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Radio Zapatista

(Español) Mítin de organizaciones solidarias con los pueblos de la región Cholulteca en protesta contra la empresa trasnacional Bonafont en la Ciudad de México

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Decenas de organizaciones se reunieron frente al abandonado edificio de la representación del gobierno de Puebla en la ciudad de México para protestar en contra de la empresa Bonafont, perteneciente a la trasnacional Danone. El acto fue parte de las acciones dislocadas convocadas en todo el mundo contra el despojo del agua y en conmemoración del tercer aniversario del asesinato de Samir Flores, quien sostuvo una lucha en contra del megaproyecto de la termoeléctrica en Huexca y del proyecto integral Morelos.

El pasado 15 de febrero en horas de la madrugada, la Guardia Nacional, junto con la policia estatal y la policia municipal de Juan C. Bonilla, desalojaron a los Pueblos Unidos de la región Cholulteca que habían tomada la planta de la empresa Bonafont desde el pasado 22 de marzo de 2021 tras el depojo del agua de la región durante más de 29 años.

Los pueblos cholultecos, cansados del despojo, con sus ameyales, jagueyes y rios secos por una explotación de los recursos hídricos de la región, decidieron retomar el control sobre el agua.

Pronunciamiento de los Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y los Volcanes:

 

COMUNICADO DE LOS PUEBLOS UNIDOS RESPECTO A LA VIOLENCIA QUE EJERCIÓ EL GOBIERNO MUNICIPAL, ESTATAL Y FEDERAL EN BENEFICIO DE LA TRANSNACIONAL BONAFONT DANONE EN JUAN C. BONILLA, PUEBLA

Al pueblo de México

A los pueblos del mundo

A quienes con el corazón abajo y a la izquierda han compartido nuestro dolor y nuestra rabia

En la madrugada del 15 de febrero los gobiernos que dicen representar al pueblo y ser distintos a los gobiernos anteriores enviaron a la Guardia Nacional, a la Policía Estatal y Municipal a despojarnos del espacio que habíamos recuperado y convertido en una verdadera Altepelmecalli, una Casa del Pueblo, para dejarlo nuevamente en las manos de quienes nos roban el agua, la vida, y que creen que nuestra dignidad está en venta.

El Altepelmecalli no es sólo un espacio abierto a la escucha y al encuentro de todos los pueblos del mundo, es el lugar desde el que los veinte Pueblos Unidos de la región Cholulteca y de los volcanes dijimos ¡YA BASTA! El mismo grito que acompaña a todos los pueblos cuando la ambición y la crueldad de los dueños del dinero y los caciques del poder no deja más opción que la rebeldía.

Dijimos basta al saqueo y secuestro del agua que le da vida a nuestras comunidades y a territorios mucho más allá del nuestro. Dijimos basta a las estrategias del gobierno de desgastarnos con engaños burocráticos y promesas mentirosas. Dijimos basta a estar sometidos a decidir entre ser siervos o víctimas de las empresas transnacionales como Danone que creen que nuestros territorios son solo mercancías para hacer crecer eternamente sus fortunas. Dijimos basta, lo reafirmamos en nuestro decreto en protección a la madre tierra y lo seguimos diciendo con toda claridad: BONAFONT SE VA.

El desalojo ha revivido el riesgo de que Bonafont y sus patrones de Danone vuelvan a secuestrar nuestra agua. El gobierno trata de escudarse en la ley para justificar que nos despojen, porque para eso sí usan la ley, no para protegernos, no para cuidar a nuestras comunidades y a nuestros territorios. Al gobierno le incomoda y aterroriza que todo el mundo se entere del trabajo por la vida que construimos los pueblos y que reproducimos en la Altepelmecalli. Le da miedo que todos se enteren de que no los necesitamos porque la Altepelmecalli atenta contra la sagrada propiedad privada del capital y pone en entredicho a las instituciones y leyes que fueron hechas para el servicio de los grandes empresarios. El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta ahora, después del desalojo, llama al diálogo, pero como el mismo lo dice, lo hace para que la empresa pueda volver a funcionar, para que el saqueo vuelva a la normalidad. El gobierno de Puebla no es un mediador en este asunto, es parte, actúa como el representante de los intereses de Bonafont y Danone, mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador guarda un silencio cómplice.

A pesar de la rabia y el dolor que sentimos de ver que nuestra vida se pone en manos de quienes comercian con ella, estamos dispuestos a antes que cualquier otra acción, darle una oportunidad a la palabra, a sentarnos en una mesa e intentar dialogar. No estamos aceptando ni invitando una negociación para ponerle precio a nuestra dignidad. Los estamos invitando, una vez más, como aquel día 22 de marzo o el día 8 de agosto de 2021 a presentar nuestras demandas legítimas por la vida y el bienestar de nuestros pueblos.

Estamos dispuestos a un diálogo que permita que nuestra región se mantenga en paz, que permita que nuestra región tenga lo que necesita para que nuestras comunidades vivan y podamos decidir nuestro destino, que permita que Bonafont se vaya de nuestros territorios y nuestra agua y nuestra tierra siga protegida por quienes la hemos protegido durante siglos, como lo estamos haciendo ahora.

Estamos dispuestos al diálogo porque como pueblos no tememos a la honestidad y estamos dispuestos a dar muestras de que nosotros no somos quienes tienen oídos sordos. Pero para que exista el diálogo así como nosotros damos la muestra y el primer paso exigimos que:

1. La empresa Bonafont tenga suspensión de cualquier actividad en la zona.

2. Que no exista persecución a los defensores y ambientalistas de los Pueblos Unidos.

3. Por el respeto a la vida, exigimos que sean liberados inmediatamente los animales que se encuentran al interior de la Altepelmecalli.

4.Que en ese espacio para la palabra y escucha estén presentes los representantes federales y estatales de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)

5. Que se encuentre presente María Luisa Albores González, secretaria de Medio Ambiente por parte del Gobierno Federal y representantes de la Secretaría de Medio Ambiente a nivel estatal

6. Adelfo Regino Montes, Representante del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas

7. Miguel Barbosa Huerta por parte del Gobierno Estatal y

8. por parte de la trasnacional Danone, el director general de Bonafont, Mariano Perotti.

Exigimos que este sea un diálogo público. No aceptamos que la postura del gobierno sea que es un asunto entre Bonafont y nosotros, porque con el uso de las fuerzas armadas y policiales en el desalojo los gobiernos se volvieron parte.

Proponemos y hacemos un llamado a la Universidad Iberoamericana – Puebla para que, a través de sus instancias e instalaciones pueda fungir como mediadora dentro de este conflicto socioambiental.

Como Pueblos Unidos, a partir de lo que pueda surgir del diálogo, haremos una autoconsulta en las veinte comunidades que somos, para reafirmar la decisión de los pueblos y definir cuál será nuestro camino.

Invitamos a todos los pueblos, comunidades, barrios, organizaciones, colectivas, grupos, familias y personas a acompañarnos en las acciones globales por la defensa del agua, a la Caravana Por La Vida y la Madre tierra, a las manifestaciones estatales y nacionales, a los mítines y asambleas que tendremos a los largo de las comunidades que conformamos los Pueblos Unidos de la región Cholulteca y de los volcanes y que estaremos calendarizando próximamente.

ATENTAMENTE

A 20 de febrero de 2022

AGUA TIERRA Y LIBERTAD

PUEBLOS UNIDOS DE LA REGIÓN CHOLULTECA Y DE LOS VOLCANES

¡Samir Vive, la lucha sigue!

¡Zapata Vive, la lucha sigue!

¡Viva la Altepelmecalli!

¡Vivan los pueblos unidos!

 

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Frente De Pueblos Morelos Puebla Tlaxcala

(Español) A tres años del asesinato Samir Flores, el #narcoEstado se destapa, el despojo continúa con la Guardia Nacional y los pueblos seguimos resistiendo

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El tercer aniversario del asesinato de nuestro compañero Samir Flores Soberanes está enmarcado en una serie de agresiones, violencias y asesinatos hacia integrantes de los pueblos y periodistas en el descaro de un #narcoEstado.
Este año inició con una serie de publicaciones en la prensa y en redes sociales de la vinculación del gobernador de Morelos con lideres de la delincuencia organizada, narcomantas dirigidas a Cuauhtémoc Blanco y Hugo Erik Flores en las que se utiliza el asesinato de nuestro compañero como forma de chantaje de la delincuencia organizada hacia el gobernador y otros políticos del estado como el Senador Ángel García Yañez.
A tres años las investigaciones han sido una burla, presentando a personas que ya estaban detenidas y solo dando largas a las demás acciones que se necesitan para fortalecer la investigación. Ahora es mas que clara la dilatación de la justicia en el caso, ya que con todo lo salido a la luz es evidente que el asesinato de Samir fue realizado por el #NarcoEstado, que el gobierno no sólo sabe quién mató a Samir sino que en realidad es parte de los autores intelectuales.
Por otra parte el 11 de febrero el asesinato del ejidatario Francisco Vásquez un día después de denunciar las amenazas hechas por Rogelio Plascencia al organizar su destitución al frente de ASURCO, genera un clima de alto riesgo al campamento afuera de las instalaciones de ASURCO, sostenido por los ejidatarios que defienden el agua ante el despojo de la Termoeléctrica, el cual intentó el mismo Plascencia desalojar el 10 de febrero. Ello se da después de la reunión que el mismo Rogelio Plascencia difundió en sus redes sociales con una fotografía tomada en enero de este año con López Obrador, Manuel Bartlett y Cuauhtemoc Blanco en el que presume la firma de un convenio ilegal, sin haber sido consultado a los ejidos que integran ASURCO y que promete 118.5 mdp a cambio de retirar el plantón y desistirse de los amparos en contra de que se lleven el agua de los ejidos para la termoeléctrica. Nuevamente la presencia de Obrador en el PIM se baña de sangre y amenazas de desalojo.
Mientras que en Puebla, la Guardia Nacional y policía estatal desalojan el 15 de febrero la Casa de los Pueblos en el municipio de Juan C. Bonilla, ocupando las fuerzas públicas represivas para atacar a los pueblos y consentir el robo del agua de la transnacional Bonafont.
La cuarta T no tiene otra forma de resolver los conflictos con los pueblos mas que con la represión, el desalojo y la violencia, siempre en favor de los grandes capitalistas y del neoliberalismo que anunció haber terminado. Esta administración ha acrecentado el binomio “narco/fuerzas represivas”, ocupandose al crimen organizado como Secretaría del Terror del Estado Mexicano para hacer el trabajo más vil, sucio y cruel contra los que defienden la vida y la Guardia Nacional para reprimir a plena luz de día o la noche las justas protestas del pueblo que ven en las acciones de gobierno la continuidad del despojo y destrucción de la madre tierra. Todo bajo el monopolio de la palabra del Presidente y un falso discurso de un gobierno “bueno”.
Pero no olvidamos como Salinas de Gortari se proyectaba como el mejor Presidente que había tenido México en mucho tiempo, cuando estaba en el poder y, una vez que los zapatistas descubrieron su verdadera máscara y dejara el poder, hoy es una vergüenza para la nación.
No olvidamos las palabras de López Obrador hace 8 años “no queremos la termoeléctrica, el gasoducto y las minas, México no es territorio de conquista” Nosotros sostenemos esa posición, esa palabra, pero ¿cómo se puede respetar a un gobierno que no respeta las leyes, los derechos y ni siquiera su propia palabra? Realizando un acuerdo presidencial el 22 de noviembre de 2021 para imponer los megaproyectos del capital y desconociendo los más de 20 amparos y 11 suspensiones contra el PIM.
¿Cómo se puede seguir pidiendo justicia por el asesinato de nuestro compañero Samir Flores a un #Narcoestado? ¿Cómo se puede hablar de un gobierno que esta con el pueblo cuando lo que esta haciendo es agredir a todo aquel que esta en contra de su palabra o sus acciones? ¿Como se puede decir que vivimos en democracia cuando eres estigmatizado, denigrado, violentado por tener una opinión diferente?
El #narcoEstado nos plantea que no importan los derechos de los pueblos indígenas en nuestro país, que no importan los procesos legales como parte de los derechos que tenemos los ciudadanos ante el abuso de la autoridad, que no importan las vidas de las personas que están en contra de los proyectos de muerte impulsados por el gobierno y el capital. Es evidente que tanto el gran ego del presidente así como su política fundamentalista del que todo aquel que esta en contra de él, esta con los conservadores, le están provocando una gran ceguera política que nos está llevando a una situación muy grave en nuestro país. A López Obrador le quedan 3 años de gobierno, a los pueblos nos seguirá quedando más tiempo, porque hemos determinado vivir y ser consecuentes con la defensa de la vida.
ALERTAMOS a todas las personas, movimientos, organizaciones y pueblos de México y del mundo sobre una creciente ola represiva contra la defensa de la verdad, la justicia y la vida en nuestro país, en donde incluye acabar con la resistencia ante el Proyecto Integral Morelos, la cual intentará nuevamente retirar el digno Plantón de ASURCO y atacar a diversas personas y pueblos en contra del PIM, antes que termine el sexenio de la cuarta simulación, para poder presentar a los patrones del capital una chatarra termoeléctrica limpia de protestas, pero no de sangre, despojo y contaminación.
Por eso, llamamos a estar atentos ante la lucha contra el PIM y los cientos de megaproyectos de muerte en nuestro país y a sumarnos a la campaña de boicot a la empresa Bonafont/Danone y la caravana por la vida acordada el 16 de enero en las instalaciones del Altepelmecalli, la cual recorrerá más de 6 estados del país del 22 de marzo al 22 de abril, uniendo resistencias y denunciando las injusticias del mal gobierno y gran capital en nuestros territorios.
En la lucha por la vida está la justicia para Samir y por eso seguiremos construyendo autonomías y resistencias en todos los rincones en donde Samir y todos nuestr@s compañer@s asesinad@s y desaparecid@s han estado, sembrando dignidad, acordando vivir.
¡Samir y Zapata viven, la lucha sigue!
¡Fuera el PIM! ¡Fuera Bonafont! ¡Viva la autonomía!
T’neki tlalle uan atl para tenochti, amo timikiske por tumi – Queremos tierra y agua para todos, no morir por dinero
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala
 
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Armando Medios Libres

(Español) Mitin de solidaridad con Pueblos Unidos en las oficinas de la CONAGUA

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Mitin de solidaridad con Pueblos Unidos en las oficinas de la CONAGUA 19 febrero 2021. En rechazo a la destrucción de la Altepelmecalli la Guardia Nacional el pasado 15 de febrero en Juan C. Bonilla en Puebla.

#BoicotABonafont

 

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Avispa Midia

(Español) Protestan por el asesinato de Heber; el crimen número 30 durante el gobierno de AMLO

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Por Jeny Pascacio

En Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Ciudad de México y Nayarit fueron las entidades donde el gremio periodísticos se unió a la protesta presencial, el 14 de febrero, por el asesinato de Heber López Vásquez, director del medio digital Noticias Web, el 10 de febrero en Salina Cruz, Oaxaca.

La organización Artículo 19 se unió a la voz de periodistas de todo México que exige justicia desde sus trincheras, pues se trata del periodista cinco asesinado durante este 2022; y el número 30 en el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Exhortamos a las autoridades a atender de manera urgente la crisis mediante una efectiva coordinación interinstitucional en la prevención, protección, acceso a la justicia y reparación para la prensa y sus familiares”, dijo la organización.

Asesinato

Dos sujetos interceptaron a Heber cuando llegaba a su estudio de grabación, ubicado en su domicilio. Como sucedió en la mayoría de los casos de este año, incluso en el asesinato del periodista Fredy López Arévalo el 28 de octubre de 2021.

Heber López ejerció el periodismo por más de dieciocho años como fotoreportero NVI- Istmo en Noticias Voz e Imagen en la región; hace siete años, decidió independizarse y creó su página NoticiasWeb.

El gremio periodístico y la familia de Heber reconocen que era una persona franca, leal, crítica de injusticias y de la corrupción. Cubría principalmente la fuente de corrupción y política en el municipio y sus últimas investigaciones tenían que ver con irregularidades en Salina Cruz y anomalías en torno al proyecto Rompeolas del gobierno federal.

En 2019, denunció amenazas por un guardia de seguridad del entonces alcalde de Salina Cruz, Juan Carlos Atecas, documentó Artículo 19.

Precariedad

El gremio periodístico de Chiapas a través de un pronunciamiento expresó su preocupación por la responsabilidad política, empresarial y judicial que no es asumida por las empresas periodísticas. Mientras ellas obtienen ganancias millonarias, los periodistas tienen sueldos bajos, sin prestaciones ni seguridad.

Recordaron que en el 2021, la Red Nacional de Periodistas, Comunicación e Información de la Mujer A.C (Cimac) documentó que cada 38 horas, una mujer periodista o comunicadora es sujeta a algún tipo de violencia por su labor de informar. En el documento lamentan los vínculos del crimen organizado con los gobiernos que propician escenarios de inseguridad en el ejercicio.

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Avispa Midia

(Español) México: Escala violencia contra pueblos que resisten a megaproyectos

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Por Ñaní Pinto

A escasos dos años de que concluya la llamada “Cuarta Transformación”, como le ha llamado a su gobierno el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador (Amlo), los contextos de violencia hacia los pueblos originarios se han agudizado casi simultáneamente. Es “la escalada represiva, que viene de las entrañas del gobierno del capital, que se autonombra 4T”, sostuvieron los pueblos en un comunicado lanzado este miércoles (16).

Los pueblos organizados en el llamado Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Ejercito Zapatistas de Liberación Nacional (EZLN), en un comunicado que lanzaron conjuntamente,  señalan el aumento de ataques y hostigamiento por parte grupos paramilitares, de la Guardia Nacional y el Ejército en diversas geografías del país.

Condenaron puntualmente el asesinato de Francisco Vázquez, “quien alzó la voz en contra del robo del agua a los ejidos de la región de Ayala para la operación de la Termoeléctrica de Huexca, Morelos”.

Él era parte los ejidatarios que han opuesto resistencia a la ya conocida termoeléctrica de Huexca, que forma parte del Proyecto Integral Morelos (PIM).

El campesino, durante una reunión de ejidatarios, ya había alertado que había recibido “amenazas de muerte”, además señaló que si le sucedía algo a él o su familia, “responsabilizaba a Rogelio Plascencia, presidente de ASURCO (Asociación de Usuarios del Río Cuautla)”, revelaron integrantes de la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos (APPM).

“Vemos con tristeza y con inseguridad lo que esta sucediendo, porque estamos expuestos y estamos en alerta. En Morelos ya asesinaron a dos personas por estar en contra del PIM”, puntualizaron los integrantes de la APPM que, por seguridad, decidieron mantenerse en el anonimato.

Desde que inició la “Cuarta Transformación”, los pueblos de Morelos se vistieron de luto por PIM, pues aquí fue dónde también asesinaron al indígena Samir Flores Soberanes, quién expuso su inconformidad sobre el PIM y, esto, le costó la vida.

El CNI y el EZLN han remarcado que el hostigamiento también lo están sufriendo las indígenas Otomí y activistas que han ocupado el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), un espacio que resignificaron como “la Casa de los Pueblos Samir Flores Soberanes”, ya que este, “ha servido como un órgano replicador del indigenismo y para el control clientelar en nuestros pueblos”, reza el comunicado.

Amlo, desde su llegada a la silla presidencial con aires de cambio y transformación para México, ha implementado un paquete de políticas expansivas de capitales en diversos rubros, principalmente en proyectos estratégicos. Un caso emblemático ha sido las llamadas Zonas Económicas Especiales (ZEE) que Amlo sostuvo que dejaban de existir, pero solo cambiaron de nombre.

La ZEE de Salina Cruz, en Oaxaca, y de Coatzacoalcos, en Veracruz, marchan viento en popa. Aquí habitan al menos 12 pueblos originarios a los cuales no se le ha dado una información de lo que ya está implicando todo el reordenamiento territorial. Incluso, Adelfo Regino Montes, titular del INPI, ha sostenido que no se ha compartido toda la información necesaria, ya que parte de ella “aún se encuentra en construcción”.

Por ello, también, denuncian “la militarización del Istmo de Tehuantepec”, a través de la cual se busca “imponer el megaproyecto del Corredor Interoceánico Salina Cruz-Coatzacoalcos, así como la ilegal ocupación de las tierras de nuestras comunidades para dicho proyecto, como ocurre con la comunidad Binnizá de Puente Madera, perteneciente a los bienes comunales de San Blas Atempa, Oaxaca”, agrega el comunicado.

En la escalada de violencia que denuncia el CNI y el EZLN está el desalojo de los activistas que sostenían la llamada “Casa de los Pueblos Altepelmecalli” en el estado de Puebla. Estas  instalaciones, antes de ser casa de los pueblos, estaban en las manos de la empresa Bonafont, subsidiaria de la francesa Danone. Estos pueblos se vieron empujados a realizar la acción de ocupar tras la explotación de los mantos acuíferos de sus pueblos, demostrando que la empresa extraía más de 1 millón de litros de agua diariamente.

Este lugar fue resignificado como “un espacio cultural y político autónomo que hasta el 22 de marzo de 2021 fue la planta física de la empresa Bonafont, trasnacional que ha robado y sobreexplotado desde hace años los acuíferos de la región cholulteca”, agrega la declaración de estos pueblos.

También denuncian la represión ejercida por la Guardia Nacional contra estudiantes que exigen la presentación con vida de sus compañeros desaparecidos y, en contraste, la omisión de este órgano de seguridad  ante la violencia que se vive en Guerrero. “Mientras los cárteles del narcotráfico atacan a las comunidades del Consejo Indígena y Popular de Guerrero- Emiliano Zapata que se oponen a los megaproyectos extractivos y denuncian la complicidad de los gobiernos con los grupos narco-paramilitares, asesinando y desapareciendo a nuestros hermanos”.

El CNI y el EZLN responsabilizan al gobierno federal de México por esta escalada de violencia y exigen que “cesen las acciones de la Guardia Nacional y los cuerpos policiacos en contra de quienes se oponen a la explotación- destrucción de la naturaleza y al despojo de los territorios y del patrimonio comunitario de los pueblos originarios para imponer los proyectos de muerte promovidos desde el Estado Mexicano”.

De la misma forma, hacen un llamado a los pueblos del mundo, organizaciones y colectivos, a estar alertas ante esta oleada represiva que, se prevé, será más agresiva, ya que el gobierno mexicano ha elevado, por decreto, los emprendimientos de “desarrollo” como, “de interés público y de seguridad nacional como pretexto para usar a sus fuerzas armadas en contra de aquellos pueblos que se opongan al despojo y a la destrucción sin precedentes del territorio mexicano”.

El comunicado concluye llamando a la solidaridad. “Las personas, grupos, colectivos, organizaciones y movimientos en los territorios de SLUMIL K´AJXEMK´OP (también conocida como “Europa”) a que se movilicen y se pronuncien en contra de la trasnacional Bonafont-Danone –con sede en Francia-, y las representaciones del actual gobierno federal mexicano en Europa”.

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Avispa Midia

(Español) Medio millón de menores en Chiapas no tienen acceso a la salud

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Por Jeny Pascacio

Más de 660 mil menores en Chiapas no están afiliados, adscritos o con derecho a recibir servicios de salud en el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), las instituciones públicas de seguridad social en México o los servicios privados de salud.

De acuerdo al estudio La infancia cuenta en Chiapas 2021, de la Red por los derechos de la infancia en México (Redim), la cifra representa el 31.6% de los más de 2 millones de niñas, niños y adolescentes que integran la población de Chiapas.

Para Redim, el limitado acceso a la salud de manera oportuna y efectiva vulnera la estabilidad de las familias, pues el costo de la atención de una enfermedad, accidente o malestar puede repercutir negativamente en el ingreso familiar.

En el caso de la población cuyos recursos económicos son limitados, los malestares no son atendidos a tiempo y, en momentos de pandemia por el Covid-19, la situación se agrava.

La carencia por el acceso a estos servicios se presenta en 4 de cada 10 menores; mientras a nivel municipal, en Suchiate, Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas y Tapachula, cerca de la mitad de las personas menores de 18 años tienen carencia en el acceso a los servicios de salud.

La Libertad es el municipio donde se presenta la situación más preocupante: 7 de cada 10, no tienen acceso a este derecho. En contraste, en Soyaló, Chanal, El Porvenir y Santiago el Pinar menos del 10% de la infancia tiene carencia.

Aunado a esto más de 400 mil menores chiapanecos viven en un hogar donde no tienen buena alimentación, debido a diferentes factores.

A pesar de los indicadores de mortalidad mostrar disminuciones considerables de 2000 a 2015 en Chiapas, la tasa actual de mortalidad de la niñez menor de 5 años es la más alta de México, 18.9 por cada mil.

“Es importante mencionar que la tasa de mortalidad infantil varía con base en el sexo: mientras 17.4 por cada mil niñas mueren en el primer año de vida, 21.4 niños por cada mil mueren”, indica Redim.

La entidad también tiene las cifras más altas a nivel nacional de mortalidad en menores de 5 años por enfermedades diarreicas, 27.0 por cada cien mil, y por enfermedades respiratorias agudas, 47.7 por cada cien mil.

Para la organización, la carencia de acceso a los servicios de salud en la primera infancia es una situación crítica, pues al no existir la garantía sobre los servicios y cuidados necesarios, se pone en riesgo la salud y la vida de la niñez.

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Avispa Midia

(Español) SCJN cancela concesiones de la minera Almaden Minerals en Tecoltemi, Puebla

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Por Sare Frabes

La Suprema Corte de Justicia de la Nacional (SCJN) canceló, en una sesión pública en la tarde de este miércoles (16), dos concesiones mineras de la empresa canadiense Almaden Minerals en el territorio de la comunidad nahua de Tecoltemi, en la Sierra Norte de Puebla. Con la decisión, la SCNJ resolvió el amparo interpuesto, en 2015, por la comunidad Tecoltemi.

Se “determina que lo procedente es ordenar a la Secretaría de Economía, a través de su Dirección General de Regulación Minera, dejar insubsistentes los títulos de concesión minera”, de acuerdo con el proyecto de sentencia elaborado por el ministro Jorge Pardo Rebolledo y aprobado por unanimidad.

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La SCJN determinó que fue violado el derecho a la consulta y al consentimiento de la comunidad nahua y amparó a la comunidad Tecoltemi para que la Secretaría de Energía consulte a los pobladores antes de autorizar la concesión de una mina de oro y plata a cielo abierto. De manera que, no está cerrada la posibilidad de que los órganos de gobierno vuelvan a otorgan los permisos, después de un proceso de consulta.

“La decisión de la Corte es sin duda un gran logro para Tecoltemi y resulta de suma relevancia no sólo para ella sino para otras comunidades del municipio de Ixtacamaxtitlán y del resto del país, siendo ésta la primera vez que la SCJN reconoce la violación al derecho a la consulta y al consentimiento tratándose de concesiones mineras, y que ordena su cancelación como consecuencia de dicha violación”, manifestó la comunidad en un comunicado, conjuntamente con las organizaciones que la acompañan en su defensa legal, Fundar y el Consejo Tiyat Llali.

Por otra parte, la Suprema Corte dejó intacta la Ley Minera, reafirmando su constitucionalidad. La comunidad indígena también había reclamado la inconstitucionalidad de cuatro artículos de la Ley Minera.

Tecoltemi había reclamado la inconstitucionalidad de cuatro artículos de la legislación, entre ellos, el 6 y el 19 que determinan que las actividades mineras son de utilizada pública y preferentes sobre cualquier otro uso del territorio y que el titular de las concesiones tienen el derecho de obtener expropiación de terrenos así como de aprovechar las aguas presentes en el territorio para las actividades mineras.

El ministro en la sentencia reconoce “la potestad exclusiva de la Federación para aplicar las modalidades que resulten necesarias para el aprovechamiento de los recursos minerales” y que los derechos de los pueblos indígenas “están sujetos a ciertos límites y restricciones”.

Sobre la Ley Minera, no hubo unanimidad en las votaciones de los ministros. La ministra Norma Lucía Piña Hernández votó en contra del proyecto propuesto por el ministro Rebollero, anunciando que emitirá un voto particular, lo que significaría que, a su consideración, el contenido de dichos artículos de la Ley sí podría ser inconstitucional e inconvencional.

En el comunicado, la comunidad lamenta “que la SCJN haya perdido la oportunidad de analizar a fondo una ley que, al dar preferencia a las actividades mineras, viola el derecho a la tierra y al territorio de los pueblos indígenas”. 

Y anuncia que “seguiremos denunciando el contenido violatorio de la Ley y estaremos pendientes de la publicación y notificación, en los próximos días, de la sentencia definitiva con la que se podrán conocer los razonamientos y argumentos finales”.

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Noticias de Abajo

(Español) Acción directa de solidaridad con los Pueblos de los volcanes que fueron desalojados de la ocupación que tenían de la planta saqueadora de agua Bonafont

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Crédito: Del Barrio News 

Acción directa de solidaridad con los Pueblos de los volcanes que fueron desalojados de la ocupación que tenían de la planta saqueadora de agua Bonafont. Esta acción de repudio y boicot se realizó en la Colonia Juárez de la Ciudad de México el 18 de febrero como respuesta ante el llamado del Altepelmecalli que convocó a mantener el boicot y la demanda de la salida de Bonafont de Puebla y de nuestros Pueblos. El agua debe ser un derecho y no una mercancía.
Contexto. EL pasado 15 de febrero, de madrugada, con un megaoperativo policíaco, el gobierno actual decidió desalojar a los activistas que se encontraban dentro de la planta de Bonafont que como empresa, saqueadora fue expulsada de la población de Juan C.Bonilla y que en el lugar donde estaba la planta embotelladora fue recuperada y se construía un proyecto comunitario y autogestivo de salud, comunicación, de agroecologia, de cooperativas de alimentos entre otros proyectos que fueron desmantelados y destruidos de las infraestructuras que se habían levantado, como la estacion de TV que pronto empezaría a emitir en el ahora desalojado Altepelmecalli. Ante ello los Pueblos Unidos han convocado a sostener un Boicot a Bonafont – Danone por saqueadora del agua, por destruir el Altepelmecalli y por servirse de gobiernos corruptos al servicio del gran capital como el de Barbosa y AMLO, que al igual que todos la partidocracia apesta a falsedad y corrupción ambiciosa
Durante 29 años extrajeron mas de 1 millón 600 mil litros de agua cada día, secaron pozos, generaron junto a otras empresas saqueadoras del agua, problemas como: un socavón de miles de metros cuadrados a menos de 2 kilómetros de distancia del pozo del que robaba la empresa francesa filia de DANONE, los pozos tradicionales se fueron secando, el agua de las casas fue cada vez mas, escaseando, hasta 5 días a la semana sin agua. Pero con la toma de la planta y el cierre del pozo que tenia Bonafont el gua empezó a llegar , los pozos se llenaron, la tierra se rehumedeció, las pozas, los veneros y ríos nuevamente fue recorrido por agua cristalina dadora de vida.

Hoy llaman al boicot para sacar la empresa de agua y no permitir que se instale en ningún otro lugar, pues es una empresa de muerte. A este llamado se han sumado miles de voces, que de distintas trincheras y diversas formas creativas y solidarias están sumándose al Boicot. Desde dejar de beber agua como frenar la producción de las plantas, hacer propaganda sobre los efectos negativos de estas empresas en las poblaciones donde se asienta. La problemática de la privatización del agua como punto central de ese debate. Solidaridad con la lucha del Altepelmecalli, con la resistencia de los Pueblos Unidos de la región de los volcanes en Puebla, México. Y Boicot a Bonafont. Al menos no compres productos Bonafont Danone…

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Avispa Midia

(Español) Acuerdos de San Andrés perdieron vigencia con las reformas estructurales

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Por Renara Bessi

Fotos: Santiago Navarro F.

Está en las manos del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la Reforma Constitucional sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Después de su aprobación, el documento debe ser enviado al Congreso de la Nación para ser evaluado y ser votado por los parlamentarios.

“Sobre todo, es una reforma intercultural porque se nutre de las visiones de nuestros pueblos y comunidades, de las diversas perspectivas culturales que tenemos a lo largo y ancho del territorio mexicano”, dijo el director General del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, durante el evento organizado por el Congreso, el 16 de febrero, en el marco del foro Pueblos Indígenas en México a 26 años de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, realizado en la sede del Senado, Ciudad de México.

En diversas ocasiones el titular del INPI, Regino Montes, ha mencionado que “reconocer en la Constitución los aspectos fundamentales de los Acuerdos de San Andrés es uno de los pendientes del Gobierno de México” y que con la reforma en materia de derecho indígena, que se está llevando a cabo, se sanaría esta deuda.

En la sede del Senado, el titular exhortó a todas las fuerzas políticas, a todos los partidos políticos, para que se asuma un compromiso colectivo para aprobar la reforma.

El mismo 16 de febrero, día en el cual se cumple los 26 años del acuerdo, Gilberto López y Rivas, profesor-investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia y que actuó como consejero del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) durante el proceso de diálogo que resultó en la firma de los Acuerdos de San Andrés, afirmó que, si fuera objetivo del gobierno actual cumplir con los acuerdos de San Andrés, además “del retórico” y de los “formalismos jurídicos”, tendría que derogar las reformas constitucionales llevadas a cabo que permiten la “recolonización de los territorios de los pueblos indígenas”.

El investigador sostuvo, en un evento en la Casa de los Pueblos ‘Samir Flores Soberanes’, que habría que derogar, por ejemplo, la reforma del Artículo 27 constitucional, que legalizó la privatización de las tierras ejidales. Si realmente están en la tónica de cumplir con el espíritu de los acuerdos de San Andrés, “tendrán que derogar muchas leyes derivadas de las reformas estructurales, entre ellas, la Ley Minera”, que establece la actividad minera como prioritaria sobre cualquier otra actividad, incluso las que dicen respecto a la autonomía de los pueblos.

Para el abogado especialista en derecho agrario e integrante del Congreso Nacional Indígena (CNI), Carlos González, que también participó del proceso de diálogo que llevó a la firma de los acuerdos, la multiplicidad de reformas neoliberales desconfiguró por completo el contexto en el cual fueron construidos los acuerdos. Como documento jurídico, “están totalmente rebasados, ya no responden a la realidad del país”.

“Entonces para haber un respeto mínimo a los derechos de los pueblos a nivel Constitucional y legal habría que haber profundas reformas que, con mucho, rebasa el contenido de los acuerdos de San Andrés”, evalúa.

Los acuerdos

Los acuerdos de San Andrés fueron suscritos entre el gobierno federal, el gobierno del estado de Chiapas, los representantes de los partidos integrados en la legislatura federal y del estado de Chiapas y el EZLN.

El compromiso era incorporar los acuerdos a la Constitución política de México, “con el fin de producir una reforma profunda de la estructura del Estado en la lógica de generar un país más justo, más incluyente y más equitativo, donde los pueblos originarios pudieran gozar de los derechos y de las garantías que el resto de los mexicanos tienen”, explicó González.

Además, “se entendía y se entiende que la nación había negado sistemáticamente la existencia y los derechos de los pueblos indígenas”, sostuvo.

En este sentido, los acuerdos de San Andrés contemplaban, desde el punto de vista del abogado, dos aspectos fundamentales. Uno era el derecho al reconocimiento de los derechos territoriales y el otro era el reconocimiento de los derechos autonómicos.

Los derechos autonómicos se establecían como un elemento angular, de manera que los pueblos pudieran ser reconocidos como entidad de derecho público como partes integrantes de la estructura del Estado mexicano y que tuvieran el pleno reconocimiento de sus funciones de gobierno, de sus atribuciones y que pudieran contar con recursos fiscales.

Reforma de 2001

La reforma constitucional, realizada en 2001, plasmó los derechos de los pueblos originarios en el artículo segundo constitucional. Sin embargo, los dos elementos centrales de los acuerdos de San Andrés fueron ignorados.

En lugar de hacer mención a los derechos territoriales de los pueblos y comunidades, se habló de hogares, es decir, espacios individualizados. “El término ‘territorio’ está perfectamente acotado en el derecho internacional, específicamente en artículo 13 del Convenio 169 y otros instrumentos internacionales”, dijo el abogado, pero no fue considerado.

En segundo lugar las comunidades fueron reconocidas no como entidades de derecho público sino como entidad de interés público, es decir, se definió que los indígenas deberían ser tutelados por el Estado. “Fue un giro total de lo que se estaba proponiendo”, afirmó González.

San Andrés: parte aguas

Si los Acuerdos de San Andrés “como documento están rebasados, no lo están como proceso”, sostiene la periodista Gloria Muñoz Ramírez y autora del libro EZLN: 20 y 10 el fuego y la palabra. “Fue un proceso de mucho aprendizaje”. Uno de ellos, recuerda la periodista, es que crearon una nueva forma de dialogar con el Estado.

La mesa de negociación estaba compuesta, en una parte, por representantes del gobierno y, en la otra, por los delegados zapatistas. En la parte del gobierno habían 10 personas, del lado de los zapatistas había 130 personas, representantes de los pueblos, antropólogos, intelectuales, cuenta Muñoz.

“El comandante David dijo: ‘Nosotros no queremos que solo escuchen nuestra palabra, queremos que se escuche las voces de todos los pueblos que luchan como nosotros’”. Había más de 35 representante de pueblos indígenas.

Para la periodista, se inauguró una nueva manera de hacer política. “Ellos decían vamos hacer a un lado el sistema de ventanilla, en el cual los pueblos indígenas llegaban con algún funcionario de gobierno con un pliego petitorio” y el funcionario nada más palomeaba lo que sí se concedería y lo que no.

En el proceso de diálogo de San Andrés, “los pueblos llegan con demandas concretas que no son negociables. Y no solamente eran las demandas del EZLN, eran las demandas de todos los pueblos presentes”, afirma Muñoz.

Lo que siguió

Ante la reforma constitucional de 2001, que fue presionada fundamentalmente por las cúpulas empresariales, los pueblos originarios, específicamente el CNI y el EZLN, decidieron ya no optar por la vía de “solicitar o exigir al Estado su reconocimiento constitucional integral, sino ejercitar sus derechos territoriales, sus derechos de autonomía por el camino de los hechos, sin necesitar de una Constitución que nunca va a llegar frente a los grandes intereses económicos y políticos”, dijo González.

Años después, en 2003, el EZLN anunció la creación de las Juntas de Buen Gobierno que integran la organización de municipios autónomos zapatistas a nivel regional y los caracoles zapatistas como espacio de interlocución con el exterior.

“Así mismo los pueblos del CNI empezaron a caminar con más fuerza en dirección a la autonomía por la vía de los hechos, a ejercitar sus derechos de una manera más contundente en la gestión de sus territorios. Eso ha pasado de una manera más significativa a partir de las grandes crisis de seguridad, que ya se volvieron permanentes en este país”, analizó el abogado.

Así que el camino es “seguir impulsando el ejercicio de los derechos por la vía de los hechos, seguir haciendo la defensa de los territorios e impulsar mayor unidad entre los pueblos originarios”.

radio
ASAMBLEA DE PUEBLOS INDÍGENAS DEL ISTMO OAXAQUEÑO EN DEFENSA DE LA TIERRA Y EL TERRITORIO -APIIDTT-

(Español) Nuestra lucha es por la defensa de los bienes comunales y naturales: Asamblea de Comuner@s Comunitaria de Jalapa del Marqués

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Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
Al Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de Gobierno
Al Pueblo istmeño
A los pueblos indígenas, organizaciones y colectivxs del Istmo de Tehuantepec
A los pueblos de Oaxaca, México y el mundo que luchan y resisten por la vida

Quienes suscribimos, somos comuneras y comuneros constituidos en Asamblea pertenecientes al núcleo agrario de Sta. María Jalapa del Marqués, Oaxaca, somos una comunidad indígena zapoteca que nos resistimos a olvidar nuestras raíces y tradiciones, por lo tanto, nos resistimos a olvidar nuestra historia y memoria colectiva.

Como pueblo, fuimos desplazados hace más de 60 años por el mal gobierno, que con el discurso ya conocido de desarrollo, empleo y bienestar para nuestra comunidad iniciaron la construcción de la presa «Benito Juárez», con el mismo engaño, a los pueblos de la planicie costera les prometieron desarrollo agrícola, lo cual se desenmascaro en un par de décadas, ya que la principal necesidad de construir está presa fue para satisfacer el consumo de agua de la Refinería de Salina Cruz. Antes de la presa, nuestra comunidad era 100% campesina, destacaba nuestra capacidad de producción por contar con tierras fértiles rodeadas de 2 ríos: 1 proveniente del norte llamado río Grande y el río Tequisistlán proveniente del oeste. Pero esto se terminó por la ambición de unos cuántos.

En 2003 se anunció la modernización de la presa para convertirla en una Hidroeléctrica, la cual fue rechazada por la suma de fuerzas entre la comunidad, organizaciones y colectivos, que denunciaron la entrega de tierras y dinero por parte de los grupos políticos que pretendían imponer la hidroeléctrica, y que se fueron fortaleciendo con ayuda de gobierno hasta lograr tomar el control del poder municipal y comunal para hacer y deshacer a sus intereses particulares.

Desde hace décadas y al día de hoy, Jalapa del Marqués se encuentra secuestrado por autoridades municipales y comunales vinculadas al crimen organizado, que han amenazado, intimidado y comprado gente para poder sostener sus cargos en el poder, esto les ha permitido entregar tierras a sus familiares, políticos y socios a quienes les deben favores, claro, todo a cambio de dinero que es lo único que les interesa.

Por todo lo anterior y en vísperas de elecciones para elegir por asamblea al Comisariado Comunal, denunciamos lo siguiente:

  • Denunciamos al ex Sindico Municipal Ricardo Miniaga por la compra de votos para la elección de Comisariado financiada por la reelegida presidenta municipal Joselin Esquivel Balseca, quién se encuentra vinculada al asesinato del periodista Hebert López Vázquez.
  • Denunciamos a la Procuraduría Agraria de Tehuantepec encabezada por su directora y visitadores agrarios de estar coludidos con Ricardo y Joselin al darles prioridad e ignorar las necesidades y petición de la asamblea.
  • Denunciamos y Responsabilizamos a l@s antes mencionados del clima de conflicto y violencia al interior de nuestra comunidad, y de cualquier amenaza y/o agresión en contra de nuestros representantes, integrantes de la asamblea de comuneros y miembros de nuestra organización.

NOS OPONEMOS A LA COMPRA DE GENTE POR PARTE DE QUIENES SE SIENTEN DUEÑOS DE JALAPA DEL MARQUÉS Y PRETENDEN MANTENER SECUESTRADA LA COMUNIDAD EN FAVOR DE SUS INTERESES.

HACEMOS UN LLAMADO A L@S COMUNER@S DE JALAPA DEL MARQUÉS A PARTICIPAR EN LAS PRÓXIMAS ELECCIONES COMUNALES ESTÉ DOMINGO 20 DE FEBRERO Y DECIDIR QUE FUTURO QUEREMOS PARA NUESTROS BIENES NATURALES Y COMUNALES

ASÍ MISMO, LLAMAMOS A LA POBLACIÓN EN GENERAL DE JALAPA DEL MARQUÉS, MEDIOS DE COMUNICACIÓN, SINDICATOS Y ORGANIZACIONES SOCIALES DE ESTAR ATENTOS A LAS ELECCIONES POR CUALQUIER AGRESIÓN O ACCIÓN POR PARTE DE ESTE GRUPO POLITICO QUE QUIERE IMPONER SU VOLUNTAD.

NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTRXS
POR LA RECONSTITUCIÓN INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS Y COMUNIDADES

Asamblea de Comuner@s Comunitaria de Sta. María Jalapa del Marqués

Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio – APIIDTT