Por Santiago Navarro F | Avispa Midia

^{En portada: Integrantes del pueblo Yaqui, en Sonora, han resistido al avance de un gasoducto que consideran de alto riesgo para su comunidad. Febrero, 2019. Foto: Santiago Navarro F}

Este año 2026 el gobierno federal presume una inversión acumulada de más de 55 mil millones de pesos destinados a 21 Planes de Justicia y Desarrollo Regional para resarcir una demanda histórica de reparación del Estado mexicano frente al despojo, la discriminación estructural y la exclusión social que han sufrido los pueblos indígenas del país. Por otro lado, se avanza con 15 Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar (PODECOBI).

De acuerdo con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), estas acciones están enmarcadas en lo que compete al artículo 2 de la Constitución mexicana, el cual coloca al Estado como responsable de impulsar el desarrollo para estas comunidades, bajo el reconocimiento de “Sujetos de derecho político” y garantizando “su participación directa en la toma de decisiones en el ejercicio de la libre determinación y autonomía”.

Son cinco nuevos Planes de Justicia y Desarrollo Regional que el gobierno de Claudia Sheinbaum impulsa para atender la demanda de los pueblos indígenas y afromexicanos, en relación a sus tierras, territorios, agua, lengua, cultura, gobierno tradicional y bienestar común. Estos nuevos planes se suman a los que ya había encaminado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), sumando 21 planes que actualmente se encuentran vigentes. En total se han invertido aproximadamente 55 mil millones de pesos, principalmente a caminos artesanales y al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (FAISPIAM) que son recursos directos destinados a las asambleas de los pueblos.

Entre los cinco nuevos planes de Sheinbaum están: El Plan de Justicia del Pueblo P’urhépecha; Plan de Justicia de los Pueblos Mazahua, Otomí y Matlatzinca o Pirinda del Oriente de Michoacán; Plan de Justicia del Pueblo Nahua de la Costa de Michoacán; Plan de Justicia y Desarrollo Regional del Pueblo Afromexicano de la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca y el Plan de Justicia de la Montaña de Guerrero.

Para Mayvelin Flores Villagómez, investigadora y profesora de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), estos Planes de Justicia buscan responder a la demanda histórica de los pueblos, a través de pavimentación de caminos, la creación de escuelas y resolución de linderos, pero políticamente “responden a una estrategia y a un fin, que es retomar la presencia del Estado como un ente mediador y negociador entre los pueblos. Algo que ya estaba agotado hasta el gobierno de Enrique Peña Nieto. Pues el Estado era muy mal visto -por los pueblos-”, señala.

Mientras tanto, el INPI, en su comunicado 20/26, puntualiza que estos Planes representan un paso firme en el ejercicio de la libre determinación y la autonomía de los pueblos indígenas, reconocidas en el artículo 2° constitucional. Además se puntualiza que desarrollan bajo un enfoque integral, participativo e intercultural, colocando a las comunidades, sus asambleas y sus formas propias de organización en el centro.

A esta estrategia “hay que agregar otro frente, que son las reformas en materia de derecho indígena y por supuesto, de la tierra”, arremete la investigadora de la UNAM. “Con estas reformas lo que buscan es que el Estado sea quien determine quién es y quien no es indígena, en términos de sujeto de derecho. Es decir, los pueblos dependen del reconocimiento del Estado. Si tú no estás reconocido como pueblo indígena a través del Estado, no puedes interponer recursos legales para ampararte ante cualquier tipo de megaproyecto”, abunda la profesora Flores.

El Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) denunció que el 26 de junio de 2026 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó todas las cuentas bancarias de Jesús Plácido Galindo, promotor de la organización e integrante de la Comisión de Coordinación y Seguimiento del Congreso Nacional Indígena.

La organización sostiene que esta medida ocurrió pocas semanas después de un ataque atribuido al grupo criminal Los Ardillos, que dejó ocho integrantes asesinados, alrededor de 2,200 personas desplazadas y la destrucción de la comunidad de Tula. Afirma que Galindo denunció públicamente la presunta complicidad y omisión de autoridades ante estos hechos, lo que permitió visibilizar la crisis humanitaria.

El CIPOG-EZ considera que el bloqueo de las cuentas y la inclusión de Galindo en la Lista de Personas Bloqueadas constituyen un acto de persecución y criminalización por su labor como defensor de derechos humanos y de los pueblos indígenas. Señala que los recursos congelados provenían de aportaciones solidarias para apoyar el trabajo comunitario.

Asimismo, recuerda que Galindo es beneficiario del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y advierte que estas acciones incrementan el riesgo para su integridad. La organización exige el desbloqueo de sus cuentas, el cese de la criminalización y garantías para su seguridad y la continuidad de su labor, además de responsabilizar a los gobiernos federal y estatal por cualquier agresión en su contra.

Finalmente, el CIPOG-EZ reitera su denuncia de la violencia que enfrentan sus comunidades y llama a detener la guerra y la criminalización contra los pueblos indígenas y sus defensores.

Enseguida, la denuncia completa del CIPOG-EZ:

AL EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL EZLN
AL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA CNI
A LAS REDES DE RESISTENCIA Y REBELDÍA
A LA SEXTA NACIONAL E INTERNACIONAL
A L@S FIRMANTES DE UNA DECLARACIÓN POR LA VIDA EN LOS CINCO CONTINENTES
A LA EUROPA INSUMISA, DIGNA Y REBELDE
A LOS ORGANISMOS Y COLECTIVOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS
A LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE MéÉICO Y DEL MUNDO
A LOS MEDIOS LIBRES E INDEPENDIENTES
A LA ACADEMIA CRITICA
A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, COLECTIVOS Y SOCIEDAD CIVIL

Como Congreso Nacional Indígena en Chiapas denunciamos públicamente la represión a nuestros pueblos y comunidades. La hidra capitalista con la complicidad de los tres niveles de los malos gobiernos municipal, estatal y federal continúa con el despojo de nuestros territorios.

Los hechos del día 12 de febrero de 2026 realizada por Guardia Estatal, la Policía Municipal de Chilón, funcionarios del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y del Tribunal Unitario Agrario contra nuestros compañeros del CNI “Samir Flores Soberanes” Zona 10 Patria Nueva en la comunidad de Jotolá municipio de Chilón ha provocado que 8 familias fueran desplazadas dos de nuestros integrantes detenidos: Francisco Moreno y María de Jesús Sánchez, sus casas fueron destruidas y sus pertenencias robadas.

Nuestros compañeros y compañeras continúan desplazadas, 8 personas tienen órdenes de aprehensión padeciendo situaciones económicas, con enfermedades, sin trabajo, sin vivienda. Francisco Moreno continúa preso en la cárcel de Yajalón, y María de Jesús tiene la medida de firma ante el mal gobierno todos los viernes.

Como CNI denunciamos los hechos que están cometiendo los malos gobiernos contra nuestros hermanos tseltales del CNI que se organizan en el Mercado Público Tradicional Dr. Belisario Domínguez “Samir Flores Soberanes” Zona 10 Patria Nueva, en el municipio de Ocosingo.

Con la complicidad de los malos gobiernos 39 copropietarios, tseltales han venido sufriendo despojo de sus lugares de trabajo, destrucción de locales, construcción de bardas para impedir el acceso a los lugares de trabajo, humillaciones, amenazas, violencia hacia nuestras compañeras, secuestro de compañeros y compañeras incluyendo a niños y niñas, fabricación de delitos ante la Fiscalía General de Justicia del estado de Chiapas, hechos que hemos denunciado públicamente.

Le decimos a nuestros demás compañeros y compañas de luchas que nuestros hermanos del Mercado Público Tradicional Dr. Belisario Domínguez “Samir Flores Soberanes” continúan con la defensa del Territorio y su Autonomía no están en venta al gran capital, así como tampoco se negocian, nuestra existencia y la Resistencia de nuestros Pueblos. Exigimos se detenga este despojo legalizado y cualquier otro tipo de acto contrainsurgente contra nuestros 39 compañeros y compañeras.

Igual denunciamos el hostigamiento que están sufriendo 10 familias tseltales de la comunidad de Agua Clara, perteneciente a la zona 5 Roberto Barrios municipio de Salto de Agua, Chiapas, integrantes del Congreso Nacional Indígena en Chiapas. Nuestros hermanos desde hace 10 años viene luchando en la defensa de su territorio, su autonomía y Libre Determinación.

Manifestamos que con la llegada de los megaproyectos como el mal llamado Tren Maya las amenazas a nuestro territorio se han incrementado. Ahora con la construcción de la súper carretera San Cristóbal Palenque están destruyendo nuestros cerros, cortando los árboles, y eso ha provocado sequías, nuestros ríos han bajado su nivel, la carretera de saca cosecha que pasa dentro de nuestras parcelas ha provocado divisiones comunitarias, nunca fuimos informados de parte de las autoridades ejidales, según es para beneficio de la población, cuando sabemos que es para la entrada del turismo.

Los compañeros del CNI están siendo amenazados de ser despojados y desalojados de sus tierras que han ocupado por años. El día 23 de junio 2026 los partidistas amenazaron que iban a entrar las Fuerzas de Reacción Inmediata Pakales a desalojarlos de sus parcelas. Estas acciones de represión se hacen en complicidad de los tres niveles de los malos gobiernos.

Estos mismos actos de despojo territorial están sucediendo con nuestros compañeros y compañeras integrantes del Congreso Nacional Indígena zona 11 Tulankao de la comunidad de San Francisco, municipio de Teopisca, Chiapas. El 24 de marzo del presente año, fueron informados por parte de dos ingeniero del gobierno del estado que por su territorio pasara una carretera de San Cristóbal a Teopisca, por lo que necesitaban 60 metros de ancho. Llegaron con sus mañas y mentiras que las demás comunidades estaban de acuerdo. Decimos públicamente que nuestros hermanos y hermanas de muchas comunidades no están de acuerdo con el paso de esta carretera.

A los Pueblos del Mundo, A las Resistencias y Rebeldías de Abajo y a la Izquierda, A la Opinión Pública Nacional e Internacional:

Dice el Gobierno de la 4T que ¡La pelota vuelve a casa!

Que la ola en el estadio no ahogue el grito de justicia en las calles

NOSOTROS PREGUNTAMOS:

¿Cuándo regresarán nuestros desaparecidxs? ¿Cuándo habrá verdad y justicia integral para las victimas y las familias ante la crisis de desapariciones, la impunidad forense y la violencia sistemática contra los pueblos, las mujeres, la infancias y la disidencias? ¿Cuándo dejarán las autoridades de ser cómplices corruptas y cuándo dejaran de obstruir las investigaciones de los crímenes cometidos? ¿Cuándo dejarán de reprimir y criminalizar la protesta social y la defensa del territorio? ¿Cuándo se frenará el despojo, el extractivismo y la explotación de las megacorporaciones, los carteles inmobiliarios y de especulación financiera y el crimen organizado? ¿Cuándo se reparará el daño ecológico y garantizará el derecho al territorio, a la vivienda y una vida digna para todes? ¿Cuándo se tomarán medidas para detener la destructiva crisis climática que nos acecha?

¿Cuándo romperá el estado mexicano su complicidad con regímenes imperialistas, fascistas, tecnócratas y genocidas, y dejará de usar el deporte, el espectáculo y la seguridad como cortinas de humo para ocultar crímenes de lesa humanidad? ¿Cuándo se acabará con la violencia institucional, policial, paraestatal y empresarial que reproduce el patrón colonial, racista, clasista y patriarcal propio de la necropolítica capitalista? ¿Cuándo, finalmente, la 4T dejará la simulación, la propaganda, la militarización y el purplewashing, y escuchará a los pueblos para desarrollar en conjunto estrategias de lucha contra el capital y su destrucción? y ¿Cuándo servirá al bien común ecológico y no al poder de siempre que vuelve la vida en mercancía, la tierra en propiedad, el dolor en espectáculo, y la resistencia en delito?

Estamos en medio de la tormenta que solo parece empeorar. ¿Qué vamos a hacer?

Caminando hacia la Construcción del Común

Mediante este Encuentro de Resistencias y Rebeldías, desde las colectividades que integramos la Asamblea por el Común y Contra la Guerra invitamos a seguir caminando con nuestrxs ancestrxs y a construir en común.

• La Consejería Jurídica de la Presidencia de la República solicitó a la Suprema Corte atraer cuatro revisiones extraordinarias promovidas por autoridades del gobierno de Enrique Peña Nieto para impugnar la sentencia del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Décimo Noveno Circuito que ordenó la creación de la “Comisión para la Investigación y la Verdad en el Caso Iguala” en 2018.
• La Suprema Corte ejerció su facultad de atracción, abriendo la posibilidad de revisar los efectos de una resolución definitiva, poniendo en tensión el principio de cosa juzgada.
• Lejos de contribuir al esclarecimiento del caso, la atracción implica un nuevo retraso para el cumplimiento de una sentencia firme que reconoció la necesidad de contar con una investigación autónoma y con la participación activa de las víctimas.

Ciudad de México, 7 de julio de 2026. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió ejercer su facultad de atracción, en la Solicitud de Ejercicio de la Facultad de Atracción (SEFA) 331/2026, respecto de cuatro amparos en revisión extraordinarios promovidos contra la sentencia emitida en mayo de 2018 por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, en los amparos en revisión 203/2017 y otros, abriendo así la posibilidad de revisar los efectos de una sentencia definitiva, lo que contraviene el principio de seguridad jurídica.

La sentencia de 2018 constituye uno de los precedentes judiciales nacionales más relevantes del caso. Cabe recordar que el 4 de junio de 2018 el Consejo de la Judicatura Federal dio a conocer la resolución del Tribunal Colegiado que ordenó reponer la investigación del caso Ayotzinapa ante las graves irregularidades detectadas, ordenando la creación de una Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad en el caso Iguala (Comisión de Investigación), como un mecanismo extraordinario para garantizar una investigación independiente y efectiva.

Entre otros aspectos, el fallo concluyó que la investigación que condujo a la llamada “verdad histórica” —la versión de que los jóvenes habrían sido privados de la vida y sus cuerpos calcinados en el basurero de Cocula— había estado afectada por violaciones graves a derechos humanos, incluida la práctica de tortura. El fallo también destacó que no se exploraron otras líneas de investigación que apuntaban a la participación del Ejército, ni se investigó adecuadamente la tortura denunciada; por el contrario, se privilegió el uso de pruebas que apoyaban la mencionada versión oficial.

Los juicios de amparo de los que deriva la resolución fueron directamente iniciados por los acusados. Los padres y las madres de familia de los normalistas desaparecidos no fueron parte procesal y sus representantes no se apersonaron ni promovieron en el mismo. Por el contrario, uno de los efectos del amparo es que las familias de los estudiantes desaparecidos sean reconocidas como víctimas indirectas en los mismos, razón por la cual son parte ante los recursos atraídos el día de hoy.

Lejos de dar cumplimiento a la sentencia, después de su publicación, diversas autoridades de la administración del entonces presidente Enrique Peña Nieto promovieron revisiones extraordinarias con el argumento de que debieronhaber sido llamadas al juicio. Aunque esos recursos fueron presentados desde 2018, permanecieron pendientes de trámite durante varios años y comenzaron a admitirse hasta octubre de 2025.

En 2026, la actual Consejería Jurídica de la Presidencia de la República solicitó a la Suprema Corte atraer las cuatro revisiones extraordinarias, al argumentar que era necesario definir la viabilidad jurídica y material para cumplir la sentencia, al considerar que existía una imposibilidad para crear la Comisión para la Investigación y la Verdad, sosteniendo esencialmente los mismos argumentos presentados por la administración del Presidente Peña Nieto y que mantuvo el Presidente López Obrador en su momento.

Lamentablemente, en sesión del Pleno y sin una discusión sobre las implicaciones, la Suprema Corte determinó por unanimidad atraer estos recursos extraordinarios. Previo a la votación, la Ministra Sara Irene Herrerías Guerra se excusó de conocer del asunto en tanto la investigación penal relacionada con el caso, depende de una Unidad Especial a cargo de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos de la que fue titular.

Esta decisión permite reabrir la discusión sobre el alcance de una resolución firme que no sólo desmontó la versión de la llamada “verdad histórica” en sede judicial nacional, sino que abrió la oportunidad de crear un mecanismo de investigación extraordinario, con la participación de la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las víctimas.

Adicionalmente, más allá de este caso, la decisión de atraer estos asuntos plantea serios cuestionamientos en materia de seguridad jurídica y cosa juzgada, pues permite revisar una sentencia definitiva dictada hace ocho años. Esta revisión extraordinaria no está prevista expresamente en la Constitución ni en la Ley de Amparo y, en los hechos, implica una revisión de una sentencia firme emitida en un amparo en revisión. Ello genera incertidumbre sobre la firmeza de las resoluciones judiciales y debilita la certeza que deben brindar las sentencias definitivas.

A poco más de dos meses de que se cumplan 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes, el caso continúa sin ser plenamente esclarecido. En ese contexto, la decisión de la Suprema Corte difícilmente contribuirá a acelerar el acceso a la verdad y la justicia; por el contrario, prolonga la incertidumbre jurídica sobre una resolución relevante para el caso, a la vez que los obstáculos identificados en la investigación persisten, como la opacidad de las Fuerzas Armadas ante la negativa a entregar la información de inteligencia faltante y los pendientes en las extradiciones prioritarias, en particular la del entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal.

Programa
Semillero Guerra contra la Humanidad. (Las poblaciones y la naturaleza bajo asedio)
CIDECI-UNITIERRA, del 20 al 25 de julio de 2026

LUNES 20.
13:00 – 15:00 hrs.

Gilberto López y Rivas – “Terrorismo global de Estado, militarización y recolonización de los territorios”.
Alicia Castellanos – “Racismo y violencia contra los pueblos”
Comisión Sexta Zapatista.

18:00 – 20:00 hrs.

Wilfrido A. Gómez-Arias – “Nuestra agua, sus concesiones. La arquitectura legal del despojo y el acaparamiento del agua en México”
Carlos Tornel – “Capitalismo, guerra total y la rebelión de lo vivo”
Comisión Sexta Zapatista.

MARTES 21.
13:00 – 15:00 hrs.

Alejandra Guillén – “Desaparición y leva para la acumulación de capital. Grietas de resistencia ante el nuevo dominio”
Ilán Semo – “La caída del antiguo orden y las nuevas formas de la guerra”
Comisión Sexta Zapatista.

18:00 – 20:00 hrs.

Mauricio González González – “La guerra por otros medios: fracking en territorios insumisos”.
Pablo Montaño – “La palabra esperanza ante la Guerra contra la Naturaleza”
Comisión Sexta Zapatista.

MIÉRCOLES 22.
13:00 – 15:00 hrs.

Carlos Alberto Ríos Gordillo – “Huellear a la hidra cabezona. Pistas para una contrahistoria rebelde”.
Mateo Crossa Niell – “Los nuevos rostros de la explotación en la guerra del capital contra la clase trabajadora”.
Comisión Sexta Zapatista.

18:00 – 20:00. Palestina siempre.

Micaela Gramajo – “Proyecto Olivo”. 
Iván Prado – «Palestina, palabra semilla”
Comisión Sexta Zapatista.

JUEVES 23.
13:00 – 15:00

Bruno Miranda – “Miradas críticas de las migraciones y las fronteras”.
David Barrios – “El fin de las guerras y las luchas por la Vida”
Comisión Sexta Zapatista.

18:00 – 20:00.

Andrea Horcasitas Martínez – “Frente al horror, la búsqueda y la promesa del reencuentro”
Raúl Romero – “Corporaciones criminales y las luchas por la Vida”
Comisión Sexta Zapatista.

VIERNES 24.
13:00 – 15:00

Vicente Moctezuma Mendoza – “Extracción, despojo, exclusión y resistencias en la Ciudad”.
Iracema Gavilán – “Mandatos de género y extractivismos: acciones desde el ecofeminismo”.
Comisión Sexta Zapatista.

18:00 – 20:00 – Diferencias

Titze Malambé – “Radiografía del cuerpo en resistencia”.
Vica Rule – “Potencia Travesti contra Realismo Capitalista. Propaganda para una militancia a favor de la vida”.
Comisión Sexta Zapatista.

SÁBADO 25
13:00 – 15:00 – Diferencias

Brenda Nava Galindo – “Habitar la fuga, crear otros mundos: el cimarronaje como memoria, territorio y resistencia antirracista frente al colonialismo”.
Argelia Guerrero – “‘Danza para mujeres’… que luchan”
Comisión Sexta Zapatista.
CLAUSURA.

Desde las Montañas del Sureste Mexicano.

Subcomandante Insurgente Moisés.
México, julio del 2026.

BANDA: No hubo el sexto, pero hubo, hay y habrá la SEXTA-México.

En memoria de Jorge Salinas Jardón
el obrero insumiso, trabajador telefonista,
no lo quebró la represión de Fox y Peña Nieto en Atenco,
no lo sedujeron las mentiras de la 4T,
siempre nuestro compañero de la Sexta-México.

Julio del 2026.

A las personas individuales, grupos, colectivos, movimientos, organizaciones y demás, adherentes a la Sexta-México:

Compas:

Porque hay buscadoras.
Porque hay desaparecidos.
Porque hay desplazados.
Porque hay pueblos originarios.
Porque hay otroas.
Porque hay afrodescendientes.
Porque hay migrantes.
Porque hay magisterio rebelde.
Porque hay estudiantes.
Porque hay activistas.
Porque hay militantes.
Porque hay empleadas.
Porque hay choferes.
Porque hay campesinos.
Porque hay obreros.
Porque hay repartidores.
Porque hay colonos.
Porque hay personas de todos los colores.
Porque hay creyentes religiosos.
Porque hay artistas.
Porque hay gráfica insumisa.
Porque hay abajo y a la izquierda.

  Porque hay personas así, que no se rinden, que no se venden, que no claudican

  Por esas personas y con ellas, hubo, hay y habrá la Sexta México.

  Por eso les convocamos al

Semillero Cibernético de Arte y Gráfica Digital.
“Una realidad rebelde y en resistencia
contra la Inteligencia (já) Artificial”

Fechas: Del 1 al 31 de agosto del 2026.

  Se podrá compartir cualquier tipo de material gráfico digital creado por humanos (sin el uso de IA) que promueva, difunda y exhiba la lucha anticapitalista y por la vida en México y el mundo, y que pueda ser usado por personas, grupos, colectivos, movimientos y organizaciones en resistencia y rebeldía, el cual puede ser:

Animación
Apps y Software libres
Banners
Bordado
Caligrafía
Caricatura
Cartel
Collage
Dibujo
Estampa
Fanzine
Fotografía
Graffiti
Historieta
Ilustración
Identidad Visual
Lona
Meme
Mural
Pegatina
Pintura
Plantillas de diseño (gráfico, web, logo, libro, periódico, revista)
Rotulación
Textil
Tipografía
Video
Volante
Lo que se invente para la ocasión.

  O lo que sea que sirva para la lucha contra el sistema de forma gráfica y creativa.  Se trata, así, de apoyar a quienes luchan y resisten contra el sistema, ofreciendo material gráfico para informar, promover y difundir sus luchas.

  En el momento de compartir cualquier material gráfico a través de este medio, se acepta que pueda ser reproducido, distribuido y modificado de forma libre, reconociendo siempre el crédito del material al autor, autora o autor@ de la manera especificada por cada quien.  No hay copyrights, pero sí autoría.

  Para la compartición del material pueden enviar un correo con el crédito de los creadores y la categoría en la que consideren que éste sea incluido.  El material que se vaya recibiendo desde el momento que aparezca la convocatoria, se irá clasificando en distintos apartados según su categoría.  Y será publicado en una sección especial de la página electrónica de Enlace Zapatista.

Correo para envío: semillerocibernetico@gmail.com

  Los archivos mayores a 25 megas deberán ser compartidos a través de plataformas digitales de transferencia de archivos, enviando a la dirección mencionada el vínculo de descarga. En el caso de ser materiales que estén alojados ya en algún sitio virtual y que puedan ser compartidos y descargados por ese medio, enviar únicamente el vínculo de la dirección web o, en el caso de videos, el canal o plataforma donde estén alojados. Apelamos a su criterio colectivo para que consideren la manera más sencilla de compartir su material.

  Recomendaciones: Se aconseja darse una vuelta por los distintos medios libres y blogs de información y denuncia.  Ahí encontrará multitud de luchas, resistencias y rebeldías que esperan y necesitan su mirada.

Desde las montañas del Sureste Mexicano.

Comisión Sexta Zapatista.
México, julio del 2026.

P.D.- El meme del Trump e Infantino cantando “La Pareja Ideal” (letra y música del buki Marco Antonio Solís), ya está apartado por el capitán.  ¿Qué?  ¿No hay sistema de apartado? ¿No les digo?  Si lo que nos falta es el instinto depredador capitalista.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.
5 de julio de 2026.
Boletín No. 10

Verdad y Justicia para Simón Pedro, maya tsotsil y defensor comunitario

• A cinco años de impunidad, su memoria permanece como un ejemplo de lucha, dignidad y compromiso por la defensa de los derechos de los pueblos

Recordamos a Simón Pedro Pérez López (Simón Pedro) como una persona comprometida con la construcción de la paz, la defensa de la vida y la dignidad de los pueblos originarios. Desde su servicio comunitario denunció el incremento de la violencia y la presencia de la delincuencia organizada en la región de los Altos de Chiapas, particularmente en el municipio de Pantelhó, frente a la ausencia y complicidad del Estado mexicano en la protección de las comunidades.

Como integrante de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, mantuvo un compromiso permanente con la defensa de la tierra y el territorio, resistiendo de manera pacífica y organizada frente a las múltiples violencias que afectan a los pueblos.

Desde su ejecución extrajudicial, ocurrida el día 5 de julio de 2021, la investigación no ha sido exhaustiva, independiente ni diligente. Además, los autores intelectuales que planificaron y ordenaron el crimen no han sido investigados, lo que alimenta la impunidad como una forma de violencia institucional. Esta situación profundiza el dolor de sus familiares, debilita la confianza en las instituciones del Estado y transmite el mensaje de que quienes atentan contra las personas defensoras pueden actuar sin enfrentar consecuencias.

El asesinato de Simón Pedro representa un ataque hacía la organización comunitaria y los procesos colectivos de defensa de los derechos humanos. Constituye un intento de sembrar miedo para inhibir la defensa del territorio, la libre determinación de los pueblos y el ejercicio legítimo de su autonomía.

Pronunciamiento y denuncia pública
Familias Unidas contra la tortura en Defensa de los Derechos Humanos

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 26 de junio de 2026.

Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura
Nuestra voz como víctimas y sobrevivientes

La denuncia que hacemos el día de hoy surge de nuestra experiencia directa como familiares, víctimas y sobrevivientes de tortura. Somos hombres y mujeres indígenas, campesinos, trabajadores y estudiantes que hemos sufrido las consecuencias de un sistema que, con frecuencia, privilegia la fabricación de culpables sobre la búsqueda de la verdad.

Como personas fuimos perseguidas por defender nuestros derechos, nuestros territorios o nuestras comunidades. Otras fueron convertidas en “culpables” para mostrar resultados ante la opinión pública. La tortura ha sido utilizada como método de investigación y arrancar confesiones falsas.

En el marco del Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas y sustentado en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, las y los integrantes del Colectivo Familias Unidas Contra la Tortura en Defensa de los Derechos Humanos alzamos nuestra voz para denunciar que la tortura continúa siendo una práctica sistémica y generalizada vigente en Chiapas y en México.

El Estado mexicano, al ser parte de la Convención contra la Tortura, asumió la obligación de prevenir, investigar, sancionar y erradicar absolutamente esta práctica, así como garantizar la reparación integral del daño y las medidas de no repetición. Sin embargo, la realidad que vivimos las víctimas, sobrevivientes y familiares demuestra que estos compromisos siguen sin cumplirse plenamente.

Reiteramos nuestro más enérgico repudio a la tortura, considerada por el derecho internacional como un crimen que no admite justificación alguna. Frente a los discursos oficiales que afirman que la tortura ha sido erradicada, las víctimas respondemos con la verdad de nuestra experiencia: la tortura persiste, se oculta, se niega y continúa dejando profundas heridas en cientos de personas y familias.

La tortura en Chiapas: una realidad que no puede ocultarse

En Chiapas persisten denuncias por detenciones arbitrarias, fabricación de delitos, abuso de autoridad, extorsiones, allanamientos ilegales y actos de tortura cometidos por corporaciones de seguridad. Particular preocupación generan las denuncias que involucran a elementos de las Fuerzas de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), corporación creada durante la actual administración estatal.

Colectiva Existimos porque resistimos, Morelos
A. Berenice González M.

El 30 de junio de 2026, en el cruce de Calzada de Tlalpan y Ermita, la Ciudad de México volvió a mostrar el rostro más crudo de su historia reciente: el rostro de un Estado que reprime a quienes buscan, que violenta a quienes nombran, que agrede a quienes sostienen la memoria de más de 135 mil personas desaparecidas. Ese día, en ese punto exacto de la ciudad, la violencia institucional dejó de ser discurso y se volvió cuerpo. Se volvió piel. Se volvió respiración cortada.

Desde temprano, las madres y familias buscadoras habían llegado con una intención profundamente humana: visibilizar la crisis de desaparición, recordar que la ausencia no descansa, que la búsqueda es un acto de amor y de supervivencia. La acción era comunitaria, casi tierna en su forma: la cascarita contra el olvido, la pega de fichas de búsqueda, el sonidero que acompaña y abraza, las mantas extendidas con los rostros de quienes faltan. No era una confrontación. Era una jornada para sostener la vida.

Pero en México, incluso la ternura es reprimida.

Comenzaron a llegar policías de la SSC: embozados, sin identificación visible, acompañados por hombres vestidos de civil que actuaban bajo su cobertura. No venían a cuidar. Venían a impedir. Venían a encapsular. Venían a reprimir.

Cuando intentamos desplegar las mantas, esos hombres sin identificación se lanzaron primero. Empujaron, jalonearon, quisieron quitarnos las mantas con los rostros de los desaparecidos como si fueran estorbos. Una persona fue ahorcada por intentar proteger la manta que llevaba consigo. Lo vimos. Y también lo sentimos. Porque a mí, como a todos los acompañantes, madres y familias buscadoras, también me violentaron.

No lo digo desde el protagonismo. Lo digo desde la verdad. Hubo patadas, golpes, manoseos, intento de ahorcamiento. Hubo violencia sexual ejercida directamente por agentes del Estado. Sentimos las manos donde no debían estar, sentimos el peso del cuerpo policial intentando quebrar no solo el bloqueo, sino nuestra dignidad. Sentimos el miedo que tantas madres y familias viven constante por la represión del Estado, ese miedo que se instala en la piel y que no se va aunque una siga caminando.

Varias personas fueron tiradas al piso: madres, acompañantes, periodistas, personas solidarias. Entre ellas cayó Fernando Vargas, padre de Olin Hernando Vargas, mientras intentaba proteger la manta con la fotografía de su hijo un estudiante desaparecido desde 2024. Cayó con la fuerza de quien es empujado no solo por un cuerpo policial, sino por un Estado que insiste en criminalizar la búsqueda.

Y escuché la frase que tantas veces hemos repetido: “No somos delincuentes; somos madres buscadoras. Hacemos lo que no hace el Estado.”

La represión ocurrió horas antes del partido México–Ecuador. Para reprimir, miles de policías. Para buscar, casi nadie. Para la memoria, golpes. Para la exigencia de verdad, encapsulamiento. Esa desproporción no es casual: revela la jerarquía de prioridades del Estado. El fútbol merece protección; las madres que buscan a sus hijos, no. La represión no fue un accidente. Fue una decisión. Fue parte de un patrón que se repite en distintos estados del país: hostilidad, criminalización, violencia física y sexual contra madres buscadoras y acompañantes. Un patrón que intenta quebrar la búsqueda.