportunidad que se presentan, se empeñan en golpearnos para obstruir el avance en las líneas de investigación propuestas por el GIEI. Así lo hicieron Roberto Campa Cifrian Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, en el marco de la audiencia pública de la Comisión Interamericana el día 18 de marzo y Tomás Zerón de Lucio Secretario Técnico del Consejo Nacional de Seguridad Pública en los primeros días de este mes. Esas actitudes mezquinas y de desprecio por la justicia de las autoridades, ha querido desangrar más la herida causada por las 43 desapariciones

A tres años la investigación de la desaparición de nuestros hijos hemos peleado palmo a palmo con el gobierno para contener su arremetida impuesta con su versión inverosímil de la incineración de los 43 estudiantes en el basurero de Cocula. Nuestra lucha ha estado marcada por cuatro etapas muy difíciles con resultados que no satisfacen nuestras demandas de verdad y justicia:

1. La primera, que abarca los últimos meses del año 2014, una investigación lenta con una intervención tardía de la Federación que concluyó con lo que denominaron la “verdad histórica” una tesis basada en cinco testimonios de personas que recibieron torturas y malos tratos y que peritajes de gran rigor científico mostraron la imposibilidad de un fuego capaz de quemar 43 cuerpos en un espacio abierto como el basurero de Cocula. Con esta conclusión oficial se pretendía cerrar el caso Ayotzinapa.
2. La segunda etapa abarca el año 2015, la lucha de los Padres y madres de los 43 por revertir la verdad histórica, lo que se logró de manera contundente en el mes de septiembre con el primer informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y se afianzaría con un ulterior peritaje del Equipo Argentino de Antropología Forense.
3. La tercera Etapa que comprende el 2016 que estuvo marcada por el intenso trabajo del GIEI por indagar nuevas líneas de investigación y la campaña de desprestigio que desplegó el gobierno para medrar el trabajo de los Expertos, campaña sucia que se extendió hasta los Padres de los 43 y sus representantes legales y que orilló al GIEI a salir del País.
4. La cuarta etapa comprende el año 2017 y se caracteriza por una lucha de los Padres para que el Estado Mexicano retome, profundice y dilucide las cuatro líneas de investigación a saber: el ejército mexicano, Huitzuco, la telefonía celular y el trasiego de droga de Iguala a Chicago como móvil del crimen.

Las cuatro líneas de investigación son el último reducto de esperanza para dar con el paradero de nuestros hijos, pero el gobierno se ha negado a avanzar. En las últimas reuniones que hemos sostenido los resultados que han presentado son ínfimos porque no hay resultados concretos y más bien siguen obstruyendo el camino de la justicia, porque hasta la fecha no han realizado las detenciones de los policías de Huitzuco ni de los policías federales. Se resisten también a llamar a cuentas al Ejército.

La conformación del Mecanismos Especial de Seguimiento ha sido un gran impulso para las líneas de investigación propuestas por el GIEI, sin embargo, la misma Procuraduría se niega a corregir las irregularidades en la investigación detectadas por el GIEI. Hoy en día el gobierno quiere colocarnos contra la pared, pisoteando nuestros legítimos derechos de acceder a la verdad y la justicia, al mantener estancadas las líneas de investigación.

Compañeras y compañeros a 3 años de los crímenes de Iguala sufrimos el dolor indescriptible que nos provoca la incertidumbre de no saber el paradero de nuestros 43 tesoros y el dolor y rabia que nos provoca la insensibilidad de un gobierno corrupto que nos niega el derecho a la verdad y la justicia.

Sin embargo les decimos no nos doblegaremos ante la represión, las amenazas y la indiferencia del gobierno, seguiremos luchando hasta encontrar con vida a los 43 y miles más. Cada 26 escucharán nuestras voces en las calles y las plazas públicas de nuestro País exigiendo la presentación con vida de nuestros hijos y todos los desaparecidos del País.

Por ahora los Padres y Madres de familia hemos decidido posponer nuestra marcha nacional y las protestas que se realizarían en la ciudad de México y dedicarles nuestra palabra y nuestra solidaridad a las víctimas del sismo del 19 de septiembre. A todos ellos les decimos de todo corazón que nos unimos a su dolor. Su dolor es nuestro, que los entendemos porque hemos caminado en esta ruta sorteando innumerables obstáculos, pero sobre todo enfrentando a un gobierno que se ha coludido con los perpetradores y se ha empeñado en sostener su verdad histórica, como la forma más efectiva y segura de que el pacto de impunidad con los responsables no se resquebraje.

Llevamos tres años buscando a nuestros hijos, tres años derramando lágrimas por no saber dónde están. Pero son lágrimas que han sembrado esperanza, que han robustecido nuestro espíritu y que ha abierto el camino para enlazar nuestras luchas y generar una conciencia social de no permitir que en nuestro país se siga desapareciendo a más personas

Las madres y padres de los 43 y la normal de Ayotzinapa los abrazamos en estos momentos marcados por la tragedia. Sentimos muy hondo su clamor y nos hermanamos también en su búsqueda para que se remuevan los escombros de la injusticia y encontremos a las personas que amamos. Sabemos que el gobierno tratará de sacar ganancia política de su dolor. Recuerden que solo el pueblo ayuda al pueblo. Es el pueblo quien ha sostenido nuestra lucha y que en momentos difíciles nos ha ayudado a levantarnos.

Nos pronunciamos porque el gobierno agote las labores de búsqueda y permita la libre organización de la sociedad civil que se apresta a ayudar y que se destinen los presupuestos suficientes para la reconstrucción de los daños ocasionados por el sismo.

FRATERNALMENTE

¡Porque vivos se los llevaron vivos los queremos!

Comité de padres y madres de los 43

 ¡Por la liberación de la juventud y la clase explotada, venceremos!

Comité Estudiantil “Ricardo Flores Magón” de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero.