FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES CAMPESINOS SOCIALISTAS DE MÉXICO (FECSM)
ESCUELA NORMAL RURAL “RAÚL ISIDRO BURGOS” DE AYOTZINAPA GUERRERO
A LA OPINIÓN PUBLICA, A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y ESTUDIANTILES.
Sean siempre capaces de sentir en lo más hondo, cualquier injusticia cometida contra cualquiera, en cualquier parte de mundo”
Los que suscriben el H. Comité Ejecutivo Ricardo Flores Magón, así como la base estudiantil de la siempre combativa Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa Guerrero condenamos la agresión armada de la policía el día 7 de marzo de 2024, que dejó un saldo de un compañero asesinado y tres detenidos de manera arbitraria y sometidos a malos tratos.
Desde hace décadas hemos sufrido la persecución, la criminalización, el asesinato y desaparición de 43 compañeros. Once hermanos han sido asesinados sin que a la fecha hayan tenido justicia. Todos los crímenes contra nuestros hermanos normalistas a la fecha están en la impunidad.
Cuando creíamos que el terrorismo de estado había pasado, el gobierno vuelve arremeter contra la Normal de Ayotzinapa, escalando la confrontación contra nuestro movimiento y asesinando a nuestro compañero Yanqui Kothan Gómez Peralta.
Nos acusan de violencia en nuestras protestas, nosotros nos preguntamos ¿no es violencia que la policía nos asesine? ¿no es violencia que nos desparezca? ¿No es violencia que por lo menos tres de los 43 estudiantes hayan sido identificados sus restos en condiciones de calcinamiento? Fueron asesinados con la mayor de las sañas, con total desprecio por la vida humana. A eso ¿cómo se le puede llamar si no violencia?
El siete de marzo por la noche, es decir, un día después de nuestra protesta en palacio nacional tres compañeros salieron a bordo de una camioneta Nissan de la Normal rumbo a Chilpancingo para traer a tres compañeras a nuestra escuela. Al llegar a la entrada de aquella ciudad pararon el vehículo para comprar, al momento se acercaron policías estatales en motocicletas. Con prepotencia y apuntándoles, los obligaban a descender. El compañero Yanqui Kothan que conducía el vehículo intentó arrancar para regresar a la Normal pero las balas se lo impidieron privándolo de la vida. En ese instante fue detenido el compañero que iba de copiloto y minutos después el que iba en los asientos traseros de la cabina junto con otro estudiante que acudió a la zona para ayudar.
Para evadir su responsabilidad, los policías sembraron armas y drogas en la camioneta y dijeron que los estudiantes dispararon primero.
No aseguraron la escena del crimen, movieron indicios del lugar, tales como la camioneta en que la iban nuestros compañeros, se negaron a entregar a tiempo los videos de las cámaras del C4, el arma encontrada no le hicieron las pruebas para verificar si fue disparada, no encontraron en la escena del crimen ningún casquillo que fuese disparado por tal arma.
Mientras los secretarios de seguridad pública y de gobierno declaraban haciendo suya la versión preliminar de la policía estatal y referían que pusieron a disposición al compañero detenido, estos se encontraban privados de su libertad siendo maltratados por la Policía Estatal. Diez horas después de su detención el compañero fue puesto a disposición de las autoridades competentes.
Al momento las pruebas no dejan lugar a dudas que los policías estatales dispararon contra los compañeros produciendo la muerte de Kothan, que alteraron los hechos, la escena del crimen y sembraron pruebas para ensuciar la investigación y evadir su responsabilidad. Los funcionarios de primer nivel hicieron suyas estas falencias para encubrir a los responsables y continuar criminalizando a la Normal Rural de Ayotzinapa. Tal como los gobiernos anteriores, el actual, culpa a las víctimas y encubre a sus policías.
Los estudiantes de Ayotzinapa seguiremos en lucha por verdad y justicia para nuestros camaradas caídos y desaparecidos, por la educación pública y por un mundo mejor. Ningún gobierno logrará silenciar nuestra voz crítica. Ayotzinapa, morirá el día que muera el sol.
POR LO ANTERIOR EXIGIMOS:
Esclarecimiento de los hechos del 07 de marzo en el antiguo libramiento a Tixtla.
Acceso a los videos del C4 de la zona donde ocurrieron los hechos.
Castigo a los autores materiales e intelectuales de este crimen.
Destitución del secretario de seguridad pública del estado.
Destitución del actual coordinador de la policía estatal.
Alto al hostigamiento y represión estudiantil por parte de la policía estatal y guardia nacional.
Cese a la incriminación de las víctimas de este ataque.
Aparición con vida de nuestros 43 compañeros desaparecidos.
H. Comité Ejecutivo Ricardo Flores Magón
¡Por la liberación de la juventud y la clase explotada, venceremos!
¡07 de marzo no se olvida, es de lucha combativa!
¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!
A quienes suscribieron Una Declaración por la Vida
A las Redes de Resistencia y Rebeldía
Al Pueblo de México
A los medios libres y autónomos
13 de marzo de 2024
Hermanos y hermanas de México y del mundo, les queremos compartir que entre los días 11, 12, 13, 14 y 15 de marzo, un grupo de hermanos y hermanas, nacionales e internacionales, estarán realizando una Misión Civil de Observación de la Sexta en las comunidades de San Luis Acatlán, así como a la Montaña Alta y Montaña Baja de la comunidad de Alcozacán, territorio del CIPOG-EZ.
En este contexto queremos denunciar que al mal gobierno no le interesan las vidas de las comunidades ni de quienes luchamos por la vida y la paz, pues eso que llaman Mecanismo de Protección a defensores de los Derechos Humanos, nos fue negado por el Secretario General de Gobierno del Estado de Guerrero Ludwing Marcial Reynoso, así como por Francisco Rodríguez Cisneros, Director General de Gobernación, a pesar de que nuestro promotor del CIPOG-EZ Jesús Plácido Galindo cuenta con dicho mecanismo y a pesar de haber sido notificados en tiempo y forma de la solicitud de acompañamiento para nuestro promotor Jesús Plácido para los días 11, 12, 13, 14 y 15 de marzo, por la Dirección General para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Pero sabemos que a ellos nuestras vidas no les interesan, al contrario, cada que tienen oportunidad, amagan con encarcelarnos. Es por eso que los responsabilizamos de cualquier situación que pueda ocurrir a quienes integramos esta Misión y a cualquier integrante de nuestras comunidades; también responsabilizamos a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda. Sepan que estaremos siendo monitoreados por organizaciones nacionales e internacionales, por lo que, de llegar a suceder algo extraordinario, responsabilizamos directamente al Estado Mexicano y al gobierno del Estado de Guerrero.
Ustedes saben, hermanos y hermanas, que Guerrero es un estado en el que el crimen organizado opera con total impunidad y que no sólo es solapado por la gobernadora y presidentes municipales, sino que muchos de éstos son parte de la delincuencia organizada. A pesar de este contexto, nuestros hermanos y hermanas de México y del mundo, solidariamente viajan a nuestro territorio para seguir impulsando acciones para visibilizar la situación que vivimos, para documentar las violaciones a los derechos humanos y lograr un día que nuestras comunidades vivan libres y en paz.
Les queremos pedir a los organismos de Derechos Humanos, a la Sexta Mundial, a los pueblos del mundo, al pueblo de México, al pueblo de Guerrero, que estén al pendiente del paso de esta Misión y que llamen a las distintas instancias del gobierno a hacer su trabajo.
ATENTAMENTE
CONCEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO EMILIANO ZAPATA
En portada: Pobladores maya Q’eqchi’ de Santa Elena, en el departamento del Petén, son criminalizados por la empresa de palma aceitera Industria Chiquibul. Foto: Luis Hub / Prensa Comunitaria
Santa Elena es una comunidad maya Q’eqchi’ ubicada en el municipio de Sayaxché, departamento de Petén, enclavada al norte de Guatemala, cerca del Río Salinas. En esta región el calor es intenso. Antes el agua acostumbraba fluir con abundancia y había un frondoso paisaje pintado por el bosque, hoy yace en cenizas bajo una inmensa plantación de palma africana.
La comunidad ha sido acorralada por la palma. En las escasas tierras que aún conservan los indígenas, cultivan maíz, frijol, chile, yuca. Pocas son las familias que crían animales. Por si fuera poco, a la sobrevivencia le acompaña la agonía de sus ríos y nacientes, ya que la contaminación del agua es un nuevo vecino que llegó con el monocultivo.
Con la escasez de la tierra y sin trabajo, una parte de la población, principalmente los hombres, migró a los Estados Unidos con la esperanza de mejorar sus condiciones de vida. Otros más se vieron obligados a someterse a condiciones degradantes de trabajo en las plantaciones de palma.
La Industria Chiquibul, filial de la empresa Unisource Holding, dedicada a la exportación de diversos commodities agrícolas como semilla de ajonjolí, aceite crudo de palma y cardamomo; y a la importación, comercialización y distribución de fertilizantes en los mercados latinoamericanos, hoy posee alrededor de 70 caballerías (aproximadamente 3 mil hectáreas) de plantaciones de palma aceitera que rodean esta comunidad Maya.
Este cultivo llegó a estas tierras en 2012, cuando empezó a comprar las tierras de las familias mayas Q’eqchi’. “Nos decían que nuestras tierras iban a quedar inundadas por el agua, porque iban a construir una hidroeléctrica sobre el Río Usumacinta”, recuerda el indígena maya Q’eqchi’, Mario Pop Tux, uno de los líderes comunitarios, durante una entrevista que dio para Avispa Mídia.
Foto: Renata BessiFoto: Renata BessiMonocultivos de palma aceitera propiedad de Industrias Chiquibul se expanden en los alrededores de la Sierra de Chinajá, región colindante con las tierras bajas del Petén donde la empresa mantiene actividades para la siembra y procesamiento de los frutos. Foto: Aldo Santiago.
Este cultivo industrial también llegó con un destacamento militar que fue construido cerca de la comunidad. La presencia de militares, de la Policía Nacional Civil (PNC) y de elementos de la seguridad armada brindan seguridad a la empresa. “Hacen rondines durante el día, traen sus rostros tapados, como si fueran delincuentes”, comenta Pop Tux. El patrullaje también se da por aire. Los comunitarios acusan vuelos de drones, principalmente por las noches.
Las órdenes de captura son una amenaza constante. Según el maya Q’eqchi’, existen cinco órdenes de captura hacia miembros de Santa Elena, ex trabajadores de la empresa que han luchado por los derechos laborales. “Estamos conscientes de que pueden hacer lo mismo que hicieron en otro momento. Invadir a la comunidad, poner el terror en mujeres, niños, ancianos, bajo la justificación de que están buscando a nuestros compañeros criminalizados”, dijo.
En una asamblea, la máxima autoridad de la comunidad, realizada en febrero de este año, las autoridades locales, ancianos y miembros de la comunidad dejaron registrados en un acta distintos “incidentes” ocurridos en los últimos dos meses, que evidencian la intensificación de la violencia hacia Santa Elena.
Uno de estos hechos fue el intento de secuestro, el 31 de enero, de un miembro de la comunidad por parte de agentes de seguridad privada de la empresa, donde se ubica una garita de los guardias de seguridad.
Más tarde, el 2 de febrero, una camioneta sin placa, llevando a bordo a siete personas, estuvieron vigilando la casa de uno de los miembros de la comunidad. Después se dirigieron a las parcelas de la comunidad. Abordaron al presidente del Consejo Comunitarios de Desarrollo (Cocode) de Santa Elena, José Caal Pop, haciéndole preguntas y se negaron a identificarse.
Persecución por exigir derechos
La persecución de pobladores de Santa Elena no es de hoy. Después que Chiquibul compró las tierras, empezó a contratar mano de obra de distintas comunidades para derribar el bosque y sembrar la palma. Las condiciones de trabajo ofrecidas por la empresa fueron clasificadas como “esclavitud moderna”, por el abogado del Bufete para Pueblos Indígenas, Juan Castro. Trabajaban más de 12 horas por día por un pago de 35 quetzales (4.4 dólares).
Trabajadores de Industrias Chiquibul en el municipio de Raxruhá. Desde 2016 se han organizado para exigir mejores condiciones laborales por parte de la empresa palmera. Foto: Aldo Santiago.
La situación se volvió insostenible para los indígenas y explotó en 2019. La empresa contrató a 300 personas, sin embargo, cuando había finalizado el contrato de un año, Chiquibul no había pagado las prestaciones laborales acordadas. El comité de trabajadores, creado en 2016, visitó el Ministerio de Trabajo y se calculó que cada trabajador debería recibir – sumando indemnizaciones, salario, aguinaldo – 12 mil quetzales (1,500 dólares), pero la empresa había pagado 4,800 quetzales (615 dólares), es decir, menos de la mitad.
Fue entonces que estalló un paro general de los trabajadores. Los indígenas de Santa Elena y la propia comunidad hicieron una serie de acciones y denuncias contra la empresa. Aún así, la empresa no pagó a los trabajadores y, por el contrario, inició una serie de medidas para criminalizar a los miembros de la comunidad.
La empresa denunció en los órganos de justicia de Guatemala a los líderes de los trabajadores, lo que tuvo como consecuencia la emisión de seis órdenes de captura contra personas de la comunidad. En noviembre de 2020 fueron capturados y detenidos cuatro indígenas, incluyendo a Mario Pop Tux, acusados de plagio, extorsión, usurpación agravada y detención ilegal. “Estuvimos 73 días en la cárcel”, señala Pop Tux.
En el marco de las actividades realizadas por los trabajadores para exigir mejores condiciones de trabajo a las empresas palmeras, se desplegaron centenas de policías para reprimirlos durante el año 2020.
En febrero de 2021, la justicia guatemalteca dictó sentencia condenatoria contra los cuatro miembros de Santa Elena. “Vemos como el Estado a través de esta sentencia se consuma como un cómplice de estas formas de explotación moderna. Consideramos que no comprenden el contexto en el que se está dando el acaparamiento de tierras y la explotación de personas indígenas”, dijo el abogado que acompaña a los trabajadores miembros de esta comunidad, Juan Castro.
Fueron cuatro años de condena, con suspensión condicional de la pena, es decir, tendrán que presentarse mensualmente al Ministerio Público, en la cabecera municipal de Sayaxché para firmar. “Se considera que los responsables son los pueblos indígenas y no las empresas que están haciendo perjuicio al medio ambiente y a la vida humana de muchas comunidades”, abunda el abogado Juan Castro.
Pobladores maya Q’eqchi’ de Santa Elena, en el departamento del Petén, son criminalizados por la empresa de palma aceitera Industria Chiquibul. Foto: Prensa Comunitaria
Había una expectativa que después de la condena de los indígenas maya Q’eqchi’ y el fin de los paros laborales – desde entonces es política de la empresa traer trabajadores de afuera –, se reduciría la persecución hacia a Santa Elena. Pero no fue eso lo que pasó. “Hasta hoy no nos dejan tranquilos. Hasta hoy nos están asustando, vigilando, controlando, no dejan de causarnos miedo”, sostiene Pop Tux.
Certificar los cultivos usando a los indígenas
A las 7 de la mañana del día 25 de enero de 2024, Carlos Cú, encargado de la empresa Chiquibul, acompañado de otras dos personas, buscaron al presidente del Consejo Comunitarios de Desarrollo (Cocode) de Santa Elena, José Caal Pop, en su casa. No estaba, había ido a su parcela a trabajar la tierra. Los enviados de la empresa decidieron irse. Alrededor de las 12h, Caal Pop regresa a su casa. Poco tiempo después, los tres señores vuelven a buscarlo.
Le presentan un documento para que el presidente del Cocode lo firmara. “Me estaban citando a una reunión para tratar sobre temas relacionados con la certificación de la empresa. Así me dijeron. Y querían que yo firmara el documento de la cita”.
Según el indígena maya Q’eqchi’, los trabajadores de Chiquibul quisieron minimizar los conflictos entre empresa y la comunidad. “Carlos Cú [uno de los firmantes del documento] me dijo: venimos a hablar personalmente, queremos que nos den la oportunidad. Nosotros sabemos que ya no hay problema [con la comunidad]. Queremos que nos firme este documento. Porque ya no hay problema”.
Caal Pop no se calló. “Les dije, ¿cómo no hay problema?, si estamos siendo vigilados todo el tiempo. No les gustó lo que dije y se fueron”, cuenta el maya Q’eqchi’.
Plantaciones de palma aceitera propiedad de Industrias Chiquibul. Foto: Aldo Santiago.
La empresa inició en julio de 2023 el proceso para la certificación de su plantación de palma por la principal certificadora de palma del mundo, la RSPO (La Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible). El objetivo es obtener la certificación en este año 2024.
La certificación servirá para que la empresa amplíe sus ventas en los mercados norteamericano y europeo. El aceite de palma de Chiquibul ya hace parte de la cadena de suministros de las empresas europeas Dreyfus Company (LDC), Nestlé S.A., Upfield Holdings B.V., Henkel AG & Co. KGaA, PepsiCo, Inc., Vandemoortele. Dichas cadenas fueron rastreadas por la organización alemana Iniciativa Cristiana Romero (ICR) y publicadas recientemente en el informe Im Schatten der Ölpalme.
La empresa española Lipsa, la británica Unilever, la alemana Basf, las holandesas Lowis Dreyfus y Marie Olie y la francesa ADM-SIO también fueron rastreadas como compradoras del aceite producido por Chiquibul, en una investigación todavía inédita realizada por el proyecto holandés SOMO The Counter, encargada por la ICR.
Guatemala en el mundo
La mayor parte del aceite consumido mundialmente procede de Indonesia y Malasia. Sin embargo, sostiene el reporte de ICR, cada vez hay más plantaciones de palma aceitera en América Latina para satisfacer la demanda mundial. Guatemala y Colombia ya ocupan el cuarto y quinto lugares como exportadores mundiales.
El mayor comprador de aceite de palma guatemalteco son los Países Bajos, con un 32% del volumen total, de acuerdo al informe. En relación a Alemania, Guatemala se ha convertido en el segundo proveedor más importante, después de Malasia. Dado que el 43% del aceite de palma revendido por los Países Bajos va a Alemania es probable que la cuota total de aceite de palma procedente de Guatemala en este país sea aún mayor, enfatiza la organización alemana.
De acuerdo con un reporte de Industria Chiquibul, el proceso de certificación ya está ocurriendo. “Un grupo de asesores externos visitaron nuestras plantaciones y juntos, con nuestro equipo de sostenibilidad, ha establecido un plan de acción centrado en personas, planeta y prosperidad para lograr nuestra sustentabilidad”, menciona la empresa en su documento.
Uno de los puntos obligatorios para la certificación es la realización de una consulta a los pueblos afectados por la palma, que se inició el 14 de febrero.
El documento presentado a Caal Pop para que lo firmara, al cual tuvo acceso el equipo de Avispa Mídia, se explicaba que es un proceso de “Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI)”, que busca “establecer una relación de confianza entre la empresa y sus comunidades de influencia, en donde las comunidades pueden conocer la empresa, y a la vez tengan claros sus derechos, y puedan manifestar sus preocupaciones e inquietudes en relación a las operaciones de la empresa”.
En su explicación no menciona que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece que los pueblos tienen el derecho de decir “no” a un proyecto que se pretende implementar en su territorio. En términos reales es un proceso que pasaron por alto, porque ya han deforestado y actualmente cultivan grandes extensiones de palma. “No participamos de la reunión y no vamos a participar de las próximas convocatorias. Lo que buscan es nuestra firma para tener la certificación, y no la va obtener, porque la consulta no existe”, dijo Mario Pop Tux.
Monocultivos de palma aceitera propiedad de Industrias Chiquibul se expanden en los alrededores de la Sierra de Chinajá, región colindante con las tierras bajas del Petén donde la empresa mantiene actividades para la siembra y procesamiento de los frutos. Foto: Aldo Santiago.
De acuerdo con el indígena, alrededor de 18 aldeas son impactadas por las plantaciones de palma de Chiquibul en la región. Además de Santa Elena, por lo menos otras 10 aldeas no están de acuerdo con la presencia de la empresa, con las cuales implementó los mismos mecanismos. “Para esta primera reunión invitaron a todas las comunidades, muchas no fueron, también sufren persecuciones y tienen órdenes de captura”, dijo.
La empresa también llevará a cabo otros dos procesos. La Evaluación de Alto Valor de Conservación, que busca “identificar los valores ambientales y sociales de mayor relevancia tanto dentro de las áreas en donde la empresa desarrolla sus operaciones, como en sus áreas de influencia”, dice el documento. En realidad, van mapear los bosques que no pudieron deforestar, incluyendo bosques que no están en sus tierras, para establecer programas de conservación, fundamentales para la obtención de la certificación.
Plantaciones de palma aceitera propiedad de Industrias Chiquibul. Foto: Renata Bessi.
Además de ello, deben realizar el Estudio de Impacto Socioambiental (EISA), con el cual identificarán “aquellos impactos sociales y ambientales que la empresa pudiera estar generando, y a la vez generar un plan de gestión para controlar, mitigar o compensar estos impactos”, según el documento de Chiquibul.
Bio Terra Consultores Ambientales, contratada por Chiquibul, será la empresa responsable de llevar a cabo estos estudios.
Mientras tanto, la certificadora RSPO ha sido criticada por pueblos y organizaciones en todo el mundo por certificar empresas que han generado conflictos socioambientales. Al etiquetar los productos de aceite de palma como “sostenibles”, se rehabilita el aceite de palma dando la impresión de que el cultivo industrial de la palma aceitera es compatible con los exigentes principios ecológicos y de derechos humanos y ofrece una solución sostenible a largo plazo para el uso de la tierra. “Sin embargo, no es así”, señala ICR.
De acuerdo con la organización alemana, la RSPO permite, por ejemplo, el uso parcial de plaguicidas que figuran en la lista de plaguicidas altamente peligrosos de la Red de Acción sobre Plaguicidas. Además, las auditorias para la certificación son contratadas por las propias empresas, como es el caso de la Bio Terra Consultores Ambientales, “lo que puede dar lugar a conflictos de intereses en la práctica. Existe riesgo de corrupción”.
Foto: Renata BessiFoto: Aldo SantiagoFoto: Renata BessiResiduos de fertilizantes y agroquímicos utilizados en las plantaciones de Industrias Chiquibul.
La comunidad Santa Elena reiteró en asamblea el rechazo a la certificación: “Dichas certificaciones las rechazamos profundamente por las violaciones a nuestros derechos humanos. Amenazas, intimidaciones, contaminación al medioambiente, deforestación de bosques, ríos, riachuelos donde la comunidad toma agua para beber”.
Acta secuestrada
El presidente del Cocode también denuncia que el Ministerio Público tiene secuestrada el acta comunitaria de Santa Elena. “Este documento es muy importante para una comunidad maya Q’eqchi’. En él plasmamos los acuerdos, las normas, los compromisos de la comunidad, los resultados de las asambleas. Estas actas tienen un valor muy importante para cada una de las comunidades de nuestro pueblo Q’eqchi’”, explica Caal Pop para Avispa Mídia.
El 6 de mayo de 2021, cuenta Mario Pop Tux, fueron citadas las autoridades locales – el alcalde auxiliar y el representante del Cocode de Santa Elena – por parte del alcalde municipal. El día 7 de mayo ellos se presentaron al despacho del alcalde municipal. El alcalde no se encontraba y el que se presentó fue un fiscal del Ministerio Público. “Dicho fiscal secuestro el acta sin explicación”, sostiene.
De acuerdo con el presidente del Cocode, en el documento estaba registrado el compromiso asumido por el alcalde municipal, en asamblea de la comunidad, de que recuperaría siete caballerías, hoy en posesión de la empresa Chiquibul, a las familias de Santa Elena.
“Creemos que este acuerdo fue la razón por la cual secuestraron el acta. El valor de la palabra que está plasmado en este documento, tiene mucho valor para nosotros. Exigimos que nos entregue el acta en paz. Y que la cumpla el alcalde municipal”, dijo Caal Pop.
Petición
El Movimiento de Comunidades en Defensa del Agua, Qana’ Ch’och, la Coordinación de la ONG y Cooperativas (CONGCOOP) y el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM) lanzaron una petición exigiendo a las autoridades de Guatemala que tomen medidas urgentes contra los acosos y violaciones por parte de Industria Chiquibul contra la comunidad Santa Elena.
De acuerdo con las organizaciones, este patrón de violencia es intrínseco a la industria de la palma. En la última década, sostienen, la empresa Industria Chiquibul ha acumulado un rastro de violaciones a los derechos de las comunidades indígenas y campesinas, incluyendo la apropiación ilegal de tierras comunitarias en Aldea Carolina, contaminación del rio San Román, criminalización por medio de órdenes de captura y detenciones orquestadas por la empresa, violaciones laborales y deforestación.
Exigen un “basta de órdenes de captura contra miembros de la comunidad basadas en falsas acusaciones y que se detenga el proceso de certificación de Industria Chiquibul ante la RSPO”.
Palma en el Petén
En el departamento de Petén, donde está el municipio de Sayaxché y la comunidad Santa Elena, el cultivo de palma se ha incrementado exponencialmente. De acuerdo con el informe Dinámicas productivas en torno al cambio de uso del suelo y sus repercusiones en la Reserva de Biósfera Maya (RBM), del Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR), de 2021, en 2000 había 320 hectáreas y ha llegado en el 2020 a 78,921 hectáreas, 46% del área establecida a nivel nacional.
La tasa de crecimiento a nivel nacional entre 2005 y 2010 fue del 20%; en Petén, 192.4%.
Fotos: Santiago Navarro F.
La producción de palma en el municipio de Sayaxché representa el 87% de la producción a nivel del departamento Petén, según datos para 2018-2019 generados por la Gremial de Palma.
Indonesia, India, China y Unión Europea son los que más consumen aceite de palma, de acuerdo con el Servicio Exterior de Agricultura del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, con datos de julio de 2023. El consumo mundial ha aumentado más de un 80 % en los últimos 15 años.
“Como resultado, el cultivo en Centroamérica se está expandiendo, con consecuencias negativas para las comunidades locales y la naturaleza”, resume ICR.
Noticias de abajo 11 de marzo 2024. Noticiero de medios libres.
-GLOBAL MUJER #8M: De la Conmemoración de las trabajadoras a la Revuelta de las Mujeres.
-MUNDO: Llaman a transmisión y jornada global por Palestina desde las radios libres. 23 y 24 de marzo cadenazo radial por Palestina. Paremos el genocidio y derrotemos el fascismo. https://radiobot.yanapak.org/public/radiopalestina
-MEXICO GUERRERO: Policías asesinan a estudiante normalista e intentan sembrarles evidencias falsas. El gobierno criminaliza al movimiento de las madres y padres de Ayotzinapa tras manifestaciones en Palacio ante la falta de respuesta y diálogo.
https://www.facebook.com/PrensaPropagandaAyotzinapaGuerrero
-TLAXCALA: Convocan a la cuarta Asamblea nacional por el agua y la vida en Tlaxcala, acompañan a la lucha contra la represión a los que defienden su territorio.
-CHIAPAS: Los datos del horror. Más de 2300 personas desplazadas de la frontera Chiapas documenta el Frayba y más de 10 mil desplazados en todo el Estado en doce municipios evidencia Avispa Media.
El jueves 7 de marzo, Adriana Gómez e Isabel Torres llegaron a la Ciudad de México para exigir justicia, ante la inacción de las autoridades en Chiapas para investigar el feminicidio de la niña Jade Guadalupe Yuing Gómez en el Instituto del Deporte (Indeporte) y la desaparición de la adolescente Cassandra Isabel Arias Torres.
Ambas madres integran el Colectivo de Madres en Resistencia y se coordinaron con la activista y defensora de los derechos humanos Irinea Buendía, con las Mujeres en Busca de Fernanda Cayetana y las Madres Buscadoras de Quintana Roo para realizar una velada conmemorativa a propósito del Día Internacional de las Mujeres.
A las 16h del 7 de marzo, las madres y familiares de mujeres víctimas de diferentes violencias de Chiapas, Quintana Roo y Estado de México simularon un cementerio en el Zócalo de la Ciudad de México. Sobre tablas pusieron pasto sintético para hacer lápidas olvidadas por las autoridades, pero con mariposas posando sobre ellas.
Pusieron imágenes, flores, cruces color rosado y velas. En las vallas metálicas que escudan el edificio presidencial cada 8M, las madres escribieron “México feminicida”, “Chiapas feminicida” y junto a las frases, los nombres de sus hijas.
A unos metros de ese muro representativo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y a un costado de la instalación del cementerio, las madres de personas desaparecidas situaron las lonas con las exigencias y fichas de búsqueda.
La velación concluyó a las 9h del 8 de marzo. Horas más tarde las madres participaron en la mega marcha conmemorativa, acuerpadas por otras colectivas de madres en busca de justicia.
Alianza
“Tenemos que salir del Estado [de Chiapas] para exponer la realidad porque somos las madres que no vamos a parar, que no van a callar porque estamos hartas de toda la violencia en los Estados, de las anomalías de las autoridades”, expresó Adriana Gómez.
Gómez es fundadora de Madres en Resistencia Chiapas, pero su lucha inició desde el 10 de enero de 2020, cuando su hija, Jade Guadalupe Yuing Gómez de 13 años de edad fue asesinada durante el horario en el que practicaba judo en el Indeporte.
La dirección del lugar contaminó la escena del crimen, pero Adriana realizó su propia investigación y demostró que su hija no se suicidó, como han dicho. Incluso el cuerpo de la adolescente fue hallado con una lesión en el pie; y en un cuaderno escribió que le temía a su entrenador.
Las evidencias las presentó ante las autoridades chiapanecas, pero no hay avances, incluso le niegan el recurso para trabajar con forenses externos a la fiscalía. “Han sido cuatro años de desgaste físico, económico y emocional”, agrega Adriana.
En esta lucha, Adriana se conoció con la activista Irinea Buendía y madre de Mariana Lima Buendía que tenía 28 años cuando fue asesinada por su esposo el 28 de junio de 2010 en el Estado de México. Su caso, así como el de Jade, fue clasificado como suicidio.
Irinea, también activista, logró en su lucha que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenara reabrir el caso en 2015 para investigarlo como feminicidio.
Entonces se desprendió la sentencia Mariana Lima Buendía. La Sentencia es histórica y siembra un precedente, da garantías de no repetición. La Organización de los Estados Americanos la retomó para los países latinoamericanos, caso contrario a las 32 Fiscalías de las entidades mexicanas que se niegan a integrarla en los códigos de procedimientos penales.
“Resistir hasta encontrarte”
Isabel Torres se unió a Madres en Resistencia porque el 17 de diciembre de 2022 su hija Cassandra Isabel Arias Torres fue desaparecida por un grupo armado que irrumpió en su boda, y que portaba las insignias de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas.
Los hechos ocurrieron en un salón de fiestas del municipio de Berriozábal, el mismo en el que recientemente fue velado Germán Alegría Estrada, secretario de Seguridad Pública Municipal, secuestrado el 23 de febrero y hallado sin vida unas horas después, junto a dos hombres más.
La madre de Cassandra ahora espera que la FGE notifique al alcalde de Berriozábal, Jorge Arturo Acero Gómez —que buscará la reelección con Morena—, para que se presente a declarar pues, en su momento, negó la desaparición de Cassandra y dijo que se trató de una simple riña.
De no tener avances para dar con el paradero de su hija, Isabel pide que la Fiscalía de Chiapas se declare incopetente para que el caso sea atraído por la autoridad federal y se investigue a los funcionarios involucrados.
Isabel, como parte de Madres en Resistencia, documenta la lucha en las redes sociales y, por ese medio, la contactó Deisy Noemí Blanco Chi, madre de la niña Fernanda Cayetana Canul Blanco, desaparecida el 21 de julio de 2020 en la zona Continental de Isla Mujeres, Quintana Roo.
La ficha de búsqueda de Fernanda Cayetana también fue expuesta en el zócalo de la Ciudad de México este 7 y 8 de marzo, porque ninguna autoridad ha dado continuidad a la investigación a pesar de que Deisy consiguió la pista del hombre y la mujer que se llevaron a su hija.
La investigación que hizo la llevó de Quintana Roo a San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, y en ese proceso buscó el acompañamiento de las Madres en Resistencia. Deysi cuenta que a pesar de que logró la detención de los ejecutores de la desaparición, la autoridad no ha conseguido que hablen sobre el paradero de Fernanda Cayetana y tampoco tiene apoyo del gobierno del Estado, mucho menos municipal.
El muro
Ante tales inconsistencias, las madres y familiares de víctimas aprovecharon las actividades en la Ciudad de México para exponer los casos ante la Cámara de Senadores y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De igual modo se reunieron con representantes del departamento de Asuntos Políticos de la Embajada de México.
“Nosotras como víctimas estamos pidiendo la ayuda de otros países”, reitera Adriana Gómez. Las madres puntualizan la necesidad de que el tema de las desapariciones y feminicidios se ponga en la agenda de los embajadores.
“Las personas que habitan los Altos y Sierra de Chiapas están siendo desplazadas por la violencia a manos del crimen organizado y tampoco hay respuesta”, señalan las madres chiapanecas que también han acompañado a algunas familias de esas regiones.
A su regreso al sur de México, Isabel Torres comparte que le gustaría que la misma cantidad de mujeres en las marchas apoye las causas de las madres, hermanas, hijas de las víctimas de feminicidio y desaparición, para que al unísono se haga efectiva la frase: “si tocan a una, nos tocan a todas”.
En menos de un año Madres en Resistencia acompañó nueve casos de desaparición sólo en la región Centro del estado de Chiapas, sin contar las desapariciones en los municipios con “toque de queda” por parte del crimen organizado y donde la violencia se agudiza al tictac del reloj. “Cada día hay más desaparecidos, esa es mi opinión. En Chiapas todos los días asesinan a la gente o la desaparecen”, dice Isabel.
8M
Una representación de las madres marchó en la capital de Chiapas, donde la manifestación se vio empañada por el divisionismo provocado por la presencia de actoras políticas que, a propósito del proceso electoral, encabezaron contingentes.
En los próximos días las Madres en Resistencia emitirán un pronunciamiento contra esta vieja práctica de políticos mexicanos de colgarse y lucrar con las luchas de las mujeres.
“Sin lugar a dudas los avances que hemos tenido en México, como la Ley Olimpia, la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia, la Ley Ingrid y la Ley Malena, son producto del accionar de las mujeres en la protesta y las acciones detrás de la protesta: organización, estudio, de reunión y de generación de redes”, destaca Muñoz.
Somos el Gobierno Comunitario del municipio de Chilón, pertenecientes al pueblo originario tseltal. Nuestra lucha surgió hace más de seis años con el objetivo de crear un camino alternativo al sistema de partidos políticos. Hoy culminamos el recorrido por nuestros 11 Centros de Atención distribuidos en todo el municipio: Bachajpon, Palma Xanahil, Patwits, San Antonio Bulujib, Ch’ich’, Ahlan Sac Hun, Lázaro Cárdenas, Pamanabil, Sacun Palma, San Jerónimo T’ulih’a y Chilón, fueron sede de las 11 asambleas en que tuvimos la oportunidad de escuchar a nuestra gente e informar sobre nuestra propuesta de lucha y de vida.
Con dolor e indignación escuchamos las diversas problematicas que se siguen viviendo en las comunidades y cómo las enfrentannuestros hermanos y hermanas, Constatamos que ha aumentado la venta clandestina de alcohol y de drogas en las comunidades, lo cual provoca la muerte de inocentes y la destrucción de las familias. Advertimos con preocupación el aumento de las células del crimen organizado coludidas con el sistema de partidos políticos. El año electoral ha iniciado y las campañas partidistas han manifestado ya sus modos corrompidos de proceder, llegando al grado de repartir cerveza en sus eventos, alcoholizando y manipulando a la ciudadanía. Lo dijimos desde el principio y lo repetimos, los partidos parten, dividen y someten al pueblo.
Al ver y sentir en el corazón el sufrimiento de nuestras comunidades manifestamos con contundencia que seguiremos construyendo caminos de vida desde nuestra autonomía.
Hoy ratificamos que como pueblos indígenas somos llamados a luchar por el derecho a la libre determinación y así fortalecer los orígenes de nuestros pueblos.Promovemos lo colectivo frente a lo individual, defendemos las raíces culturales frente al despojo de nuestra identidad, luchamos por la Madre Tierra ante la amenaza extractivista.
Continuaremos siendo Gobierno Comunitario legítimamente, aunque legalmente nuestro derecho está postergado por el Instituto Electoral de Participación Ciudadana, organismo que en el 2017 recibió nuestra solicitud de ejercer nuestro derecho a la libre determinación y sin embargo por la via de los hechos mostró un favoritismo hacia los partidos políticos al no cumplir esta institución su palabra de realizar asambleas informativas, la consulta ciudadana y al ser secuestrados los antropólogos que venían a realizar el estudio cultural. Pero Gobierno comunitario es más que el reconocimiento de las instituciones electorales. Hoy estamos constituidos en 11 puntos estratégicos del municipio de Chilón en donde diferentes cargos comunitarios brindan sus servicios con buena voluntad sin perseguir un sueldo, porque nuestro sentir y el latido de nuestros corazones está en la lucha y defensa de los derechos del pueblo. Lo comunitario de nuestra gobernanza está en que no tenemos un mando único que presida el movimiento, sino un conjunto de concejales elegidos en sus regiones que representan el sentir de su pueblo.
Hoy hacemos un llamado a los que comulgan con nuestra lucha a unirse a nuestras demandas que buscan construir un presente más armónico.
1. Exigimos el reconocimiento al ejercicio de nuestros derechos como pueblos indígenas
2. Demandamos respeto a los derechos del territorio y a la madre tierra
3. Derecho a la consulta previa e informada para los pueblos originarios
4. Vida digna para las niñas, los niños y jóvenes
5. Sí a la organización comunitaria, No a la entrada del crimen organizado
6. Rechazo absoluto a la militarización de nuestros pueblos y territorios
¡¡Por la vida y por la paz, partidos políticos nunca más!!
Acteal, Chenalhó, Chiapas, México. 8 de marzo del 2024
Al Congreso Nacional Indígena
Al Consejo Indígena de Gobierno
A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
A las y los Defensores de los Derechos Humanos
A los Medios Libres y Alternativos
A los Medios de Comunicación Nacional e Internacional A la Sociedad Civil, Nacional e Internacional
A todas las mujeres que luchan
Hermanas y hermanos:
Hoy estamos reunidas como mujeres Abejas, las representantes de las distintas áreas y coordinadoras de nuestra organización, junto con los compañeros de la mesa directiva, sus esposas y todas las y los miembros de Las Abejas de Acteal para conmemorar especialmente a nuestras mujeres, ancianas, adultas, embarazadas, jovencitas, niñas y lactantes, mártires de Acteal, quienes, a 26 años de haber sufrido crueldades inimaginables, siguen vivas en nuestra memoria y, sin ver la justicia.
Han pasado 26 años, y sigue impune el sufrimiento de nuestras mártires de la masacre, a quienes les violaron todos sus derechos, su integridad, su vida, su dignidad, al ser asesinadas con saña, con la intención de hacer daño, algunas con pruebas de violencia sexual, otras ultimadas con tiro de gracia después de ser macheteadas, a otras les abrieran el vientre para matar a sus bebés, escuchando las burlas de sus agresores y alegrarse cuando agonizaban y morían creyendo “haber matado la semilla”, la impunidad para las sobrevivientes que quedaron afectadas con lesiones de por vida, como la de nuestra compañera Catarina Méndez Paciencia, que sufrió 7 impactos de bala, por arma de grueso calibre en sus piernas, que le han dejado huellas imborrables del dolor que vivió ese día y sin consecuencia alguna para los agresores y autores intelectuales.
Nuestras 45 hermanas y hermanos mártires y cuatro bebes no nacidos fueron asesinados por los paramilitares priístas y cardenistas de Chenalhó, coordinados en un operativo contrainsurgente, cuyos responsables intelectuales pertenecen a los tres niveles del gobierno.
Actualmente la ola de violencia que invade nuestras comunidades, nos recuerda la misma complicidad de las autoridades aliadas a los paramilitares, que masacraron a nuestras hermanas. Hoy como en el pasado, las autoridades se encuentran vinculadas con el crimen organizado que pone en riesgo la vida de las mujeres y hombres que integramos nuestra organización ya que nos encontramos en medio del fuego cruzado que pone en peligro nuestra integridad física, psicológica.
Hoy estamos viviendo las consecuencias de la impunidad, consentida por el actual gobierno que le fue más fácil, solucionar con dadivas engañosas, que hacer una investigación seria a los responsables de una tragedia que sacudió a México en 1997, dejando ciega la justicia, en medio de la violencia que sigue escalando y trayendo terror y muerte a nuestras comunidades. Nuestra organización siempre ha luchado con la verdad, por la construcción de la paz sin violencia, sin venganza, con perdón, y porque tenemos memoria no olvidamos, sabemos que la sangre de nuestras hermanas martirizadas, paró la espiral de violencia iniciada por los priistas, y la verdad es la fuerza de nuestra lucha.
Con nuestras acciones no-Violentas hemos podido solucionar nuestros problemas, construyendo así la paz que tanto necesitamos. Pero también hemos comprobado cómo sólo con la ayuda de Dios nuestro Padre y Madre que nos ayuda y nos protege, es que logramos que se nos vaya el miedo. Por eso hoy en ayuno y oración, nos reunimos para pedirle que tenga piedad de su pueblo, y nos dé su fuerza para resistir el miedo que nos impide seguir luchando.
No olvidamos a las mujeres trabajadoras que murieron calcinadas por defender sus derechos, en una fábrica de telas en Nueva York, el 25 de marzo de 1911. Nos recuerda nuestro propio dolor e indignación por lo ocurrido en esta Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal, 86 años después, donde también fueron más mujeres quienes fueron asesinadas.
Pero Nuestra esperanza se hace más fuerte al saber que desde hace muchos años, son más, las mujeres que luchan, que no se conforman con su sufrimiento y han hecho todo lo que pueden, para cambiar las situaciones de violencia en el tiempo que les tocó vivir, como el que vivieron nuestras 21 hermanas mártires que se encontraban haciendo ayuno y oración por la paz, de nuestro pueblo.
Ayer y hoy nosotras, mujeres de la organización, exigimos VERDAD, JUSTICIA y RESPETO, pues de nosotras, se han llevado nuestros testimonios, pero no hay justicia. Todo lo que ha hecho el gobierno, ha sido proteger a los culpables, premiándolos.
Hoy nos unimos a las, miles de mujeres que se reúnen en todo el mundo para conmemorar a todas nuestras hermanas y compañeras caídas, que lucharon, por el reconocimiento de nuestros derechos a lo largo de la historia. También con las que continúan dando su vida por nuestros derechos, sin violencia, en favor de la paz
Las Mujeres Abejas, agradecemos y les pedimos a todas las mujeres que se encuentran en todos los rincones del mundo, que hagan eco de nuestras justas exigencias.
EXIGIMOS A LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO:
a) Que garantice la seguridad de todas y todos los integrantes de nuestra organización, pues la situación de impunidad que han propiciado al negar la justicia para el Caso Acteal, es la que fomenta la espiral la violencia en nuestras comunidades.
b) Exigimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que publique de una vez por todas el Informe de Fondo del Caso 12.790 Manuel Santiz Culebra y señale al estado mexicano su responsabilidad por las graves violaciones a los Derechos Humanos cometidos en contra de nuestra organización para abrir rendijas de justicia en medio de la pesadilla que estamos viviendo, y…
c) Responsabilizamos a los tres niveles del gobierno, si algo le sucede a alguna Abeja en el contexto de la violencia que estamos viviendo por el crimen organizado, pues insistimos en que los Militares no garantizan nuestra seguridad, sólo el estado de derecho puede garantizarla.
¡Vivan las mujeres!
¡Vivan nuestras mártires de Acteal!
¡Vivan las mujeres que luchan por la paz! ¡Vivan las mujeres en resistencia!
¡Vivan las mujeres organizadas que defienden la vida! ¡Vivan las mujeres de Las Abejas de Acteal!
Desde Acteal, Casa de la Memoria y Esperanza. Atentamente,
Las Mujeres de la Organización sociedad Civil Las Abejas de Acteal.
El martes pasado organizaciones se manifestaron afuera de las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia del Estadode Chiapas, para exigir el cese a la criminalización de personas defensoras de territorio en contra de quienes, denuncian,se han fabricado sistemáticamente delitos. Exigen la liberación inmediata de José Díaz Gómez preso político zapatista y de los cinco defensores de San Juan Cancuc.
José Díaz Gómez, indígena Ch’ol y Base de Apoyo del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN), permanece recluido en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS), número 17 del municipio de Catazajá, Chiapas. “A José le fue fabricado un delito en su contra como represalia a su adherencia política zapatista”, sostiene el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), en un comunicado, por lo que permanece recluido en prisión preventiva desde el 25 de noviembre de 2022.
De acuerdo con la organización, su proceso se ha visto postergado maliciosamente. El juzgado que lleva la causa ha aprobado en tres ocasiones la ampliación del plazo de investigación en beneficio de la Fiscalía, pese a que esta no ha realizado ninguna investigación adicional.
“Este tipo de dilaciones han sido identificadas como parte de un patrón en que fiscales y jueces extienden el proceso y en consecuencia la prisión sin sentencia, todo ello con un fin de simulación. Durante este lapso ha sido cambiada en múltiples ocasiones su defensa pública, vulnerando los derechos a una defensa continua y diligente”, denuncia Frayba.
El Frayba ha solicitado en tres ocasiones el cambio de medida cautelar, lo que permitiría llevar a cabo su proceso en libertad, a fin de mitigar las afectaciones a su salud y economía familiar. Sin embargo, la respuesta ha sido negativa en cada ocasión.
Los 5 defensores de Cancuc
Denunciaron también la criminalización penal en contra de Manuel Sántiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Velasco y Martín Pérez Domínguez defensores tseltales del territorio.
Los tres primeros fueron aprehendidos por policías municipales y estatales, la Guardia Nacional y elementos del Ejército mexicano el 29 de mayo de 2022 en el municipio de Cancuc.
Posteriormente fueron entregados a la Fiscalía Especializada de Justicia Indígena en San Cristóbal de Las Casas, “quien cometió actos de incomunicación y desaparición forzada por más de veinticuatro horas; esta fiscalía fabricó una versión completamente distinta de la detención asentando que los tres habían sido aprehendidos el 30 de mayo – es decir un día después – en San Cristóbal de Las Casas por portación de enervantes”, explica Frayba en el comunicado.
Durante su detención se fabricaron pruebas para inculparlos de un segundo delito que no cometieron, y se solicitó una orden de aprehensión por el mismo. Tras ser liberados por el primer delito, nuevamente fueron aprendidos tras abrir unasegunda carpeta de investigación fabricada y llevados directamente al CERSS No. 5. Esta situación “atiende al patrón documentado en decenas de casos por el Frayba”, según la organización.
El día 01 de junio de 2022, familiares de los tres detenidos y dos testigos, en compañía del personal del Frayba y de una organización internacional de observación de Derechos Humanos, se trasladaron al juzgado de control donde se llevaría a cabo la audiencia inicial contra los tres defensores. Estando fuera del CERSS, arribaron policías ministeriales quienes se llevaron a los dos testigos de nombres Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Velasco, sumándolos a la lista de defensores criminalizados.
A lo largo del juicio, el Frayba ha señalado diversas violaciones a derechos humanos como la detención arbitraria, privación ilegal de la libertad, traducción inadecuada durante el juicio y admisión de pruebas claramente deficientes por parte del juzgado.
“Desafortunadamente el proceso ha sido un laberinto burocrático que ha prolongado su detención preventiva por casi tres años”, sostiene Frayba.
La organización hace un llamado para que los “jueces escuchen las denuncias de las víctimas sobre las violaciones a derechos humanos cometidas con el fin de construir delitos en su contra, que estudie detenidamente las pruebas fabricadas para cerciorarse de sus inconsistencias, y que no sea parte de la prolongación indebida de la prisión preventiva que es una forma más de castigo al ejercicio de los derechos políticos”.
Pueblos y organizaciones de diversos estados de México lanzaron un comunicado en el cual reconocen la labor del Gobierno Indígena Comunitario de Santa María Ostula, municipio de Aquila, Michoacán, en la defensa de los derechos colectivos del pueblo indígena nahua y por velar por seguridad en su territorio.
La comunidad indígena nahua de Santa María Ostula se encuentra enclavada en la región costa, sierra del Estado de Michoacán, una región rica en recursos naturales, minerales y forestales. Sin embargo, es una de las zonas más violentas de México. La disputa entre diferentes grupos del crimen organizado por el control del territorio y sus recursos ha derivado en cientos de personas asesinadas y desaparecidas.
En este contexto, las habitantes de la comunidad indígena Nahua de Santa María Ostula, “han entendido que solo la unidad, el trabajo comunitario, el fortalecimiento de sus sistemas normativos internos y el cuidado de la madre tierra, pueden generar una alternativa para generar condiciones de vida digna dentro de su territorio”, sostiene el comunicado.
Desde el 2011, en el ejercicio de su derecho a la libre determinación, según los términos constitucionales y tratados internacionales, como lo es el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Convención de las Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas, las 24 comunidades y encargaturas, que conforman la comunidad indígena de Santa María Ostula, han fortalecido sus sistemas normativos internos conforme a su derecho como pueblo indígena a la libre determinación.
De acuerdo a las decisiones tomadas en asambleas generales, como máximo órgano de gobierno, han fortalecido sus instituciones de Gobierno Indígena, basado en sus autoridades agrarias, Consejo Comunal, Jefatura de Tenencia, Encargados del Orden y la Guardia Comunal.
En tal sentido, el gobierno indígena de Santa María Ostula “es garante de la legitimidad y capacidad de sus instituciones propias para generar mejores condiciones de vida en su territorio, que es uno de los lugares más seguros del país, a pesar de estar en una de las zonas más violentas”, sostienen las organizaciones.
Ante la falta de capacidad por parte de las dependencias del Estado para brindar seguridad, los grupos del crimen organizado mantienen el control de gran parte de la región costa – sierra de Michoacán y han intentado ingresar en los terrenos comunales de Ostula generando violencia y tensión, afirman.
A pesar de ello, la comunidad de manera organizada ha logrado repeler los ataques y ha buscado por medio del diálogo fortalecer las alianzas con el Gobierno Federal para, en conjunto y coordinación, hacer frente a la situación de violencia en la región.
De acuerdo a las organizaciones, la historia reciente “nos enseña que solo con la participación y control, legal y legítimo del Gobierno Indígena Comunal de Santa María Ostula, ha sido posible la construcción de la paz y la seguridad, que son dos de los temas más sensibles que enfrentamos como pueblo mexicano”.
La noche del jueves (7), la Secretaría de Seguridad Pública Estatal de Guerrero afirmó haber recibido una llamada a través del 911, alertando sobre un vehículo con reporte de robo de la Marca Nissan tipo Frontier NP300, modelo 2020, color blanco, que se dirigía desde Chilpancingo hacia Tixtla. Según la versión oficial, el personal policial visualizó el vehículo en el punto conocido como Hotel Petatlán, gracias a las cámaras de C4, y abrió fuego cuando los normalistas no se detuvieron al pasar por un retén.
La dependencia compartió fotos del interior del vehículo donde, presuntamente, se encontró un arma de fuego corta, cartuchos útiles, tres bolsitas de una sustancia cristalina y cervezas. La Fiscalía General del Estado ha iniciado las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.
El Centro de Derechos Humanos Minerva Bello denunció el incidente, y confirmó la muerte de un estudiante en el hospital, Yanqui Rothan Gómez Peralta, y la detención de otro más. Además, señaló que los normalistas fueron agredidos por elementos de la policía estatal. Este centro ha acompañado a varias normales del país y ha resaltado que, durante el último año, se han emitido dos recomendaciones por abuso de autoridad y otras violaciones a los derechos humanos por parte de la policía estatal en interacciones con estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
La tragedia ha generado indignación en la comunidad estudiantil de la Normal de Ayotzinapa. Al enterarse del incidente, algunos estudiantes se trasladaron al lugar y lanzaron petardos contra agentes estatales y municipales. Además, un grupo de alumnos se apoderó de una patrulla y la incendió en la avenida Insurgentes en Chilpancingo, como acto de protesta.
Este incidente se produce en una fuerte criminalización contra estudiantes normalistas y representantes legales de los familiares de los 43, quienes mantuvieron un plantón durante diez días afuera del Palacio Nacional, exigiendo reanudar el diálogo con el presidente López Obrador para continuar la búsqueda de sus hijos. La falta de respuesta por parte de las autoridades ha generado frustración entre los familiares, quienes han recurrido a acciones más radicales para ser escuchados.
Por la madrugada estudiantes normalistas realizaron una transmisión por sus redes sociales, donde denunciaron el asesinato del estudiante normalista, e informaron que el estudiante detenido fue trasladado al puerto de Acapulco.
Explicaron que sus compañeros se trasladaban en un vehículo cuando fueron atacados sin motivo por una patrulla, según testimonios de testigos presenciales.
Acusaron al gobierno de intentar encubrir el crimen y de sembrar pruebas para inculpar a los estudiantes y responsabilizaron directamente a las autoridades estatales de Guerrero por el asesinato del estudiante.
Recalcaron que este tipo de violencia policial es parte de un patrón autoritario del gobierno, que busca acallar las protestas y la disidencia.
Más tarde la Fiscalía General del Estado de Guerrero a través de sus redes sociales difundió un boletín informativo en el cual señaló que ha iniciado una investigación sobre un presunto homicidio ocurrido el 7 de marzo en el libramiento a Tixtla, cerca del Hotel Petatlán, en Chilpancingo de los Bravo.
La Policía Investigadora Ministerial está realizando entrevistas e indagatorias, mientras que los peritos están recopilando pruebas. Se espera que estas acciones aclaren los hechos y determinen responsabilidades.
Normalistas son vigilados 24 horas siete días a la semana
De acuerdo al Grupo Interdisciplinario de Expertos (GIEI) Independientes, en el tercer informe publicado en el año 2022 sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014, las autoridades militares y de inteligencia llevaban un seguimiento constante de las actividades de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
Los informes revelan que se monitoreaban las movilizaciones estudiantiles, incluyendo marchas, tomas de autobuses y otros eventos. El GIEI tuvo acceso a 57 informes de seguimiento desde 2011 a 2014, periodo en el que se recibieron 12 comunicaciones e informes de inteligencia del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) sobre las actividades de los estudiantes, incluso el día de los trágicos sucesos en Iguala.
El 22 de septiembre de 2014, la Comandancia de la 35 Zona Militar informó sobre las actividades estudiantiles en Ayotzinapa, indicando la retención de autobuses para asistir a eventos conmemorativos en la Ciudad de México. Además, se ordenó a todos los batallones del Estado de Guerrero seguir de cerca las actividades de los estudiantes, destacando la importancia de informar sobre la participación en eventos en la capital del país y otras organizaciones presentes en la zona. Este seguimiento refleja el conocimiento detallado de las autoridades militares sobre las actividades estudiantiles y el nivel de vigilancia al que estaban sujetos los estudiantes.
En impunidad el caso de otros normalistas asesinados
Después de la desaparición de los 43 jóvenes normalistas en el año 2014, el martes 4 de octubre del 2016 fueron ejecutadas cinco personas durante un asalto en el transporte público en el libramiento Chilpancingo-Tixtla, entre ellos dos normalistas de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos; los cuerpos de Jonathan Morales Hernández y Filemón Tacuba Castro se trasladaron al Semefo de Chilpancingo donde fueron reconocidos por otros normalistas.
El 12 de diciembre, los estudiantes de Ayotzinapa protestaron contra el entonces gobierno perredista de Ángel Aguirre Rivero, exigieron aumento de presupuesto para el plantel, y algunos otros temas y necesidades internas.
La manifestación de ese entonces, con la que mantenían bloqueados los cuatro carriles de la Autopista del Sol, en el punto conocido como Parador del Marqués, fue desalojada con violencia por elementos de la entonces Policía Federal, Policía Estatal y Policía Ministerial, quienes usaron armas.
Jorge Alexis y Gabriel fallecieron por disparos de arma de fuego y los cadáveres quedaron tendidos sobre la carretera de cuota. Casi a 13 años no hay responsable material ni intelectual de los que perpetraron el desalojo violento, incluso los dos elementos de la Policía Ministerial detenidos fueron liberados gracias a un amparo. El crimen de Alexis y Gabriel sigue en la impunidad, ha denunciado el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
En la mañana de este 8 de marzo, el presidente Manuel Andrés López Obrador dijo que “es lamentable esta situación” y que pedirá que la Fiscalía General de la República atraiga la investigación.
